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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00383-01

Fecha
12 de junio de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00383-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00383-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

12 de junio de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00383-01
Demandante: Beatriz Quinayás Pipicano

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00383-01
Demandante: BEATRIZ QUINAYÁS PIPICANO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Improcedencia. Falta de relevancia
constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 7
de marzo de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
que declaró improcedente la presente acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 24 de enero de 2025, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, la señora
Beatriz Quinayás Pipicano pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad, así como la aplicación del principio de favorabilidad.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 22
de agosto de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca que confirmó la
decisión de primera instancia de denegar las pretensiones en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado nº 19001-33-33-003-2019-00154-00/01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Tutelar mis derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, y favorabilidad.
2. Dejar sin efecto la sentencia No. 110 del 22 de agosto de 2024, emitida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, y ordenar que se emita una nueva decisión conforme a la jurisprudencia y
normativa aplicables.
3. Ordenar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

La señora Beatriz Quinayás Pipicano manifestó que suscribió contratos de prestación de
servicios con el municipio de Almaguer, departamento del Cauca, entre el 1º de enero de
1993 y el 10 de diciembre de 2002, para cumplir funciones como docente. Que promovió
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el ente territorial, con la que
pretendía el reconocimiento de una relación laboral encubierta.

El Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Popayán dictó sentencia de
primera instancia el 24 de octubre de 2011 en el proceso de nulidad y restablecimiento

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Demandante: Beatriz Quinayás Pipicano

del derecho con radicado 19001-23-31-753-2007-00005-00, en la que reconoció la
existencia de una relación laboral encubierta en contratos de prestación de servicios
celebrados entre la tutelante y el municipio de Almaguer.

En consecuencia, por un lado, declaró la prescripción trienal de las prestaciones sociales
causadas antes del 23 de enero de 2001 y, por otro lado, ordenó al alcalde del municipio
pagar a la señora Quinayás Pipicano las prestaciones sociales derivadas de la relación
laboral docente, entre el 24 de enero de 2001 y el 12 de diciembre de 2002.

El 10 de julio de 2014, el Tribunal Administrativo del Cauca modificó la decisión descrita
en el párrafo anterior e indicó que se debía reconocer a la señora Quinayás Pipicano las
prestaciones sociales y derechos laborales comprendidos entre el 1 de enero de 1993 y
el 10 de diciembre de 2002.

Explicó que <<En situaciones como el caso bajo examen, el restablecimiento del derecho no
puede consistir en el reintegro, ni el pago de los emolumentos dejados de percibir, pues
evidentemente el cargo no existe en la planta de personal, pero si se debe ordenar el pago de la
indemnización equivalente a las prestaciones sociales que devenga cualquier docente al servicio
del Municipio y no en la calidad de servidor público, puesto que para alcanzar tal condición es
necesario que se configure una relación legal y reglamentaria: que la planta de personal
contemple el empleo, y que exista disponibilidad presupuestal para atender el servicio, hechos
que no se probaron en el presente asunto>>.

Por otro lado, el 10 de octubre de 2013, la señora Quinayás Pipicano pidió al municipio
de Almaguer que le reconociera y pagara la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de
19951. En vista de que no recibió respuesta a su petición, promovió demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho contra el municipio para que se declarara la existencia de
un acto ficto y se ordenara el reconocimiento y pago de la señalada sanción moratoria
por el pago tardío de las cesantías definitivas.

La demanda se adelantó bajo el radicado 19001-33-33-003-2019-00154-00 y
correspondió al Juzgado Tercero Administrativo de Popayán que, por sentencia del 21
de octubre de 2021, dictada en audiencia inicial, denegó las pretensiones al estimar que
las providencias que ordenaron el pago de prestaciones sociales a favor de la
demandante no le otorgaron la condición de servidora pública y, por ello, no se le podía
aplicar la Ley 244 de 1995.

Inconforme, la demandante apeló y argumentó que la sanción moratoria operaba de
manera automática por el trascurrir del tiempo. Que, tras la ejecutoria de la sentencia que
le reconoció las cesantías definitivas derivadas del contrato laboral, se configuraba un
derecho adquirido y que al no efectuarse el pago durante el término establecido por la
ley, se debía declarar la sanción moratoria.

