Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00482-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00482-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-00482-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
27 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00482-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: MARIBEL CALDERÍN DOMÍNGUEZ
TESIS: LA ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL REQUISITO
GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA PARTE ACTORA
PRETENDE DEBATIR ASPECTOS QUE YA FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN
SEDE ORDINARIA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: IGUALDAD, DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora
contra la SECCIÓN “C” DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
ATLÁNTICO1.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
1
En adelante el Tribunal.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00482-00
Actora: MARIBEL CALDERÍN DOMÍNGUEZ
La señora MARIBEL CALDERÍN DOMÍNGUEZ, actuando a través
de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en
el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, los cuales estima vulnerados por el
TRIBUNAL al haber proferido la providencia de 29 de noviembre
de 2024, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número único de radicación 2022-
00040-01.
I.2. Hechos
Manifestó que laboró como docente al servicio del Estado, vinculada
al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO2.
Sostuvo que mediante la Resolución núm. 561 de 25 de julio de 2017,
el FOMAG reconoció y ordenó el pago de su pensión de invalidez a
partir del 12 de octubre de 2016, sin incluir la prima de servicios
devengada en el año inmediatamente anterior a la adquisición del
estatus pensional.
2
En adelante el Fomag.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00482-00
Actora: MARIBEL CALDERÍN DOMÍNGUEZ
Aseguró que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el FOMAG, con el fin de que se le ordenara el reajuste
de la liquidación de la pensión de invalidez teniendo en cuenta todos
los factores salariales devengados.
Señaló que a la demanda le fue asignado el número único de
radicación 08001-33-33-015-2022-00040-00 y le correspondió por
reparto al JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA3 que, en sentencia de
12 de septiembre de 2024, declaró la nulidad parcial del acto
administrativo y, en consecuencia, ordenó reliquidar la pensión de
invalidez de la actora con inclusión de la prima de servicios, pero con
efectos fiscales a partir de 4 de abril de 2019 por prescripción trienal.
Indicó que inconforme con lo anterior, el FOMAG interpuso recurso
de apelación ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 29 de
noviembre de 2024, revocó la decisión del a quo y, en su lugar,
denegó las pretensiones de la demanda.
I.3 Fundamentos de la solicitud
3
En adelante el Juzgado.
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Actora: MARIBEL CALDERÍN DOMÍNGUEZ
A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada incurrió en el
desconocimiento del precedente jurisprudencial establecido
por la Sección Segunda -Subsección B- del Consejo de Estado en
providencia de 12 de septiembre de 20244, en la que se señaló la
procedencia de la inclusión de la prima de servicios como base de
liquidación de la pensión de invalidez, por lo que dicha postura
jurisprudencial permitía una resolución distinta a la adoptada por el
fallador de segunda instancia.
Recalcó que el TRIBUNAL se apartó injustificadamente de las reglas
de derecho establecidas en la sentencia de 12 de septiembre de
2024, la cual desarrolló un examen detallado de la normativa
aplicable, en especial, el régimen pensional anterior a la Ley 100 de
19935 y los criterios para determinar los factores que deben incluirse
como ingreso base de liquidación de la pensión de invalidez en el
caso de los docentes que sean beneficiarios del régimen pensional
previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de 20036.
I.4. Pretensiones
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B” sentencia
de 12 de septiembre de 2024, C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, identificada con número único
de radicación 44001-23-40-000-2022-00103-01.
5
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
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“Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario".
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Actora: MARIBEL CALDERÍN DOMÍNGUEZ
La actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
ATLÁNTICO – SECCIÓN C, en la sentencia proferida el día 29
de noviembre de 2024, en el expediente radicado No.
08001-33-33-015-2022-00040-01, transgredió los derechos
fundamentales transgredió los derechos fundamentales AL
DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA Y ACATAMIENTO AL PRECEDENTE
JURISPRUDENCIAL VERTICAL de la parte accionante, por
considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los
postulados de la ley y la postura del Tribunal Supremo de lo
Contencioso Administrativo.
2. Como consecuencia de la anterior declaratoria, se ordene al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO-SECCIÓN C,
DEJAR SIN EFECTOS la providencia judicial referida en el numeral
anterior y, en su lugar, PROFERIR nueva decisión haciendo un
estudio de fondo sobre la controversia sobre la reliquidación de
pago de la pensión de invalidez en consonancia con el derrotero
jurisprudencial fijado en casos similares […]” (Negrilla pertenece
al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que la solicitud de amparo debe
denegarse, por cuanto en la decisión cuestionada se plasmaron los
fundamentos normativos y jurisprudenciales referentes a la
reliquidación pensional de los docentes, vinculados con anterioridad
a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
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Actora: MARIBEL CALDERÍN DOMÍNGUEZ
Asimismo, resaltó que la decisión judicial cuestionada estudió los
cargos planteados en el recurso de apelación y concluyó que la
sentencia apelada debía ser revocada por las razones allí expuestas.
