Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00401-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00401-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00401-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
27 de febrero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00401-00
Demandante: Miguel Alberto Durán Solano
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00401-00
Demandante: MIGUEL ALBERTO DURÁN SOLANO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial – Requisitos generales de
procedencia
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Miguel Alberto Durán
Solano, mediante apoderado, contra el Tribunal Administrativo del Atlántico y el
Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla, de conformidad con lo establecido en
el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 27 de enero de 2025, la parte actora interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Atlántico y el Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla por
estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, y los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«Por los anteriores hechos y consideraciones le solicito, dentro del debido respeto, al
honorable juez constitucional amparar el derecho a una correcta administración de justicia
a los principios de confianza legítima y seguridad jurídica de que es titular mi poderdante
y todos los asociados, ordenando una sentencia en derecho.».
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El señor Miguel Alberto Durán Solano laboró en la Policía Nacional. El 9 de marzo de
2001, fue dado de alta por esa institución en el grado de patrullero, el 11 de junio de
2021, radicó petición ante el Comando Policial de la Policía Metropolitana de
Barranquilla en la que solicitó el incremento del subsidio familiar en los términos de
los Decretos 1212 y 1213 de 1990, esto es, un incremento equivalente al 30 % de su
asignación básica por su estado civil, más los porcentajes correspondientes por sus
hijos.
El 6 de julio de 2021, la Policía Nacional profirió el oficio GS-2021-029361 DITAH
ANOPA en la que negó el incremento del subsidio, con fundamento en que el régimen
aplicable es el previsto en el Decreto 1091 de 1995, que reglamenta el régimen
prestacional para el personal del nivel ejecutivo y que, con fundamento en esa norma
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y los decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional para el personal del Nivel
ejecutivo de la Policía Nacional, realizó los incrementos teniendo en cuenta a los
beneficiarios del trabajador (esposa y 4 hijos). Asimismo, explicó que no existía
fundamento para realizar los incrementos con base en el Decreto 1212 de 1990,
porque no era destinatario de este régimen prestacional.
El 9 de julio de 2021, el señor Durán Solano interpuso recurso de reposición y en
subsidio apelación contra la referida decisión. La Policía Nacional no profirió respuesta
dentro del término legal, por lo que se configuró el silencio administrativo negativo.
El señor Durán Solano interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, en la que solicitó que se
declararan nulos los actos administrativos fictos que negaron el incremento del
subsidio familiar. En síntesis, señaló que existió vulneración al derecho a la igualdad
por parte de entidad, porque aplicó un régimen diferente y desigual para los oficiales
y suboficiales frente a los miembros del nivel ejecutivo en lo referente al subsidio
familiar, a pesar de que cumplen funciones similares, por lo que el trato diferenciado
carecía de justificación legal. Por ello, solicitó: (i) la inaplicación por
inconstitucionalidad de varios decretos expedidos entre 2000 y 2020, que regulan el
pago del subsidio familiar de manera discriminatoria para los miembros del nivel
ejecutivo; (ii) la nulidad de los actos administrativos que negaron el incremento del
subsidio y, (iii) el reconocimiento y pago retroactivo del subsidio familiar conforme con
los porcentajes establecidos en el artículo 82 del Decreto 1212 de 1990, desde enero
de 2003 hasta mayo de 2020.
El Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla negó las pretensiones de la
demanda con fundamento en que el señor Miguel Alberto Durán Solano estaba
cobijado por el Decreto 1091 de 1995, específicamente, por los artículos 16 y 17, por
lo que los valores del subsidio familiar debían ser los fijados en los decretos anuales
de sueldos proferidos por el Gobierno Nacional. Además, advirtió que, como el
demandante ingresó y permaneció en la Policía Nacional en el Nivel Ejecutivo, no era
procedente reconocer el subsidio familiar en los porcentajes previstos en el Decreto
1212 de 1990, que reglamenta el régimen salarial de oficiales y suboficiales.
El señor Durán Solano apeló esa decisión con fundamento en que el artículo 1 de la
Ley 21 de 1982 define el subsidio familiar como una prestación social y no como una
dádiva. Además, reiteró que la Policía Nacional aplica un trato desigual en la
asignación del subsidio familiar a sus miembros, dependiendo de su categoría
(oficiales, suboficiales, agentes y miembros del Nivel Ejecutivo). Sobre este punto,
explicó que en el caso de oficiales, suboficiales y agentes el Decreto 1212 y 1213 de
1990 se establece un subsidio del 30 % del salario básico, más un 5 % por el primer
hijo y 4 % por los siguientes hasta un máximo del 17 %; mientras que, en el Nivel
Ejecutivo, reglamentado por el Decreto 1091 de 1995, el subsidio es una suma fija
determinada por el Gobierno Nacional, considerablemente menor.
