Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00446-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00446-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00446-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
27 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202500446-00
Actora: Sandra Milena Pejendino Álvarez
Demandadas: Tribunal Administrativo de Nariño y otro1
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad, ii) vida, iii) dignidad y iv) salud
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la actora contra la Sala Primera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño y el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Pasto.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
1 Cfr. índice núm. 3 de SAMAI. Documento denominado “6ED_Caratula(.pdf) NroActua 3(.pdf) NroActua 3”.
Archivo aportado en forma digital.
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Núm. único de radicación: 110010315000202500446-00
Actora: Sandra Milena Pejendino Álvarez
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, a través de apoderado2 , presentó solicitud de tutela contra la Sala
Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño y el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Pasto, porque, a su juicio: i) el Tribunal, al proferir la
sentencia de 22 de noviembre de 2024; y ii) el Juzgado, al proferir la sentencia de
9 de febrero de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 520013333004201900051-01: vulneraron sus derechos fundamentales
invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Manifestó que, presentó derecho de petición el 17 de agosto de 2016 al
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional - Secretaria General – Jefe
Grupo de Pensionados, con el fin de solicitar revisión y reliquidación de la pensión
de sobrevivientes que le fue reconocida por la muerte de su cónyuge, Juan Carlos
Sapuyes Ortiz, de conformidad con el Decreto 1213 de 8 de junio de 19903.
4. Señaló que, radicó un nuevo escrito el 26 de agosto de 2016 con fundamento
en el Decreto 1029 de 20 de mayo de 19944, y la entidad mediante los Oficios núm.
267564 ARPRE - GRUPE, del 28 de septiembre de 2016 y núm. S-2016 -282071
ARPRE - GRUPE, del 12 de octubre de 2016, negó las peticiones.
5. Indicó que, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del Derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad de los anteriores actos
2 Cfr. índice núm. 3 de SAMAI. Folio 14 del documento denominado “6ED_Caratula(.pdf) NroActua 3(.pdf)
NroActua 3”. Archivo aportado en forma digital.
3 “Por el cual se reforma el estatuto del personal de agentes de la Policía Nacional”.
4 “Por el cual se emite el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202500446-00
Actora: Sandra Milena Pejendino Álvarez
administrativos; y a título de restablecimiento del derecho se ordenara reliquidar su
pensión de sobreviviente.
6. El Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Pasto mediante sentencia del 9 de
febrero de 2022 negó las pretensiones de la demanda.
7. Sostuvo que, la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño,
mediante sentencia de 22 de noviembre de 2024, resolvió:
“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 9 de febrero de 2022 por el
Juzgado Cuarto Contencioso Administrativo del Circuito de Pasto, por las razones
dadas.
SEGUNDO: CONDENAR en costas procesales de segunda instancia a la parte
demandada, según lo establecido en este proveído […]”
7.1. Como fundamento de su decisión consideró que5:
“[…] Conforme a lo probado dentro del presente asunto, se tiene que a raíz de la
muerte en servicio del agente Ortiz Sapuyes, fue ascendido de manera póstuma al
grado de cabo segundo, conforme lo establece el artículo 123 del Decreto 1213 de
1990, normatividad aplicable a los agentes de policía.
Consecuencia de ello, a la beneficiaria del causante obtuvo el reconocimiento de las
prestaciones sociales dispuestas en la norma ibidem, así como de la pensión de
sobreviviente en un 50 % de las partidas computables; liquidación con la que no está
conforme la demandante, en tanto estima aplicable el Decreto 1029 de 1994, en
atención al principio de favorabilidad, puesto que dicho compendio legal dispone el
reconocimiento de la prestación en un 100 % de las partidas computables.
El juzgador de primera instancia consideró que lo pretendido por la parte demandante
no resulta procedente, en razón a que ello sería establecer la existencia de un tercer
régimen, uno que mezcle la normativa aplicable a suboficiales con la del nivel
ejecutivo de la Policía Nacional, en contravía del principio de inescindibilidad de la
norma. Por su parte, la demandante pugna con la interpretación adoptada en la
sentencia de primera instancia, puesto que, justamente, pretende la aplicación de la
integralidad de la norma, pero de aquella con la que se reconocieron sus prestaciones
y que contempla la posibilidad para los agentes de acogerse al nivel ejecutivo.
