Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00526-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Relevancia constitucional
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00526-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00526-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
7 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., siete (7) de marzo de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00526-00
Accionante: LINA MARÍA CORREA OSORIO Y OTROS
Accionado: SUBSECCIÓN C DE LA SECCIÓN TERCERA DEL
CONSEJO DE ESTADO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Requisitos /
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / IMPROCEDENCIA – Se acudió a la acción de
tutela con el propósito de reabrir la discusión definida en el proceso ordinario.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
1. La Sala resuelve la acción de tutela promovida, a través de apoderado
judicial, por Lina María Correa Osorio, en nombre propio y en representación de su
esposo Wber Emilio Toro Muñoz, María Aracelly Muñoz de Toro, Darly Amparo Toro
Muñoz, Alba Leydi Toro Muñoz, Niller Ladi Toro Muñoz y Diego Yesid Toro Muñoz
contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al proferir la
sentencia del 17 de junio de 2024, de conformidad con lo consagrado en el artículo
37 del decreto 2591 de 1991.
ANTECEDENTES
2. El presente caso corresponde a una acción de tutela contra una providencia
judicial, motivo por el cual, se expondrán en orden cronológico los hechos que
dieron origen al proceso.
Antecedentes del proceso de reparación directa1
3. El 11 de marzo de 2012, Wber Emilio Toro Muñoz se desplazaba desde el
municipio de Santuario hacia el municipio de Balboa (Risaralda), en una motocicleta
1 Radicación número 66001-23-33-000-2014-00183-00/01.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00526-00
Accionante: Lina María Correa Osorio Y Otros
Accionado: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Suzuki, modelo 1995, color negro, con placa SIGS6. En la fecha también se
desplazaba por la misma vía Ornar Antonio Franco Álvarez, al volante de una
ambulancia Toyota Land Cruiser, modelo 2000, color blanco, con placa OJG-407,
perteneciente a la E.S.E. Hospital San José de la Celia, y transportaba a Lilia del
Socorro Quiceno, quien se encontraba en remisión médica.
4. En el corregimiento “Patio Bonito” los dos vehículos colisionaron impactando
su puerta lateral. Como consecuencia del accidente, Wber Emilio Toro Muñoz, quien
conducía la motocicleta, cayó en una cuneta ubicada al lado derecho de la vía
sufriendo lesiones permanentes tanto físicas como psicológicas, las cuales han
afectado significativamente su calidad de vida.
5. Por medio de apoderado judicial, Lina María Correa Osorio, actuando en
nombre propio y en representación de Wber Emilio Toro Muñoz por interdicción
judicial, María Aracelly Muñoz de Toro, Lucy Aide Toro Muñoz, Darly Amparo Toro
Muñoz, Alba Leidy Toro Muñoz, Niller Ladi Toro Muñoz, Héctor Favio Toro Muñoz,
Oscar Egidio Toro Muñoz, Diego Yesid Toro Muñoz, Eyder Aspren Toro Muñoz,
Elkin Liselder Toro Muñoz, interpusieron demanda de reparación directa en contra
de la E.S.E Hospital San José de la Celia (Risaralda), debido a las lesiones sufridas
por Wber Emilio Toro Muñoz en el accidente de tránsito ocurrido el 11 de marzo de
2012.
6. Mediante sentencia del 1 de noviembre de 2019, el Tribunal Administrativo
de Risaralda negó las pretensiones de la demanda. Adujo que si bien se evaluaron
las pruebas aportadas, estas no fueron suficientes para acreditar, con el grado de
certeza requerido, las circunstancias de modo en las que ocurrió el accidente que
dejó lesionado a Wber Emilio Toro Muñoz.
7. El Tribunal resaltó la ausencia de elementos determinantes para esclarecer
los hechos, tales como un croquis elaborado por autoridad competente, testimonios
independientes al del conductor de la ambulancia u otros medios probatorios
idóneos que permitieran establecer de manera objetiva las causas de la colisión. En
consecuencia, al no haberse demostrado con suficiencia la forma en que ocurrió el
accidente, resultaba imposible atribuir responsabilidad a la entidad demandada.
8. Los demandantes promovieron recurso de apelación, argumentando que se
encontraban acreditados los elementos de la responsabilidad, tanto bajo el régimen
subjetivo de falla en el servicio como a través del título de imputación de riesgo
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00526-00
Accionante: Lina María Correa Osorio Y Otros
Accionado: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
excepcional. Sostuvieron que, en caso de analizarse la situación desde la
perspectiva de un incumplimiento obligacional, las pruebas obrantes en el
expediente evidenciaban una infracción a las normas de tránsito por parte del
conductor de la ambulancia oficial, así como la existencia de un nexo causal entre
dicha conducta y el daño sufrido por el demandante.
