Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00376-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00376-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00376-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
27 de febrero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00376-00
Accionante: Herman Jesús Arévalo Zambrano
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00376-00
Accionante: Herman Jesús Arévalo Zambrano
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Temas: Acción de tutela, en la que se discute un acto administrativo,
mediante el cual el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño
ordenó el traslado de unos expedientes que se tramitan bajo la Ley
600 de 2000 de un juzgado a otro. Incumplimiento de los requisitos
generales de subsidiaridad e inmediatez.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
1. Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el señor Herman Jesús Arévalo
Zambrano en contra del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Seccional de
la Judicatura de Nariño.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
2. En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, el señor Herman Jesús Arévalo Zambrano promovió demanda en orden a que
se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso y de defensa y, junto con
ellos, los principios de inmediación de las pruebas, de racionalidad y «territorialidad,
relacionados con el juez del lugar de comisión de los hechos presuntos y
especialmente su derecho a no exponer innecesariamete su integridad personal».
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3. Como consecuencia de lo anterior, solicitó ordenar al Consejo Seccional de la
Judicatura de Nariño que el proceso penal con número 86001-31-04-003-2023-00079-
00, actualmente en curso en el Juzgado Tercero Penal del Circuito Transitorio de
Mocoa, sea radicado nuevamente en el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pasto
o en cualquier otro de esa ciudad, por ser el lugar donde se cometió el delito.
1.2. Los hechos
4. La parte accionante narró como hechos relevantes los siguientes:
5. El Juzgado Primero Penal del Circuito Judicial de Pasto, bajo el radicado 2016-
00221-00, tramitó un proceso penal en contra del señor Jaime Alberto Alarcón
Londoño por el presunto delito de peculado por apropiación. En el referido proceso, el
aquí tutelante actúa como apoderado judicial del señor Alarcón Londoño.
6. El Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 1.° del Acuerdo CSJNAA23-114 del 26 de abril de 2023, decidió trasladar el
proceso penal mencionado al Juzgado Tercero Penal del Circuito Judicial Transitorio
de Mocoa, que pertenece a una jurisdicción y departamento distinto, sin proporcionar
razones ni fundamentos legales para ello, por lo que desconoció el principio de
competencia prevalente según el lugar de los hechos.
7. El Juzgado Tercero Penal del Circuito Transitorio de Mocoa, que recibió el
expediente el 2 de mayo de 2023, solo avocó conocimiento de este hasta el 27 de
noviembre de 2023, es decir seis meses después. En lugar de plantear un conflicto de
competencia, programó la audiencia para el juicio de manera virtual. Posteriormente,
al ser informado de que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, dicha
diligencia debe llevarse a cabo de forma presencial, reprogramó la audiencia para el
21 de febrero de 2025 y, además, estableció que contra esa decisión no procedían
recursos.
1.3. Fundamentos de derecho
8. La parte accionante consideró que el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo
Seccional de la Judicatura de Nariño vulneraron sus derechos fundamentales al debido
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proceso y de defensa, puesto que, al remitirse el proceso al Juzgado Tercero Penal
del Circuito Transitorio de Mocoa, se adoptó una decisión innecesaria y sin
fundamentos jurídicos. Adicionalmente, indicó que esa medida vulnera el derecho al
debido proceso, ya que el juez competente es el del lugar donde ocurrieron los hechos,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política.
9. Manifestó su desacuerdo con el traslado del proceso, pues tiene 79 años, por lo que
no puede asumir el riesgo personal de viajar por la peligrosa carretera conocida como
«El trampolín de la muerte», donde ocurren constantes accidentes y muertes. Además,
cuando no ha recibido los recursos económicos necesarios de su defendido, quien
parece estar fuera del país, lo que le impide costear los gastos del proceso, viáticos y
honorarios. Además, resaltó que, desde el inicio de la investigación en 2006, ha
cumplido de manera diligente y eficiente sus deberes profesionales desde su oficina
de Pasto.
