Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00385-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00385-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00385-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
20 de marzo de 2025
Demandante: Patricia Dolores Duarte Suárez
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Rad: 11001-03-15-000-2025-00385-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00385-00
Demandante: PATRICIA DOLORES DUARTE SUÁREZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y
OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente
y, a su vez, deniega.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en
ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y
desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de la Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Mediante escrito remitido el 24 de enero de 2025, la señora Patricia Dolores
Duarte Suárez por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander y la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga con el fin de que le
sean protegidos sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia y a la igualdad.
La accionante consideró vulneradas tales garantías con la providencia del 14
de noviembre de 2024 emitida por la autoridad judicial accionada dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el radicado 68001-33-33-002-2018-00178-02, puesto que, al acceder a la
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Demandante: Patricia Dolores Duarte Suárez
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
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solicitud de adición de sentencia formulada por el municipio de Piedecuesta,
en calidad de demandado en dicho proceso ordinario, se ordenó
“únicamente” el pago de la suma correspondiente a 6 meses de salarios y
prestaciones efectivamente dejados de percibir, bajo la regla de los topes
indemnizatorios de la sentencia SU-556 de 2014 de la Corte Constitucional.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte accionante solicitó:
1. Que se declare la vulneración de los derechos fundamentales de la parte
demandante al debido proceso, acceso a la justicia, doble instancia, así
como los demás derechos fundamentales que considere vulnerados el
despacho judicial.
2. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene al Tribunal
Administrativo de Santander revocar y dejar sin efectos la sentencia
complementaria de fecha 14 de noviembre de 2024, expedida en el
proceso con radicado 68001333300220180017802, en razón a su
contradicción con los principios procesales, en especial el de inmutabilidad
de las sentencias.
3. Que se adopten medidas idóneas y eficaces para garantizar la corrección
del yerro judicial identificado, asegurando el respeto de los derechos
fundamentales vulnerados de las demandantes, en el marco de los
principios constitucionales y legales aplicables.
1.3. Hechos
La parte accionante señaló que promovió una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del municipio de Piedecuesta con la
finalidad de solicitar el reintegro al cargo que venía desempeñando en la
planta de empleos permanente al momento de ser retirado del servicio, o a
otro de igual o superior categoría, así como al pago de los salarios y
prestaciones dejados de percibir, entre otros. Agregó que, dicho proceso se
identificó con el número 68001-33-33-002-2018-00178-00/02.
Indicó que, el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Bucaramanga mediante sentencia del 22 de enero de 2021 denegó las
pretensiones de la demanda, al considerar que se demostró al interior del
proceso que los actos administrativos acusados se fundamentaron en
estudios técnicos previos, que determinaron la necesidad de profesionalizar
la entidad, es decir, que la decisión de reestructuración obedeció a satisfacer
las necesidades del interés general. Además, porque no se demostró la
desviación de poder que justificara que la reestructuración haya estado
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motivada por un interés particular o político, como tampoco se acreditó la
transgresión a la ley de garantías.
Precisó que, el señor Danny Alexander Ramírez solicitó su vinculación y
reconocimiento como tercero interviniente, bajo el argumento de que tuvo
una relación sustancial que legalmente lo vincula con los hechos y
pretensiones de la demanda, al haber proferido los actos administrativos
demandados como ex alcalde del municipio de Piedecuesta, por lo que, de
decretarse la nulidad de los actos acusados junto con el restablecimiento del
derecho solicitado, podrían verse afectados sus intereses.
Refirió que, presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de
primera instancia, cuyo conocimiento correspondió al Tribunal Administrativo
de Santander, el cual mediante providencia del 15 de febrero de 2024 la
revocó para, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda, así:
PRIMERO. Revocar la sentencia de primera instancia proferida el 22 de
enero de 2021 por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Bucaramanga, de conformidad con las consideraciones
expuestas. SEGUNDO. Inaplicar los Decretos 110 y 111 del 2 y 3 de
noviembre de 2017.
TERCERO. Declarar la nulidad de los Decretos 112 del 7 de noviembre de
2017 “Por el cual se crean unos empleos de carácter transitorio en la
alcaldía municipal de Piedecuesta, Decreto 120 del 21 de noviembre de
2017 “Por el cual se crean unos empleos de carácter transitorio en la
alcaldía Municipal de Piedecuesta”,
CUARTO. Declarar la nulidad de las Resolución 227 del 7 de noviembre del
2017 “Por medio del cual se establece el manual especifico de funciones,
requisitos y competencias laborales para los empleos de la planta de
empleos de la administración central del Municipio de Piedecuesta
Santander”, Resolución 228 del 7 de noviembre del 2017 “Por medio de la
cual se hace la distribución de los empleos de la planta de la alcaldía
Municipal de Piedecuesta”, Resolución 237 del 7 de noviembre de 2017
“Por medio de la cual se incorporan unos servidores públicos a la planta de
empleos de la alcaldía Municipal de Piedecuesta” publicado el 8 de
noviembre de 2017.
QUINTO. Como restablecimiento del derecho, ordenar al municipio de
Piedecuesta:
a) Reintegrar a la señora Patricia Dolores Duarte Suárez al cargo que
ejercía o a otro de mejor categoría, la orden de reintegro se hará efectiva,
siempre y cuando el cargo que ocupaba la demandante no haya sido
provisto por concurso de mérito, caso en el cual, la condena pecuniaria solo
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se prolongará hasta el día anterior a la posesión del funcionario que lo
ocupe en carrera.
b) pagar a la señora Patricia Dolores Duarte Suárez los salarios y
prestaciones dejados de percibir, desde el día siguiente a la fecha de
desvinculación, y hasta el momento del reintegro, sumas que deberán ser
debidamente actualizadas con aplicación de la siguiente formula:
…
c) descontar las sumas que hubiere percibido la Patricia Dolores Duarte
Suárez por concepto de salarios y prestaciones sociales producto de otras
vinculaciones con el Estado, durante el tiempo que estuvo retirada del
servicio en virtud de la supresión del cargo, atendiendo a lo dispuesto en la
sentencia de unificación del 9 de agosto de 2022 proferida por el H.
