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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00410-01

Fecha
24 de julio de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00410-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Confirmar la sentencia de 3 de marzo de 2025, proferida por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-00410-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

24 de julio de 2025

Radicado:11001-03-15-000-2025-00410-01
Demandante: Víctor Iván Liévano Fernández

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00410-01
Demandante: VÍCTOR IVÁN LIÉVANO FERNÁNDEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa por allanamiento a inmueble. Incumplimiento del requisito de
inmediatez

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el señor Víctor Iván Liévano Fernández, quien actúa en nombre
propio, contra la sentencia de 3 de marzo de 2025, dictada por la Subsección “B” de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la que se declaró improcedente la
acción de tutela por encontrar incumplido el requisito de inmediatez.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 27 de enero de 2025, el señor Víctor Iván Liévano Fernández, en nombre propio,
acudió a la acción de tutela con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al buen
nombre y a la honra, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“1. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia y buen nombre de accionante

2. Dejar sin efecto la sentencia Proferida por el Tribunal administrativo del Cauca el 27
de julio de 2024.

3. Ordenar al Tribunal Administrativo del Cauca proferir un nuevo fallo que respete los
derechos fundamentales y considere que la orden de allanamiento no cumplió con los
requisitos legales decantados por el ordenamiento jurídico colombiano”.

2. Hechos

Del escrito de tutela y de las providencias proferidas al interior del proceso de
reparación directa identificado con el radicado 19001-33-33-004-2014-00475-01, se
tienen como hechos relevantes los siguientes:
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado:11001-03-15-000-2025-00410-01
Demandante: Víctor Iván Liévano Fernández

El señor Víctor Iván Liévano Fernández ejercía como abogado de profesión con una
experiencia de más de 37 años y vivió por más de 23 años en el barrio Antonio
Nariño en la ciudad de Popayán con su esposa y sus 2 hijos.

El 18 de abril de 2013, la Fiscalía 001 Turno Uri de Popayán ordenó el allanamiento
del inmueble perteneciente al señor Víctor Iván Liévano Fernández, ubicado en la
carrera 12 # 11 -31, con fundamento en que en dicho inmueble operaba un grupo
delincuencial denominado “Los Urabeños”, donde presuntamente se ocultaba la
suma de $2.000.000.000

Dicho allanamiento se hizo efectivo el 19 de abril de 2013 y miembros del Gaula, el
CTI, el Ejército y la Policía Nacional ingresaron al inmueble luego de obligar “a una
empleada de la residencia a que les abriera la puerta y, luego de ello, requirieron a su
esposa, quien salía de bañarse, para que atendiera la diligencia, lo cual realizó, y aunque
expresó que había un error en la dirección, quienes realizaban la diligencia desatendieron
esa circunstancia, situación que se repitió cuando él mismo llegó a su predio, pocos
instantes después”.

La diligencia de allanamiento finalizó a la 1:40 p.m., sin que el personal judicial que
ingresó al domicilio del actor encontrara alguna prueba que justificara dicha
diligencia o que evidenciara alguna relación con los supuestos hechos delictivos,
situación que quedó además relacionada en el acta de diligencia.

El actor manifestó que el personal judicial que realizó el allanamiento al no encontrar
ninguna prueba, le presentó excusas por el allanamiento, situación que no tuvo en
cuenta el Tribunal Administrativo del Cauca.

Como consecuencia de lo anterior, el señor Víctor Iván Liévano Fernández junto
con su grupo familiar, presentó demanda en el ejercicio del medio de control de
reparación directa contra la Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación,
con el objeto de que se les declarara administrativa y patrimonialmente
responsables con ocasión de la falla en el servicio que se generó por el allanamiento
llevado a cabo en su domicilio.

En primera instancia el proceso correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito Judicial de Popayán, que en sentencia de 9 de octubre de 2018 denegó las
pretensiones de la demanda, al considerar que en la diligencia de allanamiento
quedó demostrado que se fundamentó en la información suministrada por una
persona que indicó la posible comisión de una conducta punible, información sobre
la cual la Policía Judicial realizó algunas labores de verificación previa.

Apelada la decisión por la parte demandante, el Tribunal Administrativo del Cauca
en sentencia de 27 de julio de 2023 confirmó lo resuelto por el a quo, bajo el
argumento de que “si bien se tiene que las diligencias adelantadas en contra del actor por
el delito de enriquecimiento ilícito terminaron archivadas, debe resaltarse que ello no
obedeció al hecho de alguna irregularidad en el allanamiento, que se insiste, fue declarado
legal, si no que atendió al hecho de que no existieran elementos de juicio que determinaran
la existencia de la conducta, aun a pesar de haberse cumplido con la obligación de
investigar los hechos”.

