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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00464-00

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00464-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- NEGAR las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor Cristhian David Mendoza Ruiz, quien actúa en causa propia. Segundo.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00464-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

27 de febrero de 2025

Radicación: 11001-03-15000-2025-00464-00
Demandante: Cristhian David Mendoza Ruiz

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00464-00
Demandante: CRISTHIAN DAVID MENDOZA RUIZ
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA

Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Expedición de tarjeta
profesional de abogado. Requisito de examen de Estado
implementado por medio de la Ley 1905 de 2018. Sentencia SU-128
de 2024

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Cristhian David Mendoza Ruiz, contra el Consejo Superior
de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 29 de enero de 2025, la parte actora solicitó al juez constitucional la protección
de sus derechos fundamentales a la libre elección y ejercicio de la profesión,
igualdad, al trabajo y a la dignidad humana, supuestamente vulnerados por la
autoridad administrativa accionada.

En consecuencia, en el escrito de tutela se formula la siguiente:

“Conforme a lo expuesto y en ejercicio de esta herramienta constitucional de la tutela,
solicito respetuosamente a su Señoría que ampare a mi favor los derechos
fundamentales mencionados, los cuales están siendo vulnerados por la decisión del
Consejo Superior De La Judicatura. Es imperativo que se garantice la protección de los
derechos fundamentales que el Estado protege”.

2. Hechos

El demandante señaló que el 28 de octubre de 2024, obtuvo el título de abogado de
la Unidad Central del Valle del Cauca, por lo que ese mismo día solicitó la expedición
de la tarjeta profesional a través del Sistema de Inscripción y Registro Nacional de
Abogados -SIRNA.

Indicó que la autoridad administrativa resolvió la solicitud de manera negativa por lo
que, el 7 de enero del presente año interpuso recurso de reposición, en el que
sustentó que la falta de acceso al documento le impide acceder a oportunidades
laborales y, en consecuencia, vulnera sus derechos fundamentales a la libre
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Demandante: Cristhian David Mendoza Ruiz

elección y ejercicio de la profesión, igualdad, al trabajo y a la dignidad humana, a lo
que agregó que la Unidad resolvió el recurso de reposición en el sentido de
confirmar la decisión reprochada.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora refirió que la decisión administrativa adoptada por la autoridad
accionada vulnera sus garantías ius fundamentales, ya que el año anterior se
expedían tarjetas profesionales con carácter provisional condicionadas a la
presentación del examen de Estado dispuesto en la Ley 1905 de 2018 y conforme
a lo dispuesto en el artículo 11 del Acuerdo PCSJA24-12162.

Señaló que el examen de idoneidad es un requisito nuevo para ejercer la profesión
de abogado, sin embargo, ha retrasado a muchos profesionales que, a pesar de
contar con los demás requisitos académicos para ejercer, no lo pueden hacer hasta
superar la prueba.

Manifestó que la negativa en expedir la tarjeta profesional de abogado lo ubica en
una situación de desventaja frente a los demás abogados que han obtenido la
misma, a lo que agregó que restringe su acceso al mercado laboral y limita sus
oportunidades para competir en igualdad de condiciones.

Expresó que existen precedentes jurisprudenciales y normativos que han defendido
el derecho a ejercer su profesión y que han permitido que se otorguen tarjetas
profesionales con carácter provisional. Al respecto, se refirió a las sentencias SU-
128 de 2024, C-398 de 2011, C-377 de 1994, T-236 de 2023 y T-926 de 1999 de la
Corte Constitucional, así como a los artículos 1, 13, 25, 26 y 86 de la Constitución
Política.

4. Trámite procesal

Por auto de 3 de febrero de 2025, el despacho sustanciador admitió la demanda y
ordenó notificar al accionante y a la autoridad administrativa accionada -Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia-. Así mismo, negó la medida provisional solicitada por considerar que
la misma no ostenta las condiciones de necesidad imperiosa e inminente. De igual
modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en virtud de
lo previsto en el artículo 610 del Código General del Proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones Nos. 9825 a 9828
del 4 de febrero de 2025, con el fin de poner en conocimiento de las partes el
contenido de la providencia1.

5. Oposición

Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia

El director de la Unidad solicitó que se nieguen las pretensiones formuladas por el
accionante, al considerar que la negativa en la expedición de la tarjeta profesional
con carácter provisional dada en la Resolución No. 15018 de 27 de diciembre de
2024, obedece a que el actor inició sus estudios con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 1905 de 2018 y, por tanto, debe acreditar la aprobación del
examen de Estado, en concordancia con lo señalado en la sentencia SU-128 de
2024.

1 Índice SAMAI 7.

