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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00452-01

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00452-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Defensoría del Pueblo por lo expuesto en la cuestión previa de esta sentencia. PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 7 de marzo de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró improcedente el amparo solicitado. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00452-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

5 de junio de 2025

Demandante: Diego Fernando Collo Ferrero
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00452-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00452-01
Demandante: DIEGO FERNANDO COLLO FERRERO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma decisión de primera
instancia. Relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación formulada por la parte accionante, contra
la sentencia del 7 de marzo de 2025, en virtud de la cual el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, declaró improcedente el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Con escrito radicado el 29 de enero de 2025, el señor Diego Fernando Collo Ferrero,
actuando en nombre propio, promovió acción de tutela contra el Consejo de Estado,
Sección Primera, en la que pretende el amparo de los derechos fundamentales de
«debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la no
discriminación».

En criterio de la parte actora, la vulneración de las citadas garantías constitucionales
se materializó con ocasión de la sentencia del 12 de diciembre de 2024, que profirió
la autoridad judicial accionada al interior del medio de control de nulidad identificado
con el radicado 11001-03-24-000-2022-00208-00. Proceso que adelantó la
Universidad del Cauca persiguiendo la nulidad de una resolución que confirió un título
académico, el acta y el diploma de grado a través del cual le otorgó título de ingeniero
civil al tutelante.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, el accionante peticionó la salvaguarda de sus derechos
fundamentales y, en consecuencia, que:

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Demandante: Diego Fernando Collo Ferrero
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00452-01

SEGUNDA.- […] se ORDENE AL CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN PRIMERA, con
ponencia del magistrado Dr. HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, que profiera un
nuevo fallo en el que se tengan en cuenta las consideraciones de expuestas
analizando la falta de imparcialidad e independencia de la Dra. MARTHA LUCIA
CHAVES ZUÑIGA, frente al informe por ella suscrito que sirvió como único fundamento
al fallo objeto de reparo y en ese sentido, se determine que la Universidad no logró
probar que fuera obligatorio incluir dentro de la hoja de vida de los alumnos el examen
del PFI, los recibos de pago o similares por no estar reglamentado.

TERCERA.- Asimismo, que se ordene al CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN
PRIMERA, que en caso de acceder a las pretensiones de la Universidad del Cauca al
momento de proferirse el fallo de nulidad, se ORDENE a la Universidad del Cauca
disponer los trámites administrativos necesarios para que el reingreso académico en
la carrera de Ingeniería Civil del suscrito DIEGO FERNANDO COLLO FERRO, en aras
de que pueda culminar y presentar el requisito de la prueba de suficiencia en idioma
extrangero, indicando que no es potestativo de la Universidad garantizar el reingreso
del suscrito. Para ello, inaplicará las normas reglamentarias que le impidan registrar
las calificaciones por ausencia del cumplimiento de prerrequisitos, o cualquier otra
disposición que impida el registro de la prueba de suficiencia. Igualmente, deberá
abstenerse de generar costos económicos adicionales a cargo de la estudiante para
la inscripción de esa nota.1

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

En el segundo semestre del 2004, el señor Collo Ferrero se matriculó al programa de
Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca y, dentro
de los requisitos de grado que le aplicaron para obtener el título profesional, se
encontraba la presentación y aprobación de la Prueba de Suficiencia en Idioma
Extranjero (PSI).

A través de Resolución R-558 del 26 de mayo de 2017, suscrita por el rector de la
Universidad del Cauca, se resolvió conferir el título de ingeniero civil al accionante.
Seguidamente, en ceremonia de grado y a través de Acta N°31 del 9 de junio de 2017
y el Diploma N°937-17 de la misma fecha, se le otorgó el título profesional al señor
Collo Ferrero.

En consideración a que el accionante no había presentad y aprobado la PSI, la
Universidad del Cauca formuló demanda2 en la cual solicitó la nulidad de los referidos
actos administrativos. Asimismo, pretendió que, en consecuencia, se ordenara la
cancelación de la tarjeta profesional de ingeniero civil otorgada al actor por el Consejo
Profesional Nacional de Ingeniería Civil.

