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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00471-01

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00471-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia de tutela del 14 de marzo de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia 2. Notificar la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00471-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

5 de junio de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00471-01
Demandante: Alveiro Antonio Martínez Berrío

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-00471-01
Demandante ALVEIRO ANTONIO MARTÍNEZ BERRÍO
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR Y JUZGADO
TERCERO ADMINISTRATIVO DE CARTAGENA
Temas Acción de tutela contra providencias judiciales. Causales generales y
especiales de procedibilidad. Relevancia constitucional: carga
argumentativa y argumentos de instancia adicional. Proceso
ejecutivo: subsanación de la demanda en término. Presupuesto de
conciliación extrajudicial: exigencia y acreditación en el caso
concreto.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Alveiro Antonio Martínez Berrío
contra el fallo de tutela del 14 de marzo de 2025, proferido por la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el que se dispuso lo siguiente:
«PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Alveiro
Antonio Martínez Berrío, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 29 de enero de 20251, el señor Alveiro Antonio Martínez Berrío, por medio de
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Bolívar y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cartagena alegando la
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, con ocasión de los autos proferidos el 15 de enero y el
24 de mayo de 2024 en el proceso ejecutivo con radicado nro. 13001 33-33-003-2015-
00144-00/01.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«4.1. Amparar los derechos fundamentales a la Igualdad, al Debido Proceso y al Acceso A
La Administración De Justicia de el señor ALVEIRO ANTONIO MARTÍNEZ BERRÍO
vulnerados por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cartagena y por el
Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar.

4.2. Dejar sin efectos los autos proferidos por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
de Cartagena y por el Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar dentro del
expediente 13001-33-33-003-2015-00144-00, mediante los cuales se rechazó la
demanda ejecutiva.

4.3. Ordenar al el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cartagena que en el
término que estime pertinente, adopte una nueva decisión dentro del expediente 13001-
33-33-003-2015-00144-00, ordenando librar el mandamiento de pago, por haberse
satisfecho los defectos de la inadmisión.»2 (Sic para toda la cita)

1
Consultado a través del sistema de gestión judicial del Consejo de Estado: Samai (índices 1 y 2).
2
Página 12 del escrito de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.
1

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Demandante: Alveiro Antonio Martínez Berrío

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. En los antecedentes y anexos de la acción de tutela se indica que el señor
Alveiro Antonio Martínez Berrío promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el municipio de Pinillos, Bolívar. Su
propósito era que se le reconociera y pagara la sanción moratoria por la
omisión en el pago de las cesantías a las que tenía derecho, dada su
vinculación como Profesional Universitario adscrito a la Secretaría de Salud
del municipio.
2.2. En sentencia del 8 de julio de 2016, el Juzgado Tercero Administrativo de
Cartagena accedió a las pretensiones de la demanda. Posteriormente, el
demandante alegó que la entidad demandada no cumplió las órdenes
contenidas en el fallo.
2.3. Por lo anterior, el 9 de julio de 2021, el señor Martínez Berrío promovió
demanda ejecutiva ante el Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena, para
obtener el pago de las obligaciones contenidas en la sentencia del 8 de julio
de 2016.
2.4. En proveído del 11 de octubre de 2022, el anterior despacho judicial remitió el
proceso al conocimiento del Juzgado 001 Administrativo de Magangué, en
aplicación del Acuerdo PCSJA22-11976 del 2022. No obstante, en auto de
abril de 2023, este último despacho devolvió el expediente al Juzgado Tercero
Administrativo de Cartagena sin declarar conflicto de competencias.
En consecuencia, el Juzgado Tercero decidió reasumir el conocimiento del
proceso en virtud del factor de competencia por conexidad previsto en el
artículo 298 del CPACA.
2.5. El 7 de septiembre de 2023, el juzgado inadmitió la demanda y concedió al
demandante el término de 10 días para que subsanara los defectos, bajo la
advertencia de rechazo en caso de incumplimiento. Las razones de inadmisión
fueron las siguientes: (i) falta de acreditación del agotamiento del requisito de
conciliación prejudicial, precisando que la sanción moratoria reclamada no es
una acreencia de naturaleza laboral, sino una sanción económica; (ii) ausencia
de estimación de la cuantía; (iii) falta de presentación del poder especial del
apoderado judicial; y (iv) omisión en la remisión de la demanda a todos los
sujetos procesales involucrados.
2.6. De otra parte, el Consejo Superior de la Judicatura suspendió los términos
judiciales en el territorio nacional del 14 al 20 de septiembre de 2023, debido
a fallas en el servicio tecnológico por un ataque cibernético. La suspensión se
prorrogó hasta el 22 de septiembre de 2023, motivo por el cual, el término de
10 días para subsanar se extendió hasta el 2 de octubre de 2023.
2.7. El 25 de septiembre de 2023, el apoderado de la parte ejecutante presentó
escrito de subsanación al cual anexó la solicitud de conciliación extrajudicial
promovida ante las Procuradurías Judiciales de Cartagena. Posteriormente, el
18 de octubre de 2023, informó que la Procuraduría 175 Judicial I para Asuntos
Administrativos admitió la solicitud el 13 de octubre de 2023 y que la audiencia
se celebraría el 21 de noviembre de 2023.
2.8. El 22 de noviembre de 2023, el apoderado del ejecutante remitió la constancia
que acreditaba el agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial.
2.9. En auto del 15 de enero de 2024, el Juzgado Tercero Administrativo de
Cartagena rechazó la demanda porque la parte ejecutante no subsanó dentro
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del término otorgado la omisión relacionada con la constancia de conciliación
extrajudicial solicitada. La constancia se allegó el 22 de noviembre de 2023,
pero ya había vencido el término para subsanar.
A ese respecto, en el proveído se indicó textualmente que «…no subsanó el yerro
relacionado con la conciliación extrajudicial, la cual, además de haber sido adelantada con
posterioridad a la presentación e inadmisión de la demanda, esto es, el 25 de septiembre de
2023, la constancia fue expedida el 21 de noviembre de 2023 y aportada el 22 de noviembre
de 2023, cuando ya había vencido el término para subsanar la demanda.»

