Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00475-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-00475-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00475-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00475-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
6 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00475-00
Demandante: Corporación Ecos Ciudadanos
Demandado: Presidencia de la República
Tema: Derechos a la honra, buen nombre intimidad e inocencia de los
militares colombianos detenidos en Haití, con ocasión de
declaraciones públicas sobre el caso
Decisión: Declarar la falta de legitimación en la causa por activa
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por la Corporación Ecos Ciudadanos como
agente oficioso, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, y
333 de 2021.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
La Corporación Ecos Ciudadanos, en calidad de agente oficioso, promovió
solicitud de tutela «por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, Derecho a la presunción de inocencia, Derecho a la dignidad humana, Derecho a
la honra y buen nombre, Derecho a la seguridad personal y Derecho a la protección de los
derechos humanos de los militares colombianos detenidos en Haití y de sus familias, debido
a [las] declaraciones públicas sobre este caso» (sic).
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:
i) El 22 de enero de 2025, el presidente de la República durante una declaración
pública en Haití realizó afirmaciones sobre la responsabilidad de los militares
colombianos detenidos por el asesinato del primer mandatario de ese país, sin que
existan sentencias judiciales en firme que determinen su culpabilidad.
ii) Utilizó la frase: «[c]olombianos oscuros en su corazón, blancos en su piel y pagos como
mercenarios por intereses en el estado de la Florida decidieron venir a estas tierras a
asesinar» (sic>), la cual condena a todos los exmilitares que viajaron a realizar un
1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00475-00
Demandante: Corporación Ecos Ciudadanos
hecho punible en Haití; cuando lo cierto es, que existen versiones de que algunos
viajaron para trabajar en una empresa para ayudar en la seguridad interna de ese
país, afirmación que hasta la fecha no ha sido desvirtuada de manera jurídica, pues,
en la actualidad hay 17 de ellos que no han sido vencidos en juicio.
iii) Desde julio de 2021 estos colombianos permanecen privados de la libertad en
Haití, posiblemente bajo condiciones inhumanas de reclusión, tortura y maltrato
constante, por lo que las declaraciones del presidente de la República han
incrementado el riesgo de su seguridad y las de sus familias, al generar xenofobia,
acoso y estigmatización de la sociedad colombiana y extranjera en su contra.
iv) Las afirmaciones públicas del primer mandatario afectan de manera grave el
principio de presunción de inocencia, además de los derechos fundamentales al
debido proceso, dignidad humana, seguridad personal, honra y buen nombre de los
detenidos en el extranjero y sus familias.
v) Las familias de los exmilitares, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, no
cuentan con medidas de protección del Estado que garanticen su seguridad e
integridad frente a los riesgos generados por estas declaraciones, ni con los
recursos necesarios para defender sus derechos.
1.1.1. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:
«[…] 1. Ordenar al Presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego,
abstenerse de emitir declaraciones que prejuzguen la responsabilidad de los militares
colombianos detenidos en Haití hasta que exista un fallo judicial en firme para cada uno
de los investigados.
2. Ordenar al Presidente que ofrezca disculpas públicas a los militares detenidos que no
han sido vencidos en juicio, así como a sus familias, por las declaraciones que afectan
su presunción de inocencia, su dignidad y su buen nombre.
3. Ordenar al Gobierno Nacional implementar medidas inmediatas para proteger la
seguridad personal de las familias de los militares detenidos, quienes han sido objeto de
amenazas, xenofobia y discriminación como resultado de las declaraciones del
Presidente.
4. Exhortar al Gobierno Nacional y al Ministerio de Relaciones Exteriores a garantizar la
protección de los derechos humanos de los militares detenidos en Haití, incluyendo:
• La verificación de sus condiciones carcelarias.
• La adopción de medidas diplomáticas para garantizar su integridad física y
psicológica.
• La coordinación con organismos internacionales como la Cruz Roja Internacional y
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para supervisar su situación.
5. Ordenar que el Presidente de la República se abstenga de emitir declaraciones que
puedan poner en riesgo la seguridad de las familias de los militares y aumentar la
estigmatización hacia los detenidos.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00475-00
Demandante: Corporación Ecos Ciudadanos
6. Solicitar que las autoridades competentes adopten medidas de acompañamiento
psicosocial para las familias de los militares detenidos, quienes han sido afectadas
emocional y socialmente por la situación actual.
7. Solicitar que el presidente Gustavo Petro afirme que se compromete a respetar la
independencia de los jueces encargados de este caso, asegurando que no se influirá en
el proceso judicial y que se garantizará un juicio justo y sin presiones externas.
8. Que se informe públicamente por parte del presidente Gustavo Petro, que las
declaraciones del presidente en dicha reunión en Haití, no constituyen un veredicto
judicial de acusación teniendo en cuenta que el debido proceso debe prevalecer sobre
cualquier declaración pública que comprometa la integridad del proceso judicial. […]».
