Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00520-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-00520-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00520-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00520-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
6 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202500520-00
Actores: Paula Astrid Jiménez Monroy y otros1
Demandada: Rama Judicial- Consejo Superior de la Judicatura 2
Tema: Acción de tutela frente a la creación de Despachos Judiciales/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad, ii) trabajo y iii) salud
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por Paula Astrid Jiménez Monroy,
Francisco Eduardo Restrepo y Bibiana Marcela Durango Hurtado contra la Nación –
Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “4ED_Caratula(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.
Archivo aportado en forma digital.
2 Idem pie de página núm. 1 supra.
2
Núm. único de radicación: 110010315000202500520-00
Actores: Paula Astrid Jiménez Monroy y otros
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. Los actores3, en nombre propio, presentaron solicitud de tutela contra la Nación
– Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, porque, a su juicio, con ocasión
a que “[…] A pesar de que este despacho cumple con los requisitos establecidos en
el Acuerdo PCSJA25-12258 del Consejo Superior de la Judicatura, como altos
inventarios de procesos y un número elevado de tutelas, fue excluido de la creación
de un cargo transitorio, al igual que otros, los cuales enfrentan una carga significativa
de trabajo, pero no se le asignó el apoyo necesario, lo que ha generado una situación
de sobrecarga laboral en el equipo de trabajo […]”, vulneró sus derechos
fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señalaron que, integran el Juzgado Dieciocho Penal Municipal con Función de
Garantías de Medellín, en específico, Paula Astrid Jiménez es Juez, Francisco
Eduardo Restrepo es Secretario y Bibiana Marcela Durango Hurtado es Oficial
Mayor.
4. Manifestaron que, desde la pandemia ocasionada por el Covid -19, el
despacho ha tenido un considerable incremento en la cantidad de casos objeto de
trámite y resolución en lo relacionado con acciones de tutela e incidentes de
desacato, generándoles una acumulación sustancial de procesos y una sobrecarga
laboral.
5. Indicaron que no cuentan con la planta de personal suficiente para afrontar
todo el volumen de trabajo relacionado con los procesos constitucionales que
requieren celeridad, y las acciones administrativas propias del juzgado.
3 Quienes manifestaron que “[…] componemos la planta de personal del JUZGADO DIECIOCHO PENAL
MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTÍAS DE MEDELLÍN […]”
3
Núm. único de radicación: 110010315000202500520-00
Actores: Paula Astrid Jiménez Monroy y otros
6. Señalaron que, el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo núm.
PCSJA24-12194 de 5 de julio de 2024, dispuso la creación del cargo de oficial
mayor o sustanciador municipal, para ejercer funciones del 8 de julio de 2024 a 31
de diciembre de 2024.
7. Adujeron que, mediante oficio “[…] CSJANTOP24-2295, la presidenta del
CONSEJO SECCIONAL DE JUDICATURA DE ANTIOQUIA solicitó la prórroga y
creación de nuevos cargos en los Juzgados de Control de Garantías de Medellín
[…]” con el fin de asegurar la estabilidad en el manejo de procesos judiciales, sin
que tuviera respuesta favorable por parte del demandado.
8. Indicaron que, ante la negativa a la creación de puestos, solicitaron que les
fuera suspendido el reparto de acciones de tutela durante la vacancia judicial, para
evitar que los funcionarios tuvieran una sobrecarga laboral en el periodo de
descanso, porque solo cuentan con dos personas en planta: el secretario y el oficial
mayor sustanciador, que son insuficientes para el Juzgado.
9. Sostuvieron que, mediante el Acuerdo PCSJA25-12258 de 24 de enero de
20254, se estableció la necesidad de adoptar medidas transitorias en ciertos
despachos judiciales que tuvieran altos ingresos de tutelas y procesos de
connotación nacional para los que asignaron cargos transitorios como el de Oficial
Mayor o Sustanciador Municipal, que les permitiría aliviar la carga, pero el Juzgado
en el que trabajan los actores, no fue incluido a pesar de la sobrecarga laboral que
allí se maneja.
10. Los cargos fueron creados para cuatro (4) de los treinta y cinco (35) juzgados
penales con funciones de control de garantías de Medellín, sin que fuera incluido
el Juzgado Dieciocho Penal Municipal con Función de Garantías.
