Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00490-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00490-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00490-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
14 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00490-01
Accionante: Elba Marina Sarmiento Jaimes y otros1
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Revocar la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela por no agotar el requisito de
relevancia constitucional, y en su lugar, negar las
pretensiones por no configurarse los defectos alegados
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la providencia del 7 de
marzo de 2025 proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de
Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción presentada por Elba
Marina Sarmiento Jaimes, Isaac Traslaviña Patiño, Cristian Danilo y Mariana
Traslaviña Sarmiento por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. Del escrito de tutela y del expediente se colige que los accionantes fueron
beneficiarios del proyecto de interés social Altos de Bellavista etapa I y II,
realizado por el municipio de Floridablanca y el Banco Inmobiliario de
Floridablanca desde el año 2006, el cual estaba dividido en dos lotes
denominados Globo 1 y Globo 2.
3. El proyecto no pudo ser cumplido por el municipio debido a unas
irregularidades en el terreno, razón por la cual, algunos de los beneficiarios
decidieron ocupar el Globo 1. La entidad bancaria referida instauró una querella
policiva, que ordenó el desalojo y traslado de las personas que ocupaban el
predio para que fueran reubicadas temporalmente, toda vez que dicha orden fue
suspendida2 mediante sentencia de tutela de primera instancia, pero en segunda
instancia fue revocada por no cumplir con los requisitos generales de
procedencia y perseguir un interés particular.
1 Isaac Traslaviña Patiño, Cristian Danilo Traslaviña Sarmiento y Mariana Traslaviña Sarmiento.
2 El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Floridablanca, mediante fallo de tutela del 13 de mayo de 2014,
ordenó suspender los desalojos hasta garantizar soluciones reales a los afectados. También dispuso que la
Alcaldía Municipal, la Personería y la Defensoría del Pueblo realizaran un censo socioeconómico para
identificar a las familias afectadas.
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4. No obstante lo expuesto, la Corte Constitucional en sede de revisión tuteló los
derechos a la vivienda digna y debido proceso, así como el principio de confianza
legítima de los accionantes y/o beneficiarios del proyecto de vivienda mediante
la sentencia T-109 del 25 de marzo de 20153. En atención a lo dispuesto en la
providencia, se ofreció como alternativa para salvaguardar los derechos
fundamentales, el otorgamiento de subsidios de arrendamiento, los cuales
fueron rechazados por los demandantes.
5. Los accionantes instauraron demanda a través del medio de control de
reparación directa buscando el resarcimiento de perjuicios por los costos
generados en la solución transitoria de vivienda que debieron asumir, la cual fue
de conocimiento del Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Bucaramanga, el cual negó4 sus pretensiones. La decisión fue apelada y
confirmada por el Tribunal Administrativo de Santander mediante providencia del
31 de octubre de 20245.
6. El municipio de Floridablanca, en el año 2019, asignó a los demandantes un
apartamento en el proyecto Villa Renacer como solución definitiva de vivienda.6
2.2. Fundamento jurídico
7. La parte accionante argumentó que se vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y vivienda
digna con ocasión de la presunta existencia de las siguientes causales de
procedibilidad de la tutela contra providencia judicial.
8. Afirmó que se configuró un defecto fáctico, porque el ad quem realizó una
indebida valoración probatoria con relación a los testimonios que a su juicio
acreditaron la inactividad en torno a las acciones efectivas de cumplimiento del
amparo otorgado con la sentencia T-109 de 2015 que configuran la
responsabilidad de la institución demandada a título de falla en el servicio por
omisión.
9. En primer lugar, con respecto al testimonio de los señores Irene Jaimes, Héctor
Peña, Jorge Moreno (vecinos de los demandantes), reprochó que el Tribunal
considerara que estos no lograron establecer en qué se concretaron los perjuicios
reclamados, pero no tuvo en cuenta que se trató de un daño autónomo.
10. Asimismo, alegó que, en la decisión del Tribunal, de manera equivocada, se
consideró como una mejora la disminución en el valor de los aportes
porcentuales, cuando los valores actuales de la vivienda son superiores a los del
proyecto inicial y por consiguiente el valor de los aportes.
11. Señaló que el Tribunal no consideró que la entidad demandada había
incumplido la sentencia T-109 de 2015 y que, además, la entrega de las torres 8
3 En la que ordenó abstenerse de realizar desalojos o reubicaciones sin garantizar los derechos
fundamentales y además ordenó al municipio de Floridablanca ofertar un proyecto de vivienda social de
reemplazo que cumpliera con iguales o mejores condiciones que el fallido proyecto inicial.
