Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00452-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00452-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00452-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
7 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., siete (07) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00452-00
Accionante: Diego Fernando Collo Ferro
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Tema: Acción de tutela en contra de providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela – relevancia constitucional y subsidiariedad.
Sentido del fallo de tutela: Se declara improcedente.
La Sala decide la acción de tutela1 presentada, a nombre propio, por Diego
Fernando Collo Ferro en contra del Consejo de Estado, Sección Primera.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 29 de enero de 20252 el tutelante interpuso esta acción constitucional en procura
de la protección de sus derechos a la igualdad, debido proceso y acceso a la
administración de justicia, los cuales considera vulnerados con la providencia
proferida el 12 de diciembre de 2024 por el accionado, mediante la cual accedió a
las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de nulidad de radicado
110010324000 2022 00208 00, en el sentido de a. declarar la nulidad de i) el artículo
1.° (parcial) de la Resolución R-558 de 2017 respecto a Diego Fernando Collo Ferro,
ii) el Acta de Grado 31 del 9 de junio de 2017 y iii) el Diploma 937-17 del 9 de junio
de 2017 expedidos por la Universidad del Cauca; y b. instar a la referida institución
a evaluar si aquel estaba en condiciones de culminar su proceso de graduación.
2. Hechos
2.1. Mediante Resolución R-558 del 26 de mayo de 2017 la Universidad del Cauca
le confirió, entre otros, el título de ingeniero civil a Diego Fernando Collo Ferro.
1 Índice 2 de SAMAI, certificado CB6E5D2E2099AD97 BBB692A252DFA315 7978223B553D06CB
5D80CC8BEDD144FD.
2 Conforme consta en el índice 1 de SAMAI.
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2.2. El 9 de junio de 2017 mediante Acta individual de grado 31, la Universidad del
Cauca le otorgó el título de ingeniero civil a Diego Fernando Collo Ferro.
2.3. La Universidad del Cauca formuló demanda en orden a que se declarara la
nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Resolución R-558 del 26 de mayo
de 2017, artículo 1.° (nulidad parcial); ii) Acta de Grado 31 del 9 de junio de 2017; y
iii) Diploma 937-17 del 9 de junio de 2017. Como consecuencia de lo anterior, solicitó
ordenar la cancelación de la tarjeta y/o matrícula profesional de ingeniero civil
19202-368474, otorgada por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA)
al hoy accionante.
Fundamentó sus pretensiones en que no existían pruebas que acreditaran la
presentación y aprobación del examen de suficiencia de idioma extranjero, por parte
del señor Diego Fernando Collo Ferro, el cual era un requisito de grado establecido
por la Universidad del Cauca. Fue con posterioridad a que la institución educativa
le otorgara el título de ingeniero civil que se encontraron varias irregularidades en el
registro de notas aprobatorias de exámenes preparatorios y de las pruebas de
suficiencia del idioma extranjero (PSI) a estudiantes, egresados y graduados de
diferentes programas, entre ellos el hoy accionante.
2.4. El 12 de diciembre de 2024 el Consejo de Estado, Sección Primera,3 en el
marco del proceso 110010324000 2022 00208 00, profirió sentencia de única
instancia, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda, en el
entendido de declarar la nulidad de los actos administrativos reprochados.
2.4.1. Para ello, encontró acreditado que el señor Diego Fernando Collo Ferro se
matriculó al programa de ingeniería civil de la Universidad del Cauca en el segundo
período académico del año 2004, de manera que los Acuerdos 027 de 2000, 009
de 2005 y 015 de 2011, le eran aplicables. Por consiguiente, debía cumplir con la
presentación y aprobación de la prueba de suficiencia en idioma extranjero (PSI),
como requisito de grado.
Por su parte, se demostró que el rector de la Universidad del Cauca, mediante la
Resolución R-695 de 2019, conformó un equipo de seguimiento y apoyo a la mejora
3 Archivo denominado “062Sentencia_ORsNUR202200208Unive” de la carpeta llamada “principal”, visible a
índice 9, certificado D99ABFACDD1A24BA ED7D85329B38D1CF ED03826D359E2ACC 95C409D33E7075A6.
