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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00429-00

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00429-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la Unión Temporal de Formación Judicial 2019, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por la accionante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por el medio más expedito. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-15-000-2025-00429-00 Accionante: Leonardo de Jesús Torres Acosta CUARTO: De no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00429-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

27 de febrero de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00429-00
Accionante: Leonardo de Jesús Torres Acosta

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00429-00
Accionante: Leonardo de Jesús Torres Acosta
Accionado: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y Unión Temporal de
Formación Judicial 20191

Tema: La acción de tutela es improcedente por incumplimiento del requisito
de subsidiariedad cuando el demandante no ha hecho uso de los
mecanismos ordinarios establecidos en la ley para la defensa de sus
derechos.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver en primera instancia la acción de tutela presentada
en contra de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.

I. LA SOLICITUD

El ciudadano Leonardo de Jesús Torres Acosta, actuando en nombre propio,
interpuso acción de tutela contra la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, con
el propósito de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a cargos públicos, así como los principios de confianza legítima y
buena fe, los cuales estima le han sido vulnerados por la entidad demandada.
En este sentido, solicita lo siguiente:

“(…) TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso, la
confianza legitima, la buena fe y el acceso a cargos públicos, vulnerados
por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” y, en consecuencia,
ORDENAR a la accionada que en un término improrrogable de 48 horas:
-EXPIDA un acto administrativo en el que: i) reconozca como acertadas
las respuestas que di a las preguntas referidas en los argumentos

1
Integrada por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y eDistribution S.A.S.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00429-00
Accionante: Leonardo de Jesús Torres Acosta

séptimo y octavo de la presente acción ii) DISPONGA mi inclusión
definitiva o transitoria en la subfase especializada del curso concurso de
formación judicial (IX curso de formación judicial).

Subsidiariamente y en el evento de no considerase la anterior orden,
pido que se DISPONGA mi inclusión provisional en la subfase
especializada del curso concurso de formación judicial (IX curso de
formación judicial), hasta que un juez ordinario resuelva la demanda
que, en ese evento, presentaré contra los resultados de la subfase
general del mencionado curso de formación judicial.

Para ello, pido tener en cuenta las misma razones que expuse frente a
la medida provisional solicitada, pues lo pedido no resulta oneroso para
la autoridad accionada, dado que ya tiene contratada la subfase
especializada para la totalidad de los dicentes que iniciamos la subfase
general; es decir, incluirme provisionalmente en la subfase
especializada, no implica para la accionada realizar una contratación
diferente a la existente ni un desembolso o afectación presupuestal
distinto a lo ya previsto.

Además, si mis reclamos se llegaren a descartar en un eventual proceso
ordinario, la autoridad accionada no vería afectado su patrimonio por lo
aquí pedido; situación que no ocurriría si mis reclamos son aceptados —
como estoy convencido que son— y para ese momento no he realizado
la subfase especializada, pues me causaría un perjuicio, dada la posición
desigual y desventajosa en la que quedaría frente a los concursantes
que inician dicha subfase el próximo 16/11/2024, dadas las
consecuencia que ello trae frente a la conformación del registro de
elegibles. Téngase en cuenta que, la subfase especializada será
evaluada a más tardar el 30 de julio de 2025, término que, conforme a
las reglas de la experiencia es muy inferior al de duración razonada del
proceso ordinario que instauraría si no se accede a mi pretensión
principal. (…)”

Indicó el accionante que se encuentra participando en el concurso de méritos
para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial (Convocatoria
27), en el cual se surtió la subfase general del curso de formación judicial (IX
curso de formación judicial).

Expuso que los resultados de las evaluaciones del curso de formación fueron
publicados a través de la Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024 y su
anexo, donde se le reconoció un resultado de 768,35 puntos de 800, lo que lo
categorizó como “reprobado”, impidiéndole avanzar a la siguiente subfase
especializada, decisión contra la cual interpuso recurso de reposición.

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Accionante: Leonardo de Jesús Torres Acosta

Señaló que mediante la Resolución nro. EJR24-1627 del 7 de noviembre de
2024 se resolvió el recurso de reposición, en el sentido de modificar
parcialmente la Resolución nro. EJR24-298 del 21 de junio de 2024 y su anexo,
ajustando la calificación de la subfase general del IX Curso de Formación
Judicial a un puntaje de 769, decisión contra la cual no procede recurso en
sede administrativa.

