Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00517-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00517-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00517-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
7 de mayo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00517-01
Demandante: Sandra Patricia Vargas Correal
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00517-01
Demandante: SANDRA PATRICIA VARGAS CORREAL
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA PARA CONTROVERTIR ACTOS ADMINISTRATIVOS –
No procede estudio de fondo en razón del carácter residual de la acción de tutela /
SUBSIDIARIEDAD – La accionante tenía a su alcance el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para controvertir las decisiones que alude como
vulneradoras de sus derechos fundamentales / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE
TUTELA PARA OBLIGAR A UNA AUTORIDAD A EXPEDIR DETERMINADA
REGULACIÓN – En estos casos, el mecanismo idóneo es el medio de control de
cumplimiento, previa observancia de los requisitos establecidos por el legislador para su
ejercicio.
La Sala1 resuelve la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia del
21 de febrero de 2025, proferida por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de
Estado.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela
1. El 31 de enero de la presente anualidad, la señora Sandra Patricia Vargas Correal
interpuso acción de tutela contra el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Florencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá y el Consejo Superior de la
Judicatura, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al
trabajo, a la dignidad humana y a la salud. Formuló las siguientes pretensiones
(transcripción textual):
Primero. Se tutelen mis derechos fundamentales al Debido Proceso, al
Trabajo en condiciones Dignas y Justas, a la Salud y a la Vida, los cuales se
encuentran amenazados por la acción de algunas de las accionadas y la
omisión de otras.
Segundo. Que, como consecuencia de la protección concedida, se ordene al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia – Caquetá, resolver el
recurso de apelación interpuesto por la suscrita contra el acto administrativo
Resolución 010 que expidió el 30 de abril de 2024, dictado por el Juez Quinto
1
Se advierte que el 1º de abril de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para
elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
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de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, mediante la cual me negó el
traslado a dicho juzgado y procedió de manera inmediata en el mismo acto a
designar en propiedad a las señoras MARIENNY CANTILLO VEGA y
SANDRA MILENA TRIVIÑO QUICENO.
Tercero. Ordenar a la Comisión de Disciplina Judicial de Florencia, sea célere
en el trámite de las quejas que por acoso laboral he presentado contra la
Jueza Tercera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia.
Cuarto. Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura, para que disponga
dentro de sus funciones, hacer efectiva la garantía de traslado a otra
dependencia de las personas afectadas en su salud mental, por el problema
de acoso laboral.
2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. La señora Sandra Patricia Vargas Correal ocupa en propiedad el cargo de asistente
administrativo, grado 6, adscrito al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Florencia – Caquetá.
4. No obstante, por situaciones que la llevaron a interponer quejas2 por el presunto acoso
laboral de la jueza titular de ese despacho, decidió aceptar el nombramiento en
provisionalidad en el mismo cargo, pero adscrito al Juzgado Quinto de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, el cual tuvo lugar con la Resolución 19 de
junio 19 de 2024.
5. Una vez abierta la convocatoria para proveer en propiedad los dos cargos de asistente
administrativo, grado 6, pertenecientes a la planta de personal del Juzgado Quinto de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, la señora Vargas Correal
solicitó su traslado y obtuvo el concepto favorable emitido por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Caquetá para tal efecto.
6. Mediante la Resolución 010 de abril 30 de 2024, el juez Quinto de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Florencia negó dicho traslado y, en su lugar, nombró en
propiedad a las señoras Marienny Cantillo Vega y Sandra Milena Triviño Quiceno, para
desempeñar los dos cargos vacantes de asistente administrativo, grado 6.
7. Inconforme con la decisión, la accionante interpuso recurso de reposición y en subsidio
de apelación. La reposición se resolvió desfavorablemente por el titular del juzgado,
mientras que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia rechazó la
impugnación por improcedente.
8. A juicio de la parte actora, el citado Tribunal violó el derecho al debido proceso, dado
que al ser el superior del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Florencia, debió resolver de fondo el recurso de apelación, de conformidad con lo
estipulado en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011.
9. Asimismo, considera que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos al
debido proceso, a la salud mental y al mínimo vital, al no resolver de manera favorable
2 Radicadas el 11 de abril y el 20 de septiembre de 2024.
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sobre el traslado, puesto que, en su concepto, esa es la medida que la apartaría de la
situación de acoso laboral y, en consecuencia, le permitiría continuar su vinculación
laboral sin poner en riesgo su salud y su vida.