De igual forma, señaló que la Corte Constitucional en sentencia C-006 de 2017 indicó
que la existencia de distintos regímenes salariales y prestacionales debía analizarse
en conjunto para verificar si existe discriminación injustificada y, en la misma línea, el
Consejo de Estado, en fallo de 25 de noviembre de 2019, señaló que, si bien, pueden
existir regímenes diferenciados, estos deben estar objetivamente justificados. Sin
embargo, en este caso, no existía justificación para el trato diferenciado.
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Anotó que el subsidio familiar del Nivel Ejecutivo ha sido reducido de manera
progresiva, vulnerando el principio de progresividad y no regresividad en materia de
derechos sociales, mientras que otros grupos dentro de la Policía Nacional han
mantenido mejores condiciones.
Expuso que, desde el 2021, el Estado reconoció la inequidad existente y creó una
bonificación para la asistencia familiar para el personal del Nivel Ejecutivo. De modo
que, si el Estado reconoció esa bonificación en términos similares al subsidio familiar
de los oficiales y suboficiales, era incoherente que la sentencia de primera instancia
se nieguen las pretensiones del demandante.
Finalmente, afirmó que la Policía Nacional no resolvió los recursos de reposición y
apelación interpuestos dentro del término legal, por lo que se configuró el silencio
administrativo positivo y, en consecuencia, la pretensión del demandante debió
haberse concedido automáticamente, sin que el juez de primera instancia se
pronunciara frente a ese hecho.
El 19 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo del Atlántico confirmó la decisión
de primera instancia con fundamento en los siguientes argumentos:
Indicó que el régimen salarial y prestacional de la Policía Nacional ha sido estructurado
por el Gobierno Nacional en ejercicio de la potestad Constitucional prevista en el
artículo 150, numeral 19, literal e) y lo señalado en el artículo 3 de la Ley 4 de 1992.
Por ello, cada nivel (oficiales, suboficiales, agentes y nivel ejecutivo) tiene un régimen
específico basado en funciones y responsabilidades diferenciadas. Además, precisó
que el Decreto 1091 de 1995, define que el subsidio familiar no es salario ni computa
como factor salarial, tesis avalada por el Consejo de Estado en sentencia del 25 de
noviembre de 2019, que ratificó la legalidad de excluir este subsidio en la liquidación
de asignaciones de retiro.
Aclaró que estaba probado que el señor Durán Solano fue parte del Nivel Ejecutivo de
la Policía Nacional, por lo que está sujeto a las disposiciones del Decreto 1091 de
1995 y a los valores anuales fijados por el Gobierno Nacional para la liquidación del
subsidio familiar.
Señaló que, al analizar el caso bajo la perspectiva del derecho a la igualdad, se
concluía que los miembros del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional no tienen una
situación fáctica y jurídica equiparables con los oficiales y suboficiales en términos
prestacionales, pues, cumplen funciones y responsabilidades distintas dentro de la
institución. Además, que «deben cumplir requisitos disímiles, para acceder a sus
propios derechos, por ello, no existe discriminación alguna»
3. Argumentos de la acción de tutela
El accionante advirtió que las autoridades judiciales demandadas desconocieron que
se configuró el silencio administrativo positivo, porque, conforme con el artículo 52 de
la Ley 1437 de 2011, que prevé la caducidad de la facultad sancionatoria, las
autoridades administrativas están obligadas a resolver los recursos en un término
máximo de un 1 año y si este término expira sin que se haya emitido una decisión, se
entenderá que la solicitud ha sido fallada a favor del peticionario. Frente a este
argumento, resaltó que: (i) los recursos fueron presentados el 9 de julio de 2021 y
resueltos por la Policía Nacional el 16 de septiembre de 2024, es decir, tres años y
dos meses después, incumpliendo el plazo legal de un año; (ii) la decisión de la Policía
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Nacional se produjo después de la sentencia de segunda instancia, lo que evidencia
que la entidad esperó a conocer el resultado del proceso judicial para resolver el
recurso. De ahí que, además de transgredir el plazo establecido en la ley, afectó la
confianza en la administración de justicia y la seguridad jurídica del peticionario.
Alegó que existe falta de uniformidad en las decisiones judiciales y violación al
principio de seguridad jurídica, pues, en sentencia proferida el 26 de septiembre de
2018, por el Juzgado Quince Administrativo de Bogotá1, en un caso idéntico, inaplicó
por inconstitucionalidad los decretos proferidos por el Gobierno Nacional que
reglamentaron el subsidio familiar para los años 2000 al 2017 y ordenó el
reconocimiento al derecho al subsidio familiar conforme con los Decretos 1212 y 1213
de 1990.
