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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00394-01

Fecha
20 de junio de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00394-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR el ordinal cuarto de la Sentencia de tutela proferida el 3 de abril de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado la cual quedará así: “DECLARAR LA TEMERIDAD Y COSA JUZGADA en la presente acción de tutela, en lo concerniente a la protección de la intimidad en el expediente 11001-03-15-000-2024-05204-00, y NEGAR la solicitud de amparo, en relación con las amenazas que presuntamente recibieron los actores en la madrugada del 1º de enero de 2025 y al pago de la culminación de los estudios de José.” SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin19. CUARTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00394-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

20 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

20 de junio de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00394-01
Demandante: José y Berenice1
Demandado: Consejo de Estado - Sección Primera y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA |Temeridad
|Cosa Juzgada |Derecho a la intimidad | Niega – ausencia de hecho vulnerador -
Modifica

Síntesis del caso: La parte actora reclamó la protección de sus derechos fundamentales,
con fundamento en la presunta indebida notificación realizada a entidades que no fueron
demandadas, dentro del trámite de varias acciones de tutela.

De acuerdo con la competencia asignada2, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 3 de
abril de 2025, por medio de la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción de tutela respecto de unas pretensiones,
declaró la carencia actual de objeto por otra y negó el amparo respecto
de otras.3

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 27 de enero de 2025, José y Berenice, en nombre propio,
presentaron una acción de tutela contra la Sección Primera del Consejo de
Estado, Secretaría General del Consejo de Estado, Estación de Policía de
Anolaima (Cundinamarca) y Fiscalía General de la Nación, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, vida, intimidad,

1 Nombres dados a los accionantes en la tutela 11001-03-15-000-2024-05484-00 y en la primera instancia de este

asunto, con el fin de garantizar su intimidad personal.
2 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
3 “1. Denegar la desvinculación de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, conforme a la parte

motiva de esta providencia.
2. Denegar el amparo solicitado por los demandantes, frente a la salvaguarda de la intimidad en la acción de
tutela 11001-03-15-000-2024-06119-00.
3. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, respecto a la presunta mora judicial acaecida en
la tutela 11001-03-15-000-2024-06119-00.
4. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, en lo concerniente a la protección de la intimidad
en el expediente 11001-03-15-000-2024-05204-00, a las amenazas que presuntamente recibieron los actores en la
madrugada del 1º de enero de 2025 y al pago de la culminación de los estudios de José.
(…)”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00394-01
Demandante: José y Berenice
Demandado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modificar
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honra, seguridad personal y trabajo, con ocasión de: 1) la omisión de la
Sección Primera en ocultar sus nombres e información sensible aportada
como pruebas en las acciones de tutela No. 11001-03-15-000-2024-05204-00
y 11001-03-15-000-2024-06119-00 y la notificación que realizó la Secretaría del
Consejo de Estado; 2) las amenazas que recibieron por parte de algunos
vecinos en la madrugada del 1 de enero de 2025 y 3) por la inactividad de
la Fiscalía General de la Nación y de la Estación de Policía de Anolaima
frente a dichas intimidaciones.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):

“PRIMERO: De forma excepcional y por estar en riesgo la vida, la intimidad, la
seguridad personal y familiar, con consecuencias graves y déficit en seguridad
diaria diurna y nocturna para los accionantes y continuación de actos graves
de amenaza, irrespeto, burlas, mofas, comentarios, discriminación y otros aún
hoy (27 de enero del 2025), respetuosamente sírvase amparar los derechos
fundamentales a la igualdad (artículo 13 de la Constitución Nacional), derecho
a la vida, derecho a la intimidad y derecho a la honra (artículo 21 de la C.N.),
derecho a la seguridad personal, derecho al trabajo (artículo 25), artículo 73 de
la Constitución Nacional: “La actividad periodística gozará de protección para
garantizar su libertad e independencia profesional.”

