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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00428-00

Fecha
13 de marzo de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00428-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Denegar la solicitud de desvinculación de la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral, por las razones expuestas en esta providencia. 7 Corte Constitucional, sentencia SU- 573 de 2019. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-00428-00 Demandante: Laura Victoria Gorraiz Monroy 2. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Laura Victoria Gorraiz Monroy, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00428-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

13 de marzo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00428-00
Demandante: Laura Victoria Gorraiz Monroy

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00428-00
Demandante: LAURA VICTORIA GORRAIZ MONROY
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Y OTROS

Temas: Contra providencias judiciales en proceso de acción de cumplimiento.
Declara improcedente por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Laura Victoria Gorraiz Monroy contra
el Tribunal Administrativo de Boyacá, el Juzgado Octavo Administrativo de Tunja, el
Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Procuraduría
General de la Nación.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 28 de enero de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, la señora
Laura Victoria Gorraiz Monroy pidió la protección de sus derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia, al cumplimiento de decisiones judiciales y a que
se garantice los principios a la legalidad y a la seguridad jurídica.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de las providencias del
10 de julio y 10 de septiembre de 2024, dictadas por el Juzgado Octavo Administrativo
de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 3, respectivamente,
que declararon improcedente la acción de cumplimiento con radicado No. 15001-33-33-
008-2024-00095-00/01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1°).- Se tutelen mis derechos fundamentales a la legalidad, seguridad jurídica, acceso a la
administración de justicia y cumplimiento de decisiones judiciales, las cuales considero vulnerados
directamente por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ y JUZGADO OCTAVO
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD con ocasión a las decisiones proferidas en primera y segunda
instancia que resolvieron declarar improcedente la acción de cumplimiento promovida e, indirectamente
por, la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ y MUNICIPIO
DE CHIQUINQUIRÁ al inobservar y no dar estricta aplicación a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo
96 de la ley 136 de 199 y el artículo 6 de la ley 190 de 1995.

2º). - En consecuencia, se ordene al DEPARTAMENTO DE BOYACÁ proceda a retirar a JEFFERSON
LEONARDO CARO CASAS del cargo de alcalde del municipio de Chiquinquirá (Boyacá) y, en su lugar,
proceda a designar alcalde encargado.

3°). - Igualmente, se ordene al CONSEJO NACIONAL ELECTORAL y REGISTRADURÍA NACIONAL
DEL ESTADO CIVIL para que realicen todas las apropiaciones presupuestales y logísticas a fin de que
se surta el proceso de elección uninominal atípica en el municipio de Chiquinquirá para el cargo de
alcalde.

1 Índice 1 de Samai.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00428-00
Demandante: Laura Victoria Gorraiz Monroy

4º). - Las demás que considere el Despacho.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El 4 de junio de 2024, la señora Laura Victoria Gorraiz Monroy interpuso acción de
cumplimiento contra el departamento de Boyacá y el municipio de Chiquinquirá. Solicitó,
textualmente, que:

1°) Se ordene a Jefferson Leonardo Caro Casas dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6 de la
ley 190 de 1995, en el sentido de manifestar al Gobernador del Departamento de Boyacá que se
encuentra incurso en inhabilidad sobreviniente para el ejercicio del cargo como alcalde de Chiquinquirá
(Boyacá).
2°) Se ordene a Carlos Andrés Amaya Rodríguez en su condición de Gobernador del Departamento de
Boyacá para que proceda a retirar de manera inmediata a Jefferson Leonardo Caro Casas del cargo de
alcalde de Chiquinquirá (Boyacá).
3°) Se tomen las medidas necesarias a efectos de acatar lo dispuesto en el inciso segundo del artículo
6 de la ley 190 de 1995 sobre el retiro del servicio por inhabilidad sobreviniente.
4°) Las demás órdenes que considere el Despacho

La demanda tenía como fundamento la sentencia de segunda instancia del proceso de
pérdida de investidura con radicado No. 15001-23-33-000-2023-00307-02; con la que el
Consejo de Estado, Sección Primera, decretó la pérdida de investidura del señor
Jefferson Leonardo Caro Casas como concejal de Chiquinquirá para el periodo 2020-
2023. En dicha sentencia, el Consejo de Estado señaló que el señor Caro Casas incurrió
en la causal descrita en el numeral 3º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, a título de
culpa grave; que su actuación fue negligente y que la conducta no está justificada en la
buena fe calificada, ni provenía de un error invencible.

La acción de cumplimiento se adelantó bajo el radicado No. 15001-33-33-008-2024-
00095-00 y correspondió al Juzgado Octavo Administrativo de Tunja, que, mediante
sentencia del 10 de julio de 2024, declaró improcedente la acción de cumplimiento.