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de los procedimientos académicos administrativos de registros de exámenes
preparatorios y de identificación de las situaciones irregulares presentadas, el cual
tenía a su cargo verificar, a partir del año 2015, el cumplimiento de las obligaciones
académicas de los estudiantes, egresados y graduados.
En virtud de ello, explicó, del material probatorio allegado al expediente, esto es, el
documento denominado “Registro inconsistente del requisito de grado prueba de
suficiencia en idioma extranjero (PSI) de Collo Ferro Diego Fernando”, los registros
de la prueba de suficiencia en idioma extranjero del sistema SIMCA 2.0, el reporte de
pagos por concepto de pruebas PSI entregado por la División de Gestión Financiera
y de su historia académica; se demostró que no aprobó la prueba PSI y por ende, no
cumplió con los requisitos para optar al título de ingeniero civil.
Finalmente, instó a la Universidad del Cauca a adoptar las medidas pertinentes a
fin de evaluar si el señor Collo Ferro estaba en condiciones de culminar su proceso
de graduación.
3. Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante considera vulnerados sus derechos fundamentales por las
siguientes razones:
3.1. El tutelante considera que se vulneraron sus derechos fundamentales, pues el
accionado incurrió en un defecto sustantivo4.
3.2. En primera medida, afirma que la decisión emitida por el Consejo de Estado,
Sección Primera careció de apoyo probatorio, comoquiera que tuvo en cuenta una
sola prueba documental, esto es, el informe denominado “Registro inconsistente del
requisito de grado prueba de suficiencia en idioma extranjero (PSI) de Collo Ferro
Diego Fernando”.
Igualmente, en su concepto, desconoció que la funcionaria Martha Lucía Chaves
Zúñiga, si bien integraba el grupo conformado para identificar las situaciones
irregulares presentadas desde el año 2015 en la Universidad del Cauca, con
antelación había sido la encargada del Sistema Integrado de Matrícula y Control
4 Índice 2 de SAMAI, certificado CB6E5D2E2099AD97 BBB692A252DFA315 7978223B553D06CB
5D80CC8BEDD144FD.
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Académico (SIMCA) y de la División de Admisiones, Registro y Control Académico
(DARCA), lo cual comprometía su imparcialidad. Lo anterior, aunado al hecho de que
no existen pruebas que indiquen la especialidad de los miembros de dicho grupo en
telecomunicaciones, informática o sistemas, razón por la cual no eran las personas
idóneas para realizar la investigación.
3.3. Advierte que de conformidad con el Acuerdo Superior 105 de 1993, “solo se
pudo emitir la paz y salvo respectivo cuando la Universidad del Cauca en cabeza
del Consejo Académico de la Facultad de Ingeniería realizó el estudio de la hoja de
vida académica […], efectuando la comparación entre los soportes físicos y los que
en su momento reposaban en SIMCA, sin que hasta la fecha se haya logrado
demostrar que mi representada (sic) soborn[ó], o incurrió en maniobras delictivas
para la expedición de los paz y salvos respectivos.”5 Igualmente, la pérdida de
documentos o demás falencias en el registro de la información no puede ser
trasladada al exalumno, máxime cuando ya han transcurrido varios años desde su
calidad de estudiante.
No existía requisito adicional que impusiera la carga de conservar en la hoja de vida
del alumno una copia de los exámenes presentados, de los recibos de pago o de
las actas de exámenes aprobados o reprobados. En consecuencia, la Sección
Primera no atendió la reglas de la sana crítica, pues aplicó la tarifa legal y, además,
no decretó las pruebas testimoniales solicitadas bajo argumentos irrelevantes.
3.4. Por su parte, manifiesta que la incorporación al proceso de los conceptos
aportados por las partes de que tratan los artículos 10, numeral 1º, de la Ley 446 de
1998 y 173 del Código de General del Proceso, se efectúa de la misma manera en
que se aportan las pruebas documentales y su contradicción no se ejerce dentro del
término del traslado de 3 días sino en las oportunidades procesales previstas en el
procedimiento contencioso administrativo.