10. Reprochó que ni el Comité de Convivencia Laboral de la Rama Judicial con sede en
Florencia, ni la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Florencia, han activado los
mecanismos establecidos en el parágrafo tercero del artículo noveno de la Ley 1010 de
2006, en el sentido de proponer que la víctima de acoso laboral se le garanticen sus
derechos ante una opción clara de traslado, como se presenta en el caso particular.
11. Aunado a lo anterior, la actora consideró que el juez Quinto de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Florencia, pudo haber ponderado su hoja de vida en relación
con las integrantes de la lista y optar por favorecer el traslado, en lugar de acogerse a un
pronunciamiento judicial que sólo tienen efectos inter partes (sentencia de nulidad y
restablecimiento del derecho) y, por ende, no lo obligaba a tomar una posición
determinada.
12. Insistió en que el Consejo Superior de la Judicatura se encuentra en mora de
disponer mecanismos para la protección de los servidores víctimas de acoso laboral,
como lo sería facilitar sus traslados. Así mismo, reprocha que las demás autoridades
accionadas no hayan puesto en marcha los protocolos establecidos por la Ley 1010 de
2006 para salvaguardar su derecho al trabajo ante el inminente acoso ya denunciado.
B. Trámite impartido e intervenciones
13. Mediante auto del 4 de febrero de 2025, el despacho sustanciador en primera
instancia admitió la acción de tutela contra el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Florencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia,
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá y el Consejo Superior de la
Judicatura. Además, ordenó la notificación del presidente de la Comisión
Interinstitucional de la Rama Judicial Seccional Caquetá, del presidente del Comité de
Convivencia Laboral de la Rama judicial de Florencia, de la titular del Juzgado Tercero
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia y de las señoras Marienny
Cantillo Vega y Sandra Milena Triviño Quiceno.
14. El Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá precisó
algunos hechos narrados en la demanda, relacionados con los antecedentes del proceso
de selección y conformación del registro de elegibles y las actuaciones administrativas
adelantadas para cubrir las vacantes del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Florencia.
15. Sostuvo que no vulneró los derechos invocados por la accionante y que efectuó el
trámite que le correspondía por ley, incluso emitió el concepto favorable para el traslado,
pero señaló que la decisión final en estos casos recae en el nominador.
16. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá manifestó que carece
de legitimación, dado que la competencia de aceptar el traslado de los empleados de la
Rama Judicial es exclusiva del nominador, previo concepto favorable del Consejo
Seccional de la Judicatura. Respecto de la celeridad en el trámite de las quejas por acoso
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laboral interpuestas por la señora Vargas Correal, informó que adelanta proceso
disciplinario con radicado 18- 001-25-02-00-2024-00316-00, en el que estudia un posible
acoso laboral por parte de la titular del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Florencia. Precisó que el trámite se inició el 10 de octubre de
2024 y que se han surtido varias actuaciones, la última de ellas data del 28 de enero de
2025, por lo que no se advierte mora alguna que vulnere las garantías de la quejosa.
17. La secretaria del Comité de Convivencia Laboral de Florencia informó el trámite
surtido por la autoridad en relación con las quejas por acoso laboral presentadas por la
señora Vargas Correal el 11 de abril y el 20 de septiembre de 2024, con el fin de señalar
que fueron remitidas a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá a petición
de la quejosa, quien no accedió a conciliar dentro de la etapa correspondiente.
18. En cuanto a la falta de implementación de los mecanismos establecidos en el
parágrafo 3 del artículo 9 de la Ley 1010 de 2006, informó que, si bien es cierto dicha ley
contempla el traslado de la persona afectada a otra dependencia como mecanismo de
protección para las víctimas de acoso laboral, también lo es que la competencia para
ordenar, autorizar o ejecutar traslados en la Rama Judicial no recae en el Comité de
Convivencia Laboral, sino en el Consejo Seccional de la Judicatura, conforme lo dispone
el Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017 y la Ley Estatutaria 2430 de 2024.
19. Las demás autoridades notificadas, al igual que las particulares interesadas no
intervinieron en esta oportunidad, pese a ser debidamente notificadas.
20. Durante el trámite de primera instancia, el señor William Humberto Vásquez
Torres presentó un memorial en el que coadyuvó las pretensiones de la demandante y
solicitó que se extendiera la protección de los derechos fundamentales de la actora con
efectos inter comunis, con el argumento de que ocupa el cargo de escribiente del
Juzgado Promiscuo Municipal de San Andrés de Cuerquía (Antioquia), también enfrenta
problemas de acoso laboral con su nominadora, e igualmente le fue denegado el traslado
de cargo.
