Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00360-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00360-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00360-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
18 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Parte actora: Keyner David Barrios Roa y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00360-01
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Se modifica el fallo impugnado.
Improcedencia por falta de relevancia constitucional – tercera instancia
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora1 contra el fallo
de tutela de 7 de abril de 2025, proferido por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. El señor Eduardo Enrique Orozco y otros presentaron demanda en
ejercicio de la acción de grupo, en contra de la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Policía Nacional, del Ministerio de Transporte, de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, del municipio de Fundación,
del Instituto de Tránsito y Transporte de Fundación, del Departamento
del Magdalena, del Distrito Industrial y Portuario de Barranquilla, de la
Secretaría de Movilidad de Barranquilla y de la Iglesia Pentecostal
Unida de Colombia, por los perjuicios causados con ocasión de la
conflagración de una buseta de servicio público especial en el municipio
de Fundación el 18 de mayo de 2014.
1
La cual fue coadyuvada por los señores Edinson David Quintero Cantillo, Fanny Isabel Balceiro Oliveras, Críspulo
Paut Barrios y Gladis San Martín de Paut.
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1.2. El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia de 12 de
mayo de 2021, declaró la responsabilidad de la Iglesia Pentecostal
Unida de Colombia y la condenó a indemnizar los perjuicios causados
a los demandantes y demás integrantes del grupo que se acogieran a
la sentencia.
1.3. Contra la decisión de primera instancia la parte aquí actora y la Iglesia
Pentecostal Unida de Colombia presentaron recurso de apelación.
1.4. Mediante sentencia de 6 de diciembre de 2024, la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado modificó la decisión apelada en
el sentido de declarar civil, administrativa y patrimonialmente
responsables a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, al municipio
de Fundación y al Instituto de Tránsito y Transporte de Fundación y
condenarlos a pagar el 80 % (equivalente a 14.320 SMMLV), el 10 %
(1.790 SMMLV) y el 10 %, respectivamente, de la condena total, a favor
de los miembros del grupo.
1.5. A través de auto de 7 de febrero de 2025, la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado resolvió negar las solicitudes de
aclaración, corrección y adición presentadas respecto de la sentencia
de segunda instancia.
1.6. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante auto de 19 de mayo de 2025 resolvió: i) […] estarse a lo
resuelto en el auto del 7 de febrero de 2025 frente a los escritos
promovidos por el abogado Fernando Paz Salas”; ii) “[…] negar las
solicitudes de aclaración, corrección y adición presentadas respecto de
la sentencia de segunda instancia promovidas, en su orden, por la
señora Jackeline del Carmen Gómez Peláez y por el abogado Rafael
Segundo Tovar Castillo […]”, entre otros asuntos.
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2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración
de justicia, por las siguientes razones:
Alegaron que se desconocieron las sentencias de 1 de septiembre de 2019
(Exp. 2003-03502-02) y de 10 de junio de 2021, que establecieron que no es
estrictamente necesario que todos los miembros del grupo acrediten los
perjuicios sufridos individualmente a efectos de liquidar su indemnización.
Sostuvieron que la accionada contrarió lo dispuesto en los artículos 55, 56 y
65 de la Ley 472 de 1998, y en la sentencia C-242 de 2012 proferida por Corte
Constitucional, que conceden la potestad a las personas para que participen
en el resultado de una acción de grupo, a pesar de no haber conferido poder
para ser parte en el proceso.
Advirtieron que algunos de los familiares de quienes resultaron afectados por
el incendio, al momento de emitir el fallo de primera instancia, solicitaron
adhesión al fallo y aportaron prueba de parentesco, con lo cual el juez de
segunda instancia les asignó la indemnización a recibir, pero no ocurrió lo
mismo con las personas que, a pesar de estar relacionadas en la demanda sin
que hubieran aportado poder, se abstuvieron de manifestar su deseo de
acogerse al fallo de primera instancia.
Precisaron que, en el caso de los familiares de la señora Rosiris Hernández
Ávila, la Subsección aquí accionada negó el reconocimiento de los perjuicios
materiales, en la modalidad de lucro cesante, con lo cual desconoció la
sentencia de unificación del 22 de abril de 2015 proferida por la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado (exp. 15001-23-31-000-2000-
03838-01), respecto a la presunción de generación de ingresos. Asimismo,
frente a este grupo familiar se dejaron de valorar las pruebas existentes sobre
las graves afectaciones físicas que aquella sufrió.
