Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00430-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00430-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00430-00
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
27 de febrero de 2025
Demandante: María Daniela Sandoval Suárez
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de la Carrera Judicial y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00430-00
Sala CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00430-00
Demandante: MARÍA DANIELA SANDOVAL SUÁREZ
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL Y OTRO
Tema: Derecho de petición – Declara la carencia actual de objeto
por hecho superado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la acción de tutela de la referencia consagrada en la
Constitución Política, artículo 86 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991,
en consonancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
Mediante escrito radicado el 28 de enero de 2025, ante la Secretaría General
del Consejo de Estado, la señora María Daniela Sandoval Suárez Sarmiento
en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial con el fin de que le sea protegido su
derecho fundamental de petición.
La parte accionante consideró vulnerada dicha garantía por cuanto, a pesar
de haber recibido contestación a su petición, el 3 de enero de 2025 por parte
de la directora de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial, dicha
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contestación no le resuelve de manera clara y de fondo lo solicitado, sino que
con ella busca evadir el responder su petición.
1.2. Pretensiones
«1. Sírvase señor Juez, TUTELAR el derecho fundamental de
petición, consagrado en la presente acción de tutela, el cual está
siendo vulnerado por la entidad accionada.
2. En consecuencia, sírvase ORDENAR a la entidad accionada para
que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir del
momento de la notificación del fallo de la presente acción, dé
respuesta de fondo, clara y congruente con lo solicitado en el derecho
de petición radicado el día 23 de diciembre del 2024»1.
1.3. Hechos
Manifestó la accionante que el 23 de diciembre de 2024 radicó petición
dirigida a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura, solicitando que se le informara si los cargos
creados por el Consejo Superior de la Judicatura para descongestión en los
distintos juzgados a nivel nacional estaban sometidos a lo establecido en el
artículo 68 de la Ley Estatutaria 2430 de 2024, mediante la cual se modificó la
Ley 270 de 1996.
Indicó que el 3 de enero de 2025, la directora de la Unidad de Administración
de Carrera Judicial le brindó respuesta a su petición, y, en su sentir no
resolvió de fondo lo solicitado, sino que evadió contestar de fondo lo requerido
vulnerando según su criterio su derecho fundamental de petición.
1.4. Sustento de la petición
La accionante fundamentó esta acción de acuerdo con lo establecido en los
artículos 86 y 23 de la Constitución Política que señalan:
«Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, (…)” y,
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener
1 transcripción del original con posibles errores
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pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales.»
1.5. Trámite en primera instancia
Mediante auto del 31 de enero de 2025, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela y ordenó notificar al presidente del Consejo Superior de la
Judicatura y al director de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial
para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en el presente proceso en
calidad accionados.
1.6. Contestaciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentaron los siguientes informes:
1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Mediante comunicación remitida por la Unidad de Asistencia Legal señaló
que, la naturaleza de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se
define como «el órgano técnico y administrativo que tiene a su cargo la
ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeción
a las políticas y decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura».
Que esta entidad no es la competente para resolver dichas peticiones,
comoquiera que es un asunto que involucra una consulta sobre una
interpretación de los empleos creados en «descongestión» o «transitorio»
frente a la situación de vacancia temporal y la posibilidad de proveer dichos
empleos por funcionarios de carrera administrativa, de manera que la Unidad
de Administración de Carrera Judicial es la autoridad legitimada
materialmente y, por ello, dicha petición le fue remitida en virtud de la
naturaleza de la solicitud.
Por lo anterior, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva
respecto a la DEAJ y, por ende, sea desvinculada de la presente acción de
tutela.
1.6.2. Unidad de Administración de Carrera Judicial.
La directora de dicha entidad mediante informe presentado solicitó negar el
amparo por cuanto consideró que no se le ha vulnerado derecho fundamental
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alguno a la accionante y que, en este caso operó el fenómeno de la carencia
actual de objeto por hecho superado.
Lo anterior debido a que a la petición elevada el 23 de diciembre de 2024, se
le brindó respuesta mediante oficio CJO25-36 del 3 de enero de 2025
indicándole lo siguiente: «(…) Mediante Acuerdo PCSJA24-12194 5 de julio de
2024, el Consejo Superior de la Judicatura creó unos cargos transitorios en algunos
tribunales, juzgados y dependencias de apoyo a nivel nacional, con el propósito de
garantizar la atención oportuna de los procesos ordinarios en los despachos con
altos ingresos de tutelas, y para que apoyaran la sustanciación de las acciones
constitucionales.