Al respecto, resulta pertinente indicar que el escrito de apelación resulta contrario a
las pretensiones establecidas en la demanda; sin embargo, esta Sala se basará en lo
que fue objeto de pronunciamiento en primera instancia, conforme a las pretensiones
de la demandante en una interpretación armónica con su impugnación, con lo que se
determina que lo que alega es que la normativa aplicable para la reliquidación de la
pensión por muerte de la cual es beneficiaria es la consagrada en el Decreto 1029 de
1994 y de conformidad con el artículo 12 del Decreto 135 de 1995.
Así las cosas, conforme a las normas arriba transcritas se tiene que el Decreto 1213
de 1990 establece el estatuto del personal de agentes de la Policía Nacional,
determinando un ascenso póstumo para los agentes fallecidos en servicio activo; tal
5 Transcripción literal del texto
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Actora: Sandra Milena Pejendino Álvarez
promoción a un grado superior obedece a un reconocimiento a la valentía del agente
en la defensa de la seguridad del país y sus habitantes, lo que genera que sus
beneficiarios accedan a beneficios que les permitan aminorar la afectación económica
que conlleva la ausencia de su familiar.
Ahora bien, el Decreto 1029 que invoca la parte actora establece ese mismo ascenso
y reconocimiento de prestaciones económicas para los beneficiarios del causante,
pero del nivel ejecutivo, que se diferencia del aplicable a los suboficiales en el
porcentaje de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la cual se establece
en un 100 %. Es por ello que la demandante estima que le resulta aplicable, en
atención al principio de favorabilidad.
Es pertinente indicar que el principio de favorabilidad resulta aplicable cuando se
presenta duda sobre qué disposición jurídica aplicar a un asunto concreto, texto
normativo que represente mayor beneficio para el trabajador, afiliado o beneficiario
del sistema de seguridad social, la cual debe aplicarse de forma integral y no que se
deba tomar lo favorable de una y otra normativa.
Bajo ese entendido, se evidencia que no existe duda respecto de qué norma aplicar
en el caso objeto de análisis, ya que —como se dijo anteriormente— cada decreto
determina su aplicación tanto para el nivel ejecutivo como para los suboficiales. En
este sentido, tampoco resulta aplicable la disposición jurídica que permite el ingreso
de agentes al nivel ejecutivo de la Policía, ya que tal norma resulta aplicable para el
personal activo y precisamente por ello se establece como requisito que así lo solicite
quien lo desee, situación que — como bien indicó la demandante— no puede
materializarse, dado el advenimiento del deceso del cabo segundo póstumo, sin que
la interesada hubiese presentado inconformidad alguna con el grado que
correspondió por virtud de tal ascenso y el reconocimiento de prestaciones sociales
propias de este, lo que permite concluir que la determinación tomada en primera
instancia resulta ajustada a derecho y, en consecuencia, habrá de confirmarse.
5. Costas por el trámite en segunda instancia
En cumplimiento a lo consagrado en el artículo 188 del CPACA en concordancia con
el artículo 365 del CGP, se condenará en costas en esta instancia a la parte
demandada, toda vez que no prosperó el recurso de apelación por ella interpuesto.
[…]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
8. La actora solicitó en su escrito de tutela6:
“[…] PRIMERA: Se admita la presente Acción de Tutela, como único medio efectivo,
que le queda a la perjudicada para la protección de sus Derechos Fundamentales de
rango constitucional, vulnerados en la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto
Contencioso Administrativo de Pasto y en segunda instancia el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE NARIÑO – SALA PRIMERA DE DECISION.
6 Transcripción literal del texto.
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Actora: Sandra Milena Pejendino Álvarez
SEGUNDA: Sea tutelado el derecho a la IGUALDAD, A LA VIDA DIGNA, A LA SALUD,
considerados como fundamentales por nuestra Constitución Política.