4 Mediante providencia del 5 de noviembre de 2020. Exp. 68001-33-33-011- 2018-00429-00. La demanda
fue presentada el 2 de noviembre de 2018.
5 Notificada el 20 de noviembre de 2024.
6 “En el trámite de primera instancia quedó probado que la señora Elba Marina Sarmiento Jaimes obrando
en nombre propio y en representación del núcleo familiar conformado por Isaac Traslaviña Patiño y Mariana
Traslaviña Sarmiento suscribió promesa de compraventa con el Banco Inmobiliario de Floridablanca para
ser parte de la primera etapa de la propiedad horizontal «Villa Renacer», la cual adquirió en compraventa
con vivienda de intereses prioritario VIP, el apartamento 304 de la Torre 8 de este proyecto residencial de
propiedad horizontal”. - Sentencia del 31 de octubre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander. -
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y 9 del proyecto Villa Renacer ocurrió en 2019, un año después de la
presentación de su demanda en 2018, aunado a que afirmó que en ese momento
estaba en construcción.
12. En lo que alegó como un “defecto procedimental absoluto por
desconocimiento del precedente jurisprudencial vertical” sostuvo, que no se tuvo
en cuenta una sentencia de unificación7 de esta corporación, sin profundizar en
sus argumentos más allá de nombrarla y referir que presuntamente el Tribunal
no tuvo en cuenta en su asunto la configuración del daño como autónomo y la
trasgresión de sus derechos fundamentales.
13. Reprochó también la existencia de un defecto por desconocimiento del
precedente horizontal por parte del Tribunal Administrativo con relación a otras
providencias8 proferidas por esa corporación, de casos que consideró de
características similares al suyo, de las que extrajo unos apartes.
2.3. Pretensiones
14. La parte accionante solicitó:
«[…] PRIMERO: Amparar los Derechos Fundamentales al acceso a la
Administración de Justicia, necesidad de acatar precedentes
jurisprudenciales, el derecho a la igualdad, debido proceso y seguridad
jurídica, y derecho a la vivienda digna, actualmente vulnerados por las
sentencias de primera y segunda instancia emitidas por el Juzgado ONCE
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga y el Tribunal
Administrativo de Santander, respectivamente, dentro del medio de control de
reparación directa identificado con el radicado No. 68001-33-33-011-2018
00429-00 /68001-33-33-011-2018-00429-02.
SEGUNDO: Dejar sin efectos las sentencias de primera y segunda instancia
emitidas por el Juzgado ONCE Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander, respectivamente,
dentro del medio de control de reparación directa identificado con el radicado
No. 68001-33-33-011- 2018-00429-00 /68001-33-33-011-2018-00429-02.
TERCERO: Ordenar al Tribunal Administrativo de Santander proferir, dentro
de un término prudencial, un nuevo fallo dentro del medio de control de
reparación directa identificado con el radicado No. 68001-33-33-011-2018-
00429-02, en donde se atienda el respeto de los derechos fundamentales que
se encuentren afectados o vulnerados. […]». (Sic en toda la cita)
2.4. Intervenciones
15. La acción de tutela fue admitida por la Sección Tercera, Subsección A del
Consejo de Estado mediante auto del 3 de febrero de 20259, en el que ordenó
notificar al Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y al
Tribunal Administrativo de Santander como accionados, así como al municipio de
Floridablanca como tercero interesado en el resultado del proceso.
16. Asimismo, notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para
lo de su competencia.
7 Consejo de Estado, sentencia unificación jurisprudencial de Sala de la Sección Tercera del 28 de agosto
de 2014, exp. 32.988, M.P.: Ramiro Pazos Guerrero.
8Tribunal Administrativo de Santander, radicados 68001-33-33-009-2018-00474-02,68001-33-33-003-2018-
00489-01, 68001-33-33-001- 2019-00028-01, 68001-33-33-015-2018-00092-01, 68001-33-30-02-2018-
00482-01, 68001-33-33-006-2018-00470-01, 68001-33-33-004-2018-00451-01 y 68001-33-33-009-2019-
00039-01.
9 Índice 4 del aplicativo SAMAI.
