Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00380-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00380-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00380-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
3 de abril de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00380-00
Demandante: Lina María Garrido Martín
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-00380-00
Demandante LINA MARÍA GARRIDO MARTÍN
Demandado PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas Acción de tutela. Legitimación en la causa por activa de representante
a la Cámara. Problemática de violencia y conflicto armado en el
Departamento de Arauca.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir en primera instancia
la acción de tutela instaurada por la señora Lina María Garrido Martín, de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 8 de noviembre de 20241, la señora Lina María Garrido Martín interpuso acción
de tutela contra la Presidencia de la República, la Corte Constitucional, la Corte
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Congreso de la República, la Fiscalía
General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Alto Comisionado para la Paz,
por considerar vulnerados los derechos fundamentales a la vida, libertad, honra,
paz, dignidad humana, bienes y creencias de los ciudadanos que habitan en el
Departamento de Arauca2.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(sic para toda la cita)
«§2. DECLARAR la ausencia de protección del estado a sus ciudadanos en el Departamento de Arauca,
donde no se les garantiza sus derechos fundamentales mínimos como la vida, la libertad personal,
derecho a desarrollar su proyecto de vida en nuestro territorio, la protección de su honra y de sus bienes,
enmarcándose la realidad fáctica en la definición teórica de estado de cosas inconstitucional (ECI),
por incumplimiento del mandato de la norma superior de proteger a todas las personas residentes en el
departamento, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades.
§3. DECALARAR que en el Departamento de Arauca, ha ocurrido en genocidio continuado en contra de
la población civil, utilizado como arma y bandera política de los grupos armados ilegales para acabar y/o
someter a los distintos grupos sociales de la población, sin que las autoridades protejan efectivamente a
sus ciudadanos, configurando un estado de cosas inconstitucional, que se concretan en el
desconocimiento absoluto de los siguientes derechos tipificados como fundamentales en nuestra
constitución, así:
“ARTICULO 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte
ARTICULO 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes.
ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones
de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
ARTICULO 17. Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas.
1
Esta acción de tutela fue remitida al Consejo de Estado el 24 de enero de 2025, puesto que la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, declaró la nulidad de todo lo actuado por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia en primera instancia. El expediente pasó a este despacho el 5 de febrero de 2025.
2
En el escrito de tutela también se menciona como accionado a la «SEGUNDA MARQUETALIA O ESTADO MAYOR
CENTRAL DE LAS FARC Y EL ELN». Sin embargo, estas no son entidades públicas, ni particulares que puedan ser
tenidos como accionados en una acción de tutela, puesto que son organizaciones abiertamente al margen de la ley.
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ARTICULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de
informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad.
No habrá censura.
ARTICULO 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.
ARTICULO 24. Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por
el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia.
ARTICULO 34.Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.
ARTICULO 37. Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá
establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.
ARTICULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.
Para hacer efectivo este derecho puede:
1. Elegir y ser elegido.
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación
democrática.
ARTICULO 85. Son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37 y 40”
§4. ORDENAR a las tres ramas del poder público y organismos de control, representadas por el
presidente de la república, presidentes de la corte constitucional, corte suprema de justicia, consejo de
estado, fiscalía general de la nación, contralor general de la república, dar aplicación al artículo 113 de
la Constitución, trabajando armónicamente para hacer cumplir en el Departamento de Arauca los fines
esenciales del estado, los elementales y básicos, de servir a la comunidad, garantizar los derechos
consagrados en la Constitución, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la
vigencia de un orden justo, con el objetivo de impedir que organizaciones al margen de la ley sigan
matando, secuestrando, extorsionando, desplazando, reclutando menores y sometiendo por la fuerza y
el terror a todos los habitantes del territorio, lo que se viene haciendo de manera pública, a la vista de
todos y con publicidad en las redes sociales.
§5. ORDENAR a las entidades del estado demandadas, que de manera conjunta y armónica, diseñen
en un plazo de un mes una política pública de estado, que haga realidad en el Departamento de Arauca,
los fines esenciales del estado; orientada a enfrentar la violencia fratricida y el genocidio continuado que
ha venido ejecutándose en el Departamento de Arauca desde hace más de cuarenta (40) años, junto
con la prevención y sanción de la corrupción generalizada en todos los estamentos del estado, que
obtenga como resultado eliminar la cultura de la violencia e imponer la ley del fusil, así como la
eliminación de la corrupción; política pública que debe venir acompañada de inversión social en todos
los sectores.
§6. ORDENAR a las demandadas que para la elaboración de la anterior política pública de estado todas
las cabezas que representan las ramas del poder público y organismos de control, se trasladen a cada
uno de los siete municipios del departamento de Arauca, con el objetivo de que se obtenga un
diagnostico serio de la situación de violencia, corrupción, atraso social y necesidades básicas
insatisfechas, falta de vías, carencia absoluta de fuentes de empleo, entre muchas otras causas de la
violencia enquistada en el Departamento.
§7. ORDENAR al presidente de la república para que AUTORICE a la Defensoría del Pueblo, autoridades
locales del Departamento, iglesias cristianas, católica, sociedad civil y congresistas del Departamento
de Arauca, a conformar una comisión para que de manera inmediata se contacten con la Segunda
Marquetalia y el ELN con el propósito de conseguir suspendan los asesinatos y demás delitos en contra
de la población civil.
§8. ORDENAR a la Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central de las FARC, al ELN y demás grupos
ilegales, se abstengan de cometer cualquier delito en contra de la población civil del Departamento de
Arauca, mientras dialogan o tengan proceso de paz vigente con el gobierno nacional».
2. Fundamentos de la acción
La accionante manifestó que actúa en calidad de representante a la Cámara por el
Departamento de Arauca y como ciudadana araucana, para solicitar que se declare
el estado de cosas inconstitucional. Indicó que se están vulnerando los derechos
fundamentales a la vida, integridad, seguridad y justicia de la población del
Departamento de Arauca, a causa de la violencia sistemática y generalizada
realizada por grupos al margen de la ley y bandas criminales en el Departamento y
de la consecuente pérdida de control del territorio.
