Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00388-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00388-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00388-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
25 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00388-00
Demandante: Sebastián Martínez Martínez
Demandado: Presidencia de la República
Temas: Tutela para decisión del Presidente de la República de no
autorizar el aterrizaje en territorio nacional de los vuelos de
deportación provenientes de Estados Unidos
Decisión: Declarar la falta de legitimación en la causa por activa
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Sebastián Martínez Martínez, en calidad
de agente oficioso, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, y
333 de 2021.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
Sebastián Martínez Martínez, en calidad de agente oficioso, promovió solicitud
de tutela «en ejercicio del derecho fundamental a la defensa de los derechos humanos y
como agente oficioso […], en favor de los migrantes colombianos afectados por la decisión
del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego de no autorizar el aterrizaje en territorio
nacional de los vuelos de deportación provenientes de Estados Unidos, con cerca de 160
migrantes colombianos a bordo, situación ocurrida el día 26 de enero de 2025» (sic).
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:
i) El 26 de enero de 2025, el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro
Urrego tomó la decisión de no autorizar el aterrizaje en territorio nacional de dos
vuelos provenientes de Estados Unidos, los cuales transportaban a cerca de 160
migrantes colombianos que habían sido deportados desde ese país.
ii) Esta decisión se tomó luego de que el jefe de Estado revocara todas las
autorizaciones diplomáticas previamente otorgadas a aviones militares de Estados
Unidos y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en
1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00388-00
Demandante: Sebastián Martínez Martínez
inglés), que habían sido previamente aprobadas para ingresar al espacio aéreo
colombiano.
1.1.1. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:
«[…] 1. Que se ordene al presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego,
permitir el retorno y aterrizaje de los vuelos provenientes de Estados Unidos con los
migrantes colombianos deportados, garantizando su ingreso a territorio nacional y la
protección de sus derechos fundamentales.
2. Que se ordene al presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, que el
retorno de los migrantes colombianos deportados desde Estados Unidos no sea
realizado utilizando el avión presidencial ni recursos asignados al despacho presidencial,
ya que el avión presidencial constituye un bien público destinado exclusivamente para
atender funciones inherentes a la gestión y representación del Estado colombiano. Su
uso para el retorno de los connacionales deportados podría generar una desviación en
la finalidad de los recursos públicos, comprometiendo el principio de eficiencia y
moralidad administrativa consagrado en el artículo 209 de la Constitución Política de
Colombia. […]». (sic)
1.2. Informe rendido en el proceso
1.2.1. La Presidencia de la República2 solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, declarar la improcedencia de la tutela y/o negar
el amparo de los derechos fundamentales invocados, ante la inexistencia de una
acción u omisión imputable a esa autoridad que pudiese generar alguna
vulneración.
Afirmó que el demandante no está legitimado en la causa para solicitar la protección
de derecho de emigrantes connacionales, máxime, si no aportó poder especial ni
probó la condición de agente oficioso.
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que
obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) determinación del problema jurídico;
iii) legitimación en causa por activa en la solicitud de tutela; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37
del Decreto 2591 de 1991, en concordancia, con el artículo 1 del Decreto 333 del 6
de abril de 2021, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo
contra la Presidencia de la República.
2 Archivo obrante en el índice 8 del Samai.
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Demandante: Sebastián Martínez Martínez
2.2. Problema jurídico
La Sala deberá definir si: ¿Sebastián Martínez Martínez cuenta con legitimación en
la causa por activa en la presente solicitud de tutela?
2.3. Legitimación en causa por activa en la solicitud de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a
presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién
actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales fundamentales;
en similar sentido lo reguló el Decreto 2591 de 19913, que dispuso:
Artículo 10. LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté
en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales. […]
La Corte Constitucional4 refirió la evolución jurisprudencial en lo que a la
legitimación en la causa por activa para acudir al juez de tutela se refiere, así:
«[…] 5. Desde sus inicios, particularmente en la sentencia T-416 de 19975, la Corte
Constitucional estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un
presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad
subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de
tutela.
Más adelante, la sentencia T-086 de 20106, reiteró lo siguiente con respecto a la
legitimación en la causa por activa como requisito de procedencia de la acción de tutela:
“Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea
un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se
opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de
representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”. (Negrilla fuera del texto
original).
Asimismo, en la sentencia T-176 de 20117, este Tribunal indicó que la legitimación en la
causa por activa constituye una garantía de que la persona que presenta la acción de
tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez
constitucional, de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho
fundamental reclamado es propio del demandante.
3 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
4 Sentencia T-511 de 2017. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.
5 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
6 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Caljub.
7 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Demandante: Sebastián Martínez Martínez
En el mismo sentido se pronunció la Corte en la sentencia T-435 de 20168, al establecer
que se encuentra legitimado por activa quien promueva una acción de tutela siempre
que se presenten las siguientes condiciones: (i) que la persona actúe a nombre propio,
a través de representante legal, por medio de apoderado judicial o mediante agente
oficioso; y (ii) procure la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales.
Adicionalmente, en la sentencia SU-454 de 20169, esta Corporación reiteró que el
estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces y
constituye un presupuesto procesal de la demanda.