(sic)
1.2. Informe rendido en el proceso
1.2.1. La Presidencia de la República2 solicitó declarar la improcedencia del
amparo invocado por falta de legitimación en la causa por activa, en tanto no se
acreditó vulneración alguna de los derechos invocados, ni se comprobaron los
requisitos necesarios para actuar en representación de los intereses de terceros.
De otro lado, manifestó que la solicitud de tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad, en la medida en que la parte demandante no presentó un
requerimiento de retractación ante esa autoridad; quien, además, carece de
legitimación en la causa por pasiva para garantizar los derechos humanos de los
detenidos lo cual corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, así como de
la seguridad de sus familias lo cual recae en la Unidad Nacional de Protección,.
Por último, sostuvo que «las pretensiones formuladas por el actor deben ser negadas.
Esto, porque el señor presidente de la República no desplegó una acción que vulnere los
derechos fundamentales señalados por el accionante. Se observa que, en su mensaje al
Gobierno de Haití, el primer mandatario no condenó penalmente las personas involucradas
judicialmente con el asesinado del ex presidente Jovenel Moïse y, al referirse a este suceso,
lo hizo con base en la información de público conocimiento, a saber, que a la fecha sí hay
personas condenadas, donde figura alguien de nacionalidad colombiana, además hizo
referencia a unas investigaciones en curso, lo cual puede ser corroborado en información
proporcionada por el gobierno de Haití y noticias publicadas por medios nacionales e
internacionales. Por lo anterior, las afirmaciones están amparadas por la libertad de
expresión, en tanto se sustentan en hechos verificables y en la informa […]» (sic).
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que
obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) determinación del problema jurídico;
iii) legitimación en causa por activa en la solicitud de tutela; y iv) análisis de la Sala.
2 Archivo obrante en el índice 9 del Samai.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00475-00
Demandante: Corporación Ecos Ciudadanos
2.1. Competencia.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37
del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 1 del Decreto 333 del 6
de abril de 2021, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo
contra la Presidencia de la República.
2.2. Problema jurídico
La Sala deberá definir si: ¿la Corporación Ecos Ciudadanos cuenta con legitimación
en la causa por activa en la presente solicitud de tutela?
2.3. Legitimación en causa por activa en la solicitud de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a
presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién
actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales fundamentales;
en el mismo sentido lo reguló el Decreto 2591 de 19913, que dispuso:
Artículo 10. LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté
en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales. […]
La Corte Constitucional4 refirió la evolución jurisprudencial en lo que a la
legitimación en la causa por activa para acudir al juez de tutela, así:
«[…] 5. Desde sus inicios, particularmente en la sentencia T-416 de 19975, la Corte
Constitucional estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un
presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad
subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de
tutela.
Más adelante, la sentencia T-086 de 20106, reiteró lo siguiente con respecto a la
legitimación en la causa por activa como requisito de procedencia de la acción de tutela:
“Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea
un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se
opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de
representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”. (Negrilla fuera del texto
original).
3 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
4 Sentencia T-511 de 2017. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.
5 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
6 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Caljub.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00475-00
Demandante: Corporación Ecos Ciudadanos
Asimismo, en la sentencia T-176 de 20117, este Tribunal indicó que la legitimación en la
causa por activa constituye una garantía de que la persona que presenta la acción de
tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez
constitucional, de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho
fundamental reclamado es propio del demandante.
En el mismo sentido se pronunció la Corte en la sentencia T-435 de 20168, al establecer
que se encuentra legitimado por activa quien promueva una acción de tutela siempre
que se presenten las siguientes condiciones: (i) que la persona actúe a nombre propio,
a través de representante legal, por medio de apoderado judicial o mediante agente
oficioso; y (ii) procure la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales.
Adicionalmente, en la sentencia SU-454 de 20169, esta Corporación reiteró que el
estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces y
constituye un presupuesto procesal de la demanda.
6. Ahora bien, con respecto a la legitimación del agente oficioso, en las sentencias T-
452 de 200110, T-372 de 201011, y la T-968 de 201412, este Tribunal estableció que se
encuentra legitimada para actuar la persona que cumpla los siguientes requisitos: (i) la
manifestación que indique que actúa en dicha calidad; (ii) la circunstancia real de que,
en efecto, el titular del derecho no se encuentra en condiciones físicas o mentales para
interponer la acción, ya sea dicho expresamente en el escrito de tutela o que pueda
deducirse del contenido de la misma; y (iii) la ratificación de la voluntad del agenciado
de solicitar el amparo constitucional.
