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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00361-01

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00361-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Confirmar la sentencia proferida el 7 de marzo de 2025, por la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-00361-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

5 de junio de 2025

Radicación: 11001-03-15000-2025-00361-01
Demandante: Juan Yamid Sanabria Triana

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00361-01
Demandante: JUAN YAMID SANABRIA TRIANA
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad electoral
Incumplimiento del requisito de subsidiariedad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el señor Juan Yamid Sanabria Triana, quien actúa en nombre
propio, contra la sentencia de 7 de marzo de 2025, dictada por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 24 de enero de 2025, la parte demandante solicitó al juez constitucional la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a elegir y ser elegido,
a ocupar cargos públicos, de acceso a la administración de justicia, al buen nombre,
a la dignidad humana y a la igualdad, así como de seguridad jurídica,
supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERO: Como medida provisional, mientras se decide de fondo la presente
acción, SUSPENDER LOS EFECTOS de la sentencia de segunda instancia del
12 de diciembre de 2024 que declaró la nulidad de mi elección como concejal
de Neiva, para evitar que se consolide un perjuicio irremediable a mis derechos
y los de la ciudadanía que represento.

SEGUNDO: Declarar que la sentencia de segunda instancia proferida el 12 de
diciembre de 2024 incurre en un defecto procedimental absoluto por
desconocimiento del precedente vinculante establecido en la SU-207 de 2022
y la omisión del análisis funcional y orgánico exigido para determinar la
inhabilidad alegada.

TERCERO: Declarar que la sentencia de segunda instancia adolece de falta
de motivación suficiente, configurando un defecto sustantivo que vulnera el
debido proceso y la seguridad jurídica.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la Sección Quinta del
Consejo de Estado proferir una nueva sentencia que aplique rigurosamente el
precedente vinculante establecido en la SU-207 de 2022, garantizando el
debido proceso, la seguridad jurídica y los principios democráticos.

QUINTO: Las demás que el Honorable Juez Constitucional considere
necesarias para garantizar la protección de mis derechos fundamentales”.

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Radicación: 11001-03-15000-2025-00361-01
Demandante: Juan Yamid Sanabria Triana

2. Hechos

De la lectura de los expedientes de tutela y ordinario se destacan como relevantes
los siguientes hechos:

Los señores Andrés Felipe Arciniegas González y Luis Alberto Montoya,
interpusieron demanda contra el señor Juan Yamid Sanabria Triana en ejercicio del
medio de control de nulidad electoral, en la que solicitaron la nulidad del acto
contenido en el Acta de Escrutinio Formulario E 26 CON de 6 de noviembre de 2023,
mediante el cual se declaró como concejal electo del municipio de Neiva al señor
Juan Yamid Sanabria Triana para el periodo 2024-2027 y se ordenara a la
Organización Electoral expedir la credencial de concejal de Neiva para el periodo
2024-2027, a quien le siguió en votos dentro de la lista del grupo significativo de
ciudadanos “Neiva en Acción”.

Como hechos de la demanda ordinaria señalaron que el señor José Eurípides
Sanabria Triana, quien es hermano del señor Juan Yamid Sanabria Triana, fue
nombrado jefe de oficina de Talento Humano, código 0137, grado 10, adscrito a la
Vicerrectoría Administrativa de la Universidad Surcolombiana, USCO, a través de la
Resolución No. P3418 de 29 de noviembre de 2021, durante los años 2022 y 2023,
por lo que eran parientes en segundo grado de consanguinidad. Y en ese sentido el
accionante estaba incurso en la causal de inhabilidad por parentesco consagrada
en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40
de la Ley 617 de 2000.

Mediante autos de 16 y 18 de enero de 20241, el Tribunal Administrativo del Huila2
admitió las demandas presentadas y mediante decisión de 27 de febrero del mismo
año, se decretó la suspensión provisional de los efectos del acto acusado. Contra
la anterior determinación, el señor Juan Yamid Sanabria Triana, a través de
apoderado judicial, presentó recurso de apelación. Dicha decisión fue revocada por
la Sección Quinta del Consejo de Estado a través de la providencia de 11 de julio
de 2024, al considerar que en esa etapa procesal no existe suficiente certeza
probatoria para determinar si las funciones del señor José Eurípides Sanabria
Triana, hermano del concejal electo y quien se desempeñaba como jefe de la
Oficina de Talento Humano de la Universidad Surcolombiana, implicaron o no el
ejercicio de autoridad administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la
sentencia de unificación SU-207 de 2022 de la Corte Constitucional.

El Tribunal Administrativo del Huila mediante sentencia de 13 de septiembre de
2024, negó las pretensiones de la demanda, al estimar que no se acreditó la
configuración de elemento objetivo de la inhabilidad endilgada, pues no estaba
demostrado que el señor José Eurípides Sanabria Triana en su calidad de jefe de
la Oficina de Talento de la Universidad Surcolombiana tuviera poder decisorio, de
dirección, contratación o de ordenación del gasto para nombrar o remover personal
supernumerario.

Inconforme con la anterior decisión, el señor Luis Alberto Montoya3 interpuso
recurso de apelación, al considerar que el señor José Eurípides Sanabria Triana sí
tenía poder de mando en su calidad de jefe de la Oficina de Talento Humano, pues
se acreditó que tenía personal a su cargo en cargos inferiores, existiendo
subordinación o un “ejercicio de poder entre el jefe inmediato y su subalterno en
razón de la posición directiva que detenta el primero, máxime cuando NO se adosó
ningún medio de prueba que pudiese generar una conclusión diferente”. Y concluyó
que el hermano del accionante ejercía actos propios de dirección administrativa,

1
Mediante proveído de 12 de abril de 2024 se acumularon los procesos de los señores Andrés Felipe Arciniegas González y
Luis Alberto Montoya.
2
Radicados No. 41001-23-33-000-2023-00433-03 (Principal) 41001-23-33-000-2024-00017-00 (acumulado).
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Demandante del proceso de nulidad electoral.
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Demandante: Juan Yamid Sanabria Triana

tales como conceder vacaciones, reconocer horas extras primas, vacaciones,
bonificaciones, ordenar pagos de seguridad social, entre otros.