Explicó que la sentencia del 29 de febrero de 2024, con la que el Consejo de Estado
declaró la pérdida de investidura del señor Caro Casas como concejal de Chiquinquirá
para el periodo 2020-2023 no ordenó a las autoridades demandadas el retiro del cargo
de alcalde que ahora ejerce el señor Caro Casas.

Que las autoridades demandadas no son las competentes para establecer si la pérdida
de investidura del señor Caro Casas, generó una inhabilidad sobreviniente por dolo o
culpa y que la entidad idónea para hacer dicho estudio es la Procuraduría General de la
Nación por tratarse de un cargo de elección popular, por lo cual la acción de cumplimiento
no superaba el requisito de subsidiariedad

Que no se podía concluir que el artículo 6º de la Ley 190 de 1995, estableciera una
obligación clara, expresa y exigible para que las autoridades demandadas procedieran a
retirar del cargo al alcalde.

Por último, indicó que no evidenciaba un riesgo o la existencia de un perjuicio grave e
inminente para la accionante que le impidiera ejercer otro medio de defensa.

Inconforme, la demandante apeló. Señaló que la acción de cumplimiento tenía como
finalidad que se cumpliera la sentencia del 29 de febrero de 2024, dictada por el Consejo
de Estado, Sección Primera, que decretó la pérdida de investidura del señor Caro Casas
para el cargo de concejal en el periodo 2020-2023, lo que, a su juicio, ocasionaba que
sobreviniera una inhabilidad al configurarse la causal prevista en el numeral 1º del artículo
95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000. Que había
iniciado las diligencias para que el alcalde de Chiquinquirá y el gobernador de Boyacá
fueran informados de la inhabilidad.

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Demandante: Laura Victoria Gorraiz Monroy

Respecto al argumento de tener otro medio idóneo para buscar el acatamiento de la
sentencia del Consejo de Estado, manifestó que era imperativa la orden de destitución,
hubiera o no responsabilidad disciplinaria. Respecto a la ausencia de un mandato
imperativo de la sentencia, indicó que la jurisprudencia había establecido que la acción
de cumplimiento no dependía de una orden imperativa, actual y exigible.

Por sentencia del 10 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala
de Decisión No. 3, confirmó la sentencia de primera instancia. Señaló que el señor Caro
Casas no llegó al cargo por razón de una designación a través de nombramiento, sino
por elección popular, por lo cual no resultaba destinatario del artículo 6º de la Ley 190 de
1995, y por ende no estaba en el deber de poner de presente la inhabilidad sobreviniente,
ante el gobernador de Boyacá.

Indicó que las autoridades demandadas no estaban ante la omisión de un deber, dado
que «la norma impone deberes a los empleados públicos que acceden al cargo vía designación
(género) por nombramiento (especie) y no a quienes llegan a un destino público por designación
(género) vía elección (especie), pues sólo respecto de los primeros existe nominador».

Que, de la misma manera, el gobernador de Boyacá no estaba en posición de cumplir la
citada norma, dado que no era el nominador, ni había designado, ni nombrado al alcalde
de Chiquinquirá.

Por último, indicó que, si en gracia de discusión se estudiara el asunto, el gobernador del
departamento de Boyacá no estaba en mora de disponer del retiro del alcalde, ya que no
habían transcurrido los 3 meses que estableció el inciso 2º del artículo 6 de la Ley 190
de 1995, dado que, para las fechas de constitución en renuencia, presentación de la
demanda de acción de cumplimiento y fallo de primera instancia, la sentencia de pérdida
de investidura no había cobrado firmeza.

4. Fundamentos de la acción de tutela

La accionante no hizo referencia a los requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales.

Señaló que ya había interpuesto la queja ante la Procuraduría General de la Nación y
que a la fecha dicha entidad no había operado de manera eficiente ni célere. Que han
transcurrido más de tres meses desde que quedó en firme la sentencia del 29 de febrero
de 2024, dictada por el Consejo de Estado sin que el alcalde de Chiquinquirá informara
de su situación jurídica al gobernador de Boyacá, quien, dice, tampoco ha cumplido con
su deber de disponer el retiro del funcionario, pese a ser un hecho notorio y de público
conocimiento.

Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha dicho que «la facultad de
administrar justicia no se limita a declarar el derecho, sino que también comprende la supervisión
del cumplimiento de lo juzgado», y que a su vez el artículo 25 de la Convención Americana
de Derechos Humanos ha establecido que le corresponde al Estado «garantizar el
cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado
procedente el recurso».