Afirmó que la decisión negativa de reconocer el subsidio familiar en este caso
constituye violación del principio de igualdad y discriminación arbitraria, porque
mientras a los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional se les otorga el beneficio
conforme con los Decretos 1212 y 1213 de 1990, a los miembros del Nivel Ejecutivo
solo se les reconoce el 2 % de su remuneración, en lugar del 30% que reciben los
otros grupos.
Por otro lado, alegó que la sentencia de primera instancia se encuentra viciada de
defecto sustantivo al realizar una interpretación errónea de las normas aplicables,
pues se sostuvo que el subsidio familiar hacía parte del régimen salarial de los
miembros de la Policía Nacional, lo que desconoce su verdadera naturaleza jurídica,
pues conforme con lo establecido en el Decreto 0118 de 1957 y el Decreto 1091 de
1995 no constituye salario ni factor salarial, pues no es permanente ni automático,
sino que depende de la existencia de una familia con derecho a recibirlo. De igual
forma, afirmó que esa interpretación desconoce la finalidad del subsidio, que es
proteger el núcleo familiar de los uniformados.
Asimismo, criticó que el tribunal demandado realizara un test de igualdad erróneo, al
comparar regímenes salariales en lugar de los derechos de los trabajadores y sus
familias, pues la comparación debió realizarse sin importar la jerarquía de los
miembros de la Policía Nacional, dado que, todas las familias tienen las mismas
necesidades y, por tanto, debían recibir el mismo reconocimiento prestacional.
Finalmente, consideró que la tesis de la inescindibilidad de las normas que
reglamentan el régimen salarial y las disposiciones del subsidio familiar carece de
sustento, porque el hecho de que este se liquide en función del sueldo básico no
implica que haga parte del salario. Por ello, concluyó que, si el subsidio fuera
inescindible del régimen salarial, también debería negarse el salario a aquellos
uniformados que no tuvieran familia, así: «si un policial no tiene familia; esposa e hijos; no
se la paga el subsidio familiar y, será; que por no cancelarle el subsidio familiar como este no
se puede separar del salario, es inescindible de este, el salario; entonces tampoco se le da
salario; (…) Insisto; el hecho que la ley tase el subsidio familiar como un porcentaje de la
remuneración no significa que este, el subsidio familiar, sea; salario o factor salarial, repito;
serian salarios las multa de tránsito que también se tazan en función del salario y nunca lo
son, ni lo serán».
4. Trámite previo
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Juzgado Quince Administrativo de Bogotá, sentencia de 26 de septiembre de 2018, expediente 2018-00001-00.
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El 30 de enero de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, ordenó
notificar a la demandante y a las autoridades judiciales demandadas. Adicionalmente,
a la Nación – Ministerio de Defensa, Policía Nacional, como tercero interesado.
5. Oposiciones
El Juzgado Sexto Administrativo de Barranquilla solicitó que se declare
improcedente, o en su defecto, se niegue el amparo constitucional requerido por el
accionante porque no cumple con el requisito de relevancia constitucional y lo
pretendido es utilizar la acción de tutela como una tercera instancia, máxime si se
tenía en cuenta que no se demostró la configuración de un perjuicio irremediable.
Afirmó que las decisiones adoptadas dentro del proceso ordinario respetaron los
principios de seguridad jurídica y cosa juzgada y se le ofrecieron al accionante todas
las garantías procesales.
Realizó un recuento de las actuaciones desplegadas por el juzgado en el proceso
ordinario, con el propósito de demostrar que el accionante tuvo oportunidad de ejercer
el derecho de defensa y contradicción.
El Tribunal Administrativo del Atlántico no se pronunció.
6. Intervención de los terceros con interés
El Ministerio de Defensa – Policía Nacional guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
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providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional2, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales3 y específicas4 de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico
Para empezar, conviene aclarar que, dado que la decisión de 19 de julio de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico puso fin al proceso ordinario, el
análisis se enfocará exclusivamente en la providencia emitida por dicha autoridad
judicial.
Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Atlántico vulneró
los derechos fundamentales invocados por el accionante al incurrir en defectos que
justifican la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Para ello, se analizarán los argumentos expuestos en la demanda de
amparo y se establecerá si encuadran dentro de las causales reconocidas por la
jurisprudencia constitucional.