Sostuvo que, respecto a la decisión adoptada por la demandada, tiene
múltiples observaciones, pues, a su juicio, existe un número importante de
preguntas que no se ajustan a los propósitos de la evaluación. Las
observaciones se refieren de la siguiente manera: “preguntas que fueron
calificadas sin tener en cuenta la apropiación del contenido académico
enfocado en la práctica judicial, ni el desarrollo de competencias sobre la
función judicial, ni la interpretación de textos jurídicos, ni la lógica del
razonamiento para la solución de problemas jurídicos, ni los rangos de lecturas
obligatorias”, entre otros aspectos.

Manifestó que existen vicios de legalidad y debido proceso en el proceso de
formación, en el instrumento de evaluación y en la ejecución del IX Curso de
Formación Judicial, pues las preguntas tienen vicios técnicos en los conceptos
que miden, en las competencias que evalúan y en la redacción.

II. TRÁMITE DE LA TUTELA

2.1. Por auto de 31 de enero de 2025, el despacho sustanciador resolvió: i)
negar la medida provisional solicitada por el accionante; ii) admitir la acción
de tutela; iii) vincular a la Unión Temporal de Formación Judicial 2019; iv)
notificar a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a la Unión Temporal de
Formación Judicial 2019 y; v) tener como pruebas los documentos aportados
con la solicitud de amparo2.

2.2. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla3 presentó informe en el que
solicita se declare improcedente la acción constitucional, al considerar que la
acción de tutela no procede para solicitar la protección de los derechos que la
accionante considera vulnerados, para los cuales existen mecanismos idóneos
y eficaces previstos en Ley 1437 de 2011. Indicó que el medio de control que
debe emplearse es el de nulidad y restablecimiento del derecho, con la
posibilidad de solicitar medidas cautelares si lo considera necesario.

2
Ver índice SAMAI nro. 4.
3
Ver índice SAMAI nro. 10.

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Accionante: Leonardo de Jesús Torres Acosta

Señaló que la jurisprudencia constitucional ha fijado las reglas para los casos
de concurso de méritos, en los cuales los participantes pueden cuestionar las
actuaciones realizadas en el marco de la convocatoria a través de los medios
de control pertinentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
situación que limita la eventual intervención del juez constitucional.

Recordó que la acción de tutela es improcedente cuando el accionante intenta
suplir mecanismos idóneos de defensa o revivir plazos, ya que de lo contrario
esta herramienta se utilizaría como un sustituto de las demás acciones
judiciales previstas en el ordenamiento jurídico, lo que desnaturalizaría su
propósito, ya que la acción de tutela tiene un carácter eminentemente
protector de los derechos fundamentales.

Adujo que no se configura un perjuicio irremediable, dado que la accionante:
1) presentó recurso de reposición contra el acto administrativo que definió los
puntajes de la prueba de la Subfase General del curso-concurso; 2) su recurso
fue atendido y resuelto conforme a la ley, al Acuerdo de Convocatoria y al
Acuerdo Pedagógico; 3) en la resolución se abordaron los motivos de
inconformidad respecto al cuestionario aplicado en las jornadas de evaluación
de la Subfase General; 4) no se advierte vulneración a ningún derecho
fundamental, por lo que no sería plausible considerar la existencia de un
perjuicio irremediable, dado que se actuó conforme a derecho, respetando sus
derechos y garantías, en atención a la ley y los acuerdos mencionados, los
cuales son legales y vinculantes tanto para los discentes como para la
Administración.

Sostuvo que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla no utilizó herramientas de
inteligencia artificial para el análisis y la expedición de las resoluciones
relacionadas con los discentes del IX Curso de Formación Judicial Inicial. En
cambio, dichas resoluciones fueron atendidas de manera individual, basándose
en la razonabilidad y el juicio profesional del equipo de la unidad
correspondiente del Consejo Superior.

