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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00482-01

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00482-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia del 27 de febrero de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Primera para, en su lugar, negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora Maribel Calderín Domínguez, de conformidad con la motivación de la presente sentencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00482-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

5 de junio de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00482-01
Demandante: Maribel Calderín Domínguez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-00482-01
Demandante MARIBEL CALDERÍN DOMÍNGUEZ
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SECCIÓN C
Temas Tutela contra providencia judicial. Defecto por desconocimiento del
precedente jurisprudencial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Reliquidación pensión de invalidez de
docente con la inclusión de la prima de servicios.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Maribel Calderín Domínguez contra
la sentencia del 27 de febrero de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo
de Estado, que dispuso:
«SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la
referencia por falta del requisito general de relevancia constitucional, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones
El 30 de enero de 20251, la señora Maribel Calderín Domínguez interpuso acción
de tutela contra la Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de
acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia del 29 de
noviembre de 2024 proferida en segunda instancia en el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho Nro. 08001-33-33-015-2022-00040-00.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO – SECCIÓN C, en
la sentencia proferida el día 29 de noviembre de 2024, en el expediente radicado
No. 08001-33-33-015-2022-00040-01, transgredió los derechos fundamentales AL
DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y ACATAMIENTO AL PRECEDENTE
JURISPRUDENCIAL VERTICAL de la parte accionante, por considerar que las razones
de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y la postura del Tribunal Supremo
de lo Contencioso Administrativo.
2. Como consecuencia de la anterior declaratoria, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO-SECCIÓN C, DEJAR SIN EFECTOS la
providencia judicial referida en el numeral anterior y, en su lugar, PROFERIR nueva
decisión haciendo un estudio de fondo sobre la controversia sobre la reliquidación de
pago de la pensión de invalidez en consonancia con el derrotero jurisprudencial fijado
en casos similares».

2. Hechos
Del estudio del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

1
Escrito de tutela radicado a través de la secretaría en línea del aplicativo SAMAI.

1

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00482-01
Demandante: Maribel Calderín Domínguez

2.1. La señora Maribel Calderín Domínguez laboró en calidad de docente al
servicio del municipio de Palmar de Varela, Atlántico, por el periodo
comprendido entre el 17 de diciembre de 1994 y el 12 de octubre de 2016.
2.2. Con el certificado médico del 12 de octubre de 2016, expedido por la Unión
Temporal del Norte (entidad encargada de la prestación del servicio médico
asistencial), se determinó una pérdida de capacidad laboral del 100% de la
docente Maribel Calderín Domínguez.
Por tal motivo, mediante la resolución nro. 561 del 25 de julio de 2017 la
Secretaría de Educación del departamento del Atlántico ordenó el
reconocimiento y pago de una pensión de invalidez a favor de la accionante, a
partir del 12 de octubre de 2016, liquidada con la inclusión de los factores
devengados en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionada
(sueldo grado 14, bonificación mensual, prima de vacaciones y prima de navidad).
Sin embargo, de la base de liquidación se excluyó la prima de servicios.
En el citado acto, se dispuso que la pensionada debía someterse cada 6
meses a la evaluación médica en la entidad prestadora del servicio médico
asistencial para establecer el aumento o disminución de la pérdida de la
capacidad laboral, ya que no realizar dicho control traía como consecuencia la
suspensión en el pago de la prestación, mientras durara la mora en someterse
al mencionado control médico.
2.3. La señora Maribel Calderín Domínguez en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho demandó a la Nación, Ministerio de
Educación, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y al departamento
del Atlántico, pretendiendo la nulidad parcial del acto administrativo por el
que se le reconoció pensión de invalidez, sin la inclusión de todos los factores
salariales tales como la prima de servicios y demás que fueron devengados
en el último año de servicio anterior al cumplimiento del estatus de pensionada.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara el
reconocimiento y pago a la pensión de invalidez reconocida a su favor con el
100% del promedio de los salarios, sobresueldos, primas y demás factores
salariales devengados durante el año anterior a la fecha en que adquirió el
estatus de pensionada, con los respectivos ajustes e intereses.
2.4. Del asunto conoció en primera instancia el Juzgado Quince Mixto
Administrativo de Barranquilla (expediente Nro. 08001-33-33-015-2022-00040-00)
que, en sentencia del 12 de septiembre de 2024, accedió a las pretensiones
de la demanda.
El juzgado encontró que, además de los factores reconocidos en la liquidación
de la pensión de invalidez, de acuerdo con el certificado de salarios expedido
por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la docente
había percibido entre otros, la prima de servicios, que era computable para
determinar la prestación económica, por lo que debía ser incluida al ser un
concepto devengado en razón del servicio prestado, conforme lo dispuesto en
el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
2.5. La anterior decisión fue apelada por el Ministerio de Educación, Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio ante el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sección C que, en sentencia del 29 de noviembre de 2024 (notificada
por correo electrónico el 6 de diciembre de 2024) la revocó y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda.

