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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00471-00

Fecha
14 de marzo de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00471-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Alveiro Antonio Martínez Berrío, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud y/o recurso contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 17. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00471-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

14 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D. C., 14 de marzo de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00471-00
Accionante: Alveiro Antonio Martínez Berrío
Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia que rechazó la demanda de
reparación directa, así como la providencia que confirmó el rechazo, dentro de un proceso
ejecutivo.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Alveiro Antonio
Martínez Berrío contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado 3
Administrativo de Cartagena.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 29 de enero de 2025, Alveiro Antonio Martínez Berrío, por medio de
apoderado, presentó una acción de tutela contra el Juzgado 3
Administrativo de Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido
proceso y acceso a la administración de justicia, con ocasión de los Autos
de 15 de enero y 24 de mayo de 2024, proferidos, respectivamente, por las
autoridades judiciales accionadas dentro del proceso ejecutivo No. 13001-
33-33-003-2015-00144-00/01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):

“4.1. Amparar los derechos fundamentales a la Igualdad, al Debido Proceso y
al Acceso A La Administración De Justicia de el (sic) señor ALVEIRO ANTONIO

1
Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00471-00
Accionante: Alveiro Antonio Martínez Berrío
Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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MARTÍNEZ BERRÍO vulnerados por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
de Cartagena y por el Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar.

4.2. Dejar sin efectos los autos proferidos por el Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito de Cartagena y por el Tribunal Contencioso Administrativo de
Bolívar dentro del expediente 13001-33-33-003-2015-00144-00, mediante los
cuales se rechazó la demanda ejecutiva.

4.3. Ordenar al el (sic) Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cartagena
que en el término que estime pertinente, adopte una nueva decisión dentro del
expediente 13001-33-33-003-2015-00144-00, ordenando librar el mandamiento
de pago, por haberse satisfecho los defectos de la inadmisión.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
identificaron los siguientes:

4. 1) Alveiro Antonio Martínez Berrío presentó una demanda, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra el
municipio de Pinillos - Bolívar, para que le fuera reconocida y pagada la
sanción moratoria correspondiente a la omisión en el pago de sus cesantías,
derivadas de su vinculación en el cargo de Profesional Universitario, adscrito
a la Secretaría de Salud del municipio.

5. 2) Mediante Sentencia de 8 de julio de 2016 (con fecha de ejecutoria
el 29 de julio de 2016), el Juzgado 3 Administrativo de Cartagena accedió a
las pretensiones de la demanda. Sin embargo, no se dio cumplimiento por
parte de la entidad demandada.

6. 3) El 9 de julio de 2021, Alveiro Antonio Martínez Berrío, a través de
apoderado, promovió ante el Juzgado 3 Administrativo de Cartagena,
demanda ejecutiva tendiente a la satisfacción de las obligaciones
contenidas en la Sentencia de 8 de julio de 2016.

7. 4) Por medio de Auto de 7 de septiembre de 2023, el juzgado inadmitió
la demanda2, y concedió el término de 10 días para que la parte ejecutante
subsanara los defectos señalados, so pena de rechazo.

8. 5) El Consejo Superior de la Judicatura dispuso suspender términos
judiciales en el territorio nacional, a partir del 14 y hasta el 20 de septiembre
de 20233, en virtud de las fallas de servicios tecnológicos por el ataque
cibernético; suspensión que luego fue prorrogada hasta el 22 de septiembre
de 20234. Así, los 10 días con que contaba el accionante para subsanar la

2 Los motivos de la inadmisión fueron: i) Falta de agotamiento de la conciliación prejudicial. Sobre este aspecto

consideró (se trascribe) “(…) la obligación cuyo pago se reclama en el asunto de la referencia, correspondiente
a la sanción moratoria por pago tardío de cesantía definitiva reconocida judicialmente al actor, no constituye una
acreencia laboral, sino una multa o penalidad económica que no retribuye el servicio prestado por ella ni
constituye una prerrogativa prestacional”. ii) Falta de estimación de la cuantía, para efectos de tener precisión y
claridad de las sumas exigibles; iii) No allegar poder especial conferido por el apoderado; y iv) no remitir la
demanda a todos los sujetos procesales.
3 Acuerdo PCSJA23-12089. “Por el cual se suspenden los términos judiciales en el territorio nacional”.
4 Acuerdo PCSJA23-12089/C3 de 2023 del Consejo Superior de la Judicatura.