Aseguró que el actor pretende controvertir la decisión proferida
utilizando la acción de tutela como una tercera instancia, por lo que
hay lugar a declarar la improcedencia debido a que se está
debatiendo nuevamente lo que fue objeto de controversia en el
proceso ordinario.
I.5.2.- El JUZGADO se limitó a remitir el expediente digital
contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho objeto de análisis, sin realizar pronunciamiento alguno
frente al fondo del asunto.
I.5.3.- El MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL solicitó su
desvinculación del presente trámite constitucional, por cuanto la
entidad no es la responsable de las conductas invocadas por la
actora, pues tales irregularidades se circunscriben a actuaciones
proferidas por otra entidad y, por lo tanto, es claro que no cuenta
con legitimación en la causa por pasiva para actuar.
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Actora: MARIBEL CALDERÍN DOMÍNGUEZ
Afirmó que, en este caso, no se demuestra que las vulneraciones a
las garantías procesales y fundamentales invocadas comprometan la
existencia o supervivencia de la actora, ni el acceso a la
administración de justicia.
Resaltó que el presente debate procesal gira en torno a una
controversia de naturaleza estrictamente económica y un litigio que
involucra intereses privados, lo cual excede la competencia del juez
de tutela por carecer de absoluta relevancia constitucional.
I.5.4.- La GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO señaló que no ha
incurrido en vulneración de los derechos deprecados por la actora,
razón por la que considera que se configura su falta de legitimación
en la causa por pasiva.
Aseguró que la Secretaría de Educación del Departamento carece de
competencia para atender las pretensiones de la acción de tutela,
esto, en razón a los parámetros normativos que determinan la
competencia de la entidad territorial.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
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Actora: MARIBEL CALDERÍN DOMÍNGUEZ
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN y la
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO solicitaron su desvinculación en
la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por
pasiva.
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Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
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legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).
Ahora bien, comoquiera que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN y la
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO fueron vinculados en calidad de
demandados dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2022-00040-00, objeto de cuestionamiento, como
terceros, les asiste interés directo en las resultas del proceso
constitucional de la referencia, razón por la cual la Sala denegará sus
solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por
pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actor : Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
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tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o
aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge
Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
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cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina
fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una
grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes
de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que
dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
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constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
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constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
h. Violación directa de la Constitución. […]”. (Destacado fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que
se deje sin efecto la sentencia de 29 de noviembre de 2024,
proferida por el TRIBUNAL, por medio de la cual revocó el fallo
proferido por el JUZGADO y, en su lugar, denegó las pretensiones
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número único de radicación 2022-00040-
01.
A la citada providencia la actora le atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, toda vez que, a su juicio, el
TRIBUNAL incurrió en desconocimiento del precedente
jurisprudencial establecido por la Sección Segunda- Subsección B
del Consejo de Estado en providencia de 12 de septiembre de 2024,
en la que se señaló la procedencia de la inclusión de la prima de
servicios como base de liquidación de la pensión de invalidez, por lo
que dicha postura jurisprudencial permitía una resolución distinta a
la adoptada por el fallador de segunda instancia.
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Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)
establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados.
De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,
la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la
relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
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que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional7, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».8
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación9, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [10]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
7
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[10] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
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Actora: MARIBEL CALDERÍN DOMÍNGUEZ
jurisdicciones” [11].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [12].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [13].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
[11] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[12] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[13] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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Actora: MARIBEL CALDERÍN DOMÍNGUEZ
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [14]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [15].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [16]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
[14] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[15] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[16] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU- 215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito general de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
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desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia
que propone la actora respecto del defecto deprecado implica la
reapertura de un asunto que ya fue resuelto en sede ordinaria y del
cual se pretende constituir una instancia adicional.
En efecto, la divergencia surge del hecho según el cual la autoridad
judicial accionada omitió la interpretación y aplicación del precedente
judicial que desarrolló un examen detallado de la normativa
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aplicable, en especial, el régimen pensional anterior a la Ley 100 de
1993 y fijó los criterios para determinar los factores que deben
incluirse como ingreso base de liquidación de la pensión de invalidez,
en el caso de los docentes que sean beneficiarios del régimen
pensional previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003.