Que, según la sentencia T-554 de 1992, el cumplimiento de las sentencias o la ejecución
de providencias en firme es un derecho fundamental. Que se están vulnerando los
artículos 1, 29 y 229 de la Constitución Política.

Que la sentencia de la cual se buscó el cumplimiento está dirigida a proteger y garantizar
los derechos de los ciudadanos. Qué contrario a lo manifestado en las sentencias
acusadas, el cumplimiento de la providencia del Consejo de Estado no tiene como fin un
beneficio propio, dado que como lo evidenció su fin es proteger al electorado.

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Demandante: Laura Victoria Gorraiz Monroy

5. Trámite procesal

Por auto del 4 de febrero de 2025, el despacho sustanciador admitió la demanda de
tutela y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados
del Tribunal Administrativo de Boyacá, a la Juez Octavo Administrativo de Tunja, al
presidente del Consejo Nacional Electoral, al registrador Nacional del Estado Civil y al
procurador General de la Nación. En condición de terceros con interés, fueron vinculados
el gobernador de Boyacá y el alcalde del municipio de Chiquinquirá.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 7 y el 10 de
febrero de 20252.

6. Intervenciones

El magistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá, ponente de la decisión
cuestionada, pidió que se declarara improcedente la acción de tutela o, en su defecto,
que se deniegue el amparo solicitado.

Sostuvo que la actora pretende utilizar la acción de tutela como una instancia adicional
del proceso ordinario, para insistir en una discusión que ya fue resuelta. Además, indicó
que la acción de amparo no cumple el requisito general de inmediatez porque el fallo fue
dictado el 10 de septiembre de 2024.

Indicó que en el fallo de segunda instancia se explicó que el destinatario de lo dispuesto
en el artículo 6º de la Ley 190 de 1995 era el servidor público que: i) hubiera llegado al
cargo por designación a través de nombramiento, y ii) que una vez nombrado y
posesionado hubiera estado en una situación de inhabilidad sobreviniente. Que, como el
señor Caro Casas había sido elegido por voto popular, no le era aplicable la norma citada;
y en el mismo sentido, el gobernador de Boyacá no era nominador del alcalde, por lo que
tampoco lo cobijaba la precitada norma.

La juez octava administrativa de Tunja solicitó que se declarara improcedente la
solicitud de amparo o, en su defecto, se denegaran las pretensiones de la acción de
tutela.

Después de realizar un recuento de las actuaciones del despacho, indicó que la
accionante buscaba una tercera instancia para reabrir debates que ya fueron concluidos
dentro del proceso ordinario. Señaló que la decisión ya hizo tránsito a cosa juzgada.

Que en la acción de cumplimiento no se cumplió con el requisito de agotar los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa y tampoco se argumentó un perjuicio
irremediable.

El profesional especializado de la oficina de asesoría jurídica y de defensa judicial del
Consejo Nacional Electoral pidió la desvinculación del trámite de la acción de tutela por
falta de legitimación en la causa por pasiva. Dijo que la entidad no ha vulnerado los
derechos fundamentales de la accionante. Subsidiariamente, solicitó que se deniegue el
amparo deprecado.

Señaló que en cuanto a la pretensión para que la entidad junto con la Registraduría
Nacional del Estado Civil «realicen todas las apropiaciones presupuestales y logísticas a fin
que se surta proceso de elección uninominal atípica en el municipio de Chiquinquirá para el cargo
de alcalde», la entidad carece de competencia para realizar apropiaciones presupuestales,
dado que ello es función del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público. Que en lo que respecta a logística electoral, la Registraduría Nacional
del Estado Civil es la entidad encargada.

2 Índices 7 y 8 de Samai.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00428-00
Demandante: Laura Victoria Gorraiz Monroy

El jefe de la oficina jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó la
desvinculación del trámite de la acción de amparo por falta de legitimación en la causa
por pasiva. Señaló que la entidad no tiene competencia para atender las pretensiones,
dado que la motivación de la acción de tutela versa contra providencias proferidas por
despachos judiciales.

Indicó que la accionante utiliza la acción de amparo como tercera instancia al proceso
ordinario.

La apoderada especial de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Chiquinquirá
pidió ser desvinculada del trámite de la acción de tutela por falta de legitimación en la
causa por pasiva. Manifestó que la entidad representada no ha vulnerado los derechos
fundamentales de la accionante, por lo que solicitó la desvinculación.