No obstante, el señor José Eurípides Sanabria Triana de manera posterior a la
presentación del recurso de apelación, solicitó el desistimiento del mismo porque
había sido víctima de suplantación de identidad.

Así las cosas, el 10 de octubre de 2024 se realizó una audiencia de saneamiento,
en la que se concluyó que el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
de 13 de septiembre de 2024 sí fue radicado por el señor Luis Alberto Montoya, por
lo tanto el Tribunal Administrativo del Huila concedió el recurso y ordenó compulsar
copias a la Fiscalía General de la Nación.

La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia de 12 de diciembre
de 2024 revocó la decisión de 13 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar,
declaró la nulidad de la elección del señor Juan Yamid Sanabria Triana como
concejal de Neiva para el periodo 2024-2027. En primer lugar, indicó que se
analizarían únicamente los cargos propuestos en la apelación, de modo que estaría
fuera de discusión el parentesco en segundo grado de consanguinidad existente
entre José Eurípides Sanabria Triana y el concejal electo, así como el hecho de que
el primero se desempeñó como jefe de la Oficina de Talento Humano de la
Universidad Surcolombiana durante el período inhabilitante.

Por otro lado, encontró acreditado que el demandado estaba incurso en la causal
de inhabilidad consagrada en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994
modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, al concluir que lo que estaba
en discusión era si en ese periodo de tiempo había ejercido o no autoridad
administrativa, respecto de lo cual sostuvo que en efecto sí lo hizo, toda vez que
suscribió al menos dos actos administrativos relacionados con el reconocimiento de
prestaciones sociales de docentes de la universidad, lo que no se limitó a una mera
gestión informativa, sino a una verdadera decisión en sede administrativa.

Por último, la parte actora en el escrito de tutela manifestó que frente a la decisión
de segunda instancia de 12 de diciembre de 2024, presentó solicitud de aclaración
y adición, no obstante, puso de presente que no ha sido resuelta.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora manifestó que se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra sentencias judiciales. En relación con la relevancia
constitucional indicó que la sentencia de 12 de diciembre de 2024 proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, a elegir y ser elegido, a ocupar cargos públicos, de acceso a la
justicia, al buen nombre, a la dignidad humana y a la igualdad, así como el principio
de seguridad jurídica, al omitir el precedente judicial establecido en la sentencia de
unificación SU-207 de 2022, pues afectó gravemente los principios democráticos y
el derecho al debido proceso.

Mencionó que no existe otro medio de defensa judicial para controvertir el fallo
de segunda instancia, pues al ser la providencia que decidió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante del proceso ordinario, no es susceptible de
recursos ordinarios, y no son aplicables las causales del recurso extraordinario de
revisión contemplado en los artículos 243 y 250 de la Ley 1437 de 2011. Por otro
lado, agregó que la acción de tutela es procedente como mecanismo transitorio.
Respecto del requisito general de inmediatez, la parte actora afirmó que la
sentencia de segunda instancia fue proferida el 12 de diciembre de 2024 y notificada

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Demandante: Juan Yamid Sanabria Triana

a las partes el 13 del mismo mes y año, por lo tanto, se encuentra dentro del término
razonable.

Por último, de conformidad con el requisito de que no se trate de sentencias de
tutela, concluyó que la solicitud se presentó contra la sentencia de 12 de diciembre
de 2024, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del proceso
de nulidad electoral.

Ahora bien, en lo que atañe a las causales especiales de procedibilidad explicó que
se configuró el defecto procedimental absoluto, desconocimiento del
precedente y decisión sin motivación.

En relación con el defecto procedimental absoluto consideró que no se realizó un
análisis funcional y orgánico exigido por la SU-207 de 2022 para determinar la
existencia de inhabilidades administrativas por lo que afecta la validez del fallo,
adicionalmente, indicó que se omitió dar un valor adecuado a las pruebas aportadas,
ocasionando una vulneración a su derecho de defensa y contradicción.

Señaló que “la aplicación selectiva del precedente SU-207 de 2022 por parte de la
Sección Quinta genera una contradicción evidente en el tratamiento del caso.
Mientras que este precedente fue utilizado para fundamentar la revocatoria de la
medida cautelar, fue ignorado en el fallo de fondo, afectando gravemente el principio
de seguridad jurídica”.

Respecto del desconocimiento del precedente señaló que no se tuvo en cuenta
la sentencia de unificación la SU-207 de 2022 proferida por la Corte Constitucional,
a pesar de que la misma fue el fundamento para revocar la medida cautelar, no se
consideró para fallar de fondo, afectando así el principio de seguridad jurídica.

También, en cuanto a la decisión sin motivación, agregó que la sentencia de
segunda instancia de 12 de diciembre de 2024 proferida por la Sección Quinta de
esta Corporación no expuso de manera clara y suficiente por qué se apartó del
precedente contenido en la SU-207 de 2022.