Ordénese a las accionadas que de manera inmediata se proceda a proteger
el diagnóstico y se repare la situación causada a la salud física y psicológica de
[José], situación que fue dada a conocer abusivamente por la Secretaría
General del Consejo de Estado y la Sección Primera del Consejo de Estado sin
ninguna consideración en los procesos 11001-03-15-000-2024-05204-00 y 11001-
03-15-000-2024-06119-00. En los autos admisorios de las demandas, en uno de
ellos ni se retiró mi nombre y fue anexada mi demanda en el proceso de
notificaciones donde reposa mi diagnóstico, enviada al Concejo de Anolaima,
Junta de Acción Comunal de Reventones y Junta de Acción Comunal de
Corralejas, sin justificación, causando consecuencias graves como
estigmatización, discriminación, atentados, presión, daños psicológicos,
rechazo, irrespeto, abusos, difamaciones y perjuicios graves en la salud física,
moral e intelectual del grupo familiar de [José], quien ni siquiera tiene empleo,
ni trabajo ni apoyo económico y social por parte de la Secretaría de Desarrollo
Social.

SEGUNDO: conceder la MEDIDA PROVISIONAL (…)

TERCERO: Ordénese por su honorable despacho la protección de nuestros
derechos fundamentales a la seguridad personal, integridad, igualdad, vida e
intimidad y, en todo caso, se reserven los datos e información sensible.
Conmínese y ordénese a los honorables concejales y estación de policía de
Anolaima a ser respetuosos con la información sensible del caso de [José] y
manifiéstate las consecuencias que recaen sobre quienes discriminen o
divulguen su estado de salud. Así mismo, requiero apoyo económico o empleo
por parte de las Secretarías de Integración Social o Desarrollo Social del
Departamento de Cundinamarca y el Municipio de Anolaima, con la finalidad
de obtener ingresos para culminar mis estudios y ayudar a mi madre, pues no
tienen empleo y la discriminación actual me ha cerrado las puertas, dado a
tantas presuntas burlas y comentarios de los líderes comunales y familiares a
espaldas nuestras.

CUARTA: Para notificar a las partes, concédase un despacho comisorio al
Juzgado Promiscuo Municipal de Anolaima, pues no cuento con direcciones

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00394-01
Demandante: José y Berenice
Demandado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modificar
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electrónicas, ni contactos telefónicos, direcciones físicas o electrónicas de los
accionados y vinculados.

QUINTO: Solicito se revisen las pruebas aportadas en tiempo pasado y actos de
amenazas contra nosotros y la agresión física y verbal que recibió [José] y su
madre por parte de Leider Jair Rocha Medina, contratista de la Alcaldía de
Anolaima y electricista, (…) Ver procesos 11001-03-15-000-2023-0265300 y 11001-
03-15-000-2023-0265301 del H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, donde reposan actos de
presuntas amenazas y atentados por parte de este señor, quien aún sigue
molestando y nadie le pone freno. (…)”.4

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:

4. 1) Los accionantes, José y Berenice, residen en zona rural del
municipio de Anolaima (Cundinamarca). José fue diagnosticado con una
enfermedad inmunológica, y Berenice, su madre, tiene discapacidad visual
y 73 años de edad.

5. 2) El 26 de septiembre de 2024, José y Berenice interpusieron acción
de tutela en contra de la Subsección C de la Sección Tercera, la Sección
Quinta y la Secretaría General del Consejo de Estado, y otras entidades, por
la presunta mora en resolver el incidente de desacato (1) 2024-01590-015 y
la acción de tutela (2) 2024-04434-006.

6. 3) La acción de tutela fue asignada, por reparto, a la Sección Primera
del Consejo de Estado, bajo el radicado (3) 2024-05204-00, y admitida
mediante Auto de 2 de octubre de 2024. En esa decisión, la magistrada
ponente ordenó notificar a los demandados y vinculó como terceros con
interés en el asunto a las entidades accionadas en los procesos (1) y (2).

7. 4) Según los accionantes, la notificación del proceso (3) a entidades
que no fueron demandadas, sin suprimir el nombre de José ni proteger la
información sensible contenida en el escrito de tutela, como lo era su
diagnóstico médico, vulneró su derecho a la intimidad, pues dicha
información, al parecer, fue conocida por el Concejo municipal de
Anolaima y por los presidentes de Juntas de Acción Comunal de los
poblados cercanos a su residencia.

