RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-00500-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00500-01

Fecha
3 de julio de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00500-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela de 25 de marzo de 2025, proferida por la Sección Tercera -Subsección B- del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela frente a la vulneración del derecho de petición, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del señor Álvaro Mendoza Moncada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: ORDENAR a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Norte de Santander que, en el término de veinte (20) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, realice todas las gestiones necesarias tendientes al desarchivo del expediente contentivo de la acción de reparación directa identificada con el número único de radicación 54001-23-31-000-2008-00368-01, y le proporcione las copias requeridas al actor. En el evento en que ello no sea posible, en razón a que el resultado de la búsqueda arroje una respuesta negativa, el 26 Núm. único de radicación: 110010315000202500500-01 Actor: Álvaro Mendoza Moncada Tribunal Administrativo de Norte de Santander y su Secretaría, deberán proceder inmediatamente con el trámite de reconstrucción del expediente previsto en el artículo 126 del Código General del Proceso, si a bien lo tiene el actor, e indicar al solicitante las actuaciones que debe adelantar para contribuir con tal propósito. QUINTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. SEXTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00500-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

3 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202500500-01
Actor: Álvaro Mendoza Moncada
Demandado: Tribunal Administrativo de Norte de Santander

Tema: Acción de tutela por mora judicial/procedencia

Derechos Fundamentales Invocados: i) Petición; ii) acceso a la administración
de justicia; y iii) debido proceso

Derechos Fundamentales Amparados: i) Acceso a la administración de justicia;
y ii) debido proceso

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el señor Álvaro Mendoza Moncada
contra la sentencia de tutela de 25 de marzo de 2025, proferida por la Sección
Tercera -Subsección B- del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró la
carencia actual de objeto por hecho superado.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
consideraciones de la Sala; y iii) fallo; las cuales se desarrollan a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El señor Álvaro Mendoza Moncada, a través de apoderado, presentó acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, porque, a su juicio,

2

Núm. único de radicación: 110010315000202500500-01
Actor: Álvaro Mendoza Moncada

vulneró sus derechos fundamentales de petición, al acceso a la administración de
justicia y al debido proceso, al no dar respuesta expresa, clara y de fondo a la
solicitud de 20 de febrero de 2024, presentada dentro de la acción de reparación
directa identificada con el número único de radicación 54001-23-31-000-2008-
00368-01.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que “[…] mediante escrito radicado el día 20 de febrero de 2024 […]”,
solicitó al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, lo siguiente: i) desarchivo
del expediente identificado con el número único de radicación 54001-23-31-000-
2008-00368-01; ii) primera copia de la sentencia de 29 de agosto 2014; iii) primera
copia de la sentencia de 9 de agosto 2023; iv) certificación de vigencia de poder; y
v) constancia de ejecutoria.

4. Indicó que “[…] adjunte (sic) comprobante de pago por valor de OCHO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS por concepto de desarchivo y requerí
información del valor a cancelar para la expedición de los documentos antes
mencionados. […]”.

5. Sostuvo que “[…] El día 5 de abril 2024 mediante correo electrónico reitere
(sic) la solicitud de fecha 20 de febrero 2024 al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
NORTE DE SANTANDER. […]”.

6. Expuso que “[…] Mediante escrito de fecha 10 de julio 2024 reitere (sic) la
solicitud de fecha 20 de febrero y 5 de abril 2024, así mismo, aporte (sic) el
comprobante de pago por valor de TREINTA Y CUATRO MIL PESOS para la
expedición de los documentos requeridos […]”.

3

Núm. único de radicación: 110010315000202500500-01
Actor: Álvaro Mendoza Moncada

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Que se tutele a mi cliente el derecho fundamental al DERECHO DE PETICIÓN
Y DEBIDO PROCESO.

Que se ordene al Tutelado a dar respuesta expresa, clara y de fondo a la petición de
fecha 20 de febrero 2024, reiterada el 5 de abril y 10 de julio 2024 y entregue todos
los documentos requeridos. […]”.

7.1 . Como fundamento de su solicitud manifestó que1:

“[…] CUARTO: A la fecha de la radicación de la presente acción de tutela no he
recibido respuesta por parte del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO NORTE DE
SANTANDER. […]”.

[…]

“[…] Se violan los derechos fundamentales del derecho de petición del artículo 23
de la Constitución Política, según la ley 1755 de 2015, y el derecho fundamental al
debido proceso contenido en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia
[…]”.

Actuación

8. El despacho sustanciador de la Sección Tercera -Subsección B- del Consejo
de Estado, mediante auto de 4 de febrero de 2025: i) admitió la acción de tutela; ii)
ordenó notificar a la entidad accionada; y iii) vinculó como terceros con interés
legítimo a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Norte de Santander y a la
Secretaría de la Sección Tercera -Subsección A- del Consejo de Estado,
concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el
particular.

9. El despacho sustanciador de la Sección Tercera -Subsección B- del Consejo
de Estado, mediante auto de 21 de febrero de 2025, vinculó como terceros con
interés legítimo al Consejo Superior de la Judicatura, al Consejo Seccional de la
Judicatura de Norte de Santander y Arauca, a la Dirección Seccional de

1 Transcripción literal del texto.

4

Núm. único de radicación: 110010315000202500500-01
Actor: Álvaro Mendoza Moncada

Administración Judicial de Norte de Cúcuta - Archivo Central, a la Oficina de Apoyo
Judicial de la Seccional de Norte de Santander y Arauca y al Tribunal Administrativo
de Norte de Santander, concediéndoles el término de un (1) día para rendir informe
sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander solicitó declarar la
improcedencia de la solicitud de tutela o, en su defecto, negar las pretensiones, al
considerar lo siguiente:

“[…] El 16 de febrero del 2024, el despacho 02 del Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, remite solicitud al área de archivo con el fin de dar trámite de
desarchivo al proceso de radicado 54-001-23-31-00-2008-00368-00 Demandante:
Álvaro Mendoza Moncada y Otros, Demandado: Nación – Rama Judicial - Fiscalía
General de la Nación, para realizar las acciones pertinentes.

El 19 de febrero del 2024, el despacho 02 del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, da respuesta a la solicitud informando que el proceso se encuentra en el
ARCHIVO, desde el 18 de diciembre de 2023, y que, de conformidad al acuerdo
PCSJA23-12106 del 31 de octubre de 2023, el costo del desarchivo es de $8.250.
Por medio del escrito se le solicitó al interesado enviar comprobante de pago al
correo: stectadminnstecd@cendoj.ramajudicial.gov.co para continuar con el
trámite respectivo.

En sentido con lo anterior, se evidencia que las solicitudes objeto del presente
informe, se tratan de un proceso que se encuentra actualmente en estado terminado,
por lo que su custodia y manejo está a cargo directamente de la Secretaría General
– Archivo, no obstante, el Despacho mediante auto de fecha 07 de febrero hogaño,
solicitó que a la Secretaria (sic) General un informe detallado sobre las actuaciones
realizadas respecto de las solicitudes presentadas por el accionante […]”.

[…]

“[…] 1. Improcedencia de la acción de tutela En el presente caso no se trata de un
derecho fundamental de petición sino de un trámite judicial sometido a turnos de
espera para expedición de copias o constancias, según el orden de entrada de las
respectivas solicitudes.