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Enfatizaron que respecto de la indemnización de los menores de edad
I.D.B.R., Y.D.B.R., Y.M.O., D.A.V.R., C.A.M., S.P.A.M., A.A.R.R. y L.C.F. y,
sus familiares, la accionada incurrió en defecto fáctico, en tanto no valoró
documentos oficiales obrantes en el expediente que daban cuenta de los
listados de víctimas fallecidas y heridas en los hechos ocurridos el 18 de mayo
de 2014.
Igualmente, sostuvieron que se negó la indemnización por la muerte de la
menor D.L.T.G., al haberse considerado que no se acreditó el fallecimiento, a
pesar de que en el expediente obraba el listado de fallecidos aportado por la
Defensoría del Pueblo, el cual goza de presunción de veracidad y no fue
controvertido por las partes.
Adujeron que, sin explicación alguna y pese a la existencia de los registros
civiles de nacimiento, se excluyeron del grupo de beneficiarios de los perjuicios
morales: i) a los señores Eduardo Alfonso Morales Ariza, Alfonso de Jesús
Morales Montes y María Esperanza Ariza Chacón (padre y abuelos de la
menor S.A.M.G.); ii) al señor a Deibis Alfonso Peñaloza Suárez (padre de
J.P.S.); iii) al señor Paulino José Rocha Fruto (padre de S.R.P.); iv) a los
familiares del señor Ángel David Catalán Salcedo; y v) al señor Inarco Jesús
Villalba Barragán (abuelo de B.D.S.V.).
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO: Se TUTELEN los derechos fundamentales Al Debido
Proceso, a La Igualdad, al Acceso a La Administración de Justicia y
al Principio de Legalidad, de mis mandantes, toda vez que la subsección
a de la sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo del
honorable Consejo de Estado, magistrada ponente María Adriana Marín
dentro del expediente con radicado 47001-23-33-000-2014-00309-01
(68.702), incurrió en defecto sustantivo, y desconocimiento del
precedente, como se demuestra más adelante.
SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia del 06 de
DICIEMBRE de 2024, proferida por la sección tercera subsección a de la
sala de lo contencioso administrativo del honorable Consejo de Estado,
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magistrada ponente María Adriana Marín, dentro del expediente con
radicado 47001-23-33-000-2014-00309-01 (68.702).
TERCERO: Se ORDENE a la subsección a de la sección tercera de la
sala de lo contencioso administrativo del honorable Consejo de Estado,
magistrada ponente María Adriana Marín, que, en el término de la
providencia dictada, profiera una nueva sentencia dentro del proceso con
radicado 47001-23-33-000-2014-00309-01 (68.702), contemplando como
objeto de indemnización a las personas relacionadas en esta acción
constitucional, fijando el monto correspondiente para ellas y para quienes
en uso de lo dispuesto en el artículo 55 y 65 de la ley 472, reúnan los
requisitos, exigidos en la sentencia (prueba de parentesco con uno o más
de los afectados directos), y decidan acogerse al fallo. […]”.
II. INTERVENCIONES
1. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado solicitó negar
las pretensiones de amparo, al considerar que, “[…] para resolver el litigio se
analizaron las pruebas aportadas al expediente, se valoraron de acuerdo con
los parámetros sentados por la Sección Tercera y la jurisprudencia
constitucional, de tal suerte que las conclusiones a las que se arribó fueron el
resultado de la libre valoración de los medios de convicción, con observancia
del contenido que toda sentencia debe abordar […]”.
2. El Tribunal Administrativo del Magdalena sostuvo que las pretensiones de
amparo no van dirigidas contra esa autoridad, ya que solo se limitó a tramitar
la primera instancia de la acción de grupo.
3. El Ministerio de Transporte solicitó su desvinculación del proceso por falta
de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto los hechos expuestos por
los accionantes no están relacionados con esa cartera ministerial.
4. La Superintendencia de Transporte señaló que la presente acción de tutela
no cumple con el requisito de subsidiariedad, en razón a que la parte actora
no agotó previamente los mecanismos ordinarios establecidos en el
ordenamiento jurídico ni demostró un perjuicio irremediable.
Añadió que no es responsable de la vulneración de los derechos
fundamentales alegada, por lo cual carece de legitimación en la causa por
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pasiva.
