Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00488-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Declara improcedente: no cumple con el requisito general de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00488-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00488-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
27 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-00488-00
Accionante: MUNICIPIO DE ARANZAZU
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS
Tema: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE
DECLARA IMPROCEDENTE – No cumple con el requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra el Tribunal
Administrativo de Caldas.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El Municipio de Aranzazu, a través de apoderado judicial, solicitó el amparo de
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, cuya vulneración le
atribuyó a las providencias de 5 de noviembre y 6 de diciembre de 2024, proferidas
por el Tribunal Administrativo de Caldas, dentro del proceso de control de validez
de actos administrativos con radicación número 17001-23-33-000-2024-00243-00.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Indicó que el 11 de octubre de 2024 la Secretaría Jurídica de la Gobernación de
Caldas, radicó el proceso núm. 17001-23-33-000-2024-00243-00 ante al Tribunal
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00488-00
Accionante: Municipio de Aranzazu
Administrativo de Caldas, a fin de que se realizara el control de validez del artículo 3
del Decreto núm. 059 de 29 de agosto de 20241.
2.2. Señaló que, a través de auto de 5 de noviembre de 2024, la autoridad judicial abrió
la etapa probatoria y le negó la prueba testimonial del señor José Dabey Sánchez
Ríos por considerarla inconducente.
2.3. Refirió que presentó recurso de reposición contra la providencia que negó la
prueba.
2.4. Sostuvo que, mediante sentencia de 6 de diciembre de 2024, la autoridad judicial
accionada declaró la invalidez del artículo 3 del Decreto número 059 de 2024.
2.5. Consideró que la sentencia “[…] [no] se pronunció de fondo con respecto de la
presunta improcedencia de la prueba testimonial del señor José Dabey Sánchez Ríos,
omitiendo la práctica y valoración de la prueba solicitada […]”.
2.6. Aseguró que las providencias vulneraron sus derechos fundamentales al incurrir
en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria.
2.7. Aludió que con la prueba testimonial referida se demostraban los fundamentos
técnicos y presupuestales que respaldaron la elaboración del Decreto núm. 059 de
2024.
2.8. Adujo que el Tribunal no se pronunció sobre la carga probatoria del Departamento
de Caldas “[…] quien tenía el deber de probar lo afirmado en el escrito de demanda,
entre esas la procedencia probatoria acerca de los recursos adicionados por medio
del decreto 059 del veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), toda
vez que, afirma que hacen parte del balance más no aporta prueba ni siquiera sumaria
de dicha afirmación […]”.
2.9. Señaló que el Tribunal no realizó una indagación probatoria acerca de la “[…]
proveniencia de los recursos adicionales que constaban del presupuesto de ingresos,
rentas, gastos y servicios a la deuda de la vigencia de 2024, lo que pone en situación
de desigualdad al municipio de Aranzazu […]”.
2.10. Alegó que de conformidad con el artículo 119 del Decreto 1333 de 1986 “[…] sobre
los acuerdos se podrá realizar un estudio de constitucionalidad y legalidad y que para
ello el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO cuenta con competencia en única instancia,
pero el ente juzgador no realiza un análisis pormenorizado de la naturaleza real del
asunto y de su competencia frente a ella ya que la solicitud por parte del accionante
es que declare la invalidez más no solicita un análisis de legalidad o de
1 “Por medio del cual se realizan modificaciones al presupuesto de ingresos, rentas, gastos y servicios de la deuda de la vigencia
2024”
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Accionante: Municipio de Aranzazu
constitucionalidad, así las cosas el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO no es competente
para conocer de la presente controversia […]”
2.11. Consideró que “[…] En el caso concreto no hay imparcialidad, no hay un análisis
profundo y juicioso del caso concreto, se obvió tener en consideración la defensa
técnica ejercida en término, se adoptó una decisión que contraviene lo acreditado en
el proceso, se citaron normas generales sobre los recursos del balance, pero se
insiste que no se determinó por el fallador el por qué lo eran y no del sistema general
de participaciones lo que cambia por completa su naturaleza y valida su utilización
[…]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. TUTELAR los derechos fundamentales la igualdad, al debido proceso
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y como
consecuencia DEJAR SIN EFECTO i) El auto que niega por inconducente la
prueba testimonial del señor JOSÉ DABEY SÁNCHEZ RÍOS, del cinco (5) de
noviembre de dos mil veinticuatro (2024) y, ii) La sentencia de única instancia
del seis (6) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) proferidos por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS SALA SEGUNDA DE DECISIÓN
debido a que omitió hacer valer el análisis del acervo probatorio allegado al
expediente por el MUNICIPIO DE ARANZAZU.
