Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00470-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00470-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00470-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
7 de marzo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00470-00
Demandante: Alejandro Escobar Betancur y otra
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00470-00
Demandante: ALEJANDRO ESCOBAR BETANCUR Y OTRA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA PARA CREACIÓN DE CARGOS EN UN DESPACHO JUDICIAL /
IMPROCEDENCIA - Esas medidas responden a decisiones administrativas que requieren un
estudio presupuestal y de planeación que escapa a la órbita de competencia del juez
constitucional / SUBSIDIARIEDAD – La parte accionante cuenta con otros mecanismos
ordinarios para reclamar la protección invocada por vía de tutela.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por los señores Alejandro Escobar
Betancur y Erika Fernanda Castelblanco Castro contra el Consejo Superior de la
Judicatura.
I. ANTECEDENTES
Las demandas
Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela
1. El 29 de enero de 20251, los señores Alejandro Escobar Betancur y Erika Fernanda
Castelblanco Castro interpusieron acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, a la
salud mental y a la desconexión laboral. Los actores pretenden lo siguiente
(transcripción textual):
Con fundamento en los hechos narrados y las consideraciones expuestas
solicitamos que seamos tratados en igualdad de condiciones laborales como
los despachos incluidos en el acuerdo PCSJA25-12258 del 24 de enero de
2025 y, en consecuencia, se designe un presupuesto para la creación de un
cargo transitorio y/o permanente de Oficial Mayor o Sustanciador Municipal
en los Juzgados Penales Municipales con Función de Control de Garantías
de Medellín a partir del año en curso.
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Se advierte que el 21 de febrero de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
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Demandante: Alejandro Escobar Betancur y otra
2. Los señores Alejandro Escobar Betancur y Erika Fernanda Castelblanco Castro
prestan sus servicios en el Juzgado Doce Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Medellín, como secretario y oficial mayor, respectivamente.
3. Manifestaron que, con posterioridad a la pandemia, el despacho experimentó un
incremento considerable en el reparto, en especial de tutelas e incidentes de desacato,
lo que ocasiona una sobrecarga laboral.
4. Con el fin de mermar dicho exceso de trabajo y contribuir a la descongestión, el
Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo PCSJA24-12194 del 5 de julio
de 2024, creó en algunos despachos, incluido el Juzgado Doce Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Medellín, un cargo de oficial mayor o sustanciador
municipal, para el periodo comprendido entre el 8 de julio y el 31 de diciembre de 2024.
5. El Consejo Superior de la Judicatura no prorrogó la continuidad de la medida para
el 2025, ni dispuso la creación de cargos permanentes en los Juzgados Penales
Municipales con Función de Control de Garantías de Medellín, pese a las solicitudes e
insistencia del Consejo Seccional de Judicatura, que advirtió sobre la congestión, la
sobrecarga laboral existente en esta especialidad y otros muchos aspectos negativos
que hacen indispensable la adopción de una medida definitiva.
6. Mediante Acuerdo PCSJA25-12258 del 24 de enero de 2025, el Consejo Superior
de la Judicatura adoptó medidas transitorias en algunos despachos con altos ingresos
de tutelas y procesos de connotación nacional, entre ellas, la creación de cargos
transitorios (oficial mayor o sustanciador), a fin de aliviar la carga laboral.
7. El Juzgado Doce Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín
fue excluido de dicha medida, es decir, que no se creó cargo transitorio alguno, a pesar
de que cuenta con una carga significativa de trabajo igual que los otros despachos a
los que se benefició con el Acuerdo. La misma situación ocurrió con los Juzgados 2,
4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38,
39, 40, 41, 43, 49, 50 Penales con Funciones de Control de Garantías de Medellín.
8. En atención con lo anterior, los accionantes consideran que la medida desconoce
su derecho a la igualdad, porque no se les está dando el mismo trato que a los
juzgados que se beneficiaron con la creación del cargo transitorio; y, además,
reprochan que no se les está garantizando el trabajo en condiciones dignas y justas.