2.3. La Unión Temporal de Formación Judicial 20194 presentó informe en
el que sostiene que no ha vulnerado los derechos constitucionales del
accionante, ya que ha actuado de acuerdo con lo establecido en la ley y dentro
de las atribuciones previstas para el desarrollo de las etapas del IX Curso de
Formación Judicial Inicial para Jueces y Magistrados de la República.

4
Ver índice SAMAI nro. 10.

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Accionante: Leonardo de Jesús Torres Acosta

Señaló que no le asiste legitimación en la causa por pasiva, ya que la Unión
Temporal no es la entidad competente para resolver de fondo las peticiones
de los discentes. En este sentido, la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” es
la única entidad con la facultad de tramitar dichas solicitudes.

Indicó que debe ser desvinculada del presente trámite, puesto que actúa
exclusivamente como aliada estratégica de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla” para el desarrollo del IX Curso de Formación Judicial Inicial, careciendo
de potestades administrativas para modificar el estado de los discentes.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. Competencia

De conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,
en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del
Acuerdo nro. 80 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de las acciones de tutela entre las secciones, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.

3.2. Cuestión Previa

La Unión Temporal de Formación Judicial 2019 solicitó su desvinculación del
presente trámite por falta de legitimación por pasiva, solicitud que no procede,
dado que su vinculación se realizó al ser la encargada del diseño, la
estructuración académica y el desarrollo, tanto en modalidad virtual como
presencial, del IX Curso de Formación Judicial Inicial para los aspirantes a
magistrados y jueces de la República, abarcando todas las especialidades y
jurisdicciones, procedimiento que es objeto de cuestionamiento dentro del
presente medio constitucional.

3.3. Hechos relevantes

3.3.1. El accionante participó en el concurso de méritos para la provisión de
cargos de funcionarios de la Rama Judicial (Convocatoria 27), en el cual se
surtió la subfase general del curso de formación judicial (IX curso de formación
judicial).

3.3.2. Mediante Resolución EJR24-298 del 21 de junio de 2024 se le reconoció
al accionante un resultado de 768,35 puntos de 800 en el mencionado curso,

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clasificándolo en la condición de reprobado, lo que le impidió avanzar a la
siguiente subfase especializada, decisión contra la cual interpuso recurso de
reposición.

3.3.3. Por medio de la Resolución Nro. EJR24-1627 del 7 de noviembre de
2024 se resolvió el recurso de reposición modificando parcialmente la
Resolución Nro. EJR24-298 de 2024, en el sentido de ajustar la calificación de
la evaluación de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial
del accionante a un puntaje total de 769 puntos.

3.4. Análisis de la Sala

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela sólo
procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable5.

A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción de
tutela no procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante”.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que la tutela solo es
procedente (i) cuando no exista otro mecanismo de defensa judicial; (ii) si
existe otro medio, la intervención del juez constitucional es necesaria para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el que, la acción
procederá de manera transitoria y, (iii) en el evento en que los mecanismos
de defensa judicial no resulten idóneos o eficaces para lograr la protección de
los derechos presuntamente vulnerados, evento en el que procede de manera
definitiva6.

Para decidir lo pertinente, es preciso advertir que sobre la Convocatoria nro.
27 y la procedencia de la acción de tutela para cuestionar los actos
administrativos expedidos en desarrollo de la misma, la Corte Constitucional
en sentencia SU-067 de 24 de febrero de 2022, indicó lo siguiente:

5
“Artículo 86. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”
6
Corte Constitucional. Sentencia T- 332 de 2018

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Accionante: Leonardo de Jesús Torres Acosta

“[…] esta corporación ha manifestado que la acción de tutela no es, en principio,
el medio adecuado para reclamar la protección de los derechos fundamentales
cuando estos resultan infringidos por la expedición de un acto administrativo.
Dicha postura ha dado lugar a una línea jurisprudencial pacífica y reiterada. Su
fundamento se encuentra en el hecho de que el legislador ha dispuesto los
medios de control de la Ley 1437 de 2011 como los instrumentos procesales
para demandar el control judicial de los actos administrativos.