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Demandante: Cristhian David Mendoza Ruiz

Señaló que mediante Acuerdo No. 002 de 1996, expedido por el Consejo Superior
de la Judicatura, se dictaron disposiciones sobre la inscripción y registro de
abogados, en el que se facultó a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, para efectuar la inscripción y expedición de la tarjeta
profesional de abogado, previo cumplimiento de las disposiciones legales sobre la
materia.

Refirió que el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo No. PSCJA22-
11985 de 29 de agosto de 2022, “por medio del cual se establecen normas para la
expedición de tarjetas profesionales de abogados y se dictan otras disposiciones”,
en el que se establece que los graduados destinatarios de la Ley 1905 de 2018 que
aún no presentan el examen de Estado, podrán solicitar sin la acreditación del
certificado de aprobación del examen su inscripción en el Registro Nacional de
Abogados y la expedición de una tarjeta profesional de abogado con vigencia
provisional hasta la publicación de los resultados de la primera prueba.

Relató que el precitado acto administrativo fue derogado por el Acuerdo No.
PSCJA24-12127 de 9 de abril de 2024, en el que se reiteraron los lineamientos
dispuestos respecto de las tarjetas profesionales de abogado con vigencia
provisional y estableció que para ejercer la profesión de abogado se requiere estar
inscrito en el Registro Nacional de Abogados.

Sostuvo que, por comunicado de 21 de mayo de 2024, le fue puesta en
conocimiento la sentencia SU-128 de 2024 y que el 30 de agosto de 2024 se expidió
la Resolución No. URNAR24-158 por medio de la cual se da cumplimiento a la
condición prevista en el artículo 11 del Acuerdo PCSJA24-12162 de 2024,
consistente en la suspensión de la vigencia de las tarjetas profesionales que
contenían la anotación provisional.

Respecto al caso del actor, indicó que solicitó la expedición de la tarjeta profesional
de abogado a través del sistema correspondiente. Sin embargo, por medio de la
Resolución No. 12965 de 22 de noviembre de 2024 fue negado el trámite por
advertir que inició los estudios de derecho el 21 de enero de 2019, por lo que debía
presentar el examen de Estado.

Relató que contra la anterior decisión, el accionante interpuso recurso de reposición
que fue desatado por medio de la Resolución No. 15018 de 27 de diciembre de
2024, en el sentido de no reponer lo decidido, ya que para la expedición de la tarjeta
profesional con carácter definitivo debía presentar la prueba de Estado y en relación
con la tarjeta provisional le indicó que no era factible acceder a la misma conforme
a las reglas previstas por la Corte Constitucional en sentencia SU-128 de 2024.

Por último, señaló que la acción de tutela tiene carácter residual y subsidiario que,
para el caso, no se supera ya que la controversia puede ser ventilada ante el juez
natural a través de la acción de nulidad correspondiente.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

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2. Planteamiento del problema jurídico

La Sala debe determinar si el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, vulneró al accionante los derechos
fundamentales a la libre elección y ejercicio de la profesión, igualdad, al trabajo y a
la dignidad humana, con la falta de expedición de la tarjeta profesional de abogado,
supeditada a la presentación del examen de Estado instaurado mediante la Ley
1905 de 2018.

3. Reglas precisadas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-128 de
2024

La Corte Constitucional en la sentencia SU-128 de 20242, en el marco de las
acciones de tutela interpuestas de forma separada por los señores Gustavo Adolfo
Grajales Granada, Giovanni López Giraldo y José Humberto Gómez Herrera contra
el Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro de Abogados y Auxiliares
de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, abordó lo relacionado con la
expedición de la tarjeta profesional con carácter “provisional” a algunos
destinatarios de la Ley 1905 de 2018, condicionada a la publicación final de los
resultados de la primera prueba del Examen de Estado como requisito adicional
para ejercer la profesión de abogado.

En esa determinación precisó algunas reglas que deben ser tenidas en cuenta para
la valoración de cada caso en concreto, a partir del análisis de: i) la relevancia del
examen de Estado para mejorar la calidad en el ejercicio de la abogacía, ii) la
evolución normativa de la tarjeta profesional de abogado, iii) la jurisprudencia sobre
el derecho fundamental a elegir profesión u oficio en sus dos dimensiones: elección
y ejercicio, iv) la garantía de reserva de ley frente a los requisitos de idoneidad
profesional, v) el principio de confianza legítima de los ciudadanos frente a las
actuaciones del Estado, vi) los alcances de la excepción de inconstitucionalidad
según la jurisprudencia de la Corte y, vii) los efectos inter pares de las órdenes
proferidas en sede de revisión de tutelas.