4 La segunda pretensión corresponde a una solicitud de medida provisional que fue resuelta en primera instancia

mediante Auto de 27 de febrero de 2025.
5 La acción de tutela 2024-01590-00 fue conocida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado

y en esta, mediante Sentencia de 31 de mayo de 2024 se amparó el derecho a la salud de José, en la faceta de
accesibilidad. En consecuencia, se ordenó a la EPS Famisanar, entre otras disposiciones, reasignar todas las citas
médicas a las que el actor no haya podido asistir debido a la falta de recursos económicos y suministrar para ello
gastos de transporte, de alimentación y alojamiento.
6 La acción de tutela 2024-04434-00 fue conocida por la Sección Quinta del Consejo de Estado y con esta la parte

actora pretendía la protección de su derecho al debido proceso y el derecho a la salud, entre otros,
presuntamente vulnerados por las acciones de tutela 2022-02631-00/01/02/03/04/05 y 2024-01352-01. Mediante
Sentencia de 10 de octubre de 2024, la Sección Quinta decidió, entre otras disposiciones, amparar el derecho a
la salud de Berenice y, en consecuencia, ordenó a la Nueva EPS la prestación inmediata de servicios de salud
para exámenes, citas y procedimientos médicos, así como el servicio de transporte desde su residencia hasta el
lugar de prestación de los servicios de salud.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00394-01
Demandante: José y Berenice
Demandado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modificar
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8. 5) El 12 de noviembre de 2024, los accionantes presentaron una nueva
acción de tutela que recibió el radicado: (4) 2024-06119-00. La tutela se
presentó en contra de la Sentencia de 10 de octubre de 2024, proferida
dentro de la tutela (2) -2024-04434-00-, por no haber ordenado la provisión
de alojamiento, viáticos, alimentación y acompañamiento para que
Berenice pudiera asistir a sus citas médicas. También alegaron el
incumplimiento de la Sentencia del proceso (1) -2024-01590-00-, dado que
no han podido acceder a los servicios de salud.

9. 6) La tutela (4) -2024-06119-00- fue admitida mediante Auto de 15 de
noviembre de 2024, en el que nuevamente se ordenó notificar a entidades
que no fueron accionadas -vinculadas en calidad de terceros-, sin adoptar
medidas para proteger la información sensible contenida en el escrito.

10. 7) De acuerdo con lo expuesto en el presente escrito de tutela, la falta
de medidas de protección a la intimidad de los accionantes en las
notificaciones de las tutelas (3) y (4), ocasionaron que el 1 de enero de 2025,
José fuera perseguido, discriminado y amenazado con expresiones como:
“no más tutelas o se muere”. Estos hechos han afectado su salud mental, por
lo que ha requerido atención psiquiátrica.

11. 8) José presentó la denuncia correspondiente ante la Estación de
Policía de Anolaima y la Fiscalía General de la Nación, sin que, a la fecha
de presentación de esta acción, hubiera obtenido medidas de protección
por parte de esas entidades.

12. 9) Finalmente, aseguró que, de un lado, la discriminación que enfrenta
le ha impedido conseguir un empleo, y que, de otro, la falta de apoyo
económico por parte de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de
Anolaima le ha impedido generar ingresos para finalizar sus estudios.

13. Como fundamento de la vulneración, la parte actora alegó que la
Sección Primera del Consejo de Estado y su Secretaría General divulgaron,
sin su autorización, información médica sensible del accionante José, al
notificar a entidades no demandadas. Dicha vulneración generó actos de
estigmatización, amenazas y discriminación en su contra, lo cual ha puesto
en riesgo su integridad física y sicológica. Adicionalmente, estimó que, pese
a la denuncia presentada ante la Policía y la Fiscalía por las amenazas
recibidas, no se han adoptado medidas de protección.

1.2 . Sentencia de primera instancia e impugnación

14. En Sentencia de 3 de abril de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado: 1) negó el amparo solicitado por la presunta vulneración del
derecho a la intimidad ocasionado en el trámite de la acción de tutela (4);

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00394-01
Demandante: José y Berenice
Demandado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
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2) declaró la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de la
presunta mora judicial dentro del trámite de la misma tutela; y 3) declaró
improcedente la acción de tutela en relación con la protección de la
intimidad en el expediente (3), con las amenazas que presuntamente
recibieron el 1 de enero de 2025 y con el pago de los estudios de José.

15. 1) En relación con la protección a su intimidad dentro de la acción de
tutela (4), la Sección Cuarta, como juez de primer grado, consideró que,
dado que los documentos cargados en el sistema de gestión SAMAI se
encontraban con el rótulo de “clasificados”, su acceso era limitado y
confidencial, por lo que no hubo vulneración de derechos por parte de la
autoridad judicial accionada.

16. 2) Sobre la mora en proferir fallo dentro de ese mismo proceso, se
determinó que existía carencia actual de objeto por hecho superado, dado
que la Sección Primera profirió Sentencia de primera instancia, el 6 de marzo
de 2025, la cual fue notificada el 18 del mismo mes.