1 Transcripción literal del texto original que puede contener errores.
2 Radicado 11001-03-24-000-2022-00208-00.

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Demandante: Diego Fernando Collo Ferrero
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En sentencia de única instancia del 12 de diciembre de 2024, el Consejo de Estado,
Sección Primera, resolvió declarar la nulidad pretendida; instó a la Universidad del
Cauca para que evalúe si el accionante está en condiciones de culminar el proceso
de grado con la acreditación de los requisitos faltantes para optar por el título
profesional; y ordenó comunicar al Consejo Profesional de Ingeniería de la decisión,
para lo de su competencia.

Consideró que, en razón al periodo académico en el cual el señor Collo Ferrero se
matriculó al programa de pregrado, le son aplicables los Acuerdos 27 del 28 de
septiembre de 2000 y 009 del 5 de octubre de 2005. Explicó que de estos se
desprende el requisito de presentar y aprobar la PSI para optar por el título de grado
tratándose de carreras profesionales.

Señaló que, mediante la Resolución R-695 de 2019, el rector de la Universidad del
Cauca conformó un equipo de seguimiento y apoyo para la mejora de los
procedimientos académicos y administrativos relacionados con los registros de
exámenes preparatorios. Posteriormente, con la Resolución 0028 de 2020, se amplió
su alcance, facultando al equipo para verificar el cumplimiento de los requisitos de
grado en todos los programas de pregrado de la institución.

En ejercicio de esta función, dicho equipo emitió un informe en el que advirtió una
inconsistencia en el registro aprobatorio de la Prueba de Suficiencia en Idioma
Extranjero (PSI) del señor Collo Ferro. Refirió que no existía soporte documental que
acreditara la presentación ni la nota aprobatoria del examen del accionante.

Con base en lo anterior, la Sección Primera de esta corporación concluyó que la
Universidad del Cauca vulneró su propio reglamento al conferir el título profesional sin
el cumplimiento del requisito expuesto.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora señaló que la acción de tutela supera todos los requisitos de
procedencia habiéndose interpuesto con motivo de una providencia judicial. En
particular, argumentó que el asunto goza de relevancia constitucional ya que se está
discutiendo la vulneración de múltiples derechos fundamentales, por los yerros en
los que incurrió la autoridad judicial accionada.

Por otro lado, sostuvo que se agotaron todos los recursos judiciales puesto que la
decisión cuestionada es de única instancia y, además, que la solicitud de amparo se
interpuso dentro de un plazo razonable en consideración a la fecha en que se profirió
la sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera.

Alegó que la decisión cuestionada incurrió en un defecto sustantivo al fundamentarse
en un informe que carece de validez, imparcialidad e idoneidad. Aseveró que dicho
documento fue suscrito por personas vinculadas a sistemas académicos sobre los
cuales recaen sospechas de irregularidades.

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Cuestionó, además, la idoneidad técnica de los integrantes del comité que elaboró el
informe, en tanto no contaban con formación especializada en áreas como
informática o sistemas, lo cual comprometería la confiabilidad del documento en que
se sustentó la determinación del Consejo de Estado, Sección Primera.

Por otro lado, consideró que las normas internas de la Universidad del Cauca no
imponen a los estudiantes el deber de conservar documentos como la prueba PSI o
los comprobantes de pago, por lo que no puede trasladarse al alumno la carga
derivada de su eventual pérdida. Recalcó que la custodia de tales documentos
corresponde a la institución y que, por tanto, cualquier falencia administrativa no
puede ser imputada al exalumno, más aún transcurridos varios años desde el
otorgamiento del título profesional.

Finalmente, criticó la vulneración del derecho al recurso consagrado en el artículo
8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al no existir posibilidad
de recurrir la sentencia de la Sección Primera ante un superior jerárquico,
desconociéndose así el principio de la doble instancia.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por auto del 31 de enero de 2025, se resolvió: (i) admitir la acción de tutela; (ii) ordenar
la notificación del magistrado ponente de la sentencia cuestionada; (iii) vincular como
terceros con interés a la Universidad del Cauca y a la Defensoría del Pueblo; y (iv)
oficiar a la Sección Primera del Consejo de Estado para que allegue el expediente del
proceso de nulidad identificado con el radicado 11001-03-24-000-2022-00208-00.