Afirmó que los ciudadanos de los siete municipios de Arauca se encuentran en una
situación de desprotección de manera permanente, por lo que su vida, dignidad
humana, integridad personal, libertad y bienes se encuentran en un riesgo extremo.
Sostuvo que «todas las actividades sociales, económicas, políticas y culturales le han sido
permeadas por el accionar de los grupos al margen de la ley, siendo víctimas de exterminio
sistemático, masacres, homicidios colectivos y selectivos, extorsiones, amenazas, desplazamiento
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forzado, como el ELN, LAS DISCIDENCIAS (sic) DE LAS FARC (SEGUNDA MARQUETALIA),
TREN DE ARAGUA Y BANDAS CRIMINALES».
Puso en conocimiento que radicó derechos de petición ante cada una de las
autoridades accionadas «para que realizaran acciones tendientes a impedir esta situación de
zozobra que viven todos los habitantes del Departamento de Arauca» y para que realizaran
acciones tendientes a que la situación de conflicto en el Departamento de Arauca
cese.
Consideró que las respuestas dadas a los diversos derechos de petición que ha
radicado demuestran que el Departamento se encuentra en una situación de olvido
institucional que vuelve cómplices a las autoridades estatales de las repercusiones
que sufre la población civil.
Manifestó que algunas de las respuestas presumen su falta de competencia y
remiten las peticiones a otras entidades, mientras que otras autoridades
manifestaron estar al tanto de la situación de violencia, pero no ofrecieron ninguna
solución efectiva para proteger la vida de los ciudadanos.
Adicionalmente, citó diversas noticias y reportajes periodísticos que han publicado
varios medios de comunicación sobre delitos cometidos por los grupos armados en
el territorio del Departamento de Arauca. Esto lo hizo con el fin de demostrar que en
el «Departamento de Arauca, se presenta una alta probabilidad de hechos de violencia en contra de
todos los actores de la democracia, los cuales se traducen en ACTOS DE COSTREÑIMIENTO AL
ELECTOR, CONTROL TERRITORIAL Y POBLACIONAL, AMENAZAS Y ATENTADOS CONTRA LA
VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL, RESTRICCIONES DE CIRCULACION QUE AFECTAN EL
NORMAL DESARROLLO DEL DEBATE POLITICO REGIONAL por parte de los grupos armados al
margen de la ley que hacen presencia en el territorio».
También indicó que los Estados tienen la obligación de garantizar los derechos
humanos con base en los pactos internacionales. Consideró que el Estado
colombiano tiene responsabilidad en los hechos narrados al no otorgar medidas de
protección reales a los ciudadanos. Por todo lo anterior, solicitó que se declarara el
estado de cosas inconstitucional en el Departamento de Arauca ante la violación
sistemática de los derechos fundamentales.
Finalmente, solicitó las siguientes medidas provisionales:
«De manera respetuosa, en los términos del inciso 4° del artículo 7° del Decreto 2591 de 19911, solicito
que con el auto admisorio de la presente tutela se dicten las siguientes medidas cautelares, orientadas
a proteger la vida, evitar el destierro de los araucanos de manera prioritaria, como también, evitar un
perjuicio irremediable (…)
1.1. ORDENAR al presidente de la República de Colombia, ministro de Defensa y a las Fuerzas Militares,
que de manera inmediata aumenten el pie de fuerza en el Departamento de Arauca, para impedir el
genocidio contra la población civil anunciado por la Segunda Marquetalia, en el video publicado el día 06
de noviembre de 2024 en la red social de Facebook del medio de comunicación CNC, como se aprecia
en el siguiente enlace del pie de página.
1.2. ORDENAR al presidente de la República de Colombia y a los miembros negociadores del Estado
Colombiano que, en los diálogos de paz con los alzados en armas en el departamento de Arauca, debe
exigir como requisito sine qua non el cese de todo tipo de hostilidades en contra de la población civil y
de todas las acciones violentas que atenten contra la vida, la dignidad humana, la integridad personal y
familiar, libertad de expresión y de locomoción de los Araucanos.
1.3. ORDENAR a la fiscalía general de la Nación que destaque de manera inmediata un grupo especial
de fiscales para investigar y acusar ante los jueces de la república a los responsables de las graves
amenazas que realiza alias “Pescado” en el video publicado el día 06 de noviembre de 2024 en la red
social de Facebook del medio de comunicación CNC.4
1.4. ORDENAR al presidente de la república para que AUTORICE a la Defensoría del Pueblo,
autoridades locales del departamento, iglesias cristianas, católica, sociedad civil y congresistas del
departamento de Arauca, conformar una comisión para que de manera inmediata se contacten con la
Segunda Marquetalia Estado Mayor Central de las FARC, y el ELN con el propósito de conseguir se
suspendan los asesinatos y demás delitos en contra de la población civil.
1.5. ORDENAR a la Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central de las FARC, al ELN y demás grupos
ilegales, se abstengan de cometer cualquier delito en contra de la población civil del Departamento de
Arauca, mientras dialogan o tengan proceso de paz vigente con el gobierno nacional».
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3. Trámite impartido e intervenciones
3.1. Inicialmente, el asunto fue repartido a la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas Nro. 2 que en sentencia de 26
de noviembre de 2024 declaró la improcedencia de la acción.
Mediante auto del 22 de enero de 2025, la Sala de Casación Civil, Rural y
Agraria de la Corte Suprema de Justicia, en sede de segunda instancia,
declaró la nulidad de todo lo actuado, sin perjuicio de la validez de las pruebas
recolectadas en primera instancia. Además, ordenó la remisión del expediente
al Consejo de Estado, para que se asumiera el conocimiento de la acción
constitucional presentada por la señora Lina María Garrido Martín.
3.2. Una vez allegada la tutela a esta Corporación, se repartió al despacho del
magistrado Milton Chaves García, quien manifestó su impedimento para
conocer del presente asunto, al señalar que como presidente del Consejo de
Estado contestó la petición radicada por la señora Lina María Garrido Martín,
y que justamente el trámite impartido a dicha petición es uno de los motivos
de inconformidad que manifiesta la accionante en el escrito de tutela. En
consecuencia, tiene interés en el resultado del proceso. Por tal motivo, señaló
estar incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 1 del artículo
56 del Código de Procedimiento Penal.
