Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00412-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Improcedente el amparo: no cumple con el requisito general de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00412-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00412-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
27 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-00412-00
Accionante: JULIETH NATALIA FIGUEROA BELTRÁN
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRA
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE DECLARA
IMPROCEDENTE EL AMPARO – No cumple con el requisito general de
procedencia de subsidiariedad.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Julieth Natalia
Figueroa Beltrán contra el Tribunal Administrativo de Santander y la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La señora Julieth Natalia Figueroa Beltrán solicitó, a través de apoderado
judicial, el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia y a la doble instancia, cuya vulneración le atribuyó a
la providencia de 14 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el número de radicación 68001-33-33-005-2018-
00123-00/01/03.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00412-00
Accionante: Julieth Natalia Figueroa Beltrán
2.1. Señaló que mediante Resolución No. 128-P de 4 de junio de 2015 se vinculó con
la planta global del Municipio de Piedecuesta, de forma provisional en un cargo de
carrera administrativa - Profesional Universitario, el cual posteriormente fue
prorrogado en provisionalidad mediante Resolución 434 -P del 3 de diciembre de
2015.
2.2. Adujo que, mediante los Decretos números 110 de 2 de noviembre y 111 de 3
de noviembre de 2017 fue eliminado su cargo sin contar con el debido sustento y
motivación la administración municipal.
2.3. Manifestó que promovió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
núm. 68001-33-33-005-2018-00123-00 contra el Municipio de Piedecuesta, para
que se declarara la nulidad de los Decretos mencionados supra.
2.4. Relató
que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Bucaramanga, autoridad judicial que, mediante
providencia de 21 de marzo de 2023, denegó las pretensiones de la demanda.
2.5. Refirió que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y que el
Tribunal Administrativo de Santander revocó, mediante sentencia de 15 de febrero
de 2024, el fallo de primera instancia y accedió a las pretensiones de la demanda.
2.6. Señaló que el fallo de segunda instancia declaró la nulidad del Decreto 110 de
2017 y ordenó pagar a su favor los salarios y prestaciones dejados de percibir,
desde el día siguiente a la fecha de desvinculación, y hasta el momento del
reintegro.
2.7. Indicó que la parte demandada solicitó aclaración y adición de la sentencia de
segunda instancia.
2.8. Indicó que el Tribunal Administrativo de Santander, mediante providencia de 14
de noviembre de 2024, dispuso lo siguiente:
“[…] PRIMERO. NIÉGUESE la solicitud de aclaración interpuesta por Danny
Alexander Ramírez Rojas y el municipio de Piedecuesta, de acuerdo con
lo expuesto en la presente providencia judicial.
SEGUNDO. ACCÉDASE a la solicitud de adición interpuesta por el
municipio de Piedecuesta, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de
la sentencia y, en consecuencia, ADICIONASE al decisum de segunda
instancia del 15 de febrero de 2024 proferida por esta Sala de Decisión, el
cual quedará así:
“PRIMERO. REVÓQUESE la sentencia de primera instancia proferida el
21 de marzo de 2023 por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Bucaramanga, de conformidad con las
consideraciones expuestas.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00412-00
Accionante: Julieth Natalia Figueroa Beltrán
SEGUNDO. INAPLÍQUESE los Decretos 110 y 111 del 2 y 3 de
noviembre de 2017.
TERCERO. DECLÁRASE la nulidad de los Decretos 112 del 7 de
noviembre de 2017 “Por el cual se crean unos empleos de carácter
transitorio en la alcaldía municipal de Piedecuesta, Decreto 120 del 21 de
noviembre de 2017 “Por el cual se crean unos empleos de carácter
transitorio en la alcaldía Municipal de Piedecuesta”,
CUARTO. DECLÁRESE la nulidad de las Resolución 227 del 7 de
noviembre del 2017 “Por medio del cual se establece el manual
especifico de funciones, requisitos y competencias laborales para los
empleos de la planta de empleos de la administración central del
Municipio de Piedecuesta Santander”, Resolución 228 del 7 de noviembre
del 2017 “Por medio de la cual se hace la distribución de los empleos de
la planta de la alcaldía Municipal de Piedecuesta”, Resolución 237 del 7
de noviembre de 2017 “Por medio de la cual se incorporan unos
servidores públicos a la planta de empleos de la alcaldía Municipal de
Piedecuesta” publicado el 8 de noviembre de 2017.