C. Fallo impugnado
21. Mediante sentencia del 21 de febrero de 2025, la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado: (i) negó la solicitud de coadyuvancia presentada por el señor William
Humberto Vásquez; (ii) declaró improcedente la acción de tutela ante el incumplimiento
del requisito de subsidiariedad frente a las pretensiones dirigidas en contra del acto
administrativo proferido por la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Florencia y las actuaciones de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá;
y (iii) negó las pretensiones dirigidas contra del Comité Seccional de Convivencia Laboral
de la Rama Judicial de Florencia.
22. En cuanto a los reproches efectuados contra el «acto administrativo» del 10 de
octubre de 2024, emitido por el Tribunal accionado3, y la Resolución 10 de 30 de abril de
2024, proferida por el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
3 Por el cual se rechazó por improcedente el recurso de apelación que la señora Sandra Patricia Vargas
Correal presentó en contra de la Resolución 010 de 30 de abril de 2024.
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de Florencia 4 , afirmó que la parte actora cuenta con el mecanismo ordinario para
controvertir dichas decisiones, cual es el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, en el marco del que puede solicitar las medidas cautelares de urgencia si a
bien lo tiene.
23. Respecto de las pretensiones relacionadas con la supuesta falta de actividad del
Comité Seccional de Convivencia Laboral de la Rama Judicial de Florencia y de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá, por no adoptar medidas oportunas
y eficaces frente a sus denuncias por acoso laboral, particularmente por no recomendar
el traslado de la actora del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Florencia como una medida de protección, el a quo señaló que el citado
Comité tiene como función principal la prevención, análisis y mediación de conflictos
laborales relacionados con acoso, según el artículo 9 de la Ley 1010 de 2006, por lo
tanto, carece de funciones sancionatorias, al ser únicamente una instancia de
conciliación, prevención y sensibilización en el ámbito laboral.
24. En ese orden, resaltó que a las dos quejas interpuestas por la accionante se les
otorgó el trámite correspondiente, dentro del cual la interesada fue citada e interrogada
sobre su ánimo conciliatorio, a lo que respondió que no lo tenía, razón por la que el
Comité Seccional de Convivencia Laboral de Florencia remitió los asuntos a la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá. Por tal motivo, el a quo concluyó que el
comité no vulneró los derechos fundamentales de la señora Vargas Correal, en tanto
cumplió con las funciones legalmente asignadas.
25. En cuanto a la actuación adelantada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
de Caquetá, adujo que, en relación con la queja que le fue remitida por el Comité
Seccional de Convivencia Laboral de la Rama Judicial de Florencia, inició el proceso
disciplinario con radicado 18001-25- 02-00-2024-00316-00, en el que realizó varias
actuaciones durante los años 2024 y 2025, entre ellas, profirió el auto de apertura de la
indagación preliminar, dispuso el decreto y práctica de pruebas como las declaraciones
de testigos, la ampliación de la declaración de la actora y la solicitud de documentos al
Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, a lo cual agregó que
el proceso se encuentra en fase de instrucción y, por ende, no es procedente acudir a la
acción de tutela para saltarse el trámite propio de los procesos disciplinarios.
D. Impugnación
26. La señor Sandra Patricia Vargas Correal afirmó que la providencia impugnada omitió
pronunciarse frente a la pretensión encaminada a que se ordene al Consejo Superior de
la Judicatura que «disponga dentro de sus funciones, hacer efectiva la garantía de
traslado a otra dependencia de las personas afectadas en su salud mental, por el
problema de acoso laboral».
27. Adujo que en el hecho 21 de la demanda se refirió a la falta de voluntad del Consejo
Superior de la Judicatura para regular lo relativo a los traslados de que trata la Ley 1010
de 2006, en relación con las víctimas de acoso laboral.
4 Por la cual el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia negó su
solicitud de traslado.
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28. Asimismo, manifestó su inconformidad porque, en su sentir, la sentencia impugnada
no se refirió a la actuación del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia objeto
de reproche, puesto que nada se dijo sobre la obligación que tenía esa autoridad judicial
de resolver de fondo el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 10 de 30
de abril de 2024.
II. CONSIDERACIONES
E. Competencia
29. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en
el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del
Consejo de Estado).