Así mismo, se observa improcedencia de la acción de tutela por no se considera que
se lesionó algún derecho, teniendo en cuenta que, el despacho ha realizado las
acciones pertinentes respecto a la solicitud del accionante, toda vez que se le ha
comunicado que el proceso se encuentra en el ARCHIVO, y que hemos solicitado al
área encargada su desarchivo para dar el trámite que corresponda, teniendo en
cuenta que se encuentra a cargo de esta área desde el 18 de diciembre del 2023.
[…]”.

11. La Secretaría del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante
informe de 10 de febrero de 2025, indicó lo siguiente:

5

Núm. único de radicación: 110010315000202500500-01
Actor: Álvaro Mendoza Moncada

“[…] 1) El Tribunal Administrativo de Norte de Santander esta ad portas de cumplir
próximamente cien años de existencia, el número de expedientes en el archivo
general de la Corporación, es una cifra que se desconoce, por razones como - entre
otras - el sistema escritural que aún se maneja en este Tribunal Administrativo; los
cambios de plataforma digital, que al mutar la información de una a otra, deja
información sin pasar y a la fecha son tres las plataformas digitales y estamos por
implementar la cuarta plataforma digital, dejando detrás información que se requiere
de consulta, donde no deja ver la información de las plataformas anteriores.

2) El Tribunal Administrativo no ha contado en su existencia y aún no cuenta con una
persona con mínimos conocimientos en Archivística y capacitación en el tema.

3) La función del manejo y custodia del Archivo del Tribunal, ha cambiado a lo largo
de los más de noventa años de existencia de la Corporación. En lo que me consta y
tengo conocimiento, tenía el manejo la Relatora de la Corporación y hacía el año 2009
que me posesiono como Secretaria, el manejo y custodia venía siendo llevado por el
Citador hoy Notificador Grado IV de este Tribunal Administrativo.

4) En los años 2009 y 2010, recién posesionada, realice junto con la Contadora de la
época, un trabajo mancomunado con apoyo de estudiantes de derecho y otras
personas, para adecuar los expedientes de archivo definitivo y poderlos enviar al
Archivo Central de la Rama Judicial de esta Seccional pero fue en vano el trabajo
realizado en comparación con los pocos expedientes que logramos nos recibieran,
gastando tiempo y horas extras y hasta dinero de mis ingresos.

Hacia el año – 2017 , 2018 -, se realizó un trabajo con más de 30 estudiantes de
Archivística del SENA y logramos, el Notificador y la suscrita – que se adecuara
expedientes para ser entregados a la Oficina de Apoyo Judicial Seccional quien tiene
el manejo, control y custodia del Archivo Central de la Rama Judicial de Norte de
Santander y Arauca, en sus dos Jurisdicciones, Ordinaria y Contenciosa
Administrativa, pero por falta de personal y por falta tal ves (sic) de voluntad
administrativa, se hizo imposible entregar los expedientes, sólo recibieron unos muy
pocos, por que (sic) no existe un Manual o un Acuerdo del Consejo Superior de la
Judicatura, y menos aún existe claridad y unificación de criterios para que nos reciban
los expedientes que ya están en estado terminado y para archivo definitivo.

Por ello solicito que dentro de la presente Acción Constitucional se vincule al Consejo
Superior de la Judicatura, al Consejo Seccional de la Judicatura, a la Dirección de
Administración Judicial Seccional, a la Oficina de Apoyo Judicial Seccional, al
Presidente de nuestra Corporación, porque son ellos quienes tienen las facultades
legales, administrativas e inclusive económicas para nombrar personal idóneo en el
manejo de archivo judicial, porque existe manuales de archivo administrativo, pero no
crearon ni han creado el manual de archivo judicial ósea de expedientes, ni físicos ni
muchos menos los digitales.

5) Para diciembre del año anterior, 2024, tuve dos vigilancias judiciales por el mismo
asunto de desarchivo de expedientes, como pude y por la gracia de Dios logré dar
respuesta a las Magistradas Ponentes, pero esto es como dar un acetaminofen para
curar un cáncer, en que se ha convertido el Archivo de la Rama Judicial, y en especial
el caso que nos ocupa el Archivo de la Corporación […]”.

[…]

“[…] Como se puede evidenciar, el expediente fue archivado en el año 2023 y
entregado a quien fungía para la época como Notificadora IV Encargada la ex
compañera de la Secretaría de la Corporación María Lorena Méndez, quien ya no

6

Núm. único de radicación: 110010315000202500500-01
Actor: Álvaro Mendoza Moncada

labora en la Rama Judicial desde diciembre pasado; además de ello, el expediente a
la fecha no se ha podido ubicar físicamente por lo evidenciado por las Magistradas
que adelantaron las vigilancias judiciales indicadas en párrafos anteriores y tal como
lo explico claramente en el memorial donde doy respuesta a la Magistrada María
Josefina Ibarra Rodríguez quien me pide informe de forma inmediata sobre el asunto
en marras y que le pido, respetuosamente al señor Magistrado Consejero Ponente,
haga parte del expediente judicial constitucional que nos ocupa y se pueda resolver
definitivamente esta situación que cada día no sólo congestiona la administración de
justicia sino que menoscaba mi calidad de vida, sintiendo que lo que he dicho y lo
resuelto en las Vigilancias Judiciales quedó en letra muerta. […]”.

11.1. Mediante escrito de 18 de febrero de 2025, dicha Secretaría reiteró la solicitud
de desvinculación, por las siguientes razones:

“[…] 1) El expediente físico aún no se encuentra.

2) Como lo manifesté, no es la suscrita quien tiene la custodia y manejo real del
Archivo Temporal que maneja la Corporación mientras existe más que buena
voluntad, acciones concretas y definitivas para que la Administración Judicial
Seccional reciba el manejo y custodia del Archivo de este Tribunal Administrativo de
los expedientes judiciales o de los procesos o medios de control que se ha conocido
y se encuentran en archivo definitivo.

3) Sin la vinculación de los terceros interesados y que tienen la competencia y
responsabilidad directa, tal como lo explique en mi escrito, estaríamos inmersos en
un sinnúmero de acciones de tutela y vigilancias judiciales administrativas, porque
junto con resolver esta solicitud de ubicación y desarchivo del expediente, tengo dos
más, al tiempo, con “amenaza” por parte de los solicitantes que si en los próximos
días no se les da respuesta de fondo, impetraran las acciones legales en busca que
un juez constitucional ampare sus derechos; y así con las más de 40 solicitudes que
se encuentran sin resolver desde los años 2023, 2024 y lo corrido del 2025.

4) El término otorgado por la ley para resolver la acción de tutela esta (sic) próximo a
vencerse sin que se vislumbre el pronunciamiento de la solicitud de vinculación de
terceros […]”.

11.2. Por último, tal Secretaría en escrito de 11 de marzo de 2025, se pronunció
frente a las respuestas presentadas por las entidades vinculadas, en los siguientes
términos:2

“[…] La Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura Dra. Débora Luz, tiene
asiento con voz y voto, porque lo Preside directamente o a través de delegado, en el
COMITÉ DE ARCHIVO DE LA SECCIONAL y nada aportó en su respuesta sobre las
gestiones que está realizando dicho Comité el cual es conocedor de la problemática
planteada, y sólo a una reunión fuimos invitados el año pasado y luego se nos indicó
que no podíamos asistir, pero yo si pasé un memorial donde pedimos, Daniel Hernán
y la suscrita, ser oídos para explicarles lo que estaba sucediendo y buscar una
solución inmediata antes de llegar al represamiento que en este momento se tiene de
solicitudes de desarchivo sin resolver en el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander; igualmente tiene asiento en dicho comité el Presidente de nuestro Tribunal

2 Transcripción literal del texto.

7

Núm. único de radicación: 110010315000202500500-01
Actor: Álvaro Mendoza Moncada

Administrativo, doctor Edgar Enrique Bernal Jaúregui (actualmente), y el Jefe de la
Oficina de Apoyo, y otros más.