TERCERO: Se revoque totalmente la Sentencia proferida por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Pasto y en segunda instancia por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE NARIÑO – SALA PRIMERA DE DECISION en sentencias del 09 de febrero de 2022
y del 22 de noviembre de 2024, respectivamente.
CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar al Juzgado Cuarto Administrativo
de Pasto y en segunda instancia al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO – SALA
PRIMERA DE DECISION, que, en el término de ley, procedan a emitir nueva sentencia
dentro del proceso referido, acorde con lo establecido en la constitución y la ley,
aplicables al caso en comento.
QUINTA: Se ordene realizar las comunicaciones del caso para el cumplimiento de lo
ordenado. […]”.
8.1. La actora en su escrito de tutela indicó lo siguiente7:
“[…] a) DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO Puesto que la Corporación toma su
decisión en el argumento de que lo que se pretende con la demanda es que se viola el
principio de inescindibilidad de la norma por cuanto se pretende crear un nuevo régimen
prestacional, aplicando lo más favorable de varias normas, lo cual se ha demostrado
no sucede. En el caso sub judice se VIOLO LA LEY, por cuanto su decisión va en
contravía de las normas que reglamentan el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes, aduciendo que se viola el principio de la inescindibilidad de la norma,
contrario sensu lo que está demostrado es que lo pretendido se ajusta a las normas
aplicables al caso.
DEFECTO SUSTANTIVO POR INTERPRETACION ERRÓNEA O IRRAZONABLE DE
LA NORMA.
La Honorable Corte Constitucional en Sentencia SU 918/13, en lo pertinente expreso:
Pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso
en concreto, para determinar su forma de aplicación, y para establecer la manera de
interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, no les es dable en esta labor, apartarse
de las disposiciones consagradas en la Constitución o la ley, pues de hacerlo, se
constituye en una causal de procedencia de la acción de tutela contra la decisión
adoptada. Por lo anterior, cuando en una decisión judicial se aplica una norma jurídica
de manera manifiestamente irrazonable o se deja de aplicar una norma aplicable,
sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión
judicial, ésta deja de ser una vía de derecho para convertirse en una vía de hecho,
razón por la cual la misma deberá dejarse sin efectos jurídicos, para lo cual la acción
de tutela es el mecanismo apropiado. En esta hipótesis no se está ante un problema de
interpretación normativa, sino ante una decisión donde el juzgador prioriza lo formal
ante lo real, dictada según el capricho del operador jurídico, desconociendo la ley, y la
jurisprudencia y trascendiendo al nivel constitucional en tanto compromete los derechos
fundamentales de la parte afectada con tal decisión.
b) DEFECTO FÁCTICO Está demostrado, con fundamentos que tienen sustento en las
normas, la jurisprudencia y las contradicciones en que incurrieron los juzgadores al
declarar que se violó el principio de inescindibilidad de la norma y lo que se pretende
es crear un nuevo régimen cuando las normas en las cuales se fundamentan las
pretensiones son las que reglamentan el régimen prestacional de la Policía Nacional
7 Transcripción literal del texto.
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Actora: Sandra Milena Pejendino Álvarez
respecto del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, así se encuentra probado.
[…]”.
Actuación
9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 3 de febrero de 2025: i) admitió la
acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sala Primera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño y al Juez Cuarto Administrativo del
Circuito de Pasto; y iii) vinculó, como tercero con interés legítimo, a la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, concediéndoles el término de
tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.
Intervención de las demandadas y del tercero con interés legítimo
10. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Pasto Sala rindió informe
en los siguientes términos:
“[…] En ejercicio del derecho de acción, la Parte Actora presento la demanda en la
Oficina Judicial de Pasto, el día 11 de marzo de 2019, siendo resueltas sus
pretensiones mediante Sentencia No.009, proferida por este Despacho el 9 de febrero
de 2022, despachando desfavorablemente las pretensiones de la demanda por los
argumentos expuesto en la sentencia, la cual se notificó a las partes en la misma
fecha.