1.6. Intervenciones

La Secretaría General de la corporación, en cumplimiento a lo ordenado en el auto
admisorio de la acción de tutela, libró los oficios dirigidos a los sujetos procesales
como consta en el expediente de Samai3 y en virtud de los cuales se recibieron los
siguientes escritos:

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Primera

En memorial suscrito por el magistrado ponente de la sentencia controvertida, solicitó
declarar la improcedencia de la solicitud de amparo o, en su defecto, negar las
pretensiones del mecanismo constitucional.

Consideró que la acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, toda vez que los argumentos planteados por el accionante
corresponden a cuestiones de mera legalidad que ya fueron objeto de análisis y
decisión en la sentencia cuestionada, por lo que se estaría utilizando este mecanismo
como una tercera instancia, lo cual resulta improcedente.

3 Índice 7 del expediente digital de primera instancia.

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Advirtió que el accionante no agotó adecuadamente los mecanismos ordinarios de
defensa dentro del proceso contencioso, pues no recurrió el auto mediante el cual se
prescindió de audiencias, se decretaron pruebas y se fijó el objeto del litigio. En este
orden, en dicha oportunidad debía formular los reparos frente a las presuntas
irregularidades señaladas en el decreto de pruebas.

Por último, argumentó que el actor no acreditó el defecto fáctico alegado, al no cumplir
con la carga argumentativa mínima exigida para su configuración.

1.6.2. Defensoría del Pueblo

La entidad informó que, tras consultar sus sistemas de información y atención de
quejas, no encontró registro alguno del ciudadano Diego Fernando Collo Fierro como
usuario o peticionario, por lo que no cuenta con elementos probatorios que aportar en
el caso.

No obstante, sostuvo que las pretensiones de la tutela buscan la protección del
derecho fundamental al debido proceso, el cual reviste especial relevancia
constitucional. En consecuencia, solicitó que se emita un fallo favorable a la protección
de la garantía constitucional invocada por el accionante.

Adicionalmente, pidió ser desvinculada del trámite por no tener competencia ni
información relacionada con los hechos materia del proceso.

1.6.3. Pese a que la Universidad del Cauca fue debidamente notificada de la acción
de tutela, no formuló pronunciamiento.

1.7. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, profirió sentencia el 7 de
marzo de 2025 en la que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo.

El a quo consideró que en el caso de análisis no se cumplen los requisitos de
relevancia constitucional ni de subsidiariedad. Señaló que el accionante pretendía
utilizar la tutela como una instancia adicional para reabrir el debate jurídico ya resuelto
por el juez natural en el proceso ordinario, reiterando argumentos ya expuestos en su
contestación de la demanda ordinaria.

Frente al alegato sobre la supuesta vulneración al principio de doble instancia, la Sala
indicó que este aspecto fue abordado por la Sección Primera del Consejo de Estado
al asumir la competencia en única instancia, y que el actor no planteó ninguna objeción
sobre ello durante el trámite ordinario.

Finalmente, la decisión precisó que el accionante contaba con otro mecanismo judicial
idóneo para reclamar la presunta vulneración de su derecho al debido proceso, como
lo es el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 250 del CPACA.

El fallo se notificó a través de correo electrónico remitido el 7 de abril de 2025.

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1.8. Impugnación

Con escrito radicado el 8 de abril de 2025, el accionante impugnó la decisión de
primera instancia y solicitó su revocatoria para que, en su lugar, se accedan a las
pretensiones de la acción de tutela.

Tras reiterar las razones contenidas en el libelo inicial con relación a los defectos
alegados, sostuvo que la acción de tutela sí cumple con los requisitos generales de
procedencia, en particular los de relevancia constitucional y subsidiariedad.