El tribunal se refirió a las reglas jurisprudenciales establecidas por la Corte
Constitucional en las sentencias de unificación según las cuales el IBL se debe
calcular teniendo en cuenta los factores previstos en la Ley 62 de 1985 y, para
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Demandante: Maribel Calderín Domínguez

el caso de los docentes, citó la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-19,
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de abril de 2019,
expediente nro. 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-17), en la que analizó el
ingreso base de liquidación en el régimen pensional de jubilación de los
docentes vinculados al servicio público educativo oficial afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Frente al caso concreto encontró que, la accionante se vinculó como docente
el 7 de diciembre de 1994, esto es, antes de la entrada en vigor de la Ley 812
del 27 de junio de 2003, y por tanto le resultaba aplicable el régimen
establecido en la Ley 33 de 1985, razón por la que el ingreso base de
liquidación se liquidaba teniendo en cuenta los factores enlistados en la Ley
62 de 1985, que en efecto, no incluye la prima de servicios.

3. Fundamentos de la acción

La accionante considera que al proferir la sentencia del 29 de noviembre de 2024,
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho nro. 08001-33-33-
015-2022-00040-00/01 el Tribunal Administrativo del Atlántico incurrió en defecto por
desconocimiento del precedente jurisprudencial.

La accionante indicó que el juez de segunda instancia desatendió sin motivo el
precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
en la sentencia del 12 de septiembre de 2024 (Exp. 44001-23-40-000-2022-00103-01),
en la que se determinó que era procedente la inclusión de la prima de servicios
como base de liquidación de la pensión de invalidez y que, como en esa sentencia,
en su caso se cumplían los requisitos para dar aplicación a ese precedente, esto
es, haber sido docente vinculada con anterioridad a la expedición de la Ley 812 de
2003, haber devengado el factor prima de servicios el último año de servicios y,
estar enlistado dicho factor en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto del 31 de enero de 2025, el despacho sustanciador de primera
instancia admitió la presente acción, ordenó notificar a las partes accionante y
accionada y, dispuso la vinculación como terceros con interés de la Nación,
Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, a la Fiduprevisora S.A. y al departamento del Atlántico, quienes
fueron parte demandada en el proceso ordinario. Igualmente se dispuso
vincular al Juzgado Quince Mixto Administrativo de Barranquilla, que emitió la
decisión de primera instancia.

4.2. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, presentó escrito de
intervención en el que, luego referirse a los fundamentos de la providencia y
reiterar que se trató de una decisión adoptada dentro del marco jurisprudencial
de unificación aplicable a los docentes, señaló que lo que buscaba la actora
era volver sobre un asunto que había sido estudiado de manera suficiente por
los jueces ordinarios, lo que hacía que no se cumpliera con el requisito de la
relevancia constitucional.