94. Según este diseño normativo, el proceso judicial que se surte
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo es el escenario
natural para la reivindicación de los derechos fundamentales
conculcados en este contexto. Allí, los interesados pueden reclamar no solo
el control de legalidad correspondiente, sino, además, el restablecimiento de los
derechos fundamentales que hayan sido vulnerados. Las medidas cautelares
que ofrece la Ley 1437 de 2011, las cuales permitirían prevenir la
consumación de un daño definitivo mientras se surte la causa judicial,
corroboran la idoneidad de los aludidos medios de control en este
campo.

95. Esta regla general ha sido igualmente acogida en el ámbito de los
concursos de méritos. Al respecto, esta corporación ha manifestado que el juez
de lo contencioso administrativo es la autoridad llamada a juzgar las violaciones
de los derechos fundamentales que ocurran en este tipo de actuaciones
administrativas. Al respecto, ha manifestado que «por regla general, […] es
improcedente la acción de tutela que pretenda controvertir los actos proferidos
por las autoridades administrativas que se expidan con ocasión de un concurso
de méritos, pues para ello se han previsto otros instrumentos judiciales como lo
dispone el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011». La posibilidad de emplear las
medidas cautelares, «que pueden ser de naturaleza preventiva, conservativa,
anticipativa o de suspensión», demuestra que tales acciones «constituyen
verdaderos mecanismos de protección, ante los efectos adversos de los actos
administrativos».

96. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha instaurado tres
excepciones a la regla general de improcedencia de la acción de tutela, en el
campo específico de los concursos de mérito. Los actos administrativos que se
dicten en el curso de estas actuaciones administrativas podrán ser demandados
por esta vía cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: i)
inexistencia de un mecanismo judicial que permita demandar la protección del
derecho fundamental infringido, ii) configuración de un perjuicio irremediable y
iii) planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de
competencias del juez administrativo. A continuación, se explican estas
hipótesis.

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97. Inexistencia de un mecanismo judicial que permita demandar la
protección del derecho fundamental infringido. La primera excepción se basa en
el reconocimiento de la existencia de ciertos actos que, de conformidad con las
reglas del derecho administrativo, no pueden ser sometidos a escrutinio judicial.
En estos casos, la solicitud de amparo resulta procedente por cuanto «la persona
afectada no tiene mecanismo distinto de la acción de tutela, para defender
eficazmente sus derechos porque no está legitimada para impugnar los actos
administrativos que los vulneran». Habida cuenta de esta circunstancia, la acción
de tutela actúa «como mecanismo definitivo, cuando se controvierten actos de
trámite o de ejecución que vulneren derechos fundamentales, comoquiera que
tales decisiones no son susceptibles de discusión jurisdiccional ante lo
Contencioso Administrativo».

98. Urgencia de evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable. La
segunda excepción a la regla general de improcedencia de la acción de tutela
contra estos actos administrativos se funda en la necesidad de evitar la
consolidación de un perjuicio irremediable. Este supuesto de hecho se presenta
cuando «por las circunstancias excepcionales del caso concreto, es posible
afirmar que, de no producirse la orden de amparo, podrían resultar
irremediablemente afectados los derechos fundamentales de la persona que
interpone la acción».

99. Planteamiento de un problema constitucional que desborde el marco de
competencias del juez administrativo. Finalmente, la tercera salvedad
reconocida por la jurisprudencia constitucional se basa en la especial índole que
presentan ciertos problemas jurídicos. De conformidad con el criterio expresado
en las sentencias T-160 de 2018 y T-438 de 2018, algunas demandas plantean
controversias que desbordan el ámbito de acción del juez de lo contencioso
administrativo. En tales casos, «las pretensiones del accionante no se dirigen a
determinar la legalidad de los actos administrativos expedidos en desarrollo de
la convocatoria, pretensión para la cual puede acudir a los medios de control de
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino que pretende demostrar
que la aplicación de estas normas, en su caso concreto, lesiona sus derechos
fundamentales».
[…]”

De acuerdo con lo anterior, la acción de tutela es improcedente para reclamar
la protección de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con
ocasión de una decisión de la administración en el trámite de un concurso de
méritos, excepto si: i) no existe otro mecanismo judicial que permita
demandar la protección de la garantía constitucional fundamental infringida;
ii) se configura un perjuicio irremediable o iii) se trata de un asunto cuyo
problema constitucional desborda el marco de competencia del juez
administrativo. Sin embargo, prevé una excepción a dicha regla y son los actos

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de trámite, siempre y cuando la actuación de la que hace parte este no haya
concluido.