Consejo de Estado.
Se declarará que para todos los efectos legales no ha existido solución de
continuidad en la prestación de los servicios por parte de la demandante.
En caso de que resulte imposible cumplir la orden de reintegro de la
demandante al cargo del cual fue desvinculada porque el cargo fue
suprimido y no existe en la entidad un cargo de la misma naturaleza y
categoría del que desempeñaba en el momento de la desvinculación, podrá
solicitar al juez de primera instancia la fijación de una indemnización
compensatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 189 de la
Ley 1437 de 2011.
SEXTO. Sin condena en costas, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SÉPTIMO. Denegar las demás pretensiones.
OCTAVO. Rechazar la solicitud de reconocimiento como tercero
interviniente presentada por el Dr. Danny Alexander Ramírez Rojas, de
conformidad con las consideraciones expuestas.
…1
Mencionó que, en dicha providencia se incluyó como acápite previo relativo
al reconocimiento solicitado por el interviniente Danny Alexander Ramírez
Rojas, aparte en el que, se señaló que, la oportunidad procesal para el
reconocimiento de tercero interviniente es desde la admisión de la demanda
y hasta antes de que se profiera el auto que fija fecha para la realización de
la audiencia inicial, etapas que ya fueron superadas en el presente proceso,
y por tal razón no es posible acceder a la solicitud de coadyuvancia
presentada.
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Transcripción literal del texto.
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Afirmó que, el señor Danny Alexander Ramírez Rojas presentó solicitud de
“aclaración, adición, corrección y/o complementación”, pues en la sentencia
de primera instancia no se le reconoció como tercero interviniente, pues el
Tribunal Administrativo de Santander, en otras providencias, le ha reconocido
interés legítimo por ostentar la calidad de ex alcalde del municipio de
Piedecuesta, tal como en el proceso con radicado 68001-33-33-010-2018-
00158-01.
Expuso que, la entidad demandada en el proceso ordinario también presentó
una solicitud de “aclaración, adición, corrección y/o complementación” pues
no fueron abordados y/o desarrollados de manera clara y precisa en
sentencia lo relativo a la delegación y a la aplicación de las sentencias de
unificación SU-556 de 2014 y SU-354 de 2017 de la Corte Constitucional.
En dicho escrito solicitó que se aclarara: i) “¿Cuál es el fundamento
normativo para señalar que el alcalde Municipal no puede delegar en un
subalterno la autorización pro tempore otorgada por el Concejo Municipal,
señalada en los numerales 3° y 6° del artículo 313 de la Constitución
Política? y que, ii) se precisara el alcance de la condena realizada a título de
restablecimiento del derecho, puesto que “nada dispuso con relación a las
reglas definidas por la Corte Constitucional en sentencias de unificación SU-
556 de 2014 y SU-354 de 2017, cuyo carácter es vinculante y porque el
tribunal tampoco realizó ninguna manifestación al respecto.
Indicó que, mediante sentencia complementaria del 14 de noviembre de
2024, el tribunal en mención negó la solicitud de aclaración presentada por el
señor Danny Alexander Ramírez Rojas y el municipio de Piedecuesta, pero
accedió a la solicitud de adición formulada por dicho ente territorial, así:
PRIMERO. NIÉGUESE la solicitud de aclaración interpuesta por Danny
Alexander Ramírez Rojas y el municipio de Piedecuesta, de acuerdo con lo
expuesto en la presente providencia judicial.
SEGUNDO. ACCÉDASE a la solicitud de adición interpuesta por el
municipio de Piedecuesta, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva
de la sentencia y, en consecuencia, ADICIONASE al decisum de segunda
instancia del 15 de febrero de 2024 proferida por esta Sala de Decisión, el
cual quedará así:
“PRIMERO. REVÓQUESE la sentencia de primera instancia proferida
el 22 de enero de 2021 por el Juzgado Segundo Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Bucaramanga, de conformidad con las
consideraciones expuestas.
SEGUNDO. INAPLÍQUESE los Decretos 110 y 111 del 2 y 3 de
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noviembre de 2017.
TERCERO. DECLÁRASE la nulidad de los Decretos 112 del 7 de
noviembre de 2017 “Por el cual se crean unos empleos de carácter
transitorio en la alcaldía municipal de Piedecuesta, Decreto 120 del
21 de noviembre de 2017 “Por el cual se crean unos empleos de
carácter transitorio en la alcaldía Municipal de Piedecuesta”,
CUARTO. DECLÁRESE la nulidad de las Resolución 227 del 7 de
noviembre del 2017 “Por medio del cual se establece el manual
especifico de funciones, requisitos y competencias laborales para los
empleos de la planta de empleos de la administración central del
Municipio de Piedecuesta Santander”, Resolución 228 del 7 de
noviembre del 2017 “Por medio de la cual se hace la distribución de
los empleos de la planta de la alcaldía Municipal de Piedecuesta”,
Resolución 237 del 7 de noviembre de 2017 “Por medio de la cual se
incorporan unos servidores públicos a la planta de empleos de la
alcaldía Municipal de Piedecuesta” publicado el 8 de noviembre de
2017.
QUINTO. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, ORDÉNESE al municipio de
Piedecuesta a reintegrar a la señora PATRICIA DOLORES DUARTE
SUÁREZ al cargo que ejercía o a otro de mejor categoría, la orden de
reintegro se hará efectiva, siempre y cuando, el cargo de referencia
no haya sido provisto por concurso de mérito; así mismo, el municipio
de Piedecuesta deberá reconocer y pagar a favor de la demandante,
la suma correspondiente a 6 meses de salarios y prestaciones
efectivamente dejados de percibir, para lo cual deberá tener en
cuenta el último salario devengado por la demandante. Además, se
deberán descontar las sumas que hubiere percibido la demandante
por concepto de salarios y prestaciones sociales producto de otras
vinculaciones con el Estado, durante el tiempo que estuvo retirada del
servicio en virtud de la supresión del cargo, atendiendo a lo dispuesto
en la sentencia de unificación del 9 de agosto de 2022 identificada
con el número de radicado 110010325000-2017-00151-00 proferida
por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado.
