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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00476-00

Fecha
27 de marzo de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00476-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Desvincular a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo. Declarar improcedente la solicitud de tutela promovida Leonardo Augusto Torres Calderón en contra del Consejo de Estado, Sección Quinta, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-00476-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

27 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00476-00
Demandante: Leonardo Augusto Torres Calderón
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta

Temas: Tutela contra auto que negó la práctica de pruebas en proceso
de nulidad electoral
Decisión: Declarar improcedente la solicitud de amparo / Subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por Leonardo Augusto Torres Calderón, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Leonardo Augusto Torres Calderón promovió solicitud de tutela con el fin de que
se amparara su derecho fundamental al debido proceso, el cual consideró vulnerado
con ocasión de la providencia proferida el 22 de enero de 2025 por el Consejo de
Estado, Sección Quinta, en el expediente de nulidad electoral identificado con el
radicado 11001032800020240006100 (Acumulado 1100103150002024004300).

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. Se inscribió en el concurso para la elección del registrador nacional del
Estado Civil, periodo 2019-2022, en el que superó satisfactoriamente la prueba de
aptitudes, conocimientos y psicotécnica, con un resultado de 524.24 puntos, por lo
que ocupó el primer puesto en la lista clasificatoria.

2.2. Al realizarse la entrevista final, se le calificó con 210 puntos, mientras que, a
Alexander Vega Rocha, quien ocupaba el quinto puesto, con 285 puntos, por lo cual,

1 Visible en índice 2 de Samai, actuación denominada
«1_DemandaWeb_Demanda_ACCIONDETUTELAPORCAU(.pdf) NroActua 2»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00476-00
Demandante: Leonardo Augusto Torres Calderón

este último pasó a ocupar el primer puesto en la lista clasificatoria.

2.3. Carolina Muñoz Ospina y otros presentaron, en ejercicio del medio de control
de nulidad electoral, demanda en contra de Alexander Vega Rocha con la finalidad
de cuestionar la legalidad del Acuerdo 25 del 13 de octubre de 2019, por el cual los
presidentes de las altas cortes lo eligieron como registrador nacional, al manifestar
distintas irregularidades, como, por ejemplo, que las entrevistas no habían sido
públicas, sino secretas y su calificación fue concertada, más no en forma individual
como exige el reglamento.

2.4. El Consejo de Estado, Sección Quinta, en sentencia del 26 de septiembre de
2022 negó las pretensiones de la demanda al considerar que, si bien existieron
algunos errores en la aplicación y calificación de las entrevistas respecto a que no
habían sido públicas, ello no afectaba el resultado del concurso, y exhortó a los
organizadores del próximo concurso de méritos para proveer el mismo cargo que
adoptaran algún registro y/o soporte del desarrollo de la entrevista.

2.5. La exhortación fue acogida para los presidentes de las altas cortes que
organizaban el concurso para la elección del registrador nacional para el periodo
del 2023 al 2027 (en el cual también participó), puesto que en el artículo 12 del
Acuerdo 2 del 8 de junio de 2023 estableció que la calificación de la entrevista
tendría un máximo de 300 puntos, serían calificadas de forma individual por cada
presidente, y que se dejaría registro de estas. El 20 de noviembre de 2023 se citaron
a los aspirantes que obtuvieron los mejores puntajes, dentro de los cuales se
encontraba el demandante.

2.6. Leonardo Augusto Torres Calderón y Harold Eduardo Sua Montaña
presentaron2, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, demanda en
contra de Hernán Penagos Giraldo como registrador Nacional del Estado Civil con
el fin de cuestionar la legalidad del Acuerdo 015 del 22 de noviembre de 2023, por
medio del cual se declaró electo para el periodo 2024-2027.

2.7. Solicitó como prueba que se oficiara a los presidentes de las altas cortes para
que anexara al expediente todos los documentos contentivos del proceso de
selección del registrador nacional en el 2023, y en especial, las grabaciones de las
entrevistas con su respectiva tarjeta de evaluación.