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2.4.1. El Municipio de Floridablanca10, indicó que no trasgredió ningún derecho
fundamental de la parte actora y no es “dispensadora o administradora de
justicia” por lo que solicitó su desvinculación al no tener legitimación en la causa
por pasiva.
2.4.2. El Tribunal Administrativo de Santander11 a través de la magistrada
Carolina Arias Ferreira, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela
por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional o en su defecto negar
las pretensiones al no haber trasgredido los derechos fundamentales de los
accionantes.
17. Frente al defecto fáctico, indicó que, precisamente basado en las pruebas,
evidenció que en el caso particular de la parte actora el municipio desarrolló el
proyecto de vivienda de reemplazo “Villa Renacer” y que a pesar de que no pudo
realizar el proyecto en el plazo que determinó la Corte Constitucional, no existió
una mora injustificada en el procedimiento de adjudicación y escrituración del
inmueble asignado a través del subsidio de vivienda, aunado a que los
accionantes fueron beneficiarios de una solución de vivienda definitiva.
18. Sostuvo que lo resuelto por otras Salas de esa corporación no tenía carácter
vinculante, al no existir una sentencia de unificación que zanjara la discusión
sobre la materia, por lo que se hacía evidente que no se configuró el
desconocimiento del precedente que alegaron los accionantes, toda vez que
cada asunto contaba con situaciones particulares y disímiles de acuerdo a los
hechos probados y estos no eran idénticos.
2.4.3. No se realizaron más intervenciones.
2.5. Sentencia Impugnada
19. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante sentencia
del 7 de marzo de 2025, declaró improcedente la solicitud de tutela por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional, toda vez que el actor
pretendía revivir un asunto con un carácter netamente económico ya resuelto en
el debate ordinario de reparación directa, como si la acción constitucional
constituyera una tercera instancia.
20. Aunado a lo anterior indicó que las inconformidades en las que los
tutelantes sustentaron el defecto fáctico y el desconocimiento del
precedente, simplemente reflejaban el desacuerdo con la decisión judicial,
en particular con relación a la interpretación que a su juicio ha debido darse a la
aplicación del daño autónomo y su imposición de decidir en sentido similar a los
litigios resueltos por el Tribunal accionado, a pesar de no compartir identidad
fáctica y no haber sido emitidas esas determinaciones por la misma autoridad
judicial y no se fundamentaron en la presunta trasgresión ius fundamental.
2.6. Impugnación12
21. La parte actora solicitó revocar la sentencia de primera instancia y analizar
nuevamente el caso. Argumentó que no estaba debatiendo un asunto económico,
sino la vulneración de derechos constitucionalmente protegidos. Indicó que, en
su criterio, sí se estaba trasgrediendo su derecho fundamental a la igualdad, el
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12 Índice 23 del aplicativo SAMAI
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debido proceso y el acceso a la administración de justicia, porque consideraba
que las situaciones fácticas, jurídicas y probatorias de las providencias de las que
alegó desconocido del precedente eran similares a la suya y no podía fallarse de
manera distinta en su caso.
III. CONSIDERACIONES
3. Competencia
22. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás
normas concordantes.
3.1. Cuestión previa
23. En consideración a que la providencia del 31 de octubre de 2024 proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander, que confirmó la sentencia del 5 de
noviembre de 2020 proferida por el Juzgado Once Administrativo del Circuito
Judicial de Bucaramanga, definió de fondo el asunto, será la única objeto de
análisis en la presente acción constitucional.
3.2. Problema jurídico
24. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico a resolver se
circunscribe a establecer si el Tribunal Administrativo de Santander, al expedir la
providencia del 31 de octubre de 2024 dentro del proceso adelantado en ejercicio
del medio de control de reparación directa con radicado 68001-33-33-011- 2018-
00429-00/02, incurrió en los defectos fáctico y por desconocimiento del
precedente judicial y con ellos, en vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y vivienda digna
de la señora Elba Marina Sarmiento Jaimes y otros.13
3.3. Procedencia de la acción de tutela
25. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015 fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
26. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.
13 Isaac Traslaviña Patiño, Cristian Danilo Traslaviña Sarmiento y Mariana Traslaviña Sarmiento.
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27. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en
esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica,
la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
28. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y
por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como
son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.
3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados están plenamente identificados.
3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde la ejecutoria de la providencia cuestionada14.