SEXTO. DENIÉGUESE las demás pretensiones impetradas por la
demandante.
SÉPTIMO. Sin condena en costas, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
OCTAVO. RECHÁCESE la solicitud de reconocimiento como tercero
interviniente presentada por Danny Alexander Ramírez Rojas, de
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conformidad con las consideraciones expuestas.
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Afirmó que, en dicho proveído se indicó que resultaba procedente la adición
de la sentencia, bajo la regla jurisprudencial de la sentencia SU-556 de 2014
de la Corte Constitucional. Por lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho se dispuso “únicamente (sic)” el pago de la “suma correspondiente a
6 meses de salarios y prestaciones efectivamente dejados de percibir, para lo
cual deberá tener en cuenta el último salario devengado por la demandante”.
Indicó que, la motivación expuesta para lo anterior, consistió en que la “…
escogencia del límite mínimo inferior dado por la Corte Constitucional
obedece a que: i) al no existir reglas jurisprudenciales en la estimación del
quantum bajo examen, la determinación de los meses queda a arbitrio iuris,
lo cual le permite hacer a esta Sala de Decisión una estimación valorativa y
prudencial del daño acreditado en este proceso; ii) de acuerdo con la Ley 909
de 2004, ese es el término máximo de duración de la provisionalidad; y iii)
dentro del proceso, no se encuentra probada alguna situación que justifique
un monto diferente al dispuesto.”
Se precisa que, de conformidad con lo datos registrados en el expediente
digital, dicha providencia se notificó el 19 de noviembre de 2024.
1.4. Sustento de la petición
La parte actora sostuvo que, la modificación indebida de la sentencia
obstaculizó el ejercicio efectivo del derecho al acceso a la administración de
justicia.
Afirmó que, cumplía con los requisitos generales de procedencia, en
especial, el de la relevancia constitucional, frente al cual señaló que, la
modificación de las providencias de segunda instancia afecta derechos
fundamentales, como el debido proceso, la igualdad y la seguridad jurídica,
trascienden el interés individual y tienen un impacto en la administración de
justicia al desconocer el carácter definitivo y vinculante de las decisiones
judiciales.
Adujo que, bajo tal requisito se deben garantizar mecanismos claros para
rectificar errores sin alterar la sustancia de las decisiones judiciales, como lo
estipula el principio de inmutabilidad de las sentencias.
Agregó que, en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte Constitucional subrayó
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Transcripción literal del texto.
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que cualquier decisión judicial que afecte el acceso a la administración de
justicia debe analizarse desde una perspectiva de garantías fundamentales.
Como requisitos especiales de procedencia, consideró los siguientes:
1.4.1. Defecto orgánico:
Refirió que el magistrado ponente actuó fuera de sus competencias al
modificar sentencias ejecutoriadas, violando los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica.
1.4.2. Defecto sustantivo:
Señaló que, la autoridad judicial acusada desbordó los límites legales al
modificar el fondo de las providencias originales bajo el pretexto de una
adición, violando el principio de inmutabilidad.
Refirió que, la adición, como lo estipula el artículo 287 del Código General del
Proceso, solo puede subsanar omisiones o decidir aspectos no tratados en la
sentencia, sin cambiar la esencia del fallo.
Agregó que, la jurisprudencia del Consejo de Estado subraya que estos
mecanismos no pueden utilizarse para reabrir debates jurídicos ya resueltos
ni para reformar lo decidido, dado que esto contraviene directamente el
principio de cosa juzgada y genera inseguridad jurídica (al respecto, señaló la
radicación 25000-23-26-000-2005-00240-01).
1.4.3. Defecto procedimental absoluto:
Mencionó que, la alteración de las decisiones judiciales mediante los autos
de adición constituye un defecto procedimental, ya que desconoce los límites
procesales establecidos en el artículo 285 del Código General del Proceso.
Expuso que, este defecto compromete la validez de las resoluciones
adoptadas y ha sido desarrollado en la sentencia SU-128 de 2021 como una
violación directa al debido proceso.
1.4.4. “Vía de hecho por contradicción”:
La parte actora refirió que, la disparidad en las decisiones sobre casos
similares (Fermín Lozano Quintero y Honorio Isaac Niño) frente al de ella y el
de la señora la Julieth Natalia Figueroa Beltrán, genera inseguridad jurídica y
desigualdad.
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Agregó que, se transgredió el derecho a la igualdad puesto que existen
decisiones contradictorias en casos similares, en tanto que, el mismo
magistrado ponente de la providencia acusada denegó las solicitudes de
aclaración y adición en los procesos de los señores Fermín Lozano Quintero
y Honorio Isaac Niño, bajo el argumento de que las sentencias no podían ser
modificadas en razón al principio de inmutabilidad. Sin embargo, en su caso
y el de la señora Julieth Natalia Figueroa Beltrán modificó el fondo de las
decisiones.
1.4.5. Desconocimiento del precedente:
Indicó que, la providencia acusada contradice de manera directa la línea
jurisprudencial del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional respecto al
alcance de los mecanismos de aclaración, corrección y adición.
Mencionó que, este desconocimiento del precedente vulnera los derechos
fundamentales al debido proceso y la igualdad. Para tal efecto hizo referencia
al expediente con radicación 85001-23-31-000-2011-00109-01 (auto del 11
de abril de 2016), según la cual, la figura de la aclaración tiene como
finalidad aclarar conceptos ambiguos o frases oscuras que generen dudas en
la parte resolutiva de la sentencia, “sin afectar su sustancia”.
1.4.6. Violación directa de la Constitución:
Expuso que, la modificación sustancial de las decisiones judiciales vulnera
los artículos 29, 31 y 229 de la Constitución, que garantizan el debido
proceso, la seguridad jurídica y el acceso a la administración de justicia.