3.5. La sentencia reprochada y el procedimiento surtido violan el principio de la
doble instancia, con lo cual se desconocen los artículos 8, numeral 2, literal h) y 25
de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
5 Índice 2 de SAMAI, certificado CB6E5D2E2099AD97 BBB692A252DFA315 7978223B553D06CB
5D80CC8BEDD144FD, folio 3.
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4. Pretensiones de la acción
La parte accionante textualmente solicitó lo siguiente:
“PRIMERA.- Que se protejan los DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA Y
LA DOBLE INSTANCIA, DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, DERECHO A LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACION, del suscrito
DIEGO FERNANDO COLLO FERRO, vulnerados con la providencia judicial emitida
el día doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) el Consejo de Estado
– Sección Primera, con ponencia del magistrado Dr. HERNANDO SÁNCHEZ
SÁNCHEZ, notificada por correo electrónico el día 13 de enero de 2025 por el
Consejo de Estado- Sección Primera dentro del proceso de nulidad radicado bajo
el número 110010324000 2022 00208 00.
SEGUNDA.- Que a como consecuencia de lo anterior, se ORDENE AL CONSEJO
DE ESTADO – SECCIÓN PRIMERA, con ponencia del magistrado Dr.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, que profiera un nuevo fallo en el que se tengan
en cuenta las consideraciones de expuestas analizando la falta de imparcialidad e
independencia de la Dra. MARTHA LUCIA CHAVES ZUÑIGA, frente al informe por
ella suscrito que sirvió como único fundamento al fallo objeto de reparo y en ese
sentido, se determine que la Universidad no logró probar que fuera obligatorio incluir
dentro de la hoja de vida de los alumnos el examen del PFI, los recibos de pago o
similares por no estar reglamentado.
TERCERA.- Asimismo, que se ordene al CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN
PRIMERA, que en caso de acceder a las pretensiones de la Universidad del Cauca
al momento de proferirse el fallo de nulidad, se ORDENE a la Universidad del Cauca
disponer los trámites administrativos necesarios para que el reingreso académico
en la carrera de Ingeniería Civil del suscrito DIEGO FERNANDO COLLO FERRO,
en aras de que pueda culminar y presentar el requisito de la prueba de suficiencia en
idioma extran[j]ero, indicando que no es potestativo de la Universidad garantizar el
reingreso del suscrito. Para ello, inaplicará las normas reglamentarias que le impidan
registrar las calificaciones por ausencia del cumplimiento de prerrequisitos, o
cualquier otra disposición que impida el registro de la prueba de suficiencia.
Igualmente, deberá abstenerse de generar costos económicos adicionales a cargo
de la estudiante para la inscripción de esa nota.”6 (Resaltado original del texto).
5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición
5.1. Mediante auto del 31 de enero de 20257 el despacho ponente admitió la acción
de tutela y vinculó a la Universidad del Cauca y a la Defensoría del Pueblo. También
dispuso la notificación a las partes y a los vinculados.
5.2. El Consejo de Estado, Sección Primera8 rindió informe, para lo cual señaló que
la acción de tutela pretende reabrir un debate definido y, por otro lado, no cumple
6 Índice 2 de SAMAI, certificado CB6E5D2E2099AD97 BBB692A252DFA315 7978223B553D06CB
5D80CC8BEDD144FD, folio 6.
7 Índice 4 de SAMAI, certificado F24FEFEFB12D5C49 ADF9B638F6905724 E17655E123F30D3D
23A267D18F76E664.
8 Índice 11 de SAMAI, certificado 934F85B83FD4F4D9 C902A46D92575EE2 4750189C522AD935
1B1DF75AFDF3D584.
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con el requisito de relevancia constitucional comoquiera que se fundamenta en
iguales argumentos de mera legalidad que fueron planteados y objeto de
pronunciamiento en la decisión que se cuestiona.