El accionante alegó que la providencia demandada incurrió en el defecto fáctico y
defecto sustantivo al desconocer la configuración del silencio administrativo positivo,
defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial por desconocimiento de
la naturaleza jurídica del subsidio familiar y el principio de igualdad en el régimen
prestacional de la Policía Nacional.
Previo a ello, la Sala analizará si la presente solicitud de amparo cumple con los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.
2 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en
esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando
al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
3
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial
son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de
la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la
sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
4 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido
en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo;
(v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece
el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20145, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 6.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(se destaca)
Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto
La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto, se emplea el presente mecanismo para proponer nuevos
argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario y como una instancia
adicional, tal como se pasa a explicar.
Para empezar, se tiene que el señor Durán Solano interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Policía Nacional contra los actos fictos
5
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012
02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Ibidem.
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administrativos que negaron el incremento del subsidio familiar. En el escrito de
demanda, el accionante precisó que los actos administrativos demandados fueron
producto del silencio administrativo negativo, así:
«6. Se presenta recurso de reposición y en subsidio apelación contra esta decisión,
SEGÚN MEMORIAL RADICADO No GE-2021-001872-MEBAR los cuales no son
resueltos en los términos establecidos en el art 86 código de lo contencioso administrativo
por lo cual se invoca el silencio administrativo negativo el día septiembre 25-2021»
Entre las pruebas de la demanda ordinaria, el actor relacionó «Memorial de
protocolización de silencio administrativo negativo».
Asimismo, alegó que con la decisión cuestionada la Policía Nacional aplicó un trato
desigual al otorgar un subsidio familiar mayor a oficiales y suboficiales frente a los
miembros del Nivel Ejecutivo, sin justificación objetiva, vulnerando el derecho a la
igualdad. Por ello, solicitó la inaplicación por inconstitucionalidad de los decretos
proferidos por el Gobierno Nacional que reglamentaron dicho subsidio y, en su lugar,
el reconocimiento de este conforme al régimen de oficiales y suboficiales con
retroactividad desde 2003.
El conocimiento del proceso correspondió al Juzgado Sexto Administrativo de
Barranquilla y, en sentencia de 26 de enero de 2024, negó las pretensiones de la
demanda con fundamento en que: (i) el demandante estaba cobijado por el Decreto
1091 de 1995, específicamente por los artículos 16 y 17, por lo que el subsidio familiar
debía calcularse conforme con los valores fijados en los decretos anuales expedidos
por el Gobierno Nacional ; (ii) no podía reclamar el subsidio en los términos del Decreto
1212 de 1990, pues dicho régimen solo es aplicable a oficiales y suboficiales, mientras
que el actor pertenecía al Nivel Ejecutivo; (iii) no existía trato desigual injustificado,
porque cada grupo dentro de la Policía Nacional tenía funciones, responsabilidades y
criterios de remuneración distintos, lo que justificaba la diferencia en la asignación del
subsidio; (iv) el subsidio familiar no constituye salario ni factor salarial, conforme con
lo previsto en el artículo 15 del Decreto 1091 de 1995, toda vez que este es una
prestación social otorgada con el objetivo de reducir las cargas económicas del grupo
familiar del trabajador y, por ende, no podía ser incluido dentro de la liquidación de
salarios o pensiones; (v) el demandante no demostró una violación al derecho a la
igualdad.
Contra la referida decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación con
fundamento en que: (i) la primera instancia desconoció la naturaleza del subsidio
familiar, pues ignoró que no es un beneficio discrecional de la administración, sino un
derecho derivado del principio de igualdad y de las normas que regulan la protección
de la familia en el marco del Estado Social de Derecho; (ii) existió trato desigual
injustificado entre los miembros de la Policía Nacional, pues los oficiales y suboficiales
recibían subsidio familiar del 30 % del salario básico, mientras que los miembros del
Nivel Ejecutivo solo perciben el 2 %; (ii) la decisión del juzgado desconoció el análisis
de igualdad desarrollado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en el que
se ha señalado que las diferencias en las prestaciones económicas deben estar
debidamente justificadas y no pueden generar discriminaciones arbitrarias dentro de
una misma institución; (iv) a lo largo de los años, la remuneración del subsidio familiar
de los miembros del Nivel Ejecutivo disminuyó progresivamente, en contravía del
principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos sociales; (v) en
casos similares, la Policía Nacional reconoció el derecho al subsidio familiar según lo
previsto en los Decretos 1212 y 1213 de 1990; (vi) la Policía Nacional no resolvió en
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el término de un año los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la
negativa del subsidio familiar, lo que llevó a la configuración del silencio administrativo
positivo, conforme al artículo 52 de la Ley 1437 de 2011.