5. El municipio de Fundación argumentó que la intención de la parte actora es
crear una tercera instancia, en la que se debatan situaciones y valoraciones
efectuadas por el juez natural.
Afirmó que los actores tuvieron la oportunidad legal de hacerse parte en la
acción de grupo, pero no lo hicieron, con lo cual renunciaron a la oportunidad
de expresar sus pretensiones en el proceso.
6. El Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Fundación solicitó su
desvinculación del presente asunto, al carecer de legitimación en la causa por
pasiva.
7. La Iglesia Pentecostal Unidad de Colombia manifestó que la acción no está
llamada a prosperar, ya que la carga probatoria de demostrar la procedencia
de la indemnización radicaba en la parte demandante, y no podía ser suplida
por el juez, quien debía fallar con base en lo probado en el proceso.
Destacó que la acción de tutela no es la vía adecuada para discutir la decisión
adoptada por la autoridad judicial accionada, dado que no puede ser utilizada
como si se tratara de una instancia adicional.
8. El Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla manifestó que no
vulneró los derechos fundamentales alegados por la parte actora, dado que en
el proceso judicial fue absuelto de responsabilidad. Adicionalmente, solicitó ser
desvinculado del trámite de tutela.
9. Los señores Rafael Santiago Urbina Barragán y Josefa Escobar Izasa,
familiares de las víctimas directas, sostuvieron que la autoridad accionada
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y justicia, por
la no previsión de algún rubro adicional para cubrir peticiones de
indemnización a personas distintas a las identificadas en el proceso, de
conformidad con los artículos 55, 65 y 66 de la Ley 472 de 1998 y la
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jurisprudencia sobre las vinculaciones al fallo de la acción de grupo de quienes
no participaron directamente en el proceso. De ahí que solicitaron que se
protejan sus derechos fundamentales vulnerados.
III. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante fallo
de 7 de abril de 2025, luego de pronunciarse respecto de las distintas
solicitudes de desvinculación, resolvió lo siguiente:
Segundo. DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa en
relación con los argumentos de inconformidad relativos a los señores
Maripaz Martínez Escobar y Andrés Martínez Escobar, José Antonio
Barón Montero, Óscar Daza Rangel, Alicia Rubio Padilla, Alejandro
Rodríguez Monsalve, Alejandro Rodríguez Rubio, Arcadio Rodríguez
Rubio, Rosiris Hernández Ávila Deyson Alejandro Valencia Rodríguez y
Deibis Alfonso Peñaloza Suárez
Tercero. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción respecto al argumento
relacionado con la falta de valoración probatoria de los registros civiles.
Cuarto. NEGAR el amparo solicitado en lo demás, de conformidad con la
parte motiva de esta providencia.
Respecto de la falta de legitimación en la causa por activa, el a quo consideró
que el abogado que promovió la acción de tutela carecía de poder para
representar los intereses de los señores Maripaz Martínez Escobar y Andrés
Martínez Escobar, José Antonio Barón Montero, Óscar Daza Rangel, Alicia
Rubio Padilla, Alejandro Rodríguez Monsalve, Alejandro Rodríguez Rubio,
Arcadio Rodríguez Rubio, Rosiris Hernández Ávila Deyson Alejandro Valencia
Rodríguez y Deibis Alfonso Peñaloza Suárez.
En cuanto a los argumentos asociados con que la autoridad accionada omitió
resolver sobre el parentesco de algunos de los demandantes con las víctimas
directas, el juez de primera instancia concluyó que, para tal fin, la parte actora
contó con otro mecanismo de defensa judicial, como lo era la solicitud de
adición, por lo que la tutela devenía improcedente por ese aspecto.
Finalmente, en cuanto a los demás argumentos de la acción de tutela el a quo
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consideró que la decisión acusada por vía constitucional “[…] no resulta
irrazonable o caprichosa ni mucho menos contraria a las sentencias aludidas
por la parte actora”, razón por la que negaba el amparo deprecado.
IV. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó el fallo de primera instancia reiterando en términos
generales los argumentos iniciales del escrito de tutela asociados a la
configuración de los defectos fáctico, orgánico, sustantivo, procedimental,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.
Adicionalmente, los impugnantes adujeron que la solicitud de adición no era el
mecanismo idóneo para obtener el reconocimiento de las indemnizaciones
frente aquellas personas respecto de las cuales la autoridad accionada omitió
valorar los registros civiles allegados al proceso.