Afirmó que tampoco se cumple el requisito de subsidiariedad porque si el accionante
no estaba de acuerdo con el decreto de pruebas adoptado en el auto del 15 de
octubre de 2024, debió interponer los recursos que otorga la ley y manifestar las
presuntas irregularidades que ahora, erradamente, pretende elevar en sede de
tutela.
Finalmente, afirma que la Corte Constitucional ha considerado que el legislador en
su amplia potestad de configuración normativa definió las reglas de competencia,
procedimiento y en general todos los aspectos propios de cada proceso, sin que el
principio de la doble instancia haga parte del contenido esencial de los derechos al
debido proceso.
5.3. La Defensoría del Pueblo9, al contestar la acción de tutela, solicitó declarar la
falta de legitimación en la causa por pasiva porque no se encontró registro alguno
a nombre del accionante, como usuario, peticionario o afectado por dicha entidad.
5.4. La Universidad del Cauca no se pronunció.10
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por Diego
Fernando Collo Ferro en contra del Consejo de Estado, Sección Primera de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto
2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
9 Índice 12 de SAMAI, certificado 3449591FF1510C11 ED590EDF2E19ABB0 D02201B6C2C291CF
59AB42E23C06BAF0.
10 Luego de efectuar la consulta en SAMAI, no se encontró registro alguno de que la Universidad del Cauca
hubiera rendido informe, pese a la notificación electrónica surtida que obra a índice 7 de SAMAI.
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2. Problema jurídico
En primer lugar, se verificará si la solicitud de amparo constitucional cumple con los
requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo, se determinará si se
vulneraron los derechos fundamentales alegados por la parte actora.
3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional en sentencia C-590 del 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad11 y de procedencia12 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.
4. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto
4.1. Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”.13
En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber14: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
11 De acuerdo con la sentencia C-590 del 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del
juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la
decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma
razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados
al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
12 Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental;
defecto fáctico; defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto
por desconocimiento del precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
13 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
14 Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
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especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202215, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.
4.2. Para la Sala se torna evidente que los cargos referidos no satisfacen el requisito
de relevancia constitucional, por cuanto se advierten como un medio dirigido a
revivir el análisis jurídico efectuado por el juez natural, como si este mecanismo
fuera una instancia adicional al proceso ordinario, según se explicará.
4.3. En el caso concreto, el señor Diego Fernando Collo Ferro cuestiona, en
esencia, que la decisión emitida por el Consejo de Estado, Sección Primera (i)
careció de apoyo probatorio comoquiera que tuvo en cuenta una única prueba
documental, esto es, el informe denominado “Registro inconsistente del requisito de
grado prueba de suficiencia en idioma extranjero (PSI) de Collo Ferro Diego
Fernando”; (ii) omitió que una de las integrantes del grupo de investigación que
realizó el referido informe tenía comprometida su imparcialidad; (iii) desconoció que
solo se podía emitir el paz y salvo cuando el Consejo Académico de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad del Cauca hiciera el estudio de su hoja de vida
académica y efectuara la comparación entre los soportes físicos y los que en su
momento reposaban en SIMCA, sin que hasta la fecha se demostrara que el
accionante hubiere incurrido en maniobras delictivas para su expedición.
En consecuencia, aduce, la Sección Primera no atendió la reglas de la sana crítica,
pues aplicó la tarifa legal, ya que no existía requisito adicional que impusiera la carga
de conservar en la hoja de vida del alumno una copia de los exámenes presentados,
de los recibos de pago o de las actas de exámenes aprobados o reprobados y,
además, no decretó las pruebas testimoniales solicitadas bajo argumentos
irrelevantes.
15 Sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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4.4. Ahora bien, al verificar los argumentos contenidos en la sentencia de única
instancia del 12 de diciembre de 2024 emitida por el Consejo de Estado, Sección
Primera, se observa el siguiente análisis textual:
“[…] 44. El tercero interesado en el resultado del proceso manifiesta que de las
pruebas aportadas no se demuestra ni la presunta adulteración de los aplicativos
SIMCA, DARCA, y PSI por parte del tercero interesado, ni la transgresión de los
acuerdos de la Universidad del Cauca.