4.3. El Ministerio de Educación, rindió informe en el que manifestó que no le
asistía legitimación en la causa por pasiva, razón por la que pidió ser
desvinculado de la presente acción.

Al margen de lo anterior, consideró que la tutela no cumplía con los requisitos
de procedencia, que lo que se buscaba por la accionante era volver sobre
puntos resueltos por el juez de la causa y sobre lo que existía una decisión en
firme que había hecho tránsito a cosa juzgada.

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Demandante: Maribel Calderín Domínguez

4.4. El departamento del Atlántico, por conducto de la Secretaría de Educación
del departamento, rindió informe en el que indicó que la actuación de la entidad
territorial se había limitado a la defensa de sus intereses en el respectivo
proceso ordinario y que, no le asistía por tanto legitimación en la causa por
pasiva, al estarse discutiendo lo resuelto en una decisión judicial en lo que no
tenía injerencia.
4.5. La Fiduprevisora S.A. y el Juzgado Quince Mixto Administrativo de
Barranquilla2, no se pronunciaron en esta oportunidad.

5. Providencia impugnada
En sentencia del 27 de febrero de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró improcedente la presente acción de tutela.
Consideró que el tribunal se pronunció frente a los aspectos que la accionante
mencionó como desconocidos, sin que advirtiera una decisión arbitraria o que
desbordara los límites de la autonomía judicial, por lo que el asunto carecía del
requisito general de relevancia constitucional.
Advirtió que la tutela no era un mecanismo que pudiera ser utilizado como una
instancia adicional más aún cuando la autoridad accionada había resuelto de forma
admisible los aspectos de la controversia ordinaria puesta a su consideración y en
ese orden, dijo que el juez de tutela no podía inmiscuirse en esos asuntos.
Agregó que el desacuerdo con la interpretación y consideraciones hechas por la
autoridad judicial ordinaria, debía ser respetado por el juez de tutela y que no se
advertía la vulneración de derechos fundamentales.

6. Impugnación
La parte actora, impugnó la decisión. Reiteró los argumentos expuestos en el escrito
de tutela.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales
y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales la acción.

2
El juzgado allegó el link de acceso al expediente ordinario digitalizado.
3
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los particulares en los casos que señala este
decreto».

4

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De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional4 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si asistió razón al juez de tutela de primera
instancia en declarar improcedente la presente acción por no encontrar acreditado
el requisito de la relevancia constitucional al insistir la parte actora en argumentos
que fueron objeto de estudio del juez natural.

De encontrar superado en anterior estudio, la Sala analizará si al proferir la
sentencia del 29 de noviembre de 2024 el Tribunal Administrativo del Atlántico
incurrió en defecto por desconocimiento del precedente en relación con la
pretensión de reliquidación de la pensión de invalidez solicitada por la señora
Maribel Calderín Domínguez.

4. Análisis del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto

La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales
está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional. Y
aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que son
de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo
señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación de 5
de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la sentencia T–248 de 2018, ha
fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de
tutela cumple o no con este requisito:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener

4
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

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relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en
los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos
por los jueces competentes.

La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional evidencie de manera
diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importancia
constitucional que afecte derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, el
presupuesto de relevancia constitucional lo que persigue es que el juez de tutela
evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de importancia iusfundamental y que
corresponde decidir de manera exclusiva al juez natural5.

Con base en el último criterio expuesto, hay lugar a afirmar que la relevancia
constitucional supone que la tutela no se emplee para insistir en las inconformidades
ya resueltas en el proceso ordinario. Es deber del juez de tutela, entonces, verificar
que la acción no se esté utilizando como una instancia adicional al proceso en el
cual se profirió la providencia atacada. Para tal propósito, se estudia si los cargos
expuestos en el proceso en que se profirió la providencia cuestionada y los
desarrollados en el escrito de tutela son iguales. En caso de que se trate de los
mismos argumentos es factible que el juez de tutela concluya que el mecanismo
constitucional se está empleando como una instancia adicional para insistir en los
argumentos planteados ante el juez natural.

