Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00369-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00369-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-00369-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
22 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00369-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: JONATHAN TRUJILLO LASSO
TESIS: SE MODIFICA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA Y, EN SU LUGAR, SE
DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR INCUMPLIMIENTO
DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR
PRETENDE CUESTIONAR UNA DECISIÓN JUDICIAL COMO SI ESTE
MECANISMO SE TRATASE DE UN RECURSO O INSTANCIA ADICIONAL AL
PROCESO ORDINARIO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ELEGIR Y SER ELEGIDO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra
la sentencia de 20 de marzo de 2025, mediante la cual la SECCIÓN
SEGUNDA- SUBSECCIÓN “A” DEL CONSEJO DE ESTADO1
denegó la solicitud de amparo.
1
En adelante la Sección Segunda.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00369-01
Actor: JONATHAN TRUJILLO LASSO
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor JONATHAN TRUJILLO LASSO actuando en nombre propio,
en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a elegir y ser elegido, los cuales
estima vulnerados por la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE
ESTADO2 al haber proferido la providencia de 21 de noviembre de
2024, dentro del medio de control de nulidad electoral identificado
con el número único de radicación 41001-23-33-000-2023-00364-
01.
I.2.- Hechos
Indicó que participó como candidato al concejo del Municipio de Neiva
para el período constitucional 2024-2027, con el número 3 de la lista
por la coalición “Unidos por Neiva” por los partidos “Nuevo
Liberalismo y Dignidad y Compromiso”.
2
En adelante la Sección Quinta.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00369-01
Actor: JONATHAN TRUJILLO LASSO
Mencionó que el señor CRISTHIAN RUBTHER BAUTISTA
CACHAYA también participó en las elecciones para el concejo
municipal de Neiva, avalado por los mismos partidos,
correspondiéndole el número 11 de la lista, resultando elegido en el
cargo de elección popular con un total de 1936 de votos.
Afirmó que promovió demanda de nulidad electoral con el fin de
obtener la nulidad del acto por medio del cual se declaró la elección
del señor CRISTHIAN RUBTHER BAUTISTA CACHAYA como
concejal del Municipio de Neiva para el período constitucional 2024-
2027, toda vez que, a su juicio, incurrió en doble militancia en la
modalidad de apoyo a un candidato para la Gobernación del Huila.
Aseveró que, a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 41001-23-33-000-2023-00364-00 y le correspondió por
reparto al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA3 que,
mediante sentencia de 30 de julio de 2024, declaró la nulidad de la
elección del señor CRISTHIAN RUBTHER BAUTISTA CACHAYA
como concejal del Municipio de Neiva para el período 2024-2027.
3
En adelante el Tribunal.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00369-01
Actor: JONATHAN TRUJILLO LASSO
Indicó que, inconforme con lo anterior el señor CRISTHIAN
RUBTHER BAUTISTA CACHAYA formuló recurso de apelación ante
la SECCIÓN QUINTA que, mediante sentencia de 21 de noviembre
de 2024, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó las
pretensiones de la demanda.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en el
defecto fáctico, comoquiera que la decisión cuestionada resulta
contraevidente respecto del material probatorio aportado al
expediente, con el que se logró establecer las demostraciones de
apoyo del señor CRISTHIAN RUBTHER BAUTISTA CACHAYA al
candidato a la Gobernación del Huila señor Rodrigo Villalba Mosquera.
Resaltó que la SECCIÓN QUINTA al no encontrar probada la doble
militancia desconoció las pruebas oportunamente recaudadas
durante el trámite legal, omitiendo el alcance y la eficiencia
probatoria, pues, a su juicio, se pudo demostrar sin lugar a dudas la
existencia de actos positivos, entendibles y verificables del apoyo del
señor CRISTHIAN RUBTHER BAUTISTA CACHAYA al candidato a
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Actor: JONATHAN TRUJILLO LASSO
la Gobernación del Huila señor Rodrigo Villalba Mosquera, lo que se
evidenció con el acto público que se llevó a cabo el 21 de octubre de
2023 a pocos días de las elecciones.