9. Asimismo, indicaron que el Tribunal debió realizar una valoración integral de
los distintos medios probatorios, incluyendo las pruebas documentales, las pruebas
trasladadas y, en particular, la declaración extrajuicio aportada con la demanda,
cuya ratificación no fue solicitada en ejercicio del derecho de contradicción. A juicio
de los recurrentes, estos elementos probatorios podían ser analizados conforme a
las disposiciones del Código General del Proceso y resultaban suficientes para
acreditar los hechos alegados en la demanda.
10. En sentencia del 17 de junio de 2024, la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda. En su análisis, advirtió que las declaraciones de Lilia
del Socorro Quiceno, paciente en remisión a bordo de la ambulancia, y de Omar
Antonio Franco Álvarez, conductor del vehículo, presentaban inconsistencias
respecto a las circunstancias de modo en las que ocurrió el accidente. Estas
contradicciones restaban credibilidad a los testimonios, y por tanto eran
insuficientes para esclarecer con certeza la causa del siniestro.
11. Las pruebas aportadas al proceso, según la autoridad judicial accionada, no
permitían determinar con certeza la causa que originó el accidente ni establecer si
la colisión fue consecuencia de la actividad ejercida por la administración o de la
conducta del particular lesionado. En ese sentido, del material probatorio no se
desprende cuál de las dos maniobras de conducción fue la causa adecuada del
daño. En consecuencia, la ausencia de pruebas concluyentes impedía determinar
la configuración de una falla en el servicio o la existencia de un nexo causal entre la
actuación de la administración y el daño reclamado, lo que hace inviable atribuir
responsabilidad a la entidad demandada.
Antecedentes de la demanda de tutela
12. Los tutelantes interpusieron el mecanismo de protección constitucional
contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00526-00
Accionante: Lina María Correa Osorio Y Otros
Accionado: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
13. Los solicitantes expusieron un recuento de los requisitos generales y
específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Sostuvieron que la sentencia impugnada incurrió en un defecto fáctico, pues realizó
un análisis inadecuado e insuficiente de las pruebas aportadas al proceso, lo que
afectó la correcta determinación de los hechos.
14. En particular, señalaron que el testimonio de Omar Antonio Franco Álvarez
(conductor de la ambulancia) fue valorado de manera errónea, dado que no se tuvo
en cuenta la tacha formulada oportunamente, se desconocieron las reglas
aplicables a la valoración de testigos sospechosos y su contenido resultaba en
abierta contradicción con las demás declaraciones rendidas. De igual forma,
indicaron que el análisis del testimonio se realizó de manera aislada, sin una
valoración integral en conjunto con otros medios de convicción relevantes, lo que
impidió esclarecer con certeza las circunstancias del caso.
15. Por otro lado, los señalaron que la sentencia atacada presentó deficiencias
en la motivación y fundamentación de su decisión, lo que, a su juicio, afectó la
claridad y suficiencia de los argumentos expuestos para justificar el fallo.
Trámite en primera instancia
16. Por medio de auto del 6 de febrero de 20252, el despacho sustanciador
admitió la solicitud de amparo constitucional y, en consecuencia, ordenó notificar a
la entidad accionada, vincular al Tribunal Administrativo de Risaralda, a la E.S.E.
Hospital San José de La Celia, Risaralda, a La Previsora S.A. Compañía de
Seguros, a los señores Héctor Favio Toro Muñoz y María Aracelly Muñoz de Toro,
así como a los demás intervinientes dentro del proceso de reparación directa con
radicado núm. 66001-23-33-000-2014-00183-00/01, en calidad de terceros con
interés en las resultas del proceso.
17. Asimismo, reconoció personería adjetiva a la abogada Claudia Viviana
Muñetón Londoño para actuar dentro de la presente acción, en los términos del
poder conferido, y la requirió para que, en un plazo máximo de dos días contados a
partir de la comunicación de esta decisión, adjuntara los poderes que acreditaran
su representación de los señores Héctor Favio Toro Muñoz, Oscar Egidio Toro
2 Índice electrónico 004 de SAMAI. 6Autoqueadmite_20250052600ADMITEVFL(.pdf) NroActua 4.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00526-00
Accionante: Lina María Correa Osorio Y Otros
Accionado: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Muñoz, Eyder Aspren Toro Muñoz, Elkin Liselder Toro Muñoz y de la señora Lucy
Aidee Toro Muñoz, so pena de no tenerlos como parte actora en este proceso.