3.3.1.4. Contrario a lo afirmado en la sentencia impugnada, el asunto a resolver
cumple con el requisito de relevancia constitucional, en la medida que se centra
en establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia de
una posible afectación al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
igualdad y vivienda digna, con ocasión de la presunta existencia de un defecto
fáctico y por desconocimiento del precedente judicial en la providencia
reprochada, originados en una presunta indebida valoración probatoria y un
supuesto desconocimiento del precedente del Tribunal Administrativo de
Santander sin una justificación válida, a pesar de que existían casos similares en
situación y pruebas. Situación que va más allá de una contienda meramente
económica, pues corresponde determinar si al momento de emitir la providencia
judicial atacada la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos citados,
los cuales no están solamente invocados, sino que se encuentran
14 La acción de tutela fue presentada el 31 de enero de 2025 y la decisión censurada fue notificada el 20 de
noviembre de 2024.
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razonablemente fundamentados, por lo cual es necesario verificar su existencia
o no en el asunto bajo examen.
29. Por tal razón, se revocará la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción por falta de relevancia constitucional, para en su
lugar, hacer un análisis de los argumentos expuestos por la parte accionante.
3.4. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
30. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional15 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa16, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y
sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la
misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las
omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la
veracidad de los hechos analizados por el juez.
b. Una dimensión positiva17, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
31. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del
juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser,
de carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se
presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su
especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual
y conjunto de los elementos probatorios18».
32. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por
el juez que ordinariamente conoce de un asunto.
3.4.1. Análisis del presunto defecto fáctico en la providencia del 31 de
octubre de 2024
33. El accionante sostuvo que se configuró un defecto fáctico en la providencia
censurada porque la valoración probatoria no consideró adecuadamente el
testimonio de los señores Irene Jaimes, Héctor Peña, Jorge Moreno (vecinos de
los demandantes), por considerar que estos no lograron establecer en qué se
concretaron los perjuicios reclamados, pero no tuvo en cuenta que en su asunto
se trató de un daño autónomo.
15 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de
2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
16 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
17 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
18 “Corte Constitucional, Sentencia T-625 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa. Ref. 82. “En el plano
de lo que constituye la valoración de una prueba, el juez tiene autonomía, la cual va amparada también por
la presunción de buena fe” Sentencia T-336 de 1995 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), reiterada por la T-008
de 1998.
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34. Contrario a lo planteado, no se evidenció que el ad quem haya realizado un
análisis irracional de dichos testimonios pues concluyó lo siguiente:
«[…] Ahora bien, de los testimonios recibidos19 en audiencia de pruebas por
parte de la Irene Jaimes, Héctor Peña, Jorge Moreno (vecinos de los
demandantes), tampoco se logró establecer en que se concretaron los
perjuicios reclamados, pues en ningún momento se probó que el
demandante estuviera viviendo en arriendo, ya que no fue allegado contrato
de arrendamiento o dato que diera cuenta del valor del mismo, y al indagársele
a las testigos sobre tal información, afirmaron que creían que el demandante
debió vivir en arriendo, sin conocer si efectivamente tenía un contrato para
ello, y sin tener conocimiento de cuál era el valor del canon que debía
pagar para tal efecto.
Asimismo, cuando se les indagó por los presuntos perjuicios causados,
una de las testigos refirió que el perjuicio fue el incumplimiento del
municipio, sin especificar en que consistieron los mismos o las
condiciones en las cuales se causaron, de modo que de los testimonios
recibidos no fue posible comprobar los perjuicios reclamados que se endilgan a
la entidad demandada.» Negrillas de la Sala.
35. Visto lo anterior, el defecto fáctico alegado al respecto carece de total asidero,
pues las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no lo
configuran y no se advierte que la valoración dada a la prueba sea arbitraria o
caprichosa. Pues de la valoración testimonial se concluyó que el actor no logró
demostrar los gastos en que supuestamente incurrió por el pago de arriendo de
vivienda mientras se le entregaba su solución definitiva.
36. A lo anterior, se suma lo expuesto en la providencia que fue confirmada por
el Tribunal, en la que se indicó que a pesar de que la entidad demandada les
ofreció a los demandantes el otorgamiento de subsidios de arrendamiento como
una alternativa para salvaguardar sus derechos fundamentales, los mismos
fueron rechazados por estos.