4 “Por el cual se adoptan unas medidas transitorias en algunos tribunales, juzgados y dependencias de apoyo
a nivel nacional”.
4
Núm. único de radicación: 110010315000202500520-00
Actores: Paula Astrid Jiménez Monroy y otros
La solicitud de tutela
Pretensiones
11. Los actores solicitaron en su escrito de tutela5:
“[…] 1. Con fundamento en los hechos narrados y las consideraciones expuestas
solicitamos que seamos tratados en igualdad de condiciones laborales como los
despachos incluidos en el acuerdo PCSJA25-12258 del 24 de enero de 2025 y, en
consecuencia, se designe un presupuesto para la creación de un cargo transitorio y/o
permanente de Oficial Mayor o Sustanciador Municipal en los Juzgados Penales
Municipales con Función de Control de Garantías de Medellín a partir del año en
curso. […]”.
11.1. Como fundamento de su solicitud consideraron que6:
“[…] DÉCIMO SEUNDO: A pesar de que este despacho cumple con los requisitos
establecidos en el acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura, como altos
inventarios de procesos y un número elevado de tutelas, fue excluido de la creación
de un cargo transitorio, al igual que otros, los cuales enfrentan una carga significativa
de trabajo, pero no se le asignó el apoyo necesario, lo que ha generado una situación
de sobrecarga laboral en el equipo de trabajo. En mérito de lo expuesto, acordó crear
únicamente el cargo de oficial o sustanciador municipal en cuatro despachos de los
treinta y cinco que somos en total, […]”.
[…]
“[…] DÉCIMO CUARTO: La falta de personal adicional, especialmente un Oficial
Mayor o Sustanciador Municipal, ha generado los siguientes efectos negativos: o
Retrasos continuos en la tramitación de los casos, especialmente aquellos
relacionados con tutelas, que requieren atención urgente. o Congestión en el
inventario de casos, lo que dificulta el cumplimiento de los plazos procesales y afecta
la eficiencia del sistema judicial. o Violación de los plazos procesales establecidos,
lo que afecta directamente el derecho de los ciudadanos a obtener una respuesta
judicial dentro del tiempo debido. o Sanciones administrativas por parte de las
autoridades competentes, debido a la acumulación de casos y el incumplimiento de
plazos procesales, lo que perjudica la imagen de la administración de justicia. o
Afectación en salud mental de los empleados, quienes nos vemos sometidos a
trabajar 18 horas, si es necesario para cumplir con los términos de las acciones
constituciones e incidentes de desacato, todo esto con el fin de prestar un servicio,
oportuno y eficaz en la recta impartición de justicia y ayudar a los menos favorecidos.
Donde estamos dando más de lo que podemos para dejar en alto el nombre de la
administración de justicia, pero esta nos exonera de acuerdos de los cuales nos
podríamos beneficiar todos.
DÉCIMO QUINTO: La situación descrita no solo afecta el cumplimiento de los plazos
procesales, sino que también vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos,
tales como el derecho a la tutela judicial efectiva y a un acceso oportuno a la justicia.
La Corte Constitucional, a través de sentencias como la T-099 de 2021, SU-122 de
5 Transcripción literal del texto.
6 Transcripción literal del texto.
5
Núm. único de radicación: 110010315000202500520-00
Actores: Paula Astrid Jiménez Monroy y otros
2022 y T-341 de 2022, ha reconocido que el Estado debe garantizar el acceso
efectivo y rápido a la justicia, especialmente en los procesos constitucionales.
DÉCIMO SEXTO: En virtud de lo expuesto, y teniendo en cuenta la situación crítica
en la que se encuentra este despacho, solicito nuevamente la reconsideración de
esta solicitud, con la finalidad de que se atienda la necesidad de contar con un cargo
transitorio y/o permanente de Oficial Mayor o Sustanciador Municipal, lo cual
permitirá atender adecuadamente la carga laboral y garantizar una respuesta
oportuna a los ciudadanos, conforme a los principios de celeridad procesal y acceso
a la justicia en los mismos términos del acuerdo PCSJA25-12258 del 24 de enero de
2025. Cabe aclara que este Juzgado cuenta con la habilitación del espacio y el equipo
de cómputo, necesarios para el cumplimiento de las funciones del empleado cuya
creación se solicita. […]”.