2.8. El Consejo de Estado, Sección Quinta, en providencia del 27 de septiembre
de 2024 negó las excepciones planteadas, las pruebas requeridas dentro de las
cuales estaban el expediente administrativo y las grabaciones de las entrevistas,
que fueron calificadas como pruebas secretas, y el interrogatorio de los tres
presidentes. En contra de esta decisión uno de los demandantes solicitó aclaración
y excepción de inconstitucionalidad, y el suscrito acceso a los videos de la entrevista

2 Se presentaron dos demandas por separado, las cuales fueron acumuladas por el Consejo de

Estado, Sección Quinta, en providencia del 14 de agosto de 2024, que, ordenó acumular los
procesos de nulidad electoral 11001-03-28-000-2024-00061-00, y 11001-03-28-000-2024-00043-00.

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Demandante: Leonardo Augusto Torres Calderón

de Hernán Penagos y el propio.

2.9. En providencia del 11 de octubre de 2024 se negó la solicitud de aclaración,
en la que se indicó que en el expediente no reposaba el video de la entrevista de
Hernán Penagos, por lo cual no se podía llevar a cabo su exhibición. En contra de
esta decisión la parte demandante interpuso recurso de reposición.

2.10. En providencia del 1 de noviembre de 2024 se rechazó de plano la solicitud
de unificación jurisprudencial y excepción de inconstitucionalidad planteada por el
demandante Sua Montaña, se negó la reposición y la solicitud de exhibición de la
entrevista de Leonardo Augusto Torres. La parte demandante interpuso recursos de
reposición y de súplica, y formuló solicitud de nulidad del proceso por la causal del
numeral 5 del artículo 133 del Código General del Proceso.

2.11. En providencia del 28 de noviembre de 2024 se negó el recurso de
reposición, se corrió traslado de la solicitud de declaratoria de nulidad, y se ordenó
tramitar el recurso de súplica. En contra de esta decisión la parte demandada
interpuso recurso de reposición.

2.12. En providencia del 22 de enero de 2025 se negaron el recurso de reposición
de la providencia que dio traslado de la nulidad presentada y la solicitud de nulidad,
y se requirió a los presidentes de las altas cortes para que informaran si existían
registros magnéticos de las entrevistas y de ser así allegaran los archivos
correspondientes.

2.13. Se vulneraron sus derechos fundamentales al incurrir en defecto
procedimental, pues, pese a que se incorporó como prueba todo el expediente
administrativo del concurso junto con las grabaciones de las entrevistas, se ordenó
tramitar sentencia de única instancia sin haberlas analizado.

2.14. En defecto sustantivo, por cuanto no se tuvo en cuenta que el reglamento del
concurso de méritos estableció que la calificación de la entrevista de los candidatos
era de 300/1000 puntos, pues, se observó que la calificación otorgada a Hernán
Penagos fue excesiva y subjetiva, y el juez se abstuvo de cumplir con su deber de
revisar las entrevistas.

2.15. En decisión sin motivación, toda vez que, aunque las providencias proferidas
parecieran estar fundamentadas, extrañamente en dicha argumentación se aplicó
erróneamente las normas procesales, con desconocimiento de aquellas invocadas.

2.16. En desconocimiento del precedente del Consejo de Estado, pues, pese a que
en el fallo del 28 de septiembre de 2022 se exhortó a los presidentes de las altas
cortes a grabar las entrevistas de los candidatos, ahora consideraron que no era
procedente su revisión para realizar una nueva calificación.