2) El Pronunciamiento realizado por la doctora MARGARITA MARÍA BECERRA
DAWSON, en calidad de Magistrada Auxiliar de la Oficina del Despacho de la
Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, realiza aportes interesantes que
buscan dar solución de fondo a la problemática planteada, puesta a la luz, a raíz de
la solicitud de un desarchivo cuyo expediente no se ha podido encontrar.

Acota inicialmente, la misma problemática que plantee (sic) en mi momento ante la
falta del acceso al expediente digital para conocer la totalidad del mismo y ejercer el
derecho de defensa y contradicción. […].

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Norte de Santander y Arauca
viene desatendiendo el ordenamiento legal y nos ha llevado a tener que asumir la
función de la administración documental, en específico de los expedientes físicos de
los procesos o medios de control terminados, que a ellos corresponde y que hoy
vemos como, ante la falta de voluntad de la misma, que no nos ha recibido los
expedientes y por nosotros no tener el personal ni en propiedad, ni con funciones
exclusivas de archivista, ni los recursos económicos y facultades para contratar
personal, estamos presentando la problemática plasmada y que hoy es objeto de
investigación y sanción por parte de quienes no conocen ni quieren conocer de fondo
la raíz y el mal, al no poder cumplir con un procedimiento que debería ser sencillo,
como lo es escanear un expediente y enviarlo al archivo central de la Administración
Judicial Seccional Cúcuta, en caso de que sea requerido, como lo dije y lo digo, tarea
que vengo tratando de hacer desde el año 2009 sin que sea atendida favorablemente
[…].

[…] Se trata de ahorrar tiempo, dinero y salud mental, al solicitar al Magistrado
Consejero Ponente, que evite se siga desgastando la administración judicial; y de si
querer evadir responsabilidades, no asumiendo las responsabilidades que nos
corresponden hablamos, podría decir que si es cierto que la suscrita secretaria debe
dar respuesta al requerimiento de la apoderada de la presente acción, y así lo hare si
me es ordenado por el Magistrado Consejero Ponente doctor Alberto Montaña Plata,
no es menos cierto que yo también podría alegar la falta de legitimidad en la causa
por pasiva, por cuanto la función del manejo y custodia del archivo temporal de la
Corporación no la tengo yo, como lo he explicado en memoriales presentados, dicha
responsabilidad ha recaído y recae en el Cargo de Notificador IV que lo viene
ejerciendo hace unas pocas semanas en Provisionalidad el Compañero Jaime Andrés
Porras Salcedo y del Compañero Daniel Hernán Rincón, Escribiente en
Descongestión, a quien verbalmente se le pidió por parte del Presidente saliente
doctor Hernando Ayala Peñaranda, que realizara un inventario de los expedientes del
archivo a fin de determinar qué se envío allí, como lo dije durante los años 2019 a la
fecha, y verificar si dentro de lo enviado aparece los expedientes que están con
solicitud de desarchivo que son alrededor de cuarenta solicitudes según me dijeron,
y los cuadernos que se echan de menos en el expediente que reclama el Consejo de
Estado de un proceso que subió en Apelación y de otro que esta para sentencia,
donde no está la totalidad de los cuadernos.

[…] Ahora bien, a la suscrita secretaria se le ordenará posiblemente que Certifique
sobre lo que no existe como lo es en este momento el expediente físico, orden que
podría contrariar y llevarme a sobrepasar mis atribuciones legales en aras de amparar
un derecho que sigo diciendo no he vulnerado pero que si es y ha sido mi deseo
desde siempre que no se vulneren.

[…]

8

Núm. único de radicación: 110010315000202500500-01
Actor: Álvaro Mendoza Moncada

“[…] Debo expedir Certificaciones de un expediente que no tengo en físico, donde ni
siquiera la sentencia de Primera Instancia que pide el tutelante se encuentra ni en el
Despacho del Magistrado Ponente Doctor Robiel Amed Vargas González, en su
Copiador de Tutelas que por ley debe llevar cada Despacho e inclusive dice la norma
que deben mandarlos a Empastar ante de enviarse a Archivo; ni por parte del Técnico
de Sistemas quien realizó la notificación a las partes; ni por parte de la Relatoría de
la Corporación, donde se le envían las sentencias para realizar el respectivo trabajo
de la relatora; ni mucho menos fue aportada por el Profesional del Derecho que es
Accionante en la presente acción, donde siempre ha solicitado en su tiempo las
sentencias una vez son proferidas; pero quienes son responsable de tener dicha
sentencia, pretenden que yo que nunca la tuve en mis manos la haga aparecer, y a
ellos se les proteja sus derechos mientras que los míos serán nuevamente
vulnerados.

Yo les he pedido en estos dieciséis años de servicio al Tribunal Administrativo el deber
ser de las actuaciones no sólo Secretariales sino de los Despachos cuando envían,
casi sin control y el debido embalaje, todo cuando consideran ya no necesitan en sus
despachos para que sean resguardados en el Archivo Temporal que se maneja; pero
cuando hoy se da lo que les dije hace muchos años que sucedería, nadie asume
responsabilidades y menos quieren aceptarlas. Si desde el año 2009 que vengo
intentando organizar el Archivo apoyando a quien lo maneja y custodia, lo hubiesen
recibido sin escurrir la responsabilidad, no estaríamos frente al dilema de amparar
unos derechos de los tutelantes, vulnerando flagrantemente los de la accionada, que
dicho sea de paso, y como lo dicen las vinculadas, también soy vinculada en la
presente acción. […]”.

12. La Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado rindió informe en
los siguientes términos:

“[…] 1. En esta sección se conoció en sede de apelación de sentencia, el proceso de
reparación directa con interno 54257 radicado 54001233100020080036801,
demandante ÁLVARO MENDOZA MONCADA Y OTROS.

2. Con ponencia de la exmagistrada Martha Nubia Velásquez Rico, el 9 de agosto de
2023, la Subsección A-Sección Tercera de esta Corporación resolvió el recurso de
apelación de la sentencia (índice 68 SAMAI), providencia notificada por edicto
electrónico el 1 de septiembre de 2023 (índice 132 SAMAI).

3. Ejecutoriado el fallo de segunda instancia, esta Secretaría devolvió el expediente
físico al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, con oficio del 27 de
septiembre de 2023 y enviado a través del servicio postal de correos 4-72, según
planilla del 4 de octubre del mismo año, la cual se anexa con este escrito junto con el
oficio de remisión.

4. Revisado el correo institucional, la correspondencia y la ventanilla online, no se
halló solicitud de la parte actora y/o su apoderado respecto de los hechos que motivan
la acción de tutela.

Por lo anterior, no es a esta Secretaría la que le corresponde dar trámite a la solicitud
de expedición de copias y de expedición de la constancia de ejecutoria, ya que el
expediente se encuentra en el Tribunal de origen, esto es la entidad accionada, en
ese sentido, por parte de esta dependencia no hay vulneración al derecho
fundamental invocado. […]”.

9

Núm. único de radicación: 110010315000202500500-01
Actor: Álvaro Mendoza Moncada

13. La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura solicitó su
desvinculación, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva,
por las siguientes razones:

“[…] De la falta de legitimación en la causa por pasiva.