37. Por otro lado, la parte actora controvirtió de manera subjetiva, sin aportar
ningún sustento probatorio de su afirmación, la decisión del Tribunal con
respecto a los aportes porcentuales, por lo que su divergencia de criterio con la
de la autoridad judicial accionada no constituye defecto fáctico alguno.
38. Adicionalmente, argumentó el accionante que el Tribunal no consideró que la
entidad demandada había incumplido la sentencia T-109 de 2015 y que, además,
la entrega de las torres 8 y 9 del proyecto Villa Renacer ocurrió en 2019, un año
después de la presentación de su demanda en 2018, cuando estaba en
construcción.
39. Ahora bien, en contraste con lo alegado se evidencia que la autoridad judicial
accionada no desconoció la situación, pero consideró lo siguiente:
«[…] De este modo, en cuanto al argumento del apelante en relación con los
perjuicios reclamados al momento de la radicación de la demanda, quedó
demostrado que cuando se interpuso la demanda los demandantes ya
tenían conocimiento del adelanto del proyecto y la etapa en la que se
encontraba, como también estaban participando activamente en la
ejecución de los trámites contractuales pertinentes para la adjudicación
real y efectiva del bien inmueble, lo que resultó en la materialización de la
solución habitacional reclamada a través del fallo constitucional. » Negrillas de
19 Archivo 072 del expediente digital OneDrive
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la Sala.
40. Aunado a lo expuesto, esta Sala advirtió que el Tribunal Administrativo de
Santander verificó que el Municipio de Floridablanca, en cumplimiento de la orden
constitucional, desarrolló el proyecto de vivienda de reemplazo “Villa Renacer” y
que aunque no logró realizar el proyecto dentro del término concedido pudo
establecer con fundamento en las pruebas documentales aportadas y el trámite
incidental, que no existió una mora injustificada en el procedimiento de
adjudicación y escrituración del inmueble asignado a través del subsidio de
vivienda pues los demandantes fueron beneficiarios de la solución de vivienda
definitiva20.
41. Por otro lado, indicó que los interesados no acreditaron los perjuicios que la
mora les causó y el nexo causal entre el cumplimiento tardío de la entidad
territorial y los perjuicios deprecados y, en consecuencia, tampoco fue posible
establecer la antijuridicidad del supuesto daño padecido por los demandantes.
42. Finalmente, cabe recordar que la acción de tutela no es procedente para
sustituir el análisis probatorio del juez natural, y que la jurisprudencia
constitucional ha sostenido que:
«[…] Cuando se alega la valoración defectuosa de los medios de prueba que
sustentan determinada hipótesis fáctica, debe demostrarse que el funcionario
judicial adoptó la decisión, desconociendo de forma evidente y manifiesta la
evidencia probatoria. Es decir, se debe acreditar que la decisión se apartó
radicalmente de los hechos probados, resolviendo de manera arbitraria el
asunto jurídico debatido21»
43. En consecuencia, el defecto fáctico no se configura, pues no se evidencia
que el análisis probatorio efectuado por el juez ordinario haya sido arbitrario o
caprichoso, toda vez que fue realizado conforme a la normativa vigente, y no
vulneró el derecho al debido proceso ni afectó la garantía de acceso a la
administración de justicia de la parte actora.
44. Cabe recordar que el máximo órgano constitucional ha expresado que la
tutela contra providencias judiciales no es un juicio de corrección sino de validez
del fallo cuestionado. Por ende, la intervención del juez constitucional solo se
justifica si se verifica la existencia de «una actuación ostensiblemente arbitraria
e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas del derecho
al debido proceso»22, lo que no sucede en el caso concreto.
3.5. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales
45. Respecto de los requisitos específicos de procedibilidad, corresponde
determinar si en el caso concreto se configuró un desconocimiento del
precedente vinculante.
46. En relación con el precedente y su carácter vinculante es necesario indicar
que a pesar de que dicha característica sea más propia del Common Law,
inclusive desde finales del siglo XIX se pretendió buscar cierta uniformidad en la
jurisprudencia y por ello, en el artículo 4 de la Ley 169 de 1896 se consagró la
regla de la doctrina probable.
20 Son propietarios del apartamento 304 de la Torre 8 del Conjunto Villa Renacer)
21
Corte Constitucional, Sentencia T-302 de 2003, reiterada en las Sentencias SU-195 de 2012, SU-566 de
2015 y SU-537 de 2017.