3. Fundamentos de la acción

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Radicado:11001-03-15-000-2025-00410-01
Demandante: Víctor Iván Liévano Fernández

El accionante alegó la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, buen nombre y honra,
supuestamente vulnerados por el Tribunal Administrativo del Cauca con la
expedición de la sentencia de 27 de julio de 2023.

En ese orden, afirmó que en la diligencia de allanamiento existió una confusión en
la identificación del propietario, la Fiscalía General de la Nación no contó con los
suficientes elementos probatorios, no se constató la vinculación entre el domicilio u
la supuesta actividad delictiva, la orden de allanamiento no coincidió completamente
con la del domicilio objeto de registro y hubo un exceso del mismo, en tanto
incluyeron áreas que no debían.

De igual modo, indicó que de conformidad con el artículo 220 del Código de
Procedimiento Penal no existió una corroboración de los motivos que
fundamentaron el allanamiento en tanto no fueron respaldados a través de evidencia
física o documental, a lo que agregó que la investigación se culminó precisamente
por falta de elementos probatorios y de justificación.

Sostuvo que la Fiscalía incurrió en desconocimiento de la jurisprudencia
vinculante, debido a que inobservó los lineamientos establecidos en la sentencia
C-673 de 2005 expedida por la Corte Constitucional.

Por último, indicó que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca
incurrió en defecto fáctico (por ausencia de sustento probatorio), defecto
sustantivo (por aplicación de normas inexistentes o inconstitucionales) y falta de
motivación o desconocimiento del precedente.

4. Oposición

4.1. Respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de
Popayán

La apoderada de la entidad rindió informe en el que solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela, al considerar que no cumple con el requisito de
inmediatez, debido a que la sentencia que cuestiona el actor fue proferida el 27 de
julio de 2023, notificada el 28 de agosto de 2023 y la acción constitucional fue
presentada 17 meses después.

Agregó que no se materializó ninguna vulneración de derechos fundamentales por
parte del Tribunal Administrativo del Cauca, en tanto en la decisión objeto de
reproche se realizó un adecuado estudio de la actuación y fue acorde a derecho.

Finalmente, solicitó su desvinculación del proceso por falta de legitimación en la
causa por pasiva, debido a que el medio de control de reparación directa no fue
adelantado contra la entidad que representa.

4.2. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación

La apoderada judicial de la entidad solicitó ser desvinculada del presente trámite
por falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no existe relación
de causalidad entre sus actuaciones y los derechos fundamentales alegados por el
accionante.

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Demandante: Víctor Iván Liévano Fernández

De igual modo, consideró que la presente tutela no es procedente porque no cumple
con los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, aunado a que el actor no
argumentó en debida forma las causales específicas de procedencia del mecanismo
constitucional contra providencia judicial.

4.3 Respuesta del señor Iván Andrés Liévano Pajoe

Solicitó acceder a las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que con el
allanamiento del inmueble también se vio afectado su buen nombre y su vida
profesional, debido a que para la fecha de los hechos – 19 de abril de 2013 – era el
propietario del bien inmueble a pesar de no vivir allí.

Agregó que para esa misma fecha se encontraba vinculado a la Rama Judicial,
donde laboró hasta septiembre de 2016 y en la actualidad ejerce como Procurador
184 Judicial I en asuntos administrativos.

4.4. Respuesta de los señores Mireya Mera Santiago, María José, Víctor Iván
Liévano Mera y María del Mar Liévano Ramos

Reiteraron los argumentos expuestos en el escrito de tutela, así como las
pretensiones.

4.5. Respuesta del Tribunal Administrativo del Cauca

Por conducto de la magistrada ponente de la decisión objeto de reproche rindió
informe en el que indicó que con la expedición de la sentencia de 27 de julio de
2023, no vulnero ningún derecho fundamental del accionante y afirmó que la
decisión cuestionada está debidamente fundamentada como se puede inferir en su
contenido.

5. Sentencia de tutela impugnada

La Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado en fallo de 3 de
marzo de 2025, resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Víctor Iván Liévano Fernández en contra de la Sala de Decisión 001 del Tribunal
Administrativo del Cauca, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Fiscalía
General de la Nación y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Popayán, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación”.