2.17. En violación directa de la Constitución Política al desconocer los principios
constitucionales del debido proceso, acceso a la administración de justicia,

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00476-00
Demandante: Leonardo Augusto Torres Calderón

prevalencia del derecho sustancial, igualdad y de la elección del registrador
Nacional del Estado Civil previo al concurso de méritos, comoquiera que, la
intención del magistrado ponente fue abstenerse de revisar las entrevistas de los
candidatos para establecer si fueron evaluadas objetivamente.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] 2.1. Se proteja mi derecho al debido proceso y al deber de todo juez de dictar el
fallo con base en el análisis de todas las pruebas recaudadas, para que el fallo de la
acción electoral que defina las pretensiones formuladas en la demanda, se base en todas
las pruebas recaudadas, y en especial ordenar a los honorables magistrados de la
Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado, proceder a la
revisión y análisis de las grabaciones de las entrevistas realizadas a Hernán Penagos
Giraldo, al suscrito Leonardo Augusto Torres Calderón y la de los demás 8 participantes
llamados a entrevista, para establecer si la calificación de las entrevistas se hizo en forma
objetiva y de conformidad con los parámetros establecidos por los mismos presidentes
de las altas cortes en instructivo expedido con anterioridad a la realización de la
entrevista, antes de expedir sentencia de única instancia en el proceso electoral de la
referencia;

2.2. Si de la revisión y análisis de las entrevistas que realizarán los honorables
magistrados de la Sección Quinta, la sala de decisión encuentra que las mismas no
fueron calificadas en formas objetiva y de acuerdo a los parámetros establecidos por los
mismos presidenciales de las altas cortes, ordenar a los honorables magistrados de la
Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
su función electoral, volver a calificar las entrevistas para darles a todos los
concursantes, y en especial, al suscrito Leonardo Augusto Torres Calderón, una justa
calificación y evaluación, y proceder así a establecer el orden de la lista de legibles, para
así establecer en forma definitiva si el candidato elegido, el doctor Hernán Penagos
Giraldo, era o no el candidato que ha debido ser elegido de acuerdo a una calificación
objetiva de las entrevistas y de conformidad con los parámetros establecidos por los tres
presidentes de la alta corte para el efecto, o en su defecto, establecer el candidato que
ha debido ser elegido después de una calificación objetiva de las entrevistas, y de
acuerdo a los parámetros establecidos por los mismos presidentes de las altas cortes
organizadores del concurso de méritos […]». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. Hernán Penagos Giraldo3 se opuso a la prosperidad de la petición de
amparo y solicitó se declarara su improcedencia, comoquiera que no se acreditaron
los requisitos generales de procedibilidad, específicamente, el de la subsidiariedad,
por tratarse de un proceso judicial en curso, o en su defecto, se negara, ante la
inexistencia de vulneración a derecho fundamental alguno.

5. Dentro del proceso electoral mediante providencia del 22 de enero de 2025
se ordenó requerir a los presidentes de las altas cortes para que informaran si
existían grabaciones o registros magnéticos de las entrevistas realizadas y de ser
así, las allegaran. Sin embargo, frente a este requerimiento la Sala Electoral

3 Visible en índice 10 de Samai, actuación denominada «14_MemorialWeb_Otro-
AcciondeTutelaLAT(.pdf) NroActua 10»

4

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Demandante: Leonardo Augusto Torres Calderón

manifestó no tener información al respecto y que la prueba de estas era netamente
documental, razón por lo que no era materialmente posible incluirla en el
expediente.

6. Asimismo, el demandante ha interpuesto diferentes peticiones y recursos
extemporáneos e improcedentes, que han entorpecido el normal desarrollo del
proceso electoral.

7. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial4 solicitó que se negara
el amparo pretendido, por cuanto el proceso de nulidad electoral se encuentra en
trámite pendiente de resolver de fondo las pretensiones formuladas, máxime,
cuando el demandante no identificó con claridad las providencias judiciales contra
las cuales pretendió se realizara el análisis constitucional.

8. Asimismo, su desvinculación por cuanto no tiene la competencia para dejar
sin efectos las decisiones proferidas en el trámite de procesos judiciales, pues, de
acuerdo con el artículo 98 de la Ley 270 de 1996 tiene a su cargo la ejecución de
las actividades administrativas de la Rama Judicial.