22 Cfr. Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, entre otras.
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47. La Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad respecto del
tal disposición23, precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230
superior, los jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por tanto no están
obligados a fallar en la misma forma como lo han hecho en casos anteriores,
siempre y cuando, «expongan clara y razonadamente los fundamentos jurídicos
que justifican su decisión». Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional
consideró en la Sentencia C-590 de 2005, que el desconocimiento injustificado
del precedente judicial por parte del juez, constituye una causal especial de
procedibilidad de la acción de tutela.
48. Respecto del precedente vertical24, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el
respeto hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en
especial, por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones. A esta
conclusión ha llegado en consideración a: 1) el principio de igualdad, que es
vinculante para todas las autoridades, e incluso, para algunos particulares que
exige, que supuestos fácticos iguales se resuelvan de la misma manera y por
consiguiente, con la misma consecuencia jurídica; 2) el principio de cosa juzgada,
que otorga a los destinatarios de las decisiones jurídicas, seguridad jurídica y
previsibilidad de la interpretación, pues si bien es cierto, el derecho no es una
ciencia exacta, sí debe existir certeza razonable sobre la decisión; 3) la
autonomía judicial, que no puede desconocer la naturaleza reglada de la decisión
judicial, pues sólo la interpretación armónica de esos dos conceptos garantiza la
eficacia del Estado de Derecho; 4) los principios de buena fe y confianza legítima,
que imponen a la Administración un grado de seguridad y consistencia en las
decisiones, pues existen expectativas legítimas con protección jurídica; y 5) por
razones de racionalidad del sistema jurídico, porque es necesario un mínimo de
coherencia a su interior25.
49. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge
de los presupuestos fácticos relevantes de cada caso26. De esta forma, la Corte
Constitucional recordó que la ratio decidendi «i) corresponde a la regla que aplica
el juez en el caso concreto, ii) se determina a través del problema jurídico que
analiza en relación con los hechos del caso concreto y iii) al ser una regla debe
ser seguida en todos los casos que se subsuman en la hipótesis prevista en ella».
50. Ahora bien, a pesar de la marcada importancia de la regla de vinculación a la
ratio decidendi y el respeto por el precedente, la jurisprudencia constitucional ha
reiterado que tal entendimiento no puede ser absoluto, pues no se trata de
petrificar la interpretación judicial ni de convertir el criterio de autoridad en
el único posible para resolver un asunto concreto. Se trata simplemente de
armonizar y salvaguardar los principios constitucionales que subyacen a la
defensa del precedente. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica
de manera suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea
jurisprudencial que ha seguido en casos sustancialmente idénticos,
quedan salvadas las exigencias de la igualdad y de la independencia
judicial; por tanto, no podrá reprocharse a la sentencia arbitrariedad ni
23 Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
24
Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
25 Sentencia C-447 de 18 de septiembre de 1997: magistrado ponente: Alejandro Martínez Caballero.
26 Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
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inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables ningún
género de discriminación27.
51. Sin pretender sistematizar todas las situaciones que pueden dar lugar a que
un juez unitario o colegiado se aparte del precedente judicial, es posible indicar
que un cambio en la jurisprudencia puede provenir de una modificación del
ordenamiento jurídico, o de una drástica transformación de las condiciones
sociales en las que se adoptaron aquellas decisiones, haciendo incoherente una
interpretación del derecho frente al contexto social actual.
52. De igual manera, puede un juez apartarse del precedente cuando el caso
juzgado encuentra serias diferencias que justifican un tratamiento diverso a la
situación objeto de estudio. En tales situaciones el juez está relevado de
obedecer a las decisiones judiciales previas, aunque en cualquier caso debe
cumplir una carga de transparencia, identificando los precedentes relevantes; de
suficiencia, dando a conocer las razones que en su concepto justifican el cambio
de dirección decisional y precisando por qué esa modificación lleva a una mejor
interpretación del orden jurídico y, además de ello, reporta mayores beneficios
que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad que se derivará de la
desobediencia al precedente28.
53. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o
no advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera
excepcional por parte del juez de tutela, en tanto que constituyen
manifestaciones de arbitrariedad por parte del Juez que dejan irrealizadas
la igualdad de quienes se encuentran en idénticas circunstancias frente a
la Ley.
3.6.1. Análisis del presunto desconocimiento del precedente en la
providencia del 31 de octubre de 2024
54. La parte actora adujo que la autoridad reprochada incurrió en un
desconocimiento del precedente pues sostuvo sin profundizar al respecto, que
no se tuvo en cuenta una sentencia de unificación29 de esta corporación respecto
a la configuración del daño que alegó sufrido como autónomo.