La sentencia en mención resolvió sobre las siguientes pretensiones que, de manera
resumida extractamos de aquella, así: […]”.
[…]
“[…] Este Despacho, negó las anteriores suplicas ciñéndose a la normatividad
aplicable, es decir, la Ley y la jurisprudencia del máximo Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, sosteniendo la tesis de que, no resultaba procedente declarar la
nulidad de los actos atacados a través de los cuales se negó la solicitud de revisión y
reliquidación de la pensión por muerte de la que es beneficiaria la demandante, con
aplicación del Decreto 1029 de 1994, y el Decreto 132 de 1995, pues en primera
medida quienes se habían incorporado en el nivel ejecutivo con anterioridad a la
expedición de la mencionada Ley 132, en virtud de su Art. 1° transitorio, en el
momento en que se declaró inexequible parcialmente el Decreto 41 de 1994, “Por el
cual se modifican las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de la
Policía Nacional y se dictan otras disposiciones”. quedaba automáticamente
incorporado a la carrera regulada por tal Decreto, por otro lado, la homologación de
los suboficiales de Policía al Nivel Ejecutivo, rompe con el principio de inescindibilidad
de las Leyes, pues como el ascenso del causante al grado de Cabo Segundo
perteneciente al nivel de Suboficiales y no al Ejecutivo, fue póstumo, tratándose de
un honor que se hace a quienes han perdió su vida en combate, defendiendo los
intereses de la patria, su traslado implicaría un desmembramiento de las normas
aplicadas para tomar lo más benéfico de cada una al caso concreto, lo cual no le está
permitido al juez, ya que la reglamentación del régimen para la Fuerza Pública, está
sometida únicamente al imperio de la Ley.
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Actora: Sandra Milena Pejendino Álvarez
La tesis anterior fue ratificada por el Honorable Tribunal Administrativo de Nariño, al
resolver mediante Sentencia de 22 de noviembre de 2024, el recurso de apelación
interpuesto por la aquí accionante. Actualmente esta judicatura se mantiene en la
postura adoptada en su Sentencia pues, la controversia que se planteó en la demanda
fue zanjada y no se encuentra la relevancia constitucional en el amparo deprecado
para lograr la revocación pretendida por cuanto no existe una afectación a los
derechos fundamentales de igualdad, favorabilidad, salud y vida digna como alega,
ya que es el imperio de la Ley y no la voluntad del Juez la que determino en el caso
concreto la solución de la controversia planteada sin que haya lugar a la configuración
de un defecto sustantivo como se sugiere, pues en la sentencia cuestionada se
sustentó ampliamente y con base en la normatividad aplicable la decisión finalmente
adoptada, razón por la que también consideramos que, lo pretendido con el presente
amparo es crear una tercera instancia en la que se abra nuevamente el debate jurídico
ya resuelto.
Por lo anterior, como los argumentos expuestos en el amparo constitucional, fueron
objeto de debate en primera y segunda instancia, no es posible intentar revivir su
discusión en tanto se pretende abrir la puerta a una tercera instancia, so pretexto de
la violación de unos derechos fundamentales que no se discutieron en el proceso
ordinario, por lo que conforme jurisprudencia tanto de la honorable Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, el amparo deviene en improcedente. […]”.
11. La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño solicitó
declarar improcedente la acción de tutela, o en su defecto, negar las pretensiones
del amparo, al considerar que:
“[…] Se considera que esta Corporación realizó el estudio correspondiente conforme
a las normas reguladoras de su función judicial, con base en el material probatorio
allegado al expediente y realizando una interpretación fundamentada en los
precedentes citados en la providencia en comento, lo cual se traduce en el ejercicio
de la autonomía funcional y goza de presunción de buena fe.
