Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00438-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00438-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-00438-01
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
18 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00438-01
Accionante Luzmila Manjarrés Brito
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada en contra de la sentencia proferida el 28
de febrero de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 28 de enero de 20251 Luzmila Manjarrés Brito, a nombre propio, interpuso acción
de tutela2 en procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, mínimo vital e igualdad, los que considera vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A con ocasión de
la sentencia del 20 de enero de 2025 que revocó parcialmente la providencia del 28
de junio de 2024 proferida por el Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo de Bogotá
que había accedido a las pretensiones de la demanda respecto a la señora
Manjarrés Brito, para en su lugar, negarlas frente aquella y confirmarla en lo demás,
en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de
radicado 11001-33-42-053-2020-00330-00/01.
2. Hechos
2.1. Luzmila Manjarrés Brito solicitó el reconocimiento de una pensión de
sobrevivientes, en calidad de cónyuge supérstite, con ocasión de la muerte de
Cecilio Antonio Labastidas Luquez, sin embargo, el Fondo Nacional de Prestaciones
1
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 028CC26AB4AA8C86 8E132D2873AF90C4
ADDB299FD18F5ADD 8A9555D87CC08017.
2
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado B7466131D19DA91A 1849EC896F3144B4
788A92AEDC61721A BF78AF840B0A1CF8.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00438-01
Accionante: Luzmila Manjarrés Brito
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
Sociales del Magisterio (FOMAG) negó lo pedido mediante Resolución 11215 del 10
de diciembre de 2019, confirmada por la Resolución 1344 del 24 de febrero de 2020.
2.2. Posteriormente, la hoy accionante interpuso demanda3 contra la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) en orden a que se declarara la nulidad de las Resoluciones
11215 de 2019 y 1344 de 2020. A título de restablecimiento del derecho solicitó,
entre otras cosas, ordenar a la referida entidad reconocer y pagar la pensión de
sobrevivientes, debidamente indexada, desde el 3 de julio de 2019, de acuerdo con
la Ley 100 de 1993.
2.3. Luego de vincular como litisconsorte necesaria a la señora Dignora Rodríguez
Suárez, el 28 de junio de 20244 el Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo Oral de
Bogotá, Sección Segunda, en sentencia de primera instancia accedió a las
pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de los actos
administrativos demandados y a título de restablecimiento del derecho condenó al
FOMAG a reconocer a la señora Manjarrés Brito el 100% la sustitución de la pensión
de invalidez del causante Cecilio Antonio Labastidas Luquez (Q.E.P.D.), a partir del
4 de julio de 2019, y negó el derecho a la señora Dignora Rodríguez Suárez.
2.4. De su lado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A el 20 de enero de 20255 desató el recurso de apelación contra la
sentencia del 28 de junio de 2024, en el sentido de a. revocar parcialmente su
contenido, en el entendido de negar las pretensiones de la demanda interpuesta por
la señora Luzmila Manjarrés Brito; y b. confirmar en lo demás dicha providencia.
2.4.1. Para ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A aseveró que en los términos del inciso 3 del artículo 47 de la Ley 100
de 1993, en el evento de suscitarse el caso de un causante con sociedad conyugal
vigente, pero separado de hecho con su cónyuge, quien adicionalmente mantuvo
una convivencia durante al menos los 5 años previos a su muerte con una
compañera permanente, la sustitución pensional que aquel dejare se repartirá entre
3
Archivo denominado “001_ED_001 demanda” de la carpeta denominada “Cuaderno principal”, visible a índice 12 de SAMAI
del expediente de tutela digital de primera instancia, certificado 9FEA053D942B593A 60007BF658BBD7AC
D8D0B8C99029138E F8C60C8C24A23267.
4
Archivo denominado “119 sentencia que […]” de la carpeta denominada “Cuaderno principal”, visible a índice 12 de SAMAI
del expediente de tutela digital de primera instancia, certificado 9FEA053D942B593A 60007BF658BBD7AC
D8D0B8C99029138E F8C60C8C24A23267.
5
Archivo denominado “012 Sentencia_ […]” de la carpeta denominada “Cuaderno principal”, visible a índice 12 de SAMAI del
expediente de tutela digital de primera instancia, certificado A5D07393FA9999DA 03E10AD1BCCA8040
E79F35D27B67DD9D E9911622500D441F.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00438-01
Accionante: Luzmila Manjarrés Brito
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
la cónyuge y la compañera permanente en proporción al tiempo de convivencia de
cada una de ellas con el referido causante.
