Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00404-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00404-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00404-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
7 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 7 de marzo de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00404-00
Demandante: Víctor Hugo Herrera Soto
Demandado: Presidencia de la República y otros
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA |
Subsidiariedad
Síntesis del caso: El actor reclamó la protección de sus derechos fundamentales, de cara
a la mora en el pago de los honorarios por los servicios prestados como contratista para el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Víctor Hugo Herrera
Soto contra la Presidencia de la República, los Ministerios de Trabajo y de
Hacienda y Crédito Público, el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE) y la Procuraduría General de la Nación.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 27 de enero de 2025, Víctor Hugo Herrera Soto, en nombre propio,
presentó una acción de tutela contra la Presidencia de la República, los
Ministerios de Trabajo y de Hacienda y Crédito Público, el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Procuraduría General de
la Nación, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la
vida, dignidad humana, igualdad y debido proceso, así como también los
principios de equidad y poder adquisitivo de moneda, los cuales consideró
vulnerados por el no pago de los honorarios derivados de la ejecución del
contrato No. CO1.PCCNTR.6862204, suscrito entre el accionante y el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00404-00
Demandante: Víctor Hugo Herrera Soto
Demandado: Presidencia de la Republica y otros
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):
“1. Solicito TUTELAR MIS DERECHOS FUNDAMENTALES a la Dignidad Humana -
Preámbulo, a un Debido Proceso Art 29, Principio de Equidad, Principio de
Igualdad, Poder Adquisitivo de moneda. Preámbulo, Art 4, Art 2, Art 13, Art 187,
de la Carta Magna de 1991, y como consecuencia:
1.1. Solicito Ordenar al Señor PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,
MINISTRO DE TRABAJO Y MINISTRO DE HACIENDA, Direccionar los
recursos al DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE para el
pago de todas las deudas atrasadas hasta el 31 de diciembre 2024, más
los intereses causados hasta la fecha del pago, de todos los
colaboradores del CENU
1.2. Solicito Ordenar al Señor PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,
MINISTRO DE TRABAJO, MINISTRO DE HACIENDA, DIRECTORA DEL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA, aplicar los DERECHOS DEL
CONTRATISTA, enmarcados en la Ley 80 de 1993, y lo consagrado en la
no modificación de los contratos de los contratistas del DANE.
1.3. Solicito el pago de daños y perjuicios por la tardanza en los pagos de
octubre, noviembre y diciembre de 2024, de acuerdo al 2025, (Aumento
del Salario Mínimo 9.54%) decreto 1572 de 2024(Aumento del Subsidio
de Transporte 9,54%), ajustarlos al mismo porcentaje del decreto 1573
de 2024.
1.4. Solicito ADVERTIR, al accionado el cabal cumplimiento de la
providencia y de las Sanciones a lugar.”
3. Como hechos relevantes a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) Víctor Hugo Herrera Soto participó en un concurso para el cargo de
“coordinador de campo” e ingresó al Banco de Prestadores de Servicios
Operativos (BPSO) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE) para realizar el Censo Económico Nacional Urbano (CENU), en
Buenaventura.
5. 2)El señor Herrera Soto celebró contrato de prestación de servicios de
apoyo a la gestión No. CO1.PCCNTR.68622042, con el DANE, a fin de ejecutar
las funciones asignadas al rol de “Coordinador de campo”3.
6. 3) Indicó que el DANE adeudaba a su favor el total de $9.394.000
correspondientes a 3 cuentas de cobro radicadas y aprobadas con ocasión
de la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.68622044.
7. 4) Expresó que, de manera unilateral el DANE modificó el término de
vigencia del contrato dándolo por finalizado el 22 de diciembre de 2024.
2 Con una vigencia comprendida entre el 8 de octubre y el 29 de diciembre de 2024.
3 “Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar seguimiento y coordinación de campo, durante el
operativo de barrido del Censo Económico Nacional Urbano en el municipio y COM asignado, así como el
monitoreo del trabajo de supervisores y analistas de información asignados para cubrir las áreas de coordinación
que concentre el mayor número unidades económicas verificando así los rendimientos y controlando la cobertura,
además de gestionar los requerimientos presentados en el desarrollo del operativo.”