1.4. Actuación procesal
10. El 31 de enero de 2025, el despacho sustanciador de la presente decisión inadmitió
la acción de la referencia y, en consecuencia, requirió al accionante para que a)
identificara a todos los que actúan como accionantes en este proceso; b) allegara
poder especial otorgado por el señor Jaime Alberto Alarcón Londoño, específicamente,
para adelantar el presente mecanismo, con el lleno de los requisitos legales; y c)
indicara el radicado completo del expediente que, aparentemente, fue trasladado al
municipio de Mocoa, el tipo de proceso, los nombres de las partes involucradas y la
autoridad judicial que conoce actualmente esa causa.
11. El 5 de febrero de 2025, a través de memorial, el señor Herman Jesús Arévalo
Zambrano aclaró los puntos previamente mencionados, en el sentido de precisar que
la acción de tutela la interpone en nombre propio por los perjuicios que se le causaron
por la redistribución de un proceso penal del cual funge como apoderado.
Adicionalmente, aclaró que las entidades demandadas son el Consejo Superior de la
Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño.
12. Por lo anterior, el 11 de febrero de 2025, el despacho del magistrado ponente (i)
admitió la acción de tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura y del
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Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño; (ii) vinculó, como tercero interesado al
Juzgado Tercero Penal del Circuito Transitorio de Mocoa; y (iii) requirió al Instituto
Nacional de Vías (INVIAS) para que, en el término de tres (3) días siguientes a la
comunicación de esta providencia, informara sobre el estado de la vía que comunica
la ciudad de Pasto (Nariño) con la ciudad de Mocoa (Putumayo), y esclareciera si
actualmente existe o no un alto índice de siniestralidad vial.
1.5. Contestación de la demanda
13. El Juzgado Tercero Penal del Circuito Transitorio de Mocoa indicó que el
Consejo Superior de la Judicatura, a través del Acuerdo núm. PCSJA19-11213,
transformó el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Mocoa al Juzgado Tercero Penal del Circuito Transitorio de Mocoa y, en ese sentido,
ordenó a los Juzgados Promiscuos del Circuito del Distrito Judicial de Mocoa y los
Juzgados Penales de los Circuitos Judiciales de Pasto remitir con destino a ese
despacho todos los procesos que tengan en su inventario de la Ley 600 de 2000, que
estén para emitir sentencia. Precisó que, mediante el Acuerdo PCSJA23-12057 del 18
de abril de 2023, se prorrogó la anterior medida.
14. Así, el 2 de mayo de 2023, el Juzgado Primero Penal del Circuito Judicial de Pasto
remitió el proceso con radicado 86001-31-04-003-2023-00079 adelantado en contra
del señor Jaime Alarcón, estando culminada la etapa de audiencia preparatoria
pendiente la programación de audiencia de juzgamiento, la cual fue programada para
el 25 de febrero de 2025. Por lo anterior, indicó que el 12 de igual mes y anualidad el
señor Hermas Jesús Arévalo Zambrano solicitó el aplazamiento de dicha diligencia,
debido a la presentación de esta acción constitucional y por su temor al
desplazamiento desde Pasto hasta Mocoa.
15. Por otro lado, afirmó que carece de competencia para devolver los asuntos
remitidos por orden expresa al Consejo Superior de la Judicatura, tal como lo solicita
el actor, comoquiera que esa decisión excede el marco de acción de esa autoridad
judicial.
16. El Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño explicó que, a través del
Acuerdo PCSJA23-12057 de 2023, se prorrogó la medida adoptada en el Acuerdo
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PCSJA19-11213 de 2019 y se amplió la competencia del Juzgado transformado,
recibiendo todos los procesos de la Ley 600 de 2000 provenientes de los juzgados
penales de Pasto y de Mocoa.
17. Indicó que esa Seccional se encargó de supervisar el cumplimiento de estas
medidas, especialmente, la remisión de los procesos conforme a los criterios
establecidos. Además, aclaró que la redistribución de los procesos, incluido el del
accionante, se realizó dentro de las competencias legales del Consejo Superior de la
Judicatura y con el fin de mejorar la eficiencia en los juzgados, garantizando así una
administración de justicia oportuna.