[…]
“[…] Consideramos, que con la omisión en el acuerdo PCSJA25-12258 del 24 de
enero de 2025, se vulneran y/o amenazan los siguientes derechos fundamentales:
[…]”
[…]
“[…] Para que el trabajo sea digno y justo debe garantizar que las decisiones de
acceso reflejen la evaluación objetiva de habilidades sociales e intelectuales que se
requieren para el desempeño de una determinada labor y, asegura que existan
condiciones de trabajo adecuadas y compatibles con los derechos fundamentales
(aceptabilidad, adaptabilidad y calidad). […]”.
[…]
“[…] La Corte ha decantado qué es el trabajo digno Ha señalado que esa categoría
no solo irradia a las actividades subordinadas o dependientes - es decir las que se
realizan en favor de otro - sino también a las autónomas el trabajo intelectual,
material, formal o informal, solo para identificar los más usuales. Ha definido, al
trasluz de la dignidad humana, que el trabajador no puede ser comprendido
instrumentalmente, como una herramienta inerte que se utiliza para cumplir objetivos
empresariales o simplemente para autorrealizarse económicamente, sino como lo
que es, un ser humano con autonomía, que dispone de bienes jurídicos tutelables,
dentro del ordenamiento jurídico y en relación con el cual el Estado tiene deber de
protección. […]”.
Actuación
12. El Despacho sustanciador, mediante auto de 6 de febrero de 2025: i) admitió
la acción de tutela; y ii) ordenó notificar al Presidente del Consejo Superior de la
Judicatura; concediéndole el término de tres (3) días para rendir informe sobre el
particular.
6
Núm. único de radicación: 110010315000202500520-00
Actores: Paula Astrid Jiménez Monroy y otros
Intervención de la demandada
13. La Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico (UDAE) del Consejo Superior
de la Judicatura solicitó declarar la improcedencia de la tutela, al considerar que
no es el mecanismo idóneo para requerir la creación de cargos permanentes o
transitorios en la Rama Judicial, como tampoco lo es para invadir la órbita de
competencias asignadas al Consejo Superior de la Judicatura, por parte de la
Constitución Política, la Ley 270 de 19967 y la Ley 2340 de 20248.
13.1. Señaló que la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 24 de noviembre
de 2011 Rad. 02065-01, determinó la improcedencia de la acción de tutela para
disponer de cargos y despachos judiciales en la Rama Judicial: “[…] “(…) lo
[requerido] por los recurrentes desborda el ámbito de competencia del juez
constitucional, toda vez que tal como lo anotó el Juzgador constitucional de primer
grado, “el acto de creación de un cargo en la Rama Judicial requiere el
adelantamiento de un procedimiento previamente establecido y de unos recursos
económicos que deben encontrarse incluidos dentro del presupuesto de la Rama
Judicial, pues constituye norte imperativo que la creación de cargos no puede
exceder el monto de los recursos económicos incluidos en la Ley de Presupuesto,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 270 de 1996” (fl. 109) […]”.
13.2. Indicó que el Consejo de Estado, en sentencia de 15 de abril de 20249,
consideró que “[…] el juez constitucional carece de facultades para resolver
pretensiones relativas a la implementación de la infraestructura judicial, pues, no
es factible ejecutar medidas como, la creación de un juzgado de descongestión,
únicamente con base a la petición de un demandante, pues, debe estar apoyado
en estudios estadísticos, presupuestales y técnicos por autoridad competente, que
corroboren la necesidad de la implementación de una medida de esta naturaleza,
y que a su vez, garantice la disponibilidad presupuestal. El Consejo Superior de la
Judicatura cuenta con programas para consolidar la carga de procesos que se
encuentran en los diferentes despachos judiciales del territorio nacional, razón por
7 “Estatutaria de la Administración de Justicia”
8 "Por la cual se modifica la ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia y se dictan otras
disposiciones"
9 Núm. de radicación: 11001-03-15- 000-2024-00583-00 M.P.: Jorge Edison Portocarrero Banguera
7
Núm. único de radicación: 110010315000202500520-00
Actores: Paula Astrid Jiménez Monroy y otros
la cual, con la información que se recaude, se encuentra facultada para adelantar
diferentes actuaciones, entre estas, la adopción de medidas de descongestión”.
