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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00466-00

Fecha
13 de marzo de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00466-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida por la señora Marianela Rivera Pérez. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Marianela Rivera Pérez Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 006 Radicado: 11001-03-15-000-2025-00466-00 SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-00466-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

13 de marzo de 2025

Demandante: Marianela Rivera Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 006
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00466-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00466-00
Demandante: MARIANELA RIVERA PÉREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, SALA DE
DECISIÓN 006

Temas: Tutela contra providencia judicial – Improcedencia por no
superar el requisito de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El 29 de enero de 20251, la señora Marianela Rivera Pérez, por medio de
apoderada judicial2, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Cauca, Sala de Decisión 006 con la que pretende el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de
justicia y al mínimo vital, en conjunto con el principio de legalidad.

La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la sentencia del 24 de octubre de 2024, proferida por la autoridad

1 La solicitud de amparo constitucional fue radicada en el buzón web del aplicativo de Tutelas y

Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
2 Índice 8 de Samai. Poder otorgado a la abogada Sandra Lorena Torres Torres mediante mensaje

de datos.

1

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Demandante: Marianela Rivera Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 006
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00466-00

judicial accionada, que modificó3, revocó4 y confirmó5 la providencia del 25 de abril
de 2022, dictada por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de
Popayán6 al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
interpuesto por la actora contra el Hospital Francisco de Paula Santander y la
Asociación Sindical Salud Medical del Cauca - Saludmedical, identificado con el
radicado 19001-33-33-006-2018-00236-00/01.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]

SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia del 210 del 24/10/2024,
proferida por el Sala de Decisión No. 006 del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
CAUCA, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

TERCERO: ORDENAR a la Sala de Decisión No. 006 del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, que, en el término de esta providencia, profiera
una nueva sentencia dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido en el que tenga en cuenta la prueba documental y testimonial obrante
en el plenario, especialmente los rendidos por la GLADYS MINA y NUBIA PRIETO
BAUTISTA, quienes trabajaron en el hospital demandado hasta el año 2013 y
2017, respectivamente, así mismo, donde se respete el derecho a la igualdad y el
precedente jurisprudencial decantado por el H. CONSEJO DE ESTADO y la
CORTE CONSTITUCIONAL en asuntos del Principio de primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales
aplicables a los auxiliares administrativos como la demandante7.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:

3 Los numerales 2°, 4° y 5°.
4 El numeral 3°.
5 Todo lo demás.
6 En la que se: i).Declaró la nulidad del acto ficto negativo derivado del silencio administrativo en el

que incurrió el Hospital Francisco de Paula Santander, al no dar contestación a la petición realizada
por la señora Rivera Pérez; ii). Declaró que entre el 3 de mayo de 2010 hasta el 1° de enero de
2017 existió una relación laboral entre los extremos procesales; iii). Condenó al Hospital Francisco
de Paula Santander al pago de las prestaciones sociales a las que tenía derecho la señora Rivera
Pérez; iv). Reconoció los aportes patronales a la seguridad social correspondiente a los extremos
temporales de la relación laboral; v). Declaró probada la excepción de prescripción extintiva del
derecho al pago de salarios y acreencias prestacionales durante los periodos con anterioridad al 2
de febrero de 2015; vi). Condenó a la parte demandada a tomar el IBC pensional de la actora dentro
de los periodos indicados debidamente indexados y determinar mes a mes.
7 Transcripción literal que puede contener errores.

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Demandante: Marianela Rivera Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 006
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00466-00

La señora Marianela Rivera Pérez laboró en el Hospital Francisco de Paula
Santander desde el 24 de noviembre de 2008 hasta el 30 de abril de 2010,
vinculación que se realizó a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado
Coopresalud liquidada. Al interior de la E.S.E. se desempeñó como archivadora
en gestión documental, atención al usuario SIAU, secretaria de la Subgerencia
Administrativa, facturadora en consulta externa y urgencia, entre otros.