2.10. La parte actora apeló la decisión de rechazo. Argumentó que subsanó el
requisito de procedibilidad mediante la radicación de la solicitud de conciliación
prejudicial ante la procuraduría. Afirmó que resultaba materialmente imposible
cumplir con dicho requisito dentro del término otorgado para subsanar, pero
que, una vez realizada la audiencia, aportó la constancia correspondiente.
Asimismo, argumentó que, de conformidad con el artículo 47 de la Ley 1551
de 2012, no era exigible la conciliación extrajudicial en procesos ejecutivos de
carácter laboral adelantados en contra de los municipios.
2.11. Mediante auto del 24 de mayo de 2024, notificado en estado el 14 de
noviembre de ese año, el Tribunal Administrativo de Bolívar confirmó la
decisión apelada.
Aunque reconoció que en los procesos ejecutivos contra municipios no se
exige conciliación extrajudicial cuando la obligación reclamada es de
naturaleza laboral, precisó que en este caso no se configuraba tal carácter.
Señaló que la obligación ejecutada correspondía a una sanción económica
derivada del pago extemporáneo de cesantías y no una prestación laboral en
estricto sentido.
De acuerdo con lo anterior, concluyó que el requisito de procedibilidad no se
cumplió oportunamente, pues la constancia de agotamiento solo se allegó una
vez vencido el plazo para subsanar la demanda. Además, reiteró que dicho
requisito debió acreditarse antes de la presentación de la demanda.
3. Fundamentos de la acción

El señor Alveiro Antonio Martínez Berrío argumentó que el auto del Juzgado Tercero
Administrativo de Cartagena incurrió en defecto fáctico por valoración
contraevidente de la prueba, dado que el memorial de subsanación no fue
presentado por fuera del término otorgado para tal fin, como lo afirmó el despacho,
sino que fue radicado oportunamente el 25 de septiembre de 2023, cuando el plazo
aún no había vencido. Dijo que con dicho memorial se cumplió el requisito procesal
exigido.

Posteriormente, el 18 de octubre de 2023, el actor informó que la solicitud de
conciliación había sido admitida por el Ministerio Público. No obstante, advirtió que
solo hasta el 22 de noviembre de 2023, su apoderado pudo aportar la constancia
de conciliación fallida, la cual había sido emitida el día anterior en horas de la tarde.

Señaló además que interpuso recurso contra la decisión de rechazo de la demanda,
en el cual insistió que la demanda se subsanó con el memorial del 25 de septiembre
de 2023, que incluía la solicitud de conciliación extrajudicial. Sostuvo que no era
materialmente posible aportar la solicitud de conciliación fallida dentro del término
de subsanación, puesto que la audiencia aún no se había celebrado.

En ese sentido, calificó como irrazonable la decisión de rechazar la demanda
ejecutiva, a pesar de que el actor cumplió con las gestiones necesarias para
subsanar los defectos procesales identificados. Afirmó que el argumento según el

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cual debía agotarse el requisito de procedibilidad antes de presentar la demanda
contradice el sentido de la norma, cuya finalidad es otorgar al demandante un
término legal para corregir el error. Este plazo, insiste, fue respetado con la
radicación oportuna de la solicitud de conciliación.

Asimismo, alegó que las decisiones cuestionadas incurrieron en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto, pues el auto inadmisorio ordenó corregir
la demanda en un aspecto de imposible cumplimiento: agotar la totalidad del trámite
conciliación extrajudicial en tan solo 10 días. Recalcó que el desarrollo de dicho
trámite no depende del señor Martínez Berrío, quien actuó con diligencia al informar
al juez sobre las gestiones realizadas ante el Ministerio Público.

