Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00472-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00472-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00472-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
6 de marzo de 2025
Demandante: Consorcio Pavimentos Candelaria 2015-2017
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00472-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00472-00
Demandante: CONSORCIO PAVIMENTOS CANDELARIA 2015-2017
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
Tema: Tutela de fondo – mora judicial – derecho de petición.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El señor Walid Ramón Arana Sus, actuando en calidad de integrante y
representante legal del Consorcio Pavimentos Candelaria 2015-2017, interpuso
acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Atlántico. Con la
solicitud de amparo pretende que se protejan sus derechos fundamentales de
petición y al debido proceso.
2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión a la presunta
omisión de la autoridad judicial accionada de proporcionarle una respuesta de
fondo a la solicitud presentada el 25 de octubre de 2024, así como a las presuntas
actuaciones dilatorias desplegadas por el despacho, en el traslado de las
intervenciones allegadas en cumplimiento del auto del 23 de octubre de 20242.
1.2. Pretensiones
3. La parte actora solicitó lo siguiente:
1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
2 Todo ello, en el marco del medio de control de controversias contractuales identificado con el
radicado 08001-23-33-000-2020-00770-00.
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Demandante: Consorcio Pavimentos Candelaria 2015-2017
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00472-00
[…] le solicito señor juez que se tutele los derechos fundamental invocado como
amenazados, violados y/o vulnerados, y se ordene a la accionada la emisión de
respuesta de fondo y la emisión de sentencia de fondo dentro del proceso referido.3
1.3. Hechos
4. La Sala resume los presupuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:
5. El 26 de noviembre de 2020, la parte accionante interpuso demanda en
ejercicio del medio de control de controversias contractuales en contra del
municipio de Candelaria (Atlántico). Mediante el referido proceso, solicitó que se
declare el desequilibrio de la ecuación contractual y el incumplimiento del
contrato de obra LP 02-20154, por parte de la entidad territorial. Como
consecuencia, pidió que se condene al municipio mencionado al pago de los
perjuicios ocasionados al Consorcio Pavimentos Candelaria 2015-2017.
6. A dicho medio de control se le asignó el radicado 08001-23-33-000-2020-
00770-00 y fue repartido al Tribunal Administrativo del Atlántico. Esta autoridad
judicial, mediante auto proferido el 15 de julio de 2021, admitió la demanda.
Surtidas las audiencias correspondientes y vencido el término de traslado de los
alegatos, el 23 de octubre de 2024, encontrándose el expediente para proferir
sentencia, la magistrada ponente emitió auto para mejor proveer en el que ofició
al municipio demandado, para que allegara unas pruebas documentales5.
7. La parte actora mencionó que, durante todo el trámite del proceso de
controversias contractuales, su apoderado judicial ha presentado múltiples
impulsos procesales, los cuales, han sido presuntamente ignorados por el
tribunal accionado. En particular, hizo mención al escrito presentado el 25 de
octubre de 2024, en el que se solicitó a la autoridad judicial el orden de lista para
dictar sentencia y, reiteró la desatención que han tenido los impulsos procesales
presentados.
8. Finalmente, a través de correo electrónico, el 12 de noviembre de 2024, el
Tribunal Administrativo del Atlántico respondió la petición, a saber:
[…] se encuentra a despacho para proferir sentencia, por lo cual, le invitamos,
que este atento al buzón de notificaciones judiciales en los próximos días. Así
mismo, le informo que en la plataforma SAMAI se encuentra habilitado el
expediente virtual para lo de su consulta y fines pertinentes.6
3 Transcripción literal del escrito de tutela con posibles errores.
4 Cuyo objeto es «la construcción de pavimento en concreto hidráulico de la calle 10 entre carrera
10 y 21, carrera 21 entre calles 10 y 15a en el municipio de Candelaria – departamento del
Atlántico».
5 El término otorgado al municipio, para allegar las pruebas, fue de cinco días. Además, el motivo
principal de la providencia, era obtener documentos que no obran en el expediente, porque la
entidad territorial, no contestó la demanda.
6 Remitida a la dirección electrónica del apoderado judicial del proceso ordinario.
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1.4. Sustento de la vulneración
9. En primer lugar, el actor consideró que la autoridad judicial accionada
vulneró su derecho fundamental de petición por no pronunciarse frente al orden
de lista para proferir sentencia, solicitado en el escrito del 25 de octubre de 2024.