En el caso concreto, el accionante interpuso la presente acción de tutela con
el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a cargos públicos, así como los principios de confianza legítima y buena
fe, los cuales estima le fueron vulnerados con ocasión de la expedición de los
actos administrativos que publicaron los resultados de la subfase general del
IX Curso de Formación Judicial Inicial, en el cual obtuvo un puntaje
reprobatorio de 769, lo que le impidió avanzar a la siguiente fase del proceso
de selección.

Específicamente, controvierte la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024,
mediante la cual se publicó los resultados de la subfase general del IX Curso
de Formación Judicial Inicial de la Convocatoria nro. 27, que se adelantó con
fundamento en el Acuerdo nro. PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, así
como la Resolución EJR24-1627 de 7 de noviembre de 2024, que resolvió el
recurso de reposición interpuesto por la parte actora, actos expedidos por la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, pues, a su juicio, se presentaron
irregularidades en el proceso metodológico del IX Curso de Formación Judicial
Inicial.

Advierte la parte actora que, de no ingresar prontamente, aunque sea de
manera transitoria, a la subfase especializada del IX Curso de Formación
Judicial, perderá la oportunidad de acceder al servicio público en los cargos
ofertados, dado que un proceso ordinario tomaría un tiempo prolongado para
su solución.

Pues bien, tras revisar el expediente, la Sala considera que la presente
solicitud de amparo no cumple con el requisito general de subsidiariedad, en
razón a que existe otro medio de defensa judicial para cuestionar los actos
censurados, ya que el punto de controversia se desprende de lo decidido en
las Resoluciones EJR24-298 de 21 de junio de 2024y EJR24-1627 de 7 de
noviembre de 2024, expedidas por la Escuela Judicial Lara Bonilla, por medio
de las cuales se publicó los puntajes finales obtenidos por los discentes en la
evaluación de la subfase general del IX del Curso de Formación Judicial Inicial,
en las que se indicó que el puntaje obtenido por el accionante lo dejaba en
clasificación de reprobado, actos administrativos que pueden ser
controvertidos a través de los medios de control de nulidad o nulidad y
restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa,
trámite en el que además, podrá solicitar las medidas cautelares dispuestas
en el CPACA.

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Sobre este asunto, la Sala se ha pronunciado en varias oportunidades para
señalar que cuando se discute la calificación de la evaluación de la subfase
general del IX Curso de Formación Judicial Inicial el mecanismo idóneo es el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Específicamente,
ha indicado7:

“[…] Así las cosas, se destaca que para controvertir la calificación de la
evaluación de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial
y el contenido de las preguntas antes mencionadas, el actor cuenta con
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, mecanismo
de defensa judicial idóneo para el asunto y en el cual puede solicitar las
medidas cautelares dispuestas en el CPACA, las cuales “permitirán
prevenir la consumación de un daño definitivo mientras se surte la causa
judicial”, tal como lo previó la Corte Constitucional en la sentencia SU-
067 de 2002.

Igualmente, en lo que concierne a la improcedencia de la acción de tutela
para discutir decisiones administrativas particulares emitidas en
concursos de méritos, en especial, el acto administrativo que excluye del
proceso de selección, esta Sala en sentencia de 14 de octubre de 20218,
señaló:

“[…] VI.4.1. Improcedencia de la presente acción de tutela
por desconocer requisito de subsidiariedad

20. En el sub judice la actora afirmó que las entidades accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales invocados, al expedir las
resoluciones números CSJBOR21 568 de 20 de mayo de 2021,
CSJBOR21-801 de 6 de julio de 2021 y CJR21-0265 de 17 de agosto
de 2021, por medio de las cuales se dispuso su exclusión del
proceso de selección en el marco del concurso de méritos
convocado mediante Acuerdo CSJBOA17-609 del 06 de octubre de
2017.