3.1. Consideraciones generales

En primer término, la Corte Constitucional se pronunció sobre la procedencia de la
acción de tutela para ordenar la expedición de una tarjeta profesional de carácter
definitivo y no provisional. Al respecto, trajo a consideración lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, para
precisar que la acción de tutela es un mecanismo residual y subsidiario habilitado
para resolver controversias en las que se encuentren involucrados derechos
fundamentales. Sin embargo, la misma solo resulta procedente cuando no exista
otro mecanismo de defensa ante el juez natural.

En ese orden de ideas, al analizar los casos en los que se pretendía la expedición
de una tarjeta profesional de carácter definitivo y no provisional, encontró superado
el requisito de subsidiariedad, por cuanto expuso que, si bien en principio podría
establecerse que los medios de control de nulidad simple y nulidad y
restablecimiento del derecho eran idóneos y eficaces, no permiten otorgar una
respuesta a la controversia propuesta, pues de llegar a anularse tanto los acuerdos
como las actas de registro, el examen de Estado seguiría siendo exigible conforme
con lo dispuesto en la Ley 1905 de 2018, sin valorarse los efectos de la omisión en
la realización oportuna de la prueba. Por tales consideraciones, señaló que se
satisfacían las exigencias desarrolladas por la jurisprudencia para habilitar un
pronunciamiento de fondo.

2 M.P. Natalia Ángel Cabo. SV. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Sobre la relevancia del examen de Estado para mejorar la calidad en el ejercicio de
la abogacía, el Tribunal Constitucional indicó que en virtud de la Ley 1905 de 2018
se creó como un requisito adicional para el ejercicio de la profesión de abogado y
sostuvo que “como lo señaló la Corte en la Sentencia C-594 de 2019, la reglamentación
de una profesión no obedece exclusivamente a la libertad de configuración del Legislador,
sino también a la protección del interés de la sociedad frente al riesgo que se deriva del
ejercicio de la misma. Así, a mayor entidad del riesgo del ejercicio de la profesión, mayor
será también la exigencia en su regulación. En el caso de la abogacía, de la propia
Constitución en el artículo 229 se deriva que el acceso a la administración de justicia debe
hacerse, por regla general, mediante la representación de un abogado, lo que pone en
evidencia dos aspectos directamente relacionados: la importante función social de la
profesión de abogado y el consecuente alto riesgo que implica su ejercicio”.

A lo anterior, agregó que la abogacía es la profesión que más incidencia tiene en la
calidad de las instituciones estatales e incide en un debido funcionamiento del
Estado de Derecho y que “el 44 % de los programas de Derecho en Colombia no cuentan
con acreditación de alta calidad en ningún nivel, ni del pregrado ni institucional”, ello
sumado a que según los datos recopilados para el 2022, Colombia cuenta con un
total 728 abogados por cada 100 mil habitantes.

En efecto, concluyó que la presentación del examen de Estado como medida para
el ejercicio de la profesión de abogado se encuentra justificada, pues está
encaminado a mejorar la calidad en el ejercicio de la abogacía y, por ende, en el
acceso a la administración de justicia de los ciudadanos. En palabras de la Corte “la
creación de este examen por parte del Legislador refuerza la idea, que aquí se ha expuesto,
de reconocer en la educación jurídica el sustrato para la realización de los valores y
principios propios de un Estado Social de Derecho”.

En relación con la evolución normativa de la tarjeta profesional de abogado
mencionó que la misma tuvo origen en el Decreto Ley 196 de 1971, que además
previó las categorías de licencia temporal y provisional para algunos casos
específicos y que dista de la tarjeta con carácter provisional creada mediante el
Acuerdo PCSJA22-11985 de 29 de agosto de 2022, luego derogado por el Acuerdo
PCSJA24-12162 de 9 de abril de 2024, con el que el Consejo Superior de la
Judicatura “buscó remediar la situación de los graduados destinatarios de la Ley 1905 de
2018, ante su imposibilidad de acreditar la aprobación del Examen de Estado ordenado por
dicha ley y cuya primera aplicación aún no se ha realizado”.

Frente al derecho fundamental a elegir profesión u oficio adujo que el mismo tiene
un carácter bidimensional, en tanto tratándose de la elección de la profesión el
legislador tiene una inferencia mínima, que contrario a su ejercicio está sometida a
límites más estrictos porque exige títulos de idoneidad para el desempeño de la
actividad elegida debido al impacto que tiene sobre los derechos de terceros y el
interés general.

Ahora bien, al abordar la reserva de ley frente a los requisitos de idoneidad
profesional, la Corte Constitucional precisó que el artículo 26 de la Constitución
Política le otorgó al legislador la facultad de exigir títulos de idoneidad profesional,
los cuales garantizan que quien ejerce cierta profesión tiene las aptitudes y
competencias para ello, por lo que sostuvo que: i) existe reserva de ley para
establecer los requisitos adicionales al título y ii) que si los mismos no cuentan con
los mecanismos efectivos para su cumplimiento vulneran las normas
constitucionales “porque limitan desproporcionadamente el ejercicio de derechos
fundamentales”.