Por su parte, en el escrito de tutela, la parte actora manifestó que la autoridad judicial
demandada: (i) omitió reconocer la configuración del silencio administrativo positivo,
según lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011; (ii) desconoció que en un
caso idéntico, el Juzgado Quince Administrativo de Bogotá profirió sentencia en la que
accedió a las pretensiones de la demanda; (iii) no tuvo en cuenta que la Policía
Nacional aplicó un trato desigual e injustificado en la asignación del subsidio familiar,
pues los oficiales y suboficiales se les reconoce el 30 % del salario básico más los
incrementos por hijos conforme con los Decretos 1212 y 1213 de 1990, mientras que
a los miembros del Nivel Ejecutivo solo se les reconoce el 2% de su remuneración,
conforme con el Decreto 1091 de 1995, sin una justificación objetiva; (iv) dicha
distinción carece de fundamento legal y desconoce la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado; (v) incurrió en evaluación errónea del derecho
a la igualdad, pues comparó regímenes salariales en lugar de comparar los derechos
de los trabajadores y sus familias. Además, que al ser los regímenes salariales
distintos, el trato diferenciado en el subsidio familiar era válido, sin considerar que el
derecho a la igualdad debía analizarse desde la perspectiva de las familias
beneficiarias y no desde la jerarquía del trabajador en la Policía Nacional; (vi) creó una
justificación ajena al ordenamiento jurídico al argumentar que no existe en la norma
vigente un «sistema de prestaciones de estirpe laboral especial», y que esta tesis fue
una creación del tribunal sin fundamento normativo.
En lo pertinente, la parte actora manifestó:
«Como se puede observar los recursos presentados en agotamiento de la vía
gubernativa o administrativa deben ser resuelto en el término improrrogable de un año;
si vencido este término no han sido resuelto se entenderán fallados a favor del
recurrente.
Aporte el memorial de los recursos incoados contra el acto administrativo que le negó las
justas peticiones a mi poderdante; Miguel Duran, recursos que fueron presentados el día
julio 9-2021 y la demandada, policía nacional de Colombia, los resuelve mediante
resolución 3224 de septiembre 16-2024 o sea; a los 3 años dos meses de haberse
presentado los recursos; transgrediendo el art. 52 de la ley 1437-2011 que otorga un
término máximo de un año para la resolución de los recursos en la vía gubernativa de no
hacerlo dentro de este término se da la figura del silencio administrativo positivo, que
impone; reconocer lo solicitado por el recurrente; anexo memorial
(…)
En sentencia adiada septiembre 26-2018 que reposa en el dosier al anexarla como
prueba en mi memorial de alzada, emitida por la doctora Martha Helena Quintero en su
calidad juez 15 administrativa del circuito judicial de Bogotá sección segunda sobre los
mismos hechos, misma litis y demandada, esta, la juez 15, considero y resolvió (…).
(…)
Como se puede observar solo cambia el demandante; la demandada, los hechos y la litis
es la misma, cuando un juez de la república falla en contra de una decisión que resuelve
los mismos hechos sobre la misma litis y demandada; genera desconfianza entre lo
asociados, transgrede el principio de la confianza legítima que debe estar presente en
las decisiones judiciales; es una vía de hecho que atenta contra el principio de seguridad
jurídica; garantía de todos los asociados y como se puede observar; ni la primera, ni la
segunda instancias desatan este extremo de la litis; porque se está o no de acuerdo con
lo decidido sobre los mimos hechos, igual litis y demandada, porqué se reconoce el
derecho de igualdad a la familia de todos los policiales y no se le cosifica trasladando la
dignidad que cada policial ocupa a la familia que pertenece para hacerla desigual.
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Demandante: Miguel Alberto Durán Solano
(…)
(…) EL RECONOCIMIENTO DEL SUBSIDIO FAMILIAR TENÍA COMO FINALIDAD
CONSTITUCIONAL LA PROTECCIÓN DE LO MÁS IMPORTANTE DE UN ESTADO
SOCIAL CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO: LA FAMILIA, pero
además de ello, consideró que dicha protección económica debía circunscribirse en las
personas que salarialmente estaban menos favorecidas, que la década de los noventas
inició con el reconocimiento de la prima del subsidio familiar para todos los miembros de
la Policía Nacional en igualdad de condiciones.
(…)
Los fundamentos o considerandos, lo decidido y los hechos de la sala de decisión oral A
del tribunal de lo contencioso administrativo del atlántico (…) en la sentencia que
resuelve la alzada que constituyen un defecto sustantivo; “la utilización de un poder
concedido al juez por el ordenamiento para un fin no previsto en la disposición (defecto
sustantivo), al ser una grosera interpretación entre lo considerado, lo resuelto y los
hechos e ir contra de la constitución y la ley.