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Accionante: Alveiro Antonio Martínez Berrío
Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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demanda iban desde el 11 hasta el 13 de septiembre de 2023 (3 días) y
desde el 25 de septiembre de 2023 hasta el 3 de octubre de 2023 (7 días).

9. 6) A través de memorial de 25 de septiembre de 2023, el apoderado
de la parte ejecutante radicó memorial de subsanación, con el que aportó
una solicitud de conciliación extrajudicial promovida ante las Procuradurías
Judiciales de Cartagena. Luego, el 18 de octubre de 2023, informó que tal
solicitud había sido admitida el 13 de octubre de 2023, por la Procuraduría
175 Judicial I para Asuntos Administrativos, y que la audiencia se iba a
celebrar el 21 de noviembre de 2023 a las 4:00 pm.

10. 7) El 22 de noviembre de 2023, el apoderado del señor Martínez Berrío
remitió la constancia que acreditaba el agotamiento de la conciliación.

11. 8) Mediante Auto de 15 de enero de 2024, el Juzgado 3 Administrativo
de Cartagena rechazó la demanda debido a que la parte ejecutante no
subsanó la omisión relacionada con la constancia de conciliación
extrajudicial solicitada, porque se allegó el 22 de noviembre de 2023,
cuando ya había vencido el término para subsanar5.

12. 9) Inconforme con dicha decisión, la parte ejecutante presentó
recurso de apelación, en el que argumentó que, efectivamente, se había
subsanado el incumplimiento del requisito de procedibilidad. Esto se hizo
con la solicitud a la Procuraduría para la conciliación prejudicial requerida,
ya que le resultaba materialmente imposible cumplir con dicho requisito
dentro del plazo establecido para subsanar la demanda, sin embargo, una
vez realizada la conciliación se presentó la constancia que acreditaba el
agotamiento de este. Además, sostuvo que, conforme con el artículo 47 de
la Ley 1551 de 2012, en los procesos ejecutivos de naturaleza laboral contra
municipios no se exigía la conciliación extrajudicial.

13. 10) Mediante Auto de 24 de mayo de 2024, notificado mediante
estado de 14 de noviembre, el Tribunal Administrativo de Bolívar confirmó la
decisión apelada. Determinó que le asistía razón al apelante sobre la no
exigibilidad de la conciliación extrajudicial en los procesos ejecutivos
adelantados contra municipios cuando la acreencia a reclamar es de
carácter laboral, no obstante, la obligación que se pretendía ejecutar no
tenía dicha connotación, pues se refería a una sanción o penalidad de
carácter económico que sancionaba la negligencia del empleador en la
gestión para reconocer y pagar las cesantías dentro del tiempo establecido
en la ley.

5 (Se trascribe) “no subsanó el yerro relacionado con la conciliación extrajudicial, la cual, además de haber sido

adelantada con posterioridad a la presentación e inadmisión de la demanda, esto es, el 25 de septiembre de
2023, la constancia fue expedida el 21 de noviembre de 2023 y aportada el 22 de noviembre de 2023, cuando ya
había vencido el término para subsanar la demanda”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00471-00
Accionante: Alveiro Antonio Martínez Berrío
Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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14. En consecuencia, reiteró que no se cumplió con el requisito, pues este
solo fue acreditado cuando se encontraba ampliamente vencido el término
para subsanar la demanda, además de expresar que este debió ser
agotado desde antes de la presentación de la demanda.

15. Como fundamento de la vulneración, la parte actora alegó que las
autoridades accionadas incurrieron en los defectos fáctico, sustantivo y
procedimental absoluto.