Así las cosas, de la lectura de la sentencia se desprende que el análisis realizado se
remitió a los motivos de inconformidad expuestos por el apelante y aspectos
inherentes a los mismos, en ejercicio de los principios de autonomía funcional e
independencia, interpretando razonablemente la normativa y los criterios
jurisprudenciales aplicables al caso concreto que, a pesar de no resultar satisfactorios
a la parte demandante —hoy tutelante— permitieron concluir que la sentencia
apelada debía ser confirmada en el sentido de negar las pretensiones formuladas con
el libelo genitor.
Se advierte que el trámite del recurso de apelación limitó el pronunciamiento de la
segunda instancia exclusivamente a lo que es materia de impugnación, tal como lo
dispone el artículo 328 del C.G.P., aplicable por expresa remisión del artículo 306 del
CPACA.
En ese orden, el pronunciamiento se circunscribió a analizar los argumentos
esbozados por la parte demandante, quien se constituyó como apelante único, en
punto de determinar el régimen jurídico aplicable para el reconocimiento de la pensión
de sobreviviente en favor de un causahabiente de un miembro de la fuerza pública
ascendido póstumamente; sin embargo, analizada la normatividad que regula la
materia, se determinó que a la parte accionante no le asistía el derecho pretendido.
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Actora: Sandra Milena Pejendino Álvarez
Así las cosas, los argumentos que soportan la acción de tutela fueron debidamente
estudiados y resueltos en el fallo de segunda instancia, por lo que se evidencia que
la accionante, en el escrito de tutela, esboza su inconformidad con la decisión
adoptada por esta corporación, sin acreditar las irregularidades de orden
constitucional en las que presuntamente se incurrió, por tal razón, no resulta de recibo
que la parte actora pretenda hacer uso de la acción de tutela como si se tratara de
una instancia adicional, con el fin de reabrir el debate jurídico y probatorio que se
surtió dentro del proceso, con el único propósito de obtener una modificación en la
condena que le resulte favorable.
En esa medida, no existe el citado defecto invocado por la tutelante.
Con todo, se destaca que el trámite de segunda instancia se efectuó en garantía de
los derechos que les corresponden a las partes, sin vulneración alguna al debido
proceso o al acceso a la administración de justicia, de acuerdo con las actuaciones
que constan en el expediente.
Por todo lo anterior, de la manera más respetuosa, manifiesto la oposición al amparo
invocado, por cuanto considera el suscrito magistrado que no se han quebrantado los
derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, solicito se declare
improcedente la acción o, en su defecto, se denieguen las pretensiones de la tutela.
[…]”.
12. La Secretaría General de la Policía Nacional solicitó negar las suplicas del
amparo solicitado, al considerar lo siguiente:
“[…] INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
DE LA PARTE ACTORA
En forma preliminar, es perentorio señalar como el problema jurídico esgrimido por el
apoderado judicial de la parte actora radica en que las autoridades judiciales
vulneraron su derecho fundamental a la vida, la salud, igualdad, así como los
principios constitucionales y precedentes judiciales, por cuanto considera que existe
una irregularidad procesal al aplicar la norma que a su juicio no era procedente para
el caso objeto de estudio; por lo anterior, considera que existe un defecto material o
sustantivo debido a una interpretación “errónea o irrazonable de la norma”, lo cual
viola el principio de inescindibilidad de la norma.
Por lo anterior, resulta pertinente traer a colación las consideraciones esgrimidas en
la providencia de fecha 22 de noviembre de 2024 emitida por el Tribunal
Administrativo de Nariño – Sala Primera de Decisión, mediante la cual se confirmó la
decisión de primera instancia denegando las pretensiones de la demanda, como se
transcribe a continuación: […]”.
[…]
“[…] Por lo citado anteriormente, se puede afirmar sin lugar a dudas que no existe
una vulneración a los derechos fundamentales de la parte actora, pues una vez
estudiada la norma aplicable para efectuar el pago de la pensión de sobreviviente
frente a la categoría a la cual se incorporó el señor agente (F) Juan Carlos Sapuyes
Ortiz, se llegó a la conclusión que no era procedente la reliquidación de dicha pensión,
pues se regían por el Decreto 1213 de 1990, el cual dispone la carrera profesional de
los agentes de la Policía Nacional y sus prestaciones sociales.
