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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00461-00

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00461-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar improcedente la acción de tutela formulada por el señor Juan Camilo Lombana Rengifo, en contra de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla del Consejo Superior de la Judicatura y la Unión Temporal Formación Judicial 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00461-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

20 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C. veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00461-00
Accionante: Juan Camilo Lombana Rengifo
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros.

Tema: Acción de tutela contra acto administrativo.

Decisión: Declarar la improcedencia de la acción de tutela por falta del
requisito de subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela interpuesta por el señor Juan Camilo Lombana Rengifo, en contra de la
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla del Consejo Superior de la Judicatura y la
Unión Temporal Formación Judicial 2019, por la presunta vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, dignidad e igualdad y al principio de
confianza legítima, presuntamente ocurrida con ocasión de las resoluciones
EJR24-298 del 21 de junio de 2024, corregida por la Resolución EJR24-317 del
28 de junio de 2024 y EJR24- 598 del 28 de octubre de 2024, dentro del concurso
de méritos adelantado en la Convocatoria núm. 27, para proveer cargos de
carrera en la Rama Judicial.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

El señor Juan Camilo Lombana Rengifo, se presentó en calidad de aspirante al
concurso de méritos que dispuso la Convocatoria 27, realizada por el Consejo
Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto
de 2018 “Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al
concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama
Judicial”.

Una vez surtida la primera etapa del concurso, ingresó al Curso de Formación
Judicial, en el cual obtuvo un puntaje de 774,180, que lo dejó por fuera de la
siguiente etapa de dicho concurso, tal como quedó consignado en la Resolución
n.° EJR24-298 del 21 de junio de 2024, sin embargo, inconforme con esta
decisión, el actor interpuso recurso de reposición.

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Acción de Tutela
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Accionante: Juan Camilo Lombana Rengifo

Mediante la Resolución n.° EJR24-598 del 28 de octubre de 2024, se repuso
parcialmente la decisión, en la medida que modificó su puntaje en 787 puntos.
Sin embargo, no fue suficiente para continuar en la siguiente etapa del aludido
concurso porque necesitaba 800 puntos.

2.2. Fundamentos jurídicos
El actor alegó que la Resolución No. EJR24-598 vulneró sus derechos
fundamentales, porque no se ajustó con los propósitos de evaluación
contemplados en el acuerdo pedagógico que rige el IX curso de formación judicial
en la medida que «las preguntas fueron calificadas sin tener en cuenta la
apropiación del contenido académico enfocado a la práctica judicial ni el
desarrollo de competencias sobre la función judicial, ni la interpretación de textos
jurídicos ni la lógica del razonamiento para la solución de problemas jurídicos ni
los rangos de lecturas obligatorias, entre otros aspectos»

Asimismo, sostuvo que en el presente asunto se configura un perjuicio
irremediable porque la siguiente fase inició el 16 de noviembre del 2024, además,
que no existe ningún proceso ordinario efectivo e idóneo para prevenir o
suspender la materialización de dicho perjuicio.

2.3. Pretensiones

La parte accionante solicitó:

«Que se declare la prosperidad de mis pretensiones y se ordene al
AMPARO DE MI DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO
(ADMINISTRATIVO) y/o cualquier otro derecho fundamental conexo con
efectos de protección definitiva y consecuentemente se DECLARE la
nulidad parcial -en lo que atañe JUAN CAMILO LOMBANA RENGIFO de la
“RESOLUCIÓN No. EJR24-298 de 21 de junio de 2024” “Por medio de la
cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de
Formación Judicial Inicial’’ junto a su correspondiente anexo, así como la
Resolución EJR24-317 del 28 de junio de 2024 “Por medio de la cual se
corrige un error formal en la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024,
por medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX
Curso de Formación Judicial Inicial’’, así mismo se DECLARE la nulidad total
de la Resolución EJR24-598 del 28 de octubre de 2024 “Por medio de la
cual se resuelve un recurso de reposición contra la Resolución EJR24-298
del 21 de junio de 2024, corregida por la Resolución EJR24-317 del 28 de
junio de 2024”.