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Trámite impartido
9. Mediante auto del 11 de febrero de 2025, se admitió la acción de tutela y se ordenó
su notificación a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, como parte
demandada.
10. Como terceros con interés, se vinculó al presidente del Consejo Seccional de la
Judicatura de Antioquia y al titular del Juzgado Doce Penal Municipal con Función de
Control de Garantías de Medellín.
11. Así mismo, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado.
12. La directora de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo
Superior de la Judicatura solicitó que se declare improcedente el amparo, dado que
la tutela no es el mecanismo para solicitar la creación de cargos permanentes o
transitorios en la Rama Judicial, ni para invadir la órbita de competencias asignadas
al Consejo Superior de la Judicatura, por la Constitución Política y las Leyes 270 de
1996 y 2430 de 2024.
13. Aunado a lo anterior, adujo que la tutela incumple la exigencia de subsidiariedad,
toda vez que los accionantes señalan el Acuerdo PCSJA25-12258 del 24 de enero de
2025 «Por el cual se adoptan unas medidas transitorias en algunos tribunales,
juzgados y dependencias de apoyo a nivel nacional», como acto vulnerador de sus
garantías fundamentales, razón por la cual cuentan con el medio de control de nulidad
simple para controvertirlo, e incluso, durante el trámite, tienen la posibilidad de solicitar
la medida cautelar de suspensión de los efectos del mismo, mecanismo idóneo y
eficaz para salvaguardar las garantías que se invocan como vulneradas.
14. Recordó que le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura, dentro de su
autonomía, determinar qué medidas se pueden adoptar, conforme las necesidades a
nivel nacional y la limitante de recursos asignados para atender a todas las
especialidades; en consecuencia, al juez de tutela no le está permitido permear esa
órbita.
15. Explicó que, en esta oportunidad, la accionada en uso de su autonomía, teniendo
en cuenta los estudios adelantados y las facultades legales, mediante Acuerdo
PCSJA25-12258 del 24 de enero de 2025, adoptó una serie de medidas transitorias a
nivel nacional en la Jurisdicción Ordinaria, entre las cuales está la creación de cargos
transitorios en algunos Juzgados Penales Municipales con Función de Control de
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Garantías. Sin embargo, teniendo en cuenta las limitaciones fiscales, se realizó una
priorización de aquellos despachos con promedio mensual de ingresos de acciones
de tutela igual o superior a 50 acciones constitucionales.
16. Puntualizó que, a partir de la estadística consolidada de enero a septiembre del
2024 por parte de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, se verificó que el
Juzgado Doce Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín tuvo
un ingreso promedio de 37 acciones de tutela, razón por la cual, no se benefició de la
medida transitoria.
17. El presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia y el titular
del Juzgado Doce Penal Municipal con Función de Control de Garantías de
Medellín, pese a haber sido notificados en debida forma, guardaron silencio.
18. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino en esta
oportunidad.
II. CONSIDERACIONES
Problema jurídico
19. La Sala deberá examinar si el Consejo Superior de la Judicatura vulneró los
derechos fundamentales invocados por los señores Alejandro Escobar Betancur y
Erika Fernanda Castelblanco Castro, por no crear un cargo de oficial mayor o
sustanciador, permanente o transitorio, adscrito al Juzgado Doce Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Medellín, para efectos de aliviar la carga laboral y
contribuir a la descongestión, en especial en lo que atañe al reparto de tutelas e
incidentes de desacato.
Análisis de la Sala
20. Conforme a lo expuesto en los antecedentes, la Subsección advierte que con la
tutela de la referencia los accionantes buscan que se ordene al Consejo Superior de
la Judicatura que cree en los Juzgados Penales Municipales con Función de Control
de Garantías de Medellín, un cargo de oficial mayor o sustanciador, permanente o
transitorio, es decir, pretende que por esta vía el juez constitucional ordene a la
autoridad accionada la creación de empleos adscritos a los despachos judiciales en
mención.