Así mismo se tiene que, desde la Constitución Política de Colombia se ha
reglamentado que la Policía Nacional se ciñe por un régimen especial, situación por
la cual existen diferentes disposiciones normativas las cuales reglamentan el régimen
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Actora: Sandra Milena Pejendino Álvarez
de asignación y prestacional para los miembros de la Policía Nacional, la cual, a su
vez es aplicada según la categoría a la cual se haya incorporado cada uniformado,
generando así una condición constitucional y legal diferente para cada uno.
III. IMPROCEDENCIA DE LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA COMO
MECANISMO TRANSITORIO PARA EVITAR UN PERJUICIO IRREMEDIABLE […]”.
[…]
“[…] En este orden de ideas resulta necesario aclarar que la presente acción de tutela
es plenamente improcedente, teniendo en cuenta la inexistencia de un perjuicio
irremediable ocasionado a la señora Sandra Milena Pejendino Álvarez, derivado de
la determinación adoptada por el las autoridades judiciales y que no está en la
obligación jurídica de soportar.
Al respecto la Honorable Corte Constitucional en sentencia T-027 de 2022, ha
precisado lo siguiente: […]”.
[…]
“[…] Dicho de otra manera, para establecer la existencia de un perjuicio irremediable
debe tenerse en cuenta la presencia concurrente de los elementos que lo configuren,
como es la inminencia donde se requieren medidas inmediatas, la urgencia tenida por
el sujeto de derecho para escapar de ese perjuicio inminente y la gravedad de los
hechos, haciendo con ello evidente la necesidad de la tutela como mecanismo para
la protección inmediata de los derechos fundamentales.
Por lo anterior, no considera esta Secretaría, como frente al caso sometido a
consideración del Honorable Consejero, se esté ante el acontecimiento de un perjuicio
irremediable o de una amenaza inminente e INJUSTIFICADA, ameritando la
procedencia de la tutela como mecanismo transitorio para acceder al reconocimiento
de las pretensiones solicitadas por el accionante, máxime cuando el mismo hiso uso
de otras vías de protección jurisdiccional idóneas para resolver la litis infundadamente
propuesta en la presente acción y por lo mismo genera su improcedencia, teniendo
en cuenta que ésta es un mecanismo de protección subsidiario. […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19918, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20219 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
201910, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
8 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
9 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
10 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Generalidades de la acción de tutela
14. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
15. Corresponde a la Sala establecer si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió
con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.
16. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se
dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; iv) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la vida ; v) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad humana; vi) marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la salud; vii)
análisis del caso concreto y finalmente las viii) conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
17. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena11, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
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Núm. único de radicación: 110010315000202500446-00
Actora: Sandra Milena Pejendino Álvarez
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales
18. Esta Sección adoptó12 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 200513, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.
19. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedencia de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
20. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”14 que encaje en dichos parámetros.
21. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.
María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
13 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
12
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principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
22. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201415.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto
23. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional.
Acerca del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional
24. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5
de agosto de 201416, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, sostuvo lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [17]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [18].
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
16 Ut supra página 6.
[17] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[18] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
13
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Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [19].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa de la actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [20].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [21]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [22].
[19] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[20] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[21] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[22] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
14
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En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [23]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.
[…]
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).
25. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado24:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”25
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia
de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios,
un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes
pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago
de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la
misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad
de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que
el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aun
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
[23] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
24 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
25 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
15
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igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”26
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
26. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales
y ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como
consecuencia la afectación de los derechos fundamentales.
27. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202227 precisó, en
relación con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:
[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
(…)
26 Ibidem.
27
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
16
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b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de
tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a
reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii)
su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala).
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad
28. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
17
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El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
29. Atendiendo a que la Corte Constitucional28 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
vida
30. Visto el preámbulo y los artículos 2 y 11 de la Constitución Política de
Colombia de 1991, sobre el derecho fundamental a la vida.
