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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00488-01

Fecha
14 de mayo de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00488-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la parte resolutiva la Sentencia de 27 de febrero de 2025 de la Sección Primera del Consejo de Estado, por medio de la cual se declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, para que, en su lugar, disponga: DECLARAR IMPOROCEDENTE la acción de tutela en lo que 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001 03 15 000 2025 00488 01 Accionante: Municipio de Aránzazu respecta al defecto fáctico y NEGAR la misma en lo relativo al defecto orgánico, de acuerdo con lo expuesto en este proveído. SEGUNDO: En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00488-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

14 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00488 01
Accionante: Municipio de Aránzazu (Caldas)
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas

Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Defectos fáctico y orgánico

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala1 decide la impugnación presentada por el municipio de Aránzazu
contra la Sentencia de 27 de febrero de 2025 de la Sección Primera del Consejo de
Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela presentada contra
el Tribunal Administrativo de Caldas.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 30 de enero de 2025, el municipio de Aránzazu, a través de apoderado,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Caldas, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad y debido
proceso, al proferir el Auto de 5 de noviembre de 2024 y la Sentencia de 6 de
diciembre de 2024, en el proceso No. 17001 23 33 000 2024 00243 00. A título de
amparo constitucional, la parte actora solicitó:

«1. TUTELAR los derechos fundamentales la igualdad, al debido proceso por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y como consecuencia DEJAR
SIN EFECTO i) El auto que niega por inconducente la prueba testimonial del señor
JOSÉ DABEY SÁNCHEZ RÍOS, del cinco (5) de noviembre de dos mil veinticuatro
(2024) y, ii) La sentencia de única instancia del seis (6) de diciembre de dos mil
veinticuatro (2024) proferidos por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS SALA
SEGUNDA DE DECISIÓN debido a que omitió hacer valer el analisis del acervo
probatorio allegado al expediente por el MUNICIPIO DE
ARANZAZU.

2. REVOCAR El auto que niega por inconducente la prueba testimonial del señor JOSÉ
DABEY SÁNCHEZ RÍOS, del cinco (5) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

3. REVOCAR La sentencia de única instancia del seis (6) de diciembre de dos mil
veinticuatro (2024).

1
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del
Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para
conocer del proceso de la referencia.

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4. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS SALA SEGUNDA DE
DECISIÓN adoptar las medidas necesarias para dictar nueva sentencia debidamente
motivada, en donde se pronuncie acerca de las pruebas allegadas al presente proceso
y justifique la omisión legal del cumplimiento en cuanto a la valoración probatoria
allegada al expediente en debida forma y temporalidad surtida por la parte demanda,
expidiendo nuevo fallo que NO invalide el acto administrativo censurado.»

2. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la parte actora señaló
que, el11 de octubre de 2024, la Secretaría Jurídica de la Gobernación de Caldas
presentó una solicitud ante el Tribunal Administrativo de Caldas, con el fin de que
se pronunciara sobre la validez de un apartado del artículo 3 del Decreto 59 de 29
de agosto de 2024, expedido por el municipio de Aránzazu, Caldas, relacionado con
la destinación de la suma de $300.564.716 a gastos de funcionamiento, en el marco
de las modificaciones realizadas al presupuesto de ingresos, rentas, gastos y
servicios de la deuda para la vigencia 2024 del municipio.

3. En su escrito, la Gobernación argumentó que los municipios deben financiar
sus gastos de funcionamiento exclusivamente con ingresos corrientes de libre
destinación y no con recursos del balance. Según su interpretación, el Decreto 59
de 2024 vulneró esta disposición, dado que el alcalde de Aránzazu adicionó al
presupuesto de 2024 la suma de $300.564.716, correspondientes al mayor valor
asignado al municipio a través del Sistema General de Participaciones.

4. Mediante Auto de 5 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Caldas negó la práctica de la prueba testimonial de José Dabey Sánchez Ríos,
asesor presupuestal del municipio, por considerarla inconducente. La solicitud
buscaba que el testigo expusiera los fundamentos técnicos y presupuestales que
respaldaron la proyección contenida en el Decreto 59 de 29 de agosto de 2024. Sin
embargo, el Tribunal consideró que el asunto en debate era de puro derecho y, por
tanto, no requeriría prueba testimonial para determinar si el acto acusado vulneraba
o no el ordenamiento jurídico. Frente a esta providencia se interpuso recurso de
reposición2 y la decisión fue confirmada.