Finalmente, argumentó que las decisiones judiciales dentro del proceso ejecutivo
desconocieron el precedente contenido en la sentencia C-533 de 2013, que analizó
el artículo 47 de la Ley 1551 de 2012, y concluyó que no es exigible el requisito de
conciliación extrajudicial en los procesos ejecutivos de naturaleza laboral
promovidos contra municipios. Tachó de artificiosa la motivación expuesta por los
jueces de instancia para desestimar el anterior argumento y reiteró, en el escrito de
tutela, los fundamentos expuestos a ese respecto en el recurso de apelación3

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. El despacho ponente de la primera instancia admitió la acción de tutela
interpuesta por Alveiro Antonio Martínez Berrío contra el Tribunal
Administrativo de Bolívar y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Cartagena. También vinculó, como tercero con interés, al Municipio de Pinillos,
Bolívar.

Además, ofició al juzgado para que remitiera el expediente escaneado del
proceso ejecutivo nro. 13001-33-33-003-2015-00144-00/01 y reconoció
personería al abogado del actor.

4.2. El Tribunal Administrativo de Bolívar, por conducto del ponente de la
decisión cuestionada, manifestó que el auto del 24 de mayo de 2024 contenía
los argumentos que evidenciaban la legalidad y razonabilidad de la decisión,
los cuales daban cuenta de que no se concretaron los defectos alegados en la
acción de tutela.

Advirtió que la parte actora instauró la acción de tutela como una instancia
adicional, pues fundamentó la solicitud de amparo en los mismos argumentos
que ya fueron objeto de análisis y decisión por los jueces de la causa. A ese
respecto, recordó que la competencia del juez constitucional se limitaba al
estudio de los casos con relevancia constitucional, en los que se requiriera la
protección de los derechos fundamentales, no a asuntos de carácter legal
como el que nos ocupa.

De acuerdo con lo anterior, pidió que se declare la improcedencia de la acción
de tutela porque no cumple con el requisito general de relevancia
constitucional.

4.3. El Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena y el Municipio de Pinillos
no respondieron la acción de tutela.

3
Los argumentos son: la Sentencia de Unificación CE-SUJ2-004 de 2016 no definió qué asuntos laborales están exentos
del requisito de conciliación extrajudicial, particularmente en procesos ejecutivos contra municipios. Precisa que dicha
providencia solo aclaró que la sanción moratoria no tiene naturaleza prestacional, ya que su finalidad es sancionar al
empleador por no consignar cesantías, sin que ello la excluya del ámbito laboral. Además, advierte que el carácter
sancionatorio de la indemnización no justifica considerar que su ejecución no es un asunto laboral, pues es distinto negar
su naturaleza prestacional a excluir del conocimiento de la jurisdicción laboral un proceso ejecutivo fundado en una
sentencia que la reconoce.
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Demandante: Alveiro Antonio Martínez Berrío

5. Providencia impugnada

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en fallo de tutela del
14 de marzo de 2025, declaró la improcedencia de la acción de tutela por incumplir
con el requisito general de relevancia constitucional, en particular, porque el
accionante pretendía utilizarla como una instancia adicional para discutir una
cuestión legal ya definida en el respectivo proceso.

Se señaló que la parte actora no ofreció una carga argumentativa suficiente para
justificar la intervención excepcional del juez constitucional. En cambio, observó que
sus argumentos se limitaron a reiterar los expuestos en el recurso de apelación, los
cuales ya habían sido estudiados y decididos por el tribunal accionado.

Concluyó que la acción de tutela se utilizó indebidamente como una instancia
adicional para reabrir el debate sobre el rechazo de la demanda, insistiendo en una
interpretación diferente sobre la subsanación del requisito de procedibilidad y la
excepción aplicable a procesos ejecutivos contra municipios.

Por lo tanto, el a quo advirtió que las diferencias interpretativas entre el juez ordinario
y el demandante no son, por sí solas, una razón suficiente para activar la
competencia del juez de tutela.

6. Impugnación

El señor Alveiro Antonio Martínez Berrío impugnó la sentencia de primera instancia.

Argumentó que no está tomando la acción de tutela como una instancia adicional,
sino que acude a este mecanismo constitucional como único medio judicial para
lograr la protección de sus derechos fundamentales, vulnerados por las autoridades
judiciales de instancia.

Señaló que las providencias acusadas desconocieron el precedente de la Corte
Constitucional contenido en la sentencia C-533 de 2012, la cual estableció que no
es exigible la conciliación extrajudicial en procesos ejecutivos laborales contra
municipios.

Indicó que la discusión no se centra en una simple diferencia interpretativa, sino en
un desconocimiento directo y deliberado del precedente constitucional, lo que a su
vez concreta un defecto sustantivo.

Agregó que no se puede catalogar como diferencia de criterio la argumentación
frente al cumplimiento del requisito de subsanación, ya que el actor presentó la
solicitud de conciliación e informó oportunamente al juzgado sobre el trámite de ese
proceso extrajudicial. Así pues, expuso que la exigencia de agotar completamente
el trámite de conciliación dentro del término de subsanación se concreta en una
obstrucción al derecho de acceso a la administración de justicia y concreta un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

Finalmente, advirtió que el caso particular tiene relevancia constitucional porque no
pretende obtener un beneficio patrimonial, sino que se garantice su derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia.