Mencionó que la autoridad judicial accionada “[…] me está
desconociendo no solamente mi derecho fundamental a un debido
proceso, sino que el fallo incurre en defecto fáctico que debe ser
objeto de protección por vía amparo constitucional de tutela […]”.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados
como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] 1. Solicito al Juez Constitucional de tutela se REVISE la
sentencia de segunda instancia proferida con fecha 21 de
noviembre de 2024 por la Sección Quinta del Consejo de Estado
dentro del medio de control de Nulidad Electoral radicado bajo el
número No. 41001-23-33-000-2023-00364-01 siendo
demandante el suscrito accionante.
Consecuencia de lo anterior, se declare la nulidad de la referida
sentencia en consideración al defecto fáctico que en ella se
evidencia.
2. Se profiera una nueva sentencia en la cual se tenga en cuenta
el contenido del material probatorio allegado […]”. (Destacado
pertenece al texto).
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I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL se limitó a remitir el expediente digital del
medio de control de nulidad electoral objeto de análisis, sin realizar
pronunciamiento alguno frente al fondo del asunto.
I.5.2.- La SECCIÓN QUINTA y el señor CRISTHIAN RUBTHER
BAUTISTA CACHAYA pese a ser notificados en debida forma,
guardaron silencio.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN SEGUNDA mediante sentencia de 20 de marzo de
2025, denegó la solicitud de amparo al considerar que la valoración
probatoria contenida en la sentencia cuestionada no daba cuenta del
presunto apoyo del señor Bautista a la candidatura del señor Villalba,
pues del análisis de la prueba videográfica no se logró tener la
certeza más allá de toda duda que el lenguaje no verbal del señor
Bautista se encaminaba a respaldar la candidatura del señor Villalba
o la suya propia.
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Actor: JONATHAN TRUJILLO LASSO
Aseguró que, “[…] lo planteado en esta sede constitucional se limita
a evidenciar la inconformidad del accionante con la decisión adoptada
por la Sección Quinta de esta corporación, lo que no es suficiente
para calificar una providencia como arbitraria o caprichosa, y menos
aún, violatoria de derecho fundamental alguno, pues, como quedó
visto, la autoridad judicial accionada resolvió el asunto bajo un
análisis plausible, con una carga de argumentación suficiente y
razonable que debe ser respetada en virtud de los principios de
autonomía e independencia judicial […]”.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN
SEGUNDA, manifestando su desacuerdo con la motivación de la
decisión, pues, a su juicio, no se realizó un análisis profundo del
material probatorio y, por el contrario, se limitó a argumentar que la
autoridad judicial accionada no efectuó un análisis arbitrario, ni
caprichoso, ni violatorio del debido proceso, concluyendo que la
carga argumentativa de la decisión cuestionada fue suficiente y
razonable.
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Asimismo, señaló que la sentencia impugnada debió efectuar un
análisis mucho más profundo y juicioso de los elementos materiales
de prueba respecto al contenido de la decisión controvertida, a
efectos de establecer las contradicciones en las que incurrió la
SECCIÓN QUINTA al revocar el fallo de primera instancia y denegar
las pretensiones formuladas en el medio de control de nulidad
electoral.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
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La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
deje sin efecto la providencia de 21 de noviembre de 2024,
proferida por la SECCIÓN QUINTA, dentro del medio de control de
nulidad electoral identificado con el número único de radicación
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A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso y a elegir y ser
elegido, habida cuenta que, a su juicio, la autoridad judicial
accionada incurrió en el defecto fáctico.
Los disensos del actor radican en que la autoridad judicial accionada
incurrió en el defecto fáctico, comoquiera que la decisión
cuestionada resulta contraevidente respecto del material probatorio
aportado al expediente, con el que se logró establecer las
demostraciones de apoyo del señor CRISTHIAN RUBTHER
BAUTISTA CACHAYA al candidato a la Gobernación del Huila señor
Rodrigo Villalba Mosquera.