1.5. Trámite
Mediante auto del 31 de enero de 2025, se admitió la demanda y, por
consiguiente, se ordenó la notificación de los magistrados que integran el
Tribunal Administrativo de Santander, así como a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial.
A su vez, se dispuso la vinculación del Juzgado Segundo Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Bucaramanga y al municipio de Piedecuesta
(Santander) como terceros con interés en las resultas del proceso.
Posteriormente, con providencia del 17 de febrero de 2025 se vinculó al
señor Danny Alexander Ramírez Rojas, en calidad de interviniente, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que ejerció la
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demandante contra el mencionado ente territorial.
1.6. Contestaciones e intervenciones
1.6.1. Tribunal Administrativo de Santander
Esta autoridad judicial se opuso a la prosperidad de la solicitud de amparo, al
considerar lo siguiente:
Solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela pues de
manera alguna se evidencia la existencia de actuación de la cual se pueda
derivar la vulneración de los derechos fundamentales aducida por la parte
actora ni la configuración de los defectos de procedibilidad.
Sostuvo que, la inconformidad de la accionante parte de las decisiones
adoptadas en los procesos seguidos por el señor Fermín Lozano Quintero
Radicado 68001-33-33-005-2018-00115-02 y el señor Honorio Isaac Niño
Radicado 68001-33-33-007-2018-00147-01, asuntos respecto de los cuales
se demandó un trato igual tras una “aparente” modificación sustancial de la
sentencia de segunda instancia en cuanto al restablecimiento del derecho
ordenado respecto de la actora.
Indicó que, si bien dentro de los expedientes mencionados se debatieron
hechos similares a los conocidos dentro del trámite de la nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 68001-33-33-002-2018-00178-02,
ello per se no hace idéntica la situación a la relacionada con las solicitudes
de aclaración y adición presentadas respecto de la sentencia de segunda
instancia.
Expuso que, en el medio de control presentado por la señora Patricia Dolores
Duarte Suárez contra el municipio de Piedecuesta mediante providencia del
14 de noviembre de 2024 se dictó decisión complementaria dentro de la cual
se resolvió la solicitud de aclaración presentada por el señor Danny
Alexander Ramírez Rojas y las solicitudes de aclaración y adición
presentadas por el municipio de Piedecuesta.
Hizo referencia al proceso ordinario de la parte actora, así como a las
solicitudes del señor Danny Alexander Ramírez y del municipio de
Piedecuesta, para destacar que, la declaratoria de nulidad de los actos
administrativos permaneció inalterada, pues el monto de la indemnización
otorgado a título de restablecimiento de derecho es un elemento accidental,
respecto del cual no puede decirse que la aplicación de la regla
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jurisprudencial establecida en la sentencia SU-556 de 2014 altere la decisión
en su núcleo.
Destacó que la postura que adoptó se encuentra acorde con la obligación de
promover la sostenibilidad fiscal establecida en el artículo 334 superior, por lo
que, consideró que se “…permite flexibilizar el requisito material del instituto
jurídico de la adición de las providencias judiciales y del principio de
inmutabilidad de las sentencias, asegurando así, la integridad de los recursos
públicos, especialmente porque éstos están destinados a la inversión social y
a la satisfacción de los fines esenciales del Estado.”
Mencionó que, la sentencia complementaria da cuenta de un punto de
derecho sobre el cual la no existió pronunciamiento referida a la aplicación de
las reglas decantadas por la Corte Constitucional conforme a las cuales la
indemnización que se reconozca en estos casos no podrá ser inferior a 6
meses ni superior a 24 meses, considerando que, para ese periodo, se
rompe el nexo causal entre la falta de ingresos o su nivel y la desvinculación
del servicio.
Refirió que las decisiones adoptadas en los procesos seguidos por el señor
Fermín Lozano Quintero con radicado 68001-33-33-005-2018-00115-02 y el
señor Honorio Isaac Niño con radicado 68001-33-33-007-2018-00147-01 en
el trámite de las solicitudes de aclaración y adición, en esencia, son
diferentes a lo solicitado en el proceso de la accionante con radicado 68001-
33-33-002-2018-00178-02, por lo que, a su juicio, para el caso no se cumple
con el criterio de comparación tertium comparationis, pues los supuestos de
hecho no son susceptibles de compararse ya que son interpuestas por
intervinientes diferentes, con objetivo y finalidad que “mal podrían
equiparase”.
1.6.2. Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Bucaramanga (Santander)
Esta entidad solicitó su desvinculación y que se declare la improcedencia de
la acción constitucional porque no se configuró una vulneración de los
derechos fundamentales invocados por la parte accionante por parte de esta
entidad, teniendo en cuenta que las situaciones de hecho y de derecho
planteadas en el escrito de tutela desbordan las funciones que la
Constitución y la ley le han asignado a dicha dirección, establecidas en el
artículo 103 de la Ley 270 de 1996.
Señaló que, en todo caso, deben denegarse las peticiones del amparo
conforme han sido formuladas por el actor constitucional.
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1.6.3. Danny Alexander Ramírez Rojas
Solicitó que no se accediera a las pretensiones de la demanda constitucional,
puesto que consideró que la sentencia complementaria expedida el 14 de
noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Santander no atenta
contra ninguno de los derechos fundamentales y principios del derecho
invocados por la parte accionante.
Expuso que, el hecho de precisar el alcance del restablecimiento del derecho
ordenado en la sentencia complementaria en favor de la accionante, en el
sentido de cambiar la expresión “pagar … los salarios y prestaciones dejados
de percibir, desde el día siguiente a la fecha de desvinculación, y hasta el
momento del reintegro” por “el municipio de Piedecuesta deberá reconocer y
pagar a favor de la demandante, la suma correspondiente a 6 meses de
salarios y prestaciones efectivamente dejados de percibir…”, de ninguna
manera constituye una alteración del núcleo esencial de la decisión, pues lo
único que varió fue el monto a reconocer a favor de la demandante, de
acuerdo con los criterios trazados en la sentencia SU-556 del 2014 de la
Corte Constitucional, la cual es vinculante.