Señaló que la señora Gorraiz Monroy radicó queja disciplinaria con No. E-2024-150865 /
IUC D-2024-3535497 el 18 de febrero de 2024, cuyo trámite se resolvió el 11 de abril de
2024 con una decisión inhibitoria, que no hizo trámite a cosa juzgada y ordenó compulsa
de copias. Que de la compulsa de copias se le asignó el radicado No. E-2024-150865 /
IUC D-2024-3739319, la cual se resolvió el 4 de septiembre de 2024 también con una
decisión inhibitoria. Que las dos actuaciones fueron comunicadas al correo electrónico
de la quejosa.

Informó que actualmente se adelanta de oficio el expediente disciplinario con radicado
No. IUS E-2024-221195 / IUC D-2024-3561353, el cual se encuentra en etapa de
investigación disciplinaria, contra el señor Jefferson Leonardo Caro Casas, por
presuntamente actuar en el cargo de alcalde de Chiquinquirá a pesar de la existencia de
una causal de inhabilidad.

La apoderada de la Gobernación del Departamento de Boyacá solicitó que se
denegaran todas las pretensiones de la acción de amparo. Señaló que la entidad no ha
vulnerado por acción u omisión derechos fundamentales de la accionante.

Indicó que no existe un perjuicio irremediable que acredite la procedencia de la acción de
tutela.

El alcalde del municipio de Chiquinquirá guardó silencio pese a que fue notificado en
debida forma.

II. CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa. Falta de legitimación en la causa por pasiva

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

La Corte Constitucional3 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.

En el presente asunto, la parte actora cuestiona la actuación desplegada por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, la juez octava administrativa de Tunja, la Procuraduría General
de la Nación y el municipio de Chiquinquirá en la acción de cumplimiento con radicado
No. 15001-33-33-008-2024-00095-00/01, dado que presuntamente inobservaron y no

3 Sentencia T- 1051 de 2006, MP. Álvaro Tafur Galvis. Reiterada en la sentencia T-278 de 2018, MP. Gloria Stella Ortiz

Delgado.

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dieron estricta aplicación a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 96 de la ley 136 de
199 y el artículo 6 de la ley 190 de 1995; así como busca que el gobernador de Boyacá
proceda a retirar al alcalde de Chiquinquirá y que el Consejo Nacional Electoral y la
Registraduría Nacional del Estado Civil realicen las apropiaciones presupuestales que
conlleven a la celebración de elecciones atípicas.

La Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el
Consejo Nacional Electoral solicitaron la desvinculación del presente trámite, con
fundamento en que no vulneraron los derechos fundamentales de la parte actora, ni eran
competentes para cumplir las pretensiones dado que se están acusando providencias
proferidas por autoridades judiciales.

Sin embargo, la Sala advierte que: (i) la Procuraduría General de la Nación conoció de la
queja disciplinaria interpuesta por la señora Gorraiz Monroy, la compulsa de copias que
se desprendió de dicha queja y actualmente tramita un proceso disciplinario por los
mismos hechos, y (ii) el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado
Civil no estuvieron vinculados a la acción de cumplimiento, pero una de las pretensiones
de la acción de tutela está dirigida contra las dos entidades.

Por lo tanto, la Sala denegará su desvinculación en la parte resolutiva de esta
providencia.

2. Problema jurídico y solución

De manera preliminar, la Sala precisa que, aunque la señora Laura Victoria Gorraiz
Monroy cuestiona las sentencias dictadas en primera y segunda instancia en el proceso
de acción de cumplimiento con radicado No. 15001-33-33-008-2024-00095-00/01, el
análisis se limitará a la sentencia del 10 de septiembre de 2024, dictada por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 3, por ser la providencia que dio fin al
proceso.

Siendo así, corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada
por Laura Victoria Gorraiz Monroy para dejar sin efectos la sentencia del 10 de septiembre
de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 3, que
confirmó la decisión de declarar improcedente la acción de cumplimiento con radicado
No. 15001-33-33-008-2024-00095-00/01.

La Sala anticipa que declarará improcedente la presente acción de tutela porque no se
cumple el requisito de relevancia constitucional, por cuanto la parte actora no cumplió
con la carga mínima de argumentación.

Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, (iii) el análisis del caso concreto.

3. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales4 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos5 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

4 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
5 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.

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4. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-006, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.

En cuanto al segundo criterio (carga argumentativa) está previsto para restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten
derechos fundamentales.

El artículo 1° del Decreto 2591 de 19913 establece que el procedimiento de la acción de
tutela es preferente y sumario. Es decir, la acción de tutela se rige por el principio de
informalidad, en cuanto busca que no existan rigurosas formalidades que suspendan o
paralicen el procedimiento. Se trata, entonces, de un procedimiento especial con reglas
de interpretación y aplicación diferentes a las establecidas para los procedimientos
comunes u ordinarios.