4 ID del contrato en el SECOP 2 5500971
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8. Como fundamento de la vulneración, la parte actora alegó que, a la
fecha de presentación de la solicitud de amparo, el DANE no había
consignado a su favor el pago de los honorarios por los servicios prestados
como contratista lo que le generaba al accionante y a terceros contratistas
del DANE una afectación patrimonial grave al verse en la necesidad de
recurrir a créditos y préstamos para poder subsistir, agregó que se le suma a
esa afectación patrimonial el hecho de que modificación su contrato de
manera unilateral y en consecuencia lo finalizaron 8 días antes de lo previsto
inicialmente.
1.2. Posición de la parte accionada5
9. El DANE indicó que existían otros medios de defensa judicial para
formular lo pretendido, de cara a sus actuaciones en el marco del contrato
de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.6862204.
10. Aclaró que, en lo referente al pago, de conformidad con lo previsto
en el Oficio No. 202530000508 de 6 de febrero de 20256, no se adeudaban
los honorarios correspondientes a las 3 cuentas de cobro por la ejecución
del contrato No. CO1.PCCNTR.6862204, toda vez que, estas fueron pagadas
de la siguiente manera (se trascribe): “El período comprendido entre el 8 de
octubre y el 7 de noviembre de 2024, que corresponde al pago 1 de 3, se
pagó el día 21 de enero de 2025, por valor de $ 3.132.000. El período
comprendido entre el 8 de noviembre y el 7 de diciembre de 2024, que
corresponde al pago 2 de 3, se pagó el día 28 de enero de 2025, por valor
de $ 3.132.000. El período comprendido entre el 8 y el 29 de diciembre de
2024, que corresponde al pago 3 de 3 se pagó el 31 de enero de 2025, por
valor de $2.296.800 (se adjuntan reportes de pago SIFF NACION)”.
11. Frente a los reparos relacionados con la modificación de las
condiciones del contrato, indicó que no se alteró de manera unilateral la
fecha de finalización del contrato de prestación de servicios, pues, acorde
con lo previsto en el aplicativo SECOP II y la información contenida en el
Oficio No. 202530000508 de 6 de febrero de 2025, la fecha de finalización
fue el 29 de diciembre de 2024. Por lo anterior, solicitó que se negara la
solicitud de amparo.
12. La Presidencia de la República señaló que no se desplegó acción u
omisión por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República (DAPRE) que afectara los derechos fundamentales invocados
5 Mediante Auto de 29 de enero de 2025, el despacho ponente resolvió (1) admitir la acción de tutela de la
referencia, (2) tener como demandados a la Presidencia de la República de Colombia, el Ministerio de Trabajo, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE y la
Procuraduría General de la Nación.
6 Remitido por la Dirección Territorial Suroccidente (Cali) del DANE
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Decisión: Declara improcedencia
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como vulnerados por el accionante. Agregó que las competencias
asignadas a esta entidad estaban previstas en el artículo 4 del Decreto 2647
de 2022 y no incluían la atención a reclamaciones relacionadas con
obligaciones contractuales entre particulares y el DANE. Aclaró que estas
solicitudes relativas al (se trascribe) “pago de honorarios, modificación
contractual y afectación patrimonial deben ser dirigidas exclusivamente a
la entidad responsable de la contratación, en este caso, el DANE” o, acudir
a instancias administrativas y judiciales conforme con lo previsto en la ley. En
consecuencia, solicitó su desvinculación de la presente acción de tutela y
que se negaran las pretensiones invocadas.
13. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expuso que lo solicitado
por el accionante no era un asunto de su competencia. Precisó que, a pesar
de que era el encargado de la asignación global de los recursos a cada
sección del presupuesto nacional, de acuerdo con la autonomía
presupuestal que ostentan las entidades estatales, (se trascribe): “son ellas
las encargadas de administrar y ejecutar los recursos asignados”. Aunado a
lo anterior, indicó que carecía de legitimación pasiva en la causa y solicitó
su desvinculación del presente proceso.