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21. En ese orden de ideas, la tutela se torna improcedente, habida cuenta de que lo
pedido desborda el ámbito de competencia del juez constitucional, pues el artículo 257
de la Constitución Política2 dispone que es al Consejo Superior de la Judicatura al que
le corresponde la gestión de la Rama Judicial, con el fin de afianzar la autonomía
administrativa de la función pública de impartir justicia, para lo cual se le otorgó, entre
otras funciones, la de redistribución de los despachos, su creación, supresión y fusión
de cargos.
22. Estas facultades también se establecieron en el artículo 85 de la Ley 270 de 1996,
modificado por el artículo 35 de la Ley 2430 de 2024, asíꓽ
ARTÍCULO 85. FUNCIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA. Al Consejo Superior de la Judicatura le corresponde el ejercicio
de las siguientes funciones: (…)
12.- Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir
Tribunales, las Salas de éstos y los Juzgados, así como crear Salas
desconcentradas en ciudades diferentes de las sedes de los Distritos
Judiciales, de acuerdo con las necesidades de éstos. Para el efecto deberá
establecer un mecanismo de atención oportuna y eficaz de los requerimientos
formulados por los Juzgados y Tribunales, para su correcto funcionamiento.
13.- Determinar la estructura y planta de personal de las corporaciones
judiciales y los Juzgados. Para tal efecto podrá crear, suprimir, fusionar y
trasladar cargos en la Rama Judicial, determinar sus funciones y señalar los
requisitos para su desempeño que no hayan sido fijados por la Ley, previo
concepto de la Comisión Interinstitucional.
14.- Aprobar el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial, previo
concepto de la Comisión Interinstitucional.
15.- Aprobar el proyecto de presupuesto de la Rama Judicial que deberá
remitirse al Gobierno nacional, previo concepto de la Comisión
Interinstitucional.
16.- Aprobar anualmente el Plan de Inversiones de la Rama Judicial, previo
concepto de la Comisión Interinstitucional.
23. Para la creación de los referidos cargos se requiere, además, concepto previo de
la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, en los términos indicados en el
2 ARTÍCULO 257. <Texto original revivido según la Sentencia C-285-16> Con sujeción a la ley, el
Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes funciones:
1. Fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redistribuir los despachos judiciales.
2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta
atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones
que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.
3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los
relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación
de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos
no previstos por el legislador.
4. Proponer proyectos de ley relativos a la administración de justicia y a los códigos sustantivos y
procedimentales.
5. Las demás que señale la ley.
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numeral 3 del artículo 97 de la misma ley, modificado por el artículo 43 de la Ley 2430
de 20243.
24. En ese orden de ideas, el juez constitucional no puede autorizar u ordenar asignar
partidas en el presupuesto o un gasto público, pues primero deben cumplirse los
parámetros establecidos por el legislador, máxime cuando tales asignaciones deben
responder a estudios puntuales sobre la respectiva materia y ser sometidos a
consideración y discusión de las autoridades competentes, en ejercicio de la función
administrativa otorgada al Consejo Superior de la Judicatura por la Constitución y la
ley.
25. En otras palabras, al juez de tutela no le es permitido entrometerse o inmiscuirse
en las funciones de otras autoridades, pues desconocería sus atribuciones
constitucionales y legales, como también los procedimientos que en materia
presupuestal deben surtirse.
26. En ese sentido, la Sala pone de presente lo expuesto por la Sección Primera de
esta Corporación, en sentencia de 18 de marzo de 2021, en la que declaró
improcedente la tutela que pretendía ordenar al Consejo Superior de la Judicatura la
creación de cargos en la Rama Judicial, por las siguientes razones (transcripción
textual)4:
Al respecto, es del caso precisar que la acción de tutela se torna
improcedente, por cuanto no es el mecanismo idóneo y eficaz para que se
ordene al Consejo Superior satisfacer tales pretensiones, pues la creación
de cargos y/o plantas de personal están presididas por decisiones
administrativas que requieren un estudio presupuestal y de planeación, lo
cual no puede ser ordenado por el Juez Constitucional, pues ello afectaría la
libre configuración de la política pública, la autonomía administrativa de la
referida autoridad y generaría un gasto no planeado en el respectivo
presupuesto de la Rama Judicial.