17. 3) Respecto de la protección a la intimidad en la tutela (3), el juez de
primera instancia consideró que la actuación resultaba temeraria, habida
cuenta de que esa pretensión ya había sido formulada en una acción de
tutela diferente a las hasta aquí señaladas, esto es, en la (5) 2024-05484-00.
Por ello, la acción de tutela resultaba improcedente y, al existir identidad de
partes, hechos y objeto en ambas acciones, también se configuró la cosa
juzgada constitucional.

18. En lo que tiene que ver con las presuntas amenazas recibidas, al
parecer el 1 de enero de 2025, la Sección Cuarta consideró que no se
aportaron pruebas que permitieran verificar esos hechos. Tampoco se
evidenció que dichas amenazas hubiesen sido puestas en conocimiento de
las autoridades competentes porque, si bien, la fiscalía en su informe
manifestó haber recibido varias denuncias de los accionantes, estas no
tenían relación con hechos ocurridos el 1 de enero de 2025. Tampoco
solicitaron medidas de protección ante la inspección de policía y se le
recordó que podía solicitarlas también ante la Unidad Nacional de
Protección o solicitar ingreso al programa de protección de víctimas y
testigos de la Ley 985 de 2005. Por lo anterior, concluyó que dicha pretensión
no cumplía con el requisito de subsidiariedad y declaró improcedente la
acción frente a esto. Además, le sugirió acudir a los consultorios jurídicos
universitarios o a la Defensoría del Pueblo para recibir orientación en la
protección de sus derechos.

19. Finalmente, en relación con el hecho de que José no ha podido
continuar con sus estudios, la Sala declaró improcedente la tutela porque se
trató de argumentos generales y frente a los cuales no se acreditó que el

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00394-01
Demandante: José y Berenice
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accionante hubiese requerido apoyo previo de las autoridades
administrativas.

20. La parte actora impugnó la providencia. Además de reiterar los
argumentos expuestos en el escrito de tutela, sostuvo que el juez de primera
instancia no valoró adecuadamente las pruebas aportadas, entre ellas la
historia clínica de José y los antecedentes de amenazas como el incendio
provocado de su vivienda en 2020 y el homicidio de otro hijo de Berenice,
hermano de José, luego de recibir panfletos de las Autodefensas Unidas de
Colombia -AUC-. También reiteró la constante discriminación que han
sufrido, lo cual, en su conjunto, evidenciaba un patrón de riesgo grave y
sistemático.

21. En relación con el incumplimiento del requisito de subsidiariedad
respecto de las amenazas recibidas, señaló que la Policía Nacional, la
Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Protección Nacional han
declarado su falta de competencia para atender sus solicitudes, de manera
que lo han dejado sin protección.

22. Informó que, dadas las irregularidades presentadas en este asunto,
presentó denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
y además denunció a la secretaria general del Consejo de Estado ante la
Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, por las
irregularidades en el trámite de notificación de la tutela (3).

23. Finalmente, aportó 21 archivos en formato PDF para que fueran
tenidos en cuenta como pruebas dentro de la presente acción.

1.3 Actuaciones relevantes con posterioridad a la sentencia de primera
instancia

24. A través de memorial de 27 de mayo de 2025, el accionante solicitó
incorporar el Auto de Sustanciación No. 6862 de la Comisión de Acusaciones
y copias de las contestaciones del presente proceso, así como un informe
sobre la valoración de pruebas aportadas en la impugnación. En el mismo
escrito el accionante pidió esclarecer por qué no se han adoptado medidas
de protección tras los hechos del 1 de enero de 2025, pese a las remisiones
hechas por la Policía a la Fiscalía y a la Procuraduría, sin que exista respuesta
oficial. Además, solicitó un informe cronológico y detallado sobre las
pruebas aportadas en la impugnación.

25. El 10 de junio de 2025 el accionante informó que ha recibido nuevas
amenazas debido a la notificación de la tutela a la Junta de Acción
Comunal de los poblados de Reventones y Corralejas, así como a los

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Concejales del municipio de Anolaima. Por ello, solicitó protección y
empleo.

26. Mediante oficio JRB-3283 de 10 de junio de 2025, la Secretaría General
de la Corporación informó al accionante sobre el trámite dado a su solicitud
de la misma fecha y le indicó que los archivos allegados fueron incorporados
al expediente de la referencia, de conformidad con lo pedido.