QUINTO. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho, ORDÉNESE al municipio de Piedecuesta a
reintegrar a la señora JULIETH NATALIA FIGUEROA BELTRÁN al
cargo que ejercía o a otro de mejor categoría, la orden de reintegro se
hará efectiva, siempre y cuando, el cargo de referencia no haya sido
provisto por concurso de mérito; así mismo, el municipio de Piedecuesta
deberá reconocer y pagar a favor de la demandante, la suma
correspondiente a 6 meses de salarios y prestaciones efectivamente
dejados de percibir, para lo cual deberá tener en cuenta el último salario
devengado por la demandante. Además, se deberán descontar las sumas
que hubiere percibido la demandante por concepto de salarios y
prestaciones sociales producto de otras vinculaciones con el Estado,
durante el tiempo que estuvo retirada del servicio en virtud de la
supresión del cargo, atendiendo a lo dispuesto en la sentencia de
unificación del 9 de agosto de 2022 identificada con el número de
radicado 110010325000-2017-00151-00 proferida por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
SEXTO. DENIÉGUESE las demás pretensiones impetradas por la
demandante.
SÉPTIMO. Sin condena en costas, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
OCTAVO. RECHÁCESE la solicitud de reconocimiento como tercero
interviniente presentada por Danny Alexander Ramírez Rojas, de
conformidad con las consideraciones expuestas.
NOVENO. Ejecutoriada esta providencia judicial, DEVUÉLVASE el
expediente al juzgado de origen, previas constancias de rigor en el
Sistema de Gestión Judicial SAMAI”. […]”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00412-00
Accionante: Julieth Natalia Figueroa Beltrán
2.9. Afirmó que la providencia citada vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la doble instancia, al incurrir
en un defecto orgánico, en un defecto sustantivo, en un defecto procedimental, en
una “[…] vía de hecho […]”, en un desconocimiento del precedente judicial y en una
violación directa de la Constitución.
2.10. Frente al defecto orgánico, refirió que el juez de segunda instancia actuó fuera
de sus competencias al modificar la sentencia proferida el 15 de febrero de 2024,
violando los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
2.11. Frente al defecto material o sustantivo, indicó que el juez de segunda instancia
desbordó los límites legales al modificar el fondo de la sentencia 15 de febrero de
2024, bajo el pretexto de una adición, violando el principio de inmutabilidad.
2.12. Señaló que la adición, como lo estipula el artículo 287 de la Ley 1564 de 12 de
julio de 20121 -en adelante Código General del Proceso-, solo puede subsanar
omisiones o decidir aspectos no tratados en la sentencia original, sin cambiar la
esencia del fallo.
2.13. Respecto del defecto procedimental absoluto señaló que la alteración de las
decisiones judiciales mediante las sentencias complementarias constituye un
defecto procedimental, ya que desconoce los límites procesales establecidos en
el artículo 285 del Código General del Proceso.
2.14. Manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en vía de hecho por la
disparidad en las decisiones sobre casos similares (Fermín Lozano Quintero y
Honorio Isaac Niño frente a Julieth Natalia Figueroa y Patricia Dolores Duarte)
generando inseguridad jurídica y desigualdad.
2.15. Indicó, respecto del desconocimiento del precedente jurisprudencial, que con la
decisión cuestionada se contradice de manera directa la línea jurisprudencial del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional respecto al alcance de los
mecanismos de aclaración, corrección y adición.
2.16. Señaló que incurrió en violación directa de la Constitución porque la modificación
sustancial de las decisiones judiciales vulnera los artículos 29, 31 y 229 de la
Constitución, que garantizan el debido proceso, la seguridad jurídica y el acceso a la
administración de justicia.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
1
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
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Accionante: Julieth Natalia Figueroa Beltrán
“[…] 1. Que se declare la vulneración de los derechos fundamentales de la
parte demandante al debido proceso, acceso a la justicia, doble instancia, así
como los demás derechos fundamentales que considere vulnerados el
despacho judicial.
2. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene al Tribunal Administrativo
de Santander revocar y dejar sin efectos la sentencia complementaria de
fecha 14 de noviembre de 2024, expedida en el proceso con radicado
68001333300520180012303, en razón a su contradicción con los principios
procesales, en especial el de inmutabilidad de las sentencias.
3. Que se adopten medidas idóneas y eficaces para garantizar la corrección
del yerro judicial identificado, asegurando el respeto de los derechos
fundamentales vulnerados de las demandantes, en el marco de los principios
constitucionales y legales aplicables […]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 31 de enero de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vinculó en calidad
de terceros con interés directo en el resultado del proceso al Municipio de
Piedecuesta y al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bucaramanga.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a los
sujetos vinculados, se allegó el siguiente informe:
5.1. ElTribunal Administrativo de Santander solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela toda vez que no se evidencia vulneración alguna
de los derechos fundamentales ni la configuración de los defectos de
procedibilidad.
5.2. ElJuzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga manifestó que las
providencias judiciales en todos los niveles se fundan en los principios de
autonomía, independencia, acceso a la justicia y legalidad, dirigidas
esencialmente a asegurar que los ciudadanos puedan reivindicar sus derechos
constitucionales y legales, conforme a los procedimientos diseñados para ello por
el legislador.
5.3. Asimismo,señaló que las pretensiones de la presente acción de tutela van
encaminadas a que se deje sin efectos la providencia la providencia de adición
del Tribunal Administrativo de Santander.
5.4. Finalmente solicitó su desvinculación.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00412-00
Accionante: Julieth Natalia Figueroa Beltrán
5.5. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial señaló que no se
vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte accionante,
teniendo en cuenta que las situaciones de hecho y de derecho planteadas en el
escrito de tutela, por lo que solicita se declare la improcedencia de esta.
5.6. Por último, solicitó su desvinculación.
5.7. El Municipio de Piedecuesta solicitó que se declare improcedente la acción
de tutela porque no se ha producido vulneración de los derechos fundamentales
porque la modificación de la sentencia en cuanto al monto de la indemnización no
alteró la esencia de la decisión, únicamente ajustó aspectos accesorios
relacionados con el cálculo de la indemnización.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20214, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20246.
VI.2. Cuestión previa
7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de
desvinculación procesal presentadas por el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Bucaramanga y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20067, señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00412-00
Accionante: Julieth Natalia Figueroa Beltrán
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso. […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de
las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar
los principios de legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].
9. Teniendo en cuenta que el Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga
conoció en primera instancia el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
objeto de tutela, y que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial fue
señalada como una de la accionadas en la presente acción de tutela, la Sala
considera que a estas autoridades judiciales sí les asiste el interés jurídico para
ser vinculadas a esta acción constitucional. Por lo anterior, se denegarán las
solicitudes de desvinculación elevadas, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de la presente providencia.
VI.3. Problemas jurídicos
10. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá determinar:
b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en un
defecto orgánico, en un defecto sustantivo, en un defecto procedimental, en
vía de hecho, en un desconocimiento del precedente judicial y en violación
directa de la Constitución.
11. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para
posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00412-00
Accionante: Julieth Natalia Figueroa Beltrán
12. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
13. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la
sentencia SU-627 de 2015.
15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.
16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una
situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00412-00
Accionante: Julieth Natalia Figueroa Beltrán
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en
dichos parámetros.
17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
18. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.
VI.5. El caso concreto
19. La señora Julieth Natalia Figueroa Beltrán solicitó, a través de apoderado
judicial, el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia y a la doble instancia, cuya vulneración le atribuyó a
la providencia de 14 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el número de radicación 68001-33-33-005-2018-
00123-00/01/03.
20. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
en especial el de subsidiariedad.
VI.5.1. Del incumplimiento del requisito general de procedibilidad de
subsidiariedad
21. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.
22. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00412-00
Accionante: Julieth Natalia Figueroa Beltrán
“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante […]”.
23. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado
debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal “[…] acción,
recurso, incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea
su naturaleza […]”12, lo que significa que el solicitante tiene la obligación de
interponer en tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén
a su alcance.
24. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de
la acción de tutela, en los siguientes términos:
“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”
“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber
agotado los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.
Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”13.
25. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25
de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser
utilizada como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios,
salvo que estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los
12
Corte Constitucional, Sala Plena, auto 132 de 16 de abril de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
13
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente: Dr. Jorge
Iván Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, M. P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00412-00
Accionante: Julieth Natalia Figueroa Beltrán
derechos fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”14.
26. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991
señalan una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que
cuando se trate de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de
tutela sin agotar los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario,
bajo este supuesto excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando
con la acción de tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.
27. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.
28. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que la accionante alega
que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales citados
supra por haber incurrido, presuntamente, en un defecto orgánico, en un defecto
sustantivo, en un defecto procedimental, en una “[…] vía de hecho […]”, en un
desconocimiento del precedente judicial y en una violación directa de la
Constitución.
29. Frente al defecto orgánico, refirió que el juez de segunda instancia actuó fuera de
sus competencias al modificar la sentencia proferida el 15 de febrero de 2024,
violando los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
30. Frente al defecto material o sustantivo, indicó que el juez de segunda instancia
desbordó los límites legales al modificar el fondo de la sentencia 15 de febrero de
2024, bajo el pretexto de una adición, violando el principio de inmutabilidad de la
sentencia.
31. Señaló que la adición, como lo estipula el artículo 287 del Código General del
Proceso-, solo puede subsanar omisiones o decidir aspectos no tratados en la
sentencia original, sin cambiar la esencia del fallo.
32. Respecto del defecto procedimental absoluto señaló que la alteración de las
decisiones judiciales mediante las sentencias complementarias constituye un
defecto procedimental, ya que desconoce los límites procesales establecidos en
el artículo 285 del Código General del Proceso.
33. Manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en vía de hecho por la
disparidad en las decisiones sobre casos similares (Fermín Lozano Quintero y
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019,
expediente número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Accionante: Julieth Natalia Figueroa Beltrán
Honorio Isaac Niño frente a Julieth Natalia Figueroa y Patricia Dolores Duarte)
generando inseguridad jurídica y desigualdad.
34. Indicó, respecto del desconocimiento del precedente jurisprudencial, que con la
decisión cuestionada se contradice de manera directa la línea jurisprudencial del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional respecto al alcance de los
mecanismos de aclaración, corrección y adición.
35. Señaló que incurrió en violación directa de la Constitución porque la modificación
sustancial de las decisiones judiciales vulnera los artículos 29, 31 y 229 de la
Constitución, que garantizan el debido proceso, la seguridad jurídica y el acceso a la
administración de justicia.
36. En criterio de la Sala, los argumentos enunciados buscan controvertir la falta de
competencia de la autoridad judicial accionada, para modificar a través de la
figura de la adición el contenido de la sentencia de 14 de noviembre de 2024.
37. Esta Corporación ha sostenido que el recurso extraordinario de revisión es el
medio judicial idóneo para controvertir la falta de competencia del juez, al
configurarse en dicho supuesto una nulidad originada en la sentencia; causal de
revisión que se encuentra prevista actualmente en el numeral 5 del artículo 250
de la Ley 1437 de 18 de enero de 201115.
38. En ese sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en el fallo de 8 de mayo de 201816 señaló lo siguiente:
“[…] Esta Corporación, en fallo de 2011, sintetizó los eventos que, según la
jurisprudencia de lo contencioso, configuran la causal del numeral 6º del
artículo 188 del Decreto 01 de 1984, así:
“En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i)
falta de jurisdicción o competencia17, ii) cuando se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más
actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual
hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada
la perención del proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación,
sin el previo trámite correspondiente, v) cuando se condena al demandado
por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por
causa diferente de la invocada en ésta18, vi) cuando se condena a quien no
ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere
sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de
interrupción o de suspensión19 o, en estos casos, antes de la oportunidad
debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada con mayor o menor número
de magistrados, o adoptada con un número de votos diverso al previsto en la
15
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 8 de mayo de 2018. Exp. núm. 11001-03-
15-000-1998-00153-01(REV). C.P.: Alberto Yepes Barreiro.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de diciembre de 1997, Rad. REV-080.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de mayo de 1998, Rad. REV-093.
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 3 de febrero de 2009, Rad. REV-199800170.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00412-00
Accionante: Julieth Natalia Figueroa Beltrán
ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación […]”.