En primer lugar, es menester remitirse a los artículos 13 y 27 del Decreto 2591 de
1991, en los cuales se esgrime contra quiénes debe dirigirse la tutela y quién debe
dar cumplimiento en un eventual caso a la orden impartida por el juez, que rezan lo
siguiente: […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, no es viable endilgar alguna responsabilidad al Consejo Superior
de la Judicatura dentro del trámite de la presente acción, toda vez que las acciones u
omisiones que manifiesta el accionante como vulneradoras, recaen exclusivamente
sobre la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta.

Lo anterior, en razón a que esta Colegiatura únicamente tiene custodia del archivo de
sus actuaciones administrativas, tales como actas, resoluciones, oficios, circulares y
demás.

En ese contexto, la autoridad que se encuentra legitimada para responder la petición
aludida es la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá; ya que la
oficina de archivo de la citada ciudad, se encuentra adscrita a dicha Corporación de
conformidad con el Artículo 3° del Acuerdo PCSJA17-10784 de 26 de septiembre de
2017, el cual reza a continuación: […]”.

[…]

“[…] Esto quiere decir, que la oficina de archivo de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cúcuta es quien tiene la aptitud legal, por ser la competente
para ordenar el desarchivo del aludido expediente.

Es claro entonces, que en virtud de la desconcentración de funciones realizada por el
órgano superior (Consejo Superior de la Judicatura) a través de la citada normativa,
esta Corporación no es la autoridad responsable de proceder con el desglose del
proceso […]”.

14. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta solicitó negar las
pretensiones y su desvinculación de la acción de tutela de la referencia. Para tal
efecto, manifestó lo siguiente:

“[…] Ahora bien, descendiendo al caso concreto y revisados los hechos de la tutela,
se evidencia que la Nación- Rama Judicial- Dirección Seccional De Administración
Judicial Cúcuta no es parte dentro del proceso judicial que se narra, además se debe
manifestar que la petición fue radicada directamente en el buzón electrónico del
despacho, razón por la cual mi representada no es quien debe asumir las obligaciones
solicitadas por la parte actora; asimismo, verificada la petición también se observa
que la apoderada del señor Mendoza Moncada, lo que requiere es un trámite
netamente secretarial que solo puede llevar a cabo el despacho de origen que conoció
y tramitó el proceso, es decir, en el presente asunto quien debe dar trámite a la

10

Núm. único de radicación: 110010315000202500500-01
Actor: Álvaro Mendoza Moncada

solicitud elevada, es el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, ya que es dicho
despacho quien debe expedir las constancias secretariales y las copias de las
providencias requeridas, concluyendo así que, la mora en la respuesta es una
circunstancia atribuible única y exclusivamente al ya mencionado despacho, por
consiguiente, de entrada se denotan la falta de legitimación de la Dirección Seccional
de Administración Judicial […]”.

[…]

“[…] No obstante, lo anterior y atendiendo la vinculación surtida por el honorable
despacho en cuanto a que el proceso sobre el cual se requiere el trámite (sic)
solicitado por la actora se encuentra en custodia de la oficia (sic) de archivo central,
dependencia adscrita a la DSAJ, me permito señalar que una vez fue notificado, el
presente tramite (sic) se requirió a la persona encargada del archivo, para que sirviera
informar si el proceso 54001233100020080046800, se encontraba en cuidado y
custodia de dicha dependencia, no obstante, frente a la premura del tiempo otorgado
por su despacho no fue posible tener una respuesta de dicha dependencia. […]”.

15. El Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y Arauca, solicitó
la desvinculación en la presente acción de tutela, al considerar que:

“[…] Observado el escrito contentivo de la acción de tutela que nos ocupa, resulta
oportuno indicar que, este Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander
y Arauca no tiene injerencia en los hechos relacionados en el mismo, ya que, el señor
Álvaro Mendoza Moncada ni su apoderada han interpuesto petición y/o vigilancia
judicial alguna ante esta Corporación para poner de presente alguna situación
relacionada con tales hechos.

Puestas así las cosas, es claro que, en este asunto se presenta una falta de
legitimación en la causa por pasiva frente a este Consejo Seccional de la Judicatura
de Norte de Santander y Arauca; por lo tanto, solicitamos respetuosamente que sea
desvinculado de la presente acción constitucional. […]”.

La sentencia impugnada

16. La Sección Tercera -Subsección “B”- del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 25 de marzo de 2025, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, la Presidencia del Consejo Seccional de la
Judicatura de Norte de Santander y Arauca, la Presidencia del Consejo Superior de
la Judicatura y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Norte de
Santander y Arauca, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la tutela
presentada por Álvaro Mendoza Moncada, de conformidad con las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia. […]”.

16.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

11

Núm. único de radicación: 110010315000202500500-01
Actor: Álvaro Mendoza Moncada

“[…] 2.3. Actualidad del objeto

28. La Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado, por las razones
que pasan a explicarse.

29. De la lectura de los informes rendidos por la accionada y los terceros vinculados,
así como de la información que reposa en la página web de consulta de procesos de
la Rama Judicial y el aplicativo SAMAI, la Sala observó que (1) luego de que la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado profiriera el fallo de
segunda instancia, remitió el expediente físico al Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, el 4 de octubre de 2023, mediante el servicio postal de correos 4-72; (2)
el 18 de diciembre de 2023, el tribunal envió el expediente al área de archivo de la
corporación, donde lo recibió la notificadora Grado IV encargada; y (3) el 15 de febrero
de 2024, la parte accionante le solicitó al tribunal la expedición de copias de las
sentencias de primera y segunda instancia, proferidas dentro del proceso de
reparación directa con radicado No. 2008-00368 00/01.

30. Así mismo, se evidenció que (4) el 16 de febrero de 2024, el tribunal remitió la
solicitud al área de archivo con el fin de que dicha área diera trámite a la solicitud de
desarchivo del proceso; (5) el 19 de febrero de 2024, el tribunal informó al accionante
del traslado de su petición y del costo del trámite de desarchivo; (6) el 20 de febrero
de 2024, la parte accionante remitió nuevamente al tribunal una petición de
desarchivo y expedición de copias y constancias, y anexó el comprobante de pago
del costo de desarchivo del expediente, por lo que se infiere que conoció de la
respuesta de 19 de febrero de 2024; (7) el accionante reiteró la solicitud anterior, el 5
de abril y el 10 de julio de 2024, en donde, además, anexó un comprobante de pago
por valor de $34.000, por concepto de copias y constancias.

31. Por otra parte, se advirtió que (8) el 7 de febrero de 2025, el tribunal requirió a la
Secretaría General de la corporación para que rindiera un informe sobre la gestión
adelantada en relación con el expediente del accionante; (9) mediante memorial de
10 de febrero de 2025, la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander dio cumplimiento a la orden e informó, entre otros, que (e (sic) trascribe)
“el expediente que se busca y que es objeto de acción constitucional ante el Consejo
de Estado, no ha podido ser hallado (…)”. Igualmente, adjuntó 2 constancias
secretariales, a través de las cuales el Citador Grado IV y un escribiente nominado de
la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Norte de Santander manifestaron
que el 7 de febrero de 2025 se dirigieron al archivo de la corporación con el objetivo
de buscar el expediente físico requerido, pero que no tuvieron éxito; sin embargo,
puso de presente, en el memorial de 12 de marzo de 2025, que seguían con las
labores de búsqueda.

32. En ese orden, para la Sala es claro que, se configuró un hecho superado pues,
durante el trámite de la acción de tutela, el hecho que dio origen a esta, esto es, la
presunta falta de respuesta a la petición de 20 de febrero de 2024, que fue similar a
la de 15 de febrero y se reiteró el 5 de abril y el 10 de julio de 2024, cesó.