Planteó que la solicitud de amparo implica una posible vulneración al derecho
fundamental al debido proceso y a la garantía convencional de la doble instancia.
Añadió que estos derechos deben ser protegidos aun de manera oficiosa por el juez
constitucional, aunque no hayan sido advertidos por las partes del proceso ordinario.

Respecto al requisito de subsidiariedad, indicó que el recurso extraordinario de
revisión previsto en el artículo 250 del CPACA no resulta aplicable al caso, ya que sus
causales no encajan en su situación particular. Sostuvo que dicho recurso no sustituye
ni garantiza el derecho a la doble instancia, por lo que no es un mecanismo judicial
idóneo ni obligatorio frente a la posible afectación de los derechos fundamentales
invocados.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por el accionante
al fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991 y
el Acuerdo 080 de 2019 del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

En su escrito de intervención, la Defensoría del Pueblo solicitó su desvinculación del
presente trámite constitucional. Si bien tal solicitud se formuló en memorial que se
allegó en el término procesal dispuesto para ello, se advierte que el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, omitió pronunciarse sobre ella, por lo cual
corresponde resolverla en esta oportunidad.

La referida petición será negada ya que la vinculación al proceso de la entidad
solicitante se hizo en calidad de tercero con interés por solicitud de la parte actora.

2.3. Problema jurídico

Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante y el material probatorio recaudado, corresponde a la Sala definir si

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confirma, modifica o revoca la sentencia del 7 de marzo de 2025. A efectos de lo
anterior, se debe resolver el siguiente problema jurídico:

• ¿Se superan los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se abordará lo siguiente:

• ¿El Consejo de Estado, Sección Primera vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte actora, con ocasión de la sentencia de única instancia
proferida el 12 de diciembre de 2024 al interior del proceso de nulidad 11001-
03-24-000-2022-00208-00?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas:
i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; ii) los requisitos generales de procedibilidad de tutela
contra providencia judicial; y iii) análisis del caso en concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 4
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema5 y declaró su procedencia.6
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
6 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

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interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

El criterio de relevancia constitucional establece la distinción que debe existir entre el
juez natural del caso y el juez constitucional, respetando la competencia que cada uno
tiene. Pues, como se ha sostenido en líneas anteriores, la acción de tutela no se erige
en una tercera instancia. Al respecto, la Sala considera pertinente traer a colación lo
expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 2022 7, la cual,
desarrolló y explicó los derroteros que deben observarse en aplicación de este
requisito de relevancia constitucional.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:

el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica,
sino que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las
decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización
del principio de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de
las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental
para:

lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones

7 M.P. Natalia Ángel Cabo.

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competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal8 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico9; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.”10

(…)

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

(…)

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”11 En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales”12

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

(…)

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto13, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no
debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un
escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección
legal14. (Resaltado de la Sala)

2.6. Caso Concreto

Al revisar el escrito introductorio, los memoriales de contestación al amparo
constitucional y las pruebas incorporadas al trámite, la Sala colige que se debe
confirmar la improcedencia de la acción de tutela por cuanto no supera el requisito de
relevancia constitucional expuesto en líneas anteriores.

8 Sentencia SU-573 de 2019.
9 Sentencia SU-103 de 2022.
10 Sentencia SU-103 de 2022.
11 Sentencia SU-103 de 2022.
12 Sentencia SU-128 de 2021.
13 Sentencia SU-573 de 2019.
14 Ibid.

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En consideración de la parte actora, el Consejo de Estado, Sección Primera, vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a la igualdad mediante la sentencia de única instancia proferida el 12 de
diciembre de 2024, al interior del medio de control de nulidad identificado con el
radicado 11001-03-24-000-2022-00208-00.

El señor Collo Ferrero fundamenta su solicitud de tutela en la existencia de un
presunto defecto sustantivo. Ahora bien, pese a que enmarca sus reparos en dicho
yerro, lo cierto es que de la lectura del escrito tutelar se advierte que lo reprochado es
un defecto fáctico y un defecto por violación directa de la Constitución. Lo anterior,
comoquiera que sus argumentos se centran, por un lado, en cuestionar el acervo
probatorio valorado por la autoridad judicial accionada y, por otro lado, en señalar el
desconocimiento del principio doble instancia estipulado en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en el medio de control ordinario, la cual hace parte del
bloque de constitucionalidad.