Por sentencia del 22 de agosto de 20242, el Tribunal Administrativo del Cauca confirmó
la decisión apelada, básicamente por las mismas consideraciones del a quo.

4. Fundamentos de la acción

La parte actora nada dijo sobre el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En cuanto al fondo del
asunto, no se identificaron los defectos que alegaría, sin embargo, de lo que se entiende,
la Sala los resumirá en los siguientes vicios de fondo:

Defecto sustantivo porque, a juicio de la demandante, el Tribunal Administrativo del
Cauca malinterpretó la Ley 244 de 1995, debido a que la sanción moratoria opera

1 <<por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se
establecen sanciones y se dictan otras disposiciones>>.
2 Comunicada por correo electrónico el 28 de agosto de 2024, de modo que fue efectivamente notificada el 30 de

agosto de 2024.

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automáticamente luego de trascurrido 45 días hábiles siguientes a la ejecutoria del acto
administrativo o sentencia que reconoce las cesantías.

Desconocimiento del precedente fijado en:

i) La sentencia SU-336 de 2017 dictada por la Corte Constitucional que, para la parte
actora, ordenaba que la sanción moratoria contenida en la Ley 244 de 1995 también se
debía aplicar a los docentes oficiales, sin importar como se había concretado la relación
laboral.

ii) La sentencia SU-041 de 2020 proferida por la Corte Constitucional que, a juicio de la
demandante, reconoció que la mora en el pago de las cesantías afecta derechos
fundamentales y afirmó que los docentes vinculados por contratos de prestación de
servicios tenían los mismos derechos que los vinculados reglamentariamente.

iii) La sentencia del 18 de julio de 2018 dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, en el proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00580-01
(2018 CE-SUJ2-012-18 de 2018) en la que se unificó criterios sobre la aplicación de la
Ley 244 de 1995, respecto a los docentes oficiales.

5. Intervenciones

El Juzgado Tercero Administrativo de Popayán pidió que se desestimaran las
pretensiones de la parte actora al considerar que no se le habían vulnerado sus derechos
fundamentales y manifestó que solo le constaban los hechos relacionados con el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado nº 19001-33-33-003-2019-00154-
00.

La Alcaldía del municipio de Almaguer solicitó que se declarara improcedente la acción
de tutela, al estimar que no se vulneraron ni desconocieron los derechos fundamentales
de la señora Quinayás Pipicano. Acto seguido, reiteró los argumentos expuestos por el
tribunal demandado en la sentencia del 22 de agosto de 2024.

El Tribunal Administrativo del Cauca no se pronunció, pese a que fue debidamente
notificado.

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, declaró improcedente la acción
de tutela por incumplir el requisito general de relevancia constitucional, debido a que se
utilizaba como una instancia adicional del proceso ordinario.

7. Impugnación

La demandante, por conducto de apoderada, impugnó y pidió que se revocara la
sentencia de primera instancia para, en su lugar, acceder al amparo deprecado.

Argumentó que el asunto sí tenía relevancia constitucional porque comprometía el
principio constitucional de favorabilidad en materia laboral. Que tenía derecho a recibir
sus prestaciones sociales, tales como las cesantías y la sanción por mora del pago de
las mismas, que, de lo contrario, se vulnerarían sus derechos fundamentales y ello tendría
implicaciones constitucionales.

Que el reconocimiento de prestaciones laborales no podía reducirse a una indemnización
que desconociera el derecho a la seguridad social. Que el no reconocimiento de la
sanción moratoria constituía una vulneración a su derecho fundamental al debido
proceso.

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Que era contradictorio que se hubiere reconocido una relación laboral encubierta en
contratos de prestación de servicio y a su vez se denegara el pago de la sanción
moratoria pretendida, que lo anterior constituía una trasgresión al principio de
favorabilidad.

Dijo que, de acuerdo con la sentencia T-693 de 2013 dictada por la Corte Constitucional,
la vulneración de derechos laborales, relacionados con prestaciones sociales, tiene
trascendencia constitucional y estaría <<por encima de las consideraciones formales de la ley
administrativa o procesal>>.

Que de acuerdo con la sentencia T-777 de 2008 proferida por la Corte Constitucional, los
derechos laborales debían ser protegidos por el juez de tutela cuando se incumplen los
principios y normas laborales, que era inaceptable declarar improcedente la acción de
tutela por falta de relevancia constitucional cuando se evidenciaba la vulneración de los
derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad social y a la dignidad humana.