Intervenciones
18. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado3 manifestó
que la decisión del 17 de junio de 2024 fue proferida con estricto apego al
ordenamiento jurídico y sustentada en las pruebas aportadas al proceso, como se
desprende de sus consideraciones. La solicitud de tutela no demuestra una
afectación real a los derechos fundamentales alegados, pues la decisión impugnada
no generó tal vulneración. En consecuencia, el instrumento de defensa
constitucional se presenta como un mecanismo para reabrir el debate propio de las
instancias ordinarias o ampliar el objeto del litigio, lo que desvirtúa su naturaleza
excepcional y subsidiaria.
19. El Hospital San José – La Celia, Risaralda4 solicitó declarar improcedente
la presente acción de tutela, argumentando que los accionantes han agotado los
recursos ordinarios y extraordinarios dentro del proceso de reparación directa, sin
que se evidencie una vulneración grave o manifiesta de un derecho fundamental.
Sostuvo que la controversia planteada se centra en una decisión judicial en la que
se valoraron pruebas y se determinó la responsabilidad de la entidad demandada
con base en el material probatorio disponible.
20. En este sentido, no se configura una violación directa de derechos
fundamentales que justifique la intervención del juez constitucional, pues la
sentencia cuestionada realizó un análisis riguroso de los elementos probatorios,
incluyendo testimonios y documentos, aplicando los principios de sana crítica.
Además, afirmó que no se evidencia la existencia de un defecto fáctico que invalide
la decisión judicial, lo que refuerza la improcedencia del amparo solicitado.
21. El Tribunal Administrativo de Risaralda5 mediante oficio No. 0069 informó
que, en cumplimiento de la decisión del 6 de febrero de 2025, notificó el auto
admisorio de la demanda de tutela a las partes involucradas, entre ellas, el Tribunal
3 Índice electrónico 013 de SAMAI. 21CONTESTACIONDE_Respuestatutela20250(.pdf) NroActua
13.
4 Índice electrónico 018 de SAMAI. 27RECIBEMEMORIAL_Memorial_contestaciontutelaco(.pdf)
NroActua 18.
5 Índice electrónico 012 de SAMAI. RECIBEPRUEBAS_Memorial_66001233300020250003(.pdf)
NroActua 12.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00526-00
Accionante: Lina María Correa Osorio Y Otros
Accionado: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Administrativo de Risaralda, la E.S.E. Hospital San José de La Celia (Risaralda), La
Previsora S.A. Compañía de Seguros, Héctor Favio Toro Muñoz y María Aracelly
Muñoz de Toro.
CONSIDERACIONES
Competencia
22. Esta Subsección es competente para proferir sentencia de primera instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
37 del Decreto 2591 de 1991.
Problemas jurídicos
23. En primer lugar, la Sala debe establecer si la acción de tutela de la referencia
satisface los requisitos de procedencia formales, por tratarse de una tutela contra
providencias judiciales. En caso de verificar lo anterior, como segundo problema
jurídico se examinará si la decisión atacada incurrió en las causales específicas
alegadas, concretamente el defecto fáctico y falta de motivación.
24. Para resolver lo anterior; (i) en primer lugar la Sala reiterará el precedente
judicial sobre las causales genéricas de procedencia de la acción de tutela contra
providencias, y examinará si en el caso concreto satisface dichas exigencias; (ii) en
segundo lugar, se reiterará el precedente sobre las causales específicas de
procedencia. En caso de que la tutela sea procedente, se analizará si en la situación
concreta se satisfacen las causales específicas solicitadas.
La acción de tutela contra providencias judiciales
25. La acción de tutela contra providencias judiciales está sujeta a requisitos
genéricos de procedencia, los cuales han sido reiterados de manera constante por
la Corte Constitucional6. En primer lugar, las denominadas causales generales de
procedencia, que al ser superadas permiten un análisis de fondo de la situación, se
han sintetizado de la siguiente manera.
“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar
a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
6 Sentencia C-590 de 2005.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00526-00
Accionante: Lina María Correa Osorio Y Otros
Accionado: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea
un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre
la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de
manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son
sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso
en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión
de la sala respectiva, se tornan definitivas”.
26. A esta altura se examinará si la acción de tutela de la referencia satisface los
requisitos generales de procedencia.