Sostuvo que la sentencia de segunda instancia de 12 de diciembre de 2024
proferida por la Sección Quinta de esta Corporación desconoció los lineamientos
establecidos en la sentencia de unificación la SU-207 de 2022, los cuales habían
sido aplicados previamente al revocar la medida cautelar, por lo que afecta de
manera directa sus derechos fundamentales.

Adicionalmente, refirió que “las pruebas aportadas al expediente, como el auto de
revocatoria de la medida cautelar y la sentencia de primera instancia, evidencian
que la inhabilidad alegada no cumplía con los criterios funcionales y orgánicos
exigidos por la jurisprudencia vinculante. Sin embargo, estos elementos fueron
ignorados por la Sección Quinta del Consejo de Estado, lo que refuerza la necesidad
de intervenir mediante la acción de tutela para garantizar la justicia material”.

4. Oposición

4.1. Respuesta de la Sección Quinta del Consejo de Estado

El titular del despacho rindió informe en el que solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela, al considerar que no satisface el requisito de
relevancia constitucional, pues el actor se limitó a cuestionar la valoración probatoria
y el análisis jurídico efectuado con fundamento en la decisión cuestionada,
realizando apreciaciones subjetivas y retirando los argumentos propuestos en el
proceso de nulidad electoral, concretamente, señaló que en la sentencia de
segunda instancia no se tuvo en cuenta la regla fijada por la SU-207 de 2022. Por
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lo tanto, pretende convertir la acción de tutela en una instancia adicional al proceso
ordinario para cuestionar la decisión del juez natural.

Manifestó que contrario a lo expresado por el accionante, en la sentencia de 12 de
diciembre de 2024 se realizó de manera exhaustiva el análisis relacionado con la
sentencia de unificación SU-207 de 2022 proferida por la Corte Constitucional, pues
la Sala estudió la probabilidad real del ejercicio del cargo que ostentaba el hermano
del señor Sanabria Triana, y realizó un análisis probatorio detallado ajustado a los
principios de razonabilidad y proporcionalidad para configurar los elementos de la
inhabilidad endilgada.
Agregó que “se examinó la probabilidad de que el ejercicio de autoridad
administrativa por parte del hermano del demandado pudo incidir en los electores,
toda vez que, tal como se plasmó en la providencia objeto de cuestionamiento, se
demostró que la colectividad y con ella, el electorado de la ciudad de Neiva y
específicamente el personal de la Universidad Surcolombiana que allí reside y
eventualmente vota, sabían que el señor José Eurípides Sanabria Triana era el jefe
de la Oficina de Talento Humano de esa institución y, por tanto, que ejercía
autoridad administrativa, cargo con el cual pudo influir en las personas a su cargo
directa o indirectamente”.
Asimismo, señaló que en la providencia objetada se precisó la forma en que la
actividad desarrollada por el señor José Eurípides Sanabria Triana pudo influir en el
electorado, lo anterior en los términos de la sentencia SU-207 de 2022, “cosa
distinta es que no se haya introducido un subtítulo que indicara que las
consideraciones expuestas se referían a dicho análisis o, que el demandado no esté
de acuerdo el estudio realizado o los resultados de aquel”.

Por último, solicitó que se negara la solicitud de amparo, comoquiera que en el
trámite del proceso se garantizó los derechos fundamentales del accionado, se
aplicó el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, y se resolvió de
conformidad con la normativa aplicable al caso, teniendo en consideración las
pruebas aportadas y la pacífica jurisprudencia sobre la materia.

5. Terceros intervinientes

5.2. Respuesta del señor Guillermo Tovar Tovar

El señor Tovar Tovar coadyuvó la demanda de tutela y señaló que se desconoció el
precedente judicial contenido en la sentencia de unificación SU-207 de 2022
proferida por la Corte Constitucional, pues se realizó una aplicación selectiva de la
misma, toda vez que en la decisión que revocó la medida cautelar sí se aplicó, no
obstante, en la sentencia la Sección Quinta del Consejo de Estado modifica su
criterio sin justificación.

Agregó que se incurrió en una decisión con falta de motivación, pues la autoridad
accionada no expuso de manera clara y fundamentada las razones que justificaban
la inhabilidad alegada, asimismo, indicó que se vulneró el principio de igualdad,
puesto que se adoptaron criterios contradictorios dentro de un mismo proceso.

Por último, manifestó que la nulidad de la elección como concejal del accionante
ocasiona un “daño irreparable” al derecho fundamental de elegir y ser elegido y,
adicionalmente, afecta la estabilidad política el municipio de Neiva.

5.3. Respuesta del Consejo Nacional Electoral

El apoderado judicial rindió informe en el que solicitó se desvinculara a la institución
por configurarse falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no
es la autoridad competente para satisfacer las pretensiones del actor.
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Manifestó que no tuvo participación directa ni indirecta en los hechos expuestos en
la acción de tutela, pues no tiene incidencia en las decisiones que adoptó la
autoridad judicial dentro del proceso de nulidad electoral.

Concluyó que “dentro del trámite de los procesos de nulidad electoral, el Consejo
Nacional Electoral, al contestar la demanda propuso la falta de legitimación en la
causa por pasiva, se advierte que esta Corporación carece de competencia para
intervenir tanto en las decisiones que los jurados de votación tomen en el escrutinio
de mesa como las adoptadas por las Comisiones Escrutadoras distrital, municipal y
especial, quienes son las únicas facultadas para atender las reclamaciones
presentadas por los testigos candidatos y/o apoderados y deciden cuales solicitudes
son procedentes y cuáles no, y en el mismo sentido no puede proceder a realizar
ninguna modificación a las determinaciones que estas autoridades tomen y
consignen en los documentos electorales”.