3.3. La señora Lina María Garrido Martín allegó memorial con sustentación de las
medidas cautelares solicitadas. Al respecto indicó que se han producido daños
irreparables en el Departamento de Arauca, por haber continuado los hechos
violentos desde la radicación de la acción de tutela hasta el momento de
presentación de dicho memorial. Adicionalmente, anexó diversas noticias de
medios de comunicación sobre hechos violentos en los meses de diciembre
de 2024 y enero de 2025.
3.4. Por auto del 10 de febrero de 2025, el despacho ponente declaró fundado el
impedimento manifestado por el magistrado Milton Chaves García y admitió la
acción de tutela contra la Presidencia de la República, la Consejería
Comisionada de Paz, la Consejería de Derechos Humanos, la Secretaría
Técnica de la Comisión Interinstitucional de Prevención del Reclutamiento de
Niños, Niñas y Adolescentes, la Corte Constitucional, la presidencia del
Consejo de Estado, la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, el
Congreso de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del
Pueblo y el Alto Comisionado Para la Paz.
Asimismo, negó la medida provisional solicitada, ordenó notificar a las partes
accionante y accionadas y dispuso vincular como terceros con interés al
Ministerio del Interior, a la Unidad Nacional de Protección, al Ministerio de
Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del
Pueblo Regional Arauca, a la Contraloría General de la República, a la Policía
Nacional, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio de Salud y
Protección Social, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Alcaldía
Municipal de Arauca y a la Gobernación de Arauca.
3.5. La Corte Suprema de Justicia solicitó que se declarara improcedente el
amparo por falta de legitimación en la causa por pasiva. Sostuvo que en virtud
de las facultades establecidas en el artículo 19 del Reglamento General de la
Corporación no tiene injerencia alguna en el asunto expuesto por la actora,
relacionado con la situación de violencia que vive la población civil del
Departamento de Arauca.
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3.6. La Presidencia del Consejo de Estado rindió informe en el que manifestó
que el 16 de julio de 2024 la actora radicó una petición ante la Corporación en
la que solicitó su intervención dada la situación que padecen los habitantes del
Departamento de Arauca.
Indicó que el 31 de julio de 2024 mediante oficio INT-2024-3617 contestó la
petición indicando a la actora que, de acuerdo con lo establecido en el artículo
237 de la Constitución Política y en las Leyes 270 de 1996 y 1437 de 2011, la
Corporación carece de competencia para intervenir en asuntos cuya
competencia es atribuida a las autoridades administrativas del poder Ejecutivo.
Por lo que, mediante oficios INT-2024-3618, INT-2024-3619, INT-2024-3620,
INT-2024-3621 e INT-2024-3622, todos del 31 de julio de 2024, se efectuaron
los traslados por competencia, respectivamente, al Ministerio de Defensa
Nacional, a la Defensoría el Pueblo, al Ministerio del Interior, a la Fiscalía
General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación.
También indicó que lo pretendido por la actora en la acción de tutela no puede
ser atendido por el Consejo de Estado, puesto que no hay ninguna función
relacionada con que «se mantenga la integridad territorial y asegure la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo en este territorio». Concluyó que no ha
vulnerado ningún derecho fundamental de la actora y solicitó negar las
pretensiones respecto de dicha dependencia.
Finalmente, afirmó que en el escrito de tutela se plantea una situación general
derivada del escenario de inseguridad y orden público. Y que frente a casos
como este la Corte Constitucional ha indicado que «si no se advierte la presencia
de un nexo de causalidad entre la vulneración de los derechos de la demandante y la acción
u omisión de la autoridad o el particular demandado, la tutela se torna improcedente, toda vez
que la amenaza o afectación del derecho para cuya protección se interpone la acción debe
existir y debe ser un derecho fundamental propio del demandante». Dicho lo anterior,
planteó la improcedencia de la acción de tutela, porque no cumple con el
requisito de subsidiariedad, al existir otros mecanismos con mayor idoneidad
y efectividad para los objetivos de la accionante.
3.7. El Municipio de Arauca indicó que la acción de tutela versa sobre la alteración
del orden público en el Departamento de Arauca, ocasionada por el aumento
de la violencia luego de que el presidente de la República y el Ministerio de
Defensa decretaran el cese al fuego bilateral y temporal con grupos al margen
de la ley como el Ejército de Liberación Nacional, las Autodefensas Gaitanistas
de Colombia y la Segunda Marquetalia disidencias de las FARC-EP.
Informó que existe una acción popular con las mismas pretensiones con
Radicado Nro. 81001-23-39-000-2024-00060-00 Demandante: Fundación para el
Estado de Derecho, Demandado: Nación, Departamento Administrativo de
Presidencia de la República, Ministerio de Defensa y otros.
Sostuvo que no le consta ninguno de los hechos y que son apreciaciones
subjetivas de la actora, por lo que a ella le corresponde la carga de la prueba.
Reprochó el material probatorio aportado, teniendo en cuenta que no es
posible dar certeza a información difundida en medios de comunicación.
Se opuso a todas las pretensiones de la acción de tutela, pues consideró que
el asunto compete directamente a la Presidencia de la República, al Ministerio
de Defensa y al Ministerio de Interior. Indicó que la alcaldía ha realizado todas
las acciones posibles para combatir los hechos violentos que ocurren en el
municipio, en la medida de sus posibilidades. Para ello allegó las actas de los
Consejos de Seguridad realizados en el 2024 y destacó las siguientes:
• acta 02, (enfrentamiento grupo delincuenciales sector conocido como los guires),
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• acta 04 (identifica que la violencia no es por grupos al margen de la ley ELN -FARC
disidencias, sino por bandas de micro tráfico,
• Acta 08 (ataque contra la fuerza pública)
Finalmente, propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva, puesto que
la accionante no identificó alguna acción u omisión del municipio que amenace
sus derechos fundamentales. Afirmó que el escrito de tutela expone una
problemática general del Departamento de Arauca y no expone nexo causal
que permita atribuir responsabilidad al municipio de Arauca en dichos hechos.
