Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00517-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00517-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00517-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez
21 de febrero de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00517-00
Demandante: SANDRA PATRICIA VARGAS CORREAL
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO.
RECHAZO DEL RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA
DEL ACTO QUE NEGÓ TRASLADO A EMPLEADA
JUDICIAL. SE DECLARA LA IMPROCEDENCIA POR
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD
Y SE NIEGAN PRETENSIONES.
Síntesis del caso: la actora interpuso acción de tutela en procura de la protección de sus derechos
fundamentales, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la negativa de traslado adoptada
mediante acto administrativo y la decisión que rechazó por improcedente el recurso de apelación
contra dicho acto. Se cuestionó la presunta inactividad del Comité de Convivencia Laboral de la
Rama Judicial de Florencia y de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá frente a
denuncias por acoso laboral. La Sala declara la improcedencia de la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, por existir mecanismos judiciales y administrativos
idóneos para la protección de sus derechos y se niegan las pretensiones contra una autoridad
pública.
La Sala procede a resolver la acción de tutela presentada1 por la señora Sandra Patricia
Vargas Correal en contra del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Florencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá y el Consejo Superior de la Judicatura para
1 Mediante escrito radicado en esta Corporación el 31 de enero de 2025.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00517-00
Demandante: Sandra Patricia Vargas Correal
Acción de tutela
la protección de sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso,
trabajo, dignidad y salud consagrados en los artículos 1, 25, 29 y 48 de la Carta Política.
I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) La actora ostenta en propiedad el cargo de asistente administrativa grado 6 del
Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia y en el
escrito de la demanda afirmó que, para la fecha de presentación de la acción de tutela,
se desempeña en ese mismo cargo, en provisionalidad, en el recientemente creado
Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia2.
2) En abril de 2024, la demandante presentó una solicitud de traslado para ocupar su
cargo en una de las dos vacantes disponibles en el Juzgado Quinto de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, requerimiento que fue respaldado con
concepto favorable del Consejo Seccional de la Judicatura de Caquetá.
2 Si bien en el escrito de la acción de tutela la actora afirmó que a la fecha de presentación de la demanda
(31 de enero de 2025) se encontraba desempeñando funciones en el Juzgado Quinto de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Florencia en provisionalidad, la Sala puede inferir razonablemente que
para la fecha en que se profiere esta sentencia, la demandante retornó a su cargo de carrera en el Juzgado
Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia.
Lo anterior, porque de acuerdo con los informes y las pruebas aportadas se evidenció que con la Resolución
no. 010 de 2024, el titular del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia
nombró en propiedad a personas integrantes de la lista de elegibles, lo cual supone que las vacantes
provisionales en dicho despacho fueron ocupadas de manera definitiva y la actora retornó a su cargo de
carrera en el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia.
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Demandante: Sandra Patricia Vargas Correal
Acción de tutela
3) Sin embargo, con Resolución no. 010 de 30 de abril de 2024 el titular del juzgado negó
su traslado y, en su lugar, nombró en propiedad a personas integrantes de la lista de
elegibles3.
4) Inconforme con esa decisión, la señora Vargas Correal presentó los recursos de
reposición y en subsidio apelación4.
5) Por una parte, el juzgado negó la reposición mediante Resolución no. 018 de 19 de
junio de 2024 con planteamientos similares a los del acto que negó el traslado, al propio
tiempo que concedió la apelación.
6) El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, mediante acto administrativo de
10 de octubre de 2024, rechazó la apelación por improcedente tras considerar que la
decisión del juzgado no era susceptible del recurso de alzada ya que, en virtud del
principio de autonomía administrativa, los jueces no tienen un superior jerárquico en
3 En ese acto, el juez afirmó que el nombramiento de quienes superaron el concurso de méritos prima sobre
las solicitudes de traslado, en razón del derecho de los elegibles a acceder a un cargo en propiedad y
sustentó su decisión en una sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado el 12 de diciembre de 2023 (11001-03-25-000-2016-00753-00), que determinó que el traslado
de un funcionario no puede vulnerar el derecho de un aspirante en lista de elegibles a ser nombrado en
propiedad.
Se indica también que la solicitud de la actora no expuso razones diferentes a las establecidas en la Ley
270 de 1996 y la Ley 771 de 2002 que justificaran el traslado, por lo cual no señaló razones excepcionales
para su requerimiento.