De igual forma, estuvo vinculada con el hospital de las siguientes formas:

• Entre el 1° de mayo de 2010 y el 2 de agosto del mismo año, mediante
contrato de prestación de servicios.
• Entre el 3 de agosto de 2010 y el 15 de agosto de 2011, por medio de la
Cooperativa de Trabajo Asociado Coenpaz liquidada.
• Entre el 16 de agosto de 2011 y el 31 de enero de 2017, por medio de
contrato de prestación de servicios.
• Entre el 1° de febrero de 2017 hasta el 31 de diciembre del mismo año, a
través de la Asociación Sindical Salud Medical del Cauca.

El 2 de febrero de 2018, solicitó al Hospital Francisco de Paula Santander el
reconocimiento de la relación laboral y el pago de prestaciones sociales, sin
embargo, no recibió respuesta.

Por lo tanto, la señora Rivera Pérez instauró demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Hospital Francisco de
Paula Santander y la Asociación Sindical Salud Medical del Cauca – Saludmedical,
con el fin de que se declarara la nulidad del acto ficto negativo y se le pagaran las
prestaciones sociales a las que tenía derecho.

En primera instancia, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de
Popayán en providencia del 25 de abril de 2022, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y resolvió lo siguiente:

“PRIMERO. –Declarar la nulidad del acto ficto negativo derivado del silencio
administrativo en el que incurrió el Hospital Francisco de Paula Santander, al no
dar contestación a la petición realizada por la señora MARIANELA RIVERA
PÉREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.062.293.276, de fecha 02 de
febrero de 2018, por cuanto negó el reconocimiento de la existencia de una
relación laboral.

SEGUNDO. -Declarar que, entre el 03 de mayo de 2010 hasta el 1 de enero de
2017, entre la señora MARIANELA RIVERA PÉREZ y el HOSPITAL FRANCISCO
DE PAULA SANTANDER E.S.E, existió una relación laboral.

TERCERO. -Como consecuencia de la declaración anterior, y a título de
restablecimiento del derecho, CONDENAR al HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER al pago de las prestaciones sociales a las que tiene derecho la

3

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Demandante: Marianela Rivera Pérez
Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 006
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00466-00

señora MARIANELA RIVERA PEREZ, de conformidad con lo establecido en la
parte motiva de esta decisión.

Las sumas que resulten de la condena anterior se actualizarán de acuerdo a la
fórmula señalada en la parte motiva de esta providencia, de conformidad con el
artículo 187 del C.P.A.C.A.

CUARTO. –Reconocer los aportes patronales a la seguridad social
correspondiente a los extremos temporales de la relación laboral entre la señora
MARIANELA RIVERA PÉREZ y el HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER E.S.E, por los periodos de 03 de mayo de 2010 hasta el 31 de enero
de 2017.

QUINTO. -Declarar probada la excepción de prescripción extintiva del derecho al
pago de salarios y acreencias prestacionales durante los periodos arriba
relacionados causados con anterioridad al 02 de febrero de 2015. EXCEPTO frente
a las cotizaciones a pensión, por tratarse de una prestación imprescriptible.

SEXTO. -Condenar al HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER E.S.E a
título de restablecimiento de derecho, a tomar el ingreso base de cotización o IBC
pensional de la actora dentro de los periodos indicados en esta providencia
debidamente indexados y determinar mes a mes y, si existe diferencia entre los
aportes realizados por la señora MARIANELA RIVERA PÉREZ, y los que se
debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por
concepto de aportes a pensión, solo en el porcentaje que le correspondía como
empleador. En caso de que el IBC resulte inferior al salario mínimo legal mensual
vigente para la fecha de los contratos, deberá ser el mínimo legal vigente para la
época.

SÉPTIMO. -La señora MARIANELA RIVERA PÉREZ, deberá acreditar las
cotizaciones que realizó al Sistema General de Seguridad Social en pensiones
durante el tiempo que estuvieron vigentes los referidos vínculos contractuales y,
en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra,
tendrá la carga de cancelar o complementar según el caso, el porcentaje que le
incumbía como trabajadora. Sumas que igualmente deberán ser indexadas.