55. No obstante, al revisar la providencia referida, se advierte que esta no aplica
en su caso pues si bien hace referencia a la reparación directa, está relacionada
con un asunto asociado a la responsabilidad del Estado por graves violaciones a
los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
56. Adicionalmente, con relación a la presunta trasgresión al derecho
fundamental a la igualdad, la presunta vulneración no fue explicada con
suficiencia en el escrito de tutela más allá de exponer unos fragmentos de
algunas providencias que consideró la parte actora que encajaban en su caso
concreto y fueron desconocidas por la autoridad judicial accionada.
57. Como se puede observar en el cuadro siguiente, los casos analizados en
ocho ocasiones presentan diferencias en hechos probados y pueden clasificarse
en tres grupos: i) quienes no recibieron solución de vivienda, ii) quienes la
recibieron tardíamente y iii) quienes, pese a la tardanza, decidieron no postularse
27 Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
28 En materia Contencioso Administrativo el reconocimiento del precedente como fuente importante de
estabilidad y de garantía del derecho a la igualdad lo constituye el mecanismo de extensión de la
jurisprudencia, consagrado en el artículo 102 del nuevo CPACA.; y, el recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia, artículo 256 y siguientes ibídem.
29 Consejo de Estado, sentencia unificación jurisprudencial de Sala de la Sección Tercera del 28 de agosto
de 2014, exp. 32.988, M.P.: Ramiro Pazos Guerrero.
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a la misma.
No. Proceso Fecha Supuestos fácticos Decisión
1 68001-33-33001-2019 00028-01 16/12/2021 Se acreditó el incumplimiento y el Revoca la que negó
daño se materializó por la tardanza en pretensiones, para
el cumplimiento de la orden de tutela, acceder a estas30
que le impidió gozar de manera
efectiva de su derecho a la vivienda
digna.
2 68001-33-33009-2019 00039-01 10/10/2022 Se concluyó que el hecho generador Confirma la que
del daño fue la actividad tardía de la accedió a
administración, que comprometió la pretensiones31
garantía de protección efectiva
ordenada y que resultó determinante
para que el derecho a la vivienda digna
de los demandantes continuara en la
indeterminación.
3 68001-33-33003-2018 00481-01 26/10/2022 No se ha garantizado el derecho a la Revoca la que negó
vivienda digna a los demandantes, es pretensiones, para
decir, no han obtenido una solución de acceder a estas32
manera definitiva. Se precisó que el
hecho generador del daño fue el
incumplimiento tardío de la
administración, que comprometió la
garantía de protección efectiva
ordenada y que resultó determinante
para que el derecho a la vivienda digna
continuara desprotegido.
4 68001-33-33003-2018 00489-01 01/12/2022 Se acreditó el incumplimiento y no se Revoca la que negó
allegó prueba de que se hubiere hecho pretensiones, para
la entrega efectiva de la vivienda. En acceder a estas33
todo caso, se precisó que de haber
sido así habría lugar a la
indemnización por el tiempo
transcurrido hasta ese momento, pues
el hecho generador del daño fue el
incumplimiento o cumplimiento tardío
de la Administración.
5 68001-33-33002-2018 00482-01 14/12/2022 No se ha garantizado el derecho a la Confirma la que
vivienda digna a los demandantes, es accedió a
decir, no han obtenido una solución de pretensiones34
manera definitiva. Se precisó que el
hecho generador del daño fue el
incumplimiento tardío de la
administración, que comprometió la
garantía de protección efectiva
ordenada y que resultó determinante
para que el derecho a la vivienda digna
continuara desprotegido.
6 68001-33-33006-2018 00474-02 07/07/2023 No se ha garantizado el derecho a la Confirma la que
vivienda digna a los demandantes, es accedió a
decir, no han obtenido una solución de pretensiones35
manera definitiva.
7 68001-33-33015-2018 00092-01 14/09/2023 Se concluyó que los demandantes Confirma la que
sufrieron un daño antijurídico, accedió a
materializado en la imposibilidad de pretensiones36
gozar plenamente de su derecho
fundamental a la vivienda digna,
30 Sala de decisión integrada por los magistrados Francy del Pilar Pinilla Pedraza, Iván Fernando Prada
Macías y Julio Edisson Ramos Salazar.