Así, de acuerdo con el material probatorio encontró probado que a. Cecilio Antonio
Labastidas Luquez falleció el 3 de julio de 2019; b. la norma vigente para la fecha
del deceso es la Ley 100 de 1993, con las modificaciones contenidas en la Ley 797
de 2003; c. a las señoras Luzmila Manjarrés Brito y Dignora Rodríguez Suárez, que
disputan la pensión de sobrevivientes, les es aplicable el literal a) del artículo 47 de
la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003; y d. la
señora Dignora Rodríguez Suárez no acreditó el requisito de convivencia de pareja
con el causante en los 5 años previos al fallecimiento, que ocurrió el 3 de julio de
2019, sino solo a partir del año 2015, razón por la cual no le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de la sustitución pensional.
Respecto a la situación fáctica de la señora Manjarrés Brito, el tribunal sostuvo que
desde 1992 el causante vivió en la ciudad de Bogotá y a partir de ese momento
ambos no convivieron nuevamente bajo el mismo techo, y si bien aquella hizo
referencia a distintas circunstancias por las cuales no se pudo suscitar tal
convivencia de forma permanente y constante con su difunto esposo, lo cierto es
que no se entiende cómo desde 1992 hasta el momento del fallecimiento de aquel
(3 de julio de 2019), es decir, alrededor de 27 años, la pareja no volvió a convivir.
Por lo tanto, concluyó que la entonces demandante no demostró que convivió con
el causante durante los últimos cinco años de vida de este y, en consecuencia, no
cumple con el requisito de convivencia de pareja establecido por el artículo 47 de la
Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.
3. Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante sostuvo que:
3.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en defecto sustantivo,
porque interpretó erróneamente los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993 al
establecer que debía acreditarse la convivencia durante los 5 años inmediatamente
anteriores al fallecimiento del causante, cuando lo cierto es que al momento de
presentar las solicitudes de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y la
demanda en los años 2019 y 2020, se encontraba vigente la norma que establecía
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Sentencia de segunda instancia
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que todo cónyuge supérstite tiene derecho a disfrutar o solicitar la prestación
siempre que acreditara convivencia por lo menos de 5 años en cualquier tiempo, tal
como lo afirmó la primera instancia.
Lo anterior, con fundamento en que contrajo matrimonio con el señor Cecilio Antonio
Labastidas Luquez (Q.E.P.D) el 11 de febrero de 1977, unión de la que nacieron 4
hijos y convivieron por más de 30 años, pues hasta el día de su muerte estuvo
pendiente de él, aunado a que se demostró que aquel no convivió con nadie más.
3.2. Aduce encontrarse en una condición especial de protección, toda vez que le fue
dictaminada una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, cuenta con
avanzada edad y tiene a su cargo a su nieta, dado que su hijo falleció.
3.3. La autoridad judicial accionada aplicó a su situación fáctica una jurisprudencia
más restrictiva que fue expedida con posterioridad a la presentación de la demanda,
con lo cual desconoció normas y precedentes jurisprudenciales vigentes en ese
momento, en especial, porque la Corte Constitucional ha sostenido que los cambios
jurisprudenciales no pueden usarse retroactivamente, menos cuando afectan
derechos adquiridos o generan inseguridad jurídica.
3.4. El tribunal desconoció el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional
contenido en sentencias T-100 de 1998 y T-381 de 2013, según el cual el derecho
a la pensión de sobrevivientes se obtiene bajo el criterio de convivencia por 5 años
en cualquier tiempo.
4. Pretensiones de la acción de tutela
La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:
“1. Ordenar la inaplicación del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el
reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes en los términos de la
sentencia de primera instancia proferido por el juzgado 53 administrativo de Bogotá D.C.
2. Reconocer la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
seguridad jurídica y garantizar su protección inmediata.”6 (Resaltado original del texto).
6
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado B7466131D19DA91A 1849EC896F3144B4
788A92AEDC61721A BF78AF840B0A1CF8, folio 5.
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5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
5.1. Mediante auto del 31 de enero de 20257 se admitió la acción de tutela y se
vinculó al Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo de Bogotá, a la Nación,
Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) y a Dignora Rodríguez Suárez. También se dispuso la notificación a las
partes y a los vinculados.
5.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A8
señaló que la sentencia cuestionada fue proferida en estricto acatamiento de la
normativa y jurisprudencia dictada por las altas Cortes sobre la materia y de las
pruebas recaudadas en el proceso, a partir de lo cual se logró verificar que la
accionante no acreditó una convivencia de pareja con el causante durante sus
últimos 5 años de vida, razón por la cual no cumplía con los requisitos de ley para
ser acreedora de la sustitución pensional reclamada.