14. La Procuraduría General de la Nación alegó que lo requerido por la
parte actora escapaba de la esfera de competencia de la entidad, pues,
una vez revisado el “sistema de correspondencia de la Procuraduría General
de la Nación”, no se encontró que el señor Herrera Soto hubiese solicitado
la intervención de este órgano de control sobre el objeto de la presente
acción. Precisó que, si bien es cierto, la Procuraduría actúa en defensa de
los derechos y garantías fundamentales, también lo es que, sobre este
órgano de control no recae la facultad para coadministrar la gestión de las
entidades estatales. En consecuencia, solicitó que se declarara que la
entidad no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante y se
le desvinculara del asunto.
15. El Ministerio de Trabajo, a pesar de haber sido notificado en debida
forma, guardó silencio7.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Cuestión previa. 2.2. Solicitudes de desvinculación. 2.3. Procedencia de la
acción de tutela. 2.4. Conclusión.
2.1. Cuestión previa
7 Índices 7 en el aplicativo SAMAI
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16. La Sala pone de presente que, lo reprochado por Víctor Hugo Herrera
Soto en la presente solicitud de amparo es la falta de pago de los honorarios
causados con ocasión de la ejecución del contrato No.
CO1.PCCNTR.6862204 y, si bien formuló la siguiente pretensión dentro del
escrito de tutela (se trascribe): “Solicito Ordenar al Señor PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA, MINISTRO DE TRABAJO Y MINISTRO DE HACIENDA,
Direccionar los recursos al DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE
para el pago de todas las deudas atrasadas hasta el 31 de diciembre 2024,
más los intereses causados hasta la fecha del pago, de todos los
colaboradores del CENU.”, lo cierto es que, respecto de esta existe una
ausencia de carga argumentativa, toda vez que, no se determinó que
acción u omisión desplegó la entidad accionada que tuviera como
consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales invocados por
el accionante, en esa medida, la Sala se abstendrá de pronunciarse frente
a dicha pretensión.
2.2. Solicitudes de desvinculación
17. En lo atinente a las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación pasiva en la causa presentadas por la Presidencia de la
República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría
General de la Nación, la Sala negará las dos primeras, ya que dichas
autoridades fueron expresamente demandadas y contra estas se dirigieron
las pretensiones de la tutela, y, ante una eventual decisión de amparo,
serían las llamadas a dar cumplimiento a lo que eventualmente aquí se
resuelva. Por otra parte, declarará la falta de legitimación pasiva en la
causa de la Procuraduría General de la Nación porque no se dirigió ningún
reparo contra dicha entidad.
2.3. Procedencia de la acción de tutela
18. Como el accionante alegó la vulneración de sus derechos
fundamentales con ocasión de la fala pago de sus honorarios,
correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024,
derivados de la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.6862204 suscrito
entre el actor y el DANE, y, con fundamento en ello, además, esbozó
pretensiones de a) pago de daños y perjuicios por el no pago de honorarios8
y b) no modificación del contrato de manera unilateral, en aplicación de los
derechos del contratista, previstos en la Ley 80 de 19939; la Sala advierte que
8 “ 1.3. Solicito el pago de daños y perjuicios por la tardanza en los pagos de octubre, noviembre y diciembre de
2024, de acuerdo al 2025, (Aumento del Salario Mínimo 9.54%) decreto 1572 de 2024(Aumento del Subsidio de
Transporte 9,54%), ajustarlos al mismo porcentaje del decreto 1573 de 2024.”
9 “1.2. Solicito Ordenar al Señor PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, MINISTRO DE TRABAJO, MINISTRO DE
HACIENDA, DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA, aplicar los DERECHOS DEL CONTRATISTA,
enmarcados en la Ley 80 de 1993, y lo consagrado en la no modificación de los contratos de los contratistas del
DANE.”
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la acción de tutela no superó el requisito de subsidiariedad, por las razones
que pasan a exponerse.
19. El artículo 6 del Decreto 2591 de 199110, que desarrolló el artículo 86
constitucional11, señaló que la tutela resulta improcedente cuando existan
otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
20. La Corte Constitucional12 ha sostenido que es un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico
le otorga para la defensa de sus derechos, pues de no ser así, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales.