4 En sus recursos, la demandante señaló que la sentencia fundamento de la decisión no le resultaba
aplicable porque se relacionó con una solicitud de traslado de un magistrado por razones de salud a un
diferente distrito judicial.
Señaló que su solicitud de traslado se basó en su necesidad de trabajar en un ambiente libre de acoso
laboral porque su permanencia en el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas afectó su salud mental, con
diagnósticos médicos que respaldan su padecimiento de síndrome de Burnout.
El traslado no afecta la estabilidad de la planta de personal, ya que el cargo que dejaría seguirá vacante y
disponible para los aspirantes de la lista de elegibles y la aplicación restrictiva del principio del mérito en su
caso desconoce su derecho a la estabilidad laboral y a un ambiente de trabajo digno.
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Demandante: Sandra Patricia Vargas Correal
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materia de nominación de empleados y, por tanto, la apelación solo es procedente en
casos específicos como la calificación de servicios o asuntos disciplinarios.
7) Adicionalmente, la actora afirmó que desde su vinculación en el Juzgado Tercero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia ha sido víctima de acoso y
hostigamiento constante por parte de la jueza titular, razón por la cual presentó una queja
formal en su contra en el mes de abril de 2024 ante el Comité de Convivencia Laboral de
la Rama Judicial en Florencia y una denuncia formal ante la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Caquetá, para que se investigara el acoso laboral al cual fue
sometida.
2. Los fundamentos de la vulneración
La demandante alegó que el acto administrativo de 10 de octubre de 2024, por medio de
la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia rechazó por improcedente la
apelación en contra de la Resolución no. 010 de 30 de abril de 2024, vulneró su derecho
fundamental a obtener una segunda instancia que determinara si había o no lugar a
acceder a su solicitud de traslado.
De acuerdo con el artículo 74 del CPACA, sí es posible apelar un acto administrativo ante
el inmediato superior administrativo o funcional de la autoridad que lo expidió, sin que
esa norma excluyera de manera expresa a las decisiones que profieren los jueces.
La demandante expuso razones de reproche en contra del acto que le negó el traslado y
afirmó que por el hecho de ser funcionaria de carrera judicial cuenta con derechos
especiales de estabilidad según la Ley 270 de 1996 y que, de acuerdo con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, los traslados en tales condiciones no están
supeditados a la existencia de listas de elegibles.
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Demandante: Sandra Patricia Vargas Correal
Acción de tutela
Su salud mental se ha deteriorado debido al hostigamiento laboral que ha enfrentado en
el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, que la
ARL y su EPS confirmaron que padece síndrome de “burnout”, lo cual agrava la
necesidad de garantizar un entorno de trabajo saludable.
Por último, señaló que hasta la fecha de presentación de la acción de tutela no ha recibido
una respuesta clara o una medida de protección efectiva por parte del Comité de
Convivencia Laboral y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá para
proteger sus derechos como víctima de acoso laboral, como lo sería una recomendación
de traslado.
2. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
“(...) Segundo. Que, como consecuencia de la protección concedida, se ordene
al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia – Caquetá, resolver el
recurso de apelación interpuesto por la suscrita contra el acto administrativo
Resolución 010 que expidió el 30 de abril de 2024, dictado por el Juez Quinto
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, mediante la cual me negó el
traslado a dicho juzgado y procedió de manera inmediata en el mismo acto a
designar en propiedad a las señoras MARIENNY CANTILLO VEGA y SANDRA
MILENA TRIVIÑO QUICENO.
Tercero. Ordenar a la Comisión de Disciplina Judicial de Florencia, sea célere
en el trámite de las quejas que por acoso laboral he presentado contra la Jueza
Tercera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia.
Cuarto. Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura, para que disponga
dentro de sus funciones, hacer efectiva la garantía de traslado a otra
dependencia de las personas afectadas en su salud mental, por el problema de
acoso laboral.”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo
SAMAI – mayúsculas y negrillas del original).