5.3. El Juzgado Cincuenta y Tres Administrativo de Bogotá9 indicó que la acción de
tutela es improcedente, porque no es posible utilizarla como una instancia adicional
para reabrir el debate jurídico ya agotado.
5.4. La Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, 10 afirmó que
se configura la falta de legitimación por pasiva de su parte.
Igualmente, manifiesta que la acción de tutela es improcedente, toda vez que las
autoridades judiciales que conocieron el proceso actuaron conforme a la normativa
establecida, sin que se pueda aducir que los jueces de cada instancia hubieran
desconocido los precedentes relacionados con el tema objeto de la demanda.
Finalmente, solicitó su desvinculación.
7
Índice 4 de SAMAI del expediente de tutela digital de primera instancia, certificado A80F42A447429D6E
ED65562C0BF8BA36 5D6F5EE7CCC25881 945DDFFE0B301ADC.
8
Índice 10 de SAMAI, certificado 971602D101CA939D E8D8E467DBD65792 A6744F5A5C20DDB9 9F86B41A22A97143,
ibid.
9
Índice 11 de SAMAI, certificado 475CC56DA6FF1E8D 80D50D54E2E6E825 ED73213CB25087A4 714E81331F4BC439,
ibid.
10
Índice 17 de SAMAI, certificado B17948706B6AC838 B7675BF9AF8099DD DB90C48987673138 BAB3DFEEBF5F2F1D,
ibid.
6
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00438-01
Accionante: Luzmila Manjarrés Brito
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5.5. El Ministerio de Educación Nacional11 aseveró que la presente acción es
improcedente al no cumplir el requisito de relevancia constitucional, aunado al
hecho de que se configura la falta de legitimación por pasiva de dicha entidad,
comoquiera que no es la responsable de la omisión que genera la vulneración
alegada, por lo que solicitó su desvinculación.
5.6. La señora Dignora Rodríguez Suárez no se pronunció.12
6. Fallo de tutela de primera instancia
El 28 de febrero de 202513 el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
negó el amparo solicitado.
El a quo constitucional consideró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
determinó, con base en la normatividad, la jurisprudencia aplicable al caso y las
pruebas allegadas al proceso, que la señora Luzmila Manjarrés Brito no acreditó el
requisito de convivencia con el causante durante los últimos cinco años de vida de
este. Teniendo en cuenta que el deceso ocurrió el 3 de julio de 2019, era imperativo
que la accionante demostrara convivencia de pareja al menos desde el 3 de julio de
2014, lo cual no se acreditó. En consecuencia, concluyó que no le asistía el derecho
al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
Por lo tanto, aseveró que la providencia censurada no obedeció a una interpretación
caprichosa, en especial del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 13 de la Ley 797 de 2003, y, en consecuencia, no se configuró el defecto
sustantivo invocado por la accionante.
7. Razones de la impugnación
Inconforme con la decisión, la parte accionante presentó escrito de impugnación 14,
en el que reiteró, en gran parte, los argumentos expuestos en el escrito de la acción
de tutela. Así, manifestó lo siguiente:
11
Índice 18 de SAMAI, certificado B13DB0E0B5453A6E 42EDA1B6ADBB26A6 4B922FCFB8739517 60D6A0AE9604CBA5,
ibid.
12
Luego de efectuar la consulta en SAMAI, no se encontró registro alguno de que la señora Dignora Rodríguez Suárez hubiera
rendido informe, pese a la notificación electrónica surtida obrante a índice 14 de SAMAI, ibid.
13
Índice 22 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia, certificado
12263D5F71785CF3 6D7030F831FACE0A EF9FE8EE40D7CFF7 20E49168F85E62B7.
14
Índice 26 de SAMAI, certificado 4487511DE45EFBC8 D3DF94D6A87023FF E80043B303083BAC CF2038AD58503CF8,
ibid.
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Sentencia de segunda instancia
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Accionante: Luzmila Manjarrés Brito
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
7.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en defecto sustantivo,
porque interpretó erróneamente el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 al establecer
que debía acreditarse la convivencia durante los 5 años inmediatamente anteriores
al fallecimiento del causante, cuando lo cierto es que al momento de presentar la
demanda en el año 2019 se encontraba vigente la norma que establecía que todo
cónyuge supérstite tiene derecho a disfrutar o solicitar la prestación siempre que
acreditara convivencia por lo menos de 5 años en cualquier tiempo, tal como lo
afirmó la primera instancia.