Además, el asunto comporta un análisis sobre el alcance de los derechos
constitucionales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, y no
se utiliza la tutela como una instancia adicional dado que los defectos que se
plantean se produjeron en la primera y segunda instancia del proceso ordinario.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19914, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5
y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional7 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, corresponde a la Sala establecer
si le asistió razón al a quo al declarar la improcedencia de la acción de tutela, con
fundamento en la falta de acreditación del requisito de la relevancia constitucional.

En caso de superar dicho análisis y de verificarse los demás requisitos de
procedibilidad, la Sala determinará si el auto del 24 de mayo de 2024, proferido por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, al confirmar la decisión de rechazar la
demanda en el proceso ejecutivo nro. 13001-33-33-003-2015-00144-01, incurrió en los
defectos alegados y si se concretó la vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor Alveiro Antonio
Martínez Berrío.

4
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
5
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
6
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
7
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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Se aclara que se mantendrá la delimitación del análisis adoptada por el a quo, dado
que, aunque el actor también cuestionó el auto del 15 de enero de 2024 del Juzgado
Tercero Administrativo de Cartagena, fue el Tribunal quien resolvió de manera
definitiva el litigio mediante el auto que decidió el recurso de apelación.

4. Análisis del presupuesto de procedibilidad de relevancia constitucional
en el caso particular

4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional. Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa
aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de
Decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en
Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional
en la Sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para
determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que “no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales” 8. Es necesario que el interesado exponga
de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, su uso está proscrito cuando se emplea como si fuera
una instancia adicional del proceso ordinario.

En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al
juez verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia
adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada.

8
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01. C. P: Jorge Octavio Ramírez R. Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado:
Consejo De Estado – Sección Primera.
7

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Demandante: Alveiro Antonio Martínez Berrío

Para tal propósito, corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso
en que se profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito
de tutela son iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por el juez
natural.

En caso de que se trate de los mismos argumentos y de que estos hayan sido
estudiados por el juez de la causa, es probable que el juez de tutela concluya
que el mecanismo constitucional se está empleando como una instancia
adicional. En ese supuesto, se evidencia que lo perseguido por el tutelante es
insistir en los argumentos planteados ante el juez natural, con la esperanza de
que el juez de tutela, a diferencia del juez de la causa, sí acceda a sus
pretensiones.

4.2. En este caso, la Sala encuentra que la acción de tutela, en efecto, es
improcedente. El actor busca reabrir el debate en torno a la acreditación del
presupuesto de procedibilidad de conciliación prejudicial, reiterando los
mismos argumentos que planteó en el recurso de apelación contra el auto que
rechazó la demanda ejecutiva promovida, los cuales fueron estudiados y
decididos por el Tribunal Administrativo de Bolívar. Esta reiteración demuestra
que la tutela se emplea como una tercera instancia, sin que se acredite una
afectación grave y directa de los derechos fundamentales del actor que
justifique la intervención excepcional del juez constitucional.

Sea lo primero evidenciar que, la acción de tutela se fundamenta en los
mismos cargos en los que el señor Alveiro Antonio Martínez Berrío sustentó el
recurso de apelación en el proceso ejecutivo objeto de análisis. Para ello, se
expondrán los argumentos en un cuadro comparativo que permitirá evidenciar
las similitudes enunciadas:

Recurso de apelación en el proceso ejecutivo Escrito de tutela proceso constitucional nro.
nro. 2015-00144-01 2025-00471-01

«I. El Auto a través del cual se rechaza la «(…) del argumento esbozado por el Tribunal
Demanda es CONTRAEVIDENTE: la Demanda Contencioso Administrativo de Bolívar puede
fue oportunamente subsanada con el evidenciarse que incurrió en (i) un defecto
acompañamiento del Expediente íntegro a través sustantivo por interpretación contra legem de los
del cual se presentó la solicitud de Conciliación alcances del artículo 170 del CPACA, norma que
Extrajudicial ante la Procuraduría General de La establece el objeto del auto inadmisorio de la
Nación. La Motivación de la Providencia a través demanda y (ii) un defecto procedimental por
de la cual se rechaza la demanda simplemente exceso ritual manifiesto, según se detallan a
denota la displicencia del despacho para asumir continuación:
el conocimiento de la presente demanda
ejecutiva. a) Defecto sustantivo por interpretación contra
legem del artículo 170 del CPACA: En el presente
(…) La validación de dicho documento sería asunto, el Tribunal Contencioso Administrativo de
suficiente para concluir que a día 25 de Bolívar incurrió en una hermenéutica jurídica no
septiembre del año 2023, se habían subsanado aceptable del texto del artículo 170 del CPACA,
los yerros advertidos en el auto inadmisorio POR toda vez que en los términos de la aludida
LAS SIGUIENTES RAZONES QUE NO disposición SOLAMENTE PUEDE APRECIARSE
DEMANDAN MAYORES RACIOCINIOS: a) Se COMO MOTIVO DE RECHAZO LA RENUENCIA
había presentado oportunamente la solicitud de DEL DEMANDANTE A SUBSANAR LOS
conciliación extrajudicial ante los agentes del YERROS ADVERTIDOS EN EL AUTO
Ministerio Público dentro el periodo concedido INADMISORIO, si se lee (…)
para subsanar la demanda, el cual corría hasta el
día 03 de Octubre del mismo año. Desde esta perspectiva, es totalmente
irrazonable que el Tribunal convalidara la
b) Se había comunicado al Juzgado Tercero de decisión del Juzgado Tercero Administrativo de
dicha actuación, precisándole que se allegarían rechazar la demanda ejecutiva, pese a advertir
los documentos a través de los cuales la que el demandante había realizado actos
procuraduría asumiría el trámite y la constancia tendientes a corregir los yerros documentados en
respectiva, una vez expedidos. el auto inadmisorio, bajo el argumento de que
“era necesario que la parte demandante
c) El hecho de exigirle al demandante allegar la cumpliera con la carga de agotar el requisito de
constancia de agotamiento de la conciliación procedibilidad anotado antes de demandar
extrajudicial dentro de los 10 días con que se ejecutivamente”; pues dicha hermenéutica
cuenta para subsanar la demanda es UNA apareja como consecuencia tornar
EXIGENCIA DE IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO, INSUBSANABLE el defecto formal de la
si se revisan los términos dentro de los cuales se
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00471-01
Demandante: Alveiro Antonio Martínez Berrío