5. Mediante Sentencia de 6 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Caldas declaró la invalidez del artículo 3 del Decreto 59 de 29 de agosto de 2024.
«[p]or medio del cual se realizan modificaciones al presupuesto de ingresos, rentas,
gastos y servicios de la deuda de la vigencia 2024» del municipio de Aránzazu.

6. El Tribunal señaló que los recursos del balance no pueden ser utilizados para
financiar gastos de funcionamiento. Explicó que el artículo 3 del Decreto 59 de 2024
adicionó al presupuesto de gastos y servicio de la deuda para la vigencia 2024 la
suma de $300.564.716 provenientes precisamente de recursos del balance. De esta
manera, se desconoció lo establecido en el artículo 3 de la Ley 617 de 2000, que
prohíbe expresamente emplear los recursos del balance para financiar gastos de
funcionamiento, como ocurrió en este caso.

2
El argumento principal del recurso corresponde a que el señor Sánchez Ríos fue quien proyecto el Decreto 59 de 2024 y su
testimonio resultaba relevante a la hora de aclarar la naturaleza de los recursos que fueron adicionados al presupuesto de
gastos y servicios de la deuda de la vigencia 2024.

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7. Como fundamento de la vulneración, la parte actora manifestó que el
Tribunal Administrativo de Caldas negó la prueba testimonial de José Dabey
Sánchez Ríos, por lo que en la Sentencia de 6 de diciembre de 2024 no se pronunció
de fondo con respecto a la improcedencia de la prueba, omitiendo la práctica y
valoración de la misma.

8. Asimismo. (i) alegó que el Tribunal no se pronunció sobre de la carga
probatoria que recaía en la Gobernación de Caldas, ni verificó la veracidad de los
hechos; y (ii) manifestó que la ley no permite que un decreto municipal sea objeto
de pronunciamiento de validez por parte del Tribunal Administrativo, ya que solo
menciona como objeto de dicha verificación a los acuerdos municipales.

9. Finalmente, explicó la clase de recursos adicionados al presupuesto y cómo
el Tribunal debió interpretar ello frente a la prohibición existente.

Intervenciones3

10. El Tribunal Administrativo de Caldas adujo que, en el Auto de 5 de
noviembre de 2024, el magistrado ponente tenía la facultad de negar aquella prueba
(testimonial) tras considerarla inconducente, impertinente, superflua o inútil.
Argumentó que el control de legalidad que invocó el departamento de Caldas era
un asunto de puro derecho, lo que significaba que no requería prueba para su
análisis, ya que se basa en una revisión objetiva para determinar si un acto vulnera
o no la ley.

11. Por otro lado, en relación con la supuesta falta de competencia del Tribunal
para pronunciarse sobre la validez del decreto, el Tribunal afirmó que esto estaba
claramente fundamentado en la sentencia. Por lo tanto, no consideraba que se
hubiera vulnerado ningún derecho de la parte accionante y solicitó que se negaran
las pretensiones.

12. La Gobernación de Caldas manifestó que no tenía legitimación en la causa
por pasiva dentro del presente tramite, toda vez que no podía hacer efectivas las
pretensiones del accionante. Agregó que su actuar se dio en cumplimiento de un
deber legal, por lo que se opuso a la prosperidad de la acción de tutela y solicitó su
desvinculación en el trámite.

Sentencia impugnada

13. El 27 de febrero de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela interpuesta por el municipio de Aránzazu, al
considerar que no se evidenciaba una cuestión de relevancia constitucional.

14. Indicó que el accionante alegó la existencia de un defecto fáctico por parte de
la autoridad judicial, al omitir un pronunciamiento de fondo en la sentencia sobre los
siguientes aspectos: i) la improcedencia de la prueba testimonial solicitada; ii) el
3
Mediante Auto del 5 de febrero de 2025, se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación a los magistrados del
Tribunal Administrativo de Caldas y al departamento de Caldas como tercero con interés en el proceso.