7.2. La Corte Constitucional, en la sentencia SU-453 de 2019, sostuvo que el
derecho a la pensión de sobrevivientes se adquiere con base en la convivencia
durante cinco años, en cualquier momento del matrimonio.
8. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia
Mediante auto del 4 de junio de 202515 el a quo concedió la impugnación.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
080 de 2019 esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada
en contra del fallo proferido el 28 de febrero de 2025 por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B.
2. Problema jurídico
La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad en contra de providencias judiciales. En caso afirmativo, se
establecerá si se incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales
invocados.
15
Índice 28 de SAMAI, certificado 975C9EE94250F0C2 52D39CE63E591107 08EE3ED247865922 9EDECA5C2DFA318E,
ibid.
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Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00438-01
Accionante: Luzmila Manjarrés Brito
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad16 y de procedencia17 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.
4. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto
4.1. Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”.18
En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber19: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202220, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no
se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
16
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los
siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela;
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad
procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que
se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
17
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico;
defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del
precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
18
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
19
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
20
Sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Sentencia de segunda instancia
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connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.
4.2. Para la Sala se torna evidente que los cargos referidos no satisfacen el requisito
de relevancia constitucional, por cuanto se advierten como un medio dirigido a
revivir el análisis jurídico efectuado por el juez natural, como si este mecanismo
fuera una instancia adicional al proceso ordinario, según se explicará.
En el caso concreto, la accionante cuestiona, en esencia, que la decisión emitida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
incurrió en un defecto sustantivo, al interpretar erróneamente el artículo 47 de la Ley
100 de 1993. Según afirma, dicho tribunal estableció que debía acreditarse la
convivencia durante los cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento del
causante, cuando lo cierto es que, al momento de presentar la demanda en 2019,
se encontraba vigente la norma que permitía al cónyuge supérstite disfrutar o
solicitar la prestación siempre que acreditara una convivencia de al menos cinco
años en cualquier tiempo, tal como lo afirmó el juez de primera instancia.
Por su parte, manifiesta que se desconoció que la Corte Constitucional en sentencia
SU-453 de 2019 sostuvo que el derecho a la pensión de sobrevivientes se obtiene
bajo el criterio de convivencia por 5 años en cualquier tiempo del matrimonio.
4.3. Pues bien, al verificar los argumentos contenidos en la sentencia del 20 de
enero de 2025 emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, se observa el siguiente análisis textual:
“[…] en el evento de suscitarse el caso de un causante con sociedad conyugal vigente
pero separado de hecho con su cónyuge, quien, adicional a esa circunstancia, mantuvo
una convivencia durante al menos los cinco (5) años previos a su muerte con una
compañera permanente, dichas circunstancias fácticas conducen a que la sustitución
pensional que aquél causare se reparta entre la cónyuge y la compañera permanente
en proporción al tiempo de convivencia de cada una de ellas con el causante.
De esta manera, además de encontrarse respaldado el anterior criterio de interpretación
con los fallos del Consejo de Estado que fueron relacionados en precedencia en los pies
de página 8 y 10 de esta providencia, es pertinente traer a colación el siguiente
pronunciamiento de esa misma Corporación que, en un caso similar al sub lite donde
también se disputaba una sustitución pensional entre cónyuge y compañera
permanente, dicha Corporación fue clara en señalar que el requisito de convivencia por
cinco (5) años exigible a la cónyuge debía corresponder a los inmediatamente anteriores
al deceso del causante […]
[…] De esta manera, a partir del propio relato de la demandante, la Sala encuentra que,
inequívocamente, desde 1992 el causante vivió en Bogotá y, a partir de ese momento,
logra extraerse que ambos no convivieron nuevamente bajo el mismo techo, y si bien es
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Sentencia de segunda instancia
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cierto dicha señora alude a distintas circunstancias por las cuales no se pudo suscitar tal
convivencia de forma permanente y constante con su difunto esposo, lo cierto y
determinante al sub lite es que no se entiende como desde 1992 y hasta el momento de
deceso del causante acontecido el 3 de julio de 2019, es decir, por alrededor de
veintisiete (27) años, tal pareja no volvió a convivir; al punto que, inclusive, una vez se
retiró del servicio el causante el 8 de noviembre de 2018, este no fue a vivir con la
demandante, pues ella misma reconoció que se encontraba con sus padres en La
Guajira, sino que, por el contrario, conforme a lo analizado con anterioridad, se trasladó
a vivir, aparentemente, con la litisconsorte necesaria en Valledupar, en el barrio Rafael
Escalona, todo lo cual pone de manifiesto que durante al menos los últimos cinco (5)
últimos años de vida del causante no existió ninguna convivencia con la demandante.