Al respecto, indicó que frente al requisito general de inmediatez la Corte
Constitucional ha precisado que el requisito de inmediatez se supera cuando “[…] la
demanda de tutela se hubiere presentado en un término razonable y proporcionado a partir
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Demandante: Víctor Iván Liévano Fernández

del hecho que generó la presunta vulneración». En el caso concreto, claramente fue la
sentencia del 27 de julio de 2023, proferida por la Sala de Decisión 001 del Tribunal
Administrativo del Cauca, en el proceso de reparación directa con radicado núm. 19001-33-
33-004-2014-00475-01. Respecto a este punto, cabe recordar que el Consejo de Estado ha
sostenido en los casos de acciones de tutela contra providencias judiciales que el plazo
razonable se cuenta «[…] a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el
caso […]”

Por último, aseveró que cuando se trata de la acción de tutela contra providencia
judicial, el análisis del requisito de inmediatez debe ser estricto, en tanto se debe
resguardar los principios de seguridad jurídica y de cosa juzgada, en razón a que
las decisiones judiciales no pueden mantenerse en la incertidumbre, por lo que se
debe establecer un plazo razonable para su interposición.

6. Escrito de Impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el accionante
impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocara, al considerar que
se desconoce el carácter excepcional, garantista y sustancial de la tutela y se
aplican de forma rígida y desproporcionada el criterio de la inmediatez.

De conformidad con lo anterior, afirmó que la vulneración de los derechos que
invoca continúa en la actualidad y la afectación a su reputación no se agota con la
expedición de la sentencia, sino que se proyecta hacia el futuro en tanto la
providencia que cuestiona aún produce efectos estigmatizantes y niega la
posibilidad de reparación frente a una actuación estatal ilegítima.

De conformidad con lo anterior, indicó que “el tiempo transcurrido entre la ejecutoria de
la sentencia (14 de agosto de 2023) y la presentación de la tutela (27 de enero de 2025) se
explica por: • La necesidad de agotar infructuosamente otras vías institucionales y de
reflexión jurídica sobre los graves defectos que presenta la sentencia del Tribunal. • La
complejidad del proceso y el análisis riguroso de la procedencia del mecanismo de amparo
frente a una decisión judicial con efectos jurídicos y sociales graves. • La persistencia del
daño al buen nombre, el cual se mantiene incluso después de la decisión”.

De igual modo, sostuvo que en sentencia SU-322 de 2024 la Corte Constitucional
reiteró que el requisito de inmediatez no puede interpretarse como un “término
perentorio o fatal, sino que debe ser valorado en contexto, con enfoque garantista y pro
persona, en especial cuando la afectación a derechos fundamentales tiene efectos
prolongados”, por lo que en su caso concreto la inmediatez debe evaluarse de
manera razonada y no cronológica.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

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Demandante: Víctor Iván Liévano Fernández

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si debe revocar la sentencia de 3 de marzo de
2025, proferida por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado
en la que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito
de inmediatez, y de encontrar cumplidos los restantes generales de procedencia de
la tutela contra providencia judicial, si la autoridad judicial accionada vulneró los
derechos fundamentales invocados por la parte actora.

3. Requisito de la inmediatez como presupuesto general de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política establece que “toda persona tendrá acción
de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”. Ahora bien, aun
cuando la Carta Política hace uso de la expresión “en todo momento y lugar”, lo que
podría dar a entender que la acción de amparo puede solicitarse en cualquier
tiempo, sin importar la urgencia, ni la relevancia de los derechos vulnerados, lo
único cierto es que se trata de un requisito que se debe valorar en cada caso
concreto.

Sin embargo, la Corte Constitucional1 ha señalado que si bien no es posible
establecer un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela,
ésta no puede presentarse en cualquier tiempo y por lo tanto debe existir un término
razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los derechos
fundamentales del actor y la presentación de la demanda, en la medida en que la
naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino
también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros
afectados.

En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no
un término de caducidad. Justamente, porque la acción de tutela es un medio
excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en
un tiempo prudencial. Por ello, el presupuesto de la inmediatez constituye un
requisito para habilitar el estudio de fondo de la acción de tutela, pues se evita “el
uso de este mecanismo constitucional como herramienta que consienta la negligencia o
indiferencia de los actores, o que propicie la inseguridad jurídica.” 2

La jurisprudencia constitucional ha identificado cinco criterios orientadores para que
el juez de tutela pueda determinar3, en cada caso, si se ha cumplido con el requisito
de la inmediatez. Tales criterios se precisaron en la sentencia SU-391 de 20164,
así: “(i) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación personal del
peticionario, pues en determinados casos esta hace desproporcionada la exigencia de

1
Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
2
Ibídem.
3
Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU 391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia T-246 de 2015
M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño, sentencia T-158 de 2006 M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
4
Corte Constitucional. M. P. Alejandro Linares Cantillo.
6