Mencionó que, la figura de adición de la providencia se adecuó a los
presupuestos legales de los artículos 285 y 287 del Código General del
Proceso, aplicables por remisión expresa del artículo 306 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Señaló que, si bien la parte accionante sostuvo que existe una afectación del
derecho a la igualdad en la medida que la autoridad judicial rechazó las
solicitudes de aclaración y adición en otros dos casos, mientras que en el
caso de la accionante sí accedió a tal petición, tal reproche no sustenta en un
análisis pormenorizado de cada uno de los asuntos que se comparan, siendo
esto necesario para fundamentar una posible vulneración del derecho a la
igualdad.
1.6.4. Municipio de Piedecuesta (Santander)
Esta entidad territorial indicó que no ha vulnerado derecho alguno de la parte
actora, puesto que, la modificación de la sentencia, en cuanto al monto de la
indemnización, no afecta la decisión en su núcleo y porque además se ajusta
a las normas y precedentes establecidos por la Corte Constitucional, lo que
garantiza la correcta interpretación y ejecución del fallo sin violar el principio
de inmutabilidad de las decisiones judiciales.
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Solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela interpuesta,
dado que no se cumple con los requisitos para su procedencia establecidos
por la jurisprudencia y la normativa aplicable.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la primera instancia de la acción
de tutela adelantada contra la decisión judicial demandada, según lo previsto
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20153, así como en el Acuerdo 80
de 12 de marzo de 2019.
2.2. Cuestión previa
El Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Bucaramanga (Santander) solicitó su desvinculación.
Al respecto, se encuentra que, debe accederse a esta petición puesto que,
de conformidad con las circunstancias fácticas y jurídicas expuestas en la
demanda, no se encuentra un deber correlativo en cuanto a lo pretendido
por la parte actora en cuanto a dicha dirección. Adicionalmente, la parte
actora tampoco formuló una pretensión expresa frente a dicha entidad.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala verificar si se vulneraron los derechos fundamentales
de la parte actora con la providencia del 14 de noviembre de 2024 emitida
por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 68001-33-
33-002-2018-00178-02, puesto que, al acceder a la solicitud de adición de
sentencia formulada por el municipio de Piedecuesta, en calidad de
demandado, se ordenó “únicamente” el pago de la suma correspondiente a 6
meses de salarios y prestaciones efectivamente dejados de percibir, bajo la
regla de los topes indemnizatorios de la sentencia SU-556 de 2014 de la
Corte Constitucional.
Por lo anterior, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la
Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) el estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y,
finalmente, de encontrarse superados se analizará (iii) el fondo del asunto.
3
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
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2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio
de 20124, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:
…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción
de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29
de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la
vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia,
que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.5
Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado
su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten
contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará
ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta
el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela
constituye un mecanismo residual y excepcional para la protección de
derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por
ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial
no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
–procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.6
4
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González. Negrilla fuera de texto.
5
Ibídem.
6
Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de
2004 y C-590 de 2005.
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En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,
se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.5. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 26 de junio de
2022 explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa
juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional
contra una decisión judicial “...el juez de tutela debe limitarse a analizar los
yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante,
pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la
providencia reprochada’.”
En ese sentido, el alto tribunal Constitucional consideró que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias
o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional “protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
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tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales” y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:
...(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
(ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción
de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.7
En el presente asunto, se observa que la demanda constitucional no cumple
el requisito de relevancia constitucional respecto de los defectos orgánico,
sustantivo, procedimental absoluto, el desconocimiento del precedente y la
violación directa de la Constitución pues además de carecer de la suficiente
carga argumentativa para analizar el asunto, se refieren a la interpretación
legal sobre la aplicación de las figuración de aclaración y adición de
sentencias contempladas en los artículos 285 y 287 del Código General del
Proceso.
Adicionalmente, se encuentra que, si bien la parte actora hizo referencia a los
expedientes 25000-23-26-000-2005-00240-01 y 85001-23-31-000-2011-
00109-01), para denotar la presunta vulneración constitucional, así como la
protección del principio de cosa juzgada pues tales figuras procesales no
podían ser utilizadas para reabrir debates ni para reformar lo decidido, lo
cierto es que, no identificó el motivo por el cual las decisiones emitidas en
dichos procesos resultaban desconocidas con la providencia demandada en
el caso concreto.
Ahora bien, en relación con el defecto denominado “vía de hecho por
contradicción” por transgresión al derecho a la igualdad, se advierte que, se
cumple la relevancia constitucional, pues a juicio de la parte demandante, del
mismo magistrado ponente existen decisiones contradictorias en casos
similares.
Para tal efecto, la accionante señaló que, el funcionario ponente de la
providencia acusada, denegó las solicitudes de aclaración y adición en los
procesos de los señores Fermín Lozano Quintero y Honorio Isaac Niño, bajo
el argumento de que las sentencias no podían ser modificadas en razón al
7
Destacado por la Sala.
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principio de inmutabilidad; pero en su caso y el de la señora Julieth Natalia
Figueroa Beltrán modificó el fondo de las decisiones, al aplicar la regla del
tope indemnizatorio de los 6 meses señalado en la sentencia SU-556 de
2014 de la Corte Constitucional.
Adicionalmente, se observa que, los aludidos defectos específicos se dirigen
a cuestionar la falta de competencia de la autoridad judicial demandada, para
modificar a través de la figura de la adición el contenido de la providencia
acusada.
Por lo que, se advierte que, en relación con dichos reproches tampoco se
cumple el presupuesto de la subsidiariedad, en tanto que, el mecanismo
judicial idóneo para controvertir la falta de competencia del funcionario es el
recurso extraordinario de revisión, bajo la causal de la nulidad originada en la
sentencia, establecida en el numeral 5° del artículo 250 de la Ley 1437 de
2011.