33. De las actuaciones referidas con anterioridad, la Sala destaca que, el 19 de
febrero de 2024, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander le informó al
accionante del traslado de su petición al área de archivo de la corporación,
comoquiera que el expediente solicitado se archivó desde el 18 de diciembre de 2023,
y, en virtud de ello, así como de las gestiones adelantadas por el despacho para tener
información sobre el aludido expediente, el 10 de febrero de 2025, la Secretaría del
tribunal, dependencia que tiene a su cargo el área de archivo y, por ende, es la
competente para resolver la petición de desarchivo, rindió un informe en el que puso
de presente la situación de pérdida del expediente del No. 2008-00368-00/01 y, en
consecuencia, la imposibilidad de poder expedir las copias y/o constancias
solicitadas.

12

Núm. único de radicación: 110010315000202500500-01
Actor: Álvaro Mendoza Moncada

34. Aunado a lo anterior, la Sala constató que, dentro de los destinatarios a los cuales
remitió la Secretaría del tribunal el aludido informe, consta el correo electrónico de la
parte accionante, [...]@hotmail.com. De manera que, con dicho informe, rendido
durante el trámite de la tutela, se dio respuesta de fondo a la petición de 20 de febrero
de 2024, reiterada el 5 de abril y 10 de julio de 2024, pues, se le informó al accionante
de la situación en torno al expediente No. 2008-00368-00/01.

35. Cabe advertir que las inconformidades que se puedan derivar de la respuesta
anterior escapan de la petición, objeto de estudio en la presente acción de tutela, por
ejemplo, posibles investigaciones disciplinarias, vigilancias judiciales administrativas
o, incluso, la reconstrucción del expediente. […]”.

La impugnación

17. El actor impugnó la sentencia proferida por la Sección Tercera -Subsección B-
del Consejo de Estado. En ese orden de ideas expresó lo siguiente:

“[…] actuando como apoderada judicial del señor ALVARO MENDOZA MONCADA,
me permito impugnar la sentencia de fecha 25 de marzo 2025 notificada a través de
correo electrónico el día 2 de abril 2025 por la cual se declaró la carencia actual de
objeto por hecho superado. […]”.

Documentos allegados en segunda instancia

18. La Secretaría del Tribunal Administrativo de Norte de Santander allegó “[…]
memorial – para que sea anexado al trámite de segunda instancia –, donde solicite
a los compañeros de la secretaría encargados del archivo temporal de la
corporación, un nuevo informe sobre los resultados del desarchivo del expediente
Radicado: 54001-23-31-000-2008-00368-00; Acción: Reparación Directa;
Demandante: Álvaro Mendoza Mocada y otros. Demandado: Nación – Fiscalía
General de la Nación y otro; con el fin de dar respuesta a la petición de la
Apoderada Judicial y a la parte Demandante […]”. Precisó que, en dicha solicitud,
indicó que “[…] Para el anterior informe, les agradezco hacerlo llegar hasta el día
siete (07) de mayo de la presente anualidad, para reenviarlo ante el Consejo de
Estado, Sala de conocimiento […]”.

19. El despacho sustanciador del proceso se comunicó vía telefónica con la
Secretaría del Tribunal Administrativo de Norte de Santander 3 y, pese a que
manifestaron que harían llegar el informe en el transcurso del día, no ocurrió.

3 La comunicación vía telefónica con la Secretaría del Tribunal Administrativo de Norte de Santander se llevó

a cabo los días 19 y 21 de mayo de 2025.

13

Núm. único de radicación: 110010315000202500500-01
Actor: Álvaro Mendoza Moncada

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

20. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20215 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20196, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

21. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema Jurídico

22. En el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en determinar si el Tribunal Administrativo de Norte de Santander incurrió
en vulneración de los derechos fundamentales de petición, acceso a la
administración de justicia y al debido proceso, al no dar respuesta expresa, clara y
de fondo a la solicitud elevada por el actor el 20 de febrero de 2024, dentro de la
acción de reparación directa identificada con el número único de radicación 54001-
23-31-000-2008-00368-01, en la que solicitó: i) el desarchivo del expediente; ii) la
primera copia de la sentencia de 29 de agosto 2014; iii) la primera copia de la
sentencia de 9 de agosto 2023; iv) la certificación de vigencia de poder; y v) la
constancia de ejecutoria.

4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

14

Núm. único de radicación: 110010315000202500500-01
Actor: Álvaro Mendoza Moncada

23. Para resolver el anterior problema jurídico, esta Sala analizará los siguientes
temas: i) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso; ii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a
la administración de justicia; iii) el derecho de petición instaurado ante autoridades
judiciales; iv) el derecho a la administración de justicia y el debido proceso frente a
la mora judicial, v) el análisis del caso en concreto, y vi) las conclusiones de la Sala.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

24. De conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de
1991, que establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

25. Atendiendo a que, la Corte Constitucional7 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

7 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

15

Núm. único de radicación: 110010315000202500500-01
Actor: Álvaro Mendoza Moncada

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia

26. El artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991 establece
que:

“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

27. Atendiendo a que, la Corte Constitucional8 ha entendido el derecho al acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

Derecho de petición instaurado ante autoridades judiciales

28. En relación con el derecho de petición instaurado ante autoridades judiciales,
esta Sala ha sido enfática en señalar que no es procedente su ejercicio durante el
curso y con ocasión de un proceso judicial, en razón a que el legislador ha previsto
procedimientos específicos para su trámite.

29. En sentencia de 17 de noviembre de 20179, esta Sala con ponencia de la
consejera de Estado María Elizabeth García González reiteró lo expuesto en
sentencia de 18 de junio de 2015, proferida dentro de la acción de tutela radicada
bajo el núm. 2015-01196-00, en la que se indicó lo siguiente:

8 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
9 Consejo de Estado, Sección Primera, núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2017-02583-00, Actor:

María Eugenia Hernández Valenzuela, demandado: Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo del
Huila.

16

Núm. único de radicación: 110010315000202500500-01
Actor: Álvaro Mendoza Moncada

“[…] En relación con el derecho de petición presentado ante autoridades
judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no resulta
procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se pretende es obtener
pronunciamientos por parte de un juez durante el curso de un proceso, pues
para ello el legislador previó los trámites para lograr dicho cometido. De igual
forma, el operador constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el
contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente judiciales o administrativas,
pues en caso de que sea el segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí
resulta procedente.

Así lo precisó la Sala en sentencia de 17 de julio de 2008, con ponencia del
Magistrado doctor Marco Antonio Velilla Moreno, proferida dentro de la acción de
tutela radicada bajo el nro. 2008-00517, en la que se indicó lo siguiente:

En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar que el criterio
mayoritario de la Sala ha sido el de que no es procedente el ejercicio del derecho de
petición como tal frente a autoridades judiciales en el curso de un proceso, por cuanto
para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes mediante los
cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos; y que acceder al
reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces procesales llevaría
al caos a la administración de justicia, pues implicaría destinar gran parte del tiempo
a responder solicitudes como la de la actora en detrimento de la actividad judicial.

En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente núm. AC-2005-00304,
Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya, Consejera ponente doctora María Claudia Rojas
Lasso)10, la Sala sostuvo:

“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata precisamente del
ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución
Política sino de un derecho de petición en el caso de un proceso judicial.

Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a autoridades judiciales en el
curso de un proceso, la Corte Constitucional ha expresado:

“El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para
solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que esta
es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso
de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del derecho de
acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición. Dentro de las
actuaciones ante los jueces pueden distinguirse dos. De un lado, los actos
estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos
últimos se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el Código
Contencioso Administrativo. Por el contrario, las peticiones en relación con
actuaciones judiciales no pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios de las
actuaciones administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten las
partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en asuntos relacionados con
la litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso”. (Sentencia T-
377 de 2000 MP Alejandro Martínez Caballero)

Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de asuntos que
no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra muy distinta es el juez como
autoridad judicial dentro del trámite de un proceso a su cargo.

En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de petición como tal,
pues para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes mediante

10 Criterio que contó con salvamento de voto de los señores consejeros doctores Gabriel Eduardo Mendoza

Martelo y Camilo Arciniegas Andrade.

17

Núm. único de radicación: 110010315000202500500-01
Actor: Álvaro Mendoza Moncada

los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos. Acceder al
reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces procesales llevaría
al caos de la administración de justicia pues implicaría destinar gran parte del tiempo
a responder solicitudes como la del accionante en detrimento de la actividad judicial.

Así lo ha reiterado la Corte Constitucional:

“Desde luego, como ya lo ha señalado la Corte, esto no es aplicable a las autoridades
judiciales en el curso de los procesos, ya que éstos se rigen por las normas legales
propias de cada uno, sin que sea lo adecuado impulsarlos mediante la formulación
de peticiones en cada uno de los momentos procesales” Sentencia T-178-00. MP
José Gregorio Hernández Galindo) […]”. (Destacado fuera del texto)

30. En ese orden de ideas, dentro del marco de las solicitudes que presentan las
personas debe distinguirse entre los de carácter jurisdiccional y los administrativos.
Frente a los segundos el trámite debe llevarse a cabo a través del marco del derecho
de petición establecido en el artículo 23 de la Constitución Política de 1991 y
desarrollado por la Ley 1755 de junio 30 de 201511, y los primeros deben tramitarse
de conformidad con los procedimientos propios de cada juicio, lo que implica que la
omisión del funcionario judicial en resolver las peticiones formuladas en relación con
los asuntos jurisdiccionales trae como consecuencia la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso y no el de petición.

31. En ese entendido, la Sala observa que lo pretendido por el actor es que la
parte demandada de respuesta a la petición de 20 de febrero de 2024, de forma
clara, de fondo y concreta, lo cual implica una actuación del juez ordinario dentro
del proceso judicial.

32. Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el amparo
solicitado respecto del derecho de petición alegado por el demandante, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

El derecho al acceso a la administración de justicia y el debido proceso frente
a la mora judicial

33. La jurisprudencia constitucional al referirse a la afectación del derecho al
acceso a la administración de justicia, por mora en el trámite de los procesos
judiciales, ha señalado que “[…] quien presenta una demanda, interpone un recurso,

11 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

18

Núm. único de radicación: 110010315000202500500-01
Actor: Álvaro Mendoza Moncada

formula una impugnación o adelanta cualquier otra actuación dentro de los términos
legales, estando habilitado por ley para hacerlo, tiene derecho a que se le resuelva
del mismo modo, dentro de los términos legales dispuestos para ello […]”12.

34. No obstante lo anterior, como lo sostuvo esta Sala en la providencia de 14 de
abril de 201613, reiterada mediante la sentencia de 18 de mayo de 201714, “[…] el
no cumplimiento de los términos por parte del operador judicial, no implica
automáticamente la vulneración de los derechos fundamentales, pues, pese a que
es obligación de la autoridad acatar los tiempos establecidos por la normativa
aplicable, también lo es que debe dar prevalencia al derecho sustancial sobre el
formal y no sacrificar irrazonablemente la justicia como valor superior y principio
constitucional […]”.

35. En las providencias citadas supra, se reiteró la postura de la Corte
Constitucional en las que se ha establecido que cuando se alega la vulneración de
derechos fundamentales por mora judicial, es indispensable analizar las causas que
dieron origen a esta15, con el fin de determinar si dicha mora obedece a temas como
la complejidad del asunto en estudio, la naturaleza de los hechos investigados o la
interposición de recursos y solicitudes, entre otros. Al respecto, la Corte
Constitucional, en la sentencia T-230 de 201316, afirmó:

“[…] La jurisprudencia también ha señalado que, atendiendo la realidad del país, en
la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no es
imputable al actuar de los funcionarios judiciales. Así, por ejemplo, existen procesos
en los cuales su complejidad requiere de un mayor tiempo del establecido en
las normas y en la Constitución para su estudio, para valorar pruebas o para
analizar la normatividad existente. Por ello, la Jurisprudencia ha destacado que
cuando la tardanza no es imputable al actuar del Juez o cuando existe una

12 Ver, entre otras, Corte Constitucional, sentencia T-1154 de 18 de noviembre de 2004, M.P. Alfredo Beltrán

Sierra.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de

2016, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001031500020150216000.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de mayo de

2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001 03 15 000 2016-03244-01
15 Al respecto, también la Sala, en la sentencia de 7 de febrero de 2008 Expediente núm. 2007-01377-00, C.P.:

doctor Marco Antonio Velilla Moreno), sostuvo que: “no toda dilación en la decisión equivale a mora o a
negligencia, dadas las condiciones estructurales, que producen congestión y lentitud en los despachos
judiciales y que no se puede a través de la acción de tutela ordenar a los jueces el impulso procesal o
pronunciamiento de fondo en los asuntos sometidos a su conocimiento, “por cuanto se perdería la finalidad
para la cual fue creada la tutela y, se desnaturalizaría su función, eminentemente protectora de derechos
fundamentales, si se permitiera que fuera utilizada como un mecanismo para alterar el turno de un proceso
judicial, so pretexto de resolver, con efectos inter partes, los problemas estructurales de congestión que
aquejan a la Rama Judicial pues, es sabido que sus efectos son erga omnes ya que, a todos, por igual, afecta
el notable incremento del tiempo que demanda la decisión, con carácter definitivo, de los asuntos y
controversias que se someten a su consideración...” (Sentencia T-256 de 17 de marzo de 2004).
16 Corte Constitucional, sentencia T-230 de 18 de abril de 2013, M.P. Luís Guillermo Guerrero Pérez.

19

Núm. único de radicación: 110010315000202500500-01
Actor: Álvaro Mendoza Moncada

justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En este sentido, en
la Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial
sobre la materia, esta Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos
se encuentra justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro
del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se
constata que efectivamente existen problemas estructurales en la Administración de
Justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii)
cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la
resolución de la controversia en el plazo previsto en la Ley. […]”. (Resaltado de la
Sala).

36. Asimismo, la Corte Constitucional ha considerado que la mora judicial es un
fenómeno contrario a los derechos fundamentales y al debido proceso, y se
evidencia cuando: “[…] (i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados
en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable
que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de
trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las
funciones por parte de una autoridad judicial […]”17.

37. En suma, cuando en la acción de tutela se alega la vulneración de derechos
fundamentales por mora judicial, esta prospera, excepcionalmente, solo cuando se
demuestra que: i) se está ante un caso de dilación injustificada; ii) cuando se
acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es
el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones; iii) por el contrario,
cuando la mora está justificada en la complejidad del asunto, en problemas
estructurales de la administración de justicia o cuando las circunstancias
imprevisibles no permiten que el caso se resuelva dentro del término legal, no hay
lugar a acceder a las pretensiones de la acción de tutela.

