Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00503-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00503-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00503-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
27 de febrero de 2025
Radicado: 11001 03 15 000 2025 00503 00
Demandantes: Edificio Chié Aparta Estudios PH
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00503 00
Demandantes: Edificio Chié Aparta Estudios PH
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y Juzgado 13 Administrativo
del Circuito de Medellín
Temas: Tutela contra providencia judicial. Rechazo de demanda. Falta de
relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
1. Decide la Sala la acción de tutela presentada por Edificio Chié Aparta Estudios
Propiedad Horizontal, por intermedio de su representante legal, contra el auto del 31
de julio de 2024 proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda1
2. La parte actora pretende la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia. En consecuencia, pidió dejar sin
efectos la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la
providencia del 31 de julio de 2024, que confirmó el auto del 30 de abril de la misma
anualidad proferido por el Juzgado 8 Administrativo de Oralidad de Medellín, a través
de los cuales se rechazó la demanda de simple nulidad dentro del proceso con
radicado No. 05001 33 33 008 2024 00092 01.
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3. Como consecuencia de lo anterior, solicitó se le ordene a las accionadas a
revocar las decisiones contenidas en los autos de 30 de abril de 2024 y 31 de julio de
2024, respectivamente, por medio de las cuales se rechazó el medio de control, y se
le ordene la admisión de la demanda.
1.2. Los hechos
4. Ruderico de Jesús Bravo Betancur, en su condición de representante legal del
Edificio Chié Aparta Estudios PH, presentó medio de control de nulidad simple,
asignado por reparto al Juzgado Octavo Administrativo de Oralidad de Medellín 2 a
través del cual pretende la nulidad del acto administrativo ficto surgido por el silencio
del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, respecto de la
petición con radicado N° 202210408133 del 5 de diciembre de 2022, en la cual se
solicitó copia del acto que modificó y aumento el estrato socioeconómico de la
copropiedad y los documentos relacionados con ello (decretos municipales, acuerdos,
etc.) .
5. Por medio del auto 2 de abril de 2024, se inadmitió la demanda y ordenó su
subsanación. Posteriormente, por auto del 30 de abril de 2024, el Juzgado Octavo
Administrativo de Oralidad de Medellín rechazó la demanda de nulidad, con el
argumento de que el acto administrativo cuya nulidad se pretende, corresponde a un
acto de trámite, en cuanto no se crea, modifica o extingue una situación administrativa,
y por lo tanto, escapa del control judicial, al no estar provocando un pronunciamiento,
se trata de la expedición de copias, cuya falta de respuesta o entrega, «no da
nacimiento a acto administrativo (...)». En contra de esta decisión, se interpuso recurso
de reposición y en subsidio apelación3, decidido mediante auto del 4 de junio de 2024,
en el cual negó la reposición y concedió la apelación.
6. A través del auto del 31 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia
confirmó la decisión de rechazar el medio de control. Para fundamentar su decisión
esa corporación judicial sostuvo que el presunto acto ficto demandado no es
susceptible de control judicial por no ser un acto administrativo definitivo porque
mediante este, no se está creando, extinguiendo y/o modificando alguna situación
2 Proceso identificado con el número de radicado mediante radicado 05001 33 33 008 2024 00092 00.
3 Recurso interpuesto el 6 de mayo de 2024
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jurídica en particular, simplemente se limita a solicitar copia del contenido de otros
documentos, lo cual, corresponde a un acto trámite, no susceptible de control judicial.
1.3. Sustento de la vulneración
7. Afirmó que, el presente asunto tiene relevancia constitucional en el entendido en
que se le han violado los derechos de acceso a la administración de justicia y al debido
proceso. De la misma forma, agotó todos los recursos judiciales ordinarios antes de
acudir a la acción de tutela, cumple con el requisito de inmediatez, de acuerdo con los
criterios de razonabilidad y proporcionalidad, y la providencia judicial que enjuicia no
ha sido generado en una acción de tutela. Alegó que, el acto administrativo
demandado contiene el carácter de definitivo, toda vez que, desde el 2018 se está
cobrando el impuesto predial correspondiente al estrato 5, cuando lo debido es el
estrato 3.
1.4. Trámite de la acción
8. La presente acción de tutela fue admitida por medio de auto del 7 de febrero de
20254 a través del cual se ordenó su notificación a las autoridades judiciales
accionadas y al Distrito Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación de Medellín,
como tercero con interés en las resultas del proceso en el medio de control de simple
nulidad con radicado 05001 33 33 008 2024 00092 00/01.