9. Los presidentes de las altas cortes que adelantaron el proceso que culminó
con la escogencia del registrador Nacional del Estado Civil 2023- 20275 solicitaron
se declarara improcedente la petición de amparo, comoquiera que el demandante
cuenta con más escenarios procesales para hacer valer sus intereses dentro del
proceso en cuestión, y además, las decisiones enjuiciadas han sido adoptadas con
total respeto del ordenamiento jurídico, pues, la valoración de las pruebas
corresponde exclusivamente al juez de conocimiento.

10. Precisaron que las pretensiones de la tutela iban dirigidas a cuestionar las
providencias adoptadas por el Consejo de Estado, Sección Quinta dentro del
proceso judicial, más no se atribuía ningún tipo de vulneración por parte de estas
autoridades, los cuales se han limitado a cumplir de manera oportuna sus deberes
como parte procesal, con la remisión de la información solicitada.

11. El Consejo de Estado, Sección Quinta6 luego de hacer un reencuentro de
las actuaciones jurídico-procedimentales surtidas al interior del proceso en cuestión,
solicitó se declarara improcedente el amparo pretendido, por cuanto no se
acreditaron los requisitos generales de procedibilidad de la subsidiariedad y la
relevancia constitucional, pues, el proceso de nulidad electoral con radicación
11001-03-28-000-2024-00061-00 se encuentra en trámite para dictar sentencia

4 Visible en índice 11 de Samai, actuación denominada «15_MemorialWeb_Respuesta-
PRONUNCIAMIENTODEMA(.pdf) NroActua 11»
5 Visible en índice 13 de Samai, actuación denominada
«18RECIBEMEMORIAL_Memorial_Respuestatutela11001(.pdf) NroActua 13»
6
Visible en índice 15 de Samai, actuación denominada
«22CONTESTACIONDE_ContestacionTutela20(.pdf) NroActua 15»

5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00476-00
Demandante: Leonardo Augusto Torres Calderón

anticipada, además, de que la verdadera intención del demandante era reabrir un
debate que ya fue zanjado por el juez de conocimiento.

12. Harold Eduardo Sua Montaña7 indicó que se configuró el defecto fáctico en
su dimensión negativa, comoquiera que conforme al parágrafo 1 del artículo 175 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo el
demandante si tenía la facultad de solicitar la apreciación de las entrevistas surtidas
a él y el elegido, y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría
ganar la discusión, por violación del artículo 25 y el numeral 1 del artículo 8 de la
Convención Interamericana de Derechos Humanos.

2. Consideraciones

13. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa - falta de
legitimación en la causa por pasiva; iii) procedencia de la tutela contra providencia
judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

14. De conformidad con lo dispuesto en los artículo 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 2021,6 esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo
contra el Consejo de Estado, Sección Quinta.

2.2. Cuestión previa - falta de legitimación en la causa por pasiva

15. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene
derecho a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma
o por quién actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales
fundamentales cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, tal como lo
señala el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991:

Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.
De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra
el superior.

16. La Corte Constitucional8 en lo que a la legitimación en la causa por pasiva en
los trámites de solicitudes de tutela se refiere, ha considerado:

7
Visible en índice 22 de Samai, actuación denominada
«27RECIBEMEMORIAL_GetFileAttachmentpdf(.pdf) NroActua 22»
8 Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00476-00
Demandante: Leonardo Augusto Torres Calderón

«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental9. En la medida que refleja la
calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso”10, la misma, en principio, no se predica del funcionario que
comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será
la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya
lugar a ello.

Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta
Fundamental.”11 Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales
(oficiosidad) y a interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección
del derecho fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es
demandado. […]». (sic)

17. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial alegó su falta de
legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no tiene la competencia para dejar
sin efectos las decisiones proferidas en el trámite de procesos judiciales. Respecto
de lo anterior, la Sala comparte dicha argumentación, máxime, cuando no se
evidenció que fuese parte procesal dentro del proceso en cuestión, razón por la cual
se accederá a su solicitud.