18. El Instituto Nacional de Vías INVÍAS, por medio del director territorial del
Putumayo, adujo que, según el informe rendido por el administrador vial Consorcio
Argel Vial, la carretera nacional con código 1003, tramo Pasto-El Pepino se encuentra
en estado normal y sin cierres hasta la fecha de emisión de esa contestación.
19. Adicionalmente, con respecto al índice de accidentalidad, aclaró que no existe un
parámetro objetivo para definirlo, pero que, en atención a que alrededor de mil
vehículos transitan semanalmente por la vía y que se registran un promedio de cinco
accidentes al mes, la tasa de siniestros es baja. Agregó que el tramo de la vía entre
PR72 y PR137 (65km) es de material afirmado y recibe seguidamente mantenimiento
por parte de INVIAS, mientras que los otros tramos tienen asfalto o concreto,
asegurando un tránsito adecuado.
20. La Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico (UDAE), a través de su directora,
explicó que la decisión del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño implementa
lo decidido por el Consejo Superior de la Judicatura, en cumplimiento del artículo 5 del
Acuerdo PCSJA19-11213 de 2019.
21. Indicó que el mecanismo adecuado para cuestionar la legalidad de los actos
administrativos, por ser de carácter general y abstracto, en la acción de simple nulidad,
por lo que el conflicto debe resolverse es en la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, dado que el juez constitucional no tiene la competencia para definir si
los actos administrativos se ajustan al ordenamiento jurídico. En consecuencia, solicitó
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declarar la improcedencia de la acción de la referencia, al no cumplirse los requisitos
necesarios para que esta proceda.
22. De otra parte, expuso que la decisión del Consejo Superior de la Judicatura, en
ejercicio de su autonomía, de adoptar una medida transitoria transformando el Juzgado
Segundo de Mocoa en el Juzgado Tercero Penal Transitorio, se encuentra justificada
por estudios técnicos y se implementó con el objetivo de optimizar la administración
de justicia y reducir la congestión judicial, por lo que dicha decisión no fue arbitraria.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
23. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente
para conocer el presente asunto, de acuerdo con lo previsto en el ordinal 8.º del artículo
1.º del Decreto 333 de 2021.
2.2. Problema jurídico
24. Corresponde a la Sala determinar si en presente asunto se superan los requisitos
de procedencia de la acción de tutela. En caso afirmativo, el problema jurídico que se
deberá resolver es el siguiente:
25. ¿El Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de Nariño vulneraron
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante al adoptar, como
medida de descongestión judicial, el traslado de un proceso en el que el señor Arévalo
Zambrano funge como apoderado de confianza de la ciudad de Pasto a Mocoa?
2.3. Requisito general de subsidiariedad
26. La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se
caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de esta acción,
ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones ordinarias que se
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encaminan igualmente a la defensa de los derechos que no se pueden pasar por alto.
27. Por ello el numeral 1.° del artículo 6.º del Decreto 2591 de 1991 establece como
causal de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable».
28. La jurisprudencia de la Corte Constitucional1 ha reiterado que el juez de tutela debe
analizar los asuntos que llegan a su conocimiento con observación estricta del carácter
subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que solo procede cuando dentro
de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo y eficaz para
proteger objetivamente el derecho que se alegue conculcado.
29. También tiene lugar el amparo cuando a pesar de disponer de otro medio de
defensa judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de
tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá
probar. Si no se cumplen con estos parámetros se desconocería el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del
sistema jurídico.
30. El señor Herman Jesús Arevalo Zambrano solicitó la protección de sus derechos
fundamentales, los cuales consideró vulnerados por el Consejo Superior de la
Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, comoquiera que al
expedirse el Acuerdo CSJNAA23-114 del 26 de abril de 2023, ordenó el traslado de
un proceso penal de un juzgado de Pasto a otro de Mocoa.
31. Pues bien, de los elementos probatorios que obran en el expediente, se advierte
que el Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo núm. PCSJA23-12057
de 2023, prorrogó las medidas transitorias adoptadas, en el acuerdo PCSJA19-11213
de 2019, a los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Mocoa.
1 Corte Constitucional, sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-
972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de
2012, entre otras muchas.