3. Actuación procesal
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Demandante: Sandra Patricia Vargas Correal
Acción de tutela
Mediante auto de 4 de febrero de 2025 se admitió la acción de tutela, se ordenó la
notificación del titular del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Florencia, del presidente y los magistrados integrantes del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Florencia, del presidente o quien haga sus veces de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá y del presidente del Consejo Superior de la
Judicatura y se vinculó al presidente o quien haga sus veces de la Comisión
Interinstitucional de la Rama Judicial Seccional Caquetá, al presidente o quien haga sus
veces del Comité de Convivencia Laboral de la Rama judicial de Florencia, a la titular del
Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia y a las
señoras5 Marienny Cantillo Vega y Sandra Milena Triviño Quiceno, con el fin de que
allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
4. Actuación de las autoridades demandadas y vinculadas
El presidente del Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá presentó un informe de
respuesta en el cual expuso los antecedentes sobre el proceso de selección y
conformación del registro de elegibles y las actuaciones administrativas respecto a las
vacantes del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Florencia.
No se vulneraron los derechos de la actora porque su función se limitó a publicar la
vacante, conformar la lista de elegibles y emitir el concepto favorable de traslado pero, la
decisión final recaía en el juez nominador.
5 Quienes fueron nombradas en propiedad en los cargos de Asistente Administrativo 06 del Juzgado Quinto
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00517-00
Demandante: Sandra Patricia Vargas Correal
Acción de tutela
La acción de tutela no es procedente, puesto que el proceso de selección se llevó a cabo
conforme con los principios del mérito y la carrera judicial establecidos en la Ley 270 de
1996.
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá reconoció que existe una
investigación disciplinaria en curso en contra de la titular del Juzgado Tercero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia por conductas de acoso
laboral, maltrato psicológico y hostigamiento, proceso que se encuentra en etapa de
instrucción y en el cual se han realizado algunas diligencias probatorias.
El referido proceso fue abierto mediante auto del 10 de octubre de 2024 y en el mismo
se han adelantado diligencias, la más reciente de ellas el 28 de enero de 2025 en la cual
se escuchó a los funcionarios del despacho.
Adicionalmente, la actora no ha presentado algún memorial en el cual solicitara el
impulso, razón por la cual no es posible afirmar que se presentó una mora en el trámite
disciplinario.
El Comité de Convivencia Laboral de Florencia informó que el 11 de abril de 2024 la
señora Sandra Vargas Correal presentó una primera queja en contra de la titular del
Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia por negarle
un permiso para asistir a un taller de salud mental recomendado por la ARL, misma que
fue atendida en comité de 18 de abril de ese año, quien concluyó que no se evidenció
una conducta reiterativa de negación de permisos, por lo cual no le daría trámite como
acoso laboral pero haría seguimiento a la intervención grupal de la ARL.
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Demandante: Sandra Patricia Vargas Correal
Acción de tutela
Una segunda queja presentada el 20 de septiembre de 2024, según la cual se
presentaron casos de hostigamiento, persecución y faltas de respeto 6 dio lugar a un
trámite administrativo en el cual el 27 de septiembre de 2024 la actora solicitó que fuera
remitida a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá, como en efecto así
se hizo el 11 de octubre del mismo año.
La autoridad afirmó que no vulneró los derechos de la actora y que la decisión de traslado
corresponde al Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá, de conformidad con la
Ley 2430 de 2024 y el Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017.
El titular del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia,
la titular del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Florencia, el presidente y los magistrados integrantes del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Florencia y el presidente del Consejo Superior de la Judicatura no presentaron
informes de respuesta a la acción de tutela a pesar de estar debidamente notificados del
presente trámite.
6. Solicitud de coadyuvancia
El señor William Humberto Vásquez Torres presentó un memorial en el que coadyuvó las
pretensiones de la demandante y solicitó que se extienda la protección de los derechos
fundamentales de la actora con efectos inter comunis, con el argumento de que ocupa el
cargo de escribiente del Juzgado Promiscuo Municipal de San Andrés de Cuerquía
(Antioquia) y enfrenta problemas laborales similares a los de la señora Vargas Correal
por ser víctima de acoso laboral en ese despacho y le fue negada una solicitud de traslado
por la calificación de servicios insatisfactoria que obtuvo en el periodo 2022-2023.
6 En particular la afirmación de la actora según la cual la juez presuntamente le exigió su usuario y
contraseña de la Embajada de los Estados Unidos para reprogramar una cita para el trámite de obtención
de la visa para enero de 2026, lo cual afectó su posibilidad de viajar a visitar a su padre, adulto mayor, en
ese país.