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3.2. De los efectos inter pares y los límites temporales de aplicación de la
sentencia SU-128 de 2024

La Corte Constitucional hizo una valoración sobre el Acuerdo PCSJA22-11985 de
29 de agosto de 2022, que en los parágrafos transitorios 1°, 2° y 3° del artículo 2°
creó una tarjeta profesional provisional, con vigencia hasta la publicación final de
los resultados de la primera prueba, que fue derogado por el Acuerdo PCSJA24-
12162 del 9 de abril de 2024, que en su artículo transitorio 11 también prevé la
categoría de tarjeta profesional provisional. En ese orden de ideas, consideró que
existió una vulneración del derecho fundamental a escoger libremente y ejercer
profesión u oficio, así como al principio de confianza legítima, por la falta de
implementación oportuna del examen de Estado, a quienes comenzaron su carrera
con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1905 de 2018.

Luego de establecer las acciones tardías desplegadas por el Consejo Superior de
la Judicatura para aplicar la prueba de Estado, refirió que transcurrieron cerca de
tres años y medio para que se contratara la fase I de elaboración del examen, sin
prever que habría graduados antes del primer semestre de 2024 y que “la fecha
prevista para la aplicación de la primera prueba del Examen de Estado, esto es, 26 de
mayo de 2024, incluso sin tomar en consideración las dos circunstancias mencionadas,
resulta a todas luces demasiado lejana con respecto a la fecha de promulgación de la ley
(más de cinco años y medio después), con lo que ya se configuraría un incumplimiento al
deber legal de realización del examen”.

Adicional a lo anterior, tuvo en consideración que el Consejo Superior de la
Judicatura, aun cuando se encontraba vigente la Ley 1905 de 2018, publicó en su
página web información sobre los requisitos para la expedición de la tarjeta
profesional, que no incluía el de la aprobación del examen de Estado, que tampoco
fue incluido en el Acuerdo PCSJA19-11354 de 29 de julio de 2019. A lo que agregó
“los graduados destinatarios de la Ley 1905 de 2018 presentaron los documentos
requeridos por la entidad y actuaron amparados por el principio de confianza legítima, en
tanto entendieron que, ante la ausencia, para ese momento, del Examen de Estado y la
consecuente imposibilidad de satisfacer el requisito de su aprobación, la entidad accionada
prescindiría de la exigencia de tal condición. En últimas, estas personas partieron de la
idea, por lo demás correcta, de que la entidad accionada no podía exigir un requisito
imposible de satisfacer en ese momento ante la inexistencia del examen, ni alegar a su
favor su propia negligencia ni trasladar al ciudadano las consecuencias adversas del actuar
de aquella”.

Al efecto, la Corte mencionó “el C. S. de la J. no actuó con la debida diligencia para
garantizar que algunos de los graduados, en principio destinatarios de la Ley 1905 de 2018
pudieran acreditar el requisito de aprobación del Examen de Estado al momento de solicitar
su inscripción en el Registro Nacional de Abogados y la expedición de su tarjeta
profesional. En cambio, la entidad accionada incumplió el deber legal de implementar a
tiempo el Examen de Estado. En este sentido, la falta de diligencia de la accionada no
puede convertirse en una carga para aquellos ciudadanos que no estaban obligados a
cumplir un requisito imposible de satisfacer al momento de hacer la solicitud de su tarjeta
profesional”.

Al hilo de lo anterior, se tiene que la Corte consideró que “la expedición de una tarjeta
profesional con vigencia hasta la publicación final de los resultados de la primera prueba
del examen, y, con ello, el hecho de que a los destinatarios de estas tarjetas se les habilitara
el ejercicio de la profesión de manera provisional y no definitiva, por no haber presentado
un examen que aún no había sido implementado, implicó, por una parte, (i) una
extralimitación de las competencias del C. S. de la J. y (ii) por otra, una restricción
injustificada de la libertad de ejercer la profesión, por lo demás con graves implicaciones
para la seguridad jurídica, el principio de confianza legítima y el acceso de la ciudadanía a
la administración de justicia”.

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En ese sentido, indicó que “si para el momento en que una persona, en principio
destinataria de la Ley 1905 de 2018, obtuvo su título de abogado y solicitó la tarjeta
profesional no existía siquiera la posibilidad de inscribirse a la presentación del
Examen de Estado, la norma que dispone el requisito de aprobación de la prueba no
era susceptible de producir efectos jurídicos y, en esa medida, era inexigible e ineficaz,
en aplicación del principio general del derecho según el cual nadie está obligado a lo
imposible. Esta posibilidad de inscripción al Examen de Estado sólo se habilitó a
partir del 26 de diciembre de 2023”.