En concordancia con lo anterior, en la sentencia SU-173 de 201513, reiterada en la T-
467 de 201514, la Corte indicó que por regla general, el agenciado es un sujeto de
especial protección y, en consecuencia, la agencia oficiosa se encuentra limitada a la
prueba del estado de vulnerabilidad del titular de los derechos.
En esta oportunidad, la Corte reitera la regla jurisprudencial que establece que una
persona se encuentra legitimada por activa para presentar la acción de tutela, cuando
demuestra que tiene un interés directo y particular en el proceso y en la resolución del
fallo que se revisa en sede constitucional, el cual se deriva de que el funcionario judicial
pueda concluir que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante. […]».
(sic)
Como se observa, la normativa y la jurisprudencia definen cuatro vías procesales
para acudir al juez de tutela a saber: i) el directamente afectado; ii) a través de
representante legal o de apoderado judicial; iii) por medio de agente oficioso; y iv)
por conducto del defensor del pueblo y los personeros municipales.
2.4. Caso concreto
La Corporación Ecos Ciudadanos acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan los derechos fundamentales de los agenciados y, en consecuencia, se
7 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
8 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
9 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
10 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
11 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
12 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
13 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
14 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00475-00
Demandante: Corporación Ecos Ciudadanos
ordenara al presidente de la República abstenerse de hacer declaraciones que
prejuzguen la responsabilidad de los exmilitares colombianos en Haití y los pongan
en riesgo, así como a sus familiares, además de tomar todas las acciones
pertinentes para restablecer los derechos afectados.
Con relación a lo anterior, es necesario evaluar si la Corporación Ecos Ciudadanos
tiene la titularidad para reclamar sobre el amparo de los derechos fundamentales
invocados en la presente solicitud de tutela; aspecto respecto del cual, se aclara
que la corporación demandante no alegó ni acreditó relación o interés frente alguno
de los 17 exmilitares detenidos o de sus familias; lo cual desvirtúa su legitimación
para acudir ante el juez de tutela en nombre propio.
Ahora bien, de otro lado, se observa que la parte actora pretende actuar como
agente oficioso de los detenidos colombianos, frente a lo cual es pertinente resaltar
que, en lo que tiene que ver con dicha figura, el artículo 10 del Decreto 2591 de
1991, señala que su procedencia será: «[…] cuando el titular de los [derechos
presuntamente vulnerados] no esté en condiciones de promover su propia defensa. […]»,
supeditándose su eficacia a que en la solicitud se manifieste y acredite tal situación.
La Corte Constitucional15 señaló al respecto:
«[…] Entretanto esta Corte ha sintetizado los elementos de la agencia oficiosa, así: (i) la
manifestación del agente oficioso en el sentido de actuar como tal; (ii) la circunstancia
real, que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque del
contenido se pueda inferir, consistente en que el titular del derecho fundamental no está
en condiciones físicas o mentales para promover su propia defensa; (iii) la existencia de
la agencia no implica una relación formal entre el agente y los agenciados titulares de
los derechos; (iv) la ratificación oportuna por parte del agenciado de los hechos y de las
pretensiones consignados en el escrito de acción de tutela por el agente. […]»
En este orden de ideas, en atención a los elementos definidos por la jurisprudencia
constitucional en materia de agencia oficiosa en sede de tutela, se observa que en
el presente asunto no se cumplen, pues, no se expresaron y tampoco se infieren las
razones o circunstancias por las cuáles los titulares de los derechos fundamentales
invocados, es decir, los ex militares colombianos en Haití y/o sus grupos familiares
presuntamente afectados con las declaraciones del presidente de la República
cuestionadas, no pueden promover su propia defensa.
Sumado a esto, debe tenerse en cuenta que en el auto admisorio del presente
asunto se solicitó acreditar la representación legal, objeto social y personería
jurídica de la Corporación Ecos Ciudadanos, frente a lo cual se aportó el respectivo
certificado de Cámara de Comercio de Bogotá con el que se comprueba su
existencia y representación legal, sin embargo, ello no resulta suficiente para probar
su condición de apoderado o agente oficioso de los terceros en favor de quienes
dice actuar, máxime, si se observa que tampoco se ratificaron sus actuaciones por
parte de alguno de los presuntos agenciados.
15 Sentencia de la Corte Constitucional T-995 de 2008, M.P.: Mauricio González Cuervo.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00475-00
Demandante: Corporación Ecos Ciudadanos
3. Conclusión
En este orden de ideas, queda desvirtuada la legitimación en la causa por activa de
la Corporación Ecos Ciudadanos en la solicitud de tutela presentada contra la
Presidencia de la República.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar la falta de legitimación en causa por activa de la Corporación
Ecos Ciudadanos, en la solicitud de tutela presentada contra la Presidencia de la
República, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JAVD/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
7
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.