6. Ahora bien, con respecto a la legitimación del agente oficioso, en las sentencias T-
452 de 200110, T-372 de 201011, y la T-968 de 201412, este Tribunal estableció que se
encuentra legitimada para actuar la persona que cumpla los siguientes requisitos: (i) la
manifestación que indique que actúa en dicha calidad; (ii) la circunstancia real de que,
en efecto, el titular del derecho no se encuentra en condiciones físicas o mentales para
interponer la acción, ya sea dicho expresamente en el escrito de tutela o que pueda
deducirse del contenido de la misma; y (iii) la ratificación de la voluntad del agenciado
de solicitar el amparo constitucional.
En concordancia con lo anterior, en la sentencia SU-173 de 201513, reiterada en la T-
467 de 201514, la Corte indicó que por regla general, el agenciado es un sujeto de
especial protección y, en consecuencia, la agencia oficiosa se encuentra limitada a la
prueba del estado de vulnerabilidad del titular de los derechos.
En esta oportunidad, la Corte reitera la regla jurisprudencial que establece que una
persona se encuentra legitimada por activa para presentar la acción de tutela, cuando
demuestra que tiene un interés directo y particular en el proceso y en la resolución del
fallo que se revisa en sede constitucional, el cual se deriva de que el funcionario judicial
pueda concluir que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante. […]».
(sic)
Como se observa, la normativa y la jurisprudencia definen cuatro vías procesales
para acudir al juez de tutela a saber: i) el directamente afectado; ii) a través de
representante legal o de apoderado judicial; iii) por medio de agente oficioso; y iv)
por conducto del defensor del pueblo y los personeros municipales.
2.4. Caso concreto
Sebastián Martínez Martínez acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
los derechos fundamentales de los agenciados y, en consecuencia, se ordenara al
presidente de la República permitir el retorno y aterrizaje de los vuelos provenientes
de Estados Unidos con los migrantes colombianos deportados, garantizando su
ingreso a territorio nacional y la protección de sus derechos fundamentales.
Con relación a lo anterior, es necesario evaluar si Sebastián Martínez Martínez tiene
la titularidad para reclamar sobre el amparo de los derechos fundamentales
8 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
9 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
10 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
11 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
12 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
13 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
14 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00388-00
Demandante: Sebastián Martínez Martínez
invocados en la presente solicitud de tutela, aspecto en cuanto al cual, se aclara
que el demandante no alegó ni acredité la condición de deportado afectado con la
medida del primera mandatario, lo cual desvirtúa su legitimación para acudir ante el
juez de tutela en nombre propio.
Ahora bien, de otro lado, se observa que la parte actora pretende actuar como
agente oficioso de los migrantes colombianos, frente a lo cual es pertinente resaltar
que, en lo que tiene que ver con la interposición a través de agente oficioso, el
referido artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, señala que: «[…] también se pueden
agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de
promover su propia defensa. […]», supeditando la eficacia de dicha figura a que en la
solicitud se manifieste esta situación, esto es, que se ponga de presente que se
actúa en tal calidad.
La Corte Constitucional15 se ha referido al respecto de la siguiente manera:
«[…] Entretanto esta Corte ha sintetizado los elementos de la agencia oficiosa, así: (i) la
manifestación del agente oficioso en el sentido de actuar como tal; (ii) la circunstancia
real, que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque del
contenido se pueda inferir, consistente en que el titular del derecho fundamental no está
en condiciones físicas o mentales para promover su propia defensa; (iii) la existencia de
la agencia no implica una relación formal entre el agente y los agenciados titulares de
los derechos; (iv) la ratificación oportuna por parte del agenciado de los hechos y de las
pretensiones consignados en el escrito de acción de tutela por el agente. […]»
En este orden de ideas, en atención a los elementos definidos por la jurisprudencia
constitucional en materia de agencia oficiosa en sede de tutela, se observa que en
el presente asunto no se cumplen, pues, no se expresaron y tampoco se infieren las
razones o circunstancias por las cuales los titulares de los derechos fundamentales
invocados, es decir, los migrantes colombianos presuntamente afectados con la
determinación del presidente de la República de no autorizar el aterrizaje en
territorio nacional de los vuelos de deportación provenientes de Estados Unidos, no
podrían promover su propia defensa.
Sumado a esto, debe tenerse en cuenta que la situación referida, es decir, la
situación diplomática presentada entre Colombia y Estados Unidos fue superada
días después permitiendo el retorno de los connacionales, de acuerdo a las
condiciones pactadas entre los 2 países, lo cual es un hecho notorio que no admite
prueba en contrario, de manera que, incluso de presumirse actuales y vigentes las
circunstancias relatadas, tampoco se acreditó la agencia oficiosa por lo menos, a
través de la ratificación de alguno de los agenciados, quienes ya se encuentran en
el territorio nacional.
3. Conclusión
En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala declarará la falta de
15 Sentencia de la Corte Constitucional T-995 de 2008, M.P.: Mauricio González Cuervo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00388-00
Demandante: Sebastián Martínez Martínez
legitimación en causa por activa de Sebastián Martínez Martínez, en la solicitud de
tutela presentada contra la Presidencia de la República.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar la falta de legitimación en causa por activa de Sebastián Martínez
Martínez, en la solicitud de tutela presentada en contra la Presidencia de la
República, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JAV/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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