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deber del departamento de sustentar con pruebas lo afirmado en la demanda; iii) la
falta de indagación probatoria sobre los recursos adicionales que se pretendían
adicionar; y iv) la ausencia de un análisis sobre la naturaleza del asunto y la
competencia de la autoridad. Sin embargo, señaló que no se cumplió con la carga
argumentativa necesaria para sustentar la configuración del defecto fáctico alegado.

15. Asimismo, destacó que el Tribunal Administrativo de Caldas resolvió el recurso
de reposición interpuesto contra el auto que negó la prueba testimonial y analizó el
caso conforme con el ordenamiento jurídico aplicable. Concluyó que lo pretendido
por la parte actora fue obtener un nuevo estudio de la controversia ya resuelta, lo
cual desbordaba el objeto de la acción de tutela.

Impugnación

16. El municipio de Aránzazu presentó impugnación contra esa decisión, al
considerar que el debate jurídico giró en torno a la correcta valoración de la
naturaleza de los recursos incorporados al presupuesto y no al reconocimiento de
un derecho económico. En ese sentido, argumentó que los recursos incorporados
al presupuesto del municipio, según el decreto analizado por el Tribunal
Administrativo de Caldas, provenían del Sistema General de Participaciones, por lo
que se integran directamente al ejercicio presupuestal del año en curso y no tienen
las características propias de los llamados «recursos del balance».

17. Sostuvo además que la carga argumentativa presentada en el escrito de tutela
cumplió con los fundamentos fácticos y jurídicos exigidos. Reiteró que su pretensión
se centró en cuestionar la falta de sustentación de la decisión adoptada por el
Tribunal, al afirmar que

«el Tribunal debió explicar por qué si son del balance y por qué no hacen parte del
sistema general de participaciones. No lo hizo, no lo ha hecho y el Juez de tutela se
acogió a la misma teoría que viola cualquier procedimiento y raciocinio, es el quid del
asunto y no hay una sola prueba de que sí son del balance. Cómo no se va a tratar de
una violación grave a derechos fundamentales, si la decisión se enmarcó en una falta
total de pruebas»

18. Reiteró que no se realizó un análisis probatorio que permitiera determinar con
certeza si los recursos en cuestión provenían del Sistema General de
Participaciones o de recursos del balance.

II. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

19. Consiste en esclarecer en primer lugar, si la presente acción de tutela cumplió
con los requisitos de procedencia para controvertir el Auto del 5 de noviembre de
2024 y la Sentencia de 6 de diciembre de 2024, ambos proferidos por el Tribunal
Administrativo de Caldas. Superado aquel análisis de procedibilidad, deberá
determinarse si la autoridad accionada incurrió en los defectos fáctico (negativa en
el decreto de la prueba testimonial, carga de la prueba de la Gobernación de Caldas,
origen de los recursos adicionados) y/u orgánico (competencia del tribunal para

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pronunciarse sobre la validez del decreto municipal, a pesar de que el artículo 119
del Decreto 1333 de 1986 se refiere a acuerdo municipales).

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

20. La Sala modificará la Sentencia de 27 de febrero de 2025 de la Sección
Primera del Consejo de Estado, por las razones que pasan a explicarse:

21. Frente al defecto fáctico, tal como lo advirtió en su momento el juez de tutela
de primer grado, la parte actora no desplegó la carga argumentativa suficiente para
explicar de forma completa y clara la forma en que el Auto de 5 de noviembre de
2024 y la Sentencia de 6 de diciembre de 2024 vulneraron sus derechos
fundamentales. En otras palabras, los reparos contra esas decisiones no fueron
desarrollados de manera íntegra, pues no enjuiciaron las razones por las cuales
estimaba que en un asunto de mera legalidad aquel testimonio era determinante.