En el caso concreto, contrario a lo afirmado por el juez de tutela de primera instancia,
para la Sala se encuentra superado, el requisito de la relevancia constitucional ya
que no se trata de la reiteración de argumentos si se tiene en cuenta que en el
respectivo medio de control, la sentencia de primera instancia fue favorable a las
pretensiones de la docente y por tanto, quien interpuso el recurso de apelación
contra esa decisión fue el Ministerio de Educación, Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio. Por tal motivo, la decisión de negar lo pretendido por la parte actora
surge con la sentencia de cierre proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
que es la que se controvierte en la presente acción de tutela.

Adicionalmente, el asunto no alude a una discusión de orden legal o económico,
pues recae sobre el restablecimiento de derechos relacionados con la seguridad
social, concretamente el derecho al goce efectivo del derecho a la pensión de
invalidez, y cumple con el presupuesto de carga argumentativa, de modo que, si
existieran los errores que alega la parte actora, se estarían vulnerando sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
seguridad social, e incluso el derecho fundamental a la igualdad si se incurriera en
desconocimiento del precedente alegado.

5
Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-422 de 2018,
T- 715 de 2016, C-590 de 2005.

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En este orden de ideas, la Sala revocará la decisión impugnada, por encontrar
acreditados los presupuestos generales de procedibilidad.

5. Defecto por desconocimiento del precedente y su análisis en el caso
concreto

5.1. El precedente judicial busca armonizar y salvaguardar los principios de
igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la
misma forma y, consecuentemente, se garantice el debido proceso del
ciudadano.

Para la Sala6, puede plantearse la transgresión del precedente si se
demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan
identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación; (ii) que
tales decisiones eran vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto
por ser el precedente vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente;
(iii) que la decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela es contraria al
precedente vinculante, (iv) y que el juez de instancia no presentó una
justificación razonable para apartarse del precedente vinculante.

El desconocimiento del precedente constitucional, es una causal autónoma y
específica de procedibilidad, que se configura, entre otros motivos: (i) cuando
se contraría la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad y/o (ii)
cuando se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado a través
de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela, mucho más cuando se trata
de sentencias de unificación.

5.2. En el caso sub examine, se acreditó que la señora Maribel Calderín
Domínguez se desempeñó como docente estatal, que se le dictaminó una
pérdida de capacidad laboral del 100%; que la Secretaría de Educación del
departamento del Atlántico mediante la resolución nro. 561 del 25 de julio
de 2017 ordenó el reconocimiento y pago a su favor de una pensión de
invalidez a partir del 12 de octubre de 2016; y que para la liquidación de dicha
prestación no se tuvo en cuenta lo percibido por la docente por conceto de
prima de servicios, pese a que percibió tal concepto en el año anterior a la
fecha en que adquirió el estatus pensional.

El debate planteado en el respectivo medio de control se orientó a determinar
si por tratarse de una docente vinculada con anterioridad a la expedición de la
Ley 812 de 2003, le asistía el derecho a la accionante de que se le aplicaran
las leyes anteriores, a efectos de incluir en su liquidación pensional la totalidad
de los factores salariales devengados en su condición de educadora al servicio
del Estado.

Para resolver el asunto, resulta pertinente referirse a los fundamentos de la
sentencia cuestionada, proferida el 29 de noviembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico:

El tribunal hizo un recuento de las normas y de la jurisprudencia aplicable al
sector docente, tomando como punto de partida para resolver la controversia,
la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019 en la que se indicó que el ingreso
base de liquidación para la pensión de los docentes comprendía el periodo del
último año de servicio docente; y que los factores salariales que debían
incluirse eran únicamente aquellos sobre los que se hubieran efectuado los

6 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 23 de abril de 2014. Expediente No. 11001-03-15-000-
2013-02625-00. C.P. Jorge Octavio Ramírez.
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Demandante: Maribel Calderín Domínguez

aportes o cotizaciones al sistema de pensiones, siempre que se encontraran
taxativamente dispuestos en la Ley 62 de 19857.