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32. Adicionalmente, se observa que la corporación referida en el artículo 2.° del primer
acto administrativo ordenó a los juzgados penales del circuito del distrito judicial de
Pasto y a los juzgados penales del circuito y promiscuos del circuito del distrito judicial
de Mocoa remitir la totalidad de los procesos de Ley 600 de 2000 al Juzgado Tercero
Penal del Circuito Transitorio del Distrito Judicial de Mocoa.
33. En cumplimiento de lo anterior, el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño
dispuso la redistribución de los referidos procesos al último despacho judicial
mencionado, a través del Acuerdo CSJNAA23-114 del 26 de abril de 2023.
34. Así, como la intención de la parte accionante es discutir la decisión de trasladar los
expedientes que se tramitan en los juzgados penales del circuito del distrito judicial de
Pasto y en los juzgados penales del circuito y promiscuos del circuito del distrito judicial
de Mocoa, bajo la Ley 600 de 2000, al Juzgado Tercero Penal del Circuito Transitorio
del Distrito Judicial de Mocoa, porque, en su criterio, no se tuvo en cuenta lo dispuesto
en el artículo 29 de la Constitución Política, comoquiera que el único juez competente
es el del lugar donde ocurrieron los hechos, es necesario definir si se encuentran
satisfechos los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.
35. Así, la Subsección concluye que el peticionario dispone de otro mecanismo de
defensa judicial, como lo es el medio de control de simple nulidad, a través del cual
puede discutir la legalidad de los actos administrativos, conforme a lo expuesto en el
artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.
36. Por tanto, se colige que la presente acción no cumple con el requisito general de
subsidiariedad, pues la parte accionante no agotó todos los mecanismos de defensa
judicial con los que cuenta el interesado para ventilar la controversia que se expone
en esta sede constitucional.
37. Al respecto, debe recordarse que la acción de tutela, por su carácter residual,
únicamente procede cuando se han utilizado los demás recursos previstos por el
ordenamiento jurídico para salvaguardar los derechos invocados, por lo que no le es
dable al juez constitucional emitir un pronunciamiento de fondo sobre el particular,
pues ello implicaría desconocer las competencias que le fueron atribuidas a otra
autoridad judicial.
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38. Ahora, corresponde al juez constitucional determinar si procede la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Al
respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que el perjuicio debe reunir varias
características, que deben ser identificadas por la autoridad judicial para poder conocer
el fondo del asunto, estas son: (i) una afectación inminente del derecho fundamental,
es decir que se trate de una amenaza que está por concretarse; (ii) la gravedad del
perjuicio, esto es, que el daño material o moral en la persona sea de gran intensidad;
(iii) la urgencia de las medidas que se requieren para prevenir o remediar el perjuicio
irremediable; y finalmente, (iv) carácter impostergable de las medidas para la efectiva
protección de derechos fundamentales en riesgo. 2
39. Así, la Sala aclara que, si bien el accionante es un sujeto de especial protección
constitucional por tratarse de una persona de la tercera edad, comoquiera que tiene
79 años de edad, esto no implica que deba flexibilizarse de forma inmediata el
mecanismo de amparo, pues el juez constitucional debe analizar las situaciones
particulares que rodean el caso.
40. Por lo anterior, una vez revisado el escrito de tutela, se repara en que en el caso
no se demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable, comoquiera que el
accionante puede solicitar, al interior del proceso ordinario, la suspensión de los
efectos del acto administrativo, con fundamento en el artículo 229 y siguientes del
CPACA.
41. Tampoco se configura un perjuicio irremediable porque el traslado de un solo
proceso, en el que el actor funge como apoderado judicial, no permite advertir una
amenaza de los derechos al mínimo vital o al ejercicio de la profesión. Es importante
anotar que el actor no ha puesto de presente que este dedicado de tiempo exclusivo
a esa causa penal. Adicionalmente, el accionante puede utilizar otras figuras para
superar la situación como la sustitución del poder a otro profesional del derecho.