En efecto, así lo señaló esta Corporación en sentencia de 6 de junio de 2019, en
un caso similar, en el que se pretendía la nivelación de plantas de personal y/o la
creación de algunos cargos en dos juzgados administrativos del Circuito de
Popayán. En dicha oportunidad, se dijo:
… Frente a la posible afectación de los derechos a la igualdad y al trabajo
alegados por los demandantes en relación a la nivelación de plantas de personal,
la Sala considera que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo y eficaz para
que se ordenen a las autoridades que administran la rama judicial la creación de
cargos.
La Sala estima que la creación de plantas de personal está mediadas o presididas
por decisiones administrativas complejas que requieren un estudio presupuestal y
3 ARTÍCULO 97. FUNCIONES DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA RAMA
JUDICIAL. Son funciones de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial: (…)
3.- Emitir concepto previo para el ejercicio de las facultades previstas en los numerales 1-c, 2, 12, 13,
14, 15 y 16 del artículo 85 de la presente ley, por parte del Consejo Superior de la Judicatura. (…).
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia 18 de marzo
de 2021, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón, exp. 110010315000202100765-00.
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de planeación detallado, el cual no puede ser ordenado por el juez constitucional,
en el marco de un proceso de tutela, pues ello afectaría la libre configuración de
la política pública y la autonomía del Consejo Superior de la Judicatura en su
diseño.
De lo anterior, se colige que frente a la pretensión de creación de cargos o nivelar
las plantas de personal de los juzgados administrativos del Circuito de Popayán,
resulta evidente que ello no se puede hacerse a través de la acción de tutela pues
ello supone una invasión de las competencias administrativas y generaría un gasto
no planeado en el respectivo presupuesto de la rama judicial. Al respecto la Corte
Constitucional ha señalado que “Está vedado al juez de tutela modificar las plantas
de personal (…), pues una decisión judicial que así lo previera supondría una
evidente invasión de competencias administrativas que además generaría un
gasto no incluido en el respectivo presupuesto”. […].
En suma, la pretensión de nivelación de plantas de personal de los Juzgados
Administrativos del Circuito de Popayán será declarada improcedente porque, por
un lado, el juez de tutela no puede invadir las competencias administrativas y
generar un gasto no planeado en el respectivo presupuesto de la rama judicial y,
por otro, no se acreditó que se haya agotado la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho frente al acto administrativo contenido en el oficio
UDAEO 17- 347 del 2017.
27. En conclusión, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo, por no ser
este el mecanismo idóneo y eficaz para ordenar la apropiación de partidas
presupuestales que permitan la creación y/o ampliación de las plantas de personal en
la Jurisdicción Ordinaria.
28. De otra parte, recuérdese que la acción de tutela procede cuando el interesado no
dispone de otro medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar la configuración de un perjuicio irremediable5.
29. De ahí que, a juicio de la Sala, la acción de tutela también se torne improcedente
porque la parte actora tiene a su alcance el medio de control de nulidad para que el
juez natural de la causa revise la legalidad del acto administrativo objeto de reproche.
La tutela no procede cuando el interesado deja de ejercer los mecanismos que el
ordenamiento jurídico ha previsto para proteger eficazmente los derechos
fundamentales en los procesos ordinarios.
30. Para la Sala, es claro que cualquier controversia suscitada por la expedición del
acto administrativo en comento debe ventilarse ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, a través del medio de control de nulidad, para que sea el juez natural
de la causa quien determine la legalidad o no de la decisión cuestionada.
31. Bajo las anteriores consideraciones, la Sala declarará la improcedencia del amparo
reclamado.
5 En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio
irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.
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Demandante: Alejandro Escobar Betancur y otra
32. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por los señores
Alejandro Escobar Betancur y Erika Fernanda Castelblanco Castro contra el Consejo
Superior de la Judicatura, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito y eficaz.
TERCERO. Si esta sentencia no se impugna, por Secretaría General, envíese a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del
Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite
validar su integridad y autenticidad en el enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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