En punto del defecto fáctico, el señor Collo Ferrero critica que la sentencia de la
Sección Primera de esta corporación, contrariando las reglas de la sana crítica, se
fundamentó en un informe que carece de validez, imparcialidad e idoneidad, rendido
por funcionarios de la Universidad del Cauca vinculados a sistemas académicos sobre
los que recaen sospechas de irregularidades y, además, que no contaban con las
habilidades técnicas para la elaboración de este documento.

De lo expuesto, queda claro que este reparo constituye una reiteración de los
argumentos expuestos al interior del medio de control ordinario. Como bien lo
identificó el a quo constitucional, en la contestación de la demanda de nulidad simple
el actor formuló estos reparos en los siguientes términos:

La Dra. MARTHA LUCIA CHAVES ZUÑIGA, según la información registrada en el
portal de la Universidad del Cauca la coordinadora del Sistema Integrado de Matrícula
y Control Académico, SIMCA; y directora encargada de la División de Admisiones,
Registro y Control Académico, DARCA, aplicativos que al parecer presentaron
irregularidades en cuanto a la información que era cargada a las mismas, lo cual
impide que se pueda dar credibilidad a dicho informe y/o dictamen por cuanto el mismo
carece de imparcialidad e independencia.
[…]
Es necesario resaltar que el INFORME SOBRE EL REGISTRO INCONSISTENTE DE
LA PRUEBA DE SUFICIENCIA EN IDIOMA EXTRANJERO (PSI) presentado como la
Universidad del Cauca se encuentra suscrito por personal que no ha logrado acreditar
la idoneidad que se requiere para dicho tipo de prueba dentro de un asunto como el
presente como pasa a explicarse: en primer lugar fue suscrito por dos personas que
no tienen el título profesional de ingenieros de sistemas o telecomunicaciones como
lo son las doctoras MARTHA LUCIA CHAVES ZUÑIGA y CLAUDIA NOHEMY GARCIA
MEJIA, quienes son profesionales del derecho.

Así las cosas, se encuentra que estos reparos fueron abordados por el Consejo de
Estado, Sección Primera, en la sentencia del 12 de diciembre de 2024, el cual
contempló las resoluciones a través de las cuáles se conformó el equipo de
seguimiento que realizó el informe y, de su análisis concluyó que tanto el documento

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Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00452-01

como el equipo mencionado contaban «con los soportes que permiten establecer el
incumplimiento o no en la presentación prueba PSI para optar al título de ingeniero
civil».

De igual manera, en punto de las señaladas irregularidades en la gestión documental
por parte de la Universidad del Cauca, la autoridad judicial accionada explicó:

53. Lo anterior, como ya lo ha advertido esta Sección15, desvirtúa la presunta
desorganización interna que se alega; en tanto que, a partir de los registros de la
Prueba de Suficiencia en Idioma Extranjero del sistema SIMCA 2.0, del reporte de
pagos por concepto de pruebas PSI entregado por la División de Gestión Financiera y
de la Historia Académica de Diego Fernando Collo Ferro, se logró comprobar que el
tercero con interés directo en el resultado del proceso, no cumplía con los requisitos
para optar al título de ingeniero civil.

Por lo expuesto, no se advierte que la decisión adoptada sea desproporcionada o
arbitraria en su alcance. De su revisión, no resalta una valoración irracional o
caprichosa del material probatorio aportado al proceso de nulidad. En ese orden, es
claro que un sencillo desacuerdo en relación con la conclusión a la cual arribó el juez
natural de la causa no habilita al fallador constitucional a adelantar un estudio de fondo
de la cuestión.