[…] Por lo tanto, la Sala concluye que el cargo formulado por el tercero con interés
directo en el resultado del proceso no prospera, en tanto el informe de equipo de
seguimiento cuenta con los soportes que permiten establecer el incumplimiento o no
en la presentación prueba PSI para optar al título de ingeniero civil, garantizándose
su contradicción en el proceso de la referencia.
[…] En el documento que se denominó “[…] REGISTRO INCONSISTENTE DEL
REQUISITO DE GRADO PRUEBA DE SUFICIENCIA EN IDIOMA EXTRANJERO
(PSI) DE COLLO FERRO DIEGO FERNANDO […]”, se señaló lo siguiente:
[…] En mérito de lo anterior, el registro aprobatorio de la prueba PSI correspondiente
al (la) señor (a) COLLO FERRO DIEGO FERNANDO adscrito(a) al programa de
Ingeniería Civil, es inconsistente en atención a que no cuenta con soporte documental
que acredite su presentación y nota aprobatoria.
[…] 53. Lo anterior, como ya lo ha advertido esta Sección16, desvirtúa la presunta
desorganización interna que se alega; en tanto que, a partir de los registros de la
Prueba de Suficiencia en Idioma Extranjero del sistema SIMCA 2.0, del reporte de
pagos por concepto de pruebas PSI entregado por la División de Gestión Financiera
y de la Historia Académica de Diego Fernando Collo Ferro, se logró comprobar que
el tercero con interés directo en el resultado del proceso, no cumplía con los
requisitos para optar al título de ingeniero civil.
[…] 55.1. Debido a que el modelo de gestión documental de la Universidad del Cauca
presentó graves deficiencias atribuibles al incumplimiento de los deberes señalados
en los artículos 11, 12, 13, 19 y 21 de la Ley 594 de 14 de julio de 2000 que le impidió
adoptar adecuadas decisiones al momento de evaluar los requisitos de grado y, en
consecuencia, la condujeron al indebido otorgamiento de un título profesional que en
la presente decisión se está anulando, se instará a la institución académica para que,
en el marco de su autonomía y en desarrollo de los procesos internos que la regulan,
adopte las medidas que estime pertinentes a fin de evaluar si Diego Fernando Collo
Ferro estaría en condiciones de culminar el proceso de graduación con la
acreditación de los requisitos que le hacen falta para optar por el título de ingeniero
civil.”17 (Resaltado y subrayado originales del texto).
4.5. Se advierte que en sede ordinaria la Sección Primera de esta corporación
explicó, a partir del documento denominado registro inconsistente del requisito de
grado prueba de suficiencia en idioma extranjero (PSI) de Collo Ferro Diego
Fernando, de los registros de la prueba de suficiencia en idioma extranjero del
sistema SIMCA 2.0, del reporte de pagos por concepto de pruebas PSI entregado por
16 “Consejo de Estado, Sala de la Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 2 de noviembre
de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Número único de radicación 11001032400020200006000.”
17 Archivo denominado “062Sentencia_ORsNUR202200208Unive” de la carpeta llamada “principal”, visible a
índice 9, certificado D99ABFACDD1A24BA ED7D85329B38D1CF ED03826D359E2ACC 95C409D33E7075A6,
folios 16 al 19.
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la División de Gestión Financiera, de su historia académica y con base en los
precedentes proferidos por el Consejo de Estado, que se logró demostrar que el hoy
accionante no cumplía con los requisitos para optar al título de ingeniero civil.
Contrario a lo afirmado por el accionante, mediante auto del 15 de octubre de
2024,18 la autoridad judicial a. tuvo como pruebas los documentos aportados por la
Universidad del Cauca, en el acápite de pruebas denominado “pruebas” de la
demanda, numerales 9.1.5 al 9.1.15; y por el señor Collo Ferro en el acápite de
pruebas denominado “medios de prueba” en la contestación de la demanda; y b.
negó por impertinentes “las solicitudes probatorias contenidas en el acápite
´Testimoniales´, del capítulo ´MEDIOS DE PRUEBA´ de la contestación de la
demanda, comoquiera que no guardan relación con el objeto del litigio”;19 sin que el
señor Collo Ferro haya interpuesto recurso alguno contra esa decisión.20
Igualmente, en cuanto al argumento de la no acreditación de conductas delictivas
por parte del hoy accionante, el cual también fue expuesto en sede ordinaria, la
Sección Primera del Consejo de Estado sostuvo que el objeto del medio de control
de nulidad en el sub lite era verificar si los actos demandados transgredieron el
ordenamiento superior y no evaluar la comisión de sanciones disciplinarias o
penales.