Análisis del caso concreto

38. El señor Álvaro Mendoza Moncada, a través de apoderado, presentó acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, porque, a su juicio,
vulneró sus derechos fundamentales de petición, al acceso a la administración de
justicia y al debido proceso, al no dar respuesta expresa, clara y de fondo a la
solicitud de 20 de febrero de 2024, presentada dentro de la acción de reparación

17 Corte Constitucional, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa.

20

Núm. único de radicación: 110010315000202500500-01
Actor: Álvaro Mendoza Moncada

directa identificada con el número único de radicación 54001-23-31-000-2008-
00368-01.

39. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
desarrollados en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar
el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo
jurídico, concluir el caso concreto.

40. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

41. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

41.1. Anexos que fueron allegados con el escrito de tutela.

41.2. Informes rendidos por la demandada y los terceros con interés legítimo, con
sus anexos.

Solución del caso en concreto

42. En el caso sub examine, la Sala precisa que el actor adujo la vulneración de
su derecho fundamental de petición; sin embargo, la Sala precisa que al respecto la
solicitud de amparo resulta improcedente, toda vez que, tal como se expuso
previamente, en relación con el derecho de petición instaurado ante autoridades
judiciales, esta Sala ha sido enfática en señalar que no es procedente su ejercicio
durante el curso y con ocasión de un proceso judicial, en razón a que el legislador
ha previsto procedimientos específicos para su trámite.

21

Núm. único de radicación: 110010315000202500500-01
Actor: Álvaro Mendoza Moncada

43. En ese sentido, la Sala abordará el estudio de la solicitud de tutela en torno
a una presunta mora judicial, la cual, el actor fundamentó en que, el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander no ha dado respuesta a la solicitud de 20 de
febrero de 2024, presentada dentro de la acción de reparación directa identificada
con el número único de radicación 54001-23-31-000-2008-00368-01, mediante la
cual solicitó: i) el desarchivo del expediente; ii) la primera copia de la sentencia de
29 de agosto 2014; iii) la primera copia de la sentencia de 9 de agosto 2023; iv) la
certificación de vigencia de poder; y v) la constancia de ejecutoria.

44. Al respecto, la Secretaría del Tribunal Administrativo de Norte de Santander
rindió informe en los siguientes términos:

“[…] 1) El Tribunal Administrativo de Norte de Santander esta ad portas de cumplir
próximamente cien años de existencia, el número de expedientes en el archivo
general de la Corporación, es una cifra que se desconoce, por razones como - entre
otras - el sistema escritural que aún se maneja en este Tribunal Administrativo; los
cambios de plataforma digital, que al mutar la información de una a otra, deja
información sin pasar y a la fecha son tres las plataformas digitales y estamos por
implementar la cuarta plataforma digital, dejando detrás información que se requiere
de consulta, donde no deja ver la información de las plataformas anteriores.

2) El Tribunal Administrativo no ha contado en su existencia y aún no cuenta con una
persona con mínimos conocimientos en Archivística y capacitación en el tema.

3) La función del manejo y custodia del Archivo del Tribunal, ha cambiado a lo largo
de los más de noventa años de existencia de la Corporación. En lo que me consta y
tengo conocimiento, tenía el manejo la Relatora de la Corporación y hacía el año 2009
que me posesiono como Secretaria, el manejo y custodia venía siendo llevado por el
Citador hoy Notificador Grado IV de este Tribunal Administrativo.

4) En los años 2009 y 2010, recién posesionada, realice junto con la Contadora de la
época, un trabajo mancomunado con apoyo de estudiantes de derecho y otras
personas, para adecuar los expedientes de archivo definitivo y poderlos enviar al
Archivo Central de la Rama Judicial de esta Seccional pero fue en vano el trabajo
realizado en comparación con los pocos expedientes que logramos nos recibieran,
gastando tiempo y horas extras y hasta dinero de mis ingresos.

Hacia el año – 2017 , 2018 -, se realizó un trabajo con más de 30 estudiantes de
Archivística del SENA y logramos, el Notificador y la suscrita – que se adecuara
expedientes para ser entregados a la Oficina de Apoyo Judicial Seccional quien tiene
el manejo, control y custodia del Archivo Central de la Rama Judicial de Norte de
Santander y Arauca, en sus dos Jurisdicciones, Ordinaria y Contenciosa
Administrativa, pero por falta de personal y por falta tal ves (sic) de voluntad
administrativa, se hizo imposible entregar los expedientes, sólo recibieron unos muy
pocos, por que (sic) no existe un Manual o un Acuerdo del Consejo Superior de la
Judicatura, y menos aún existe claridad y unificación de criterios para que nos reciban
los expedientes que ya están en estado terminado y para archivo definitivo.

Por ello solicito que dentro de la presente Acción Constitucional se vincule al Consejo
Superior de la Judicatura, al Consejo Seccional de la Judicatura, a la Dirección de

22

Núm. único de radicación: 110010315000202500500-01
Actor: Álvaro Mendoza Moncada

Administración Judicial Seccional, a la Oficina de Apoyo Judicial Seccional, al
Presidente de nuestra Corporación, porque son ellos quienes tienen las facultades
legales, administrativas e inclusive económicas para nombrar personal idóneo en el
manejo de archivo judicial, porque existe manuales de archivo administrativo, pero no
crearon ni han creado el manual de archivo judicial ósea de expedientes, ni físicos ni
muchos menos los digitales.

5) Para diciembre del año anterior, 2024, tuve dos vigilancias judiciales por el mismo
asunto de desarchivo de expedientes, como pude y por la gracia de Dios logré dar
respuesta a las Magistradas Ponentes, pero esto es como dar un acetaminofen para
curar un cáncer, en que se ha convertido el Archivo de la Rama Judicial, y en especial
el caso que nos ocupa el Archivo de la Corporación […]”.

[…]

“[…] Como se puede evidenciar, el expediente fue archivado en el año 2023 y
entregado a quien fungía para la época como Notificadora IV Encargada la ex
compañera de la Secretaría de la Corporación María Lorena Méndez, quien ya no
labora en la Rama Judicial desde diciembre pasado; además de ello, el expediente a
la fecha no se ha podido ubicar físicamente por lo evidenciado por las Magistradas
que adelantaron las vigilancias judiciales indicadas en párrafos anteriores y tal como
lo explico claramente en el memorial donde doy respuesta a la Magistrada María
Josefina Ibarra Rodríguez quien me pide informe de forma inmediata sobre el asunto
en marras y que le pido, respetuosamente al señor Magistrado Consejero Ponente,
haga parte del expediente judicial constitucional que nos ocupa y se pueda resolver
definitivamente esta situación que cada día no sólo congestiona la administración de
justicia sino que menoscaba mi calidad de vida, sintiendo que lo que he dicho y lo
resuelto en las Vigilancias Judiciales quedó en letra muerta.

[…]

Yo les he pedido en estos dieciséis años de servicio al Tribunal Administrativo el deber
ser de las actuaciones no sólo Secretariales sino de los Despachos cuando envían,
casi sin control y el debido embalaje, todo cuando consideran ya no necesitan en sus
despachos para que sean resguardados en el Archivo Temporal que se maneja; pero
cuando hoy se da lo que les dije hace muchos años que sucedería, nadie asume
responsabilidades y menos quieren aceptarlas. Si desde el año 2009 que vengo
intentando organizar el Archivo apoyando a quien lo maneja y custodia, lo hubiesen
recibido sin escurrir la responsabilidad, no estaríamos frente al dilema de amparar
unos derechos de los tutelantes, vulnerando flagrantemente los de la accionada, que
dicho sea de paso, y como lo dicen las vinculadas, también soy vinculada en la
presente acción. […]”.