Al acolitar y confirmar lo decidido por la juez (…) automáticamente generan un defecto
sustantivo en su sentencia la honorable sala oral A del tribunal de lo contencioso
administrativo del Atlántico, no basto acolitar la grosera, ilegal e inconstitucional
interpretación de la primera instancia, además, la sala, creo una nueva tesis, una nueva
norma que no está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico, como paso a
demostrar, probar y con certeza
Coloca un sistema de prestaciones de estirpe laboral especial, ente creado por la sala,
sobre la institución familia; aunque contempla la titularidad del derecho al subsidio
familiar a la institución de la familia; para cercenarle la prerrogativa o derecho que
contempla a favor de la familia, resuelve darle prelación a su creación; un sistema de
prestaciones de estirpe laboral especial; la interpretación es grosera, ilegal e
inconstitucional, observemos página 6 de la sentencia.
(…)
Conforme a la interpretación que hiciera el máximo tribunal en asuntos contencioso
administrativos, desde una óptica de sistema y comparadas cada una de las prestaciones
propias de la categoría especial de uniformados del nivel ejecutivo dentro de la Policía
Nacional, frente a las otras categorías de miembros como agentes, Suboficiales y
Oficiales; los primeros, del nivel ejecutivo tienen unas condiciones muy específicos las
cuales permiten desde una mirada global realizar la distinción que dispone no incluir el
emolumento de subsidio familiar en la liquidación de la asignación de retiro; esto aún en
demérito del peso dogmático que pudieran tener otros valores protegidos de los cuales
se desprenden el denominado subsidio familiar, como lo es la familia entendida esta
como institución, principal en nuestro ordenamiento jurídico.
(…)
La otra tesis pregonada y aplicada tanto por los aquí accionados como la demandada
para arrebatar a las familias de los policiales gran parte, un 28%, de su derecho al
subsidio familiar es; que este no se puede escindir del régimen salarial de los policiales,
o sea; es un imposible separar; salario del subsidio; si se cancela uno es obligación
cancelar el otro, lo uno lleva lo otro y, por lo tanto, el subsidio familiar es; salario y factor
salarial; falso de toda falsedad.
Solo con un ejemplo; si un policial no tiene familia; esposa e hijos; no se la paga el
subsidio familiar y, será; que por no cancelarle el subsidio familiar como este no se puede
separar del salario, es inescindible de este, el salario; entonces tampoco se le da salario;
elemental mi querido Watson Insisto; el hecho que la ley tase el subsidio familiar como
un porcentaje de la remuneración no significa que este, el subsidio familiar, sea; salario
o factor salarial, repito; serian salarios las multa de tránsito que también se tazan en
función del salario y nunca lo son, ni lo serán.»
Ahora bien, el 19 de julio de 2024 el Tribunal Administrativo del Atlántico profirió
sentencia de segunda instancia que confirmó la decisión inicial que, en lo que interesa,
consideró:
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Demandante: Miguel Alberto Durán Solano
«En cuanto a los emolumentos pasibles de ser devengados por el personal del nivel ejecutivo de la Policía
Nacional, se dispuso el subsidio familiar en el Decreto 1212 de 1990, por medio del cual se reformó el Estatuto
del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, en el artículo 82 dispuso el subsidio familiar para
los oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional.
No obstante, el Decreto 1213 de 1990 reformó el Estatuto del Personal de Agentes de la Policía Nacional prevé
el subsidio familiar para los Agentes de la policía Nacional, en el artículo 46:
(…)
El Decreto reglamentario No. 1091 de 1995, por el cual se expide el Régimen de Asignaciones y Prestaciones
para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, creado mediante Decreto 132 de 1995, otorgó al Nivel
Ejecutivo de Policía Nacional (creado con Ley 180 de 1995) devengar el subsidio familiar durante el servicio
activo, en los siguientes términos: así:
(…)
El Consejo de Estado en sentencia del 25 de noviembre de 2019, al decidir una demanda de nulidad, dentro de
dos procesos acumulados radicado con el No. 110010325000201400186-00 (0444-2014) y
110010325000201401554-00 (5008- 2014), donde se demandó la nulidad parcial de los artículos 8, 16 y 51 del
Decreto Reglamentario 1029/94; 7, 15 y 49 del Decreto Reglamentario 1091/95; 23 del Decreto Reglamentario
4433/04 y, del Decreto Reglamentario 1858/12, específicamente en los apartes que señalan, que para liquidar
las diferentes prestaciones sociales a que tienen derecho los miembros del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional,
la «prima del nivel ejecutivo» y el «subsidio familiar» no tienen carácter salarial, es decir, que no constituyen
partidas computables para tales efectos (…)
(…)
Conforme a la interpretación que hiciera el máximo tribunal en asuntos contencioso administrativos, desde una
óptica de sistema y comparadas cada una de las prestaciones propias de la categoría especial de uniformados
del nivel ejecutivo dentro de la Policía Nacional, frente a las otras categorías de miembros como agentes,
Suboficiales y Oficiales; los primeros, del nivel ejecutivo tienen unas condiciones muy específicos las cuales
permiten desde una mirada global realizar la distinción que dispone no incluir el emolumento de subsidio familiar
en la liquidación de la asignación de retiro; esto aún en demérito del peso dogmático que pudieran tener otros
valores protegidos de los cuales se desprenden el denominado subsidio familiar, como lo es la familia entendida
esta como institución, principal en nuestro ordenamiento jurídico.