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Demandante: Víctor Iván Liévano Fernández

presentar la acción de tutela en un término breve; (ii) El momento en el que se produce la
vulneración: pueden existir casos de vulneraciones permanentes a los derechos
fundamentales. En estos casos, para analizar la inmediatez el juez de tutela no debe contar
el término desde el momento en el que la vulneración o amenaza inició hasta la fecha de
presentación de la tutela, sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que esta se
prolongó; (iii) La naturaleza de la vulneración: existen casos donde se presenta un nexo
causal entre el ejercicio inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los derechos
de los interesados. De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la demora en la
presentación de la tutela guarda relación con la situación de vulneración de derechos
fundamentales que alega el peticionario; (iv) La actuación contra la que se dirige la tutela: la
jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la inmediatez puede variar
dependiendo de la actuación que se identifica como vulneratoria de los derechos invocados
en la tutela. Específicamente, ha señalado que este análisis debe ser más estricto
tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales y (v) Los efectos de la
tutela: la Corte ha considerado que, aún si se encuentra un motivo que justifique la demora
en la interposición de la tutela, el juez debe tener en cuenta los efectos que esta tendría en
los derechos de terceros si se declarara procedente”5.

En igual sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-372 de 2024, reiteró los
anteriores criterios para analizar las particulares de cada caso en torno a la
presentación de la acción de tutela dentro de un término oportuno y recordó que no
toda manifestación de una circunstancia especial habilita la procedencia del
mecanismo constitucional, puesto que no basta con la simple afirmación de que el
interesado no pudo ejercer la solicitud de amparo en un plazo razonable. Al
respecto, sostuvo que “pretender establecer la inmediatez a partir de un hito diferente al
de la fecha de la sentencia de condena y su notificación, como es la respuesta negativa a
una solicitud de libertad, como lo hace el actor, carece de justificación, pues lo que pretende
cuestionarse es la condena y no la negativa de la libertad”.

Específicamente, en torno a la verificación de este presupuesto cuando la tutela
que se analiza está dirigida contra una providencia judicial, la Sala Plena de esta
Corporación mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 6 estableció,
como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse en un plazo
máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de la sentencia o
providencia objeto de reproche constitucional, límite temporal que también ha sido
acogido por la Corte Constitucional7.

4. Estudio y solución del caso concreto

El señor Víctor Iván Liévano Fernández, quien actúa a nombre propio, presentó
acción de tutela con el objeto de que se protejan sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, buen nombre y honra,
supuestamente vulnerados con la sentencia de 27 de julio de 2023, mediante la cual
el Tribunal Administrativo del Cauca, confirmó la decisión de primera instancia de 9
de octubre de 2018, emitida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Popayán que negó las pretensiones de la demanda de reparación directa en la que
pretendió que se declarara administrativa y patrimonialmente responsable a la
Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios causados
por el allanamiento que se llevó a cabo en su casa de habitación el 19 de abril de
2013.

5
Ibídem.
19001-33-33-004-2014-00475-01
7
T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-619 de 2019, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
7

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Radicado:11001-03-15-000-2025-00410-01
Demandante: Víctor Iván Liévano Fernández

En primera instancia el proceso correspondió a la Subsección “B” de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, que por medio de sentencia de 3 de marzo de
2025 declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito
general de inmediatez.

Conforme da cuenta el Sistema para la Gestión Judicial SAMAI8, la sentencia de 27
de julio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca que finalizó con
el medio de control de reparación directa identificado con el radicado No. 19001-33-
33-004-2014-00475-01, se notificó a las partes mediante correo electrónico enviado
el 4 de agosto de 2023, por lo que se entiende notificada el 9 de agosto del mismo
año, en atención al numeral 2 del artículo 205 del CPACA9.

Como se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión, el artículo 86 de
la Constitución precisa que la acción de tutela debe procurar la protección inmediata
de los derechos fundamentales, cuando quiera que resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública. Si bien, la misma
disposición establece que se podrá hacer uso de este mecanismo constitucional en
todo momento, ello no implica que no se deba interponer dentro de un plazo
razonable, pues ello está en consonancia con los principios de seguridad jurídica y
cosa juzgadas, los cuales, prima facie, se deben resguardar.

Así las cosas, la parte actora en el escrito de impugnación sostiene que la
vulneración de los derechos que invoca continúa en la actualidad y la afectación a
su reputación no se agota con la expedición de la sentencia, sino que se proyecta
hacia el futuro, en tanto la providencia que cuestiona aún produce efectos
estigmatizantes y niega la posibilidad de reparación frente a una actuación estatal
ilegítima, por tanto el requisito de inmediatez no debe aplicarse de forma estricta.