2.5. Estudio del requisito de la inmediatez
2 Corte Constitucional. Sentencias SU-712 de 2013 y T-071 de 2021, entre otras.
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42. En el caso sub examine, la Sala encuentra que los argumentos de la presente
acción de tutela están directamente encaminados en controvertir el Acuerdo
CSJNAA23-114 del 26 de abril de 2023, mediante el cual el Consejo Seccional de la
Judicatura de Nariño dispuso la redistribución de los procesos de Ley 600 de 2000 que
están a cargo de los juzgados penales del circuito del Distrito Judicial de Pasto y de
los juzgados penales del circuito y promiscuos del circuito del Distrito Judicial de Mocoa
al Juzgado Tercero Penal del Circuito Transitorio del Distrito Judicial de Mocoa.
43. En esa medida, la Subsección considera que en el presente asunto tampoco se
encuentra satisfecho el requisito general de inmediatez, comoquiera que, de acuerdo
con los argumentos planteados en el escrito de tutela, el accionante para el 2 de mayo
de 2023, fecha en la que el Juzgado Tercero Penal del Circuito Transitorio de Mocoa
recibió el expediente del proceso penal, ya tenía conocimiento de las disposiciones
impartidas por el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño en el referido Acuerdo.
44. Al respecto, si bien es cierto que el ejercicio de la acción de tutela no cuenta con
un término de caducidad, la jurisprudencia constitucional ha considerado que, en virtud
del carácter preferente y sumario de protección que encierra la solicitud de amparo,
esta debe interponerse dentro de un término razonable y proporcionado a partir del
evento generador de la supuesta amenaza o violación de los derechos fundamentales,
con el fin de proteger derechos de terceros, impedir que el amparo se convierta en un
factor de inseguridad jurídica y evitar su uso como herramienta supletoria de la
negligencia en la agencia de derechos, desnaturalizando con ello la finalidad de la
acción3.
45. Por tanto, la Subsección considera que el ejercicio de la presente solicitud de
amparo, de cara a la exigencia general de inmediatez, no es razonable, pues, se
insiste, el actor tuvo conocimiento del referido acto administrativo desde el 2 de mayo
de 2023; sin embargo, instauró la acción de tutela hasta el 17 de enero de 2025.
46. No obstante, como el solo paso del tiempo, no habilita al juez constitucional para
considerar incumplido el requisito general de inmediatez, debe determinarse si la
3 Sentencia T-187 de 2012, entre otras.
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tardanza en la interposición de la acción de tutela estuvo justificada por una causa
válida que hubiera imposibilitado su presentación en un límite razonable.
47. Así, en aras de determinar que no existe una tardanza injustificada o irrazonable
al momento de acudir a la acción de tutela, en la Sentencia T-253 de 2015, la Corte
Constitucional evaluó dicho período a partir de las siguientes reglas:
«[…] (i) [Ante] La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por
ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o
imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia
de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente
las circunstancias previas, entre otras.
(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación desfavorable
como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es actual. Lo que
adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es
imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de
que se trate de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera, en
realidad, una protección inmediata.
(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable
resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se
encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el artículo
13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra
ellas se cometan […]».
48. Sin embargo, la parte accionante, en el escrito de tutela, no planteó ningún
argumento para justificar su tardanza en la interposición del mecanismo de amparo.
Asimismo, tampoco se advierte alguna situación que le haya impedido acudir a esta
acción y que convierta en desproporcionada la exigencia del agotamiento de ese
requisito general de procedibilidad.
49. En consecuencia, al no haberse satisfecho las exigencias generales de inmediatez
y de subsidiariedad, la Subsección declarará improcedencia de la acción de tutela
instaurada por el señor Herman Jesús Arévalo Zambrano.
2.6. Conclusión
50. Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
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jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala
concluye que la acción de tutela instaurada por el señor Herman Jesús Arévalo
Zambrano no cumplió con las exigencias de subsidiariedad e inmediatez, por lo que
declarará improcedente la presente solicitud de amparo.
51. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
3. FALLA
Primero: Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Herman
Jesús Arévalo Zambrano contra del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo
Seccional de la Judicatura de Nariño por no superar los requisitos de subsidiariedad e
inmediatez.
Segundo: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
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