[…]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 199110, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 202111 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
201912, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas jurídicos
16. En el caso sub examine, corresponde a la Sala determinar si se deben proteger
los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y a la salud invocados por los
actores, los cuales consideran vulnerados con ocasión a que, “[…] a pesar de que
este despacho cumple con los requisitos establecidos en el acuerdo del Consejo
Superior de la Judicatura, como altos inventarios de procesos y un número
elevado de tutelas, fue excluido de la creación de un cargo transitorio, al igual que
10 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
11 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
12 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
8
Núm. único de radicación: 110010315000202500520-00
Actores: Paula Astrid Jiménez Monroy y otros
otros, los cuales enfrentan una carga significativa de trabajo, pero no se le asignó
el apoyo necesario, lo que ha generado una situación de sobrecarga laboral en el
equipo de trabajo. […]” .
17. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes temas:
i) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad; ii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental
al trabajo; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental
a la salud; iv) análisis del caso concreto, y finalmente v) las conclusiones de la Sala.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad
18. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
19. Atendiendo a que la Corte Constitucional13 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
13 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
9
Núm. único de radicación: 110010315000202500520-00
Actores: Paula Astrid Jiménez Monroy y otros
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
trabajo
20. Visto el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a
un trabajo en condiciones dignas y justas […]”.
21. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo ha
dicho lo siguiente14:
“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un
derecho fundamental consagrado como principio rector del Estado social de
derecho y como objetivo primordial de la organización política. Al ser fundamental
el derecho al trabajo debe ser reconocido como un atributo inalienable de la
personalidad jurídica; un derecho inherente al ser humano que lo dignifica en la
medida en que a través de él la persona y la sociedad en la que ella se desenvuelve
logran su perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el individuo no podría
existir dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona los medios
indispensables para su congrua subsistencia y además desarrolla su potencial
creativo y de servicio a la comunidad. El derecho al trabajo es la actividad que lo
pone en contacto productivo con su entorno.
El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se refleja
en la especial consagración que la Carta Política hace tanto en el sentido de
protección subjetiva con la enumeración de principios mínimos que limitan el
ejercicio legislativo (artículo 53) y con el reconocimiento expreso de la
responsabilidad del Estado en la promoción de políticas de pleno empleo (artículo
334) […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
salud
22. Visto el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y el artículo
2 de la Ley Estatutaria 1751 de 16 de febrero de 2015 15 sobre el derecho
fundamental a la salud.
14 Corte Constitucional, sentencia T-611 de 8 de junio de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”.
10
Núm. único de radicación: 110010315000202500520-00
Actores: Paula Astrid Jiménez Monroy y otros
23. Atendiendo a que la jurisprudencia Constitucional16, ha definido este derecho
como la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica
funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse
cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su
ser, que además debe ser garantizado bajo condiciones de oportunidad,
continuidad, eficiencia y calidad, de acuerdo con el principio de integralidad.
Análisis del caso concreto
Los actores17, en nombre propio, presentaron solicitud de tutela contra la Nación –
Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura, porque, a su juicio, con ocasión a
que “[…] A pesar de que este despacho cumple con los requisitos establecidos en el
Acuerdo PCSJA25-12258 del Consejo Superior de la Judicatura, como altos
inventarios de procesos y un número elevado de tutelas, fue excluido de la creación
de un cargo transitorio, al igual que otros, los cuales enfrentan una carga significativa
de trabajo, pero no se le asignó el apoyo necesario, lo que ha generado una situación
de sobrecarga laboral en el equipo de trabajo […]”, vulneró sus derechos
fundamentales invocados supra.
25. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
26. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
27. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
16 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 15 de enero de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
17 Quienes manifestaron que “[…] componemos la planta de personal del JUZGADO DIECIOCHO PENAL
MUNICIPAL CON FUNCION DE CONTROL DE GARANTÍAS DE MEDELLÍN […]”
11
Núm. único de radicación: 110010315000202500520-00
Actores: Paula Astrid Jiménez Monroy y otros
27.1 Documentos allegados con el escrito de tutela.
27.2 Informe rendido por la autoridad accionada.
Solución del caso concreto
28. Los actores señalaron que18:
“[…] DÉCIMO SEUNDO: A pesar de que este despacho cumple con los requisitos
establecidos en el acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura, como altos
inventarios de procesos y un número elevado de tutelas, fue excluido de la creación
de un cargo transitorio, al igual que otros, los cuales enfrentan una carga significativa
de trabajo, pero no se le asignó el apoyo necesario, lo que ha generado una situación
de sobrecarga laboral en el equipo de trabajo. En mérito de lo expuesto, acordó crear
únicamente el cargo de oficial o sustanciador municipal en cuatro despachos de los
treinta y cinco que somos en total, […]”.
[…]
“[…] DÉCIMO CUARTO: La falta de personal adicional, especialmente un Oficial
Mayor o Sustanciador Municipal, ha generado los siguientes efectos negativos: o
Retrasos continuos en la tramitación de los casos, especialmente aquellos
relacionados con tutelas, que requieren atención urgente. o Congestión en el
inventario de casos, lo que dificulta el cumplimiento de los plazos procesales y afecta
la eficiencia del sistema judicial. o Violación de los plazos procesales establecidos,
lo que afecta directamente el derecho de los ciudadanos a obtener una respuesta
judicial dentro del tiempo debido. o Sanciones administrativas por parte de las
autoridades competentes, debido a la acumulación de casos y el incumplimiento de
plazos procesales, lo que perjudica la imagen de la administración de justicia. o
Afectación en salud mental de los empleados, quienes nos vemos sometidos a
trabajar 18 horas, si es necesario para cumplir con los términos de las acciones
constituciones e incidentes de desacato, todo esto con el fin de prestar un servicio,
oportuno y eficaz en la recta impartición de justicia y ayudar a los menos favorecidos.
Donde estamos dando más de lo que podemos para dejar en alto el nombre de la
administración de justicia, pero esta nos exonera de acuerdos de los cuales nos
podríamos beneficiar todos.
DÉCIMO QUINTO: La situación descrita no solo afecta el cumplimiento de los plazos
procesales, sino que también vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos,
tales como el derecho a la tutela judicial efectiva y a un acceso oportuno a la justicia.
La Corte Constitucional, a través de sentencias como la T-099 de 2021, SU-122 de
2022 y T-341 de 2022, ha reconocido que el Estado debe garantizar el acceso
efectivo y rápido a la justicia, especialmente en los procesos constitucionales.
DÉCIMO SEXTO: En virtud de lo expuesto, y teniendo en cuenta la situación crítica
en la que se encuentra este despacho, solicito nuevamente la reconsideración de
esta solicitud, con la finalidad de que se atienda la necesidad de contar con un cargo
transitorio y/o permanente de Oficial Mayor o Sustanciador Municipal, lo cual
18 Transcripción literal del texto
12
Núm. único de radicación: 110010315000202500520-00
Actores: Paula Astrid Jiménez Monroy y otros
permitirá atender adecuadamente la carga laboral y garantizar una respuesta
oportuna a los ciudadanos, conforme a los principios de celeridad procesal y acceso
a la justicia en los mismos términos del acuerdo PCSJA25-12258 del 24 de enero de
2025. Cabe aclara que este Juzgado cuenta con la habilitación del espacio y el equipo
de cómputo, necesarios para el cumplimiento de las funciones del empleado cuya
creación se solicita. […]”.
[…]
“[…] Consideramos, que con la omisión en el acuerdo PCSJA25-12258 del 24 de
enero de 2025, se vulneran y/o amenazan los siguientes derechos fundamentales:
[…]”
[…]
“[…] Para que el trabajo sea digno y justo debe garantizar que las decisiones de
acceso reflejen la evaluación objetiva de habilidades sociales e intelectuales que se
requieren para el desempeño de una determinada labor y, asegura que existan
condiciones de trabajo adecuadas y compatibles con los derechos fundamentales
(aceptabilidad, adaptabilidad y calidad). […]”.