Consecuentemente que se ORDENE a las accionadas reconocer en el
marco del concurso de méritos denominado “Convocatoria 27” para la
provisión del cargo de juez promiscuo municipal como válidas en favor de
JUAN CAMILO LOMBANA RENGIFO las preguntas censuradas en el
cuerpo de esta demanda constitucional y su valor sea adicionado al puntaje
final obtenido en la subfase general del IX Curso de Formación Judicial
Inicial. Así mismo que se ORDENE a las accionadas como consecuencia de
lo anterior la expedición de un acto administrativo en el que se emita una
nueva calificación incluyendo los puntajes reconocidos por criterios
subjetivos y objetivos debidamente sustentados en el cuerpo de esta acción
constitucional concediéndome la categoría de “Aprobado” de la subfase
general del IX Curso de Formación Judicial Inicial y permitiéndome la

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Accionante: Juan Camilo Lombana Rengifo

continuación en la subfase especializada del IX Curso de Formación Judicial
Inicial.
PRETENSIÓN SUBSIDIARIA

Que se declare la prosperidad de mis pretensiones y se ordene al AMPARO
DE MI DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO
(ADMINISTRATIVO) y/o cualquier otro derecho fundamental conexo con
efectos de protección transitoria y consecuentemente se ORDENE a las
accionadas como consecuencia de lo anterior la expedición de un acto
administrativo en el que se me otorgue provisionalmente la calidad de
“Aprobado” de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial
y permitiéndome la continuación en la subfase especializada del IX Curso
de Formación Judicial Inicial durante toda su realización siempre y cuando
dentro de los 2 meses posteriores al fallo de tutela haya interpuesto el
correspondiente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
ante la jurisdicción contenciosa..» (Sic a toda la cita)

2.4. Intervenciones

La acción de tutela fue admitida mediante auto del 30 de enero de 2025, a través
del cual se ordenó notificar a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla del Consejo
Superior de la Judicatura y la Unión Temporal de Formación Judicial 2019 como
accionados y a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la
Sociedad E-Distribution S.A.S, la Unidad de Administración de Carrera Judicial y
a las demás personas que se inscribieron y hacen parte del proceso de selección
dentro del concurso de méritos adelantado en virtud de la Convocatoria núm. 27,
por la Unidad de Administración de Carrera Judicial como terceros interesados
en el resultado del proceso.

2.4.1. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla del Consejo Superior de la
Judicatura solicitó que se declare improcedente la acción de tutela porque no
cumple con el requisito de subsidiariedad, puesto que lo que pretende es utilizar
el mecanismo constitucional para discutir un acto administrativo que es
susceptible de ser demandado a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Además, que en el presente asunto no se acreditó
un perjuicio irremediable; así como tampoco se advierte la vulneración de un
derecho fundamental.

2.4.2. La Unión Temporal Formación Judicial 2019 pidió ser desvinculada del
presente proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.4.3. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia manifestó que
la acción de tutela es improcedente por falta del requisito de subsidiariedad.
Además, afirmó que no se demostró la conculcación de los derechos
fundamentales invocados en protección porque todas actuaciones se han
enmarcado dentro de los acuerdos pedagógicos PCSJA18-11077 del 16 de
agosto de 2018, PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019 y PCSJA19-
11405 de 2019 y posteriores comunicados, expedidos por el Consejo Superior de
la Judicatura, los cuales rigen la convocatoria y reglas del IX Curso de Formación
Judicial Inicial.

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Accionante: Juan Camilo Lombana Rengifo

2.3.1. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura pidió se desvincule del presente proceso por falta de
legitimación en la causa por pasiva, o, en su defecto se niegue el amparo porque
no se vulneraron los derechos fundamentales invocados en protección.

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

3.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial - Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla incurrió en la vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad e igualdad, ocurrida
con ocasión de la expedición de las resoluciones EJR24-317 del 28 de junio de
2024 y EJR24- 598 del 28 de octubre de 2024, por medio de las cuales se publicó
el resultado del IX Concurso de Formación Judicial y se resolvió el recurso de
reposición contra dicha decisión.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
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dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

3.4. De la acción de tutela contra actos dictados en el trámite de
concursos de méritos

Cuando lo que se pretende es discutir actos administrativos expedidos en el
marco de un concurso de méritos, la acción de tutela es procedente únicamente
cuando la determinación que se busque discutir no esté contenida en un acto
definitivo, toda vez que, en ese caso, debe acudirse a los medios que para tales
fines existen en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, debido a la
naturaleza subsidiaria que rige esta acción de origen constitucional, salvo que
se encuentren reunidos los elementos que permitan evidenciar la probable
configuración de un perjuicio irremediable o que el medio con el que se cuenta
no sea idóneo o eficaz, según las particularidades del asunto, aspecto que
deberá definir el juez en cada caso concreto.