Resaltó que la SECCIÓN QUINTA al no encontrar probada la doble
militancia, desconoció las pruebas oportunamente recaudadas
durante el trámite legal, omitiendo el alcance y la eficiencia
probatoria, pues, a su juicio, se pudo demostrar sin lugar a dudas la
existencia de actos positivos, entendibles y verificables del apoyo del
señor CRISTHIAN RUBTHER BAUTISTA CACHAYA al candidato a
la Gobernación del Huila señor Rodrigo Villalba Mosquera, lo que se
evidenció con el acto público que se llevó a cabo el 21 de octubre de
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2023 a pocos días de las elecciones.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 20 de marzo de
2025, denegó la solicitud de amparo al considerar que la valoración
probatoria contenida en la sentencia cuestionada no daba cuenta del
presunto apoyo del señor Bautista a la candidatura del señor Villalba.
Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión
proferida en primera instancia, manifestando su desacuerdo con la
motivación de la decisión, pues, a su juicio, no se realizó un análisis
profundo del material probatorio y, por el contrario, se limitó a
argumentar que la autoridad judicial accionada no efectuó un análisis
arbitrario, ni caprichoso, ni violatorio del debido proceso,
concluyendo que la carga argumentativa de la decisión cuestionada
fue suficiente y razonable.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad
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de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se
establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
deprecados e incurrió en el defecto alegado.
Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal
4
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».5
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [8].
5
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
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Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [9].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [10].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
[9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [11]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [12].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [13]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
[11] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[12] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[13] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó
que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el
requisito de relevancia constitucional debía analizarse:
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“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir
las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente
acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia
constitucional, en la medida en que lo pretendido por la parte actora
es que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a consideración
del juez natural, como si este mecanismo constitucional se tratara de
una instancia adicional al proceso ordinario.
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En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad,
porque los motivos que fundamentan la inconformidad del actor se
sustentan, básicamente, en que la autoridad judicial accionada
omitió la valoración del material probatorio a partir del cual se
lograría inferir la doble militancia en la que incurrió el señor
CRISTHIAN RUBTHER BAUTISTA CACHAYA mientras se
encontraba en campaña para el concejo Municipal de Neiva.
Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva
constitucional, se limita a una discusión que gira en torno a la
inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del
asunto, el cual fue resuelto por la SECCIÓN QUINTA de forma
admisible, así:
“[…] 2.2. Problema jurídico
En el marco de los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, corresponde a esta Sección determinar si confirma,
modifica o revoca la sentencia del 30 de julio de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo del Huila, que declaró la nulidad de
la elección de Cristhian Rubther Bautista Cachaya como concejal
de Neiva, período 2024-2027.
Para el efecto, se debe establecer si está acreditado que el
demandado, pese a ser avalado por el partido Nuevo Liberalismo,
colectividad que suscribió un acuerdo de adhesión con el partido
Creemos con el fin de apoyar la candidatura de Rodrigo Armando
Lara Sánchez a la Gobernación del Huila, realizó un acto positivo
de apoyo en favor de Rodrigo Villalba Mosquera, aspirante por el
Partido Liberal en coalición con otras agrupaciones políticas a dicha
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dignidad, en la reunión política del 21 de octubre de 2023 que tuvo
lugar en el polideportivo Los Alpes de la ciudad de Neiva.
En caso afirmativo, si aquel, puede ser desvirtuado con los
testimonios practicados en el curso de la primera instancia. […]
2.5 Caso concreto
Como viene de explicarse, en el presente evento se cuestiona si
Cristhian Rubther Bautista Cachaya ejerció algún acto positivo de
apoyo a la candidatura de Rodrigo Villalba Mosquera en el acto
político que tuvo lugar el 21 de octubre de 2023 en el polideportivo
Los Alpes de la ciudad de Neiva. […]
En este caso, el recurrente afirma que el video que sirvió de base
al a quo para declarar la nulidad de su elección está cortado y
descontextualizado; sin embargo, dicho argumento no fue
expuesto en el trámite de primera instancia, durante la cual
tampoco tachó o desconoció la referida prueba, razón por la cual el
documento videográfico conserva su presunción de autenticidad y
puede ser valorado en esta instancia.
Según se tiene, en el video en cuestión, identificado con el nombre
VID_20231021_195311652 aportado como anexo de la demanda,
cuya duración es de 4’57’’ y respecto del cual nadie discute que
corresponde a una reunión política llevada a cabo el 21 de octubre
de 2023 en el polideportivo Los Alpes de la ciudad de Neiva,
aparecen el demandado y Marlio Villalba Mosquera, hermano de
Rodrigo Villalba Mosquera, candidato a la Gobernación del Huila.