En relación con tal cuestionamiento, la Sala Veintidós Especial de Decisión
de esta Corporación8, sostuvo:
2.5. Nulidad originada en la sentencia
El artículo 250 del CPACA consagra en su numeral 5º, como causal de
procedencia del recurso extraordinario de revisión ‘existir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso
de apelación’.
…
Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de
competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los
límites impuestos en la causa petendi.
Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de revisión contra
los fallos dictados por esta jurisdicción en segunda instancia o única, si se
alega el desconocimiento del principio de la congruencia, que en últimas
implica una actuación sin competencia.
La postura en mención fue reiterada la Sala Uno Especial de Decisión de
esta Corporación en la providencia de 13 de diciembre de 20249, bajo los
siguientes motivos:
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós Especial
de Decisión. Providencia de dos (2) de febrero de dos mil dieciséis (2016). Radicación
número: 11001-03-15-000-2015-02342-00(REV). Consejero ponente: Alberto Yepes
Barreiro.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Uno Especial de Decisión,
Sentencia de 13 de diciembre de 2024. Exp. núm. 11001-03-15-000-2023-05364-00. C.P.:
María Adriana Marín.
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61. Dicha causal de revisión ha sido objeto de múltiples pronunciamientos
en esta Corporación, en la medida en la que su redacción no permite
conocer cuáles situaciones dan lugar a la nulidad de la sentencia. Por esa
razón, la jurisprudencia se ha ocupado de establecer los supuestos que
pueden configurar esa causal y le ha encomendado al juez la función de
establecer su alcance.
…
63. Por vía jurisprudencial, se han identificado los siguientes supuestos
transgresores del derecho al debido proceso: i) fallo inhibitorio… ii)
ausencia de motivación; iii) transgresión del principio de la no reformatio in
pejus; iv) condena contra un tercero que no ha sido vinculado como parte al
proceso; v) falta de competencia o jurisdicción; vi) decisión proferida en un
proceso terminado por desistimiento, transacción o perención; v) no contar
la decisión con el número de votos requerido para su aprobación, y vi) falta
de congruencia por condena extra, ultra o infra petita. […]”. [Cursiva original
del texto y subrayado fuera del texto].
Por lo expuesto, la Sala considera que tales defectos específicos son
susceptibles de plantearse a través de otro mecanismo de defensa judicial y,
además, en el asunto de la referencia no se demostró la configuración de un
perjuicio irremediable.
En ese sentido, se declarará la improcedencia de la acción de tutela frente a
los defectos orgánico, sustantivo, procedimental absoluto, el
desconocimiento del precedente y la violación directa de la Constitución,
pues no se cumplen los presupuestos de relevancia constitucional y
subsidiariedad.
Por tanto, en relación con el cuestionamiento por “vía de hecho por
contradicción” por transgresión al derecho a la igualdad, se encuentran
acreditados los precitados presupuestos de procedencia pues la parte actora
esgrimió las razones por las cuales consideró vulnerada tal garantía y
además, contra la providencia acusada no procede recurso ordinario ni
extraordinario alguno, por lo que, se procederá con el estudio de los demás
requisitos generales de procedencia, así:
2.5.2. Inmediatez
El aludido presupuesto exige que la tutela se interponga tan pronto se
produce el hecho, acto u omisión al que se le atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales o, por lo menos, dentro de un término prudencial y
consecuencial a su ocurrencia, esto es, seis meses.
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Como la providencia demandada se notificó el 19 de noviembre de 2024,
cobró firmeza en los términos del artículo 302 del Código General del
Proceso “…tres (3) días después de notificadas”10; y la demanda
constitucional se presentó el 24 de enero de 2025, se encuentra cumplido
dicho requisito.
2.5.3. Tutela contra decisión de igual naturaleza
Asimismo, se encuentra acreditado este requisito puesto que la decisión
cuestionada se profirió en un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
Por todo lo anterior, la Sala procederá a realizar el análisis de la vulneración
alegada bajo el principio de la igualdad, al encontrar acreditados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial.
2.6. Caso concreto
La parte accionante consideró vulnerado su derecho fundamental a la
igualdad con la providencia del 14 de noviembre de 2024 emitida por el
Tribunal Administrativo de Santander dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 68001-33-33-002-
2018-00178-02, puesto que, al acceder a la solicitud de adición de sentencia
formulada por el municipio de Piedecuesta, en calidad de demandado en
dicho proceso ordinario, se ordenó “únicamente” el pago de la suma
correspondiente a 6 meses de salarios y prestaciones efectivamente dejados
de percibir, bajo la regla de los topes indemnizatorios de la sentencia SU-
556 de 2014 de la Corte Constitucional.
Para tal efecto, sostuvo que, con la decisión demandada se presenta una
disparidad con casos similares, los de los señores Fermín Lozano Quintero y
Honorio Isaac Niño frente al de ella y de la señora Julieth Natalia Figueroa
Beltrán, lo cual genera inseguridad jurídica y desigualdad.
Para lo anterior, la accionante alegó que se transgredió el derecho a la
10
ARTÍCULO 302. EJECUTORIA. Las providencias proferidas en audiencia adquieren
ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos.
No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo
quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después
de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse
interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia
que resuelva los interpuestos.
19
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igualdad puesto que existen decisiones contradictorias en casos similares,
en tanto que, el mismo magistrado ponente de la providencia acusada
denegó las solicitudes de aclaración y adición en los procesos de los
señores Fermín Lozano Quintero (con radicado 68001-33-33-005-2018-
00115-02) y Honorio Isaac Niño (expediente 68001-33-33-007-2018-00147-
01), porque las sentencias no podían ser modificadas en razón al principio
de inmutabilidad. No obstante, en su caso y el de la señora Julieth Natalia
Figueroa Beltrán11 modificó el fondo de las decisiones.
Por su parte, el tribunal demandado sostuvo que si bien dentro de los
procesos mencionados se debatieron hechos similares a los conocidos
dentro del trámite de la nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
68001-33-33-002-2018-00178-02, ello per se no hace idéntica la situación a
la relacionada con las solicitudes de aclaración y adición presentadas
respecto de la providencia de segunda instancia.