5.3. Respuesta del señor Iván Darío Gutiérrez Cardozo

El señor Gutiérrez Cardozo coadyuvó en la demanda de tutela y solicitó que se
declarara la nulidad de la sentencia de 12 de diciembre de 2024 proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, al considerar que se desconoció los
lineamientos establecidos en la sentencia de unificación SU-207 de 2022 proferida
por la Corte Constitucional y no se tuvieron en cuenta las pruebas aportadas al
proceso.

Por otro lado, sostuvo que no se demostró de qué manera las funciones
desempeñadas por el señor José Eurípides Sanabria Triana constituían un ejercicio
real y concreto de autoridad administrativa con impacto electoral en el municipio de
Neiva, lo que derivó en la existencia de un defecto sustantivo. Asimismo, se alegó
la configuración de un defecto procedimental absoluto y un defecto fáctico debido a
la incorporación irregular en segunda instancia de oficios que fueron valorados por
el juez ordinario.

Agregó que se incurrió en un defecto sustantivo, al estimar que la sentencia
cuestionada desconoció “las reglas básicas del régimen probatorio contencioso-
administrativo, al otorgarle valor probatorio a documentos que no fueron aportados
oportunamente dentro del debate probatorio, no fueron sometidos a contradicción
ni pudieron ser desvirtuados por la parte demandante, y fueron utilizados como
fundamento principal de la sentencia, a pesar de haber sido introducidos de manera
irregular en la apelación”.

Finalmente, concluyó que existieron errores en la contestación del amparo
constitucional por parte de la Sección Quinta del Consejo de Estado, comoquiera
que se aplicó erróneamente el precedente de la SU-207 de 2022, ya que no se
realizó una evaluación probatoria concreta acerca de la incidencia electoral real del
cargo.

5.4. Respuesta del señor José Eurípides Sanabria Triana

El señor José Eurípides Sanabria Triana solicitó que se declarara la nulidad de la
sentencia de 12 de diciembre de 2024 proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, al considerar que se desconoció el precedente de la sentencia de
unificación SU-207 de 2022, ocasionando una vulneración a los derechos
fundamentales de la parte actora, pues se realizó una valoración probatoria
insuficiente, comoquiera que solamente fundamentó en tres documentos (Oficio 41-
082 de 30 de mayo de 2023, Memorando 115A de 9 de agosto de 2023 y
Memorando 640 de 4 de julio de 2023), sin un análisis integral de todas las pruebas
aportadas.
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Por otro lado, indicó que no se determinó de manera concreta si sus funciones como
jefe de Oficina de Talento Humano incidieron efectivamente en el electorado, a lo
que agregó que se desconocieron las limitaciones inherentes al cargo de jefe de
talento humano y el hecho de que sus decisiones estaban sujetas a revisión y
delegación del vicerrector de la Universidad Surcolombiana.

Finalmente, sostuvo de manera detallada la estructura orgánica de la entidad donde
labora y las funciones específicas de su cargo y manifestó que la decisión objetada
incurrió en un error en la aplicación del concepto de autoridad administrativa,
vulnerándole así el derecho a la doble conformidad y a la proporcionalidad.

6. Escrito del señor Juan Yamid Sanabria Triana

El 10 de febrero de 2025, el señor Juan Yamid Sanabria Triana presentó escrito en
el que solicitó que se ordenara la aplicación del derecho a la doble conformidad en
el proceso de nulidad electoral, en razón a que la decisión de la autoridad accionada
tiene efectos definitivos y no es posible presentar ningún recurso ordinario ni una
revisión por parte de un juez superior, por lo que se está afectando el principio de
doble instancia y la garantía al debido proceso, máxime cuando la sentencia de
segunda instancia de 12 de febrero de 2024 tuvo una sanción sobre sus derechos
políticos.

Agregó que frente al argumento relacionado con la supuesta suplantación del
apelante Luis Alberto Montoya, era necesario tener en cuenta esa situación, pues
de demostrarse tal delito, el recurso de apelación no tendría ningún efecto y ello
implicaría que en el proceso ordinario debía declararse una situación de
prejudicialidad en lugar de resolver de fondo el litigio. Y adicionalmente, informó
sobre nuevas actuaciones que se han surtido en el proceso ordinario, como el auto
de 6 de febrero de 2025 en el que la Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió
un recurso de reposición interpuesto por la veeduría ciudadana de Neiva y ordenó
compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación.

7. Sentencia de tutela impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B” mediante sentencia de 7
de marzo de 2025, declaró improcedente la acción de tutela, y resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de
conformidad con las razones ut supra.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de no ser impugnada”.

El despacho sustanciador negó la solicitud del Consejo Nacional Electoral respecto
de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que
resulta evidente el interés que le asiste por su participación en el proceso ordinario.
En relación con la coadyuvancia del señor Guillermo Tovar Tovar, y a la intervención
de los señores Iván Darío Gutiérrez Cardozo y José Eurípides Sanabria Triana,
indicó que de conformidad con los parámetros fijados por la Corte Constitucional, y
dado que tanto los señores Guillermo Tovar Tovar e Iván Darío Gutiérrez Cardozo
actuaron en el proceso de nulidad electoral como coadyuvantes, la Subsección
aceptó las intervenciones.

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En relación con las manifestaciones realizadas por el señor José Eurípides Sanabria
Triana “se tiene que su escrito hace referencia tanto a una supuesta vulneración de
sus derechos fundamentales, pero también, eleva peticiones encaminadas a que se
protejan las garantías del tutelante, de manera que resulta necesario aclarar que,
en el presente caso, la Sala tendrá en cuenta únicamente los argumentos que
hubieran estado encaminados a soportar la posición que el actor adoptó en este
asunto constitucional y no aquellos que hubieran propendido por la protección de
las prerrogativas propias del interviniente”.