2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

18. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo del Consejo de Estado12 unificó el criterio de la corporación en cuanto
a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 13. Al
respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[…]».

9 Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
10 Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
11 Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
13 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00476-00
Demandante: Leonardo Augusto Torres Calderón

19. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

20. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo14 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

21. Ahora bien, la Corte Constitucional15 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante en la constitución; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se
cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar
improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

22. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos16,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales17.

23. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.4. Problema jurídico

14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
15 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
16 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
17 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00476-00
Demandante: Leonardo Augusto Torres Calderón

24. La Sala deberá definir si: ¿la solicitud de tutela presentada por Leonardo
Augusto Torres Calderón cumple con los requisitos de procedibilidad adjetiva,
especialmente, el de subsidiariedad?

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – de la subsidiariedad

25. El artículo 86 constitucional señala que: «[e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 dispone, entre otras, como causal de improcedencia de
la solicitud de amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

26. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia18, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de
un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los
derechos fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo
efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.5.2. Caso concreto

27. Leonardo Augusto Torres Calderón acudió al juez de tutela con el fin de que
se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin
efectos la providencia del 22 de enero de 2025, mediante la cual se negó su solicitud
probatoria, respecto del análisis de las grabaciones de las entrevistas realizadas a
los candidatos para la elección el registrador Nacional del Estado Civil.

28. En este punto, la Sala recuerda las actuaciones adelantadas en el referido
medio de control según consta en la página de Samai19, así:

28.1. Harold Eduardo Sua Montaña presentó en ejercicio del medio de control de
nulidad electoral, demanda en contra de Hernán Penagos Giraldo como registrador
Nacional del Estado Civil con el fin de cuestionar la legalidad del Acuerdo 015 del
22 de noviembre de 2023, por medio del cual se declaró electo para el periodo 2024-

18 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-

1121 de 2003.
19 Visible en el expediente de nulidad electoral identificado con el radicado
11001032800020240006100

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00476-00
Demandante: Leonardo Augusto Torres Calderón

2027. La cual fue admitida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, en providencia
del 12 de febrero de 2024.

28.2. En providencia del 16 de abril del 2024 se remitió el expediente a secretaría
para eventual acumulación, puesto que en la Sección existía otra demanda
formulada contra el acto de elección de Hernán Penagos Giraldo, tramitada bajo el
radicado 11001032800020240004300.

28.3. En providencia del 14 de agosto de 2024 se ordenó acumular los procesos
de nulidad electoral 11001-03-28-000-2024-00061-00, y 11001-03-28-000-2024-
00043-00, este último, cuyo demandante es Leonardo Augusto Torres Calderón.

28.4. En providencia del 27 de septiembre de 2024 negó las excepciones
planteadas por la parte demandada y los presidentes de las altas cortes, negó las
solicitudes probatorias de la parte demandante, fijó el litigio, y, resolvió que, vencido
el término para alegar de conclusión, el expediente debería ingresar al despacho
para dictar sentencia anticipada en los términos del artículo 182A del CPACA.

28.5. Frente a la anterior decisión, Harold Eduardo Sua Montaña presentó solicitud
de aclaración, la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad y recurso de
reposición; Lennart Mauricio Castro López, quien indicó haber participado en la
convocatoria requirió ser reconocido como «coadyuvante»; y Leonardo Augusto
Torres Calderón solicitó cita para acceder al «video de la entrevista» del actual
registrador Hernán Penagos.

28.6. En providencia del 11 de octubre de 2024 se negó la solicitud de aclaración,
reconoció como coadyuvante a Lennart Mauricio Castro López, y frente a la petición
de Leonardo Augusto Torres precisó que en el expediente no existe el supuesto
video de la entrevista de Penagos Giraldo al que se hizo referencia. En contra de
esta decisión la parte demandante interpuso recurso de reposición.