F. Problemas jurídicos
30. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 21
de febrero de 2025, proferida por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de
Estado, mediante la cual, de un lado, declaró improcedente la tutela frente a las
pretensiones dirigidas contra el acto administrativo emanado de la Sala Plena del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia y las actuaciones de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá, y, de otro, negó el amparo reclamado
respecto del Comité Seccional de Convivencia Laboral de la Rama Judicial con sede en
Florencia.
31. De conformidad con los argumentos que cimentan la impugnación, se deberá
establecer la procedencia de la tutela (i) para cuestionar la decisión del 10 de octubre de
2024, mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia rechazó el
recurso de apelación interpuesto por la señora Sandra Patricia Vargas Correal contra la
Resolución 010 de 2024, por la cual se denegó su traslado al Juzgado Quinto de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia; y (ii) para ordenar a una
autoridad pública, en este caso al Consejo Superior de la Judicatura, que cumpla una
supuesta obligación normativa consistente en regular la situación administrativa de
traslado cuando un servidor judicial padece acoso laboral.
32. Sólo en caso de que se supere el análisis de procedencia, se abordará el análisis de
fondo del asunto planteado, conforme a los argumentos de la impugnación.
G. Análisis de la Sala
Subsidiariedad
33. Como es sabido, la tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de
defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de
un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y eficaz
para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el
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juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá
el amparo impetrado.
34. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la
ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
35. No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la existencia
de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De manera
que el amparo sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos ordinarios
de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la protección idónea y
eficaz de los derechos fundamentales5.
36. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo contrario,
la tutela deviene improcedente.
37. En el caso concreto, se observa que con la segunda pretensión se busca que el juez
de tutela ordene al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia resolver el recurso
de apelación interpuesto contra Resolución 010 que expidió el 30 de abril de 2024,
mediante la cual el juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Florencia negó el traslado de la actora.
38. En la impugnación la señora Sandra Patricia Vargas Correal reprocha que el a quo
no se pronunció al respecto, sin embargo, contrario a lo afirmado por la accionante, la
Sala observa que en el fallo de primera instancia se indicó, justamente, que la acción de
tutela resultaba improcedente para tal efecto, ante el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, argumento con el que esta Subsección coincide a cabalidad.
39. En efecto, se advierte que la parte actora tenía a su alcance un mecanismo ordinario
para la protección de sus derechos, cual es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 de la ley 1437 de 20116, que,
5 En ese sentido, la Corte Constitucional manifestó:
«La acción de tutela ha sido concebida únicamente
para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la
transgresión o amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene
previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del
derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que
sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha
regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con
la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni
menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el
último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de
protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el
sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales». Sentencia
C-543 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
6 «Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho
subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo
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bien podría ejercer para cuestionar las Resoluciones 010 del 30 de abril y 018 de 19 de
junio de 2024, proferidas por el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Florencia, bajo el entendido de que dicha actuación administrativa habría
culminado con la decisión del 10 de octubre de 2024, emanada del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Florencia, por la cual rechazó el recurso de apelación por
improcedente.
40. Sin embargo, no se evidencia que la parte actora haya interpuesto la demanda
correspondiente7, es decir, no utilizó el mecanismo procesal ordinario que tenía a su
alcance, a fin de que el juez natural de la causa analizara la legalidad del acto o los actos
cuestionados; en consecuencia, al igual que el a quo, esta Subsección concluye que no
es procedente la acción de amparo. Aceptar lo contrario, implicaría reemplazar los
medios judiciales principales previstos por el legislador para la defensa de los derechos.
41. La tutela, se insiste, tiene carácter residual y, por consiguiente, no procede cuando
el interesado deja de ejercer los mecanismos que el ordenamiento jurídico ha previsto
para proteger eficazmente los derechos fundamentales en los procesos ordinarios8.
42. Cabe recordar, además, que el proceso contencioso administrativo prevé
mecanismos como las medidas cautelares, que permiten que el juez adopte las
decisiones pertinentes para que, por ejemplo, no se vulneren derechos fundamentales.
De modo que la parte actora, en el respectivo medio de control, puede pedir la
suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto administrativo que cuestiona por
vía de tutela, medida cautelar que sí es un medio de defensa ágil y efectivo, en cuanto
permite proteger y garantizar, de manera provisional, el objeto del proceso y la
efectividad de la sentencia9.
particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el
daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del
derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho
particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto
general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel».