En la sentencia que se cuestiona, el tribunal sostuvo lo siguiente:
«…en el sub judice, se tiene, que a la demandante MARIBEL CALDERÍN DOMÍNGUEZ,
mediante la Resolución 561 del 25 de julio de 2017, se le reconoció, una pensión por invalidez,
a partir del 12 de octubre de 2016, al haberse desempeñado como Docente, adscrita al
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, del 7 de diciembre de 1994 al 9 de mayo de 2017.
Según lo asevera la parte actora, la Administración, al momento de liquidar la aludida
prestación, omitió tener en cuenta, el factor salarial denominado prima de servicios, que
percibió la demandante, durante su último año de servicio.
En tal sentido, es preciso destacar, que como la vinculación como Docente de la demandante,
se realizó el 7 de diciembre de 1994, es decir, previo a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003 (27 de junio de 2003), le resulta aplicable el régimen, establecido en la Ley 33 de 1985.
Así pues, el ingreso base de liquidación que le corresponde, en razón de la aludida
circunstancia, en armonía con la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado
8 y el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, se encuentra constituido, por los siguientes factores,
“[…] asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo
suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio”.
[…]
En este orden de ideas, se considera, que no resulta pertinente, la inclusión del factor salarial
denominado, prima de servicios, el cual, si bien es cierto que lo devengó la demandante,
durante su último año de servicio, también lo es, que dicho factor, no se encuentra previsto en
el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, que modificó el artículo 3° de la Ley 33 de 1985.
Por lo tanto, en atención a la línea jurisprudencial trazada, mediante la sentencia de unificación
del 25 de abril de 2019, proferida por el Consejo de Estado, comoquiera que se establecieron,
dos situaciones para acceder a la inclusión de factores salariales, de aquellos beneficiarios de
la Ley 33 de 1995, consistentes en, i) Que el factor salarial que se reclama se encuentre
enlistado en el artículo 1° de la Ley 62 de 1985 y ii) Que sobre este se hubiese efectuado la
respectiva cotización, por lo tanto, no es preciso acceder la pretensión formulada por la parte
actora, referente a la prima de servicios.
Aunado a lo anterior, se advierte que, en el artículo 5° del Decreto 1545 de 2013, no se
estableció que la prima de servicios, se constituyera como un factor salarial, para la liquidación
de la pensión de los Docentes.
Vale decir, que no se desconoce, que la aludida prima, fue creada, de manera posterior, a las
Leyes 33 y 65 de 1985, sin embargo, esto no es óbice, para que se incluya como factor salarial
y se deje al margen, la línea de unificación del máximo órgano de cierre en la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo, cuya finalidad, se reitera, fue la de unificar los criterios,
referentes a los factores que se deben tener en cuenta, para la liquidación de la pensión de
los Docentes del servicio público oficial, beneficiarios de las mencionadas normas».

De acuerdo con lo expuesto en la sentencia cuestionada, la autoridad judicial
accionada resolvió el asunto acogiendo las reglas fijadas en la sentencia de
unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, que se refirió al
sector docente, y concretamente a la determinación del ingreso base de
liquidación y los factores a tener en cuenta en la liquidación pensional
respectiva.

Y justamente en aplicación de dichas reglas concluyó que la prima de servicios
no se encuentra enlistada en los factores salariales contemplados en la Ley
62 de 1985, aplicable a la actora, por haberse vinculado al sector docente con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

5.3. Para la Sala la posición del tribunal no resulta arbitraria, por el contrario, es
razonable, ya que de manera expresa y motivada precisó la razón por la que,
7
La regla jurisprudencial aplicable es del siguiente tenor: «En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de
jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener
en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la
Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo».