2 CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Cuestión previa. 2.2. Fijación de la controversia. 2.3. Verificación de la cosa
juzgada constitucional y/o temeridad. 2.4. Procedencia de la acción de tutela. 2.5.
Verificación de vulneración alegada. 2.5. Conclusión.

2.1. Cuestión previa

27. Una vez revisados los documentos aportados con el escrito de
impugnación, la Sala advierte que el accionante allegó la denuncia
presentada ante la Policía Nacional, por los hechos ocurridos el 1 de enero
de 2025, así como la constancia de recibido de la misma. Por otro lado, se
aportaron documentos que no guardan relación directa con las
pretensiones de la presente acción7, por ello, la Sala se abstendrá de
valorarlos en esta instancia, al no ser documentos útiles, conducentes y
pertinentes.

2.2. Fijación de la controversia

28. Previo a resolver, con el fin de fijar la controversia y dado que, según
los antecedentes, son 5 las tutelas que rodean el caso, es preciso recordar
que la presente tutela se interpuso porque, con ocasión del trámite de las
tutelas (3) y (4), se expuso la intimidad de los accionantes y se ocasionó que
fueran expuestos a discriminación y amenazas.

29. La Sala se ocupará de estudiar los motivos de impugnación
presentados por la parte actora, razón por la que se sustrae del estudio de
aquellos reparos respecto de los que no se presentaron argumentos de
inconformidad sobre la decisión de primer grado, conforme a lo planteado
en el escrito de tutela, como lo fue el aspecto sobre la mora judicial. Sobre
este punto, si bien en el escrito de tutela se mencionó que, al momento de
su presentación, aún no se había proferido fallo en la acción (4), lo cierto es
que la parte actora no formuló ninguna pretensión relacionada con dicha
mora. No obstante, la Sección Cuarta se pronunció sobre ese aspecto y
declaró la carencia actual de objeto, al constatar que el 6 de marzo de
2025 se profirió decisión en esa acción. En todo caso, al no haber sido

7 Tal es el caso de la clasificación en el Sisbén de los accionantes, respuestas a peticiones relacionadas con el

servicio de acueducto, entre otros.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00394-01
Demandante: José y Berenice
Demandado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modificar
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impugnado este pronunciamiento, corresponde a la Sala confirmar lo
decidido en ese punto.

30. En ese orden, verificará si hubo, o no, cosa juzgada constitucional y/o
temeridad8, en relación con los reparos contra el trámite la tutela [3] que
afectaron su intimidad. Asimismo, una vez verificados los requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela, si la notificación del auto admisorio
de la tutela No. [4], a los terceros con interés en el asunto, vulneró los
derechos fundamentales a la igualdad, vida, intimidad, honra, seguridad
personal y trabajo de la parte actora, las presuntas amenazas y
discriminación sufridas como consecuencia de esas notificaciones y la falta
de protección por parte de la Estación de Policía de Anolaima así como de
la Fiscalía General de la Nación. En ese orden, se procederá a confirmar,
modificar o revocar la decisión de primer grado.

2.3. Verificación de la cosa juzgada constitucional9 y/o temeridad10

31. De conformidad con la Corte Constitucional11, la existencia de un
comportamiento temerario en materia de tutela se da cuando resulta
injustificada la presentación reiterativa de la acción de tutela.

32. Según los informes rendidos, se tiene que José y Berenice presentaron
acción de tutela con el fin de que se ocultaran sus nombres y se protegiera
su derecho a la intimidad, dentro de la acción de tutela [3] 2024-05204-00,
entre otras pretensiones. La acción fue conocida por la Sección Cuarta del

8 Con el fallo adoptado en la tutela [5]. Respecto de la temeridad, el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991
contempla (se trascribe) “ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción
de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán
o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.
9 La Corte Constitucional ha sostenido que (se trascribe) “ha sostenido que se predica la existencia de cosa

juzgada constitucional cuando se adelanta un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de un fallo de
tutela y, entre el nuevo proceso y el anterior, se presenta identidad jurídica de partes, objeto y causa”. Sentencias
SU-027 de 2021, T-380 de 2013 y C-774 de 2001. La triple identidad se define de la siguiente manera: “(i) la identidad
de partes consiste en que al nuevo proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron
vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada; (ii) la identidad de objeto se refiere a que
ambas demandas deben versar sobre las mismas pretensiones; y (iii) la identidad de causa consiste en que ambos
procesos tengan los mismos fundamentos fácticos, por lo tanto, cuando se presenten nuevos hechos o elementos
el juez solamente podrá pronunciarse sobre estos últimos”.
10 La Corte Constitucional estableció los siguientes requisitos que se deben examinar en cada caso para determinar