Justamente por la informalidad que caracteriza a la tutela, el artículo 14 del Decreto 2591
de 1991 establece que la solicitud de amparo únicamente debe contener i) la explicación,
con la mayor claridad posible, de la acción o la omisión que motiva la acción de tutela; ii)
el derecho fundamental que se considera amenazado o vulnerado; iii) el nombre de la
autoridad u órgano autor del agravio, y iv) la descripción de las demás circunstancias
relevantes para decidir la solicitud. También establece que «no será indispensable citar
la norma constitucional infringida, siempre que se determine claramente el derecho
violado o amenazado».

En lo que aquí interesa, el Decreto 2591 de 1991 no exige que cuando la solicitud de
amparo se dirija contra providencias judiciales se deba identificar y sustentar alguna de
las causales específicas de procedencia de la acción de tutela que ha desarrollado la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y que han sido acogidas por el Consejo de
Estado, cuando actúa como juez de tutela. Lo que sí se exige es que el interesado
exponga de manera clara las razones por las que considere que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

La propia Corte Constitucional, en sentencia C-590 de 2005, estableció que el interesado
tiene el deber de identificar los hechos de la amenaza o vulneración y que tal exigencia
«es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales
contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga
claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial,
que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender
la protección constitucional de sus derechos».

Posteriormente, en sentencia C-483 de 2008, la Corte Constitucional insistió en que el
interesado en ejercer la acción de tutela debe cumplir con la carga mínima « de diligencia
que se traduce en la presentación de los elementos básicos de la situación de hecho que motivó
la solicitud de protección».

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante sentencia del 5 de
agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), determinó que «es

6 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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importante que el actor cumpla con la carga de identificar razonablemente los hechos que dieron
origen a la vulneración de los derechos fundamentales y de argumentar por qué el asunto reviste
relevancia constitucional».

Lo anterior no implica limitar el ejercicio de la acción de tutela. Todo lo contrario, se trata
simplemente de que el interesado cumpla el deber mínimo de argumentación para ilustrar
al juez de tutela sobre los hechos que motivan la solicitud de amparo y así poder tomar
decisiones de fondo que protejan los derechos fundamentales vulnerados.

5. Análisis del caso concreto

De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que no cumple el requisito de relevancia constitucional, por cuanto la parte actora no
cumplió con la carga mínima de argumentación respecto a los cuestionamientos que
presenta contra la decisión del 10 de septiembre de 2024, dictada por el Tribunal
Administrativo de Boyacá.

Como se vio, en la providencia cuestionada el tribunal señaló que el señor Caro Casas y
el gobernador de Boyacá no estaban sujetos a lo señalado por el artículo 6º de la Ley
190 de 1995, por cuanto la naturaleza del cargo era de elección popular y no por
nombramiento efectuado por un superior jerárquico, pero la parte actora expone
argumentos que no guardan relación con la ratio decidendi de esa providencia.

Para la Sala, la accionante se limitó a insistir en que, derivado de la sentencia del 29 de
febrero de 2024, por medio de la cual el Consejo de Estado decretó la pérdida de
investidura del señor Caro Casas como concejal de Chiquinquirá para el período 2020-
2023, debía declararse la inhabilidad sobreviniente, lo que pone en evidencia una simple
inconformidad con la decisión de la acción de cumplimiento, pero ello no habilita al juez
de tutela a invadir las competencias del juez natural.

Conforme con lo expuesto, para la Sala la acción de tutela de la referencia no satisface
el requisito de relevancia constitucional, ya que, se reitera, la demandante no cumplió
con la carga mínima de argumentación respecto a los motivos por los que considera que
la discusión que platea reviste una clara, marcada e indiscutible relevancia constitucional.

Es de anotar que el simple alegato de la vulneración de los derechos fundamentales no
es suficiente para tener por satisfecho el requisito de relevancia constitucional, puesto
que es necesario, se reitera, poner en evidencia la afectación desproporcionada de los
derechos fundamentales invocados, pues “la acreditación de esta exigencia, más allá de
la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos
fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una restricción prima
facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple
relación con aquel”7.

Siendo así, como se anunció, la tutela de la referencia no cumple el requisito general de
relevancia constitucional y será declarada improcedente.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

III. FALLA

1. Denegar la solicitud de desvinculación de la Procuraduría General de la Nación, la
Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral, por las razones
expuestas en esta providencia.

7 Corte Constitucional, sentencia SU- 573 de 2019.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00428-00
Demandante: Laura Victoria Gorraiz Monroy

2. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Laura Victoria Gorraiz
Monroy, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

5. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

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www.consejodeestado.gov.co

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