OCTAVO. - Negar las demás pretensiones de la demanda.

Como fundamento, advirtió que los tres elementos de la relación laboral se
encontraron configurados, pues se infirió la subordinación y la dependencia de las
funciones ejercidas por la accionante, las cuales eran propias de la entidad
accionada, así como ejercidas dentro de las instalaciones del hospital, bajo las
órdenes indicadas y similares a las ejercidas por el resto del personal de planta.

De igual forma se encontró demostrado que la señora Rivera Pérez cumplía un
horario de 8 horas de lunes a viernes y, en ocasiones, sábados en la mañana,
dependiendo de las órdenes que recibía del jefe inmediato.

Ante la presentación del recurso de apelación por parte de ambos extremos
procesales, el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 006 en
sentencia del 24 de octubre de 2024, decidió:

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PRIMERO. - MODIFICAR los numerales SEGUNDO, CUARTO Y QUINTO de la
sentencia No. 050 del 25 de abril de 2022 proferida por el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Popayán, teniendo en cuenta las razones expuestas,
los cuales quedarán así:

“SEGUNDO. -Declarar que, entre el 3 de mayo de 2010 al 2 de julio de 2010, desde
el 16 de agosto de 2011 hasta el 31 de marzo de 2013, desde el 1 de julio de 2013
hasta el 31 de julio de 2013, desde el 19 de noviembre de 2013 al 31 de diciembre
de 2013, entre la señora MARIANELA RIVERA PÉREZ y el HOSPITAL
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER E.S.E, existió una relación laboral.

CUARTO. –Reconocer los aportes patronales a la seguridad social en pensiones
correspondiente a los extremos temporales de la relación laboral entre la señora
MARIANELA RIVERA PÉREZ y el HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER E.S.E, por los periodos en que se reconoció la relación laboral.

QUINTO. -Declarar probada la excepción de prescripción extintiva del derecho al
pago de salarios y acreencias prestacionales durante todos los periodos en que se
reconoció la relación laboral EXCEPTO frente a las cotizaciones a pensión, por
tratarse de una prestación imprescriptible.

SEGUNDO. – REVOCAR el numeral TERCERO de la sentencia No. 050 del 25 de
abril de 2022 proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de
Popayán, según las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO. - CONFIRMAR en todo lo demás el fallo apelado.

Al respecto, el tribunal encontró que se hallaban presentes en el caso de la señora
Rivera Pérez los elementos de la relación laboral, en atención a que la prestación
del servicio era personal, recibía una remuneración por el trabajo cumplido y existía
subordinación, pues el desarrollo de actividades estaba supeditado al
cumplimiento de las propias necesidades de la entidad con la finalidad de llevar a
cabo la prestación del servicio de salud encomendado a la accionante. Lo anterior,
respecto de los siguientes periodos de tiempo:

• 3 de mayo de 2010 hasta el 2 de julio de 2010.
• 16 de agosto de 2011 hasta el 31 de marzo de 2013.
• 1° de julio de 2013 hasta el 31 de julio de 2013.
• 19 de noviembre de 2013 al 31 de diciembre de 2013.

No obstante, sobre los interregnos entre cada uno, se señaló que operó el
fenómeno de prescripción.

Dicha decisión fue notificada electrónicamente el 7 de noviembre de 2024.

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1.4. Fundamentos de la vulneración

La apoderada de la parte accionante alegó que el Tribunal Administrativo del
Cauca, Sala de Decisión 006 incurrió en los siguientes yerros al interior del fallo
del 24 de octubre de 2024:

Defecto fáctico: La sentencia desconoció el acervo probatorio y realizó una
valoración arbitraria, pues el tribunal accionado no analizó sistemáticamente las
pruebas testimoniales y documentales recaudadas, a partir de las cuales sí era
factible inferir la acreditación de la subordinación como elemento esencial de la
relación laboral entre el 24 de noviembre de 2008 hasta el 31 de diciembre de
2017.