Ahora bien, precisó que el amparo solicitado no cumplía con el requisito de
relevancia constitucional, al considerar que lo que pretende la parte actora es revivir
el debate planteado ante el juez ordinario en el proceso de nulidad electoral
identificado con el radicado No. 41001-23-33-000-2023-00433-03, como si la acción
constitucional fuera una instancia adicional.

En ese orden de ideas, el actor adujo que se había configurado el defecto
procedimental absoluto, el desconocimiento del precedente judicial y una decisión
sin motivación porque no se dio aplicación a la regla jurisprudencial contenida en la
sentencia SU-207 de 2022, sin embargo, lo cierto es que tanto en el auto de 11 de
julio de 2024, proferido por la Sección Quinta de esta Corporación, como en la
sentencia objetada de 12 de diciembre del mismo año se aplicó correctamente lo
previsto en el precedente jurisprudencial.

Por lo tanto, el señor Juan Yamid Sanabria Triana pretende utilizar la acción de
tutela como una instancia adicional, pues resulta evidente que el actor alega un
descontento con la decisión adoptada por el juez natural, pues contrario a sus
fundamentos, en la sentencia alegada sí se realizó un análisis orgánico y funcional,
por lo que se está buscando reabrir la controversia del proceso ordinario.

Por otro lado, en relación con la solicitud de doble conformidad y el argumento de
la existencia de una situación de prejudicialidad, no se cumple con el requisito de
subsidiariedad, puesto que esos hechos no fueron propuestos en el proceso
ordinario antes de que se emitiera la decisión cuestionada, situación que fue puesta
en conocimiento de manera posterior a la presentación de la acción de tutela.

Por lo tanto, resulta evidente que “el tutelante no acudió a los mecanismos
ordinarios para proteger sus intereses y tampoco demostró la configuración de un
perjuicio irremediable o alguna situación que le impidiera llevar ante el juez natural
las mentadas consideraciones, de modo que esta Subsección no puede entrar a
pronunciarse al respecto sin generar una instancia paralela al trámite electoral”.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el señor
Juan Yamid Sanabria Triana impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se
revocara, al considerar que “resulta reprochable que el a quo no haya examinado
de manera diligente el contenido de la sentencia de segunda instancia del 12 de
diciembre de 2024, ni tampoco la actuación previa del juez accionado frente a la
solicitud de revisión por el derecho a la doble conformidad, la cual fue presentada
después de la tutela y resuelta antes del fallo de primera instancia”.

Agregó que la decisión de 7 de marzo de 2025 proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección “B”, omitió examinar de manera detallada el
expediente ordinario, ocasionando una transgresión al principio de supremacía
constitucional y de interpretación, pues a su juicio la Sección Quinta de esta
Corporación en la sentencia de 12 de diciembre de 2024 no solo desconoció el
precedente jurisprudencial contenido en la SU-207 de 2022, sino que también
incurrió en una contradicción al haberla aplicado en el auto de 11 de julio de 2024
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Demandante: Juan Yamid Sanabria Triana

que revocó la medida cautelar y luego omitir su aplicación para proferir el fallo de
segunda instancia.

Reiteró que la decisión cuestionada desconoció el precedente de la Corte
Constitucional contenido en la sentencia de unificación SU-207 de 2022, que
establece como criterio que se debe realizar un análisis orgánico y funcional para
determinar la configuración de una inhabilidad por parentesco. Adicionalmente, la
misma no realiza un desarrollo razonado que justifique porqué se apartó del
precedente jurisprudencial, ni explica las razones por las cuales se fundamentó la
configuración de la inhabilidad.

Por último, insistió que la autoridad accionada no tuvo en cuentas las pruebas
determinantes para demostrar que el señor José Eurípides Sanabria Triana no
ejercía funciones de dirección, ni tenía poder de decisión respecto de actos
relacionados con la elección popular. Asimismo, sostuvo que contra la sentencia de
segunda instancia de 12 de diciembre de 2024 no procede ningún recurso ordinario
ni extraordinario.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si debe revocar la sentencia de 7 de marzo de
2025, mediante la cual la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de
Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con el requisito
de relevancia constitucional, y de encontrar cumplidos los restantes generales de
procedencia de la tutela contra providencia judicial, si la autoridad judicial accionada
vulneró los derechos fundamentales invocados por el actor y si incurrió en los
defectos alegados.

3. El requisito de la subsidiariedad en la acción de tutela cuando se cuestionan
providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción solo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.

A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela
es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en los
siguientes términos:
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“(..) La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el
solicitante”.

Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o si, por el contrario, existen otros mecanismos
jurídicos que permitan satisfacer los derechos fundamentales del actor.

En relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
4
en particular del requisito de la subsidiaridad, en la sentencia T-016 de 2022 , la
Corte Constitucional recordó que este mecanismo no puede ser utilizado de manera
alternativa, adicional o complementaria a los procesos ordinarios o especiales, por
cuanto no es prima facie “el instrumento judicial adecuado para solicitar la
protección de los derechos que sean lesionados en un proceso judicial, “pues el
ordenamiento jurídico ha diseñado para este efecto la estructura de órganos de la
rama judicial, estableciendo un modelo jerárquico cuyo movimiento se activa a partir
de la utilización de una serie de mecanismos judiciales que buscan garantizar la
5
corrección de las providencias judiciales” .