[Negrilla y cursiva original del texto, subrayado fuera del texto].
39. La tesis anterior ha sido reiterada por la Sala Uno Especial de Decisión de esta
Corporación en la providencia de 13 de diciembre de 202420. Al respecto se
observa:
“[…] 61. Dicha causal de revisión ha sido objeto de múltiples
pronunciamientos en esta Corporación, en la medida en la que su redacción
no permite conocer cuáles situaciones dan lugar a la nulidad de la sentencia.
Por esa razón, la jurisprudencia se ha ocupado de establecer los supuestos
que pueden configurar esa causal y le ha encomendado al juez la función de
establecer su alcance.
62. Se ha sostenido, así, que la sentencia es nula por las causales de nulidad
procesal establecidas en el ordenamiento de procedimiento civil. Se ha
aceptado, además, que la violación del derecho al debido proceso estatuido
en el artículo 29 de la Constitución Política21 genera la nulidad de la
sentencia, conforme al razonamiento efectuado en ese sentido por la Corte
Constitucional22 y, en los específicos casos que ha identificado esta
Corporación.
63. Por vía jurisprudencial, se han identificado los siguientes supuestos
transgresores del derecho al debido proceso: i) fallo inhibitorio23; ii) ausencia
de motivación; iii) transgresión del principio de la no reformatio in pejus; iv)
condena contra un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; v)
falta de competencia o jurisdicción; vi) decisión proferida en un proceso
terminado por desistimiento, transacción o perención; v) no contar la decisión
con el número de votos requerido para su aprobación, y vi) falta de
congruencia por condena extra, ultra o infra petita. […]”. [Cursiva original del
texto y subrayado fuera del texto].
40. En ese orden de ideas, la Sala considera que el argumento objeto de estudio
es susceptible de plantearse a través de otro mecanismo de defensa judicial y,
además, en el asunto de la referencia no se demostró la configuración de un
perjuicio irremediable24.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Uno Especial de Decisión, Sentencia de 13 de diciembre
de 2024. Exp. núm. 11001-03-15-000-2023-05364-00. C.P.: María Adriana Marín.
21
Al respecto, consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 26, sentencias de 3 de febrero de
2015, rad. 1998-00157-01(REV); de 1 de octubre de 2019, rad. 201700811-00(REV); y Sala Especial de Decisión No. 21,
sentencia de 3 de diciembre de 2019, rad. 2014-01303-00(REV).
22
Ver sentencias C-491 de 1995, C-217 de 1996 y C-739 de 2001.
23
En sentencia de unificación de 8 de mayo de 2018, exp. 1998-00153-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado reconoció que una decisión inhibitoria injustificada vulnera los derechos
de acceso a la administración de justicia y debido proceso, con lo que se configura la causal de revisión de nulidad
originada en la sentencia, por violación del artículo 29 constitucional. Así se pronunció la Sala Plena en esa ocasión: «Entre
el derecho de acceso a la administración de justicia y el debido proceso existe una estrecha relación, en tanto aquél es un
elemento constitutivo de este; y que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva es una manifestación concreta de
los derechos a acceder a la justicia, a la defensa y al debido proceso. (…)
24
Los requisitos para tal efecto son los siguientes: “[…] Es el daño causado a un bien jurídico como consecuencia de
acciones u omisiones manifiestamente ilegítimas y contrarias a derecho que, una vez producido, es irreversible y por tanto
no puede ser retornado a su estado anterior (…) se presenta un perjuicio irremediable cuando concurran los siguientes
requisitos: (1) el perjuicio es inminente, es decir, que se producirá indefectiblemente si no opera la protección judicial
transitoria; (2) las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio deben ser urgentes; (3) el daño o menoscabo ha de
ser grave, esto es, que una vez que aquel se haya producido es imposible retornar la situación a su estado anterior; y, (4)
la urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable […]” (Sentencia T-348 de 1997).
14
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00412-00
Accionante: Julieth Natalia Figueroa Beltrán
41. Por lo anterior, la Sala declarará improcedente la presente acción de tutela por
carecer del requisito de subsidiariedad, como se dispondrá en la parte resolutiva
de esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Juzgado
Quinto Administrativo de Bucaramanga y por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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