Por lo tanto, concluyó que, conforme al material probatorio, sí se configuró la
transgresión por parte de los actos acusados de las normas en que debían fundarse,
en especial, de los artículos 10 y 11 del Acuerdo Académico 015 de 2011, razón por
la cual procedía acceder a las pretensiones de la demanda.
4.6. Resulta claro, entonces, que el accionante pretende utilizar este mecanismo
constitucional como si se tratara de una instancia adicional, pues, como se vio, los
reproches contenidos en su escrito de tutela buscan reabrir el debate que tuvo lugar
en el trámite ordinario, con el fin de que prevalezca su interpretación sobre la
acogida por el Consejo de Estado, Sección Primera, en el proceso 110010324000
18 Archivo denominado “047Autoquedispon_202200208Unicaucasen” de la carpeta llamada “principal”, visible
a índice 9, certificado D99ABFACDD1A24BA ED7D85329B38D1CF ED03826D359E2ACC
95C409D33E7075A6.
19 Archivo denominado “047Autoquedispon_202200208Unicaucasen” de la carpeta llamada “principal”, visible
a índice 9, certificado D99ABFACDD1A24BA ED7D85329B38D1CF ED03826D359E2ACC
95C409D33E7075A6, folio 6.
20 De la revisión del expediente ordinario visible a índice 9 de SAMAI, así como en SAMAI de la Sección Primera
del Consejo de Estado, la Sala no observa que el señor Collo Ferro haya interpuesto recurso alguno contra el
auto del 15 de octubre de 2024, lo cual fue confirmado por la autoridad judicial accionada en la contestación de
la acción de tutela.
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2022 00208 00; máxime cuando esta Subsección, luego de la lectura de la
contestación de la demanda presentada por el hoy accionante, observa que se
formularon similares motivos de reproche contra la demanda de nulidad simple
interpuesta por la Universidad del Cauca, a saber:
Argumentos de la acción de tutela Argumentos de la contestación de la
demanda de nulidad simple
“la Dra. MARTHA LUCIA CHAVES ZUÑIGA, “La Dra. MARTHA LUCIA CHAVES ZUÑIGA,
según la información registrada en el portal de la según la información registrada en el portal de la
Universidad del Cauca y las resoluciones anexas Universidad del Cauca la coordinadora del
al presente memorial, fue la coordinadora del Sistema Integrado de Matrícula y Control
Sistema Integrado de Matrícula y Control Académico, SIMCA; y directora encargada de la
Académico, SIMCA; y directora encargada de la División de Admisiones, Registro y Control
División de Admisiones, Registro y Control Académico, DARCA, aplicativos que al parecer
Académico, DARCA., aplicativos que al parecer presentaron irregularidades en cuanto a la
presentaron irregularidades en cuanto a la información que era cargada a las mismas, lo cual
información que era cargada a las mismas, lo cual impide que se pueda dar credibilidad a dicho
impide que se pueda dar credibilidad a dicho informe y/o dictamen por cuanto el mismo carece
informe y/o dictamen por cuanto el mismo carece de imparcialidad e independencia”.22
de imparcialidad e independencia”.21
“[…] frente a la plataforma SIMCA la custodia de “No existe norma de rango legal o académica que
los documentos referentes a evaluaciones, determine que una vez emitido el paz y salvo
exámenes y demás notas o requisitos físicos o respectivo le corresponde al estudiante demostrar
virtuales una vez entregados recae única y que presentó un examen determinado, en
exclusivamente sobre las entidades a quienes le particular la prueba de PSI, dado que frente a
son entregados, que para el caso en concreto es dicha evaluación se reitera los estudiantes que
la Universidad del Cauca, la pérdida de presentan dichos prueba de suficiencia no están