la existencia o no de temeridad: (1) identidad de partes; (2) identidad de hechos; (3) identidad de pretensiones;
y (4) la ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de
mala fe por parte del libelista. A contrario sensu, la actuación no es temeraria cuando aun existiendo dicha
multiplicidad de solicitudes de protección constitucional, la acción de tutela se funda en: (1) la ignorancia del
accionante; (2) el asesoramiento errado de profesionales del derecho; o (3) el sometimiento del actor a un estado
de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho. En estos casos, si bien la tutela debe ser declarada improcedente,
la actuación no se considera “temeraria” y, por ende, no conduce a la imposición de una sanción en contra del
demandante. Sentencias SU-168/17, T-272/19, T-162/18, T-185 de 2013 T-084/12 y T-727/11, entre otras.
11 La Corte Constitucional estableció los siguientes requisitos que se deben examinar en cada caso para determinar

la existencia o no de temeridad: “(1) identidad de partes; (2) identidad de hechos; (3) identidad de pretensiones;
y (4) la ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de
mala fe por parte del libelista. A contrario sensu, la actuación no es temeraria cuando aun existiendo dicha
multiplicidad de solicitudes de protección constitucional, la acción de tutela se funda en: (1) la ignorancia del
accionante; (2) el asesoramiento errado de profesionales del derecho; o (3) el sometimiento del actor a un estado
de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho. En estos casos, si bien la tutela debe ser declarada improcedente,
la actuación no se considera “temeraria” y, por ende, no conduce a la imposición de una sanción en contra del
demandante. Sentencias SU-168/17, T-272/19, T-162/18, T-185 de 2013, T-084/12 y T-727/11, entre otras.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00394-01
Demandante: José y Berenice
Demandado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modificar
______________________________________________________________________________________________________________

Consejo de Estado -juez de primera instancia de la presente acción-, bajo el
radicado [5] 2024-05484-00.

33. Una vez revisada la providencia que resolvió la tutela [5] 2024-05484-
00 se pudo advertir que, guarda similitud con una de las pretensiones de la
presente acción por lo siguiente:

34. 1) identidad de partes: las acciones constitucionales fueron
presentadas por José y Berenice, en contra de la Sección Primera del
Consejo de Estado y la Secretaría General del Consejo de Estado, entre otras
entidades.

35. 2) identidad de hechos: Las solicitudes de amparo objeto de análisis
giran en torno a la presunta vulneración de la intimidad de los accionantes,
con ocasión del Auto de 2 octubre de 2025 en el que no se ocultaron los
nombres de los accionantes y su notificación a terceros, que no fueron
demandados por la parte actora.

36. 3) identidad de pretensiones: en ambas tutelas se solicitó mantener la
reserva de la información contenida en la acción de tutela 2025-05204-00
para garantizar la intimidad de la parte actora. Al respecto, la Sección
Cuarta, mediante Sentencia de 21 de noviembre de 2024 proferida dentro
de la tutela 2024-05484-00, resolvió lo siguiente:

“Al respecto la Sala evidencia que de conformidad a la respuesta de la solicitud
de amparo y la verificación del proceso 11001-03-15-000-2024-05204-00 en el
sistema Samai a la fecha los documentos aportados al expediente tienen
calidad de reservados y restringidos. Además, en protección al derecho a la
intimidad del actor, la consejera ponente del proceso cambió el nombre del
actor por XXXX, a fin de proteger sus datos personales al hacer referencia al
diagnóstico que padece.
(…)
En razón a lo anterior, para la Sala no está acreditada la vulneración del
derecho a la intimidad en los términos alegados por el accionante, pues como
se vio las autoridades judiciales demandadas restringieron y reservaron el
acceso a los documentos de contenido sensible.
Así las cosas, no se encuentra acreditada la vulneración del derecho
fundamental a la intimidad de José y, en consecuencia, se negará la solicitud
de amparo por este punto en concreto.”.