Con base en ese marco de referencia, la jurisprudencia constitucional ha precisado
tres eventos en los que es improcedente la acción de tutela contra providencias
judiciales, a saber: i) el asunto está en trámite; ii) el actor no ha agotado los medios
de defensa judicial ordinarios y extraordinarios para oponerse al proceso judicial; y,
iii) la persona recurre al recurso de amparo constitucional para revivir etapas
procesales en donde dejó de emplear los recursos previstos en el ordenamiento
6
jurídico .

En relación con el primer supuesto, ha indicado que “si el proceso judicial que el
accionante pretende cuestionar está en curso, en principio, la intervención del juez
constitucional está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye un
mecanismo alternativo o paralelo para resolver asuntos que deben analizarse al
interior del trámite ordinario. En definitiva, no es admisible que el afectado alegue la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando no ha solicitado el
7
amparo de dichas garantías dentro del proceso .

Respecto del segundo ha precisado que “si el proceso judicial ya ha concluido y el
ciudadano desea controvertir la decisión correspondiente, está en la obligación de
acudir de manera preferente a los mecanismos ordinarios y extraordinarios para
ello. Esta exigencia asegura que la acción de tutela no se torne en una instancia
adicional en el trámite procesal, ni en un mecanismo de defensa que reemplace
8
aquellos diseñados por el Legislador” .
Finalmente, en lo que atañe con el tercer supuesto ha destacado que dado el
carácter exceptivo de la acción de tutela “resulta improcedente cuando el actor
pretende revivir etapas procesales que por negligencia, descuido o distracción, se
encuentran debidamente resueltos”.

4 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
5 Sentencia SU-026 de 2012, M.P Humberto Antonio Sierra Porto.
6 A este respecto, ver las sentencias T-396 de 2014, M.P Jorge Iván Palacio Palacio; SU-115 de 2018, M.P

Carlos Bernal Pulido; T-016 de 2019, M.P Cristina Pardo Schlesinger, entre otras.
7 Sentencia C-543 de 1992, M.P José Gregorio Hernández Galindo.
8 Sentencia T-417 de 2010, M.P María Victoria Calle Correa.

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En definitiva, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
punto del cumplimiento del requisito de la subsidiariedad se torna más exigente,
cuando no se han agotado los mecanismos de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, exigencia que “asegura que el
recurso de amparo no sea utilizado como una instancia más dentro del trámite
jurisdiccional, como un mecanismo que reemplace los demás diseñados por el
legislador o, como un instrumento para solucionar errores u omisiones de las partes
9
en los procesos ordinarios” .

4. Estudio y solución del caso concreto

El señor Juan Yamid Sanabria Triana, quien actúa en nombre propio, presentó
acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado por la supuesta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a elegir y ser
elegido, a ocupar cargos públicos, de acceso a la administración de justicia, al buen
nombre, a la dignidad humana y a la igualdad, así como el principio de seguridad
jurídica, con la sentencia de 12 de diciembre de 2024, mediante la cual se revocó la
decisión de 13 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del
Huila que había negado las pretensiones de las demandas interpuestas por los
señores Andrés Felipe Arciniegas González y Luis Alberto Montoya contra el señor
Juan Yamid Sanabria Triana en ejercicio del medio de control de nulidad electoral
y, en su lugar, declaró la nulidad de la elección del accionante como concejal de
Neiva para el periodo 2024-2027.

En primera instancia, la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de
Estado en sentencia de 7 de marzo de 2025, declaró improcedente la acción de
tutela, bajo el argumento de que no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, en razón a que el accionante pretende con la acción de tutela reabrir
el debate planteado ante el juez ordinario en el proceso de nulidad electoral
identificado con el radicado No. 41001-23-33-000-2023-00433-03, utilizándola como
un mecanismo de instancia adicional.

Por otro lado, respecto del escrito presentado por la parte actora el 12 de febrero de
2025 relacionada con la solicitud de doble conformidad, el a quo concluyó que no
se cumple con el requisito de subsidiariedad, puesto que esos alegatos no fueron
propuestos en el proceso ordinario antes de que se emitiera la decisión cuestionada,
y fueron presentados de manera posterior a la radicación de la demanda de tutela.

En el escrito de la impugnación, el accionante reiteró los argumentos expuestos en
el escrito de tutela y afirmó que la autoridad judicial accionada no aplicó el
precedente jurisprudencial contenido en la sentencia de unificación SU-207 de 2022
proferido por la Corte Constitucional, y sí lo hizo cuando profirió el auto de 11 de
julio de 2024 a través del cual revocó la medida cautelar ocasionando una
contradicción directa. Y reiteró que la decisión cuestionada no explicó de manera
detallada las razones por las cuales se fundamentó la configuración de la
inhabilidad.

Ahora bien, de conformidad con la información suministrada en el Sistema para la
Gestión Judicial SAMAI, la Sala evidencia que en el medio de control de nulidad
electoral, se han surtido las siguientes actuaciones:

• El 19 de diciembre de 2023, el señor Andrés Felipe Arciniegas González, actuando
en nombre propio, presentó demanda contra el señor Juan Yamid Sanabria Triana
en ejercicio del medio de control de nulidad electoral para que se declarara la nulidad
del acto administrativo que declaró la elección del demandado como concejal de
Neiva para el periodo 2024-2027. El proceso le correspondió por reparto al Tribunal

9 Ver T-016 de 2022, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Administrativo del Huila bajo el radicado No. 41001-23-33-2023-00433-00, no
obstante, el secretario de esa Corporación informó acerca de la existencia de otro
proceso de la misma naturaleza el cual tenía como radicado No. 41001-23-33-2024-
00017-00 en el que se atacaba el mismo acto administrativo de elección como
concejal del señor Juan Yamid Sanabria Triana, pero actuando como demandante
el señor Luis Alberto Montoya.