22. Al analizar los documentos que reposan en el proceso, se advierten que el
municipio cuestionó la decisión del Tribunal Administrativo de Caldas de negar, por
inconducente, la prueba testimonial solicitada4. Al respecto, dicha autoridad sostuvo
que, tratándose de juicio como de validez, como el que realizaba en concreto, debía
hacerse un control de legalidad en abstracto mediante el contraste del acto con las
normas en las que debía fundarse, sin que resultara necesaria la práctica de
pruebas, como por ejemplo las testimoniales. Agregó que el responsable de la
expedición del decreto era el alcalde y no la persona que proyectó el acto
administrativo. Contra esa decisión se presentó recurso de reposición, el cual fue
resuelto de forma desfavorable.

23. De lo anterior, se advierte que el tribunal dio las razones por las cueles negó
el decreto y práctica de la aludida prueba testimonial y ello, a su turno, permite
evidenciar que en realidad pretendido la parte actora fue una reinterpretación del
caso, a través de una instancia adicional, lo cual no se ajusta al objeto de la acción
de tutela, cuyo fin es la protección inmediata de derechos fundamentales y no la
revisión de valoraciones jurídicas ordinarias o juicios de corrección sobre las
decisiones del juez ordinario.

24. Cabe resaltar que el juez constitucional no puede, en ningún caso, usurpar la
competencia del juez natural al analizar presuntas vulneraciones de derechos
fundamentales. Esta limitación es aún más estricta en el contexto de acciones de
tutela contra providencias judiciales, en las que se exige el cumplimiento riguroso
de los requisitos generales de procedencia. La mera discrepancia entre el
accionante y el juez natural no constituye, por sí sola, una razón válida para la
intervención del juez de tutela.

4
«Se niega por inconducente la prueba testimonial del señor José Dabey Sánchez Ríos, en su condición de asesor
presupuestal del municipio, para que “Exponga los fundamentos técnicos y presupuestales que respaldaron la proyección del
Decreto 059 de 20 de agosto de 2024”, toda vez que el asunto de la referencia es de puro derecho, en el cual, para resolver
si el acto acusado vulnera o no el ordenamiento jurídico, no se precisa de una prueba testimonial para tales fines.»

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25. Respecto el defecto orgánico, la Sala considera que la acción de tutela que sí
es procedente debido a que cumplió con los requisitos generales de procedencia:
(1) posee relevancia constitucional, pues el asunto en discusión se centra en la
posible vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad,
por la presunta falta de competencia del Tribunal Administrativo de Caldas para
conocer de la validez de decretos por medio de los cuales se modificara el
presupuesto del municipio; (2) se encontró satisfecha la legitimación en la causa,
tanto activa como pasiva, puesto que el municipio participó como parte demandada
dentro del proceso No. 17001 2333 000 2024 00243 00 y la decisión objeto de
cuestionamiento fue emitida por el Tribunal Administrativo de Caldas; (3) se cumplió
con el requisito de subsidiariedad, ya que la parte actora agotó todos los recursos
judiciales disponibles para procurar la defensa de sus derechos; (4) la acción de
tutela fue presentada el 30 de enero de 2025, esto fue, dentro del plazo de 6 meses
contados a partir de la notificación de la providencia enjuiciada5; (5) los hechos y
fundamentos en los que se basó la presunta vulneración de derechos fueron
identificados de manera razonable; y (6) la tutela no fue presentada contra una
providencia de la misma naturaleza.

26. Por lo anterior, existen razones suficientes para modificar la decisión de primer
grado frente al defecto orgánico y, por tal motivo, se procederá a estudiar de fondo
dicho reparo.

Análisis de vulneración alegada: estudio de defectos

27. La Sala negará la solicitud de amparo, respecto del defecto orgánico, por las
siguientes razones:

28. El municipio de Aránzazu manifestó que, de acuerdo con el artículo 119 del
Decreto 1333 de 1986, el examen de legalidad de que trata la norma solo procede
frente a acuerdos más no frente a decretos.