Recurso de apelación en el proceso ejecutivo Escrito de tutela proceso constitucional nro.
nro. 2015-00144-01 2025-00471-01
desarrolla ordinariamente una conciliación demanda, cuando la norma lo que pretende es
extrajudicial, de conformidad con lo dispuesto en que durante el término de 10 días SE CORRIJA
los artículos 100 y subsiguientes de la Ley 2220 el error, lo cual se materializaba con la
de 2022, a través de la cual se adopta el nuevo presentación de la solicitud ante la
estatuto de la conciliación. correspondiente Procuraduría Judicial.
(…)Como puede observarse de las pruebas b) Defecto procedimental por exceso ritual
obrantes en el expediente, en mi calidad de manifiesto, puesto que en argumento del Tribunal
apoderado de la parte ejecutante más que obrar Contencioso Administrativo de Bolívar existe un
de manera negligente, EXTREMÉ MIS CARGAS condicionamiento para subsanar la demanda que
DE DILIGENCIA PARA ESTA CLASE DE era de imposible cumplimiento: esto es que se
ACTUACIONES PUES NO SOLAMENTE agotara la totalidad del trámite conciliatorio
PRESENTÉ LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN dentro del término de 10 días, circunstancia que
EXTRAJUDICIAL DENTRO DE LAS EN MODO ALGUNO DEPENDÍA del señor
OPORTUNIDADES OTORGADAS PARA MARTÍNEZ BERRÍO, que como se ha indicado
SUBSANAR LA DEMANDA (25 DE obró diligentemente instaurando la conciliación
SEPTIEMBRE DE 2023), SINO QUE INFORMÉ extrajudicial una vez se expidió el auto
EN TODO MOMENTO AL A QUO DEL ESTADO inadmisorio y mantuvo al Juez Tercero informado
DE LA ACTUACIÓN EXTRAJUDICIAL Y en todo momento del estado de la actuación. En
ALLEGUÉ AL DÍA SIGUEINTE EN QUE FUE este sentido, el Tribunal aplicó con tal rigor la
EXPEDIDA LA CONSTANCIA (21 DE norma procesal que da lugar al rechazo de la
NOVIEMBRE DE 2023), EL DOCUMENTO AL demanda que cercenó los derechos al debido
JUZGADO. (…) proceso y al acceso a la administración de justicia
del señor ALVEIRO ANTONIO MARTÍNEZ
II. Al rechazar la demanda, el Juez Contencioso BERRÍO.
incurrió en un desconocimiento del Precedente
Constitucional, limitando el acceso a la 1.16. Que así mismo, debe señalarse que tanto
Administración de Justicia del Ejecutante: En el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
aplicación a la Sentencia C-533 de 2013, el Cartagena como el Tribunal Contencioso
agotamiento de la Conciliación Prejudicial como Administrativo de Bolívar transgredieron el
Requisito previo a adelantar la ejecución de derecho fundamental a la igualdad del señor
Obligaciones contra los Municipios de la que trata ALVEIRO ANTONIO MARTÍNEZ BERRÍO por
el artículo 47 de la Ley 1551 de 2012, se desconocimiento del precedente judicial, toda
encuentra supeditado a que la naturaleza de la vez que de conformidad con el artículo 47 de la
acreencia a reclamar NO sea de carácter laboral. Ley 1551 de 2012 y la sentencia C-533 de 2013,
(…), en los procesos ejecutivos de naturaleza
(…) Porque aun a pesar de ello, el hecho de que laboral que se adelanten contra los Municipios
se señale que la Indemnización Moratoria no NO ES EXIGIBLE LA CONCILIACIÓN
tiene carácter prestacional sino sancionatorio, no EXTRAJUDICIAL. PUEDE ser considerado como argumento
suficiente para señalar que la ejecución de la 1.18.