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Acción de tutela
I. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) de la solicitud de coadyuvancia
y 3) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.
2. La coadyuvancia en la acción de tutela
En los precisos términos de la jurisprudencia constitucional el coadyuvante: “es un tercero
que tiene con una de las partes una relación sustancial que, indirectamente, puede verse
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Acción de tutela
afectada si la parte a la que coadyuva obtiene un fallo desfavorable.”. En este orden de
ideas, la misma jurisprudencia ha indicado que:
“[E]l coadyuvante, entonces, ejercita, dentro del proceso, las facultades que le
son permitidas y, en todo caso, no puede afectar a la parte, pues de la esencia
de la coadyuvancia es la intervención antes de la sentencia de única o de
segunda instancia, para prestar ayuda, mas no para hacer valer pretensiones
propias. 7”.
En consecuencia, es claro entonces que la coadyuvancia surge en los procesos de tutela
como la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso que comparte
las reclamaciones y argumentos expuestos, bien sea por el demandante o por la parte
accionada, sin que ello suponga que este pueda realizar planteamientos distintos o
reclamaciones propias que difieran de las elevadas por aquellos, pues en esa
eventualidad se estaría realmente ante una nueva tutela, lo cual desvirtuaría la naturaleza
jurídica de la coadyuvancia.
No obstante, en el presente caso, la Sala advierte que el señor William Humberto
Vásquez Torres fundamentó su solicitud de coadyuvancia en una situación particular y
puntual que atañe únicamente a él y que no guardó conexidad directa con los hechos y
pretensiones que sustentaron la acción de tutela presentada por la señora Sandra
Patricia Vargas Correal.
La controversia del sub lite versa sobre los derechos subjetivos de la señora Vargas
Correal y los cuestionamientos que hizo la actora en contra de la negativa a obtener un
traslado del cargo que ostenta en propiedad y la presunta falta de respuesta oportuna a
sus denuncias por acoso laboral. En contraste, la solicitud del señor William Humberto
Vásquez Torres está sustentada en una controversia distinta relacionada con su
calificación de servicios y dificultades en su estabilidad laboral dentro de la Rama Judicial,
asuntos que no guardan conexidad con la materia objeto de estudio en esta tutela.
7 Corte Constitucional, sentencia T-304 de 1996.
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Así, en el presente caso se negará la solicitud de coadyuvancia presentada por el señor
William Humberto Vásquez Torres frente al escrito de tutela porque no le asiste interés ni
legitimación en la controversia de la referencia, en tanto que esta dista diametralmente
de su situación particular y cualquier determinación que aquí se adopte tendrá
únicamente efectos inter partes sin que pueda extenderse a la situación particular y
concreta del señor Vásquez Torres, quien además cuenta con la posibilidad de acudir
directamente y por su propia cuenta a los mecanismos judiciales y administrativos para
ventilar los hechos relacionados con su situación laboral y buscar la protección efectiva
de los derechos que estime amenazados o vulnerados.
3. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, el Juzgado Quinto de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
de Caquetá, el Comité de Convivencia Laboral de la Rama Judicial de Florencia y el
Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales antes mencionados.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará la
improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad
frente a las pretensiones dirigidas en contra del acto administrativo proferido por la Sala
Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia y las actuaciones de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá y negará las pretensiones en contra
del Comité Seccional de Convivencia Laboral de la Rama Judicial de Florencia.
Por razones metodológicas, la Sala considera preciso dividir el estudio de los reparos
para una mayor claridad sobre el asunto puesto a consideración.
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Acción de tutela
Para ello, en primer lugar, se analizará la procedencia de los reproches en contra del acto
administrativo de 10 de octubre de 2024, por medio del cual el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Florencia rechazó por improcedente la apelación que presentó la
actora en contra de la Resolución no. 010 de 30 de abril de 2024 proferida por el Juzgado
Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, a través de la cual
se negó su solicitud de traslado a ese despacho.
Por otra parte, se estudiará la procedencia de la acción de tutela frente a la alegada
vulneración de derechos fundamentales por la presunta falta de decisión por parte del
Comité de Convivencia Laboral de la Rama Judicial de Florencia y la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Caquetá frente a la queja por acoso laboral presentadas por la
demandante en contra de la titular del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Florencia.