3.8. El Senado de la República indicó que se oponía a las pretensiones de la
acción de tutela, puesto que este mecanismo estaba diseñado para proteger
derechos individuales y que la titularidad para su defensa era del individuo
directamente afectado. Sostuvo que no se satisface el requisito de legitimación
en la causa por activa, puesto que la señora Lina María Garrido Martín no
busca la protección de sus propios derechos, sino que manifiesta actuar en
condición de representante a la Cámara «de los ciudadanos colombianos del
Departamento de Arauca y ciudadana araucana». Sin embargo, no se acreditó una
agencia oficiosa ni una representación ratificada de algún ciudadano.
Por otro lado, consideró que la pretensión principal de la accionante era la
declaración de un estado de cosas inconstitucional por la violencia sistemática
y generalizada que sufren los ciudadanos del Departamento de Arauca. Al
respecto sostuvo que ese tipo de declaratoria corresponde de manera
exclusiva y excluyente a la Corte Constitucional. Por lo tanto, afirmó que el
despacho ponente carece de competencia para analizar y resolver dicha
solicitud.
Adicionalmente, indicó que el Congreso de la República está comprometido en
el fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a intervenir en zonas de
conflicto como el Departamento de Arauca. Por lo que ha diseñado leyes para
atender los territorios en conflicto, como la Ley 2272 de 2022. Dicha ley señala
que se creará una comisión de paz que busca hacer realidad los diálogos de
paz entre actores armados y autoridades.
Sin embargo, sostuvo que las autoridades legislativas no serían las
competentes para satisfacer las pretensiones de la accionante, puesto que ello
vulneraría el principio de legalidad y la prohibición expresa de la Constitución
de inmiscuirse en asuntos de otras autoridades. Asimismo, indicó que el
presidente de la República es el encargado del restablecimiento del orden
público. También aseguró que la acción constitucional de cumplimiento sería
una herramienta más adecuada para solicitar la posible ausencia de
instituciones obligadas a restablecer las condiciones de vulneración narradas.
Finalmente, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, en cuanto
al Congreso de la República, se le desvincule y sean negadas las pretensiones
que pudieran atribuírsele.
3.9. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a los hechos y
pretensiones presentados por la accionante, pues dentro de su marco misional
y de competencia, no se encuentra ninguna relacionada con garantizar el
orden público en el territorio nacional. Al respecto, indicó que su rol es
presupuestal, en el que asigna recursos a cada entidad estatal y que son
aquellas las encargadas de administrar y ejecutar los recursos.
Por lo anterior, afirmó no haber vulnerado ningún derecho fundamental y
solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela respecto de
dicha autoridad, por falta de legitimación en la causa por pasiva.
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3.10. La Dirección Seccional de Arauca de la Fiscalía General de la Nación
indicó que dentro de dicha Dirección se encuentra creada la Fiscalía 10°
Delegada ante Jueces Municipales y Promiscuos - Unidad de Estructura de
Apoyo y que ha designado cuatro despachos, para el conocimiento del delito
de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores
públicos. Sostuvo que estos despachos trabajan articuladamente con los
Grupos de Homicidios Colectivos y Derechos Humanos de la Delegada para
la Seguridad Territorial, la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis
contra la Criminalidad Organizada (DAIACCO), la Dirección de Apoyo a
la Investigación y Análisis para la Seguridad Territorial (DAIAST) y la Unidad
Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación.
Finalmente, indicó que la indagación se desarrolla bajo criterios de análisis de
contexto y enfoque territorial, que permita el esclarecimiento y judicialización
de los presuntos autores y partícipes de delitos en el territorio araucano.
3.11. La Corte Constitucional indicó que, con base en sus facultades
constitucionales (art. 241 de la Constitución Política) y legales (Decreto 2591
de 1991), no está llamada a responder por la presunta vulneración de derechos
fundamentales, puesto que la accionante busca la creación de políticas
públicas y diálogo con grupos al margen de la ley para que se abstengan de
cometer delitos contra la población civil.
También manifestó que la declaración de un estado de cosas inconstitucional
requiere que se acrediten diversos elementos, que en el presente caso no
existen. Por lo anterior, consideró que carece de legitimación en la causa por
pasiva para controvertir las pretensiones de la accionante. Finalmente, solicitó
su desvinculación del proceso de la referencia.
3.12. La Procuraduría General de la Nación indicó que ha llevado a cabo diversas
acciones relacionadas con las pretensiones de la acción de tutela a través de
tres oficinas.
A través de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos
Humanos se han realizado acciones para fortalecer la recepción de
declaraciones individuales y masivas que adelantan las personerías
municipales como consecuencia del accionar de los grupos armados ilegales
que se disputan el control territorial del Departamento. Ejemplo de ello son las
comisiones especiales extraordinarias en las que delegados de la
Procuraduría se desplazan a todos los municipios del Departamento de Arauca
para la toma de declaraciones.
A través de la Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión 5
para el Seguimiento del Acuerdo de Paz se hace control a la política pública
de víctimas y por consiguiente a las entidades del Sistema Nacional de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV). Informó que, a través
de dicha dependencia se dio respuesta a las preguntas 4, 5, 6 del cuestionario
de la Proposición 3 "SEGURIDAD NACIONAL Y ORDEN PÚBLICO.", presentado
por la Representante Lina María Garrido Martín, remitido por la oficina del
consejero comisionado de paz en oficio OF124-00211785/GFPU 13020000.
Indicó que con oficio DSAP-15128400000-E-2024 702966 de fecha 12 de
noviembre de 2024, dio respuesta a la representante, dando un contexto
general sobre la situación de violencia en el Departamento de Arauca y las
gestiones realizadas por dicha dependencia.
Finalmente, indicó que la Procuraduría Regional de Instrucción de Arauca ha
realizado acciones a través de dos dependencias. Por un lado, la Comisión
Regional del Ministerio Público para la Justicia Transicional de Arauca, creada
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Demandante: Lina María Garrido Martín
para fortalecer la articulación de las entidades que conforman el Ministerio
Público en el orden nacional y el local. Señaló que periódicamente solicita
información a las entidades territoriales sobre las acciones que están llevando
a cabo para cumplir con la política de víctimas y la implementación del Acuerdo
de Paz.