16. Señaló que se realizó una valoración contraevidente de la prueba de
agotamiento de la conciliación extrajudicial y se efectuó una interpretación
contra legem de los alcances del artículo 170 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), toda vez que,
de conformidad con lo allí dispuesto, solo puede ser motivo de rechazo la
renuencia del demandante a subsanar los yerros advertidos en el auto
inadmisorio.

17. Agregó que hubo un condicionamiento para subsanar la demanda
que era de imposible cumplimiento (agotar el trámite conciliatorio dentro
del término de 10 días) y, además, alegó el desconocimiento del
precedente jurisprudencial contenido en la Sentencia C-533 de 2013, bajo
el entendido de que en los procesos ejecutivos de naturaleza laboral que se
adelanten contra los municipios no es exigible la conciliación extrajudicial6.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados7

18. El Tribunal Administrativo de Bolívar sostuvo que en el auto de segunda
instancia que profirió contenía los argumentos que respaldaban la legalidad
de su decisión e indicó que en esta no se configuraban los defectos
invocados en la acción de tutela.

19. Consideró que el accionante empleaba la acción de tutela como
una tercera instancia, al apoyar su acción en argumentos que ya fueron
objeto de estudio y resolución. Con fundamento en un pronunciamiento de
la Corte Constitucional8, indicó que la competencia del juez de tutela se
restringía a asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva
de los derechos fundamentales y no a cuestiones de carácter legal.
Requisito que no se acreditó en el presente caso.

6 (se trascribe) “la misma no es aplicable a los procesos ejecutivos en contra de municipios que puedan tener por

objeto el reclamo de deudas laborales reconocidas, a los trabajadores susceptibles de ser cobradas mediante
proceso ejecutivo”.
7 Mediante Auto de 31 de enero de 2025, (1) se admitió la acción de tutela y se tuvo como accionados al Tribunal

Administrativo de Bolívar y al Juzgado 3 Administrativo de Cartagena. Asimismo, (3) se vinculó al Municipio de
Pinillos, como tercero con interés en el asunto.
8 Corte Constitucional, Sentencia SU-215 de 2022.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00471-00
Accionante: Alveiro Antonio Martínez Berrío
Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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20. Por lo expuesto, solicitó que se declarara la improcedencia de la
acción de tutela y en caso, de que se considerara procedente, se negaran
las pretensiones.

21. El Juzgado 3 Administrativo de Cartagena y el municipio de Pinillos,
pese haber sido notificados en debida forma9, guardaron silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio. 2.2. Procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial. 2.3. Conclusión.

2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio

22. La Sala se centrará en analizar los reparos invocados respecto del
Auto de 24 de mayo de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, pues, pese a que también se enjuició el Auto de 15 de enero de 2024,
proferido por el Juzgado 3 Administrativo de Cartagena, lo cierto es que,
con ocasión del recurso de apelación, la decisión del tribunal fue la que
resolvió de manera definitiva el litigio. Asimismo, ante una eventual decisión
favorable a las súplicas de amparo, será la autoridad que resolvió
definitivamente la controversia la encargada de dar cumplimiento a lo que
se ordene.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

23. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por no
superar el requisito de relevancia constitucional, por los motivos que pasan
a explicarse.

24. Para la Corte Constitucional, el requisito de relevancia constitucional
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional10.

25. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo

9 Índice 8 del aplicativo SAMAI.
10 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.

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Accionados: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto11; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con el objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario12 y (3) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad13.

26. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202314,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates
concluidos.

27. Bajo este entendido, la Sala estima que en el presente caso no se
cumplió con el mencionado requisito, porque la parte actora no sustentó
por qué el asunto es de relevancia constitucional, de manera que carece
de la carga argumentativa necesaria para su estudio, y, además, buscó
reabrir el debate que se dio en el proceso ordinario, respecto a la
subsanación de la demanda sobre el agotamiento del requisito de
procedibilidad con la conciliación extrajudicial.