Así las cosas, la Corte Constitucional precisó que “la conducta del C. S. de la J. se
sumó la falta de previsión legislativa de presupuestos o reglas suficientes para la
implementación del Examen de Estado, lo que contribuyó a que el requisito dispuesto en
la Ley 1905 de 2018 no fuera susceptible de cumplir con anterioridad al 26 de
diciembre de 2023. Esa falta de previsión legislativa generó, además, incertidumbre y
poca claridad sobre cómo se aplicaría el Examen de Estado, y afectó también con ello la
confianza legítima de los destinatarios de la mencionada ley”. (negrillas por fuera del
texto original).

En ese contexto, si una persona destinataria de la Ley 1905 de 2018 obtuvo su
título profesional de abogado y solicitó la tarjeta profesional aun cuando no era
factible inscribirse a la presentación del examen de Estado, el requisito de
aprobación de la prueba no era susceptible de producir efectos, en la medida que
el mismo solo fue posible hasta el 26 de diciembre 2023, oportunidad en la que se
permitió la inscripción a la prueba. De ahí, que la Corte precisará que el requisito
impuesto por el Consejo Superior de la Judicatura para condicionar la expedición
de la tarjeta profesional con carácter de provisional solo fuera efectivo a partir del
término con el que el graduado tuvo la posibilidad de participar en la realización de
la prueba.

Así las cosas, la Corte Constitucional refirió que el “requisito de aprobación del examen
de Estado es inexigible para quienes, al momento de solicitar su tarjeta profesional, no
pudieron satisfacerlo ante la inexistencia del referido examen. Si bien estas personas en
principio eran destinatarias de la Ley 1905 de 2018, dicha ley no era susceptible de producir
efectos jurídicos para ellas, lo que implica que los requisitos exigibles para la expedición
de su tarjeta profesional sean aquellos existentes antes de la entrada en vigor de la
mencionada ley”.

En esa medida, la Corte hizo una distinción sobre los dos escenarios que se
presentan, a saber: para quienes no pudieron satisfacer el requisito de aprobación
del examen para el ejercicio de la profesión de abogado, frente a aquellos que, a
pesar de haber obtenido su título profesional, por ser destinatarios de la Ley 1905
de 2018 y contar con la posibilidad de la inscripción a la prueba “la norma que dispone
el requisito de aprobación de la prueba tiene eficacia jurídica o aplicabilidad en tanto es
susceptible de producir efectos jurídicos y, en esa medida, dicho requisito les es exigible”.
A partir de lo anterior, se puede establecer lo siguiente:

i) La Ley 1905 de 2018 creó la aplicación del examen de Estado como requisito para
ejercer la profesión de abogado, competencia que se defirió a la autoridad
administrativa.

ii) Ante la falta de implementación de la prueba en comento, el Consejo Superior de la
Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA19-11354 de 29 de julio de 2019, sin incluir como
requisito para la expedición de la tarjeta profesional la presentación del examen.

iii) El Acuerdo PCSJA22-11985 de 29 de agosto de 2022 en los parágrafos transitorios
1°, 2° y 3° del artículo 2°, creó una tarjeta profesional provisional, con vigencia hasta la
publicación final de los resultados de la primera prueba de Estado.

iv) Por medio del contrato No. 196 de 2023 se acordó la realización del examen de
Estado. En consecuencia, se expidió el Acuerdo PCSJA23-12127 de 22 de diciembre
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de 2023 que dio apertura a la etapa de inscripciones a partir del 26 de diciembre de
2023.

v) El Acuerdo PCSJA24-12163 de 9 de abril de 2024, derogó el Acuerdo PCSJA22-
11985 de 2022, y confirmó que la primera prueba tendrá lugar el 26 de mayo de 2024,
sin que exista certeza sobre la publicación de los resultados finales de la misma.

vi) El requisito de presentar la prueba de Estado para obtener la tarjeta profesional
definitiva, para quienes no lo podían presentar ante su falta de implementación, es una
restricción a la libertad de ejercer la profesión, por lo que para tales casos los requisitos
eficaces y factibles de satisfacer eran los previstos con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 1905 de 2018.

vii) La presentación del examen de Estado como requisito para adquirir la tarjeta
profesional definitiva, aplicará a quienes sean destinatarios de la Ley 1905 de 2018,
hubiesen obtenido el título profesional y hayan solicitado la tarjeta profesional con
antelación al 26 de diciembre de 2023.