Reiteró los argumentos del defecto sustantivo y del desconocimiento del precedente.
Además, manifestó que también se desconoció la sentencia T-777 de 2008 dictada por
la Corte Constitucional, que, a su juicio, dispuso que las cesantías <<tiene naturaleza de
derecho mínimo e irrenunciable>>, que el no pago oportuno de las mismas afectaba los
derechos al mínimo vital y al proyecto de vida del trabajador y que desarrolló la necesidad
de aplicar el principio de favorabilidad en materia laboral.

Adujo que la sentencia impugnada minimizó el asunto, al declarar la falta de relevancia
constitucional, porque desconoció que el no pago oportuno de las cesantías involucra
derechos constitucionales como el mínimo vital, la seguridad social y la igualdad, así
como el principio a la confianza legítima, que, por ello la relevancia constitucional de la
acción de tutela era manifiesta.

Que la solicitud de amparo cumplía los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales.

Agregó un cargo por violación directa de la constitución porque, a su juicio, se inaplicaron
los artículos 2, 13, 48, 53 y 93 de la Constitución Política.

Dijo que también se incurrió en defecto sustantivo por <<interpretación incorrecta del
contrato realidad>>, debido a que las personas que tuvieron una relación laboral encubierta
en órdenes de servicios tenían derecho a prestaciones sociales completas y no a una
indemnización equivalente, de acuerdo con la sentencia CE-SUJ2-012-18 de 2018
proferida por el Consejo de Estado.

Que las afirmaciones realizadas en la providencia impugnada relacionadas con que se
utilizaba la acción de tutela como una instancia adicional del proceso ordinario, que no
bastaba con señalar inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de
censura y que el asunto era de mera legalidad, constituían sofismas.

Que era un error de interpretación legal excluir la sanción moratoria porque las cesantías
habían sido reconocidas mediante sentencia judicial. Que ese análisis contradecía lo
dispuesto en la Ley 244 de 1995, que, para la parte actora, ordena que la sanción
moratoria se debía pagar independientemente de que el reconocimiento de las cesantías
fuera ordenado en una sentencia judicial. Que, además, en aplicación del principio de
favorabilidad se debía reconocer la sanción moratoria.

Que no tenía sustento legal ni jurisprudencial denegar el pago de la sanción moratoria
por el hecho de que las cesantías fueron reconocidas como una indemnización
equivalente. Que la Ley 244 de 1995 ordenaba el pago de la sanción moratoria sin
distinción a que el reconocimiento de las cesantías fuera producto de un acto
administrativo, una decisión judicial o a título de indemnización.

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Que la relación laboral había sido reconocida judicialmente y lo lógico era que se
reconocieran las prestaciones sociales completas, incluyendo las cesantías y la sanción
moratoria.

Que no era dable solicitar el pago de la sanción moratoria en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se reconoció la relación laboral, porque en ese
momento <<la existencia del derecho a las cesantías no había sido aún establecida por una
sentencia firme>>. Que, en su caso particular, el derecho a la sanción moratoria solo se
hizo efectivo cuando le fue reconocida la relación laboral.

Que la acción de tutela no trasgredía la autonomía judicial, la cosa juzgada y no estaba
dirigida a corregir la sentencia cuestionada, que, por el contrario, pretendía la protección
de sus derechos laborales.

Que se debían aplicar los principios constitucionales de favorabilidad, progresividad y
primacía de la realidad para acceder al amparo deprecado.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la presente acción de tutela.

La Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada, por cuanto la acción de tutela no
cumple el requisito de relevancia constitucional. En efecto, la parte actora la utiliza para
insistir en que se debió ordenar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
contenida en la Ley 244 de 1995.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, (iii) el análisis del caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos4 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-005, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos

3 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
4 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
5 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

Frente al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia
adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.

Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.

4. Análisis del caso concreto

De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que coinciden con los propuestos en la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho. Básicamente, en ese proceso y en la acción de tutela, la parte actora señala
que se debió ordenar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley
244 de 1995.