10. En segundo lugar, adujo que el Tribunal Administrativo del Atlántico ha
incurrido en una mora judicial injustificada, la cual, ha vulnerado su derecho
fundamental al debido proceso. Señaló que, a la fecha que interpuso esta tutela,
ya había vencido el término establecido en el auto del 23 de octubre de 2024, sin
que el expediente pasara nuevamente al despacho para fallo. Ello, aunado a que,
desde la admisión de la demanda ordinaria, han transcurrido más de tres años
sin que se dicte sentencia de primera instancia.
1.5. Trámite de primera instancia
11. Por medio del auto del 12 de febrero de 2025, el despacho ponente de
esta decisión admitió la solicitud de amparo7. En consecuencia, ordenó notificar
como accionado al Tribunal Administrativo del Atlántico y, dispuso vincular como
terceros con interés al municipio de Candelaria (Atlántico) y a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, en los términos que establece el artículo 610 del
Código General del Proceso.
12. Adicionalmente, se le ordenó, a la autoridad judicial accionada, que fijara
una anotación en el expediente de controversias contractuales designado con el
radicado 08001-23-33-000-2020-00770-00, con el fin, de que cualquier
interesado pudiese intervenir en el presente trámite.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Tribunal Administrativo del Atlántico
1.6.1.1. Secretaria General
13. Expuso que el día 25 de octubre de 2024, recibió por parte del apoderado
judicial del demandante, una petición referente a la desatención de los impulsos
procesales radicados con anterioridad y a la solicitud del orden de lista para
proferir sentencia. Además, explicó que esta solicitud fue atendida y remitida por
correo electrónico a la parte actora, el 12 de noviembre de 20248.
7 Mediante la providencia del 31 de enero de 2025 se inadmitió la presente acción constitucional.
Lo anterior, con el fin de que se aportara el documento de constitución del Consorcio Pavimentos
Candelaria 2015-2017.
8 Índice 14 de SAMAI, documento 22RECIBEMEMORIAL_Correo_solicitudyres(.pdf) NroActua
14.
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14. Por otro lado, informó que en cumplimiento del auto del 23 de octubre de
2024, se le solicitó al municipio de Candelaria, que informara cuál era el buzón
de notificaciones judiciales correspondiente. Al no obtener respuesta, se notificó
la providencia al correo electrónico que figura en la página web de la entidad9, no
obstante, como las partes no se pronunciaron al respecto durante el término de
traslado, el expediente ingresó nuevamente al despacho para fallo el 17 de
febrero de 2025.
15. Por último, anexó el listado de procesos al despacho para dictar sentencia,
que incluye el proceso 08001-23-33-000-2020-00770-00.
1.6.1.2. Sala de Decisión Oral «A»
16. La magistrada ponente consideró que se debía negar el amparo solicitado
o, en su defecto, declarar la improcedencia de la acción de tutela.
17. Indicó que el despacho no ha incurrido en actuaciones que dilaten
injustificadamente el proceso desde que el expediente estaba al despacho para
dictar sentencia. Por el contrario, a sabiendas de que el municipio de Candelaria
no contestó la demanda, intentó mediante oficios, llamadas y correos electrónicos
obtener la respuesta de la entidad territorial y, con ello, las pruebas solicitadas
en el auto del 23 de octubre de 2024.
18. Frente a la petición del 25 de octubre de 2024, manifestó que la secretaría
del tribunal le dio respuesta por medio del correo electrónico remitido a la parte
demandante, el 12 de noviembre de 2024.
19. Finalmente, después de explicar cómo funciona el orden y prelación para
dictar sentencias, agregó que, el proyecto de fallo se iba a registrar para la
próxima sala de decisión.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
20. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por el Consorcio Pavimentos Candelaria 2015-2017 contra el
Tribunal Administrativo del Atlántico. Lo anterior, de conformidad con lo
establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069
de 2015 modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.
9 Notificada electrónicamente el 27 de noviembre de 2024.
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2.2. Legitimación en la causa
21. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
22. La Sala advierte que, el Consorcio Pavimentos Candelaria 2015-2017
está legitimado en la causa por activa, (i) por ser la parte demandante en el
proceso de controversias contractuales identificado con el radicado 08001-23-33-
000-2020-00770-00, cuya mora judicial se predica en este proceso, y (ii) por
haber presentado la petición del 25 de octubre de 2024, frente a la cual estimó
que aún no ha obtenido respuesta de fondo.
23. Asimismo, se evidencia que el Tribunal Administrativo del Atlántico, está
legitimado en la causa por pasiva por ser la autoridad judicial que actualmente
tramita el proceso ordinario, en relación con el cual, el actor sostiene que se ha
incurrido en una dilación injustificada del proceso, y, por haber recibido la petición
referida anteriormente.