En relación con la aludida garantía, se precisa que la Corte Constitucional en
la sentencia C-015 de 2014 señaló:
4.4.1. El juicio integrado de igualdad tiene tres etapas de análisis: (i)
establecer el criterio de comparación: patrón de igualdad o tertium
comparationis, valga decir, precisar si los supuestos de hecho son
susceptibles de compararse y si se compara sujetos de la misma
naturaleza; (ii) definir si en el plano fáctico y en el plano jurídico existe un
trato desigual entre iguales o igual entre desiguales; y (iii) averiguar si la
diferencia de trato está constitucionalmente justificada, es decir, si las
situaciones objeto de la comparación ameritan un trato diferente desde la
Constitución…
…
Para el caso concreto, se refieren los siguientes cuadros con la información
de los procesos en cuestión:
a) Expediente 68001-33-33-005-2018-00115-02:
Parte o
Magistrados
Partes interviniente que
que integran el
Proceso demandante y presenta la Decisión Motivación
tribunal
demandado solicitud de
demandado
adición/aclaración
11
Proceso 68001-33-33-005-2018-00123-00/01/03.
20
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1) En relación con la
solicitud del señor
Ramírez Rojas se indicó
que no cumplía con el
requisito formal de
titularidad y legitimación,
ya que, en la sentencia
cuya aclaración se
solicita, se rechazó su
Auto del 14 petición de
de noviembre reconocimiento como
de 2024 que tercero interviniente. 2)
niega la Frente al señor Lozano
Iván Fernando
solicitud de Quintero se indicó que no
Prada Macías
Fermín Lozano Danny Alexander aclaración se cumplió con el
68001-33-33- (ponente), Julio
Quintero contra Ramírez Rojas y interpuesta requisito material porque
005-2018- Edisson Ramos
municipio de Fermín Lozano por Danny la solicitud no va dirigida
00115-02 Salazar y María
Piedecuesta Quintero Alexander contra afirmaciones que
Eugenia Carreño
Ramírez generen un verdadero
Gómez
Rojas y motivo de duda. Su
Fermín solicitud de aclaración se
Lozano centró en cuestionar a
Quintero esta Sala de Decisión por
haber fundamentado el
restablecimiento del
derecho según lo
dispuesto por la Corte
Constitucional en la
sentencia SU-054 de
2015 por aplicarse
"incorrectamente" y
concordantes.
En el proceso precitado el señor Danny Alexander Ramírez Rojas presentó
solicitud de “aclaración, adición, corrección y/o complementación”, para lo
cual señaló que cumple con los requisitos formales establecidos por ley
porque: i) se presenta en calidad de tercero interviniente y ii) se cumplió con
la oportunidad procesal dispuesta en el Código General del Proceso.
Cuestionó la decisión de la sentencia de no reconocerle la calidad de tercero
interviniente, cuando en otros procesos sí le reconoció el interés legítimo
como exalcalde del municipio de Piedecuesta (Santander). Pidió que, en su
defecto se module su petición bajo figura de litisconsorte cuasinecesario.
Además, señaló que el tribunal i) “no motivó de manera suficiente la
conclusión a la que arribó”; y ii) “la conclusión que presentó es contraria al
contenido de la Constitución Política, particularmente a las disposiciones que
establecen la facultad del [a]lcalde Municipal para crear, suprimir o fusionar
empleos del ente territorial de manera autónoma”. Asimismo, reprochó que
se declarara la nulidad por falta de competencia, entre otros asuntos.
A su vez, el demandante en el expediente en mención, el señor Fermín
Lozano Quintero formuló solicitud de “aclaración, adición, corrección, y/o
complementación” contra la sentencia en la cual sostuvo que el tribunal erró
al fundamentar en la sentencia SU-054 de 2015, pues es una “línea
jurisprudencial que no es la más acorde con el ordenamiento jurídico, toda
vez que, si bien prohijó algunos principios relativos a la reparación del daño
frente a la nulidad de un acto de retiro, desconoció la realidad fáctica y
jurídica de las vinculaciones de los empleados provisionales y de carrera, los
21
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efectos de tales decisiones, así como el hecho de que los pagos que se
realizan, provienen de causas jurídicas distintas, lo cual revalida el carácter
compensatorio antes referenciado”.
El señor Lozano Quintero señaló que la aludida providencia “fue
incorrectamente aplicada, en tanto la misma hace referencia a personas
nombradas en provisionalidad que ocupaban cargos de carrera y que fueron
desvinculados sin motivación alguna, mientras en este caso se trató de una
indebida delegación”. Por lo que, solicitó que se cambie lo decidido en el
sentido de que se paguen “los salarios, prestaciones y demás derechos
laborales dejados de percibir, desde la fecha de su desvinculación y hasta su
reintegro efectivo al servicio.
b) Proceso 68001-33-33-007-2018-00147-01:
Parte o
Partes Magistrados que
interviniente que
demandante integran el
Proceso presenta la Decisión Motivación
y tribunal
solicitud de
demandado demandado
adición/aclaración
El demandante adujo que
presentó el recurso de
apelación en el momento
procesal oportuno ante el
Juez de instancia,
allegando incluso
impresiones que al
parecer corresponden al
correo electrónico sobre
Auto del 14
su envío al canal digital
de noviembre
Iván Fernando ofiserjamemorialesbuc@c
de 2024 que
Prada Macías endoj.ramajudicial.gov.co
Honorio Isaac niega la
68001-33-33- (ponente), Julio ; no obstante, el
Niño contra Honorio Isaac Niño solicitud de
007-2018- Edisson Ramos demandante nunca
municipio de Carrillo adición
00147-01 Salazar y María impugnó el auto por
Piedecuesta interpuesta
Eugenia Carreño medio del cual el a quo
por Honorio
Gómez concedió la apelación, así
Isaac Niño
como tampoco presentó
Carrillo
réplicas correctivas a la
decisión del admitir el
recurso de alzada
presentado por el
municipio de
Piedecuesta, por lo que,
se señaló que "mantuvo
una actitud silente y
descuidada".