Por otro lado, el Comité Regional del Ministerio Público para el seguimiento a
la Respuesta Rápida y de las Alertas Tempranas que revisa las advertencias
emitidas por la Defensoría sobre los riesgos que enfrenta una comunidad en
relación con la vulneración de sus derechos humanos. Manifestó que para el
Departamento de Arauca se han emitido tres alertas tempranas en el año
2023, que en el 2024 se realizaron cuatro sesiones para el seguimiento a la
respuesta rápida dada a las alertas tempranas con diversas conclusiones o
propuestas de acción para hacer frente a la situación del Departamento de
Arauca.
Como fundamento de su defensa indicó que ha realizado sus funciones
preventivas a cabalidad y que no coadministra resultados, ni cogestiona con
la administración para conducir sus decisiones. Por lo anterior, solicitó su
desvinculación del proceso.
3.13. La Unidad Nacional de Protección indicó que los hechos y pretensiones de
la acción de tutela no guardan ningún tipo de relación con dicha entidad.
Sostuvo que los llamados a pronunciarse sobre los hechos expuestos son los
accionados, por lo que se configura la falta de legitimación en la causa por
pasiva. También afirmó que no ha vulnerado ningún derecho fundamental de
la accionante.
Por otro lado, indicó que recibió el traslado de dos peticiones radicadas por la
accionante ante la Presidencia de la República y la Vicepresidencia de la
República. Informó que había respondido dichas peticiones en oficios del 5 de
agosto de 2024 y otros. Por lo tanto, consideró que se configuraba la carencia
actual del objeto por hecho superado respecto de las peticiones radicadas por
la accionante.
Finalmente, solicitó ser desvinculada de esta acción constitucional y
subsidiariamente que se declare la improcedencia de la acción de tutela
respecto de la Unidad Nacional de Protección.
3.14. La Fiscalía General de la Nación afirmó que la acción de tutela no cumple
con el requisito de legitimación en la causa por pasiva respecto de la entidad.
Indicó que no violó o amenazó ningún derecho fundamental de la accionante,
ya que esta no ha puesto en conocimiento de la Fiscalía la presunta comisión
de un delito. Por lo tanto, indicó que si lo que requiere la actora es presentar
una denuncia, la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para tal fin.
También señaló los canales oficiales de denuncia con los que cuenta la
entidad.
Por otro lado, manifestó que no es la llamada a formular políticas públicas
sobre la situación de violencia que se vive en el Departamento de Arauca y
solicitó que se declarara la improcedencia de este mecanismo constitucional y
su desvinculación del proceso.
3.15. El Ministerio de Justicia y del Derecho indicó que, si bien es un hecho
notorio la situación de violencia que atraviesa el Departamento de Arauca, no
le consta ninguno de los hechos expuestos por la accionante, con el nivel de
profundidad y detalle manifestado.
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Demandante: Lina María Garrido Martín
Informó que la señora Garrido Martín radicó una petición que fue trasladada
por competencia a dicho Ministerio el 29 de octubre de 2024. Sostuvo que dio
respuesta a dicha petición el 3 de noviembre de 2024, por lo que no ha
desconocido el derecho de petición de la accionante.
Finalmente, propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva de dicha
entidad, puesto que no ha intervenido en los hechos mencionados, ni ha
vulnerado los derechos que se invocan, ni dichos hechos guardan relación con
las funciones y competencias de dicha entidad.
Por todo lo anterior, solicitó que negaran las peticiones del escrito de tutela
respecto del Ministerio de Justicia y del Derecho.
3.16. El Departamento de Policía de Arauca manifestó que la tutela presentada no
cumple con el requisito de subsidiariedad, puesto que la accionante no ha
agotado otros medios de defensa como la acción popular, por lo que la acción
de tutela es improcedente. No obstante, informó que en el año 2024 se han
cometido 148 homicidios de los cuales el 94% han sido perpetrados por la
confrontación entre grupos armados al margen de la ley. También brindó
información sobre otros delitos como masacres, extorsión y desplazamiento
forzado.
Adicionalmente, sostuvo que ha desplegado diversas acciones contra el actuar
de los grupos delincuenciales y enumeró diversas operaciones y capturas a
miembros de dichas estructuras.
Finalmente, solicitó que se desvinculara a la Policía Nacional por carecer de
legitimación en la causa por pasiva y que se declarara la improcedencia de la
acción de tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
3.17. La Presidencia de la República indicó que estableció la creación de una
dirección temática de apoyo para el cumplimiento de las funciones asignadas
a la Oficina del consejero comisionado para la paz y que dicha dependencia
tiene la función de coordinar con la Consejería Presidencial para los Derechos
Humanos, la realización de actividades en el territorio nacional con
el propósito de construir una cultura de paz y reconciliación.
También manifestó que las reclamaciones que formula la accionante no le son
imputables a la Presidencia de la República, puesto que el despliegue de la
fuerza pública está a cargo de la alcaldías locales, la Gobernación de Arauca
y el Ministerio de Defensa. Afirmó que dichas autoridades poseen autonomía
funcional y territorial por lo que la intervención de la Presidencia de la
República implicaría una intromisión y extralimitación a las facultades que le
están dadas.
Por otro lado, indicó que no había vulnerado ningún derecho fundamental de
la accionante, puesto que contestó debidamente las peticiones radicadas ante
cada una de sus dependencias. Finalmente, consideró que la acción de tutela
presentada no demuestra una afectación directa de los derechos
fundamentales de la accionante y que busca atacar una situación general que
no puede ser atendida en una sentencia de tutela que tiene efectos inter
partes.
Por todo lo anterior, solicitó que se le desvinculara de este proceso, que se
declarara la improcedencia de este mecanismo constitucional ante la
inexistencia de una acción u omisión atribuible a la Presidencia de la República
que pudiera generar una vulneración a los derechos fundamentales invocados
por la accionante. Y que se negaran las pretensiones respecto de la
Presidencia de la República o alguna de sus dependencias.
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Demandante: Lina María Garrido Martín
3.18. El Ministerio de Salud y Protección Social indicó que lo pretendido en la
acción de tutela no hace parte de la órbita funcional de dicha entidad, por lo
que se opuso a todas las pretensiones formuladas. Adicionalmente, indicó que
no ha vulnerado ningún derecho fundamental de la actora y que carece de
legitimación en la causa por pasiva para atender la situación narrada en los
hechos del escrito de tutela. Solicitó declarar la improcedencia de la acción de
tutela respecto de dicha autoridad y exonerarla de cualquier responsabilidad.