2. REVOCAR El auto que niega por inconducente la prueba testimonial del
señor JOSÉ DABEY SÁNCHEZ RÍOS, del cinco (5) de noviembre de dos mil
veinticuatro (2024)
3. REVOCAR, La sentencia de única instancia del seis (6) de diciembre de dos
mil veinticuatro (2024).
4. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS SALA
SEGUNDA DE DECISIÓN adoptar las medidas necesarias para dictar nueva
sentencia debidamente motivada, en donde se pronuncie acerca de las
pruebas allegadas al presente proceso y justifique la omisión legal del
cumplimiento en cuanto a la valoración probatoria allegada al expediente en
debida forma y temporalidad surtida por la parte demanda, expidiendo nuevo
fallo que NO invalide el acto administrativo censurado […]”. [Negrilla y
mayúscula original del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 5 de febrero de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vinculó en calidad
de tercero con interés directo en el resultado del proceso al Departamento de
Caldas.
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Accionante: Municipio de Aranzazu
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a la vinculada,
se allegaron los siguientes informes:
5.1. El Tribunal Administrativo de Caldas, luego de realizar un recuento de las
actuaciones surtidas dentro del proceso de control de validez radicado núm. 17001-
23-33-000-2024-00243-00, señaló que el recurso de reposición interpuesto por el
accionante contra el auto de 5 de noviembre de 2024 fue resuelto oportunamente
mediante providencia de 25 de noviembre de 2024, en la cual se confirmó la
decisión impugnada.
5.2. Indicó que los argumentos jurídicos fundamentales que respaldan la providencia
tutelada están contenidos en esta. Por ello solicita negar las pretensiones de la
acción de tutela.
5.3. El Departamento del Caldas solicitó su desvinculación por falta de legitimación
en la causa por pasiva, en razón a que no existe relación entre los hechos que
dieron origen a la acción de amparo y las acciones de esa entidad.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20214, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20246.
VI.2. Cuestión previa
7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por el Departamento de Caldas.
2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
6
“Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00488-00
Accionante: Municipio de Aranzazu
8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20067 señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en
la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].
9. Teniendo en cuenta que el Departamento de Caldas fungió como parte
demandante en el proceso de control de validez con radicado núm. 17001-23-33-
000-2024-00243-00, en el cual se profirieron las decisiones objeto de la presente
acción de tutela, la Sala considera que a esa entidad sí le asiste el interés jurídico
para ser vinculada a esta acción constitucional, razón por la cual se denegará la
solicitud de desvinculación elevada, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de la presente providencia.
VI.3. Problemas jurídicos
10. Previamente a la definición de los problemas jurídicos a resolver, se debe
precisar que el extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos
fundamentales a las providencias de 5 de noviembre y 6 de diciembre de 2024,
proferidas por el Tribunal Administrativo de Caldas. Sin embargo, la Sala sólo
analizará si la providencia de 6 de diciembre de 2024 vulneró los derechos
fundamentales de la parte actora porque esta decisión fue la que finiquitó la litis e
hizo tránsito a cosa juzgada8.
11. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
7
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
8 Al respecto ver la sentencia del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera,
sentencia de 3 de junio de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01119-01, C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00488-00
Accionante: Municipio de Aranzazu
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:
b) Si existe una vulneración de los derechos fundamentales solicitados por la
accionante, con ocasión a la expedición de la providencia de 6 de diciembre
de 2024 proferida por la autoridad accionada dentro del expediente con
radicado núm. 17001-23-33-000-2024-00243-00.
12. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20129, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
14. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
10
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00488-00
Accionante: Municipio de Aranzazu
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución11.
17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”12 que encaje en dichos
parámetros.
18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
19. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VI.5. El caso concreto
20. El Municipio de Aranzazu, a través de apoderado judicial, solicitó el amparo de
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, cuya vulneración le
atribuyó a las providencias de 5 de noviembre y 6 de diciembre de 2024, proferidas
por el Tribunal Administrativo de Caldas, dentro del proceso de control de validez
de actos administrativos con radicado número 17001-23-33-000-2024-00243-00.
11
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
12
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00488-00
Accionante: Municipio de Aranzazu
21. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.
VI.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
22. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental13 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones14.
23. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales15, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces16.
24. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación17, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].
13
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
14
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
15
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
16
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
17
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00488-00
Accionante: Municipio de Aranzazu
25. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202218 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]
18
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00488-00
Accionante: Municipio de Aranzazu
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]
26. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202319.
27. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales20.
28. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, por haber incurrido en
un defecto fáctico.
29. Consideró que la sentencia “[…] [no] se pronunció de fondo con respecto de la
presunta improcedencia de la prueba testimonial del señor José Dabey Sánchez Ríos,
omitiendo la práctica y valoración de la prueba solicitada […]”.
30. Aludió que con la prueba testimonial referida se demostraban los fundamentos
técnicos y presupuestales que respaldaron la elaboración del Decreto núm. 059 de
2024.
31. Adujo que el Tribunal no se pronunció sobre la carga probatoria del Departamento
de Caldas “[…] quien tenía el deber de probar lo afirmado en el escrito de demanda,
entre esas la procedencia probatoria acerca de los recursos adicionados por medio
del decreto 059 del veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), toda
vez que, afirma que hacen parte del balance más no aporta prueba ni siquiera sumaria
de dicha afirmación […]”.
32. Señaló que el Tribunal no realizó una indagación probatoria acerca de la “[…]
proveniencia de los recursos adicionales que constaban del presupuesto de ingresos,
19
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00488-00
Accionante: Municipio de Aranzazu
rentas, gastos y servicios a la deuda de la vigencia de 2024, lo que pone en situación
de desigualdad al municipio de Aranzazu […]”.
33. Alegó que de conformidad con el artículo 119 del Decreto 1333 de 1986 “[…] sobre
los acuerdos se podrá realizar un estudio de constitucionalidad y legalidad y que para
ello el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO cuenta con competencia en única instancia,
pero el ente juzgador no realiza un análisis pormenorizado de la naturaleza real del
asunto y de su competencia frente a ella ya que la solicitud por parte del accionante
es que declare la invalidez más no solicita un análisis de legalidad o de
constitucionalidad, así las cosas el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO no es competente
para conocer de la presente controversia […]”
34. Consideró que “[…] En el caso concreto no hay imparcialidad, no hay un análisis
profundo y juicioso del caso concreto, se obvió tener en consideración la defensa
técnica ejercida en término, se adoptó una decisión que contraviene lo acreditado en
el proceso, se citaron normas generales sobre los recursos del balance, pero se
insiste que no se determinó por el fallador el por qué lo eran y no del sistema general
de participaciones lo que cambia por completa su naturaleza y valida su utilización
[…]”.
35. Se resalta que cuando se alega la configuración de un defecto fáctico es deber
de la parte accionante, a efectos de superar la carga mínima argumentativa, cumplir
con los siguientes requerimientos, y no solo con identificar las pruebas que fueron
dejadas de valorar o indebidamente valoradas por la autoridad judicial: i) explicar e
identificar las reglas de la lógica, de la experiencia y de la sana crítica que fueron
omitidas por el juez; ii) exponer por qué la omisión de la autoridad judicial fue
determinante en decisión adoptada, y iii) indicar las razones por las que la omisión
de la autoridad judicial constituye una actuación grosera, arbitraria e irrazonable21.