En este proceso el demandante Honorio Isaac Niño Carrillo solicitó la adición
de la sentencia, puesto que, él interpuso el recurso de apelación el cual “…
fue enviado al canal digital oficial habilitado para tal efecto en ese entonces:
ofiserjamemorialesbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co”, para lo que allegó la
impresión del correo electrónico del envío. Se indicó que en su escrito se
advirtió una “omisión en la sentencia de segunda instancia, específicamente
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en lo relativo al estudio del recurso de apelación presentado por la parte
demandante”, y la referencia a la garantía de doble instancia y del derecho a
apelar las providencias judiciales.
c) Expediente 68001-33-33-002-2018-00178-02:
Parte o
Partes Magistrados
interviniente que
demandante que integran el
Proceso presenta la Decisión Motivación
y tribunal
solicitud de
demandado demandado
adición/aclaración
Frente al señor Ramírez
Rojas se indicó que
realizó un esfuerzo
argumentativo para que
se le reconozca en esta
oportunidad la calidad de
Auto del 14 de tercero interviniente, pero
noviembre de que la solicitud de
2024 que aclaración no es el
niega la momento para
solicitud de nuevamente suplicar el
aclaración reconocimiento de esa
Iván Fernando presentada por calidad. En relación con
Prada Macías el señor Danny el ente territorial se negó
Patricia Danny Alexander
68001-33-33- (ponente), Julio Alexander la aclaración porque su
Dolores Ramírez Rojas y
002-2018- Edisson Ramos Ramírez Rojas finalidad era la de
Duarte municipio de
00178-02 Salazar y María y el municipio interrogar y cuestionar
Suárez Piedecuesta
Eugenia de sobre las
Carreño Gómez Piedecuesta, consideraciones de la
pero accedió a sentencia; lo cual es
la solicitud de improcedente. Se
adición accedió a la adición del
formulada por municipio de Piedecuesta
dicho ente en aplicación a la regla
territorial indemnizatoria de la
sentencia SU- 556 de
2014, correspondiente a
6 meses de salarios y
prestaciones
efectivamente dejados de
percibir.
En este proceso ordinario de la accionante, el señor Danny Alexander
Ramírez Rojas presentó solicitud de “aclaración, adición, corrección y/o
complementación” de la sentencia, para lo cual señaló que cumple con los
requisitos formales para ello, pues se presenta como tercero interviniente y,
se encuentra oportunamente presentada. Cuestionó que en el fallo no se le
reconociera como tercero interviniente, cuando en otros procesos sí se ha
aceptado su intervención como exalcalde de Piedecuesta (Santander). Pidió
que, en su defecto se module su petición bajo figura de litisconsorte
cuasinecesario. Señaló que, el tribunal i) “no motivó de manera suficiente la
conclusión a la que arribó”; y ii) “la conclusión que presentó es contraria al
contenido de la Constitución Política, particularmente a las disposiciones que
establecen la facultad del [a]lcalde Municipal para crear, suprimir o fusionar
empleos del ente territorial de manera autónoma”. Cuestionó que declarara la
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nulidad del acto por falta de competencia.
A su vez, se observa que, en el aludido expediente de la demandante, el
municipio de Piedecuesta formuló solicitud de “aclaración, adición, corrección
y/o complementación” puesto que “no fueron abordados y/o desarrollados de
manera clara y precisa en sentencia de segunda instancia que revocó la de
primera instancia” frente a la “proscripción de la delegación”. También, indicó
que se omitió precisar el alcance de la condena realizada a título de
restablecimiento del derecho, en relación las reglas definidas por la Corte
Constitucional en sentencias de unificación SU-556 de 2014 y SU-354 de
2017, para lo cual precisó que “el tribunal tampoco realizó ninguna
manifestación al respecto, atendiendo al carácter vinculante del mismo, se
podría concluir que, en el presente caso, las reglas relacionadas son
plenamente aplicables […] su despacho deberá argumentar de forma clara y
suficiente, las razones en las que funda la decisión de apartarse del
precedente”.
De conformidad con lo expuesto, se encuentra que, en los procesos
promovidos por el señor Fermín Lozano Quintero con radicado 68001-33-33-
005-2018-00115-02 y el señor Honorio Isaac Niño con radicado 68001-33-33-
007-2018-00147-01, en cuanto a las solicitudes de aclaración y adición de
sentencia, son diferentes a lo pedido en el proceso de la accionante con
radicado 68001-33-33-002-2018-00178-02.
Para la sala, la decisión acusada no transgrede el derecho a la igualdad,
puesto que la providencia de la cual se predica la vulneración se originó por
peticiones y causas distintas, razón por la cual la autoridad judicial censurada
no se encontraba condicionada a resolver en ese mismo sentido.
Así las cosas, se encuentra que lo que busca es un cambio en la forma en
que el tribunal demandado resolvió la solicitud de adición en segunda
instancia, que a su juicio es desfavorable pues no está de acuerdo con la
aplicación del tope indemnizatorio correspondiente a 6 meses de salarios y
prestaciones efectivamente dejados de percibir.
En otros términos, lo que se pretende con la presente acción es cuestionar la
postura adoptada por el tribunal accionado porque no le es favorable, pero no
se brindó una argumentación que permita interpretar, aplicar o desarrollar el
alcance del derecho fundamental a la igualdad. Por consiguiente, se
denegará el cargo relativo a la violación de dicha garantía constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
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República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Accédase a la solicitud de desvinculación del Consejo Superior
de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Bucaramanga (Santander), por lo expuesto en la motiva.
SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la
señora Patricia Dolores Duarte Suárez respecto de los defectos orgánico,
sustantivo, procedimental absoluto, el desconocimiento del precedente y la
violación directa de la Constitución por no cumplir con los requisitos de la
relevancia constitucional y subsidiariedad y, a su vez, deniégase frente a la
“vía de hecho por contradicción” por transgresión al derecho a la igualdad,
por las razones expuestas en la parte motiva.
TERCERO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Salva voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Aclara voto
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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