3.19. El Ministerio del Interior indicó que las pretensiones del escrito de tutela no
están dirigidas a dicha entidad. Adicionalmente, informó su participación en las
reuniones de seguimiento a las alertas tempranas del Departamento de
Arauca a las que ha asistido y resaltó las conclusiones de dichas reuniones.
También manifestó que no tiene legitimación en la causa por pasiva, puesto
que no existe un nexo causal entre la presunta vulneración de derechos
fundamentales invocada y alguna acción u omisión del Ministerio. Para ello
señaló cuales eran las funciones de dicha entidad y afirmó que no tiene
competencia en el asunto que suscita la acción de tutela.
Finalmente, solicitó que se declarara probada la inexistencia de vulneración de
derechos fundamentales por parte del Ministerio del Interior y que se le
desvinculara del presente trámite constitucional.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para
la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante
situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades,
o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es
subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer si la
señora Lina María Garrido Martín cuenta con legitimación en la causa por activa
para la interposición de la presente acción de tutela. Solo en caso de superar dicho
análisis, se determinará si las autoridades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la parte actora.
Adicionalmente, no se efectuará análisis del derecho fundamental de petición,
debido a que de las pretensiones formuladas y de lo expuesto en el escrito de tutela
se desprende que la accionante no persigue la protección de tal derecho, sino el
diseño de una política pública y el diagnóstico de la situación actual de violencia y
conflicto armado vivida en el Departamento de Arauca, entre otras.
3. Legitimación en la causa por activa en materia de acción de tutela
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, la acción de
tutela es un mecanismo de defensa judicial al que puede acudir cualquier persona
para pedir la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando resulten
vulnerados o amenazados como consecuencia de acciones u omisiones de
autoridades o de particulares, en los eventos delineados por la Constitución y la ley.
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Demandante: Lina María Garrido Martín
El artículo 10 del Decreto 2591 de 19913 señala que la acción de tutela puede
ejercerse de las siguientes maneras: (i) en forma directa, (ii) por intermedio de un
representante legal (caso de los menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y
personas jurídicas), (iii) mediante apoderado judicial (abogado titulado con poder judicial
o mandato expreso), o (iv) a través de agente oficioso4 (cuando el titular del derecho no
está en condiciones de promover su propia defensa). Asimismo, dicha norma señala que
(v) tanto el defensor del pueblo como los personeros municipales estarán
legitimados para ejercer la acción de tutela.
La Corte Constitucional ha considerado como requisito para que se configure la
legitimación en la causa en las acciones de tutela, la identidad entre el titular del
derecho fundamental vulnerado y quien ejerce la acción de tutela. De tal forma que
el único que, en principio, está legitimado para interponer la tutela del derecho
fundamental amenazado es el titular de este, ya sea directamente o por intermedio
de apoderado judicial debidamente constituido, o a través de agente oficioso, en
aquellos eventos en que se reúnan los requisitos para la procedencia de esta última
figura.
Sobre la importancia de la legitimación en la causa por activa en el trámite de la
acción de tutela, la jurisprudencia constitucional ha señalado que no se trata de un
requisito o exigencia mínima, sino necesaria, en la medida que garantiza la
protección de los derechos fundamentales. Así, en Sentencia T-403 de 1995 precisó:
«…como quien pidió la tutela evidentemente no tenía la titularidad de todos los derechos
fundamentales reclamados, la jurisdicción constitucional no podría, sin perjuicio del debido
proceso, proferir sentencia favorable a sus pretensiones, porque el interés subjetivo y
específico en la resolución de la supuesta violación de los derechos constitucionales
fundamentales reseñados en la demanda, corresponde a persona distinta que no intervino en
el proceso. Por lo tanto, por este aspecto, la Sala cree que el actor incurrió en un error
insubsanable cuando pretendió, mediante tutela, defender varios derechos ajenos como si
fueran suyos…».
Asimismo, en la Sentencia T-1191 de 2004 el tribunal constitucional indicó que la
finalidad del requisito de procedibilidad de legitimación en la causa por activa es el
de evidenciar el interés directo del accionante en relación con las pretensiones
planteadas en la demanda de tutela. Por ende, debe el juez constitucional asegurar
que «el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio del
demandante y no de otra persona».
En la Sentencia T-697 de 2006 la Corte Constitucional explicó que «... la exigencia de la
legitimidad activa en la acción de tutela no corresponde a un simple capricho del legislador, sino que
obedece al verdadero significado que la Constitución de 1991 le ha dado al reconocimiento de la
dignidad humana, en el sentido de que, no obstante las buenas intenciones de terceros, quien decide
si pone en marcha los mecanismos para la defensa de sus propios intereses, es sólo la persona
capaz para hacerlo». Y en la Sentencia T-878 de 2007 la Corte Constitucional fue
enfática en señalar que, pese a la informalidad de la acción de tutela, «la legitimación
para presentar la solicitud de amparo, así como para actuar dentro del proceso, debe encontrarse
plenamente acreditada»5.
3
Decreto 2591 de 1991. Artículo 10. «Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y
lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma
o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando
el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales».
4
Cuando la acción de tutela se interpone por intermedio de agente oficioso, la Corte Constitucional (Sentencia T-004 de
2013) ha exigido que se cumpla con los siguientes elementos: (i) el agente oficioso debe manifestar que está actuando
en esa calidad; (ii) del escrito de tutela se debe inferir que el titular del derecho está imposibilitado para ejercer
directamente la acción de tutela, por circunstancias que necesariamente deberán denotar fuerza mayor o caso fortuito;
(iii) la agencia oficiosa es informal, puesto que esta no implica que deba existir una relación formal entre el agente y el
agenciado, y (iv) la ratificación de lo actuado dentro del proceso.
5
En este sentido, ver entre otras, las siguientes sentencias: T-978 de 2006, T-912 de 2006, T-542 de 2006, T-451 de 2006,
T-451 de 2006, T-356 de 2006 y T-809 de 2003.