2.3. Problema jurídico
24. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por el tutelante, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; el problema jurídico a
resolver en este caso es el siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo del Atlántico, vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y de petición, al incurrir en mora judicial
injustificada dentro del medio controversias contractuales identificado con el
radicado 08001-23-33-000-2020-00770-00, y, por no responder de fondo la
petición del 25 de octubre de 2024?
25. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela, (ii) la mora judicial, (iii) el derecho
de petición, y (iv) el caso concreto.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
26. Según el artículo 86 de la Constitución Política toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción
u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que
indica el Decreto 2591 de 1991.
27. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
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evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente
la tutela como mecanismo transitorio.
2.5. La mora judicial como causal de acción de tutela
28. La Sala considera necesario recordar que de acuerdo con una
interpretación armónica de los artículos 229 de la Constitución10, del derecho
fundamental al debido proceso11 y de los principios de la Carta Política, se ha
otorgado el carácter de fundamental al derecho de acceso a la administración de
justicia12.
29. Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía:
[…] no puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal
de llegar ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a
atender las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la
certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la
luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que
aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos
materia de su decisión13.
30. Frente a esto, debe además recordarse que, de los artículos 228, 229 y
230 de la Constitución Política y del desarrollo de la jurisprudencia constitucional,
se desprende que el derecho a la tutela judicial efectiva implica, de una parte,
que cuando el «ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de
protección de sus derechos y garantías»14, y, de otro lado, «la obligación
correlativa de las autoridades judiciales de promover e impulsar todas las
condiciones que sean necesarias para que el acceso de los particulares a dicho
servicio público sea real y efectivo»15.
31. Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de
1996 –Ley Estatuaria de la Administración de Justicia– y con sustento en los
16
principios de celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función
judicial, el juez, como director del proceso, debe velar por la rápida solución del
caso, con el fin de evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso
10 «Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado».
11 Constitución Política de Colombia, 1991. Artículo 29.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-006 de 1992.
13 Corte Constitucional, Sentencia C-1027 de 2002.
14 Corte Constitucional, Sentencia C-796 de 2006.
15 Ibídem.
16 Ley 270 de 1996. Artículo 1: La administración de justicia es la parte de la función pública que
cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia
social y lograr y mantener la concordia nacional.
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para terminarlo con una sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los
derechos fundamentales de las partes.
32. Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple
en el Estado Social de Derecho, en el que «ha dejado de ser el frio funcionario
judicial que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin
vendas– que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la
agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como servidor vigilante,
activo y garante de los derechos materiales.
33. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial
puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia, en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación
es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas
estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de
diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de los mismos17.
34. Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que
«atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento
de los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios
judiciales»18.
35. De conformidad con la sentencia SU-453 de 2020 de la Corte
Constitucional, se entiende justificada la mora cuando: (i) se está ante asuntos
de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral una diligencia
razonable del juez que los atiende, y (ii) se constata la existencia de problemas
estructurales, de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser
catalogadas como imprevisibles e ineludibles.
36. Continuando con el criterio de esa Corporación frente al particular se tiene
que:
[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su estudio,
para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello, la
jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar del
juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden
vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer un extenso
recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó que el
incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de
la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable
del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas
estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga
laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo
17 Corte Constitucional, Sentencia T-1019 de 2010.
18 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2013.
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previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está
ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial
no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el
cumplimiento de sus funciones19.
37. Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición
reiterada en relación con la existencia de la mora judicial, según la cual
únicamente se predica si hay dilación injustificada al resolver los asuntos
sometidos a la competencia del juez. De acreditarse la conducta omisiva
infundada, se materializa la violación al derecho de acceso a la administración de
justicia y de contera, al debido proceso de las partes.20
2.6. Derecho de petición
38. La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de
«presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución»21.
39. En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de
petición la Corte Constitucional ha explicado que:
i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos
de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información,
a la participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial
comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar,
en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es
decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la
respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre
en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose
de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia
entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la
pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su
sentido sea positivo o negativo. 22
40. La Corte Constitucional, al resolver asuntos en sede de tutela, ha
establecido algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este
derecho: «el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución
pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse
a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido»23.
19 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2013.
20 Entre otras, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta. Sentencia del 18 de agosto de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03905-00. C.P. Pedro
Pablo Vanegas Gil.
21 Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004.
22 Corte Constitucional, Sentencia T-161 de 2011.
23 Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015.
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41. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que:
la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la
persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición.
Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de
evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la
solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. Desde luego, este
deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad
suministre información adicional relacionada con los intereses del peticionario,
pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta
dada.24
42. Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento
del peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
(…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla
el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante»25.
43. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en
orden a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y,
además incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario,
condición fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.