31. Atendiendo a que en reiterada jurisprudencia Constitucional29, se ha
sostenido que el derecho fundamental a la vida supone la garantía de una
existencia digna, que implica impedir la realización de cualquier circunstancia que
lleve a la extinción de la persona como tal, que la ponga en peligro de desaparecer
o que incomoden su existencia hasta el punto de hacerla insoportable.
28 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
29 Corte Constitucional, Sentencia T-444 de 10 de junio de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad
humana
32. Visto el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés
general […]”. (Resaltado por la Sala).
33. Atendiendo a que la Corte Constitucional30 ha establecido que el derecho a
la dignidad humana “[…] debe entenderse bajo dos (2) dimensiones: a partir de su
objeto concreto de protección y con base en su funcionalidad normativa. En
relación con el primero, este Tribunal ha identificado tres (3) lineamientos claros y
diferenciables: i) la dignidad humana como autonomía o como posibilidad de
diseñar un plan vital y de determinarse según sus características; ii) la dignidad
humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia; y
iii) la dignidad humana como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, de la
integridad física y moral o, en otras palabras, la garantía de que los ciudadanos
puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de trato degrandante o humillante.
De otro lado, al tener como punto de vista la funcionalidad de la norma, este
Tribunal ha identificado tres (3) expresiones del derecho a la dignidad: i) Es un
valor fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado; ii) constituye un
principio constitucional; y iii) también tiene la naturaleza de derecho fundamental
autónomo […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
salud
34. Visto el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y el
artículo 2 de la Ley Estatutaria 1751 de 16 de febrero de 2015 31 sobre el derecho
fundamental a la salud.
30 Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 24 de enero de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
31 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”.
19
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35. Atendiendo a que la jurisprudencia Constitucional32, ha definido este
derecho como la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad
orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de
restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y
funcional de su ser, que además debe ser garantizado bajo condiciones de
oportunidad, continuidad, eficiencia y calidad, de acuerdo con el principio de
integralidad.
Análisis del caso concreto
36. La actora, a través de apoderado33 , presentó solicitud de tutela contra la
Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño y el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Pasto, porque, a su juicio: i) el Tribunal, al proferir la
sentencia de 22 de noviembre de 2024; y ii) el Juzgado, al proferir la sentencia de
9 de febrero de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 520013333004201900051-01: vulneraron sus derechos fundamentales
invocados supra.
37. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
38. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela.
32 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 15 de enero de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
33 Cfr. índice núm. 3 de SAMAI. Folio 14 del documento denominado “6ED_Caratula(.pdf) NroActua 3(.pdf)
NroActua 3”. Archivo aportado en forma digital.
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Acervo y análisis probatorios
39. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
39.1. Copia de la providencia de 22 de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
520013333004201900051-01.
Solución del caso concreto
Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional
40. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. La actora en su escrito de tutela indicó lo siguiente34:
“[…] a) DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO Puesto que la Corporación toma su
decisión en el argumento de que lo que se pretende con la demanda es que se viola
el principio de inescindibilidad de la norma por cuanto se pretende crear un nuevo
régimen prestacional, aplicando lo más favorable de varias normas, lo cual se ha
demostrado no sucede. En el caso sub judice se VIOLO LA LEY, por cuanto su
decisión va en contravía de las normas que reglamentan el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes, aduciendo que se viola el principio de la inescindibilidad
de la norma, contrario sensu lo que está demostrado es que lo pretendido se ajusta
a las normas aplicables al caso.
DEFECTO SUSTANTIVO POR INTERPRETACION ERRÓNEA O IRRAZONABLE
DE LA NORMA.