De otra parte, respecto de la falta de legitimación en la causa por activa
declarada por el a quo, señalaron que tienen el derecho a intervenir en esta
acción de tutela, por tener la condición de parte interesada.
Finalmente, solicitaron revocar el fallo impugnado y, en su lugar, se concedan
las pretensiones de amparo, con el fin de que se les garantice sus derechos
fundamentales vulnerados por la autoridad accionada.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19912, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.
2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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2. Cuestión previa
Los señores Edinson David Quintero Cantillo, Fanny Isabel Balceiro Oliveras,
Críspulo Paut Barrios y Gladis San Martín de Paut presentaron solicitud de
coadyuvancia.
El inciso 2 del artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece la figura de
la coadyuvancia en los siguientes términos: “quien tuviere un interés legítimo
en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor
o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud”.
La Corte Constitucional3 ha precisado que “[…] el coadyuvante es un tercero
que tiene una relación sustancial con las partes que, indirectamente, puede
verse afectada si la parte a la que coadyuva obtiene un fallo desfavorable”.
Igualmente, que la solicitud de “[…] coadyuvancia puede ser llevada a cabo
hasta antes de que se expida la sentencia que finalice el proceso de tutela, es
decir, hasta antes de la sentencia de única, de segunda instancia o de revisión
ante la Corte Constitucional”.
Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala considera que se
encuentran satisfechos los presupuestos para reconocer como coadyuvantes
del extremo accionante a los señores Edinson David Quintero Cantillo, Fanny
Isabel Balceiro Oliveras, Críspulo Paut Barrios y Gladis San Martín de Paut.
3. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado4, la Sección debe
establecer:
3
Auto 402 de 28 de octubre de 2020.
4
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:
B) Determinar si la providencia aquí controvertida vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido,
presuntamente, en defecto fáctico, orgánico, sustantivo,
procedimental, desconocimiento del precedente jurisprudencial y
violación directa de la Constitución.
4. Caso concreto
4.1. Cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela
La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional5 como del Consejo
de Estado6 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de unos
requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de alguno de
los requisitos especiales para dicha procedencia.
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
5
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
6
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ) y 2012-02201-01,
respectivamente. Entre otras.
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El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
de algún derecho fundamental7 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces8.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.
En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.
En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la
competencia y la independencia del juez ordinario.
7
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente:
Dr. Jaime Córdoba Triviño.
8
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
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Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrió la autoridad accionada no devela que el
presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino,
únicamente, frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada en
segunda instancia en el marco del proceso de acción de grupo con radicación
núm. 47001-23-33-000-2014-00309-01.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que la autoridad judicial haya incurrido en una
arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se
evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental” y
mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.
Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está orientada
a que, en esta instancia, se analice el acervo probatorio allegado al proceso
contencioso y se aplique lo dispuesto en los artículos 55, 56 y 65 de la Ley 472
de 1998 con el alcance jurídico planteado en el escrito de tutela, circunstancia
que se traduce en la reapertura de un asunto que ya fue resuelto por el juez
natural de la causa judicial.
De ahí que se considere que el anterior argumento, más que develar la
existencia de una cuestión que sea de “verdadera relevancia constitucional”
que conlleve la presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la
parte actora, demuestra una inconformidad con la decisión adoptada por la
autoridad accionada como si este mecanismo se tratase de un recurso o
instancia adicional, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho
asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le es propio
de su naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia del juez
natural.
Adicionalmente, en últimas, el presente asunto tiene un alcance meramente
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económico, porque la real y verdadera inconformidad de la parte actora radica
en que presuntamente la autoridad accionada al liquidar los perjuicios de cada
integrante del grupo no destinó un rubro adicional para cubrir las
indemnizaciones a personas distintas a las identificadas en el proceso, de
conformidad con los artículos 55, 65 y 66 de la Ley 472 de 1998 y la
jurisprudencia pertinente, circunstancia que claramente no devela la presunta
vulneración de un derecho fundamental.
Bajo los anteriores argumentos, la Sala modificará el fallo impugnado con el
fin de declarar improcedente, en su integridad, la presente acción de tutela por
no cumplir con el requisito general de procedibilidad atinente a la relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR el fallo de 7 de abril de 2025, proferido por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar,
DECLARAR improcedente la acción de tutela, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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