44. Finalmente, debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho
a lo pedido, por lo que el derecho de petición se ejerce y se agota en la
presentación de la solicitud y en la obtención de la respuesta, lo que es una
cuestión distinta a si se accede o no al reconocimiento del derecho subjetivo.
2.7. Caso concreto
45. Como se expuso desde el acápite de antecedentes, a juicio de la parte
actora, la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de
petición por parte del Tribunal Administrativo del Atlántico, se debe a la presunta
mora judicial en la que ha incurrido en el trámite del medio de control de
controversias contractuales identificado con el radicado 08001-23-33-000-2020-
00770-00, y, por no otorgar una respuesta de fondo a la petición del 25 de octubre
de 2024.
46. La Sala procederá a estudiar cada uno de los reproches del accionante en
contra de la entidad judicial tutelada, para determinar si se vulneraron las
garantías constitucionales invocadas.
24 Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 2013.
25 Ibídem.
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2.7.1. Estudio sobre la vulneración del derecho fundamental al debido
proceso
47. De la revisión del expediente en cuestión, la Sala advierte que el proceso
ordinario fue admitido por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 15 de julio de
2021. Surtidas las audiencias correspondientes y vencido el término de traslado
de los alegatos de conclusión, el 23 de octubre de 2024, encontrándose el
expediente para proferir sentencia, la magistrada ponente emitió auto para mejor
proveer en el que ofició al municipio demandado, para que allegara unas pruebas
documentales. Debido a la falta de respuesta de la entidad territorial, el 17 de
febrero de 2025 el proceso pasó nuevamente al despacho para fallo.
48. De los informes presentados, la Sala evidencia que la autoridad judicial
accionada, al no recibir respuesta del requerimiento realizado al municipio de
Candelaria dentro del término otorgado en la providencia del 23 de octubre,
intentó obtener la contestación mediante llamadas telefónicas, correo electrónico
y oficios dirigidos a la entidad territorial. Dichas gestiones se llevaron a cabo en
virtud de que el municipio referido no contestó la demanda, por lo que la prueba
solicitada era de suma importancia para proferir sentencia.
49. Igualmente, el Tribunal Administrativo del Atlántico mencionó que, el 17 de
febrero de 2025, el expediente pasó al despacho para proferir sentencia.
Además, allegó con su informe la lista con el orden de procesos que están en el
despacho para fallo y mencionó que el proyecto se iba a registrar para la próxima
sala de decisión de la colegiatura.
50. Así las cosas, se advierte que la dilación a la que se refiere el tutelante se
debe a que, en el trámite del proceso, el despacho sustanciador no ha podido
obtener respuesta alguna de la entidad territorial demandada. Por ello, la
secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico ha intentado, de diferentes
maneras, notificar al municipio para que comparezca al proceso y atienda las
solicitudes26.
51. En este orden, para la Sala en este caso no se configuró la mora judicial
injustificada que predica la parte actora. Esto es así, pues, pese a que no se ha
dictado sentencia de primera instancia en el proceso referenciado, ello no ha
obedecido a una falta de diligencia de la autoridad judicial tutelada.
52. De otro lado, del escrito de tutela y de los memoriales allegados por el
actor, no se desprende una situación que permita concluir que la accionante está
ante la posible materialización de un perjuicio irremediable.
53. En vista de lo anterior, se negará la protección del derecho fundamental
invocado, puesto que, para esta Sala, no se configura la mora judicial injustificada
26 Dichos requerimientos quedaron registrados en la plataforma SAMAI.
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Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00472-00
que avale la intervención del juez constitucional. Lo anterior, toda vez que las
dilaciones referidas por la parte actora dentro del expediente 08001-23-33-000-
2020-00770-00, han obedecido a algunas situaciones particulares que no son
imputables a la autoridad judicial accionada y, no se observa que haya pasado
un tiempo excesivo desde que el expediente ingreso al despacho para fallo27.
2.7.2. Análisis de la vulneración del derecho fundamental de petición
54. De los elementos que integran el expediente, se corroboró que, en efecto,
el Tribunal Administrativo del Atlántico recibió la petición presentada por el actor
el 25 de octubre de 202428, consistente en la solicitud del orden de lista para
dictar sentencia del despacho y, para poner de presente la desatención que ha
tenido el Tribunal frente a varios impulsos procesales radicados por el
accionante.
55. Posteriormente, mediante correo electrónico del 12 de noviembre de 2024,
la autoridad judicial accionada dio respuesta a la petición elevada por el
Consorcio Pavimentos Candelaria 2015-201729. En ella expuso que el proceso
con radicado 08001-23-33-000-2020-00770-00 «se encuentra a despacho para
proferir sentencia, por lo cual, le invitamos, que este atento al buzón de
notificaciones judiciales en los próximos días […]».