36. En este punto, resulta necesario resaltar que la simple enunciación de una
inconformidad respecto de la decisión adoptada mediante providencia judicial no
conduce a que el juez de tutela pueda abordar el fondo del asunto, ya que esta
autoridad no actúa como instancia adicional o de revisión del proceso y, es por esto,
que la intervención del juez constitucional se encuentra limitada por los argumentos
que el extremo accionante haya expuesto o planteado en el mecanismo de amparo.
37. Esta falencia argumentativa no puede ser subsanada por el juez de tutela, dado
que la presente acción constitucional se dirige contra una providencia judicial que
ha hecho tránsito a cosa juzgada; por lo cual es exigible el cumplimiento de una
carga mínima argumentativa que habilite un examen de fondo del caso. En armonía
con lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 señaló lo
siguiente:
21
Al respecto, ver sentencia de 28 de febrero de 2020, proferida por esta Sala de Decisión dentro de la acción de tutela
promovida por la sociedad SOLLA S.A. en contra de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con radicado número 11001-
03-15-000-2020-00342-00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00488-00
Accionante: Municipio de Aranzazu
[…] [D]ado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, “el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”22. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis
únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, además de
verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de
procedencia […]. [Negrilla fuera del texto].
38. Sin perjuicio de lo anterior, se observa que la autoridad judicial accionada,
mediante auto de 25 de noviembre de 202423 resolvió el recurso de reposición
presentado por el accionante contra el auto de 5 de noviembre de 2024, el cual fue
notificado por estado electrónico del 26 de noviembre de 2024 y el cual resolvió:
“[…] De lo expuesto queda claro que, por una parte, el estudio de validez del
acto acusado se centra en determinar si con este se vulneró el ordenamiento
jurídico, pudiéndose entender entonces ello como un asunto de puro derecho,
que no se requiere de prueba testimonial alguna para esclarecer el fondo del
asunto, como se dijo en el auto recurrido.
Tampoco es necesario para este Despacho decretar una prueba testimonial
que se funda en que la llamada es la persona que proyectó el acto cuestionado,
por cuanto, dicho Decreto fue proferido por el alcalde municipal, y es este el
llamado a la defensa de los fundamentos fácticos y jurídicos del mismo; y basta
para el caso la confrontación entre lo resuelto en el acto estudiado y el
ordenamiento jurídico invocado como vulnerado por el departamento de Caldas
para la resolución del problema jurídico que se plantee; motivos por los cuales
se confirmará el auto interlocutorio 376 de 5 de noviembre de 2024 se abrió el
proceso de la referencia a pruebas, como se dirá en la parte resolutiva de esta
sentencia.
Ahora, frente a la solicitud del recurrente, que en caso de no reponerse el auto,
se considere el decreto del informe rendido en los términos del artículo 275 del
CGP, basta con decir que este no es el momento procesal para la solicitud de
pruebas, que en este caso era la demanda y la contestación, por lo que no se
accede a la solicitud en mención […]” [subrayado fuera del texto]
39. Porotra parte, resulta relevante traer a colación lo decidido por el Tribunal
Administrativo de Caldas en la sentencia que es objeto de la presente acción
constitucional:
“[…] 4. Problemas Jurídicos
Como problemas jurídicos a resolver, la Sala deberá determinar:
• ¿El Decreto municipal 059 de 29 de agosto de 2024 “Por medio del cual se
realizan modificaciones al presupuesto de ingresos, rentas, gastos y servicios
de la deuda de la vigencia 2024” del municipio de Aranzazu, Caldas, vulneró
el ordenamiento jurídico?
22
Sentencia SU-074 de 2022.