Que, para subvertir el señalado precedente
condena a través de la cual se reconoce no tenga constitucional, tanto el Juzgado Tercero
el carácter de asunto laboral en tanto ES Administrativo como el Tribunal Contencioso
COMPLETAMENTE DIFERENTE EXPONER Administrativo de Bolívar con argumentos
QUE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA artificiosos señalaron que de conformidad con la
SANCIÓN MORATORIA NO TIENE ATRIBUTOS Sentencia de Unificación CE-SUJ2 004 del 25 de
PRESTACIONALES A SEÑALAR QUE LOS agosto de 2016 el ejecutivo en el que se reclama
PROCESOS EJECUTIVOS EN LOS CUALES el pago de una sentencia en la cual se reconoce
SE INVOCA POR TÍTULO DE EJECUCIÓN UNA la sanción moratoria por falta de consignación no
SENTENCIA JUDICIAL EN QUE LA QUE FUE pretende la satisfacción de una obligación de
ORDENADO SU RECONOCIMIENTO NO SEA carácter laboral.»
UN ASUNTO DE CARÁCTER LABORAL. »

Estos argumentos fueron reiterados en el escrito de impugnación, en el que el
actor además advirtió que el caso sí satisface el requisito general de relevancia
constitucional, dado que se alega la vulneración de sus derechos
fundamentales a partir de las providencias judiciales acusadas que, según
sostiene, materializan los defectos de desconocimiento del precedente judicial
y defecto sustantivo.

4.3. El Tribunal Administrativo de Bolívar ya analizó estos argumentos en el auto
del 24 de mayo de 2024, en particular, aquellos relacionados con que (i) el
actor subsanó la demanda con la aportación de la solicitud de conciliación ante
el Ministerio Público, demostrando así toda la diligencia posible; y (ii) que no
era factible que en el término de 10 días el procurador designado agotara todo
el trámite y expidiera las constancias de Ley.

A ese respecto, en la providencia acusada se lee:

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00471-01
Demandante: Alveiro Antonio Martínez Berrío

«Advierte la Sala que tal como lo señaló la juez a-quo el demandante no acreditó el
cumplimiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial dentro de la
oportunidad para subsanar la demanda, pues la constancia de agotamiento de dicha
exigencia fue aportada el 22 de noviembre de 2023, cuando se encontraba ampliamente
vencido el término para subsanar la demanda, lo anterior teniendo en cuenta que el auto
inadmisorio fue notificado el 08 de septiembre de 2023.
Tampoco es de recibo el argumento del apelante relacionado con que solo contó con
10 días para allegar la constancia de agotamiento de la conciliación extrajudicial,
término en el cual le era imposible cumplir con dicho requisito teniendo en cuenta el
tiempo en que se desarrolla ordinariamente la conciliación, pues dicho requisito debió
ser cumplido desde antes de la presentación de la demanda.
La exigencia de los requisitos de procedibilidad para el ejercicio de las acciones
judiciales no constituye una barrera desproporcionada desde la óptica de los derechos
de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva, como afirmó el
apelante, si no un mecanismo para lograr propósitos constitucionales relevantes, como
los señalados en la sentencia de constitucionalidad parcialmente transcrita.» (Subraya
la Sala)

Como se ve, en el auto, el tribunal accionado precisó que no se estaba
imponiendo al actor un requisito de imposible cumplimiento, ya que le
correspondía acreditar los requisitos de procedibilidad antes de interponer la
demanda y no de manera simultánea a ella.

Asimismo, el tribunal explicó que la acreditación del requisito de procedibilidad
de conciliación extrajudicial no se satisface con la constancia de radicación de
la solicitud, sino con la de agotamiento del trámite, según corresponda, y este
documento fue aportado el 22 de noviembre de 2023, cuando ya había
fenecido el término legal para subsanar.

De otra parte, tampoco aparece justificado el alegato de que el tribunal incurrió
en una interpretación contra legem del artículo 170 del CPACA. Aunque el
demandante insiste en que la correcta interpretación de esta disposición
implica que la única causal de rechazo es la renuencia del demandante a
subsanar (y que ese escenario no se da en el caso particular porque demostró
diligencia), lo cierto es que no hay razón para hacer prevalecer su interpretación
personal de la norma sobre la que sostuvo el juez de la causa.

El tribunal consideró que, al no subsanarse la demanda dentro del término
legal, como ocurrió en este caso, la consecuencia era la del rechazo de la
demanda de acuerdo la norma procesal aplicable. También descartó la
alegada diligencia del actor, al advertir que el requisito de procedibilidad de
conciliación extrajudicial debió cumplirse antes de la presentación de la
demanda.