En la sentencia T-899 de 2001 esta Corporación afirmó que: «La exigencia de la legitimidad activa en la acción de tutela,
no corresponde a un simple capricho del legislador, sino que obedece al verdadero significado que la Constitución de
1991 le ha dado al reconocimiento de la dignidad humana, en el sentido de que, no obstante las buenas intenciones de
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Demandante: Lina María Garrido Martín
Asimismo, la Corte Constitucional ha indicado que, so pretexto de ejercer la acción
de tutela, no puede asumirse de forma indeterminada o ilimitada la representación
de otra persona; y que la informalidad propia de este mecanismo de protección
constitucional no supone que la inexistencia de requisitos mínimos de procedibilidad
como la legitimación en la causa por activa6.
4. Análisis en el caso
Explicado lo anterior, se observa que en el caso la accionante no cumple con el
requisito de legitimación en la causa por activa, pues se encuentra que aquella no
está persiguiendo la protección de sus propios derechos fundamentales, sino los de
los habitantes del Departamento de Arauca.
Si bien la accionante manifestó actuar en su calidad de ciudadana araucana, la
situación por ella narrada no hace alusión a una afectación directa y personal a sus
derechos, sino a una grave problemática ocurrida en el Departamento de Arauca
que aqueja a los habitantes de ese territorio. Por consiguiente, aunque la tutelante
invocó un lazo de origen, este no es suficiente para demostrar que sus derechos
subjetivos son los afectados.
Asimismo, tampoco se advierte que aquella funja como representante legal o
apoderada judicial de los habitantes del Departamento de Arauca y tampoco tiene
la calidad de defensora del pueblo o personera municipal.
Ahora bien, frente a la agencia oficiosa la Corte Constitucional7 ha señalado que
deben acreditarse los siguientes elementos: (i) el agente oficioso debe manifestar
que está actuando en esa calidad; y (ii) en el expediente de tutela debe obrar prueba
siquiera sumaria de que el agenciado no se encuentra en condiciones para
interponer la acción.
En el caso, sin embargo, la tutelante no alegó actuar en calidad de agente oficiosa
de los ciudadanos del Departamento de Arauca, ni allegó prueba, al menos sumaria,
de la cual se desprenda que estos últimos se encuentran imposibilitados para
asumir directamente la defensa de sus derechos. Por ende, al no haberse
acreditado la imposibilidad de la ciudadanía de tal territorio para defender sus
derechos por sí misma, la Sala no encuentra acreditada la agencia oficiosa.
Si bien la Corte Constitucional ha establecido que la ratificación no es un requisito
sine qua non para la configuración de la agencia oficiosa, en palabras de tal tribunal
constitucional esta última «convalida la gestión adelantada por el agente y, en consecuencia,
le otorga legitimación en la causa por activa»8. En el caso, tampoco se encuentra que en el
curso de la acción de tutela alguna organización social o un grupo de ciudadanos
haya ratificado la acción de tutela presentada por la accionante.
Por otra parte, el solo hecho de que la accionante tenga la calidad de representante
a la Cámara no la legitima para presentar una acción de tutela en nombre de los
habitantes del departamento que representa. Sobre esta materia, en Sentencia SU-
173 de 2015 la Corte Constitucional sostuvo que «si bien los Senadores tienen la facultad
de representar políticamente a sus votantes en el ejercicio de sus funciones por circunscripción
nacional, ello no los faculta para intervenir como “parte” en procesos contenciosos en representación
de sus electores».
Asimismo, en esa sentencia de unificación la Corte Constitucional aseguró que la
representación que detentan los congresistas de la República frente a la ciudadanía
terceros, quien decide si pone en marcha los mecanismos para la defensa de sus propios intereses, es sólo la persona
capaz para hacerlo».
6
Corte Constitucional. Sentencia T-417 de 2013.
7
Corte Constitucional. Sentencia T-004 de 2013.
8
Corte Constitucional. Sentencia T-461 2021.
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Demandante: Lina María Garrido Martín
y sus electores se circunscribe al artículo 150 superior. También explicó que en ese
caso el senador que interpuso la tutela analizada no contaba con legitimación en la
causa por activa, debido a que no acreditó una afectación directa a sus derechos
fundamentales, así como tampoco alegó actuar como agente oficioso ni demostró
la imposibilidad de las personas a quienes deseaba representar de actuar en
nombre propio.
Así lo expresó la Corte en la Sentencia SU-173 de 2015:
«el artículo 133 de la Constitución Política señala que los miembros de cuerpos colegiados
representan al pueblo y que son responsables políticamente ante la sociedad y frente a sus
electores del cumplimiento de las “obligaciones propias de su investidura”. De este modo, la
representación a que hace referencia esta disposición se circunscribe a las obligaciones que
se señalan expresamente en el artículo 150 Constitucional, entre las cuales no se incluye la
de ejercer “agencia oficiosa” o “representación judicial” de sus electores. (…)
Ahora bien, invoca (…) como precedente para demostrar su legitimación en la causa, la
sentencia T-410 de 2003, interpuesta por un concejal como miembro de una corporación
colegiada de elección popular en favor de sus “coterráneos”; sobre el punto se debe precisar
que en efecto en dicha providencia se habilitó como parte actora al Concejal del Municipio de
Versalles – Departamento del Valle del Cauca, al verificar que si bien la tutela no era
procedente en representación de sus conciudadanos, sí lo era a nombre propio, dado que
como habitante del municipio se encontraba directamente afectado por la ausencia de
sistemas de acueducto y alcantarillado y, en ese orden como titular directo de los derechos
fundamentales a la vida y a la salud conculcados por la omisión en la adecuada prestación de
estos servicios, aclarando en todo caso la Corte que en su condición de Concejal no se
encontraba habilitado para incoar acción de tutela en representación de sus “coterráneos”.
En ese orden, concluye la Sala la falta de legitimación por activa del señor Rodrigo Lara
Restrepo para iniciar el presente trámite, en su entonces condición de Senador de la
República, al carecer de habilitación legal para actuar como “parte” actora en una acción de
tutela como agente oficioso o representante judicial de sus electores.