En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la señora Beatriz Quinayás Pipicano
contra la sentencia del 21 de octubre de 2021, dictada por el Juzgado Tercero
Administrativo de Popayán, se lee lo siguiente:

Evidentemente con la decisión adoptada consistente en “negar la nulidad del acto demandado” y el
consecuente “reconocimiento, liquidación y pago de la SANCIÓN MORATORIA” deprecada; decisión
que es “inconstitucional” por desconocer la hermenéutica que en materia laboral ha decantado la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, así como los artículos 1, 2, 13, 25, 48 y 53 de la Carta Política,
además del bloque de Constitucionalidad.
(…)
Así, es cierto que al juez de la causa le corresponde fijarle el alcance a la norma que aplica, pero no
puede hacerlo en oposición a los valores, principios y derechos constitucionales, de manera que,
debiendo seleccionar entre dos o más entendimientos posibles, debe forzosamente acoger aquél que
en todo se ajuste a la Carta política. "La autonomía y libertad que se le reconoce a las autoridades
judiciales para interpretar y aplicar los textos jurídicos, no puede entonces comprender, en ningún caso,
aquellas manifestaciones de autoridad que supongan un desconocimiento de los derechos
fundamentales de las personas. Según lo ha expresado la propia jurisprudencia, toda trasgresión a esta
regla Superior en el curso de un proceso constituye una vía de hecho judicial, la cual debe ser declarada
por el juez constitucional cuando no existan otros medios de impugnación para reparar esta clase de
actuaciones ilegítimas, contrarias a los postulados que orientan la Constitución Política” 6.
(…)
Específicamente en el ámbito de los conflictos de trabajo, la Corte ha sido enfática en sostener que, so
pretexto de interpretar el alcance de las normas jurídicas, no le es dable al operador jurídico desconocer
las garantías laborales reconocidas a los trabajadores por la Constitución Política y las leyes, ni tampoco
actuar en contradicción con los principios superiores que lo amparan como son, entre otros, los de
igualdad de trato y favorabilidad. "En este sentido, puede afirmarse que el Estatuto Superior se ha
preocupado por garantizar un mínimo de derechos a los trabajadores, los cuales no pueden ser
ignorados, disminuidos o transgredidos por las autoridades públicas y, en particular, por los jueces y
magistrados de la República en su función constitucional de aplicar y valorar el alcance de la ley"7.
(…)
Así las cosas, constituye un acto arbitrario del juez desbordar las restricciones constitucionales a su
actividad interpretativa y con ello poner en peligro o violar derechos constitucionales. (T-777/08).
Dentro de tal hermenéutica que aplica al resolver conflictos en materia laboral, la Corte Constitucional,
el Consejo de Estado y la Doctrina han decantado, entre otros, los siguientes principios:
Principio de favorabilidad.

6
Cita del texto original: Sentencia SU-1185 de 2001 dictada por la Corte Constitucional.
7
Cita del texto original: Sentencia SU-1185 de 2001 dictada por la Corte Constitucional.