Dichos aspectos, además de que carecen de una perspectiva
constitucional, en la medida en que su solución deriva de la
interpretación normativa y jurisprudencial que la parte actora
pretende que se dé a su situación particular, giran en torno a la
inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del
asunto, la cual fue resuelta por el TRIBUNAL, así:
“[…] CASO CONCRETO
En el sub - examine, la demandante, MARIBEL CALDERÍN
DOMÍNGUEZ, solicita, la nulidad parcial de la Resolución 561
del 25 de julio de 2017, mediante la cual, se le reconoció y
ordenó pagar, una pensión por invalidez, pues considera, que la
mencionada prestación, debe ser reliquidada, con inclusión de
los factores salariales devengados durante su último año de
servicio, específicamente, la prima de servicios que percibió,
pues se omitió tener en cuenta.
El A - quo, accedió parcialmente a las pretensiones,
argumentando, en síntesis, que la Administración, no tuvo en
cuenta, todos los factores salariales devengados por la
demandante, durante el último año de servicios, puesto que
omitió incluir, el factor salarial denominado, prima de servicios;
por lo que debido a que aquella, fue vinculada como Docente, el
7 de diciembre de 1994, es decir, antes de la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003, es beneficiaria de los Decretos 3135 de
1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, motivo por el cual, resulta
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pertinente, la reliquidación de la pensión por invalidez.
La apoderada de la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO, interpuso recurso de apelación,
manifestando, en síntesis, que la inclusión del factor salarial
reclamado, esto es, la prima de servicios, no debe ser calculado,
el monto del ingreso base de liquidación de la demandante, para
obtener el monto de la pensión por invalidez, al no estar
establecido en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, el cual es el
régimen aplicable para la interesada. […]
ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS PRUEBAS FRENTE AL MARCO
JURÍDICO
En el sub - lite, el Juez primera instancia, accedió parcialmente
a las pretensiones formuladas, al estimar, que no se tuvieron en
cuenta, la totalidad de los factores salariales devengados por la
actora, toda vez, que se omitió incluir, la prima de servicios,
pese a que aquella, se encuentra amparada por los Decretos
3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, al haberse
vinculado, antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003.
Frente a lo cual, la parte apelante, manifestó, que contrario a lo
concluido por el A - quo, no era dable la inclusión del factor
salarial reclamado por la demandante, para obtener la
reliquidación de la pensión por invalidez, que le fue reconocida,
toda vez, que dicho emolumento, no se encuentra previsto, en
el artículo 1° de la Ley 62 de 1985.
Así las cosas, en el sub judice, se tiene, que a la demandante
MARIBEL CALDERÍN DOMÍNGUEZ, mediante la Resolución
561 del 25 de julio de 2017, se le reconoció, una pensión por
invalidez, a partir del 12 de octubre de 2016, al haberse
desempeñado como Docente, adscrita al DEPARTAMENTO DEL
ATLÁNTICO, del 7 de diciembre de 1994 al 9 de mayo de 2017.
Según lo asevera la parte actora, la Administración, al momento
de liquidar la aludida prestación, omitió tener en cuenta, el factor
salarial denominado prima de servicios, que percibió la
demandante, durante su último año de servicio.
En tal sentido, es preciso destacar, que como la vinculación
como Docente de la demandante, se realizó el 7 de diciembre de
1994, es decir, previo a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003 (27 de junio de 2003), le resulta aplicable el régimen,
establecido en la Ley 33 de 1985.
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Así pues, el ingreso base de liquidación que le corresponde, en
razón de la aludida circunstancia, en armonía con la sentencia
de unificación proferida por el Consejo de Estado, y el artículo
1° de la Ley 62 de 1985, se encuentra constituido, por los
siguientes factores, “[…] asignación básica, gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación
por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio”.
Vale decir, que la Directora de Prestaciones Económicas del
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO - FONPREMAG, a través del comunicado 3-2020
del 18 de febrero de 2020,10 le indicó a las Secretarías de
Educación, que en aplicación de la sentencia de unificación del
25 de abril de 2019, proferida por el Consejo de Estado y en
atención al concepto 20194000386161 del 12 de diciembre de
2019, emitido por el Departamento Administrativo de la Función
Pública, se determinó, que los factores salariales, asignación
adicional para Directivos Docentes, bonificación mensual y
bonificación pedagógica, debían ser tenidos en cuenta, para el
reconocimiento pensional de los Docentes.