56. En concreto, la parte actora consideró que no se respondió de fondo la
petición referida, puesto que, no se resolvió la solicitud de información referente
al orden de lista de los expedientes que tenga el tribunal para dictar sentencia.
57. Se pone de presente que la Corte Constitucional ha limitado el alcance del
derecho fundamental de petición cuando se presenta frente a las autoridades
judiciales. Lo anterior, porque en el marco de un proceso, tanto el juez como las
partes, están sometidos al procedimiento respectivo de cada juicio, por ende, se
deberán resolver y atender dichas solicitudes en la etapa procesal prevista para
ese fin. No obstante, para la Sala, la solicitud en cuestión se encasilla en las
peticiones de información establecidas en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011.
Ello, debido a que lo pedido no busca impulsar el proceso, sino que es una
petición meramente administrativa y ajena al contenido de la litis.
58. A través del memorial del 19 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo
del Atlántico adjuntó el listado de procesos que están al despacho para fallo, con
el fin, de que el actor verifique el orden que le correspondió al expediente de
controversias contractuales mencionado anteriormente. A pesar de ello, la Sala
27 17 de febrero de 2025.
28 Solicitud presentada por el abogado Carlos Alberto Martínez Fernández, quien actúa como
apoderado judicial del Consorcio Pavimentos Candelaria 2015-2017, en el proceso ordinario.
29 Respuesta notificada a la dirección electrónica camarfezabg@gmail.com, que pertenece al
apoderado judicial de la parte actora en el proceso ordinario.
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Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00472-00
evidencia que no se aportó constancia del envío del referido documento al
apoderado judicial del Consorcio Pavimentos Candelaria 2015-2017.
59. En tal sentido, se recuerda que una verdadera respuesta, si bien no tiene
que ser favorable a las pretensiones del peticionario, sí debe cumplir con los
requisitos de ser oportuna, resolver lo solicitado de manera clara, precisa y
congruente, además de ser puesta en conocimiento del solicitante con la debida
notificación de la respuesta o el trámite efectuado.
60. La Corte Constitucional ha establecido que parte integrante del derecho
fundamental de petición es la comunicación de la respuesta al peticionario, a
saber:
Es deber de las autoridades de resolver de fondo las peticiones elevadas ante
ellas, sin que ello quiera decir que la respuesta deba ser favorable, y no son
suficientes ni acordes con el artículo 23 constitucional las respuestas evasivas o
abstractas, como quiera que condenan al peticionario a una situación de
incertidumbre, por cuanto éste no logra aclarar sus inquietudes, especialmente si
se considera que, en muchos eventos, de esa respuesta depende el ejercicio de
otros derechos subjetivos. Ha señalado igualmente la jurisprudencia, que la
respuesta emitida en el marco de un derecho de petición debe ser dada a
conocer efectivamente al peticionario, quien es el directo interesado en
saber sobre la explicación brindada y en los efectos de la misma30 (Negrilla
fuera del texto original)
61. En este orden, la Sala concluye que, aunque obra en el expediente de la
presente tutela la lista solicitada por la parte actora, dicho documento no ha sido
notificado a la dirección electrónica desde la cual se radicó la petición del 25 de
octubre de 2024, vulnerando entonces el derecho fundamental de petición de la
parte tutelante.
62. De conformidad con lo expuesto, se amparará el derecho fundamental de
petición del Consorcio Pavimentos Candelaria 2015-2017, y, se ordenará al
Tribunal Administrativo del Atlántico que dentro de un término de 48 horas,
contadas a partir del día siguiente de la notificación de este fallo, proceda a remitir
la respuesta a los correos walidarana@gmail.com y camarfezabg@gmail.com. El
primero por haber sido indicado por el peticionario en el escrito de tutela y, el
segundo, por ser la dirección electrónica desde la cual se radicó la solicitud del
25 de octubre de 2024.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
30 Corte Constitucional, sentencia T-369-13.
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Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00472-00
III. RESUELVE
PRIMERO: NEGAR el amparo del derecho fundamental al debido proceso
solicitado por el Consorcio Pavimentos Candelaria 2015-2017.
SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del Consorcio
Pavimentos Candelaria 2015-2017, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia. En consecuencia, se ORDENA al Tribunal Administrativo del
Atlántico que, dentro de un término de 48 horas, contadas a partir del día
siguiente de la notificación de este fallo, proceda a remitir la respuesta a los
correos electrónicos walidarana@gmail.com y camarfezabg@gmail.com.
TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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