28.7. En providencia del 1.º de noviembre de 2024 se negaron los recursos de
reposición presentados por los demandantes, la solicitud probatoria de Leonardo
Augusto Torres Calderón, y la excepción de inconstitucionalidad del numeral 6 del
artículo 4 de la Ley 1134 de 2007. En contra de esta decisión la parte demandante
interpuso recurso de reposición, solicitudes de nulidad y adición, y recurso de
súplica.

28.8. En providencia del 28 de noviembre de 2024 se negó el recurso de
reposición, se ordenó adelantar el trámite para el recurso de súplica y se corrió
traslado a los sujetos procesales de la solicitud de nulidad presentada por Leonardo
Augusto Torres Calderón. En contra de esta decisión la parte demandada interpuso
recurso de reposición.

28.9. En providencia del 22 de enero de 2025 se negaron el recurso de reposición,
y las solicitudes de nulidad y probatoria presentadas, y se requirió a los presidentes
de las altas cortes, para que informaran si existen grabaciones, videograbaciones o

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Demandante: Leonardo Augusto Torres Calderón

registros magnéticos de las entrevistas realizadas en el marco del concurso y, de
ser así, las allegaran.

28.10. En providencia del 27 de enero de 2025 se rechazó por extemporáneo el
recurso de súplica interpuesto. En contra de esta decisión la parte demandante
interpuso solicitud de adición.

28.11.En providencia del 6 de febrero de 2025, respecto del recurso de súplica
presentado por Harold Eduardo Sua Montaña, se confirmó la providencia del 1.º de
noviembre de 2024, en el sentido de no reponer la providencia que negó «el decreto
y práctica de la prueba consistente en requerir, por conducto del presidente de la República,
a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que emita una opinión consultiva».

28.12. En providencia del 14 de febrero de 2025 se negó la solicitud de adición de
la providencia del 27 de enero de 2025, presentada por el demandante Harold
Eduardo Sua Montaña.

28.13. Del 10 al 17 de marzo de 2025 se han radicado diferentes memoriales por
las partes, con alegatos de conclusión y pronunciamientos frente a los mismos.

28.14. El 12 de marzo de 2025 ingresó al despacho para proferir sentencia, como
se evidencia:

29. A partir de lo expuesto, encuentra la Sala que la solicitud de tutela presentada
por Leonardo Augusto Torres Calderón no cumple con el requisito de
subsidiariedad, toda vez que el medio de control de nulidad electoral con radicado
11001032800020240006100, se encuentra en trámite, pendiente de proferirse
sentencia, frente a lo cual se advierte que en el sistema jurídico no puede permitirse
el paralelismo o la concurrencia de competencias entre el juez natural del asunto y
el de tutela, ni el ciudadano puede elegir entre uno y otro, como aquí se propone.

30. Se recuerda que, para que el juez constitucional pueda pronunciarse sobre el
fondo del asunto planteado es necesario que este supere los requisitos generales
de procedencia de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, de tal manera
debe concluirse que el amparo de la referencia resulta improcedente por
desconocimiento del principio de subsidiariedad, al encontrarse pendiente por
proferirse sentencia.

31. Dicho lo anterior, sea lo primero indicar que la exigencia en la interposición de
los recursos de manera oportuna tiene como finalidad evitar que la solicitud de

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Demandante: Leonardo Augusto Torres Calderón

amparo suplante los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento
jurídico. Es decir, se persigue que, en la tutela contra providencias judiciales, no
haya negligencia en el deber de acudir ante la administración judicial, para la
concreción de las garantías otorgadas por la Constitución Política.

3. Conclusión

32. En este orden de ideas, la Sala declarará improcedente, por no superar requisito
de la subsidiariedad, la solicitud de tutela presentada por Leonardo Augusto Torres
Calderón en contra del Consejo de Estado, Sección Quinta.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Desvincular a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Declarar improcedente la solicitud de tutela promovida Leonardo Augusto
Torres Calderón en contra del Consejo de Estado, Sección Quinta, de conformidad
con la parte motiva de esta providencia.

Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

LVLQ/LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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