Afirmó que la autoridad judicial accionada desestimó los testimonios allegados al
proceso, como por ejemplo los de las señoras Gladys Mina y Nubia Prieto Bautista.
Al respecto, manifestó que:

[…] es desacertado que la sala afirme que las testigos no pueden dar fe de la
relacion laboral de la parte actora con el demandado hasta el año 2017,
especialemente con el testimonio de la señora NUBIA PRIETO BAUTISTA, pues
tal como quedó verificado, ella trabajó en el hospital hasta junio de 2017, además,
todos los demás testimonios fueron espontáneos, claros, contundentes,
coherentes y elocuentes para demostrar que la señora MARIANELA RIVERA
PEREZ recibía órdenes de funcionarios del Hospital, cumplía el horario impuesto
por la entidad, realizaba su trabajo en las instalaciones de la entidad y ejecutaba
actividades propias de su objeto social […].

Asimismo, mencionó que el material probatorio debió analizarse en conjunto, de
acuerdo con lo dictado por el artículo 176 del Código General del Proceso.
Específicamente, señaló las siguientes pruebas:

• Certificación expedida por la E.S.E. el 13/02/2017, en la que constaba que
la accionante trabajó para el hospital entre el 03/05/2010 y el 31/01/2017,
en modalidad de prestación de servicios.
• Comunicado de la Asociación Sindical Salud Medical del Cauca en el que
le indicaban a la demandante que a partir del 01/02/2017 había sido
seleccionada para prestar sus servicios personales en el hospital, de
conformidad con un contrato sindical firmado.
• Certificación del 28/12/2017 donde la Asociación Sindical Salud Medical del
Cauca indicó que la señora Rivera Pérez prestó sus servicios entre el
01/02/2017 hasta el 28/12/2017, como auxiliar de apoyo de facturación del
hospital.
• Desprendible de nómina de la asociación sindical del mes de diciembre de
2017, donde se especificó que le fueron pagados los 30 días laborados en
el mes de diciembre a la señora Rivera Pérez.

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• Relación de los contratos celebrados entre la E.S.E. y la accionante entre
el mes de mayo de 2010 hasta el 31/01/2017.
• Cuadro de turnos del Hospital Francisco de Paula Santander donde se
encontraba la programación de actividades, los horarios de trabajo y turnos.

Por otro lado, sostuvo que el tribunal se extralimitó al estudiar el fenómeno de la
prescripción de los años 2013 y subsiguientes, vulnerando el principio de
limitación, dado que solamente debió centrarse en lo alegado por el apelante.

Desconocimiento del precedente8: El Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de
Decisión 006 se equivocó al referenciar como sustento de sus argumentos la
sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B con radicado
08001-23-33-000-2014-00038-01, dado que la situación analizada al interior de
ese caso no guardaba similitud fáctica con los hechos, pues la actora se
desempeñaba como auxiliar administrativa y el accionante del otro asunto como
contador.

Por el contrario, manifestó que se le debieron aplicar providencias en las que se
estudiaran casos de contrato realidad en los que las accionantes fueran auxiliares
administrativas de facturación, como en los fallos dictados por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, con radicados 50001-23-33-000-2010-
00606-01 y 81001-23-33-000-2013-00041-01.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Mediante auto del 20 de febrero de 2025, la magistrada ponente admitió la
demanda de tutela, ordenó notificar a la parte demandante9 y, como parte
demandada, al Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 00610.

Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso, al Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E.11, a la
Asociación Sindical Salud Medical del Cauca – Saludmedical12 y al Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Popayán13 que conformaron el extremo
pasivo y el juez de primera instancia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

8 Si bien la actora presentó dichos argumentos como un defecto sustantivo, la Sala considera que

estos hacen referencia a un desconocimiento del precedente.
9 Índice 7 de Samai. La notificación se realizó al correo electrónico:
prestigiolegalasesores@gmail.com.
10 Índice 7 de Samai. Fue notificado en los buzones web: stadmcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co

y sgtadmincau@notificacionesrj.gov.co.
11 Índice 7 de Samai. Se notificó al correo procesosjudiciales@hfps.gov.co.
12 Índices 18 y 19 de Samai. Se notificó personalmente a los correos: asossud@hotmail.com y :

saludmedicaldelcauca@gmail.com.
13 Índice 7 de Samai. Se notificó a: j06admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co.