3.1 Caracterización del requisito de subsidiariedad
La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante el juez
constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta jurisdiccional
idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como se infiere del
texto del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.
En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que el demandante
no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas
hagan uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para conjurar la
situación que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se restrinja
el uso indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente
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Demandante: Sandra Patricia Vargas Correal
Acción de tutela
o instancia judicial alterna de protección para desplazar o reemplazar a las herramientas
judiciales que el legislador estableció para la protección de los derechos.
En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una decisión
más rápida o para burlar los procedimientos judiciales previamente estatuidos se
desconoce el carácter subsidiario y residual de este mecanismo constitucional.
Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la
subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los eventos
en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones que justifican
su procedibilidad, así:
(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las controversias
no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso estudiado,
procede el amparo como mecanismo definitivo; y, (ii) cuando, pese a existir un medio de
defensa judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso
en el cual la acción de tutela procede como mecanismo transitorio.
En suma, la acción de tutela condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la inexistencia
de otro medio de defensa judicial, salvo que este no suponga un mecanismo idóneo y
efectivo para evitar la vulneración o amenaza del derecho fundamental o que se pretenda
un amparo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.
3.2 Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad en cuanto al
cuestionamiento del auto de 10 de octubre de 2024
1) La parte actora cuestionó el acto de 10 de octubre de 2024, por medio del cual la
Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia rechazó por
improcedente el recurso de apelación que la señora Sandra Patricia Vargas Correal
presentó en contra de la Resolución no. 010 de 30 de abril de 2024, en la cual el titular
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Acción de tutela
del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia negó
su solicitud de traslado.
2) No obstante, la Sala advierte que si lo pretendido por la demandante es atacar el
contenido de ese acto administrativo, como se explicó en precedencia, la acción de tutela
es improcedente en los términos previstos por el ordinal 1° del artículo 6 del Decreto 2591
de 1991, en razón a que, a pesar de que se invoca la vulneración de derechos
fundamentales, no agotó todos los medios de defensa judicial que tenía a su alcance y
tampoco se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que imponga la imperiosa
necesidad de que el juez constitucional intervenga y adopte medidas urgentes,
improrrogables y suficientes en orden a evitar su inminente materialización o mitigarlo.
3) Sobre el particular debe afirmar la Sala que, si bien la actora alegó que la negativa del
traslado le impide salir de un ambiente laboral hostil, este argumento no se deriva de la
actuación del Tribunal Superior de Florencia, sino de una situación que aparentemente
enfrenta en el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, aspecto
que se analizará más adelante.
4) En esa medida, para la Sala resulta forzoso concluir que por reprocharse el contenido
de un acto administrativo de carácter particular y concreto la demandante tiene a su
disposición los mecanismos judiciales de defensa para cuestionarlos, esto es, el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a través del cual puede plantear los
argumentos que invoca por esta vía e inclusive solicitar medidas cautelares de urgencia
si en realidad considera que se está ante un perjuicio irremediable, el que dicho sea de
paso no demostró durante el trámite de esta acción.
6) En ese orden de ideas, esta Sala declarará improcedente la acción de tutela respecto
de las pretensiones en contra del acto de 10 de octubre de 2024 proferido por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Florencia por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad.
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Acción de tutela
3.3 La negativa a las pretensiones dirigidas en contra del Comité Seccional de
Convivencia Laboral de la Rama Judicial de Florencia y verificación del
cumplimiento del requisito de subsidiariedad en cuanto a las pretensiones en
contra de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá.
1) En la acción de tutela la señora Sandra Patricia Vargas Correal alegó que el Comité
Seccional de Convivencia Laboral de la Rama Judicial de Florencia y la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá vulneraron sus derechos fundamentales por
no adoptar medidas oportunas y eficaces frente a sus denuncias por acoso laboral,
particularmente por no recomendar su traslado desde el Juzgado Tercero de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia como una medida de protección, sin
embargo, la Sala considera que tales pretensiones de la acción de tutela no superaron el
requisito de subsidiariedad.