[…]
“[…] La Corte ha decantado qué es el trabajo digno Ha señalado que esa categoría
no solo irradia a las actividades subordinadas o dependientes - es decir las que se
realizan en favor de otro - sino también a las autónomas el trabajo intelectual,
material, formal o informal, solo para identificar los más usuales. Ha definido, al
trasluz de la dignidad humana, que el trabajador no puede ser comprendido
instrumentalmente, como una herramienta inerte que se utiliza para cumplir
objetivos empresariales o simplemente para autorrealizarse económicamente, sino
como lo que es, un ser humano con autonomía, que dispone de bienes jurídicos
tutelables, dentro del ordenamiento jurídico y en relación con el cual el Estado tiene
deber de protección. […]”
29. La autoridad accionada rindió informe en los siguientes términos:
“[…] Tal como se observa en los anteriores pronunciamientos jurisprudenciales existe
claridad y uniformidad de criterio respecto de la competencia y autonomía en cabeza
del Consejo Superior de la Judicatura en la definición de medidas de descongestión
y priorización tendientes a garantizar el acceso eficaz a la administración de justicia,
siendo entonces totalmente improcedente la pretensión expuesta por los accionantes.
Siguiendo con esta línea, el Consejo Superior de la Judicatura, en uso de su
autonomía, teniendo en cuenta los estudios adelantados, y las facultades
establecidas en el artículo 63 de la citada disposición, mediante Acuerdo PCSJA25-
12258 del 24 de enero de 2025, adoptó una serie de medidas transitorias a nivel
nacional en la Jurisdicción Ordinaria.
A partir de la disponibilidad presupuestal se determinó el fortalecimiento de los
juzgados penales municipales con función de control de garantías, con la creación de
un cargo de oficial mayor o sustanciador municipal de forma transitoria. Sin embargo,
teniendo en cuenta las limitaciones fiscales, se realizó una priorización de aquellos
despachos con promedio mensual de ingresos de acciones de tutela igual o superior
a 50 acciones constitucionales.
13
Núm. único de radicación: 110010315000202500520-00
Actores: Paula Astrid Jiménez Monroy y otros
A partir de la estadística consolidada de enero a septiembre del 2024 por parte de la
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, se verificó que el Juzgado 018 Penal
Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín tuvo un ingreso promedio
de 41 acciones de tutela, razón por la cual no fue beneficiario de la medida transitoria,
decisión adoptada a partir de la disponibilidad fiscal existente. […]”.
30. Al respecto, la Sala considera que lo pretendido por los actores, a saber, la
creación de un cargo en el despacho en el que laboran, desborda la órbita de
competencia del juez de tutela, en la medida en que: i) no corresponde al juez
constitucional ordenar la creación de cargos judiciales; ii) la creación de cargos
judiciales debe realizarse por la autoridad competente, con el cumplimiento de los
requisitos legales establecidos para tal fin y conforme el procedimiento previsto; iii)
la creación de cargos judiciales debe estar apoyado en la necesidad de dicha
medida con fundamento en estudios estadísticos, presupuestales y técnicos por
autoridad competente; y, en consecuencia, iv) el juez de tutela no puede impartir
órdenes que desconozcan las competencias que le corresponden a la autoridad
accionada.
31. La Sala advierte que, la pretensión mencionada supra concierne a
competencias propias de la autoridad accionada, en las que se prevén
procedimientos propios para su ejercicio y respecto de las cuales, en el caso
concreto, no se advierte omisión o acción alguna que implique la vulneración de los
derechos fundamentales de los actores que justifique la intervención del juez de
tutela, ni siquiera como mecanismo transitorio frente a un perjuicio irremediable.
32. De conformidad con lo expuesto supra, la Sala considera que habrá lugar a
negar la solicitud de tutela presentada por Paula Astrid Jiménez Monroy, Francisco
Eduardo Restrepo y Bibiana Marcela Durango Hurtado, quienes conforman el
Juzgado Dieciocho Penal Municipal con Función de Garantías de Medellín contra la
Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura.
Conclusiones de la Sala
33. Con fundamento en lo anterior, la Sala negará la solicitud de tutela que
presentaron los actores contra la autoridad accionada.
14
Núm. único de radicación: 110010315000202500520-00
Actores: Paula Astrid Jiménez Monroy y otros
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR, las pretensiones de la solicitud de tutela que presentaron los
actores contra la autoridad accionada, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala
el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.