• Mediante auto de 12 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo del Huila decretó la
acumulación del proceso No. 41001-23-33-2024-00017-00 promovido por Luis
Alberto Montoya, al proceso con radicado No. 41001-23-33-2023-00433-00
promovido por el señor Andrés Felipe Arciniegas González. Contra esa decisión, el
ahora demandante presentó recurso de reposición.

• El 27 de febrero de 2024, el Tribunal decretó la suspensión provisional de los efectos
jurídicos del acto de elección del accionante como concejal de Neiva para el periodo
2024-2027, contenido en el formulario E-26CON de 6 de noviembre de 2023. Contra
esa determinación, el apoderado judicial del señor Juan Yamid Sanabria Triana
presentó recurso de apelación.

• La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante auto de 11 de julio de 2024
resolvió el recurso de apelación interpuesto por el demandado del proceso ordinario
contra la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Huila, mediante
providencia del 27 de febrero de 2024, en la que dispuso decretar la suspensión
provisional de los efectos del acto de elección del señor Juan Yamid Sanabria Triana
como concejal de Neiva -período 2024-2027- y revocó la decisión cuestionada en el
sentido de negar la solicitud de medida cautelar.

• El Tribunal Administrativo del Huila mediante sentencia de 13 de septiembre de
2024 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no se encontraba
demostrado que el señor José Eurípides Sanabria Triana (hermano del señor Juan
Yamid Sanabria Triana), en su condición de jefe de la oficina de talento humano
tuviera poder decisorio, de dirección, contratación o de ordenación de gasto para
nombrar o remover personal supernumerario, por lo tanto, no se acreditó la
configuración del elemento objetivo de la inhabilidad endilgada.

• Inconforme con la decisión, el señor Luis Alberto Montoya interpuso recurso de
apelación, quien posteriormente solicitó el desistimiento del mismo porque había
sido víctima de suplantación de la identidad. Así las cosas, el 10 de octubre de 2024
se realizó una audiencia de saneamiento y se concluyó que el recurso de apelación
sí fue interpuesto por él, por lo tanto, el Tribunal Administrativo del Huila concedió
el recurso y ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación.

• El 12 de diciembre de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió
sentencia de segunda instancia10 en la que revocó la decisión de 13 de septiembre
de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila que había negado las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, declaró la nulidad de la elección del
señor Juan Yamid Sanabria Triana como concejal de Neiva para el periodo 2024-
2027, al encontrar acreditado que estaba incurso en la causal de inhabilidad
consagrada en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 modificado por el
artículo 40 de la Ley 617 de 2000.

• El 18 de diciembre de 2024, el señor Juan Yamid Sanabria Triana presentó solicitud
de aclaración y adición de la sentencia, al considerar que la decisión cuestionada
no se había pronunciado respecto de “indicar cual fue el examen especifico de
probabilidad real - -más allá de potencial- de ejercer la autoridad administrativa en
el nivel municipal y, de esta forma, incidir a los electores en el caso concreto”.

10
Notificada el 13 de diciembre del mismo año mediante correo electrónico.
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• La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante auto de 6 de febrero de 202511,
negó la solicitud de aclaración y adición de la sentencia proferida el 12 de diciembre
de 2024, al considerar que “es claro que el demandado ni su impugnador indicaron
cuál es el concepto o frase que ofrece verdadero motivo de duda que esté contenido
en la parte resolutiva de la sentencia o influya en ella, simplemente se limitaron a
cuestionar el estudio de fondo hecho por el juez electoral a la luz de la SU 207 de
2022 y a elevar un interrogante respecto del cual no hay lugar a pronunciarse en
este proceso”.

• El 10 de febrero de 2025 el señor Juan Yamid Sanabria Triana presentó ante la
Sección Quinta del Consejo de Estado y esta Sección escrito en el que solicitó que
se ordenara la aplicación del derecho a la doble conformidad en el proceso de
nulidad electoral, en razón a que la decisión de la autoridad accionada tiene efectos
definitivos y no es posible presentar ningún recurso ordinario ni una revisión por
parte de un juez superior, por lo que se está afectando el principio de doble instancia
y la garantía al debido proceso, máxime cuando la sentencia de segunda instancia
de 12 de febrero de 2024 tuvo una sanción sobre sus derechos políticos.

• La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante auto de 4 de marzo de 2025,
rechazó la solicitud de aplicación del principio de doble conformidad presentada por
el accionante, al considerar que “al no haber sido presentada la solicitud a través
del apoderado reconocido para tal fin, ni al haber demostrado la terminación del
respectivo poder, hay lugar a rechazar la solicitud de aplicación del principio de
doble conformidad presentada por el demandado en nombre propio respecto de la
providencia del 12 de diciembre de 2024”.

Ahora bien, conforme ha sido decantado por la jurisprudencia constitucional, “la
acción de tutela solo resulta procedente cuando no existen o se han agotado todos
los mecanismos judiciales y administrativos que resultan efectivos para la protección
de los derechos fundamentales, a no ser que se demuestre la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio. Ello
con el fin de evitar que este mecanismo excepcional, se convierta en principal12”.

Así mismo, en sentencia T-140 de 202313, la Corte Constitucional reiteró que “el
examen del requisito de subsidiariedad debe ser más riguroso cuando se trata de
acciones de tutela interpuestas en contra de providencias judiciales; ii) las etapas,
el procedimiento y los recursos dispuestos en un proceso son el primer escenario
de protección de los derechos fundamentales, especialmente en lo que comporta la
garantía del debido proceso; (iii) el juez constitucional no puede convertirse en una
instancia adicional dentro del proceso ordinario o entrar a definir elementos que no
han sido planteados o resueltos en las instancias correspondientes; y (iv) su
actuación debe atender a los principios de cosa juzgada y de seguridad jurídica que
son relevantes en el Estado de derecho”.