Se evidencia así que el actor intenta hacer prevalecer su interpretación del
artículo 170 del CPACA a partir de un criterio de diligencia, que ya fue
descartado en el auto acusado, frente a la falta de subsanación en los términos
exigidos y la aplicación de la consecuencia jurídica dispuesta por la norma. A
ese respecto, debe advertirse que la discusión es en esencia, de carácter legal,
ya que se trata de la interpretación de normas procesales, materia que
corresponde a los jueces naturales de la causa, quienes tienen la competencia
primigenia para aplicar e interpretar el marco jurídico de los procesos que
conocen.

Aunque es verdad que la acción de tutela procedería excepcionalmente si la
interpretación adoptada es caprichosa o arbitraria, lo cierto es que la carga
argumentativa expuesta en la tutela para acreditar tal escenario es insuficiente.
El actor propone su tesis de interpretación legal bajo un criterio de
conveniencia, pero no demuestra la concreción de un error ostensible o
flagrante que dé cuenta de la vulneración real de los derechos invocados.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00471-01
Demandante: Alveiro Antonio Martínez Berrío

Por lo anterior, esta Sala considera que este primer argumento de la acción de
tutela relativo a la subsanación del requisito de procedibilidad de conciliación
extrajudicial en la etapa de admisión del proceso ejecutivo, no supera el
requisito de relevancia constitucional. En efecto, se evidencia que la acción de
tutela se emplea como una tercera instancia para insistir en argumentos que
ya fueron resueltos por el tribunal accionado, y que reposa sobre un asunto
meramente legal que descarta la competencia del juez de tutela.

4.4. Por otra parte, en lo que respecta al alegato de que el tribunal incurrió en
desconocimiento del precedente judicial y vulneró el derecho de acceso a la
administración de justicia del actor, dado que, según la sentencia C-533 de
2013, no es exigible la conciliación prejudicial para ejecutar acreencias de
naturaleza laboral contra municipios establecidas en artículo 47 9 de la Ley
155110 de 2012, la Sala encuentra que ese argumento ya había sido expuesto
en el recurso de apelación y decidido por el Tribunal Administrativo de Bolívar:
«La Ley 1551 del 6 de julio de 2012, “por medio de la cual se dictan normas para modernizar
la organización y el funcionamiento de los municipios”, establece en el artículo 47, lo siguiente:
(...).

La Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de dicho artículo, señaló en sentencia
C-533 de 2013, lo siguiente:

“5.3. (…) El principal contenido de la norma objeto de la presente controversia constitucional, es la
posibilidad de exigir el requisito de la conciliación prejudicial en los procesos ejecutivos en contra
de los municipios. De acuerdo con las intervenciones del Gobierno en defensa de la norma, se trata
de una disposición que busca permitir a las administraciones municipales tomar decisiones de
gestión y planeación financiera, sobre cómo conciliar los planes de pagos de las obligaciones que
pueden ser objeto de cobro judicial ejecutivo(…) [se subraya].”

En esa misma providencia se declaró la exequibilidad del artículo 47 de la Ley 1551 de 2012,
bajo el entendido de que el requisito de la conciliación prejudicial no puede ser exigido, cuando
los trabajadores tengan acreencias laborales a su favor, susceptibles de ser reclamadas a los
municipios mediante un proceso ejecutivo.

Posteriormente el artículo 34 de la Ley 2080, que modificó el artículo 161 del CPACA
estableció que “…El requisito de procedibilidad será facultativo en los asuntos laborales,
pensionales, en los procesos ejecutivos diferentes a los regulados en la Ley 1551 de 2012…”,
esto es, sigue siendo obligatorio.

A juicio de la Sala si bien, le asiste razón al apelante cuando afirma que la conciliación
prejudicial no es exigible en los procesos ejecutivos adelantados contra municipios cuando la
acreencia a reclamar sea de carácter laboral, lo cierto es que la obligación que se pretende
ejecutar en el presente asunto no tiene dicha connotación.

Sobre el particular la jurisprudencia del Consejo de Estado ha definido la sanción moratoria
como una penalidad de carácter económico que sanciona la negligencia del empleador en la
gestión para reconocer y pagar las cesantías dentro del tiempo establecido en la ley. En efecto,
la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de Unificación SU-00580 de 18 de
julio de 2018, proferida dentro del radicado No. 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15),
definió la naturaleza de la sanción moratoria así:

“(…) La sanción moratoria por pago extemporáneo de las cesantías, es una sanción o penalidad cuyo
propósito es procurar que el empleador reconozca y pague de manera oportuna la mencionada
prestación, más no mantener el poder adquisitivo de la suma de dinero que la representa y con ella, la
capacidad para adquirir bienes y servicios o lo que la ley disponga como su propósito. Desde la óptica
del empleado, si bien la sanción moratoria representa una suma de dinero considerable, sucesiva
mientras no se produzca el pago de las cesantías; ella ni lo compensa ni lo indemniza por la ocurrencia