1.5. Intervenciones
9. El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Medellín5 solicitó se
niegue la acción de tutela, y se mantengan incólumes las decisiones que se pretende
dejar sin efecto, al considerar que se emitió un pronunciamiento frente a las
pretensiones propuestas, en el sentido de indicar que los argumentos que dieron
origen al rechazo fueron ampliamente explicados y sustentados en la decisión
adoptada, es decir, en el auto del 30 de abril de 2024, en cuanto no se cumplían los
presupuestos necesarios que permitieran la admisión del medio de control propuesto.
Sostuvo que esta decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
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Índice 9 de Samai
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sustento que sirve de fundamento para desvirtuar las presuntas violaciones de los
derechos constitucionales que invoca la parte actora, y respecto de los cuales solicita
que sean examinados nuevamente.
10. El Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, a través de
apoderado judicial6, sostuvo que el mecanismo de amparo promovido no resulta
procedente, al considerar que el acto administrativo del cual se pretende la nulidad,
corresponde a un acto ficto, por medio del cual se solicitó copia de un documento, el
cual no tiene la connotación de un acto administrativo, por lo que fue acertada la
decisión del Juzgado 8 Administrativo de Oralidad del Circuito de Medellín en rechazar
la demanda, al no ajustarse a los presupuestos normativos. Refirió que a través del
Oficio No. 202330064867 del 24 de febrero de 2023, la entidad dio respuesta de fondo
a la petición radicada en diciembre de 2022, la cual dio cierre al trámite incidental por
desacato a un fallo de tutela promovido.
11. Por lo anterior, no se observa que las actuaciones de los despachos judiciales
demandados sean arbitrarias o atenten contra los derechos fundamentales invocados
por la parte actora, por lo que lo pretendido es el emplear el mecanismo de tutela como
una instancia adicional para debatir su inconformidad respecto a lo decidido en las
mencionadas providencias.
12. El Tribunal Administrativo de Antioquia7 consideró que mediante la providencia
a través del cual se decidió el recurso de apelación, que confirmó el rechazo de la
demanda por considerar que el acto ficto demandado no es susceptible de control
judicial, por lo que, la decisión se encuentra debidamente planteados los argumentos
de hecho y derechos que la sustentan, por lo que no se ha vulnerado derecho
fundamental alguno.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
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Índice 10 de Samai.
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Índice 11 y 12 de Samai
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13. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el
Edificio Chié Aparta Estudios PH contra el Tribunal Administrativo de Antioquía. Lo
anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política,
el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta Corporación.
2.2. Cuestión previa
14. Antes de proceder al estudio de la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, la Sala aclara que solo realizará el
análisis de la providencia del 31 de julio de 2024, adoptada en segunda instancia por
el Tribunal Administrativo de Antioquia al ser la autoridad que puso fin al proceso de
nulidad adelantado en procura de obtener la nulidad del acto ficto o presunto surgido
ante el silencio de la administración respecto de la no contestación al derecho de
petición radicado con No. 202210408133 del 5 de diciembre de 2022.
2.3. Problema jurídico
15. La Sala analizará si se cumplen los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales para efecto de estudiar «por vía de
excepción» los cuestionamientos que plantea la accionante contra el auto del 31 de
julio de 2024, que profirió el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del medio de
control de nulidad con radicación 05001 33 33 008 2024 00092 01.
16. En caso afirmativo, se analizará si con la adopción de la referida providencia se
vulneraron los derechos fundamentales de la parte actora al debido proceso y el
acceso a la administración de justicia.
2.4. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales
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17. La jurisprudencia constitucional8 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia C-590 de
20059, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.
18. De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que
cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial,
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».
19. En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para
que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.
8
Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-
567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003,
T-200 de 2004, T-774 de 2004.
9
Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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20. El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 201210, unificó su
jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, admitiendo que debe realizar el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la
ley y la jurisprudencia.
2.4. Análisis de la Sala. Caso concreto.
21. La parte actora controvierte la vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso y el acceso a la administración de justicia por parte del Tribunal
Administrativo de Antioquia, en atención a lo resuelto en el auto de 31 de julio de 2024
emitido dentro del proceso de nulidad con radicación 05001 33 33 008 2024 00092 01,
mediante el cual rechazó la demanda al considerar que el acto del que se pretende la
nulidad no crea, modifica o extingue una situación particular.
22. A efectos de emitir un pronunciamiento de fondo, se hace necesario determinar si
la inconformidad presentada por la parte accionante constituye «genuinamente un
asunto de relevancia constitucional que afecta derechos fundamentales» 11, toda vez
que al juez de tutela no le es posible decidir sobre cuestiones que no tengan
importancia constitucional, so pena de entrometerse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones, lo anterior, a efectos de i) preservar la competencia e
independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional12 y
evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad 13; ii)
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado
11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
11
Sentencia T-248 de 2018. Corte Constitucional. Recoge la línea jurisprudencial en el asunto y sentencia C-590 de 2005.