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9. El principio de favorabilidad consiste en la obligación de todo servidor público de optar por la situación
más favorable al empleado/pensionado, en caso de duda en la aplicación de normas y/o
interpretaciones jurídicas. Está consagrado normativamente tanto en el artículo 53 de la Constitución
como en el 21 del Código Sustantivo del Trabajo. En efecto, el texto constitucional indica:
(…)
La Sentencia SU 336 de 2017, señaló que el régimen general contenido en la Ley 244 de 1995,
modificada por la Ley 1071 de 2006, sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de las
cesantías a los servidores públicos por pago tardío, es aplicable a los docentes oficiales. De lo anterior se destaca que: (i) el principio de favorabilidad como mandato constitucional debe guardar
consonancia con el principio de inescindibilidad, en este sentido su armonización consiste en que una
vez se elige la norma más favorable, esta debe aplicarse en su totalidad sin escindir su contenido; y (ii)
existen casos en los que esta Corporación ha aplicado el régimen general a personas que están
amparadas por un régimen especial, sin que se desconozca el principio de inescindibilidad. Tal es el
caso de la aplicación de la norma sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de las
cesantías a los servidores públicos por pago tardío, que aplicó a los docentes oficiales. Así las cosas, a la actora aplica la ley 244 de 1995, concretamente el parágrafo del artículo segundo,
pues dicho canon lo que protege es "el pago oportuno y completo de la cesantía", y no consagra
excepción alguna. En este orden, resulta evidente que "la sentencia recurrida" desconoce la "hermenéutica constitucional
en materia laboral", toda vez que opta por escoger "la tesis más lesiva a los intereses del trabajador"
torna en una vía de hecho. Por último, la sentencia en comento estableció cómo el reconocimiento de la indemnización moratoria
tenía carácter cualificado, pues para su aplicación no bastaba la mora del empleador para su
exigibilidad, sino que debía acreditarse que el incumplimiento en el pago estaba fundado en la mala fe
del mismo. En otras palabras, el patrono debía incurrir en mora a sabiendas de la existencia de la
obligación, como presupuesto para el cobro judicial de la mencionada indemnización. En términos del
fallo C-079/99, “…, como lo ha precisado la jurisprudencia, la sanción indemnizatoria prevista por el
artículo 65 del C.S.T. no es - como lo insinúa el demandante - de aplicación automática, razón por la
cual la condena correspondiente debe obedecer a una sanción impuesta a la conducta del empleador
carente de buena fe que conduce a la ausencia o deficiencia en el pago de origen salarial o prestacional. En consecuencia, la absolución es posible si se demuestra una conducta de buena fe del empleador
“mediante la presentación de razones atendibles que conduzcan a demostrar que ciertamente creía no
deber” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de mayo 14 de 1987). Así las
cosas, la indemnización moratoria se constituye en una garantía necesaria para quien ya no cuenta con
un contrato de trabajo ni las acciones que del mismo se desprenden para defenderse: en su lugar, la
configuración de una causal de terminación injustificada por parte del empleador por el incumplimiento
que tratan los artículos 57 y 62 del C.S.T., en la forma ya mencionada que constituye un mecanismo de
protección efectivo de los derechos contractuales vulnerados.

Todas estas consideraciones aplican para la sanción moratoria que trata la Ley 244 de 1995,
concretamente el parágrafo del artículo segundo, salvo claro está, que en tratándose de esta sanción
moratoria, la misma opera de manera automática, por el solo transcurso del tiempo, pues es una causal
objetiva la que impera.
(…)
Bajo este contexto, como en el caso concreto, con sentencia de febrero de 2012 se declaró la existencia
de una relación laboral entre la señora Pipicano y el Municipio de Almaguer, y a título de restablecimiento
se ordenó el reconocimiento prestacional, se entiende que a partir de ese momento se causó, entre
otros, el derecho al pago del auxilio de cesantías, decisión que, por tanto, debía cumplir la entidad en
el término señalado en el Código Contencioso Administrativo, Decreto 01 de 1984, aplicable para los
procesos promovidos antes de la expedición y entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, y como el
municipio no cumplió, dio lugar a la sanción moratoria por el no pago oportuno, prevista en las Leyes
244 de 1995 y 1071 de 2006, a partir de la ejecutoria de la sentencia, por lo que en principio, las
pretensiones de la demanda estarían llamadas a prosperar."
Contrario a lo afirmado por el A Quo, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha aceptado el
reconocimiento de la sanción moratoria por no pago oportuno de la cesantía en el contrato realidad. Si
bien es cierto, la sanción moratoria no se puede reconocer dentro del mismo proceso donde se debate
la aplicación del principio de "primacía sobre las formalidades", dicha sanción si aplica una vez
establecido en grado de certeza la existencia en favor del trabajador su derecho a gozar de LA
CESANTÍA DEFINITIVA. La Cesantía constituye salario. Por ende, el actor tiene derecho al pago oportuno de la misma. En caso
de no pagarse oportunamente, se activa su derecho a que le sea reconocida la correspondiente sanción
moratoria.
(…)
De lo anterior se concluye, que la SANCION MORATORIA opera en favor de todos los trabajadores, y
en ese orden de ideas, le asiste el derecho a la actora a que le sea reconocida y pagada la SANCION
MORATORIA deprecada. Así las cosas, en gracia de discusión resulta indiferente que la actora, reúna o no los requisitos de
empleada pública, pues como la Corte Constitucional en sentencia C-332-2019 lo sostiene, es un
derecho, una garantía en favor de todos los trabajadores. La actora, en virtud del “contrato realidad” reconocido mediante sentencia debidamente ejecutoriada, si
bien no ostenta la calidad de empleada pública, es un particular que ejerció funciones públicas en forma

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permanente, pues ejerció una función pública como educadora oficial a cargo del municipio de
Almaguer- Cauca.
En este orden de ideas, a la actora le asiste el derecho a percibir la sanción moratoria que trata la Ley
244 de 1995, reformada por la Ley 1071 de 2006.