documentos o demás falencias no puede ser obligados a conservar copia del examen o
trasladada en cabeza del alumno o ex alumno, evolución presentada.”24
máxime cuando ya han transcurrido varios años
desde su época en calidad de estudiante, sin que
sea obligación conservar copias en cabeza del
estudiante por la sencilla razón que de dicho
examen o prueba no se hace entrega física de la
misma al estudiante, quedando siempre la
custodia de la misma en cabeza del docente y
posteriormente en el programa del PSI, y de este
al SIMCA.”23
“[…] la Universidad del Cauca con fundamento en “[…] el ente Universitario aporta al presente
el INFORME SOBRE SOBRE LA VERIFICACIÓN asunto un informe conforme al cual
DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE presuntamente se deduce que el ahora
GRADO- REGISTRO INCONSISTENTE DEL demandado CARLOS FERNANDO COLLO, no ha
REQUISITO DE GRADO PRUEBA DE presentado la prueba PSI, por cuanto no existe
SUFICIENCIA EN IDIOMA EXTRANJERO (PSI) registro documental cargado a la plataforma o
DE COLLO FERRO DIEGO FERNANDO sistema SIMCA. No existe prueba diferente a la
conforme al cual la Universidad del Cauca referida, la cual dada sus características sólo
adelantó la demanda de nulidad pretende que se podría ser valorada como una prueba indiciaria,
deje sin efectos los actos académicos materia de sin que la misma constituya un medio de prueba
demanda, presuntamente por cuanto no existen suficiente para determinar que efectivamente en el
pruebas diferentes al paz y salvo y a la caso en concreto se incumplió con los requisitos a
información contenida en SIMCA, esto es se los cuales alude la Universidad del Cauca para
cuestiona la ausencia de los resultados de la
prueba de suficiencia PSI, no tiene soporte físico
(examen) que dé cuenta de su presentación y nota
21 Índice 2 de SAMAI, certificado CB6E5D2E2099AD97 BBB692A252DFA315 7978223B553D06CB
5D80CC8BEDD144FD, folios 2 y 3.
22 Archivo denominado “15contestación de demanda Diego Fernando Collo” de la carpeta llamada “principal”,
visible a índice 9, certificado D99ABFACDD1A24BA ED7D85329B38D1CF ED03826D359E2ACC
95C409D33E7075A6, folio 5.
23 Índice 2 de SAMAI, certificado CB6E5D2E2099AD97 BBB692A252DFA315 7978223B553D06CB
5D80CC8BEDD144FD, folio 11.
24 Archivo denominado “15contestación de demanda Diego Fernando Collo” de la carpeta llamada “principal”,
visible a índice 9, certificado D99ABFACDD1A24BA ED7D85329B38D1CF ED03826D359E2ACC
95C409D33E7075A6, folio 24.
12
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00452-00
Accionante: Diego Fernando Collo Ferro
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
aprobatoria, dejando de lado que dicho deber no efectos de otorgar el título en favor de mi
se encuentra regulado en ninguno de los acuerdos prohijado.”26
académicos (Acuerdos Académicos 027 del 28 de
septiembre de 2000, 009 de octubre 5 de 2005 y
015 de 2011) emitidos por la Universidad del
Cauca.”25
4.7. En este orden de ideas, y en atención a la autonomía judicial y al carácter
excepcionalísimo que reviste la acción de tutela, es preciso señalar que no basta
con manifestar inconformidades respecto a las decisiones judiciales objeto de
censura o alegar la configuración de los requisitos especiales de procedencia, ya
que, de esa forma, la discusión queda restringida a asuntos de mera legalidad que
no trascienden al plano constitucional.
4.8. Al respecto, se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra
de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer
la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un
“juicio de corrección” de la decisión cuestionada27; lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
ordinario28.
5. Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso
concreto
5.1. El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política expresa que la acción de
tutela resulta procedente cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa
judicial. Sin embargo, la Corte Constitucional ha señalado que la solicitud de amparo
procede de forma excepcional i) cuando a pesar de existir otros mecanismos, estos
no son idóneos ni eficaces para la protección de derechos fundamentales o ii)
cuando se ejerce para evitar la causación de un perjuicio irremediable29. En el
primero de los casos la orden de protección sería definitiva y, en el segundo,
transitoria.
25 Índice 2 de SAMAI, certificado CB6E5D2E2099AD97 BBB692A252DFA315 7978223B553D06CB
5D80CC8BEDD144FD, folio 8.
26 Archivo denominado “15contestación de demanda Diego Fernando Collo” de la carpeta llamada “principal”,
visible a índice 9, certificado D99ABFACDD1A24BA ED7D85329B38D1CF ED03826D359E2ACC
95C409D33E7075A6, folio 33.
27 Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
28 Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.
29 Corte Constitucional, sentencia T 230 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; 18 de abril de 2013.
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Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00452-00
Accionante: Diego Fernando Collo Ferro
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
Es pertinente recordar que la acción de tutela tiene un carácter residual y tratándose
de censura de providencias judiciales, corresponde al juez verificar i) si el asunto
está en trámite; ii) si el solicitante agotó todos los medios defensa ordinarios y
extraordinarios y; iii) si se pretende su uso para revivir etapas procesales en las que
se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico.
5.2. En este punto, la Sala observa que el actor aseveró que la sentencia reprochada
y el procedimiento surtido violan el principio de la doble instancia, con lo cual se
desconocen los artículos 8, numeral 2, literal h) y 25 de la Convención Americana
Sobre Derechos Humanos. Al respecto, se dirá que en cuanto a la competencia en
única instancia para conocer el asunto y el medio de control invocado en el sub lite,
la Sección Primera de esta corporación se pronunció en los siguientes términos:
“Competencia de la Sala
16. Vistos: i) el numeral 1.º del artículo 14930 de la Ley 1437, sobre competencia del
Consejo de Estado, en única instancia; y ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12
de marzo de 201931, sobre distribución de procesos entre las secciones, esta Sección
es competente para conocer del presente asunto.” (Resaltado original del texto).
5.3. El hoy accionante no hizo manifestación o reproche alguno en el proceso
ordinario referente a la instancia en la que se tramitó la demanda ante la Sección
Primera de esta corporación; máxime cuando se advierte que si bien presentó
excepciones previas,32 estas se dirigieron a cuestionar a. que los actos demandados
por la Universidad del Cauca no eran susceptibles de control ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, por su carácter de actos académicos; y b. la indebida
escogencia del medio de control, pues en su concepto correspondía tramitar la
demanda bajo la nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad
y no por nulidad simple.
5.4. Adicionalmente, la Sala advierte que la parte actora contaba con otro
mecanismo judicial para la protección de sus derechos, esto es, la interposición del
recurso extraordinario de revisión de conformidad con el artículo 250 del CPACA, en
principio, por la vulneración a su debido proceso. Por otro lado, tampoco se probó
la configuración de un perjuicio irremediable que amerite la intervención del juez
30 “Modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021, “Por medio de la cual se reforma el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras
disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
31 “Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.”
32 Archivo denominado “15contestación de demanda Diego Fernando Collo” de la carpeta llamada “principal”,
visible a índice 9, certificado D99ABFACDD1A24BA ED7D85329B38D1CF ED03826D359E2ACC
95C409D33E7075A6.
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Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00452-00
Accionante: Diego Fernando Collo Ferro
Accionado: Consejo de Estado, Sección Primera
constitucional, aunado al hecho de que no expuso alguna razón que le impida acudir
al referido mecanismo, pues al verificar el acervo probatorio allegado a esta tutela,
no se advierte que hubiese sido propuesto.
6. En consecuencia, en el sub lite los presupuestos de relevancia constitucional y
subsidiariedad, como se expuso, no se encuentran superados y hace que la acción
constitucional resulte improcedente.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional de conformidad con
las razones ut supra.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Consejero de Estado
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejera de Estado Consejero de Estado
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