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1.6. Intervención

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentó la
siguiente:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 006

En documento allegado el 25 de febrero de 2025, el magistrado ponente de la
decisión enjuiciada se opuso a las pretensiones de la acción tutelar y solicitó que
fueran desestimadas, dado que la totalidad del contenido de la providencia se
ajustó a las previsiones normativas y jurisprudenciales aplicables.

Expuso que la presunta vulneración de garantías fundamentales advertida por la
accionante correspondía a una mera inconformidad con la sentencia proferida, por
lo que buscaba reabrir el debate ya zanjado respecto de una situación que
resultaba desfavorecedora para sus intereses.

Adicionalmente, agregó que «[F]rente a las funciones desarrolladas por la accionante
de Auxiliar de archivo la Sala tuvo en cuenta jurisprudencia aplicable para este tipo de
funciones, por lo que no es cierto que se hayan tenido en cuenta sentencias proferidas
por el Consejo de Estado que no guardaban relación con los presupuestos fácticos objeto
de debate».

Pese a que el Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E., la Asociación
Sindical Salud Medical del Cauca – Saludmedical y el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Popayán fueron notificados en debida
forma, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por
la señora Marianela Rivera Pérez de conformidad con lo dispuesto por los artículos
86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5. °
del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1. º del
Decreto 333 de 2021, por cuanto esta se dirige contra el Tribunal Administrativo
del Cauca, Sala de Decisión 006.

2.2. Problemas jurídicos

Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

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• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad
adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 006 incurrió en los
defectos fáctico y por desconocimiento del precedente al interior de la
sentencia del 24 de octubre de 2024?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y si es
procedente; (iii) el estudio del caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201214
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema15 y declaró su
procedencia16.

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. María Elizabeth García

González, Sentencia 31.07.12, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
15 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
16 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

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Demandante: Marianela Rivera Pérez
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incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.4.1. Relevancia constitucional

Para el caso en concreto, la Sala anticipa que declarará la improcedencia de la
presente acción de tutela por carecer de relevancia constitucional, puesto que no
cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-
215 de 202217.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen
relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces
de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico,
pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de
su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.

17 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 006
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00466-00

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal18 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico19; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional20.

[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva
de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal21”. En este
orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la
solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales22”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto23, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria
o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,

18 Sentencia SU-573 de 2019.
19 Sentencia SU-103 de 2022.
20 Sentencia SU-103 de 2022.
21 Sentencia SU-103 de 2022.
22 Sentencia SU-128 de 2021.
23 Sentencia SU-573 de 2019.

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ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal24. (Resaltado de la Sala)

2.5. Caso concreto

La señora Marianela Rivera Pérez alegó que se vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de
justicia y al mínimo vital, en conjunto con el principio de legalidad, con ocasión de
la sentencia del 24 de octubre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del
Cauca, Sala de Decisión 006 que, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico y por
desconocimiento del precedente.

Respecto al primer yerro, la parte actora argumentó que no se realizó un análisis
sistemático del material probatorio del cual era posible advertir la acreditación de
los elementos de una relación laboral entre el 24 de noviembre de 2008 hasta el
31 de diciembre de 2017. Entre las pruebas obrantes en el proceso, fueron
señaladas las siguientes:

• Testimonio de las señoras Gladys Mina y Nubia Prieto Bautista de los cuales
se podía inferir el horario impuesto por la E.S.E., el trabajo que debía
realizar en las instalaciones y las órdenes que recibía.
• Certificación expedida por la E.S.E. el 13/02/2017, en la que constaba que
la accionante trabajó para el hospital entre el 03/05/2010 y el 31/01/2017,
en la modalidad de prestación de servicios.
• Comunicado de la Asociación Sindical Salud Medical del Cauca en el que
le indicaban a la demandante que a partir del 01/02/2017 había sido
seleccionada para prestar sus servicios personales en el hospital, de
conformidad a un contrato sindical firmado.
• Certificación del 28/12/2017 donde la Asociación Sindical Salud Medical del
Cauca indicó que la señora Rivera Pérez prestó sus servicios entre el
01/02/2017 hasta el 28/12/2017, como auxiliar de apoyo de facturación del
hospital.
• Desprendible de nómina de la asociación sindical del mes de diciembre de
2017, donde se especificó que le fueron pagados los 30 días laborados en
el mes de diciembre a la señora Rivera Pérez.
• Relación de los contratos celebrados entre la E.S.E. y la accionante entre
el mes de mayo de 2010 hasta el 31/01/2017.
• Cuadro de turnos del Hospital Francisco de Paula Santander donde se
encontraba la programación de actividades, los horarios de trabajo y turnos.

24 Ibid.

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Sobre el desconocimiento del precedente, sostuvo que el tribunal utilizó una
sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B25 para hacer
referencia a la necesidad de la copia de los contratos en los procesos para probar
los elementos de la relación laboral, no obstante, dicho caso no guardaba similitud
fáctica con el suyo; razón por la que se le debió aplicar otros precedentes26.

La Sala considera necesario aclarar que, si bien el Tribunal Administrativo del
Cauca, Sala de Decisión 006 reconoció la existencia de un contrato realidad entre
el Hospital Francisco de Paula Santander y la señora Marianela Rivera Pérez, solo
lo tuvo por probado en los periodos entre el 3 de mayo de 2010 al 2 de julio de
2010, desde el 16 de agosto de 2011 hasta el 31 de marzo de 2013, desde el 1º
de julio de 2013 hasta el 31 de julio de 2013, desde el 19 de noviembre de 2013 al
31 de diciembre de 2013.

Ahora bien, respecto a los demás tiempos, la autoridad judicial accionada señaló
lo siguiente:

1º de enero de 2014 al 31 de enero de 2017

No se aportaron copias de los contratos de prestación de servicios suscritos, por
lo que no fue posible verificar las actividades realizadas, los honorarios pactados,
el plazo y demás condiciones contractuales.

Si bien se allegó la relación de egresos de la E.S.E. en favor de la accionante
desde el mes de mayo de 2010 a diciembre de 2016, las mismas no fueron
continuas.

Se evaluó certificación del hospital donde se indicó que la señora Rivera Pérez
prestó sus servicios mediante contratos de prestación de servicios desde el 3 de
mayo de 2010 hasta el 31 de enero de 2017, no obstante, no detalló el objeto, las
actividades, plazo u honorarios pagados.

24 de noviembre de 2008 al 30 de abril de 2010

Se valoró certificación de Coenpaz donde se señalaba que la actora fue
trabajadora asociada desde el 3 de agosto de 2010 hasta el 31 de agosto de 2011,
desempeñándose como auxiliar de archivo. Igualmente se observó cuadro de
turnos del mes de febrero de 2010, pero no se refirió que los servicios prestados
hubieran sido en el Hospital Francisco de Paula Santander. Al respecto, el tribunal
sostuvo que:

25 Radicado 08001-23-33-000-2014-00038-01.
26 Radicados 50001-23-33-000-2010-00606-01 y 81001-23-33-000-2013-00041-01.

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[…] del periodo comprendido entre el 24 de noviembre de 2008 al 30 de abril de
2010 no se allegaron copia de los contratos de prestación de servicios con los
cuales se identifique las condiciones en que se acordó la prestación de servicios,
y en el evento en que hubieran sido suscritos mediante Cooperativas de Trabajo
se logrará identificar que tales contratos eran pagados con recursos de la entidad
demandada, a la cual la accionante alega prestó sus servicios, situación que no se
demuestra en el plenario, pues con el cuadro de turnos y certificación expedidas
por una Cooperativa de Trabajo no es posible afirmar que la accionante hubiera
estado contratada, así sea mediante la figura de tercerización para prestar sus
servicios a la entidad demandada.