7 La accionante no lo acreditó y, una vez revisados el aplicativo Samai y la página web de consulta de
procesos de la Rama Judicial, no se encontraron resultados que evidencien el ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.
8 Sobre el particular, la Corte Constitucional, en la sentencia T-520 de 1992, explicó que la persona que
«no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece para obtener el
reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los
fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el Estado ni puede admitirse que la
firmeza de los proveídos sobre los cuales el interesado no ejerció recurso constituya transgresión u ofensa
a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasión propicia. Es inútil, por tanto, apelar a la tutela,
cual si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el propósito de resarcir los daños causados
por el propio descuido procesal».
9 Sobre la eficacia de las medidas cautelares en los procesos ordinarios para la protección de los derechos
fundamentales, la Corte Constitucional, en la sentencia T-149 de 2023, concluyó:
«54. Con base en las características del régimen jurídico vigente, la Corte ha destacado que la inclusión
de las medidas cautelares de urgencia, que por la finalidad que persiguen, fueron estructuradas como
medios preliminares dotados de eficacia inmediata para la protección de los derechos fundamentales. Esta
circunstancia, implica para el juez administrativo el deber de “(…) remover los obstáculos eminentemente
formales que llegaren a impedir la adopción de estas medidas en los casos en que exista una seria y
verdadera amenaza de vulneración de derechos, bienes o intereses jurídicos”[35]. En otras palabras, las
medidas cautelares y en especial las de urgencia se conciben como una garantía efectiva y material del
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43. Frente al segundo argumento de la impugnación, que hace referencia a la falta de
pronunciamiento sobre el reproche realizado al Consejo Superior de la Judicatura por su
presunta omisión de regular los traslados de los servidores que se encuentren en
situación de acoso laboral, que afecte incluso sus condiciones de salud, la Sala
encuentra que se trata de una pretensión abstracta, basada en un argumento general sin
rigor probatorio alguno.
44. En todo caso, nótese que, en el fondo, lo que pretende la accionante es que por vía
de la acción de tutela se ordene a la autoridad accionada cumplir una supuesta obligación
normativa (Ley 1010 de 2006), consistente en regular la situación administrativa de
traslado cuando existe acoso laboral, para lo cual, eventualmente, esto es, de cumplir
con todas las formalidades previas que exige el legislador, tendría a su alcance el medio
de control de cumplimiento de normas con fuerza de ley o de actos administrativos,
consagrado en el artículo 87 Superior, en concordancia con lo regulado en la Ley 393 de
1997.
45. Recuérdese que a través de ese medio de control toda persona puede acudir ante la
autoridad judicial competente para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables
con fuerza material de Ley o actos administrativos, de modo que, si la señora Vargas
Correal estima que el Consejo Superior de la Judicatura se está sustrayendo de una
obligación legal, como lo sería expedir algún tipo de regulación frente a una situación
administrativa concreta de los servidores judiciales, bien podría ejercer este mecanismo,
que resulta idóneo y eficaz para demandar de las autoridades o de los particulares que
ejercen funciones públicas y ante el inminente incumplimiento, la efectividad de las
normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos.
46. Si, conforme lo prevé el artículo 6, numeral quinto, del Decreto 2591 de 1991, la
acción de tutela se torna improcedente cuando se ejerce para censurar actos de carácter
general, impersonal y abstracto, en la misma medida resultará improcedente para obligar
a una autoridad a dictar actos generales con propósitos regulatorios, porque la acción de
tutela fue concebida por el constituyente como una valiosa herramienta de protección de
los derechos fundamentales, que son verdaderas prerrogativas de índole subjetivo, mas
no para actuar en defensa de la legalidad o servir de instrumento de corrección de
omisiones legislativas o de regulación, según el caso.
47. Con fundamento en todo lo explicado, se confirmará la sentencia de la Sección
Tercera, Subsección B de esta Corporación.
48. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
acceso a la administración de justicia que deben tener en cuenta no sólo presupuestos legales, sino
también constitucionales y convencionales para su procedencia.
55. Así, esta corporación ha señalado que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuenta en la
actualidad con las herramientas necesarias para garantizar la protección de los derechos fundamentales
de forma igual o superior al de la acción de tutela, por parte de los jueces especializados en los asuntos
del contencioso administrativo y también encargados de la protección de los derechos fundamentales.
(…)».
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9
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00517-01
Demandante: Sandra Patricia Vargas Correal
FALLA:
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 21 de febrero de 2025, proferida por la Sección
Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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