2) En lo referente a las funciones del Comité Seccional de Convivencia Laboral de la
Rama Judicial de Florencia es relevante señalar que, de conformidad con el Acuerdo
PSAA16-10558 de 20168, esa dependencia tiene como función principal la prevención,
análisis y mediación de conflictos laborales relacionados con acoso y según el artículo 9
de la Ley 1010 de 20069 dicha autoridad no tiene funciones sancionatorias ni
disciplinarias, sino que actúa como instancia de conciliación, prevención y sensibilización
en el ámbito laboral.
3) Ahora bien, en el presente caso quedó demostrado que la demandante presentó una
primera queja en contra de la titular del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Florencia el 11 de abril de 2024, en la cual alegó que la
nominadora le negó injustificadamente un permiso para asistir a un taller de salud mental
recomendado por la ARL.
8 “Por el cual se crean los Comités de Convivencia Laboral en la Rama Judicial y se deroga el Acuerdo
9820 de 2013”
9 “Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros
hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.”.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00517-00
Demandante: Sandra Patricia Vargas Correal
Acción de tutela
4) No obstante, el 18 de abril de 2024, el comité se reunió para analizar la queja y
concluyó que no se evidenciaba una conducta reiterativa de negación de permisos que
configurara acoso laboral, sin embargo, determinó que haría seguimiento a la
intervención grupal de la ARL y consideró que como la actora ya no estaba vinculada con
el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, sino con el Juzgado
Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, no había un nexo laboral directo
con la jueza denunciada, lo cual limitaría la posibilidad de intervención del comité
seccional, razón por la cual dio por concluido ese trámite administrativo.
5) La demandante presentó una segunda queja el 20 de septiembre de 2024 en la cual
relató nuevos hechos de hostigamiento y persecución por parte de la titular del despacho
referidos, entre ellos, a una presunta intervención indebida en la gestión de su cita con la
Embajada de los Estados Unidos, lo cual habría afectado su posibilidad de viajar.
6) Frente a esta queja, la Sala constató la copia del Acta no. 15 de 27 de septiembre de
2024 -disponible en medio magnético en el presente proceso-, por medio de la cual el
comité seccional analizó los hechos sustento de la reclamación de la actora y anotó lo
siguiente:
“Por parte del comité se hace la aclaración que el fin del comité es de
carácter conciliatorio, se hace énfasis del alcance del Comité de
Convivencia Laboral y se le hace el llamado a conciliar, a lo que la señora
SANDRA PATRICIA VARGAS CORREAL hace referencia que no tiene
ánimo conciliatorio.
La servidora SANDRA PATRICIA VARGAS CORREAL inicia dando su
información personal y como acto seguido realiza ampliación de queja y de
manera detallada cuenta conductas sobrevinientes después de la primera
queja.
Asimismo, indica que en este momento tiene un cargo en provisionalidad en el
juzgado QUINTO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
DE FLORENCIA, donde goza de buena calificación, también que presentó
recurso de Reposición y subsidio apelación contra la calificación del año 2023
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00517-00
Demandante: Sandra Patricia Vargas Correal
Acción de tutela
que le notificó la (...) juez TERCERA DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS
DE SEGURIDAD DE FLORENCIA.
Manifiesta que (...) l[e] ha realizado dos nuevas compulsa copias a la
COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL CAQUETÁ y por
ese motivo no tiene ningún ánimo conciliatorio con la misma, por lo que
solicita que se envíe esta nueva queja a la COMISIÓN SECCIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL DEL CAQUETÁ.
3. Determinaciones casos
A lo que los miembros del Comité dicen que al no haber no haber ánimo
conciliatorio se debe remitir a la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL DEL CAQUETÁ.”. (negrillas de la Sala).
7) De acuerdo con lo expuesto, para la Sala es claro que el Comité Seccional de
Convivencia Laboral de la Rama Judicial de Florencia ejerció sus funciones
contempladas en el Acuerdo PSAA16-10558 de 2016, modificado por el Acuerdo
PCSJA20-11537 de 2020, para prevenir y gestionar la situación de acoso laboral alegada
por la demandante y para ello recibió y tramitó la queja presentada, realizó la reunión
correspondiente con las partes para buscar una solución conciliada e hizo seguimiento al
caso, conforme a su función de prevención.
8) No obstante, la actora manifestó no tener ánimo conciliatorio y pidió que su queja fuera
enviada a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá, lo cual fue atendido
de manera diligente por el Comité.