45. De conformidad con lo expuesto supra, la Sala advierte que lo solicitado por
el actor aún no ha sido resuelto, en la medida en que, en palabras de la Secretaría
del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, “[…] el expediente a la fecha no
se ha podido ubicar físicamente […]”.

46. La Sala precisa que la elaboración y remisión de los informes al actor sobre
las gestiones adelantadas para ubicar el expediente de la acción de reparación
directa identificada con el número único de radicación 54001-23-31-000-2008-
00368-01, si bien son necesarias, no son suficientes para declarar que ha cesado

23

Núm. único de radicación: 110010315000202500500-01
Actor: Álvaro Mendoza Moncada

la vulneración de los derechos fundamentales al acceso a la administración de
justicia y al debido proceso del actor, puesto que, a la fecha, la solicitud sigue
inconclusa.

47. En ese sentido, para la Sala la solicitud presentada por el actor no ha sido
resuelta, pues se desconoce la ubicación del expediente judicial del que fue parte,
sin que se le haya dado una razón de fondo, concreta y definitiva. Por consiguiente,
la Sala advierte que el señor Álvaro Mendoza Moncada, a la fecha, no ha obtenido
i) el desarchivo del expediente identificado con el número único de radicación
54001-23-31-000-2008-00368-01; ii) la primera copia de la sentencia de 29 de
agosto 2014; iii) la primera copia de la sentencia de 9 de agosto 2023; iv) la
certificación de vigencia de poder; y v) la constancia de ejecutoria.

48. La Sala advierte que, con ocasión a la falta de ubicación de dicho
expediente, se materializa la vulneración de los derechos fundamentales del actor
al acceso a la administración de justicia y al debido proceso, en la medida en que
se presenta una dilación en el desarchivo del expediente, lo que impide al actor
obtener los documentos requeridos para desarrollar los trámites administrativos y/o
judiciales a los que hay lugar.

49. Al respecto, esta Corporación ha considerado que:18

“[…] 4.1. De conformidad con la descripción que antecede, lo primero que debe
indicar la Sala, es que la solicitud presentada por el tutelante se regula por las
normas del debido proceso y no las del derecho de petición, así que en este punto
la Sala se aparta de lo expuesto por el a quo. Esto porque se trata de una solicitud
que versa sobre aspectos de orden jurisdiccional en tanto se trata de solicitud de
copias de un proceso que, aunque ha permanecido sin actividad por un tiempo
considerable, no hay prueba de que esté archivado19. Luego, lo pretendido se rige
por el numeral 1º del artículo 114 y el artículo 115 del Código General del Proceso,
relacionados con la solicitud de copias de actuaciones judiciales […]”.

[…]

“[…] 4.3. Visto lo anterior, es claro para la Sala que, en efecto, la secretaría del
Tribunal Administrativo de Antioquia ha remitido los oficios en los que informa al señor
Héctor Fabián González Roldán las diligencias adelantadas para ubicar el expediente
con radicado Nro. 950.504.

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 9 de septiembre

de 2021, expediente núm. 11001-03-15-000-2021-01690-01, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
19 En sentido similar se pueden consultar las siguientes providencias de la Sección Cuarta del Consejo
de Estado: sentencia del 27 de mayo de 2021. Proceso Nro.11001-03-15-000-2020-05156-01. M.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto; sentencia de tutela del 19 de noviembre de 2020. Proceso Nro. 11001-03-15-000-
2020-04388-00. M.P. Milton Chaves García.

24

Núm. único de radicación: 110010315000202500500-01
Actor: Álvaro Mendoza Moncada

Sin embargo, la Sala considera que tal gestión no da lugar a declarar que cesó la
vulneración del derecho al debido proceso del accionante y con ello la carencia actual
de objeto. El informe de las gestiones para ubicar el expediente cuyas copias se
requieren se tiene como una gestión necesaria para la protección del derecho
afectado en tanto otorga al actor información respecto del trámite que se ha brindado
a su solicitud, pero no es suficiente para declarar que cesó la vulneración
iusfundamental, dado que su petición de copias continúa inconclusa por razones
ajenas a su voluntad e intervención.

4.4. Considera la Sala que, si en el trámite de respuesta a la petición de copias
se observa que no es posible acceder a las mismas, en este caso porque el
expediente respecto del cual fueron solicitadas, según se indica en los informes de la
Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia, está extraviado, corresponde a la
entidad adelantar las gestiones tendientes a reconstruir los archivos que estaban en
su poder y se perdieron. No es razonable que las personas interesadas en la
obtención de los documentos resulten perjudicadas por hechos que no les son
atribuibles […]”.

50. Así las cosas, la Sala considera necesario que el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander y su Secretaría, adelanten todas las actuaciones necesarias
tendientes a resolver la solicitud del actor, la cual se entenderá satisfecha cuando
se realice el desarchivo del expediente y se entreguen las copias o, en el caso de
esto no ser posible, adopte las medidas correspondientes para su reconstrucción.

51. Por lo anteriormente expuesto, la Sala amparará los derechos
fundamentales al acceso a la administración de justicia y al debido proceso del
actor, con el fin de que el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y su
Secretaría, en el término de veinte (20) días contados a partir de la notificación de
la presente providencia, realice todas las gestiones necesarias tendientes al
desarchivo del expediente de la acción de reparación directa identificada con el
número único de radicación 54001-23-31-000-2008-00368-01, y le proporcione las
copias requeridas por el demandante.

52. En el evento en que ello no sea posible, en razón a que el resultado de la
búsqueda del expediente de dicho proceso arroje una respuesta negativa, el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander y su Secretaría, deberán proceder
inmediatamente con el trámite de reconstrucción del expediente previsto en el
artículo 126 del Código General del Proceso, si a bien lo tiene el actor, e indicar al
solicitante las actuaciones que debe adelantar para contribuir con tal propósito.

Conclusiones de la Sala

25

Núm. único de radicación: 110010315000202500500-01
Actor: Álvaro Mendoza Moncada

53. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala revocará la sentencia de tutela de 25 de marzo de
2025, proferida por la Sección Tercera -Subsección B- del Consejo de Estado, por
medio de la cual, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado y, en su
lugar, se dispone: i) declarar la improcedencia de la acción de tutela frente a la
vulneración del derecho de petición; y ii) conceder el amparo de los derechos
fundamentales del actor al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela de 25 de marzo de 2025, proferida
por la Sección Tercera -Subsección B- del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia

SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela frente a la
vulneración del derecho de petición, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

TERCERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia del señor Álvaro Mendoza Moncada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander que, en el término de veinte (20) días contados a partir de la notificación
de la presente providencia, realice todas las gestiones necesarias tendientes al
desarchivo del expediente contentivo de la acción de reparación directa identificada
con el número único de radicación 54001-23-31-000-2008-00368-01, y le
proporcione las copias requeridas al actor. En el evento en que ello no sea posible,
en razón a que el resultado de la búsqueda arroje una respuesta negativa, el

26

Núm. único de radicación: 110010315000202500500-01
Actor: Álvaro Mendoza Moncada

Tribunal Administrativo de Norte de Santander y su Secretaría, deberán proceder
inmediatamente con el trámite de reconstrucción del expediente previsto en el
artículo 126 del Código General del Proceso, si a bien lo tiene el actor, e indicar al
solicitante las actuaciones que debe adelantar para contribuir con tal propósito.

QUINTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

SEXTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado (E2)

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.