De conformidad con lo anterior, la Sala observa que como la solicitud de amparo
fue promovida el 27 de enero de 202510, transcurrió un (1) año, cinco meses (5)
meses y cuatro (4) días entre el momento de la notificación y el de la interposición
de la acción constitucional, término que excede el límite razonable establecido
jurisprudencialmente por la Sala Plena de esta Corporación, como regla general, el
cual ha sido acogido por la Corte Constitucional.

Sobre el particular, cabe resaltar que la Corte Constitucional en diferentes
decisiones ha ratificado la posición jurisprudencial de esta Corporación, al indicar
que el plazo razonable para interponer la acción de tutela, si bien no es un término
fijo, puede entenderse como un periodo prudencial de seis (6) meses, el cual debe
analizarse en general, “en relación con el hecho generador de la tutela, las condiciones
11
del accionante y los derechos que subyacen en la pretensión” , respecto del cual ha
precisado “que (…) ha entendido que seis meses es un plazo razonable para satisfacer el
12
requisito de inmediatez sin que ello signifique que dicho término es perentorio” .

8
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1100133350102018002580125
00023
9 «La notificación electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas: […] 2. La
notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles
siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la
notificación».
10
Acta individual de reparto.
11
Sentencia T-422 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
12
Sentencia T-338 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
8

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Radicado:11001-03-15-000-2025-00410-01
Demandante: Víctor Iván Liévano Fernández

En este mismo sentido, en la sentencia T-619 de 2019, la Corte estimó que “el juez
debe ser muy cuidadoso en la constatación de este requisito por estar en riesgo la
seguridad jurídica y, aunque se ha destacado un periodo determinado (6 meses), lo cierto
es que también se ha extendido dicho lapso, pues para su fijación se debe acudir a criterios
como el de razonabilidad y proporcionalidad en cuya valoración le corresponde al juez tener
13
en cuenta las circunstancias que caractericen al caso concreto” .

Es cierto que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al juez a
concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden existir
circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no se haya
presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la
omisión que vulnera el derecho fundamental sean permanentes, persisten en el
tiempo, y hacen que la violación sea siempre actual. Sin embargo, cuando se trata
de cuestionar providencias judiciales la verificación de este presupuesto se torna
aún más exigente, por lo que no cualquier circunstancia lo excepcionaría cuando
se ha superado el plazo razonable de los seis meses, sino que en cada caso
concreto se deberá efectuar su estudio, siempre con el norte de preservar prima
facie los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

En el presente caso, se observa que la parte actora manifestó en su escrito de
impugnación que el término de los 6 meses no puede ser aplicado de forma estricta,
en tanto la vulneración de sus derechos actualmente continúa. No obstante, para
la Sala dicho argumento no constituye una circunstancia que excuse la
presentación tardía del amparo, en tanto dicha afirmación no demuestra la
configuración de un perjuicio irremediable ni alguna circunstancia especial que
amerite la intervención del juez constitucional.

De conformidad con lo anterior, el accionante se encontraba en la obligación de
presentar la acción constitucional dentro del plazo estipulado de los 6 meses
previstos por la jurisprudencia.

Así las cosas, el argumento expresado por el accionante en el escrito de
impugnación no tiene vocación de prosperidad, debido a que no se presentaron
circunstancias especiales que imposibilitaran ejercer la acción de tutela dentro del
término razonable referido, por lo que, conforme con la jurisprudencia antes citada,
el requisito se encuentra incumplido.

En todo caso, en relación con la presentación de acciones de tutela contra
providencias judiciales, la Corte ha considerado que el mencionado término debe
ser entendido de manera estricta. En tal sentido, en la sentencia T-1140 de 2005,
consideró que “puede inferirse que la razonabilidad del término de interposición de la
acción de tutela debe estudiarse en cada caso concreto. Sin embargo, tratándose de
procesos judiciales y de providencias ejecutoriadas, el juicio sobre la razonabilidad del
término ha de ser riguroso en comparación con los otros casos que se llevan ante la justicia
constitucional. En efecto, en este caso debe analizarse las posibilidades de defensa en el
mismo proceso judicial, la diligencia del accionante en el mismo, y los posibles derechos
de terceros que se han generado por el paso del tiempo”.

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de 3 de marzo de 2025,
proferida por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado que
declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de

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M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Radicado:11001-03-15-000-2025-00410-01
Demandante: Víctor Iván Liévano Fernández

inmediatez.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,

FALLA

Primero.- Confirmar la sentencia de 3 de marzo de 2025, proferida por la
Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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