1º de febrero de 2017 al 28 de diciembre de 2017

Se valoró certificación expedida por la Asociación Sindical Salud Medical del
Cauca, en la que se aseguró que la accionante tenía un acuerdo sindical y
prestaba sus servicios como auxiliar de facturación en el Hospital Francisco de
Paula Santander con una compensación mensual.

Igualmente, se evaluó el oficio del 1º de febrero de 2017 dirigido por la asociación
a la señora Rivera Pérez donde se le informaba que había sido seleccionada para
hacer parte del grupo de asociados que ejecutarían actividades en el hospital con
un plazo de 3 meses.

Sobre dichas pruebas, el tribunal accionado consideró que presentaban
inconsistencias, dado que: «[…] por un lado una Asociación Sindical certifica que la
accionante prestó sus servicios desde el 1 de febrero de 2017 hasta el 28 de diciembre
de 2017 y mediante otro oficio calendado el 18 de diciembre de 2017 le informa a la actora
que fue suspendida de sus actividades. Asimismo, otra Asociación Sindical, mediante
documento indica que la accionante prestó sus servicios, según las actividades
contratadas por la demandada desde el 1 de febrero de 2017 por el término de 3 meses,
existiendo contrariedad entre los mismos periodos de tiempo que certifican dos
Organizaciones sindicales diferentes».

Acerca de los testigos escuchados en las diligencias, se expuso que prestaron sus
servicios hasta antes de 2017, por lo que con estas declaraciones no se podía dar
cuenta del desempeño de las funciones de la actora durante el periodo de tiempo
estudiado.

Sobre la valoración de los medios de prueba o la normativa que soporta la decisión,
es preciso mencionar que es un ejercicio intelectivo en el que el juez, aplicando
las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia, determina el valor
que asigna a cada prueba y escoge la norma que resulta aplicable al caso
concreto. Lo cual, se encuentra cobijado por la independencia y autonomía que
gozan las autoridades judiciales, por lo que, salvo casos excepcionalísimos, no es
viable su reproche en este trámite judicial.

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Por lo tanto, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones vía acción de
tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el debate
planteado por la accionante busca mutar el amparo constitucional en una tercera
instancia.

Desde el ámbito argumentativo, los reparos que son expuestos en el escrito
introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías y hacer un uso de
lenguaje de carácter constitucional, no exponen con suficiencia razones de peso
que justifiquen la intromisión del juez constitucional. Máxime cuando no se
observa, a primera vista, la vulneración de los derechos fundamentales por parte
de la autoridad judicial accionada.

De igual forma, no se evidencia una carga argumentativa mínima en cuanto a las
sentencias citadas como inaplicadas por el tribunal, pues no se indicó siquiera la
razón por la cual debió realizarse el mismo análisis y, por ende, proferir una
decisión en igual sentido.

Además, se destaca que la providencia acusada de contener situaciones fácticas
distintas al caso de la señora Rivera Pérez solamente fue utilizada por el tribunal
para explicar la importancia de la prueba de los contratos suscritos entre las partes
en procesos donde se busca declarar una relación laboral, más no se estaba
refiriendo puntualmente al asunto analizado en aquella instancia.

En consecuencia, la controversia propuesta en el escrito de tutelar no es un debate
cuya solución sea competencia del presente juez constitucional. En efecto, la
problemática propuesta obedece a un asunto probatorio en el marco de una
inconformidad de la parte actora con respecto a la decisión adoptada por el juez
que conoció de la causa.

Por las razones expuestas, se declarará la improcedencia de acción de tutela
porque no se encontró satisfecho el requisito de relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida
por la señora Marianela Rivera Pérez.

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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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