37. 4) Ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda:
De lo anterior, la Sala observa que no existió justificación para la
presentación de la acción de tutela de la referencia respecto de la
protección a la intimidad en la tutela 2024-05204-00, toda vez que, no se
evidenció un estado de indefensión o ignorancia por parte de la
demandante, ni se observó un miedo insuperable o una necesidad extrema
de defender un derecho, de cara a lo que ya había sido resuelto en la
acción de tutela 2024-05484-00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00394-01
Demandante: José y Berenice
Demandado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modificar
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38. De lo expuesto, la Sala concluye que los accionantes han presentado
2 acciones de tutela que se dirigen a cuestionar, entre otros asuntos, la
notificación del Auto de 2 de octubre de 2024, por medio del cual se admitió
la tutela 2024-05204-00, por vulnerar su derecho a la intimidad y, con ello,
desplegó una actuación temeraria, sin justificación o excepción alguna a
tal comportamiento, Además, de lo expuesto, la Sala evidencia, tal y como
lo hizo en su momento el juez de tutela de primera instancia que, dado que
lo reclamado ya se definió con anterioridad en el escenario constitucional,
se debe declarar la cosa juzgada, y, en consecuencia, según lo dispuesto
en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, es el rechazo o la decisión
desfavorable de la solicitud de amparo, respecto de esta pretensión.

2.4. Procedencia de la acción de tutela

39. En el presente caso, se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, dado que esta se orientó a obtener
la protección de los derechos fundamentales12 a la igualdad, vida,
intimidad, honra, seguridad personal y trabajo. José y Berenice son los
titulares de los derechos invocados como violados, por lo cual, se tiene por
acreditada la legitimación activa en la causa13.

40. De igual manera, la Sección Primera del Consejo de Estado, la
Secretaría General del Consejo de Estado, la Estación de Policía de
Anolaima (Cundinamarca) y la Fiscalía General de la Nación tienen
legitimación pasiva en la causa14, porque de estos se predica la vulneración.

41. Frente al requisito de subsidiariedad15, la Sala lo tendrá por superado
por no existir recurso idóneo y eficaz que permitiera al accionante alegar los
reparos planteados vía tutela y procurar la defensa de los derechos
presuntamente vulnerados. Contrario a lo sostenido por el juez de primera
instancia, este requisito se satisface con el agotamiento de mecanismos
judiciales, no administrativos.

42. En relación con el requisito de inmediatez16, este se satisface, ya que,
de conformidad con el escrito de tutela, la presunta vulneración se presentó
con ocasión de una situación actual y continua, como lo es las presuntas
amenazas y discriminación sufrida por los accionantes, debido a la
notificación del auto admisorio de la tutela No. 11001-03-15-000-2024-06119-
00 y la falta de protección por parte de la Estación de Policía de Anolaima,
así como de la Fiscalía General de la Nación.

12 Decreto 2591 de 1991. Artículo 2, en concordancia con el artículo 5 y los numerales 2 y 3 del artículo 6 ibidem.
13 Decreto 2591 de 1991. Artículos 10 y 13, en concordancia con el artículo 1 ibidem.
14 Ídem.
15 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 1)
16 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 4)

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00394-01
Demandante: José y Berenice
Demandado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modificar
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2.5. Verificación de la vulneración alegada

43. La Sala modificará la Sentencia de 3 de abril de 2025, tras comprobar
la ausencia de hecho vulnerador.

44. 1) En relación con la notificación del auto admisorio de 15 de
noviembre de 2024 de la tutela No. 11001-03-15-000-2024-06119-00 y la
supuesta violación al derecho de intimidad, la Sala encuentra que, en dicha
providencia, la Sección Primera del Consejo de Estado admitió la acción de
tutela presentada por José y Berenice y ordenó notificar a las entidades
demandadas, esto es: Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General
de la Nación, Superintendencia Nacional de Salud, Defensoría del pueblo -
regional Cundinamarca, Departamento de Cundinamarca – Secretaría de
Salud, Municipio y personería de Anolaima, ESE Hospital San Antonio de
Anolaima, Nueva EPS, EPS Famisanar, IPS Cafam y Colsubsidio – Centro
médico calle 26 , Secretaría General y las Secciones Tercera - Subsección
“C”, Cuarta y Quinta del Consejo de Estado. Además, se ordenó vincular
como terceros al Departamento Nacional de Planeación, el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social y el Ministerio de Salud y Protección
Social por ser parte demandada en los procesos 2024-01590-00 y 2024-04434-
00, los cuales dieron origen a dicha acción. Esta orden fue cumplida por la
Secretaría General, conforme a lo dispuesto en la providencia.