En ese orden, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido enfática y
reiterativa en señalar que la acción de tutela no procede de manera directa cuando
el asunto está en trámite, toda vez que se cuenta con la posibilidad de agotar los
medios de defensa previstos en el ordenamiento. En la sentencia T-103 de 2014,
dicha Corporación sostuvo que el requisito de subsidiariedad cuando se atacan
decisiones judiciales se puede presentar en dos escenarios i) cuando el proceso ha
concluido, o ii) cuando se encuentra en curso, escenario en el que “la intervención
del juez constitucional está vedada en principio, toda vez que la acción de tutela no

11
Notificada el 7 de febrero del mismo año.
12 Corte Constitucional, sentencia T-003 de 2014.
1313 M.P. Alejandro Linares Cantillo

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constituye un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos
que deben ser resueltos al interior del trámite ordinario”.

El presente caso, la Sala evidencia que para el momento en el que se presentó la
acción de tutela14, el accionante había presentado solicitud de aclaración y adición
contra la sentencia ordinaria objeto de tutela, proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, la citada solicitud se presentó el 18 de diciembre de 2024, lo
que lleva a concluir que el proceso de nulidad electoral estaba en curso, por lo que
se acudió a la acción de tutela de manera paralela lo que desconoce el carácter
residual y subsidiario en los términos del artículo 86 de la Constitución Política y el
numeral 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991.

Sobre el particular, La Corte Constitucional en sentencia SU-695 de 2015 destacó
que “la acción de tutela no procede de manera directa cuando el asunto está en
trámite, toda vez que se cuenta con la posibilidad de agotar los medios de defensa
previstos en el ordenamiento”. Por consiguiente, los conflictos jurídicos relacionados
con los derechos fundamentales deben ser, en principio, resueltos por las vías
ordinarias y solo en casos muy excepcionales a través de la acción de tutela.

De igual manera, en la sentencia T-083 de 201815, la Corte Constitucional recordó
que el ejercicio de la acción de tutela contra actuaciones proferidas en un proceso
judicial en curso, se rigen por el requisito de subsidiariedad, por lo que “prima facie,
genera la improcedencia del amparo por encontrarse vigente el trámite jurisdiccional
dispuesto por el legislador para tal fin”. Al respecto, indicó que la “acción de tutela
no puede convertirse en un instrumento adicional o supletorio al cual se pueda
acudir cuando no se ejercieron los medios ordinarios de defensa de manera
oportuna o para tratar de obtener un pronunciamiento más rápido sin el agotamiento
de las etapas o instancias respectivas del proceso que aún está en trámite. Lo
anterior en razón a que su naturaleza subsidiaria y residual, por lo que solo opera
cuando no existe otro mecanismo de protección judicial o cuando a pesar de existir
aquel no es idóneo ni eficaz, o se invoca como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.

Ahora bien, se ha admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela a pesar
de que existan mecanismos judiciales que resulten efectivos para la protección de
los derechos fundamentales, con el fin de evitar un perjuicio irremediable y se deben
seguir los criterios jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-695 de 201516, según la cual debe comprobarse que el perjuicio
alegado sea (i) inminente, es decir, que amenaza o está por suceder prontamente,
esto es, tiende a un resultado cierto derivado de una causa que está produciendo la
inminencia; (ii) que las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio
irremediable sean urgentes, en el sentido de que se debe precisar una medida o
remedio de forma rápida que evite la configuración de la lesión; (ii) grave, pues el
daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona, debe ser de
gran intensidad y, por último, que (iii) la urgencia y la gravedad hagan que la acción
de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el
orden social justo en toda su integridad.

En la sentencia T-127 de 201417, la Corte Constitucional indicó que “quien afirma
una vulneración de sus derechos fundamentales con estas características debe
acompañar su afirmación de alguna prueba, al menos sumaria, pues la informalidad
de la acción de tutela no exonera al actor de probar, aunque sea de manera sumaria,
los hechos en los que basa sus pretensiones”.

14
Se reitera, se presentó el 24 de enero de 2025.
15 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
16 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
17 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

14
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Demandante: Juan Yamid Sanabria Triana

Así las cosas, el demandante acudió a este mecanismo constitucional de naturaleza
residual y subsidiaria estando en curso el proceso de nulidad electoral. En otros
términos, en este caso concreto la verificación del requisito objetivo de la
subsidiariedad se debe realizar con los elementos fácticos existentes para la
presentación de la solicitud de amparo, pues el 24 de enero de 2025 se encontraba
en trámite la solicitud de adición y aclaración presentada por el accionante frente a
la sentencia de 12 de diciembre de 2024, la cual si bien fue resuelta el 6 de febrero
de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el sentido de negarla, no
varía la conclusión expuesta, esto es, la improcedencia por desatender el
presupuesto de la residualidad.

Adicionalmente, en el presente caso no existe conforme las manifestaciones y
pruebas una situación apremiante o de extrema urgencia que acredite la
configuración de un perjuicio irremediable que haga procedente la intervención del
juez de tutela para hacer un análisis de fondo.

Por lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de la Subsección “B” de la Sección
Tercera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la solicitud, pero
por las razones aquí expuestas.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA

Primero.- Confirmar la sentencia proferida el 7 de marzo de 2025, por la
Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

15
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