Por su parte, en la acción de tutela, la parte actora argumenta lo siguiente:

1. Violación al derecho a la igualdad (artículo 13 de la Constitución): La negación de la sanción moratoria
impone un trato desigual a la accionante frente a otros empleados públicos, quienes reciben esta
garantía sin distinción de la forma en que se haya reconocido su relación laboral.
2. Principio de primacía de la realidad sobre las formalidades (artículo 53 de la Constitución): El
reconocimiento del contrato realidad otorga a la accionante los mismos derechos que a cualquier
docente oficial. La negativa a reconocer la sanción moratoria constituye un desconocimiento de este
principio.
3. Precedentes jurisprudenciales relevantes:
o Sentencia SU-336 de 2017 (Corte Constitucional): Reafirmó que la sanción moratoria establecida
en la Ley 244 de 1995 aplica a los docentes oficiales, sin importar cómo se haya originado su
relación laboral.
o Sentencia SU-041 de 2020 (Corte Constitucional): La Corte reconoció que la mora en el pago de
cesantías afecta derechos fundamentales y destacó que los docentes contratados bajo OPS tienen
los mismos derechos que aquellos vinculados reglamentariamente, incluyendo la sanción moratoria.
o CE-SUJ2-012-18 de 2018 (Consejo de Estado): Unificó criterios sobre la aplicación de la Ley 244
de 1995 a los docentes oficiales.
4. Error sustantivo en la interpretación de la Ley 244 de 1995: La sentencia impugnada desconoce que
la sanción moratoria opera automáticamente por el trascurso de los 45 días hábiles posteriores a la
ejecutoria del acto administrativo o sentencia que reconoce las cesantías.
5. Reconocimiento de derechos de los docentes OPS: La Corte Constitucional ha reiterado que los
docentes contratados bajo la modalidad de OPS gozan de los mismos derechos laborales que los
vinculados reglamentariamente, una vez declarada la existencia del contrato realidad. Negar el derecho
a la sanción moratoria genera un trato discriminatorio y vulnera los principios de igualdad y favorabilidad.

No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el tribunal demandado en la sentencia del
22 de agosto de 2024, en la que consideró:

La demanda se presentó con el objeto de obtener el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por
pago tardío de las cesantías definitivas a favor de la Beatriz Quinayás Pipicano.
Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, esta Corporación encuentra acreditado lo
siguiente:
El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Popayán, dictó sentencia el 24 de octubre de 2011,
dentro del proceso con radicado 20070000500, donde fungía como demandante la señora Beatriz
Quinayás Pipicano y demandado el municipio de Almaguer11, en la que se dispuso:
(…)
El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia de 10 de julio de 2014, modificó la anterior
decisión, determinando que debían reconocerse las prestaciones sociales y derechos laborales, durante
el periodo comprendido entre el 1º de enero de 1993 al 10 de diciembre de 2012.
El 11 de octubre de 2013, la aquí demandante radicó solicitud tendiente al reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías.
Evidencia la Sala que la providencia que ordenó el pago de las prestaciones sociales a favor de la
demandante, lo hizo teniendo en cuenta que se acreditó en aquel proceso, que existió entre las partes
una relación laboral y no un vínculo contractual; y específicamente se señaló que el restablecimiento
del derecho se daba “a título de indemnización equivalente a las prestaciones sociales que devenga
cualquier docente al servicio del Municipio y no en la calidad de servidor público, puesto que para
alcanzar tal condición es necesario que se configure una relación legal y reglamentaria, que la planta
de personal contemple el empleo; y que exista disponibilidad presupuestal para atender los servicios,
hechos que no se probaron en el asunto”.
En estos términos, para esta Corporación no se cumplen los presupuestos establecidos en la Ley 244
de 1996, dado que su objeto fue fijar “los términos para el pago oportuno de cesantías para los
servidores públicos”; calidad que se insiste, no se la otorgó la sentencia constitutiva del contrato
realidad; luego, la sanción ahí prevista no le resulta aplicable, pues como es sabido, las sanciones
deben ser expresamente consagradas en la ley, sin que sea posible aplicar o extender por analogía a
situaciones diferentes a los supuestos de hecho o Derecho previsto expresamente en la norma.
Adicionalmente, se evidencia que el municipio de Almaguer, debió dar cumplimiento a la sentencia, en
los términos dispuestos en el extinto Código Contencioso Administrativo. Luego, para la Sala, lo
procedente en este caso, era reclamar, ante el juez competente, los intereses moratorios derivados de
la tardanza en el pago de una condena dispuesta por vía judicial.
Ha sostenido esta Corporación en procesos con identidad fáctica a la aquí estudiada, que los docentes
a quienes se les reconoció la existencia de un contrato realidad, no cumplen los presupuestos
establecidos en la Ley 244 de 1996, pues constitutiva de tal figura no otorgó la calidad de empleado
público; y, por tanto, la sanción ahí prevista no le resulta aplicable. Ello con sustento en providencias