8

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00482-01
Demandante: Maribel Calderín Domínguez

en su criterio, la prima de servicios no debía ser incluida en la liquidación
respectiva.

Resulta pertinente aclarar que si bien la sentencia de unificación de la Sección
Segunda de esta Corporación, SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019,
no se refirió de manera expresa a la pensión por invalidez, es dable entender
que la regla jurisprudencial se extiende a este tipo de prestación.

Por ejemplo, en la sentencia de tutela del 14 de julio de 2022 8, se dijo lo
siguiente:
«Es así como encuentra la Sala que no le asiste razón a la señora Celis Cruz, pues si bien no
existe un precedente unificado respecto de la forma de determinar el ingreso base de
liquidación para las pensiones de invalidez, la sentencia SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril
de 2019 se ocupó de las pensiones de jubilación del sector docente y la regla allí dispuesta
podría extenderse al caso de la actora, considerando que dicha tesis se encuentra en armonía
con el contenido del Acto Legislativo 01 de 2005, que como lo ha señalado la Corte
Constitucional, busca no solo garantizar los derechos, sino la sostenibilidad financiera del
sistema pensional, de allí que establezca que a partir de su entrada en vigencia , “…las leyes en
materia pensional deben asegurar la sostenibilidad financiera...”9.
De este modo, para la Sala es posible que la citada regla jurisprudencial que consiste en que
la liquidación del ingreso base de liquidación de la pensión debe hacerse incluyendo
únicamente los factores respecto de los cuales se hubieran efectuado aportes al sistema, sea
extensiva a la pensión por invalidez […]».

5.4. Encuentra la Sala que no le asiste razón la accionante cuando alega que la
autoridad judicial accionada incurrió en defecto por desconocimiento del
precedente contenido en la sentencia del 12 de septiembre de 2024 (Exp.
44001-23-40-000-2022-00103-01), proferida por una de las subsecciones que
integran la Sección Segunda del Consejo de Estado con posterioridad a la
sentencia de unificación de la Sección Segunda de esta Corporación, pues no
puede desconocerse que el precedente obligatorio es el contenido en la
sentencia del 25 de abril de 2019 por ser de unificación y el que fijó la regla
jurisprudencial a seguir por las autoridades judiciales al momento de resolver
asuntos relacionados con las pensiones del sector docente.

Así se desprende del numeral segundo de la ya citada sentencia de unificación
de la Sección Segunda de la Corporación, en cuanto a su obligatoriedad:
«Segundo: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones expuestas en esta
providencia en relación con los temas objeto de unificación, constituyen precedente obligatorio
en los términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en
discusión tanto en vía administrativa como judicial, toda vez que los efectos de la presente
sentencia de unificación son retrospectivos, en atención a lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
De igual manera, debe precisarse que los casos respecto de los cuales ya ha operado la cosa
juzgada, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables» (subrayado de
la Sala).

6. Conclusión

Por las razones que han quedado expuestas, la Sala revocará la decisión de primera
instancia proferida el 27 de febrero de 2025 por el Consejo de Estado, Sección
Primera que declaró improcedente la presente acción para, en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda de tutela, al no encontrar configurado el defecto por
desconocimiento del precedente alegado por la parte actora.

8
Sección Cuarta, expediente de tutela Nro. 11001-03-15-000-2022-03061-00. Actor: Blanca Aceneth Celis Cruz. M.P.
Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
9
Sentencia C-078 del 9 de febrero de 2017. Ponencia del doctor Jorge Iván Palacio Palacio.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00482-01
Demandante: Maribel Calderín Domínguez

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar la sentencia del 27 de febrero de 2025 por el Consejo de Estado,
Sección Primera para, en su lugar, negar las pretensiones de la acción de
tutela presentada por la señora Maribel Calderín Domínguez, de conformidad
con la motivación de la presente sentencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Señor usuario este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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