28. La Sala evidenció que los argumentos propuestos sobre el
cumplimiento del requisito de procedibilidad no son más que una reiteración
de lo expuesto en el recurso de apelación15, aspectos sobre los cuales el
Tribunal Administrativo de Bolívar se pronunció de la siguiente manera:

“(...) Como el asunto bajo estudio, no se persigue el pago de en una obligación
de carácter laboral sino el pago de obligaciones contenidas en una sentencia
judicial en la que se reconoció una suma de dinero por concepto del

11 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer

elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena de rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional”.
12 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal

adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
13 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
14 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.

15
(se trascribe) “(…) El Auto a través del cual se rechaza la Demanda es CONTRAEVIDENTE: la Demanda fue
oportunamente subsanada con el acompañamiento del Expediente íntegro a través del cual se presentó la
solicitud de Conciliación Extrajudicial ante la Procuraduría General de La Nación. La Motivación de la Providencia
a través de la cual se rechaza la demanda simplemente denota la displicencia del despacho para asumir el
conocimiento de la presente demanda ejecutiva. // Al rechazar la demanda, el Juez Contencioso incurrió en un
desconocimiento del Precedente Constitucional, limitando el acceso a la Administración de Justicia del
Ejecutante: En aplicación a la Sentencia C-533 de 2013, el agotamiento de la Conciliación Prejudicial como
Requisito previo a adelantar la ejecución de Obligaciones contra los Municipios de la que trata el artículo 47 de la
Ley 1551 de 2012, se encuentra supeditado a que la naturaleza de la acreencia a reclamar No sea de carácter
laboral(...)”.

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Decisión: Declara improcedente
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reconocimiento de la sanción moratoria era necesario que la parte
demandante cumpliera con la carga de agotar el requisito de procedibilidad
anotado antes de demandar ejecutivamente.

Advierte la Sala que tal como lo señaló la juez a-quo el demandante no
acreditó el cumplimiento del requisito de procedibilidad de la conciliación
prejudicial dentro de la oportunidad para subsanar la demanda, pues la
constancia de agotamiento de dicha exigencia fue aportada el 22 de
noviembre de 2023, cuando se encontraba ampliamente vencido el término
para subsanar la demanda, lo anterior teniendo en cuenta que el auto
inadmisorio fue notificado el 08 de septiembre de 2023.

Tampoco es de recibo el argumento del apelante relacionado con que solo
contó con 10 días para allegar la constancia de agotamiento de la conciliación
extrajudicial, término en el cual le era imposible cumplir con dicho requisito
teniendo en cuenta el tiempo en que se desarrolla ordinariamente la
conciliación, pues dicho requisito debió ser cumplido desde antes de la
presentación de la demanda.
(…).”

29. En virtud de lo expuesto, la Sala observa que la acción de tutela se
presentó como una instancia adicional al proceso ordinario para reabrir el
debate sobre el rechazo de la demanda, pues, a criterio de la parte actora,
se debió realizar una interpretación diferente frente a la subsanación en lo
atinente a la conciliación extrajudicial y la excepción contemplada cuando
se refiere a procesos ejecutivos en contra de municipios, sobre estos
supuestos, se reitera, ya se pronunció expresamente la autoridad judicial
demandada. De manera que se pretendió que el juez constitucional
acogiera la interpretación propuesta por la parte accionante y de esta
manera se cambie la forma en que se resolvió el asunto en segunda
instancia.

30. En esa medida, la Sala recuerda que las diferencias interpretativas
que existieren entre el demandante y el juez natural de la causa no
constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las
decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la simple presentación de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión vía tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué
el asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela
contra providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional de
amparo de derechos fundamentales de carácter excepcional16.

2.3. Conclusión

31. Tras corroborar que no se superó el requisito de relevancia
constitucional, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre los demás
requisitos de procedibilidad y declarará la improcedencia de la acción de
tutela.

16 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659

de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.

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Decisión: Declara improcedente
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3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Alveiro Antonio Martínez Berrío, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud y/o recurso contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 17.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE,
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA

17
secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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