21. Aunado a lo anterior, la Corte ha precisado que la acción de tutela
procede excepcionalmente para el cobro de acreencias laborales u
honorarios profesionales, pues el afectado dispone de las acciones legales
correspondientes ante la jurisdicción competente para perseguir tales fines,
de manera que (se trascribe) “depende de la observancia estricta del
principio de subsidiariedad”13. En concordancia a ello, puntualizó (se
trascribe):
“(…) la acción de tutela no es, por regla general, el mecanismo idóneo para
resolver controversias suscitadas en torno a la indebida utilización de la figura
del contrato de prestación de servicios. Esto por cuanto el legislador laboral ha
dispuesto mecanismos específicos de defensa judicial idóneos y eficaces para
tramitar este tipo de demandas. Así, la acción de tutela es improcedente para
solicitar, entre otros, el reintegro y el pago de los emolumentos a que haya lugar,
como quiera que existen acciones judiciales especiales para tal fin, cuyo
conocimiento ha sido atribuido a la jurisdicción ordinaria laboral y a la de lo
contencioso administrativo, según la vinculación del servidor y la naturaleza del
empleador.
Sin embargo, en circunstancias excepcionales la acción de tutela desplaza el
mecanismo ordinario de defensa judicial, por resultar eficaz en medida y
oportunidad frente a la situación particular de quien reclama, pudiendo
configurarse dicha protección de manera definitiva o transitoria. Como
ejemplos típicos de ello, la Corte Constitucional ha enumerado los casos en los
que el accionante se encuentra en una condición de debilidad manifiesta o es
un sujeto protegido por el derecho a la estabilidad laboral reforzada (…)14”.
22. Para la Sala, en el presente caso, no se superó el mencionado requisito
(subsidiariedad) porque: 1) existe un medio de control idóneo y eficaz, pues,
para efectos de dilucidar la controversia aquí suscitada por el accionante
(pago de honorarios y otros emolumentos derivados del contrato de
10 “Artículo 6. causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”
11 “Artículo 86. (… Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)”.
12 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
13 Corte Constitucional Sentencia T-279 de 2016.
14 Ibidem.
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prestación de servicios celebrado con el DANE), el ordenamiento jurídico
prevé la posibilidad de acudir ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, en ejercicio del medio de control de controversias
contractuales, en el que podrá solicitar la revisión de los términos del
contrato No.CO1.PCCNTR.6862204, así como el pago de los honorarios
adeudados con ocasión de su ejecución, y los perjuicios y daños derivados
de tal situación.
23. 2) De igual forma, no se acreditó un perjuicio irremediable que hiciere
procedente la tutela como mecanismo transitorio, ya que de los hechos
narrados por el accionante no se acredita un daño inminente, grave y
urgente que demuestre la necesidad de una intervención impostergable del
juez constitucional. Se parte de los siguientes presupuestos para llegar a la
anterior conclusión: (a) el accionante no es un sujeto de especial protección
constitucional15; (b) no existe ningún elemento que demuestre que el actor
no se encuentra en condiciones de acudir ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo y; (c) el medio de control de controversias
contractuales es el escenario judicial idóneo y eficaz para obtener la
protección de sus derechos, dadas las particularidades del caso.
2.4. Conclusión
24. Tras corroborar que no se superó el requisito de subsidiariedad, la Sala
se abstendrá de pronunciarse sobre los demás requisitos de procedibilidad
y declarará la improcedencia de la acción de tutela.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la
Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA EN LA CAUSA de la
Procuraduría General de Nación y, por tanto, desvincularla de la presente
acción, por los motivos dados.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Víctor Hugo Herrera Soto, por las razones expuestas en esta providencia.
15 No pertenecen al grupo personas con discapacidad o en condición de debilidad manifiesta por motivos de
salud, víctimas de la violencia, adultos mayores en situación de vulnerabilidad, no se encuentra en una situación
de pobreza, ni es un aforado sindical.
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TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 16.
CUARTO: En caso de no ser impugnada esta decisión, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE,
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
16 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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