31 Sala de decisión integrada por los magistrados Claudia Patricia Peñuela Arce, Francy del Pilar Pinilla
Pedraza e Iván Fernando Prada Macías.
32 Sala de decisión integrada por los magistrados Francy del Pilar Pinilla Pedraza, Iván Fernando Prada
Macías y Julio Edisson Ramos Salazar.
33 Sala de decisión integrada por los magistrados Francy del Pilar Pinilla Pedraza, Iván Fernando Prada
Macías y Julio Edisson Ramos Salazar.
34 Sala de decisión integrada por los magistrados Francy del Pilar Pinilla Pedraza, Iván Fernando Prada
Macías y Julio Edisson Ramos Salazar.
35 Sala de decisión integrada por los magistrados Carolina Arias Ferreira, Claudia Patricia Peñuela Arce e
Iván Mauricio Mendoza Saavedra.
36
Sala de decisión integrada por los magistrados Claudia Patricia Peñuela Arce y Francy del Pilar Pinilla
Pedraza.
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legítimamente amparado por una
orden de tutela de la Corte
Constitucional, sin que mediara
justificación que soportara dicha
tardanza.
8 68001-33-33004-2018 00451-01 19/06/2024 Se concluyó que la demandante sufrió Revoca la que negó
un daño antijurídico, materializado en pretensiones, para
la imposibilidad de gozar plenamente acceder a estas37
de su derecho fundamental a la
vivienda digna, legítimamente
amparado por una orden de tutela de
la Corte Constitucional, sin que
mediara justificación que soportara
dicha tardanza.
9 68001-33-33006-2018 00470-01 18/07/2024 No se ha garantizado el derecho a la Revoca la que negó
vivienda digna a los demandantes, es pretensiones, para
decir, no han obtenido una solución de acceder a estas38
manera definitiva.
58. Así las cosas, se recuerda que para que se aplique de manera obligatoria
un precedente judicial, se exige que las situaciones de hecho sean
idénticas,39 circunstancia que no se acreditó en este asunto.
59. Por lo expuesto, es razonable que cuando en una situación similar, se
observe con fundamento en las pruebas que los hechos determinantes no
concuerdan con otro decidido anteriormente, el juez esté legitimado para fallar
de una forma distinta40 como ocurrió en este caso. En ese sentido el Tribunal
expuso lo siguiente:
«[…] la Sala considera que el daño causado a los demandantes no es
antijurídico, toda vez que, se aseguró la protección de su derecho fundamental
a la vivienda digna según lo ordenado por sentencia de tutela.
Al respecto, en este punto la Sala aclara que, aunque en otros casos
similares se ha sostenido una posición en la cual se encuentra probada
la antijuridicidad del daño, aquellas situaciones corresponden a una
ausencia de solución de vivienda efectiva, por no lograr acceder a tal
beneficio, cuyo resultado es la persistencia del hecho generador de daño por
la omisión de la administración, dado que se comprometió la garantía de
protección efectiva de sus derechos, como lo es el derecho a la vivienda digna.
En esos casos se reitera, la situación de esos demandantes ha
continuado en un estado incierto y carente de una solución definitiva,
situación que no ocurre en el presente caso, pues la parte actora cuenta
con una solución de vivienda propia.»
60. Así las cosas, por lo expuesto no es factible entender que se incurrió en un
desconocimiento de precedente y, menos aún, en una decisión arbitraria o
caprichosa.
61. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante
con la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva
la transgresión de derechos fundamentales.
37
Sala de decisión integrada por los magistrados Francy del Pilar Pinilla Pedraza, Iván Fernando Prada
Macías y Julio Edisson Ramos Salazar.
38
Sala de decisión integrada por los magistrados Carolina Arias Ferreira e Iván Mauricio Mendoza
Saavedra.
39 Corte Constitucional. Sentencia C-571 del 13 de septiembre de 2017. M.P. Alejandro Linares Cantillo.
Exp. D-11731.
40
Corte Constitucional. Sentencia SU-444 del 26 de octubre de 2023. M.P. Juan Carlos Cortés González.
Exp. T-9.259.844
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revocar la sentencia de primera instancia del 7 de marzo de 2025
proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, que
declaró la improcedencia de la acción de tutela al no acreditar el requisito de
relevancia constitucional, para en su lugar,
Segundo: Negar las pretensiones, por no configurarse los defectos alegados,
de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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