(…)
Caso concreto
(…) el estudio que se realizará conforme al principio de igualdad, ampliamente señalado con el cual se examinó
el sistema prestacional adoptado para cada uno de los uniformados que conforman la Policía Nacional, del cual
se concluyó bajo el entendido que, no se atiende a regímenes prestacionales iguales, pues cada grupo de
uniformado cuenta con unas responsabilidades diferentes y deben cumplir requisitos disímiles, para acceder a
sus propios derechos, por ello, no existe discriminación alguna, si bajo la prerrogativa de la libertad de
configuración normativa dispuesta en la constitución y desarrollada por la Ley, se le otorga al ejecutivo la potestad
de regular el subsidio familiar para los miembros de la Policía Nacional pertenecientes al Nivel Ejecutivo.
A su turno se propone la tesis según la cual, atendiendo la naturaleza jurídica del subsidio familiar, entendido
éste como un emolumento cuyo titular directo es el núcleo esencial de la sociedad y que normativamente
encuentra una posición superior, como lo es la familia, no es válida la afirmación de que sea procedente un trato
desigual entre unas familias y otras acorde con lo normado en los artículos 42, y por su consideración especial
de lograr los fines perseguidos en los artículos 48 y 53 todos de la Constitución Política.
Frente a tales tesis, encuentra el Tribunal que, la argumentación sobre el peso normativo dentro del sistema de
la institución de la familia, que inclusive fue examinado dadas las identidades del caso de los soldados
profesionales en su categorización especial, con la de los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional,
entendiendo que se trata de que los destinatarios finales son esos integrantes del núcleo de la familia del
uniformado y su concepción, como aquella prestación en dinero o especie que busca atenuar los efectos
económicos en la familia; es en todo caso, propio de un estudio de sistemas prestacionales, que pese a su
finalidad no puede desnaturalizarse el carácter de emolumento laboral que puede ir siendo contemplado
progresivamente, dentro de un sistema que busca estamentos laborales cada vez más robustos, pero siempre
entendiendo la lógica de un sistema de configuración.
Con ello, tampoco es válida la afirmación del necesario examen de principios y reglas pues dadas las
concepciones de reglas con aplicación amplia pues se refiere a nuevas categorizaciones de principios,
contenidas dentro del texto constitucional, estos por tratarse de la norma de normas (artículo 4 C.P.), sostienen
una coherencia interna que eleva a una naturaleza hermenéutica los denominados fines que, en estructuras de
estudios más complejos de sistema, si pugnan con instituciones de igual trascendencia como lo son la familia,
frente la sostenibilidad financiera del sistema.
Ahora bien, si en gracia de discusión se adentrara al estudio de las condiciones de igualdad de unas y otras
familias, entendidas estas como titulares directos de la prestación de subsidio familiar, desnaturalizando
completamente su condición de emolumento laboral, se debe indicar igualmente que, tampoco podría predicarse
que unas y otras familias se encuentren situaciones similares, pues dadas las categorías de uniformados,
también son en proporción el tiempo de servicios, el nivel de responsabilidades propio de un ingreso laboral,
entre otros; con lo cual, si podría haber una distinción de unas familias, cuyo integrante miembro activo del cuerpo
policial, tenga que responder a la institución con una mayor responsabilidad y disponibilidad como lo sería un
integrante del cuerpo de Oficiales o Suboficiales, que dadas sus condiciones de mando y especificidad de su
carrera militar, esto se traduzca en su cercanía con la familia en todos los ámbitos, entendiendo la vocación de
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servicio que tiene este cuerpo armado de servidores, por lo cual tampoco se podría predicar una aparejamiento
total de esos núcleos familiares con otros.