12
Sentencia de la Corte Constitucional C-580 de 2005, en la que se dispuso: «En este sentido es muy importante reiterar que la
acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que el juez constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la
decisión de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho
legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la
vigilancia de la aplicación judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia».
13
Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a la constitucional; por tanto,
la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan afectaciones o vulneraciones de derechos
fundamentales. Tal como se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional, “la definición de asuntos meramente legales o
reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés
constitucional claro, no puede ser planteada ante la jurisdicción constitucional” (en igual sentido, las sentencias T-335 de 2000,
T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012,
T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014).
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restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales14; y, iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces15. Por lo anterior, solo la evidencia a prima facie de la afectación o vulneración
de los derechos fundamentales permite superar el requisito de relevancia
constitucional de la tutela contra providencia judiciales.
23. De la acción de tutela interpuesta, se advierte que no reúne el presupuesto de
relevancia constitucional, como quiera que, reitera los argumentos decididos por el
juez natural y utiliza la acción de tutela como una instancia adicional al proceso
ordinario.
24. A través de la sentencia del 11 de febrero de 202116, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, fijo cinco (5) criterios para determinar si un asunto tiene relevancia
constitucional, a saber: (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales; (ii) que el interesado argumente
de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales; (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se
acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela; (iv) que no se propongan
nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario; y, (v) que la
acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el
que fue proferida la providencia acusada.
25. Con relación al último criterio, esta Corporación ha establecido que por más
informal que sea la tutela, y aunque su objetivo se circunscriba a salvaguardar los
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de argumentar la
demanda con evidencias serias que permitan revocar las decisiones de los jueces,
previo el agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
14
Sentencia C – 590 de 2005, dispuso: «(…) los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben
aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión
y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que
no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que
se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien luego de
haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente
-es decir segura y en condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho».
15
Sentencia T – 102 de 2006, señaló: «teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera
instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga
el desconocimiento de un derecho fundamental.»
16
Dentro del proceso 11001 03 15 000 2020 05131 00 con ponencia del doctor Julio Roberto Piza Rodríguez
8
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razonabilidad. No se trata de controvertir las decisiones de los jueces como una
instancia adicional del proceso ordinario.
26. Revisados los argumentos expuestos, obedecen a la procedencia del medio de
control de nulidad respecto de un acto ficto o presunto surgido ante el silencio de la
administración, a través del cual, la parte accionante solicitó: «Copia del acto
administrativo o Resolución o Decreto Catastral, por medio de la cual realizaron el respectivo
cambio de estratificación del bien inmueble en comento (…)». En ese proceso y en la acción
de tutela, la parte actora insiste en que la demanda debió ser admitida por cuanto el
acto ficto que se controvierte, corresponde a un acto definitivo, que aumenta la
estratificación socio económico del Edificio Chié Aparta Estudio P.H., sustento a partir
del cual, a partir de 2018 se les está a la cobrando a la copropiedad el impuesto predial
como si perteneciera al estrato 5.
27. La Sala advierte, que la parte actora no planteó argumento alguno tendiente a
demostrar la trasgresión de los derechos fundamentales como consecuencia de la
decisión cuestionada, por lo que no cumplió con la carga que se le impone para superar
el requisito de relevancia constitucional. Y en caso de aceptar su inconformidad,
estaría obligada a examinar nuevamente el asunto que ya fue resuelto por la autoridad
judicial demandada en el proceso de nulidad, finalidad respecto de la cual, no está
previsto este mecanismo constitucional, y se convertiría en una instancia adicional
para insistir en su argumento de que el acto ficto demandado es pasible de control de
legalidad.
28. Tampoco se advierte en el escrito de tutela, que la parte actora haya plateado un
defecto específico a la decisión controvertida plausible de este mecanismo, pues si
bien, indicó la vulneración de derechos fundamentales, presuntamente materializada
en el rechazo de la demanda, lo cierto es que no fundamentó como dicha situación
configura alguna de las causales específicas de procedencia de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales, falencia que el juez constitucional no puede entrar a
suplir.
29. Las diferencias interpretativas que existan entre la parte actora y el juez natural de
la causa, no constituyen, por sí mismas, razón válida para que el juez de tutela revise
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las decisiones del juez ordinario. Conforme a lo señalado, la petición estudiada no
supera el examen de procedencia general en los términos de los lineamientos trazados
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202217, aspecto que ya fue
abordado por los jueces competentes durante el proceso judicial, y no en el alcance
de un derecho fundamental ni la interpretación, aplicación o desarrollo de la
Constitución Política.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el Edificio Chié
Aparta Estudios Propiedad Horizontal contra del Tribunal Administrativo de Antioquia,
por no encontrar demostrado el requisito general de procedibilidad relativo a la
relevancia constitucional.
SEGUNDO: En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA.
JC
17
«(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales».
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