En los primeros segundos de dicha grabación, tal como lo relata el
a quo se observa al demandado dirigiendo lo que parece ser una
rifa.
En el segundo 0:51 se evidencia un diálogo entre aquel y una de
las asistentes al evento la cual es del siguiente tenor: […]
De dicho diálogo, no se desprende ningún acto positivo de apoyo
del demandado hacia ningún candidato diferente a él mismo.
A continuación, en el minuto 1:18 asume la vocería del evento
Marlio Villaba Moreno quien manifiesta:
Buenas noches, doy gracias a Dios por esta oportunidad,
me place mucho estar al lado de un joven, de un profesional
nacido y criado en la comuna 8 de Neiva. Ustedes van a
tener la oportunidad de tener concejal propio. Así que no
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voten por foráneos tenemos al mejor y es Cristhian
Bautista, aquí presente.
Mientras hace su intervención se observa que el señor Villalba
Mosquera toca al demandado, quien aplaude. A continuación
continúa diciendo:
Cristian está apoyando una buena gobernación, porque ese
gobernador cuando ya lo fue en otra época trajo ayuda a
esta comuna, Villalba en la primera gobernación hizo mil
baterías sanitarias, mil mejoramientos en la comuna 8,
pavimentó la ruta a panorama, hizo la ruta de San Carlos
(…) y ahora Cristhian (se dirige al candidato) trajimos 148,
6 calles, polideportivo techado, vamos a seguir trabajando
por la comuna 8. Es el compromiso por un Huila Grande,
Rodrigo Villalba gobernador, (…) Cristhian (se dirige de
nuevo al candidato) cuente con el gobernador Villalba,
comuna 8 cuenten con el próximo gobernador Rodrigo
Villalba.
De esa intervención, se evidencia que quien ofrece su apoyo al
demandado es el hermano de Rodrigo Villalba Mosquera. Además,
es él quien insinúa que Cristhian Rubther Bautista Cachaya está
apoyando la aspiración a la Gobernación del Huila de aquel, sin que
este haga manifestación verbal o no verbal alguna al respecto.
Finalmente, en el minuto 4:17 del video Marlio Villalba Mosquera
manteniendo contacto físico con el demandado le pregunta:
«Cristhian, ¿cómo vamos a votar?» a lo que él responde: «vamos
a votar al Concejo de Neiva, primer partido en el tarjetón con la
cara de Galán y el número 11».
Acto seguido, el señor Villalba Mosquera le pregunta al
demandado: «¿y a la gobernación?»; a lo que Cristhian Rubther
Bautista Cachaya guarda silencio. En ese mismo instante, Marlio
Villalba Mosquera dice: «por Rodrigo Villalba Mosquera por un Huila
Grande», a lo que el entonces, aspirante al concejo le toca el pecho
a su interlocutor y sube su mano empuñada como se observa en la
siguiente imagen: […]
Del análisis del video en cuestión, se deduce que efectivamente fue
un acto proselitista en el que participó el demandado y el hermano
del aspirante a la Gobernación del Huila Rodrigo Villalba Mosquera,
quien es el que invita a votar tanto por Cristhian Rubther Bautista
Cachaya como por su familiar, pero no es claro que el gesto con
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base en el cual el a quo declaró la nulidad de la elección bajo
estudio se refiriera a la aspiración del candidato a gobernador.
Lo anterior, por cuanto, fue en cuestión de segundos que se le
preguntó al demandado cómo deberían votar los asistentes al
concejo y luego se mencionó la candidatura de Rodrigo Villalba a la
Gobernación del Huila, por lo que no se sabe si el gesto de victoria
hecho por Cristhian Bautista se refiere únicamente a su aspiración
política o también a la del señor Villalba Mosquera.
Es evidente que se trata de un acto de campaña en el que hay un
representante del referido candidato a la gobernación, pero, según
se demostró y no es objeto de discusión en esta instancia, no fue
organizado por el demandado, quien simplemente coincidió con
otros aspirantes a cargos de elección popular y algunos de sus
simpatizantes; sin embargo, no es claro que el señor Bautista
Cachaya haya apoyado alguna aspiración diferente a la suya o por
lo menos, existen serias dudas de ello, toda vez que, en últimas el
fundamento del fallo apelado es un fragmento de
aproximadamente 30 segundos de duración del video bajo análisis.