En este orden de ideas, es de señalar, que la prima de servicios,
para el personal Docente, fue creada, mediante el artículo 1° del
Decreto 1545 de 2013, por medio del cual, se dispuso lo
siguiente: […]
En este orden de ideas, se considera, que no resulta pertinente,
la inclusión del factor salarial denominado, prima de servicios, el
cual, si bien es cierto que lo devengó la demandante, durante su
último año de servicio, también lo es, que dicho factor, no se
encuentra previsto en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, que
modificó el artículo 3° de la Ley 33 de 1985.
Por lo tanto, en atención a la línea jurisprudencial trazada,
mediante la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019,
proferida por el Consejo de Estado, comoquiera que se
establecieron, dos situaciones para acceder a la inclusión de
factores salariales, de aquellos beneficiarios de la Ley 33 de
1995, consistentes en, i) Que el factor salarial que se reclama
se encuentre enlistado en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985 y
ii) Que sobre este se hubiese efectuado la respectiva cotización,
por lo tanto, no es preciso acceder la pretensión formulada por
la parte actora, referente a la prima de servicios.
Aunado a lo anterior, se advierte que, en el artículo 5° del
Decreto 1545 de 2013, no se estableció que la prima de servicios
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se constituyera como un factor salarial, para la liquidación de la
pensión de los Docentes.
Vale decir, que no se desconoce, que la aludida prima, fue
creada, de manera posterior, a las Leyes 33 y 65 de 1985, sin
embargo, esto no es óbice, para que se incluya como factor
salarial y se deje al margen, la línea de unificación del máximo
órgano de cierre en la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, cuya finalidad, se reitera, fue la de unificar los
criterios, referentes a los factores que se deben tener en cuenta,
para la liquidación de la pensión de los Docentes del servicio
público oficial, beneficiarios de las mencionadas normas.
Por todo lo anterior, se revocará la sentencia de primera
instancia, puesto que no es dable, la reliquidación pensional
solicitada por la parte actora, dado que la prima de servicios no
fue prevista como factor salarial en la Ley 62 de 1985, motivo
por el cual, se negarán las pretensiones formuladas […]”.
(Negrilla pertenece al texto).
De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se extrae
que el TRIBUNAL efectuó un análisis de la normatividad aplicable
al asunto y, a partir de dicho estudio, concluyó que, para la fecha de
vinculación al servicio como docente, esto es, el 7 de diciembre de
1994, a la actora le era aplicable el régimen pensional establecido
en la Ley 33 de 198517.
Asimismo, afirmó que el ingreso base de liquidación se calcularía de
conformidad con el artículo 1° de la Ley 62 de 198518, en el que se
17
“Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones
sociales para el Sector Público.”
18
"Por la cual se modifica el artículo 3º de la Ley 33 del 29 de enero de 1985".
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establecieron los factores salariales a tener en cuenta para el
reconocimiento pensional de los docentes.
Luego, para resolver el asunto, explicó que en aplicación de la
sentencia de unificación del 25 de abril de 201919, proferida por esta
Corporación, no resultaba pertinente incluir la prima de servicios
como factor salarial para reliquidar la pensión de invalidez, ya que si
bien es cierto la actora devengó durante el último año de servicio,
también lo es que dicho factor no se encontró previsto en la Ley 62
de 1985 y en la Ley 33 de 1985, disposiciones normativas aplicables
a la situación jurídica de la actora.
Así las cosas, el TRIBUNAL concluyó que no había lugar a reconocer
la reliquidación de la pensión de invalidez de la actora, comoquiera
que en razón a la línea de unificación de la Sección Segunda de esta
Corporación, para acceder a la inclusión de factores salariales en los
asuntos en los que resulten beneficiarios de la Ley 33 de 1995, es
necesario que, i) el factor salarial que se reclama se encuentre
enlistado en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985 y ii) que sobre este
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación
del 25 de abril de 2019, expediente No. 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-17) SUJ-014-CE-S2-
19, demandante, Abadía Reynel Toloza, Consejero Ponente Dr. César Palomino Cortés.
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se hubiese efectuado la respectiva cotización, circunstancia que no
resultó probada en el asunto.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que el TRIBUNAL se
pronunció frente a los aspectos que alude la actora como
desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber actuado de forma
abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio de la
autonomía judicial, por lo que el asunto carece del requisito general
de la relevancia constitucional.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
actora, sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión
judicial como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia
adicional, en relación con aspectos que fueron resueltos de forma
admisible por la autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no
puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de
tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso
invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
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consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales
inconformidades carecen del requisito general de la relevancia
constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud
de amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentadas por el MINISTERIO
DE EDUCACIÓN y la GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia por falta del requisito general de
relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de febrero de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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