En lo que atañe a los efectos inter pares, la Corte Constitucional indicó que en la
sentencia SU-068 de 2022, dispuso su aplicación en aquellas decisiones que se
adopten en sede de revisión para garantizar el derecho a la igualdad y el principio
de seguridad jurídica, entre los sujetos a quienes se les ha vulnerado un derecho
fundamental a partir de las mismas circunstancias, por lo que deben existir las
mismas condiciones para su garantía.

Así mismo, la Corte Constitucional resolvió inaplicar por inconstitucional el artículo
11 transitorio del Acuerdo PCSJA24-12162 de 9 de abril de 2024, que prevé la
categoría de tarjeta profesional provisional para los destinatarios de la Ley 1905 de
2018, toda vez que encontró imposible satisfacer los requisitos establecidos por la
ley, por las circunstancias en que se encontraba, esto es, sin estar implementado el
examen de Estado, lo que produjo consecuencias contrarias a la Constitución
Política.

En ese contexto, la Corte Constitucional ordenó al Consejo Superior de la Judicatura
expedir a los accionantes la tarjeta profesional de abogado con carácter definitivo y
sin la exigencia de aprobación del Examen de Estado previsto en la Ley 1905 de
2018, así como a las personas cobijadas con los efectos inter pares, por cuanto
dicho grupo solicitó la tarjeta profesional con el cumplimiento de todos los requisitos
aplicables en ese momento para obtener la misma con carácter permanente y no
bajo el entendido que era provisional y condicionada a la presentación de un
examen que no se había implementado.

Órdenes que consideró deben cumplirse frente a: “(i) todas aquellas personas
graduadas del pregrado en Derecho y destinatarias de la Ley 1905 de 2018 a quienes el
Consejo Superior de la Judicatura hubiere expedido tarjeta profesional provisional y que
presentaron la solicitud de tarjeta antes de las cero horas (0:00) del 26 de diciembre
de 2023, fecha en la cual dicha entidad abrió las inscripciones para la primera aplicación
del Examen de Estado, y (ii) todas las personas graduadas del pregrado en Derecho y
destinatarias de la Ley 1905 de 2018 que presentaron la solicitud de tarjeta profesional
antes de las cero horas (0:00) del 26 de diciembre de 2023, siempre y cuando satisfagan
los demás requisitos vigentes para la expedición de la tarjeta profesional”.

A lo anterior, agrego que “la situación es distinta, en cambio, frente a las personas
destinatarias de la Ley 1905 que presentaron la solicitud de tarjeta profesional a partir
del 26 de diciembre de 2023”, puesto que desde esa oportunidad el Consejo Superior
de la Judicatura habilitó la inscripción para la primera convocatoria del examen,
activando la posibilidad de cumplimiento del requisito y, con ello su exigibilidad, por
lo cual los efectos inter pares no les resultan aplicables a estas personas.

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Radicación: 11001-03-15000-2025-00464-00
Demandante: Cristhian David Mendoza Ruiz

Por último, la Corte Constitucional ordenó al Consejo Superior de la Judicatura que,
“si al 30 de mayo de 2024 no se ha llevado a cabo la aplicación de la primera prueba del
Examen de Estado, deberá expedir la tarjeta profesional definitiva a todas las personas
admitidas como inscritas al examen, siempre y cuando satisfagan los demás requisitos
vigentes para la expedición de la tarjeta profesional. Esto, en el evento en que la no
realización del examen sea atribuible a las entidades a cargo de su aplicación”.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El señor Cristhian David Mendoza Ruiz interpuso acción de tutela contra el
Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, con el fin de que se acceda al amparo constitucional de sus
derechos fundamentales a la libre elección y ejercicio de la profesión, igualdad,
trabajo y dignidad humana, los cuales considera vulnerados por la falta de
expedición de la tarjeta profesional de abogado, supeditada a la presentación del
examen de Estado previsto en la Ley 1905 de 2018.

El accionante sostuvo que el examen de idoneidad es un requisito nuevo para
ejercer la profesión de abogado, que ha retrasado a muchos profesionales que, a
pesar de contar con los demás requisitos académicos para ejercer, no lo pueden
hacer hasta superar la prueba. A ello agregó que la decisión administrativa
contenida en la Resolución No. 12965 de 12 de noviembre de 2024, por la cual se
negó la expedición de la tarjeta profesional, y su confirmatoria la Resolución No.
15018 de 27 de diciembre de 2024, vulneran sus garantías ius fundamentales, ya
que el año anterior se expedían tarjetas profesionales con carácter provisional
condicionadas a la presentación del examen de Estado dispuesto en la Ley 1905 de
2018 y conforme a lo señalado en el artículo 11 del Acuerdo PCSJA24-12162.