(…)
Con todo, puede concluir la Sala que los miembros de la Policía Nacional que en ejercicio activo fungieron como
uniformados del nivel ejecutivo, se encuentra en una condición constitucional y legal diferente a los otros grupos,
es decir, cobijado por las previsiones contenidas en el Decreto 1091 de 1995- artículos 16 y 17, por tanto, los
valores a pagar por tal concepto, subsidio familiar, son los establecidos en los Decretos anuales de sueldos
fijados por el Gobierno Nacional, pues hacía parte del Nivel Ejecutivo, desde su vinculación a la Policía
Nacional.».
(Subraya de la Sala)
De lo expuesto, se evidencia que el argumento relativo a la configuración del silencio
administrativo positivo, planteado en esta acción de tutela, no fue propuesto en el
proceso ordinario, pese a que dicho escenario era la instancia procesal idónea para
su debate. Por el contrario, en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
el accionante fundamentó su pretensión en la existencia de actos fictos derivados del
silencio administrativo negativo, ante la falta de respuesta oportuna a los recursos
interpuestos contra la decisión que negó el incremento del subsidio familiar. Así,
queda claro que la alegación sobre el silencio administrativo positivo constituye un
argumento novedoso en sede de tutela, lo que contraviene el principio de
subsidiariedad de este mecanismo constitucional y evidencia que se pretende utilizar
la acción de tutela como una instancia adicional al proceso contencioso.
Aunado a lo anterior, la Sala encuentra que el accionante propone la misma discusión
jurídica que presentó al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
dado que insiste en que el subsidio familiar otorgado a los miembros del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional vulnera el principio de igualdad y desconoce la
finalidad constitucional de protección a la familia. Sin embargo, estos argumentos
fueron debidamente abordados y resueltos en la sentencia de segunda instancia
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.
En efecto, el Tribunal concluyó que no existía un trato desigual injustificado entre los
distintos grupos que conforman la Policía Nacional, pues cada categoría de
uniformados tiene asignaciones y responsabilidades diferenciadas que justifican los
distintos regímenes prestacionales. Asimismo, señaló que el subsidio familiar,
conforme con la interpretación del Consejo de Estado en sentencia de 25 de
noviembre de 2019 con radicado 201400186-00, no tiene carácter salarial y, por ende,
su cálculo y asignación corresponden a una configuración legítima dentro del marco
de la potestad del Gobierno Nacional.
En cuanto al argumento relacionado con la presunta inescindibilidad del subsidio
familiar del régimen salarial, el tribunal precisó que, si bien la prestación se calcula
con base en el sueldo básico, ello no implica que haga parte de la asignación salarial
o que deba aplicarse un mismo régimen para todos los uniformados. Lo anterior,
porque el sistema prestacional fue diseñado bajo criterios objetivos y que el subsidio
familiar no constituye un derecho absoluto, sino una prerrogativa regulada dentro del
margen de configuración normativa del Estado.
Por otro lado, respecto a la presunta omisión en la aplicación de la sentencia del
Juzgado Quince Administrativo de Bogotá, la Sala advierte que dicha decisión no
constituye un precedente vinculante para el Tribunal Administrativo del Atlántico,
porque la decisión invocada corresponde a un fallo de primera instancia que no fue
objeto de revisión por una alta corporación, por lo que no es vinculante ni obligatoria.
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Siendo así, como se expuso, aunque en la presente solicitud de amparo se alega que
la providencia objeto de tutela vulneró los derechos fundamentales invocados lo cierto
es que la parte demandante pretende hacer uso de la acción de tutela de la referencia
para insistir en los mismos argumentos expuestos en el trámite ordinario, los cuales,
como se vio, ya fueron resueltos por el juez natural.
Así, queda demostrado que la acción de tutela de la referencia no cumple el requisito
de relevancia constitucional, por cuanto la parte actora reiteró los argumentos que
expuso en el marco del proceso ordinario y agregó nuevas discusiones que no hicieron
parte de esto. De ahí que, lo que realmente se evidencia es su inconformidad con las
conclusiones a las que llegó el juez natural.
Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un pronunciamiento
de fondo sobre los defectos alegados por actora dado que la acción de tutela no
cumple los requisitos de procedencia que habiliten el estudio del cargo por parte del
juez constitucional. En esa medida, la Sala declarará improcedente la acción de tutela
interpuesta por el señor Miguel Alberto Durán Solano.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Miguel Alberto
Durán Solano contra el Tribunal Administrativo del Atlántico.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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