15. Tampoco encuentra la Sala legitimación por activa del gestor de la acción en su condición
de ciudadano puro y simple, en la medida que no demostró una afectación subjetiva o
individual a su derecho fundamental al debido proceso dentro del trámite de anulación de laudo
arbitral cursado en sede Contencioso Administrativa, entre otras cosas, porque carece de la
condición de “parte”, es decir de interés legítimo que lo vincule al proceso de anulación de
laudo arbitral del cual predica un defecto que vulnera el debido proceso. En esos términos,
tampoco puede el actor lograr por esta vía la protección a un derecho colectivo (patrimonio
público) alegando conexidad con un derecho fundamental del cual no es titular.
Y menos aún encuentra la Sala Plena que el señor (…) como ciudadano del común haya
actuado como agente oficioso en la medida que: i. no existió ninguna manifestación por parte
de éste en este sentido, pues siempre invocó su condición de Senador y de ciudadano. ii. no
se demostró imposibilidad alguna para que cualquiera de los interesados hubiese accedido a
la acción de tutela; de hecho el Municipio de Neiva accede a la acción de tutela alegando
coadyuvancia, lo que reitera que no existía obstáculo alguno para incoar la acción.
16. Lo expuesto permite concluir que existe para la Sala Plena una dificultad en cuanto a la
legitimación en la causa por activa y la procedibilidad misma de la presente acción. (…)
17.3 En esos términos, la Corte encuentra probada la falta de legitimación por activa del señor
(…) en su condición de Senador, ciudadano y/o agente oficioso para interponer esta acción».
A su vez, en la Sentencia SU-150 de 2021 la Corte Constitucional estudió una acción
de tutela interpuesta por un senador de la República en nombre de los habitantes
de varios municipios del territorio colombiano y víctimas del conflicto armado. La
Corte reconoció que exigirle a cada una de las personas que pretendía representar
el senador en la acción de tutela, que superaban las 6.000, que interpusieran una
tutela cada uno implicaría el fenómeno de la tutela masiva que se pretendió controlar
a través del Decreto 1834 de 2015. Por lo tanto, manifestó que era viable la
presentación de una sola acción de tutela en representación de los mencionados
habitantes y víctimas, siempre que esta fuera presentada a través de un apoderado
judicial, por la Defensoría del Pueblo o personeros municipales o por un agente
oficioso.
Así lo explicó la Corte:
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00380-00
Demandante: Lina María Garrido Martín
«143. Como punto de partida, este tribunal debe señalar que, en la práctica, tres serían las
vías para que las víctimas pudiesen satisfacer este derecho con ocasión de la cuestión
sometida a decisión. La primera consistiría en exigir que todas y cada una de ellas deban
presentar una acción de tutela para acreditar que tienen un interés directo y particular en el
asunto y que consienten en las pretensiones que se solicitan al juez. Esta alternativa si bien
garantiza tener plena certeza de que se cumple el requisito de voluntariedad que se exige para
acudir ante la administración de justicia, resultaría excesiva y gravosa frente a la economía y
eficiencia procesal, pues se estaría requiriendo en la práctica acudir al escenario de la
presentación masiva de tutelas, el cual se pretendió superar normativamente con el Decreto
1834 de 2015. De ahí que, lo idóneo y pertinente sería exigir la presentación de una única
acción que reúna en un solo texto la controversia.
144. La segunda vía susceptible de ser utilizada implicaría exigir que la única tutela que se
radique sea suscrita por todas las víctimas, aun cuando se trata de una opción jurídicamente
posible, igualmente es contraria a la economía y eficiencia procesal, más allá de que en la
práctica pueda considerarse como irrealizable (piénsese en una demanda suscrita por
6.670.368 personas), sobre todo cuando, como en este caso, la pretensión corresponde a
un interés homogéneo, en el que a partir de la solicitud de un solo individuo con características
uniformes, el amparo se extendería por igual a todos los que se encuentran en la misma
situación. En este contexto, no solo sería entonces idóneo, adecuado y pertinente requerir una
única acción, sino que, además, para su eficacia, sería suficiente que la suscriba una única
persona en representación de las otras.
145.Finalmente, la tercera vía correspondería precisamente a la acabada de señalar, esto es,
que es suficiente una única acción, propuesta por una sola persona, actuando en
nombre y representación de las víctimas. Para ello se admitirían las tres opciones que
brinda el ordenamiento jurídico, a saber: (i) actuar por medio de un apoderado judicial;
(ii) utilizar el auxilio que brinda la Defensoría del Pueblo y los personeros municipales;
o (iii) recurrir a la alternativa de la agencia oficiosa, siempre que se cumplan con los
requisitos mencionados con anterioridad» (Negrillas propias).
Sin embargo, en el caso no se cumplen las condiciones descritas por la
jurisprudencia constitucional. Como ya se explicó, la señora Lina María Garrido
Martín no es apoderada judicial de los habitantes a quienes pretende representar,
tampoco es defensora pública ni personera municipal y tampoco se acreditaron los
requisitos de la agencia oficiosa pues no se invocó tal condición, ni se acreditó la
imposibilidad de que los habitantes del Departamento de Arauca ejerzan la defensa
de sus derechos por sí mismos.
Por lo tanto, al margen de que la accionante tenga un interés genuino en la
problemática planteada en el escrito de tutela y de su legítimo afán por lograr
medidas concretas para la superación de esta última, se considera que aquella no
acreditó, al menos de forma sumaria, ninguno de los requisitos dispuestos
jurisprudencialmente para la configuración de la legitimación en la causa por activa.
Finalmente, la Sala subraya que es condición imprescindible para efectuar un
análisis de fondo que la persona que promueva la acción esté legitimada en la causa
por activa. Solo así será procedente, proseguir al siguiente estadio de análisis
consistente en determinar si las autoridades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales alegados. Por ende, al no acreditarse tal condición, en el caso
propuesto por la accionante no hay lugar a efectuar el estudio en mención.
5. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala concluye que en el caso no se cumple con el
requisito de legitimación en la causa por activa.
En consecuencia, se declarará la improcedencia de la acción de tutela interpuesta
por la señora Lina María Garrido Martín.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
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Demandante: Lina María Garrido Martín
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la señora Lina
María Garrido Martín, por las razones expuestas en la motivación precedente.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
15
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