[…]

22. Conforme con lo anterior, para la Sala resulta forzoso concluir
que los actos administrativos acusados por esta vía constitucional
son susceptibles de control jurisdiccional y, en ese sentido, la

7
Consejo de Estado. Sección Primera, Sentencia de 12 de diciembre de 2024, rad. 11001-03-
15-0002024-06331-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
8
Cita original. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 14 de octubre de 2021, CP. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS número único
de radicación 11001-03-15-000 2021-06518-00(AC)

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accionante dispone del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, a través del cual puede discutir
la legalidad de los actos administrativos en cuestión.

23. Así las cosas, y resaltándose que, tal como lo ha sostenido esta
Sección, «con la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, ya
no es aceptable el argumento según el cual los medios de control
ordinarios no son eficaces ni oportunos para la protección de los
derechos presuntamente conculcados en casos como el estudiado».

24. Lo anterior en consideración a que «la mencionada normativa
además de darle celeridad a los procesos al consagrar la oralidad en
los mismos, contiene diferentes herramientas jurídicas que
permiten solicitar, entre otras cosas, las medidas cautelares
incluso de urgencia, como la suspensión provisional de los
efectos del acto administrativo o del procedimiento hasta
tanto se defina la declaración o no de su nulidad; ordenar la
adopción de una decisión administrativa; impartir órdenes o
imponerle obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las
partes, las cuales demuestran la efectividad del
procedimiento ordinario cuando se advierte una situación
apremiante que necesite ser remediada incluso antes de que
se profiera una decisión definitiva». (negrillas fuera del texto)

25.Con fundamento en la anterior premisa, para la Sala es claro que,
contrario a lo sostenido por la actora, el medio de defensa de que
dispone para controvertir los actos administrativos acusados por vía
judicial resulta ser idóneo y eficaz para la protección de los
derechos fundamentales que estima vulnerados con los actos
administrativos emitidos por las aquí accionadas.

26. Sumado a lo anterior, la Sala advierte que en el sub examine no
se demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable, ya que este
debe suponer una hipotética afectación grave y significativa de los
derechos fundamentales de la parte actora, y en ese sentido se
justifica la intervención del juez de tutela en forma transitoria para
adoptar medidas urgentes e impostergables que eviten la
materialización del referido perjuicio; circunstancias que en el
presente asunto no se presentan.

27. Por todo lo anterior, la Sala concluye que la parte actora
debe utilizar los medios ordinarios establecidos en el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, para discutir la legalidad de los actos
administrativos que acusa por vía constitucional. Por tanto, se

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00429-00
Accionante: Leonardo de Jesús Torres Acosta

declarará la improcedencia la presente acción de tutela ante la
inobservancia del requisito de la subsidiariedad […]”.

Ahora bien, respecto a la afirmación del accionante, según la cual, de no
ingresar prontamente, aunque sea de manera transitoria, a la subfase
especializada del IX Curso de Formación Judicial, perderá la oportunidad de
acceder al servicio público en los cargos ofertados, dado que un proceso
ordinario tomaría un tiempo prolongado para su solución, es necesario señalar
que los medios de control dispuestos por lo contencioso administrativo cuentan
con mecanismos de defensa adicionales para evitar la ocurrencia de un
perjuicio, tales como las medidas cautelares. Este instrumento procesal es
idóneo y eficaz para que el juez de la causa analice los argumentos expuestos
por la actora, determine la existencia del perjuicio y, si es necesario, decrete
provisionalmente las medidas solicitadas mientras dure el proceso, con el fin
de garantizar el derecho controvertido dentro del trámite judicial.

Adicionalmente, cabe señalar que de lo expuesto en el libelo introductorio no
es posible establecer que la parte actora esté en una situación de debilidad
manifiesta o extrema vulnerabilidad que implique adoptar medidas urgentes,
impostergables e inminentes para la protección de sus derechos
fundamentales y, por tanto, que habilite la intervención del juez constitucional.

Con fundamento en las anteriores consideraciones jurídicas, la Sala declarará
la improcedencia de la solicitud de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en
la causa por pasiva presentada por la Unión Temporal de Formación Judicial
2019, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada
por la accionante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por el medio más
expedito.

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CUARTO: De no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
GARZÓN Consejero de Estado
Consejera de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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