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8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00383-01
Demandante: Beatriz Quinayás Pipicano

del Consejo de Estado8 en las que expresamente se determinó que no resultaba procedente el
reconocimiento de la sanción moratoria, en aquellos eventos donde se declaró la existencia de un
contrato realidad.
En extenso, señaló:
(…)
Adicionalmente, este Tribunal ha dicho en anteriores oportunidades que el municipio demandado, debió
dar cumplimiento a la sentencia en los términos dispuestos en el extinto Código Contencioso
Administrativo. Luego, para la Sala, lo procedente en este caso, es reclamar, ante el juez competente,
los intereses moratorios derivados de la tardanza en el pago de una condena dispuesta por vía judicial.
Atendiendo las razones expuestas, la Sala concluye que la señora Beatriz Quinayás Pipicano no tiene
derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria pretendida, y como consecuencia de ello, se
impone negar las pretensiones de la demanda. Razón por la cual, se confirmará la sentencia proferida
por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Popayán.

Como se ve, la discusión que propone la parte actora ya fue resuelta por el Tribunal
Administrativo del Cauca que explicó que no era dable ordenar el reconocimiento y pago
de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, debido a que la señora Beatriz
Quinayás Pipicano no tenía la calidad de servidora pública.

En el escenario que propone la demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades judiciales demandadas en
el proceso ordinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.

Justamente por lo anterior, la Sala, como juez de tutela, no puede volver a examinar si a
la demandante se le debía reconocer la sanción moratoria de que trata la Ley 244 de
1995.

La acción de tutela es un valioso instrumento para proteger derechos fundamentales, que
no puede utilizarse como una instancia adicional para obtener una opinión jurídica diversa
o tratar de imponer una decisión distinta a la adoptada por las autoridades jurisdiccionales
de instancia.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que la parte actora señaló que la autoridad
judicial demandada desconoció el precedente fijado en las sentencias SU-336 de 2017 y
SU-041 de 2020 dictadas por la Corte Constitucional y la sentencia del 18 de julio de
2018 dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en el proceso con radicado
73001-23-33-000-2014-00580-01 (2018 CE-SUJ2-012-18 de 2018), sin embargo, la Sala
observa que este cargo también está dirigido a insistir en su tesis relacionada con que si
se debió ordenar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 244
de 1995.

Finalmente, la Sala advierte que los argumentos propuestos en la impugnación,
relacionados con las sentencias T-693 de 2013 y T-777 de 2008 proferidas por la Corte
Constitucional y con el cargo de violación directa de la constitución por inaplicación de
los artículos 2, 13, 48, 53 y 93 de la Constitución Política, se trata de argumentos nuevos
que no fueron expuestos en el escrito de tutela y, por lo tanto, la Sala no está habilitada
para pronunciarse al respecto, porque de hacerlo se afectaría el derecho de defensa y
contradicción de la parte demandada.

Las anteriores razones son suficientes para confirmar la decisión impugnada de declarar
improcedente la solicitud de amparo, por incumplir el requisito de relevancia
constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

8 Cita del texto original: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia de 27 de agosto de 2020, radicación número: 27001-23-33-000-2017-00098-01(2437-19), consejero
ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez

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9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00383-01
Demandante: Beatriz Quinayás Pipicano

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

La validez e integridad de este documento pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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