3.5. Caso concreto

El señor Juan Camilo Lombana Rengifo solicitó la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, dignidad e igualdad, los cuales estima
vulnerados por la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla» con ocasión de la
expedición de las resoluciones EJR24-317 del 28 de junio de 2024 y EJR24- 598
del 28 de octubre de 2024, por medio de las cuales se publicó el resultado del IX
Concurso de Formación Judicial y se resolvió el recurso de reposición contra
dicha decisión.

Sobre el particular, la Sala considera que es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho el escenario propicio para evaluar a profundidad si
los actos administrativos contenidos en las resoluciones EJR24-317 del 28 de
junio de 2024 y EJR24- 598 del 28 de octubre de 2024, adolecen de alguna
causal de nulidad o si, por el contrario, conservan la presunción de legalidad,
teniendo en cuenta, además, que a través de dicho mecanismo se puede solicitar
el decreto de alguna de las medidas cautelares allí previstas, a fin de procurar la
tutela judicial efectiva.

Ahora bien, en el caso concreto no se advierte la existencia de un perjuicio
irremediable que haga necesaria la intervención del juez constitucional, ni se
argumentó que este haya existido por lo que no hay lugar a dar por cumplido el
requisito de la subsidiariedad.

La parte accionante tampoco argumentó por qué razón las medidas cautelares
no se pueden considerar un mecanismo efectivo para la tutela de los derechos

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invocados, cuando es el juez de lo contencioso administrativo el que debe hacer
el análisis de juridicidad de los actos administrativos.

Por otra parte, es de advertir que el accionante no señaló en el escrito de la
demanda, que dentro del término de caducidad haya ejercido el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho respecto del acto administrativo en
cuestión, lo que tornaría improcedente la acción de tutela, incluso como
mecanismo transitorio, pues ello implicaría permitir que se pretendan revivir
términos vencidos, lo que desnaturalizaría el propósito de la acción
constitucional. Así lo ha señalado la Corte Constitucional:

«No procedía pues una protección transitoria de los derechos del actor para
evitar un perjuicio irremediable, en tanto la decisión judicial ya se había
producido, y mucho menos podía pretenderse que se tramitara la acción de
tutela como mecanismo principal, teniendo en cuenta que habría sido por
causa de la demora del accionante al interponer la acción ante la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, que se habría hecho inoperante la
vía judicial ordinaria. Cabe reiterar lo expuesto en precedencia frente al
incumplimiento del requisito de subsidiariedad que se presenta cuando
quien acude a la acción de tutela ha dejado vencer términos procesales o
ha dejado de utilizar los mecanismos a su disposición, sin que exista una
justa causa para hacerlo, situación que aparece probada en el presente
caso, teniendo como base para afirmar lo anterior la naturaleza de la acción
intentada ante el contencioso administrativo, de acuerdo al cual la acción
sería de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que indica que el actor
pretendería con la acción de tutela revivir términos vencidos,
desnaturalizando el propósito protector de los derechos fundamentales que
tiene la acción de tutela1: “La anterior exigencia guarda relación directa con
la naturaleza cautelar de la tutela transitoria, pues de caducar o prescribir
las posibilidades de acceso a la administración de justicia por causas
imputables al demandante, mal puede la tutela fungir como mecanismo para
revivir los términos ordinarios”»2.

Así las cosas, la Sala procederá a declarar la improcedencia de la acción de
tutela, por las razones expuestas en el proveído, pues, se itera, dentro de las
facultades del juez constitucional no se encuentra la de sustituir las herramientas
judiciales idóneas para obtener la protección iusfundamental quebrantada,
porque de lo contrario, la acción de tutela se convertiría irremediablemente en un
medio de protección alternativo que lejos de amparar un derecho vulnerado,
propiciaría un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones que le
encomendó la carta a los jueces constitucionales, y modificaría una decisión que
ha hecho tránsito a cosa juzgada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

1 No sobra anotar que en el presente caso la Sala se ha pronunciado única y exclusivamente sobre la

improcedencia de la acción de tutela contra las resoluciones dictadas por la Contraloría, no así por las
cuestiones definidas al interior del proceso judicial, y que, eventualmente, podrían ser objeto de acción de
tutela. Igualmente, para controvertir el fondo de las decisiones emanadas de la autoridad aquí demandada
subsisten para el accionante mecanismo judiciales ante el juez contencioso administrativo como podría ser
la nulidad simple de los actos atacados.
2 Sentencia T-871 de 2011.

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Accionante: Juan Camilo Lombana Rengifo

FALLA

Primero: Declarar improcedente la acción de tutela formulada por el señor Juan
Camilo Lombana Rengifo, en contra de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
del Consejo Superior de la Judicatura y la Unión Temporal Formación Judicial
2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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