[…] Por último, es del caso reseñar que, a partir del anteriormente relacionado testimonio
del señor Jorge Alejandro Balaguera López, quien se trata del administrador del edificio
Martal donde vivía el causante en Bogotá, la Sala observa que, pese a mencionar que
conoció la condición de la demandante como esposa de aquél, eso ocurrió “toda vez que
tenía ella los documentos de representación en asamblea y demás, enterándose cuando
se requirió la venta del apartamento” y, aunado a ello, lo cierto y determinante al presente
asunto es que dicho testigo fue enfático en señalar respecto del causante que vivió sólo
en su apartamento de ese edificio y nadie tenía autorización de ingresar a ese inmueble
sin ser anunciado, incluyendo a su cónyuge (demandante) y compañera permanente
(litisconsorte necesaria); lo cual pone de manifiesto que no existe ninguna evidencia que
durante todo el tiempo en que, desde 1992, el causante vivió en Bogotá, y lo cual se
extendió hasta 2018, según lo descrito por el testigo, existiera una real y verdadera
convivencia suya con la demandante.
Por estos motivos, la Sala logra extraer que en el presente proceso no fue demostrado
por la demandante que durante los últimos cinco (5) años de vida del causante llegó a
convivir con dicho señor, motivo por el cual, contrario a lo analizado y resuelto por la
primera instancia, se evidencia que aquélla no cumple con el comentado requisito de
convivencia de pareja establecido por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado
por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para ser acreedora de la sustitución pensional
que reclama […].”21 (Subrayado y Resaltado originales del texto).
4.4. Se advierte que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A encontró acreditado que a. Cecilio Antonio Labastidas Luquez falleció
el 3 de julio de 2019; b. a la señora Luzmila Manjarrés Brito le era aplicable el literal
a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797
de 2003; y c. la señora Manjarrés Brito no acreditó el requisito de convivencia de
pareja con el causante en los 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento del
causante, esto es, 3 de julio de 2019.
Con base en las normas y en la jurisprudencia aplicables al caso concluyó que
desde 1992 el causante vivió en la ciudad de Bogotá y a partir de ese momento él
y la hoy accionante no convivieron nuevamente bajo el mismo techo, y si bien
aquella hizo referencia a distintas circunstancias por las cuales no se pudo suscitar
tal convivencia de forma permanente y constante con su difunto esposo, lo cierto es
21
Archivo denominado “012 Sentencia_ […]” de la carpeta denominada “Cuaderno principal”, visible a índice 12 de SAMAI
del expediente de tutela digital de primera instancia, certificado A5D07393FA9999DA 03E10AD1BCCA8040
E79F35D27B67DD9D E9911622500D441F.
11
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00438-01
Accionante: Luzmila Manjarrés Brito
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
que no se entendía cómo desde 1992 hasta el momento del fallecimiento de aquel,
es decir, alrededor de 27 años, la pareja no volvió a convivir.
4.5. Así, para esta Subsección es claro que la accionante pretende utilizar este
mecanismo constitucional como si se tratara de una instancia adicional, pues, como
se vio, los reproches contenidos en su escrito de tutela buscan reabrir el debate que
tuvo lugar en el proceso de nulidad y restablecimiento con el fin de que prevalezca
su interpretación sobre la acogida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A en el proceso 11001-33-42-053-2020-00330-
00/01. Cosa distinta es que la parte accionante no comparta el sentido de la decisión
adoptada, aspecto que desborda el ámbito de competencia del juez constitucional,
en tanto no le corresponde definir la forma en que el juez natural tiene que decidir.
Se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones
judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la autonomía
e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, en
razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” de la decisión cuestionada22, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
ordinario23.
5. La Sala modificará el fallo impugnado con el fin de precisar que se declarará la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplirse el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que aquel resolvió negarla al no encontrarse configurado
el defecto sustantivo alegado.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de tutela del 28 de febrero de 2025 proferida
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B que negó la solicitud de
22
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
23
Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.
12
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00438-01
Accionante: Luzmila Manjarrés Brito
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
amparo, para, en su lugar, declarar su improcedencia por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejera de Estado Consejero de Estado
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