23 Índice 20 SAMAI, expediente 17001-23-33-000-2024-00243-00 del Tribunal Administrativo de Caldas.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00488-00
Accionante: Municipio de Aranzazu
[…]
Lo que se discute especialmente en el escrito de validez, es el aparte del
artículo tercero del Decreto número 059 de 29 de agosto de 2024 “Por medio
del cual se realizan modificaciones al presupuesto de ingresos, rentas, gastos
y servicios de la deuda de la vigencia 2024” del municipio de Aranzazu, Caldas
relacionado con la destinación a gastos de funcionamiento la suma de
trescientos millones quinientos sesenta y cuatro mil setecientos dieciséis
pesos ($300.564.716), correspondientes a recursos del balance” artículo
tercero que dispuso:
Ahora, la Ley 617 de 2000, en su artículo 3 parágrafo 1 Literal d, establece en
la financiación de gastos de funcionamiento de las entidades territoriales, que
no se podrán financiar gastos de funcionamiento con los recursos del balance
así:
“ARTÍCULO 3- Financiación de gastos de funcionamiento de las entidades
territoriales. Los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales deben
10 financiarse con sus ingresos corrientes de libre destinación, de tal manera
que estos sean suficientes para atender sus obligaciones corrientes,
provisionar el pasivo prestacional y pensional; y financiar, al menos
parcialmente, la inversión pública autónoma de las mismas.
(Reglamentado por el Decreto Nacional 2577 de 2005.)
PARÁGRAFO 1- Para efectos de lo dispuesto en esta ley se entiende por
ingresos corrientes de libre destinación los ingresos corrientes excluidas las
rentas de destinación específica, entendiendo por estas las destinadas por
ley o acto administrativo a un fin determinado.
Los ingresos corrientes son los tributarios y los no tributarios, de conformidad
con lo dispuesto en la ley orgánica de presupuesto.
En todo caso, no se podrán financiar gastos de funcionamiento con
recursos de:
(…)
d) Los recursos del balance, conformados por los saldos de apropiación
financiados con recursos de destinación específica;(…)
De la norma en cita es posible concluir que los denominados recursos del
balance conformados por los saldos de apropiación financiados con recursos
de destinación específica no pueden utilizarse para financiar gastos de
funcionamiento.
[…]
Por lo anterior, la Sala advierte que lo dispuesto en el artículo tercero del
Decreto número 059 de 29 de agosto de 2024 desconoce lo previsto en el
artículo 3 de la Ley 617 de 2000, en tanto, entre los ítems que no pueden
utilizarse para financiar gastos de funcionamiento se encuentran los
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00488-00
Accionante: Municipio de Aranzazu
denominados recursos del balance, que son parte de los que se adicionan al
presupuesto de gastos e inversiones en la suma mencionada.
Por lo expuesto, ante la inobservancia del citado contenido normativo, la Sala
declarará la invalidez del artículo tercero del Decreto número 059 de 29 de
agosto de 2024 “Por medio del cual se realizan modificaciones al presupuesto
de ingresos, rentas, gastos y servicios de la deuda de la vigencia 2024” del
municipio de Aranzazu, Caldas […]”. [negrilla original del texto y subrayado
fuera del texto].
40. La cita anterior permite evidenciar que, contrario a lo expuesto por la parte
accionante, la autoridad en aplicación del artículo 3 parágrafo 1 Literal d) de la Ley
617 de 6 de octubre de 2000, concluyó que “[…] entre los ítems que no pueden
utilizarse para financiar gastos de funcionamiento se encuentran los denominados
recursos del balance […]” y en consecuencia declaró la invalidez del aparte del
artículo tercero del Decreto 059 de 29 de agosto de 2024.
41. En criterio de la Sala, la presente discusión no gira en torno al alcance de un
derecho fundamental porque lo pretendido por el accionante es que el juez de tutela
efectúe un análisis de la controversia resuelta por el juez natural, porque su
resultado es desfavorable a sus intereses.
42. Por lo anterior, la Sala declarará improcedente la presente acción de tutela por
carecer de relevancia constitucional, como se dispondrá en la parte resolutiva de
esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Departamento
de Caldas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00488-00
Accionante: Municipio de Aranzazu
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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