9) Dado que la conciliación es el mecanismo principal de intervención de esa autoridad,
la renuencia de la accionante a este procedimiento limitó esa actuación, sin que ello
pueda interpretarse como una la vulneración de los derechos fundamentales de la actora
por parte del comité.
10) En consecuencia, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela en lo que
respecta al Comité de Convivencia Laboral de la Rama Judicial de Florencia, por no
configurarse una vulneración de derechos fundamentales atribuible a esta entidad.
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Demandante: Sandra Patricia Vargas Correal
Acción de tutela
11) Ahora bien, la remisión efectuada por el comité seccional a la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial del Caquetá dio lugar para que esa autoridad iniciara un proceso
disciplinario en contra de la titular del juzgado mencionado con radicación no. 18001-25-
02-00-2024-00316-00.
12) A su vez, con el informe de respuesta a la acción de tutela presentado por la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá, la Sala verificó que esa autoridad judicial
realizó varias diligencias procesales entre noviembre de 2024 y enero de 2005, entre
ellas el auto de apertura de la indagación preliminar, la orden de práctica de pruebas para
recibir las declaraciones de testigos y solicitud de documentos al Juzgado Tercero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, la citación de testigos y recepción de
testimonios y ampliación de la declaración de la actora.
13) De acuerdo con lo expuesto, es evidente que el proceso disciplinario originado por
motivo de la queja presentada por la demandante se encuentra en plena fase de
instrucción, lo cual indica que, a la fecha de esta decisión, se adelantan las actuaciones
previstas en la normativa aplicable y no es posible acudir a la acción de tutela como un
mecanismo que interfiera en procesos disciplinarios en curso con el único fin de obtener
decisiones más ágiles o prontas saltándose los procedimientos judiciales previstos para
el trámite de los procesos disciplinarios, puesto que la acción de tutela no es el
instrumento idóneo para ello y la actora debe esperar a que se surta el trámite
correspondiente y se adopten las decisiones a las que en derecho haya lugar.
14) Además, la demandante tampoco probó la configuración de un perjuicio irremediable,
una inactividad prolongada e injustificada o que se configure una violación grave y
evidente de derechos fundamentales, escenarios que avalarían la intervención del juez
constitucional para evitar la vulneración de los derechos fundamentales de la parte
actora.
Conclusión
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Demandante: Sandra Patricia Vargas Correal
Acción de tutela
Del análisis realizado, la Sala concluyó que la acción de tutela es improcedente en
relación con las pretensiones formuladas contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Florencia y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, debido a que la actora cuenta con
mecanismos ordinarios idóneos y eficaces para controvertir el acto administrativo
cuestionado y obtener la protección de sus derechos, sin necesidad de acudir al juez
constitucional.
Frente al acto administrativo que rechazó el recurso de apelación, la demandante dispone
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, el cual resulta idóneo para debatir la legalidad de la decisión
adoptada y en el que, si a bien lo tiene, podrá solicitar las medidas cautelares de urgencia.
Sobre la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá, se verificó que el trámite
disciplinario se encuentra en curso, con actuaciones procesales en desarrollo, lo cual
desvirtúa la existencia de una inactividad injustificada.
En lo referente a las actuaciones del Comité de Convivencia Laboral de la Rama Judicial
de Florencia, se evidenció que esta instancia actuó dentro de sus competencias,
promovió la conciliación y remitió la queja a la autoridad disciplinaria competente, sin que
se haya configurado una omisión injustificada que justifique la intervención del juez de
tutela, razón por la cual se negarán las pretensiones de la acción de tutela en contra de
esa autoridad.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00517-00
Demandante: Sandra Patricia Vargas Correal
Acción de tutela
FALLA:
1º) Declárase la improcedencia de la acción de tutela en relación con las pretensiones
formuladas contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia y la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá por incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2°) Niéganse las pretensiones de la acción de tutela dirigidas en contra del Comité de
Convivencia Laboral de la Rama Judicial de Florencia, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
3º) Niégase la solicitud de coadyuvancia presentada por el señor William Humberto
Vásquez Torres, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
4º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.
5º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00517-00
Demandante: Sandra Patricia Vargas Correal
Acción de tutela
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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