[…]
Así las cosas, en criterio de la Sala, el gesto del demandado en
cuestión no constituye un acto inequívoco, concreto y claro de
apoyo hacia el candidato Rodrigo Villalba Mosquera, lo anterior, por
cuanto, no hay certeza más allá de toda duda de que se refiriera a
la aspiración de aquel y no a su propia candidatura, toda vez que
todo se desarrolla en un lapso muy corto y del contexto general del
video, tampoco se puede derivar dicha conclusión.
Además, debe tenerse en cuenta que del video en cuestión no se
desprende que en las intervenciones del demandado haya
desplegado algún acto positivo de apoyo hacia las aspiraciones
políticas de otros candidatos, por cuanto siempre, se limitó a invitar
a los asistentes a votar por él.
En tales condiciones, para la Sala el solo gesto con base en el cual
el tribunal de primera instancia declaró la nulidad de la elección del
demandado no resulta determinante para encontrar configurado el
elemento modal de la prohibición de doble militancia en la
modalidad de apoyo, razón suficiente para revocar la sentencia
apelada para, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda
[…]” (Destacado fuera de texto).
De los apartes transcritos de la providencia objeto de tutela, se
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evidencia que al resolver el problema jurídico la SECCIÓN QUINTA,
luego de verificar el contenido del material probatorio, advirtió que
de la prueba videográfica aportada al expediente se logró evidenciar
una reunión política que se llevó a cabo el 21 de octubre de 2023, en
la que participó el señor CRISTHIAN RUBTHER BAUTISTA
CACHAYA y el señor MARLIO VILLALBA MOSQUERA hermano del
candidato a la Gobernación del Huila, el señor RODRIGO VILLALBA
MOSQUERA.
Igualmente, señaló que, de acuerdo con lo que se observa en el
video, en el minuto 1:18 la vocería del evento la asume el señor
MARLIO VILLALBA MOSQUERA quien ofrece su apoyo a la
candidatura del señor CRISTHIAN RUBTHER BAUTISTA
CACHAYA, además, insinúa el apoyo del señor BAUTISTA
CACHAYA, a su hermano a la Gobernación del Huila, sin que el señor
CRISTHIAN RUBTHER BAUTISTA CACHAYA exprese de manera
verbal o no verbal alguna manifestación al respecto.
Asimismo, la autoridad judicial accionada observó que el señor
CRISTHIAN RUBTHER BAUTISTA CACHAYA participó en el
evento público promoviendo su campaña política, sin que se lograra
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evidenciar de manera clara o evidente algún gesto de apoyo la
candidatura del señor RODRIGO VILLALBA MOSQUERA candidato
a la Gobernación del Huila.
Así las cosas, la autoridad judicial accionada logró inferir que de las
intervenciones del señor CRISTHIAN RUBTHER BAUTISTA
CACHAYA no se desprende alguna evidencia de algún acto positivo
de apoyo hacia aspiraciones políticas de otros candidatos, pues se
limitó a invitar a los votantes a apoyar su candidatura, razón por la
que la autoridad judicial accionada concluyó que había lugar a
revocar la decisión apelada y, en su lugar, denegar las pretensiones
de la demanda.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que la SECCIÓN QUINTA se
pronunció frente a los aspectos que el actor alude como
desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber actuado de forma
abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio de la
autonomía judicial, por lo que el asunto carece del requisito
general de la relevancia constitucional.
Situación distinta es que el actor no comparta la tesis allí dispuesta,
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lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que de
conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de
conocimiento, la SECCIÓN QUINTA decidió el asunto sometido a su
consideración.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino
una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como si
este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en
relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la
autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela
un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la
competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
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fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En consecuencia, se modificará la decisión de primera instancia que
denegó el amparo solicitado y, en su lugar, se declarará
improcedente la acción de tutela de la referencia por no cumplir el
requisito general de la relevancia constitucional, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por carecer del
requisito general de la relevancia constitucional, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de mayo de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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