4.2. Descendiendo al caso bajo examen, la Sala encuentra que la acción de tutela,
en este caso en específico, cumple con el requisito de subsidiariedad, conforme a
la valoración realizada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-128 de 2024.
Ello debido a que lo pretendido por el demandante recae en la expedición de la
tarjeta profesional con carácter definitivo, supeditada a la presentación del examen
de Estado previsto en la Ley 1905 de 2018, conforme a lo dispuesto en el artículo
11 del Acuerdo PCSJA24-12163 de 9 de abril de 2024, y a los efectos inter pares
fijados por el Tribunal Constitucional en la sentencia de unificación referida.

Así las cosas, la Sala advierte que en virtud de la Ley 1905 de 28 de junio de 2018,
se dispuso que para ejercer la profesión de abogado el graduado debía acreditar
por certificación la aprobación del examen de Estado que, para tal efecto, realice el
Consejo Superior de la Judicatura, requisito aplicable a quienes hayan iniciado la
carrera de derecho con posterioridad a la promulgación de la norma en comento.

De las pruebas allegadas al asunto, se evidencia que el 28 de octubre de 2024, el
accionante obtuvo el título de abogado otorgado por la Unidad Central del Valle del
Cauca, según consta en el acta de grado No. 634. En razón a lo anterior, el mismo
día solicitó la expedición de la tarjeta profesional de abogado, a través del aplicativo
SIRNA, la cual fue negada mediante Resolución No. 12965 de 22 de noviembre de
2024, en la que se le indicó lo siguiente:

“Que esta Unidad, al efectuar el proceso de verificación y cotejo de los documentos
adjuntados, con la información reportada por la institución de educación superior de
grado en el sistema de información del Registro Nacional de Abogados –SIRNA–,
evidenció que inició la carrera de derecho el 21 de enero de 2019, por lo cual, le
aplica la Ley 1905 de 2018.

Que se constató que Cristhian David Mendoza Ruiz, no presentó el examen de
Estado dispuesto por la Ley 1905 de 2018 (Aplicación 2024 – I).
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En virtud de lo expuesto, no es procedente la expedición de la tarjeta profesional de
abogado, por cuanto, la Ley 1905 de 2018 y el Acuerdo PCSJA24-12162 de 2024
establecen como requisito la aprobación del examen de Estado, el cual no se
cumplió en el caso en concreto”.

Contra la anterior decisión, el 6 de diciembre de 2024 el accionante interpuso
recurso de reposición que fue desatado por medio de la Resolución No. 15018 de
27 de diciembre de 2024, en la que le informó que:

“Al respecto de la solicitud de la tarjeta provisional, esta unidad aclara que solo
existe un tipo de tarjeta profesional de abogado. Para los destinatarios de la Ley
1905 de 20183, se había dado la posibilidad de solicitar la mencionada tarjeta sin
la acreditación del Examen de Estado, la cual llevaría la denominación de
“provisional” y tendría vigencia hasta la publicación de resultados finales de la
primera prueba. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante la sentencia SU-
128 de 2024, ordenó la inaplicación del mencionado artículo, razón por la cual esta
unidad no emite tarjetas provisionales.

En cuanto a la afectación del derecho al trabajo y ejercer la profesión de abogado,
resulta oportuno indicarle que de conformidad con el Decreto 196 del 1971 en
concordancia con la Ley 1905 de 2018, usted puede realizar el proceso de
inscripción de abogado ante el Registro Nacional de Abogados URNA, para de esta
manera poder ejercer la profesión, sin perjuicio de las excepciones establecidas.

Así mismo la Constitución Política en el art 26 permite que el Estado exija títulos de
idoneidad para el ejercicio de ciertas profesiones. Por lo tanto, como los requisitos
para la tarjeta profesional son específicos y propenden por el interés general y la
seguridad jurídica, no puede predicarse que la estricta aplicación de estos y su
exigencia a los solicitantes conculque el derecho al trabajo o al mínimo vital o que
por el contrario esto implique una carga excesiva para los ciudadanos”.

4.3. Al respecto, tal y como se dijo en las consideraciones jurídicas de esta decisión,
la Corte Constitucional en la sentencia SU-128 de 2024, analizó los Acuerdos
PCSJA22-11985 de 29 de agosto de 2022 que creó una tarjeta profesional
provisional, con vigencia hasta la publicación final de los resultados de la primera
prueba, el cual fue derogado por el Acuerdo PCSJA24-12162 de 9 de abril de 2024,
que también prevé la categoría de tarjeta profesional provisional y consideró que
existió una vulneración del derecho fundamental a escoger libremente y ejercer
profesión u oficio, así como al principio de confianza legítima, por la falta de
implementación oportuna del examen de Estado, a quienes comenzaron su carrera
con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1905 de 2018 y se encontraban
imposibilitados para presentar la prueba.