Los cargos creados fueron provistos por la respectiva autoridad nominadora, de
conformidad con lo previsto en la Constitución Política, el artículo 131 de la Ley 270
de 1996 y las disposiciones vigentes y en los acuerdos del Consejo Superior de la
Judicatura, en los términos señalados en el artículo 20 del referido Acuerdo y su
vigencia expiró el 31 de diciembre del año 2024».
Indicó que, posterior a dicha solicitud, la tutelante presentó otra el 30 de
diciembre de 2024 relacionada con «si los cargos creados por el CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA para DESCONGESTIÓN en los distintos juzgados
a nivel nacional, están sometidos a lo establecido en el artículo 68 de la Ley
Estatutaria 2430 de 2024, mediante la cual se modificó la Ley 270 de 1996
(Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones), en la
que se dispuso que, “…Cuando se trate de vacancia temporal, en cargos de carrera
judicial, se optará por un funcionario o empleado de carrera del despacho respectivo,
siempre que cumpla los requisitos para el cargo, o por la persona que hace parte del
Registro de Elegibles …”, en otra palabras, solicito se me aclare si un cargo creado
en “descongestión” o “transitoriamente” se considera como una VACANTE
TEMPORAL, y si puede y debe ser provisto inicialmente por UN FUNCIONARIO O
EMPLEADO DE CARRERA del despacho respectivo o en dado caso una persona
que haga parte del Registro de Elegibles del respectivo cargo, siempre que cumpla
con los requisitos para la vacante».
Motivo por el cual, mediante comunicación CJO25-593 del 6 de febrero de
2025 se le respondió a la señora Sandoval Suárez al correo electrónico
danielasan9803@gmail.com indicándole lo siguiente:
«El numeral 2o del artículo 132 de la Ley 270 de 1996, modificado por el
artículo 68 de la Ley 2430 de 2024 señala la manera de proveer los cargos
de carrera judicial cuando se presenten vacantes temporales. Por su parte,
el artículo 135 de la Ley 270 de 1996, que regula las situaciones
administrativas en las que pueden encontrarse los servidores judiciales
señala que se presenta separación temporal del servicio en las siguientes
circunstancias: en licencia remunerada que comprende las que se derivan
de la incapacidad por enfermedad o accidente de trabajo o por el hecho de
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la maternidad, y las no remuneradas; en uso de permiso; en vacaciones;
suspendidos por medida penal o disciplinaria o prestando servicio militar. De
conformidad con la normativa anterior, es claro que el artículo 68 de la Ley
2430 de 1996, no es aplicable a la provisión de cargos transitorios, dado que
estos son creados de manera transitoria en los términos del artículo 63 de la
Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 25 de la Ley 2430 de 2024, en el
que establece que, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura
ejecutar el plan nacional de descongestión y adoptar las medidas
pertinentes
(…)».
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia,
en atención a lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el
artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena de esta Corporación
2.2. Cuestión previa
El Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva
respecto a la DEAJ y, por ende, ser desvinculada de la presente acción de
tutela. La Sala denegará dicha petición por cuanto su vinculación se hace en
calidad de accionada en esta acción de amparo.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si de conformidad con los hechos
expuestos, la intervención presentada por las entidades accionadas y los
medios de prueba arrimados al proceso, se desconoció el derecho
fundamental alegado por la señora María Daniela el Sandoval Suárez, ante
las respuestas brindadas por parte de la Unidad de Administración de la
Carrera Judicial.
Para abordar el problema jurídico se analizarán los siguientes aspectos; (i)
generalidades de la acción de tutela; (ii) del derecho fundamental de petición
y, (iii) caso concreto.
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2.4. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución consagra el precepto según el cual, toda
persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la
protección inmediata de sus derechos fundamentales, siempre que sean
violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o
de los particulares en los casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.
Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente,
ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta
acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de
improcedencia contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 2, entre
otros motivos, la relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa
judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o
vulnerado (subsidiariedad).
2.5. Del derecho fundamental de petición
El artículo 23 de la Constitución consagra que toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales.