45. Por otro lado, los documentos que conforman el expediente digital en
el sistema de gestión SAMAI, fueron cargados como “clasificados”, lo cual
limita su visualización al despacho sustanciador, a los sujetos procesales y sus
apoderados.

46. Por lo anterior, para la Sala no se configuró una acción u omisión por
parte de la Sección Primera del Consejo de Estado ni de la Secretaría
General, que vulnerara los derechos fundamentales de la parte actora, pues
el Auto de 15 de noviembre de 2024 fue notificado a los accionados y a los
terceros vinculados que tenían interés directo en las resultas del proceso, al
ser demandados en los procesos cuestionados.

47. 2) Respecto de las presuntas amenazas, estigmatización o
discriminación de las que habrían sido objeto José y Berenice desde el 1 de
enero de 2025, al parecer como consecuencia de las notificaciones
mencionadas, la Sala considera que, si bien el accionante aportó algunos
documentos que dan cuenta de lesiones personales sufridas por José, no se
acreditó una relación entre dichos hechos y las notificaciones cuestionadas,
ya que ocurrieron con anterioridad a la presentación de la acción de tutela
2024-06119-00. Tal es el caso del incendio de su vivienda en 2020 y la muerte

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00394-01
Demandante: José y Berenice
Demandado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modificar
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de su hermano e hijo, los cuales fueron mencionados como argumentos
nuevos en el escrito de impugnación.

48. Además, del informe rendido por la Alcaldía de Anolaima, en el que
a su vez se cita el informe del comandante de la estación de Policía del
municipio, se advierte que los accionantes han denunciado amenazas y
actos temerarios en su contra desde el 2020. Por ello, la Policía Nacional les
ha entregado medidas de autoprotección en varias oportunidades17, les
han realizado revistas presenciales18 y mantienen comunicación constante
con los accionantes.

49. En relación con la Fiscalía General de la Nación, esta entidad señaló
que los accionantes han presentado varias denuncias conocidas por las
Fiscalías 1 y 2 seccionales de Facatativá, en las que no se advierte relación
con los hechos ocurridos el 1 de enero de 2025, los cuales no se acreditó que
hayan sido denunciados ante dicha entidad. En consecuencia, se concluye
que la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación no han vulnerado
los derechos fundamentales de los accionantes, pues actuaron dentro del
marco de sus competencias, frente a las denuncias presentadas.

2.6. Conclusión

50. En consecuencia, la Sala modificará el numeral cuarto de la sentencia
de primer grado que declaró improcedente por temeridad la acción de
tutela en relación con la protección de la intimidad en la tutela [3], con las
amenazas que presuntamente recibieron el 1 de enero de 2025 y con el
pago de los estudios de José, para, en su lugar, declarar la temeridad y cosa
juzgada respecto de la tutela [3] y negar el amparo frente a las amenazas
de 1 de enero de 2025 y con el pago de los estudios de José, por ausencia
de hecho vulnerador.

51. En lo demás, confirmará la decisión, es decir, mantendrá la
declaratoria de temeridad y cosa juzgada respecto la protección de la
intimidad con la tutela [3], así como la carencia actual de objeto por hecho
superado en relación con la mora judicial en la tutela [4].

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

17 Las cuales constan en las actas No. 834 de 19 de octubre de 2020, 1346 y 1401 de 17 de noviembre de 2021, 625

y 626 de 4 de julio de 2022 y 358 de 17 de agosto de 2023.
18 En el informe se reportan con actas y registros fotográficos 5 revistas presenciales entre el 19 de octubre de 2020

y el 4 marzo de 2025.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00394-01
Demandante: José y Berenice
Demandado: Sección Primera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modificar
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RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal cuarto de la Sentencia de tutela proferida
el 3 de abril de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
la cual quedará así:

“DECLARAR LA TEMERIDAD Y COSA JUZGADA en la presente acción de
tutela, en lo concerniente a la protección de la intimidad en el
expediente 11001-03-15-000-2024-05204-00, y NEGAR la solicitud de
amparo, en relación con las amenazas que presuntamente recibieron
los actores en la madrugada del 1º de enero de 2025 y al pago de la
culminación de los estudios de José.”

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin19.

CUARTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA

19
secgeneral@consejodeestado.gov.co

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