Según lo consideró la Corte Constitucional al efectuar el control de
constitucionalidad de la Ley 1905 de 2018 “La exigencia de títulos de idoneidad tiene,
pues, dos componentes: 1) el relativo a la formación profesional y 2) el que corresponde a
la certificación sobre la idoneidad. El primero implica el suministro y la adquisición de los
saberes propios que habilitan a una persona para ejercer una profesión. Esta tarea, en
principio, se confía o defiere a instituciones especializadas, pero en todo caso el Estado se
reserva la fijación de las condiciones en las que dichas instituciones pueden constituirse y
ejercer esta tarea. El segundo alude a la verificación de que la persona ha cumplido los
requisitos del programa de formación y, por consiguiente, es acreedora de un título de
idoneidad que permita el ejercicio de la profesión”.

Esa corporación judicial ordenó al Consejo Superior de la Judicatura expedir la
tarjeta profesional de abogado con carácter definitivo y sin la exigencia de
aprobación del examen de Estado previsto en la Ley 1905 de 2018, a “todas aquellas
personas graduadas del pregrado en Derecho y destinatarias de la Ley 1905 de 2018 a
quienes el Consejo Superior de la Judicatura hubiere expedido tarjeta profesional
provisional y que presentaron la solicitud de tarjeta antes de las cero horas (0:00) del 26 de
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diciembre de 2023, fecha en la cual dicha entidad abrió las inscripciones para la primera
aplicación del Examen de Estado, y (ii) todas las personas graduadas del pregrado en
Derecho y destinatarias de la Ley 1905 de 2018 que presentaron la solicitud de tarjeta
profesional antes de las cero horas (0:00) del 26 de diciembre de 2023, siempre y cuando
satisfagan los demás requisitos vigentes para la expedición de la tarjeta profesional”.

No obstante, para aquellos casos en los cuales las personas destinatarias de la Ley
1905 de 2018 que presentaron la solicitud de la tarjeta profesional con posterioridad
al 26 de diciembre de 2023, expresó que no les resultaba aplicables los efectos
dispuestos en esa decisión, comoquiera que desde tal oportunidad se habilitó la
inscripción a la primera convocatoria del examen, lo que condujo a que se activara
la posibilidad del cumplimiento del requisito -presentación del examen de Estado-,
y su exigibilidad para la expedición de la tarjeta profesional con carácter definitivo.

En esa medida, no le asiste razón al accionante cuando refiere que la decisión
administrativa por la cual se dispuso negar la expedición de la tarjeta profesional
de abogado con carácter provisional vulnera sus garantías ius fundamentales, pues
se recuerda que la en la sentencia de unificación la Corte Constitucional inaplicó
por inconstitucional el artículo 11 transitorio del Acuerdo PCSJA24-12162 de 9 de
abril de 2024, norma por medio de la cual se creó la tarjeta con carácter provisional
y, en ese orden de ideas, solo resulta aplicable la expedición de un documento
definitivo cuando se acredite la totalidad de los requisitos que, para el caso del
accionante, al encontrar que inició su carrera con posterioridad a la promulgación
de la Ley 1905 de 2018, le resulta exigible superar el examen de Estado.

Lo anterior, teniendo en consideración que al momento en que el demandante
obtuvo su título de abogado -28 de octubre de 2024-, ya se encontraba
implementado el examen de Estado, incluso se había realizado la primera jornada
-24 de mayo del mismo año-, por lo que el argumento de exigir la presentación y
superación de la prueba determinada en la Ley 1905 de 2018, para la expedición
de la tarjeta profesional es acertada.

Ahora bien, la Sala precisa que, en todo caso, el accionante cuenta con la
posibilidad de obtener la licencia temporal de conformidad con lo establecido en el
Decreto 196 de 1971 y el Acuerdo PSAA13-9901 de 2013.

En ese contexto, la Sala encuentra que al accionante no se le vulneraron los
derechos fundamentales alegados, por cuanto es destinatario de la Ley 1905 de
2018, debido a que comenzó la carrera de derecho con posterioridad a la
promulgación de la implementación del examen de Estado como requisito
condicionante para el ejercicio de la profesión de abogado, a lo que se agrega que
para el momento en el que elevó la solicitud de expedición de la tarjeta profesional
se encontraba habilitada la presentación de la prueba de Estado y no se encontraba
bajo el supuesto temporal precisado en la sentencia SU-128 de 2024.

Por las razones expuestas, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela
promovida por el señor Cristhian David Mendoza Ruiz, quien actúa en nombre
propio, en tanto no se demostró la vulneración alegada.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

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Radicación: 11001-03-15000-2025-00464-00
Demandante: Cristhian David Mendoza Ruiz

FALLA

Primero.- NEGAR las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor
Cristhian David Mendoza Ruiz, quien actúa en causa propia.

Segundo.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

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