La Corte Constitucional ha desarrollado tal garantía a partir de un núcleo
esencial3, el cual presupone lo siguiente:
i) La posibilidad de formular peticiones respetuosas, por motivos de interés
general o particular.
ii) La obtención de una pronta y material resolución del asunto puesto en
consideración, independientemente de si resulta favorable o no a lo
pretendido.
iii) Es necesario que la respuesta se dé a conocer al interesado. Al respecto,
el Tribunal Constitucional ha señalado:
«Una vez tomada la decisión, la autoridad o el particular no pueden
reservarse su sentido, para la efectividad del derecho de petición es
2 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
3 Corte Constitucional. Sentencias T-495 de 1992, T-010 de 1993, T-392 de 1994, T-392
de 1995 y T-291 de 1996.
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necesario que la respuesta trascienda el ámbito del sujeto que la
adopta y sea puesta en conocimiento del peticionario; si el interesado
ignora el contenido de lo resuelto no podrá afirmarse que el derecho
ha sido observado cabalmente»4
Mediante la Ley Estatutaria 1755 del 30 de junio del 2015, se reguló el
derecho fundamental de petición y, se sustituyó un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues con
este se había desconocido la reserva de ley estatutaria para desarrollar un
asunto restringido constitucionalmente en el artículo 152 Superior.
Concretamente, se estableció como regla general un plazo de 15 días para
resolver la solicitud y precisó, además, que antes de que se cumpla el término
dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la
autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el plazo en el
cual se realizará la contestación.
2.6. Caso concreto
La parte actora considera vulnerado su derecho fundamental de petición por
cuanto manifestó que a pesar de haber recibido respuesta por parte de la
Unidad de Administración de Carrera Judicial esta no le resolvió de fondo lo
solicitado.
La Sala encuentra que, del informe presentado por la Unidad de
Administración de Carrera Judicial, a la accionante se le brindaron las
respuestas pertinentes respecto a las consultas elevadas a través de los
oficios CJO25-36 de enero 3 de 2025 y CJO25-593 de febrero 6 de la misma
anualidad de las cuales se anexan imágenes.
4 Corte Constitucional. Sentencia T - 529 de 1995. M.P. Fabio Morón Díaz.
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La Corte Constitucional sostuvo que la terminación del proceso de tutela por
carencia actual de objeto se presenta cuando la vulneración del derecho
fundamental desaparece o se materializa en el trascurso de la solicitud, por lo
que resulta inane la intervención del juez constitucional tendiente a impartir
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alguna orden en aras de salvaguardar las garantías constitucionales
transgredidas. Además, ha dicho que esta figura jurídica puede proceder en
tres supuestos: (i) por hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por
una situación sobreviniente.
Al respecto, ha señalado:
«(…) La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la
protección efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una
amenaza o afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada
jurisprudencia que, ante la alteración o el desaparecimiento de las
circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos
fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y
sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y
expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto
jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez constitucional,
cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar las
garantías que se encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el
objetivo que fue especialmente previsto para esta acción (…)5» (Destacado
por la Sala)
En relación con los referidos tres supuestos la Sala ha precisado:6
(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto
Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual
se materializa cuando en el trámite de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración
de los derechos fundamentales.
(ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la
interposición de la acción. Sobre el particular, ha señalado el Tribunal
Constitucional: “[l]a segunda de las figuras referenciadas [daño consumado],
consiste en que a partir de la vulneración ius-fundamental que venía
ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de
tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de
tutela dé una orden al respecto”.7
5 Sentencia SU-225 de 2013 y T-317 de 2005.
6 Ver sentencia de 13 de diciembre de 2018, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-
03-15-000-2018-04225-00.
7 Corte Constitucional, sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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(iii) La situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de los
derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la tutela, con
ocasión del obrar del actor o de un tercero distinto a la autoridad demandada.
En este orden, para esta Sección es claro que cuando se satisface lo
solicitado en la acción, se está ante un hecho superado y lo que el juez debe
hacer es declarar la carencia actual de objeto en el asunto que se le presente
a su conocimiento.
En tal virtud, es claro que el presente trámite procesal carece actualmente de
objeto, comoquiera que el hecho que motivó al accionante para la
interposición de la tutela fue superado al brindarle respuesta de fondo, clara y
concreta a su petición mediante las comunicaciones de 3 de enero de 2025 y
6 de febrero de la misma anualidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: Negar la solicitud de desvinculación solicitada por el Consejo
Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
SEGUNDO: Declárase la carencia actual de objeto por hecho superado
dentro de la acción de tutela de la referencia.
TERCERO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, dentro de los tres
(3) días siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
11
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