29. No obstante, es importante señalar que la atribución de los gobernadores para
revisar los actos de los alcaldes y por motivos de inconstitucionalidad o legalidad,
remitir estos actos para su validez al Tribunal, está establecida en el numeral 10 del
artículo 305 de la Constitución Política6. Esto significa que los gobernadores tienen
la facultad de garantizar que los actos administrativos de los alcaldes se ajusten a
la ley y a la Constitución, promoviendo así un equilibrio y control en la administración
pública local. Esta atribución es fundamental para mantener la legalidad y la
constitucionalidad en la gestión de los gobiernos locales, asegurando que las
decisiones tomadas en los municipios respeten el marco legal establecido.

30. Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-869 de
1999, examinó la constitucionalidad del artículo 119 (parcial) del Decreto Ley 1333
de 1986, «[p]or el cual se expide el Código de Régimen Municipal», y aunque la
acción no se dirigía específicamente a cuestionar si los gobernadores podían o no

5
La sentencia fue notificada el 6 de diciembre de 2024, a través de correo electrónico
6
“Artículo 305. Son atribuciones del gobernador: (…) 10. Revisar los actos de los concejos municipales y de los alcaldes y,
por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad, remitirlos al Tribunal competente para que decida sobre su validez.”

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ejercer la solicitud de revisión de validez, la sentencia dejó claro que el control se
realizaría sobre acuerdos y decretos:

«Lo anterior no quiere decir, como equivocadamente lo interpreta el demandante, que
se despoje a los gobernadores de esa facultad, que emana de la misma Constitución,
respecto de los actos de los alcaldes, pues ellos están obligados a asumirla y cumplirla,
aún sin que medie mandato legal, al tenor de lo dispuesto en el citado artículo 4 del
ordenamiento superior, que establece que la Constitución es norma de normas.

El actor argumenta que la norma demandada, al no referirse al control que el
gobernador debe ejercer sobre los actos de los alcaldes, tal como lo ordena el artículo
305-10 superior, incurre en violación del principio de igualdad, consagrado en el artículo
13 de la C.P., pues ello implica un tratamiento legal diferente a dos situaciones que la
Constitución regula de manera idéntica; tal interpretación es también errada, pues en
primer lugar no se pueden definir como idénticas dos situaciones en las que el sujeto
objeto de control es distinto, y en segundo lugar porque, el hecho de que la norma
acusada, expedida antes de entrar en vigencia el nuevo ordenamiento superior, no se
refiera al control que el Constituyente de 1991 diseñó, en cabeza de los gobernadores,
para los actos de los alcaldes, no quiere decir que aquéllos estén eximidos de ejercerlo,
dado que, como se señaló antes, la función les fue atribuida a través del mismo texto
constitucional, que prevalece sobre el ordenamiento legal, con lo que se desvirtúa
también el cargo de violación del principio de igualdad»

31. En conclusión, la facultad que la Constitución otorga a los gobernadores para
solicitar la revisión de la validez de acuerdos y decretos municipales se integra y
armoniza de manera coherente con el conjunto del ordenamiento jurídico
colombiano. Ello no implica una falta de competencia por el hecho de que otras
disposiciones no mencionen expresamente a los decretos como actos
administrativos susceptibles de control de validez, ya que dicha facultad se
encuentra claramente consagrada en la Constitución Política.

32. Por ello no se está frente a un defecto orgánico como lo alega el accionante.
En consecuencia, no se evidencia una vulneración al debido proceso por parte del
Tribunal Administrativo de Caldas, en la Sentencia de 6 de diciembre de 2024, Rad.
No. 17001 2333 000 2024 00243 00, toda vez que esa autoridad si contaba con la
competencia para conocer de la validez de aquel acto administrativo.

Conclusión

33. La Sala modificará la decisión de primera instancia en el sentido de declarar
la improcedencia frente al decreto fáctico y negar el amparo respecto el defecto
orgánico.

En mérito de lo expuesto, la Subsección de la Sección Segunda del Consejo de
Estado administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la parte resolutiva la Sentencia
de 27 de febrero de 2025 de la Sección Primera del Consejo de Estado, por medio
de la cual se declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, para que, en su
lugar, disponga: DECLARAR IMPOROCEDENTE la acción de tutela en lo que

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respecta al defecto fáctico y NEGAR la misma en lo relativo al defecto orgánico, de
acuerdo con lo expuesto en este proveído.

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado Electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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