La Honorable Corte Constitucional en Sentencia SU 918/13, en lo pertinente
expreso: Pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas
pertinentes al caso en concreto, para determinar su forma de aplicación, y para
establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, no les es
dable en esta labor, apartarse de las disposiciones consagradas en la Constitución
o la ley, pues de hacerlo, se constituye en una causal de procedencia de la acción
de tutela contra la decisión adoptada. Por lo anterior, cuando en una decisión judicial
se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente irrazonable o se deja de
aplicar una norma aplicable, sacando del marco de la juridicidad y de la
hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial, ésta deja de ser una vía de
derecho para convertirse en una vía de hecho, razón por la cual la misma deberá
dejarse sin efectos jurídicos, para lo cual la acción de tutela es el mecanismo
34 Transcripción literal del texto.
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apropiado. En esta hipótesis no se está ante un problema de interpretación
normativa, sino ante una decisión donde el juzgador prioriza lo formal ante lo real,
dictada según el capricho del operador jurídico, desconociendo la ley, y la
jurisprudencia y trascendiendo al nivel constitucional en tanto compromete los
derechos fundamentales de la parte afectada con tal decisión.
b) DEFECTO FÁCTICO Está demostrado, con fundamentos que tienen sustento en
las normas, la jurisprudencia y las contradicciones en que incurrieron los juzgadores
al declarar que se violó el principio de inescindibilidad de la norma y lo que se
pretende es crear un nuevo régimen cuando las normas en las cuales se
fundamentan las pretensiones son las que reglamentan el régimen prestacional de
la Policía Nacional respecto del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, así
se encuentra probado. […]”.
41. Para la Sala el asunto controvertido por la actora ya fue objeto de estudio
por las autoridades judiciales accionadas, y la acción de tutela contra providencia
judicial no constituye una instancia adicional que permita reabrir el debate resuelto
por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad judicial accionada
incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales.
42. Además de lo anterior, para la Sala, la actora plantea la afectación de los
derechos fundamentales indicados supra que tiene su origen en últimas en un
debate estrictamente legal y probatorio el cual ya fue expuesto dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho y fue decidido por el juez natural de la
causa, por lo que no le corresponde al juez constitucional hacer un
pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el principio de
autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional
convirtiéndolo en una instancia adicional.
43. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia
de unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la
vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la
configuración de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el
cumplimiento del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional.
A juicio del máximo Tribunal de lo Constitucional es indispensable que el caso en
cuestión: (i) tenga la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance
de la controversia “[…] no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas
[…]”; y (iii) que en el escrito de tutela se “[…] justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales […]”.
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44. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de
tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes
transcrita, no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia
se encuentra limitado a asuntos meramente legales y probatorios cuya
competencia se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.
45. Para la Sala, la controversia planteada por la actora es de naturaleza
puramente legal y probatoria; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los
derechos fundamentales indicados supra.
46. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación probatoria de la autoridad judicial accionada,
es decir, la actora acude al juez constitucional buscando la corrección del criterio
jurídico del juez natural y reabrir un debate legal concluido que escapa de la órbita
de competencia del juez constitucional. Si bien es cierto, la actora alega la
vulneración de los derechos fundamentales indicados supra, el criterio de la
relevancia constitucional, no se determina con su mera enunciación, sino mediante
la acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o vulneración del
mismo, lo cual no aconteció en el caso sub examine.
47. Los supuestos de vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad,
a la vida, a la dignidad humana y a la salud enunciados por la actora, no se
evidencian en el caso sub examine, toda vez que el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho se adelantó ante el juez competente, en respeto de
las formas propias del proceso, y se respetó el derecho de presentar y controvertir
las pruebas allegadas. Además, no concurre una situación de amenaza o alguna
causal de vulnerabilidad que amerite la actuación del juez constitucional, no se
trata de amparar el derecho fundamental de un sujeto de especial protección
constitucional.
48. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal y
probatorio, no es una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de la
tutela contra una providencia judicial.
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Núm. único de radicación: 110010315000202500446-00
Actora: Sandra Milena Pejendino Álvarez
49. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple
con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del
marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si
bien la actora enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales a la igualdad,
a la vida, a la dignidad humana, y a la salud esa presunta afectación tiene su origen
en un debate estrictamente legal y probatorio.
Conclusiones de la Sala
50. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por
la actora contra las autoridades judiciales accionadas, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala
el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
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Núm. único de radicación: 110010315000202500446-00
Actora: Sandra Milena Pejendino Álvarez
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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