En cuanto al defecto por violación directa de la Constitución, la Sala observa que
tampoco supera el requisito en cuestión. El señor Collo Ferrero alega que, al
tramitarse en única instancia el proceso de nulidad que dio lugar a la sentencia
cuestionada, se desconoció su garantía convencional a la doble instancia, establecida
en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Aunque el accionante invoca normas de carácter convencional para sostener que se
le desconocieron sus garantías fundamentales, los reproches formulados no
trascienden una mera controversia de legalidad sobre la aplicación de normas
procesales.

En efecto, la Sección Primera de esta corporación observó expresamente el artículo
149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
que delimita las materias que debe conocer el Consejo de Estado en única instancia.
Estas reglas de distribución de competencia son de cumplimiento imperativo para las
autoridades judiciales, y no corresponde al juez de tutela redefinir el trámite interno
del proceso contencioso administrativo.

En ese entendido, en el auto admisorio de fecha 24 de marzo de 2022, la autoridad
judicial accionada se limitó a aplicar la norma pertinente en cuanto establece su
competencia en única instancia para conocer de la demanda interpuesta por la
Universidad del Cauca:

15 Consejo de Estado, Sala de la Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 2 de

noviembre de 2024, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Número único de radicación
11001032400020200006000.

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7. Vistos: i) el artículo 149 de la Ley 1437 sobre la competencia del Consejo de Estado
para conocer del medio de control de nulidad; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 2019, sobre la distribución de los procesos entre las secciones de la
Sala de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación; iii) los artículos 161 a 164
y 166 de la Ley 1437; y iv) los artículos 171 y siguientes de la Ley 1437, sobre la
admisión de la demanda, el traslado de la demanda y las notificaciones del auto
admisorio.
[…]
PRIMERO: ADMITIR, en ÚNICA INSTANCIA, la demanda que presentó la
Universidad del Cauca, en ejercicio del medio de control de nulidad, para que se
declare la nulidad del: i) artículo 1 (parcial) de la Resolución núm. R-558 de 26 de mayo
de 2017, “[…] Por la cual se confieren unos títulos académicos a estudiantes de
pregrado y posgrado […]”; ii) Acta de grado núm. 31 de 9 de junio de 2017; y iii)
Diploma núm. 937-17 del 9 de junio de 2017: mediante los cuales la Universidad del
Cauca otorgó el título de ingeniero civil a Diego Fernando Collo Ferro. (Subraya de la
Sala)

Como se desprende del proveído citado, el Consejo de Estado, Sección Primera, en
estricto acatamiento de las disposiciones procesales de observancia obligatoria,
admitió la demanda y le dio el trámite dispuesto por el legislador. Así las cosas, no
advierte la Sala que del trámite en única instancia se derive tacha alguna desde la
perspectiva constitucional que repercuta en la sentencia objeto de controversia, pues
la definición del trámite a seguir corresponde al juez natural, quien en el caso sub
examine aplicó las normas procesales vigentes.

En ese orden, esta Sala encuentra que, desde el ámbito argumentativo, los reparos
expuestos en el libelo inicial, pese a hacer una enunciación de garantías
constitucionales, no exponen con suficiencia razones de peso que justifiquen la
intromisión del juez constitucional en un asunto asignado al juez ordinario. Máxime
por cuanto no se evidencia prima facie vulneración de los derechos fundamentales
por parte de la autoridad judicial accionada.

Por tal razón, a esta Sala le está vedado pronunciarse sobre el fondo de la
controversia propuesta por el tutelante, pues ello atentaría contra el principio de
autonomía e independencia de los jueces e implicaría un uso indebido de esta acción,
instituida exclusivamente para la protección de derechos fundamentales.

Por las razones expuestas, se confirmará la sentencia objeto de impugnación, toda
vez que la solicitud de amparo no supera el requisito de relevancia constitucional.
Finalmente, se precisa que, al no cumplirse uno de los presupuestos de procedibilidad,
se torna innecesario el estudio de los demás puesto que, en todo caso, la solicitud de
amparo se observa improcedente.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

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Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00452-01

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Defensoría del Pueblo por lo
expuesto en la cuestión previa de esta sentencia.

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 7 de marzo de 2025 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró improcedente el
amparo solicitado.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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