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«Artículo 47. La conciliación prejudicial: La conciliación prejudicial será requisito de procedibilidad de los procesos
ejecutivos que se promuevan contra los municipios. La conciliación se tramitará siguiendo el procedimiento y los requisitos
establecidos para la de los asuntos contencioso-administrativos.
El acreedor podrá actuar directamente sin hacerse representar por un abogado. Dicha conciliación no requerirá de
aprobación judicial, y su incumplimiento solo genera la consecuencia de que el acreedor puede iniciar el proceso ejecutivo
correspondiente.
El delegado del Ministerio Público encargado de la conciliación acumulará todas las solicitudes relacionadas con
obligaciones de dar una suma de dinero a cargo del municipio y fijará una sola audiencia trimestral en la que el
representante legal del municipio propondrá una programación de pagos de los créditos que acepte, la cual deberá
respetar el orden de preferencia de las acreencias previsto en la Ley 550 de 1999. (…)»
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Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.
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de la mora del empleador en cumplir con su obligación de dar, puesto que su propósito es procurar el
pago oportuno de la prestación social, razón por la cual, no es posible hablar que estamos ante un
derecho o una acreencia derivada de la relación de trabajo o de las eventualidades que el empleador
ampare en virtud de lo que ordena la ley.

De ahí que, en materia de sanción moratoria sea necesario distinguir su naturaleza de la voluntad
legislativa de orientar que el empleado fuera su beneficiario, y en ese panorama concluir que se trata de
un derecho; pues contrario a ello, no se erige como una prerrogativa prestacional en la medida que no
busca proteger al trabajador de las eventualidades a las que puede verse sometido durante una relación
laboral, sino que se instituye como una penalidad económica contra el empleador por su retardo en el
pago de la prestación social de las cesantías y en favor del servidor público.”

Como el asunto bajo estudio, no se persigue el pago de en una obligación de carácter laboral
sino el pago de obligaciones contenidas en una sentencia judicial en la que se reconoció una
suma de dinero por concepto del reconocimiento de la sanción moratoria, era necesario que
la parte demandante cumpliera con la carga de agotar el requisito de procedibilidad anotado
antes de demandar ejecutivamente.» (Subraya del texto)

Como se advierte, la determinación de que sí era necesario agotar el requisito
de conciliación extrajudicial se fundamentó en las normas procesales
aplicables y en un análisis que tomó en consideración las especiales
particularidades del asunto, especialmente aquellas evidenciadas en la
apelación y reiteradas en esta acción de tutela.

En particular, el tribunal acusado explicó que las reglas de decisión de la
sentencia C-533 de 2013 no eran aplicables al caso analizado porque la
obligación ejecutada no tiene naturaleza laboral, apoyándose para ello en la
jurisprudencia contenciosa sobre ese asunto que ha precisado que la sanción
moratoria no es una acreencia laboral.

De lo anterior, se concluye que el alegato de desconocimiento del precedente
judicial fue examinado y descartado de manera motivada por el juez natural de
la causa, quien acudió la sentencia de unificación del Consejo de Estado (Exp.
4961-15) para aclarar que la sanción moratoria no constituye un derecho u
acreencia laboral, y por tanto, no desvirtúa la exigencia de conciliación
extrajudicial en el proceso ejecutivo sub examine.

4.5. La Sala destaca que los argumentos expuestos por el actor en la acción de
tutela fueron ya estudiados y desestimados durante el proceso ejecutivo. El
actor, sin embargo, insiste en su desacuerdo con el análisis jurídico y
probatorio que hicieron los jueces de la causa y que llevó al rechazo de la
demanda. Pero, resulta claro que la acción de tutela no evidencia la concreción
de una irregularidad flagrante y ostensible en el fundamento fáctico y jurídico
de las providencias acusadas, sino que pretende sugerir la interpretación y
aplicación de la Ley al caso particular, cuestión que escapa de la competencia
del juez de tutela.

A ese respecto, conviene recordar que la jurisprudencia constitucional ha dicho
que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un
análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y
la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su
naturaleza y propósito.

De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye en sí misma una
vulneración de derechos fundamentales. De aceptar esa posibilidad, se
desnaturalizaría la acción de tutela contra providencias judiciales, como
mecanismo excepcional.

Es por tal motivo, que de manera reiterada se ha sostenido que cuando se
controvierten decisiones judiciales, la procedencia del amparo está sujeto a
que el asunto sea de tal relevancia en materia constitucional, que se logre
apreciar sin mayor esfuerzo.
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Demandante: Alveiro Antonio Martínez Berrío

5. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala concluye que la acción de tutela no supera el
requisito de relevancia constitucional en tanto la argumentación expuesta no
pretende evidenciar un error en la ratio de las providencias judiciales que afecte el
derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la parte
actora, sino reabrir el debate sobre la interpretación normativa y la valoración
probatoria, aunque sus argumentos fueron descartados de manera motivada en el
curso del proceso sub examine.

Así las cosas, se confirmará la sentencia de tutela de primera instancia que declaró
la improcedencia de la acción en razón a que se toma el mecanismo constitucional
como una tercera instancia para exponer los desacuerdos con la decisión de
rechazo de la demanda.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia de tutela del 14 de marzo de 2025, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia

2. Notificar la presente decisión a los interesados por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Señor usuario este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de
la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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