Legitimación en la causa por activa y pasiva
27. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, que se refiere a la legitimación e
interés dispone que la acción de tutela “podrá ser ejercida, en todo momento y lugar,
por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales”. A su vez, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 establece que la
acción de amparo debe dirigirse “contra la autoridad pública o el representante del
órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental7”
7 Decreto 2591 de 1991. Artículo 13. “Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La
acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o
instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá
dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior. || Quien tuviere un interés
legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la
persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud”.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00526-00
Accionante: Lina María Correa Osorio Y Otros
Accionado: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
28. Se satisface el requisito puesto que, la acción de tutela la formularon, a través
de apoderado, las personas perjudicadas por la decisión cuestionada.
Puntualmente, Lina María Correa Osorio, en nombre propio y en representación de
su esposo Wber Emilio Toro Muñoz, María Aracelly Muñoz de Toro, Darly Amparo
Toro Muñoz, Alba Leydi Toro Muñoz y Niller Ladi Toro Muñoz, y del señor Diego
Yesid Toro Muñoz. Sin embargo, no se constató el cumplimiento de la anterior
exigencia respecto de Héctor Favio Toro Muñoz, Oscar Egidio Toro Muñoz, Eyder
Aspren Toro Muñoz y Elkin Liselder Toro Muñoz, y Lucy Aidee Toro Muñoz.
29. En el auto admisorio requirió al apoderado para que subsanara dicha
omisión, sin que en el expediente se observe que se haya atendido el requerimiento
judicial. En esa medida, solamente cuentan con legitimación en la causa por activa
Lina María Correa Osorio, en nombre propio y en representación de su esposo Wber
Emilio Toro Muñoz, María Aracelly Muñoz de Toro, Darly Amparo Toro Muñoz, Alba
Leydi Toro Muñoz y Niller Ladi Toro Muñoz, y de Diego Yesid Toro Muñoz.
30. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva se verifica que, la acción
de amparo se dirigió contra la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, autoridad judicial que profirió la sentencia del 17 de junio de 2024, dentro
del proceso de reparación directa nro. 66001-23-33-000-2014-00183-01.
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
31. La procedencia de la tutela contra providencias judiciales está supeditada a
que el asunto tenga una clara relevancia constitucional. La jurisprudencia
Constitucional estima que dicha exigencia tiene como propósito la búsqueda de las
siguientes finalidades8:
“(i) asegurar que la tutela no sea utilizada para discutir asuntos de mera
legalidad, (ii) restringir el ejercicio la tutela a cuestiones que afecten
directamente los derechos fundamentales y (iii) evitar que la tutela se
convierta en una tercera instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces”.
32. La Sala estima que se incumple el requisito de relevancia constitucional, en
tanto que el actor propone una discusión que ya fue atendida en las dos instancias
del proceso de reparación directa. Esto es, busca reabrir instancias ya precluidas.
8 SU-033 de 2018 y SU-128 de 2021.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00526-00
Accionante: Lina María Correa Osorio Y Otros
Accionado: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
En el recurso de apelación9 contra la sentencia de reparación de primera instancia,
el actor interpuso los mismos argumentos que ahora se traen en sede de tutela.
33. De la tutela se evidencia que los argumentos presentados por los actores ya
fueron ampliamente analizados en el proceso de reparación directa, en el cual se
concluyó, que no se le otorgó prevalencia a la declaración de Omar Antonio Franco
Álvarez ni se concluyó que tuviera un mayor valor probatorio, como se sostiene en
la tutela. Por el contrario, aunque su testimonio fue considerado preciso, detallado
y sin aparentes inconsistencias, se determinó que, por sí solo, no resultaba
suficiente para atribuirle mayor credibilidad frente al de la otra testigo. Las pruebas
aportadas al proceso no permiten determinar con certeza la causa que originó el
accidente. En consecuencia, la ausencia de elementos probatorios concluyentes
impide adoptar una decisión en contra de la entidad demandada dentro del marco
legal aplicable.
34. A juicio de esta Sala, el requisito de relevancia constitucional exige que el
actor no solo invoque un derecho fundamental, sino que además demuestre de
manera clara y concreta cómo la decisión judicial impugnada vulnera dicha
garantía10. El razonamiento jurídico requiere algo más que la simple alegación de la
transgresión de derechos fundamentales. Es imprescindible explicar con precisión
la forma en que estos han sido afectados, evitando que la tutela se convierta en un
mecanismo para manifestar una mera inconformidad contra las providencias
adoptadas y sea utilizada como una instancia adicional.
35. La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales emitidas
por una alta Corte debe ser analizada con un criterio de excepcionalidad y estricta
rigurosidad, dado que se trata de decisiones adoptadas por el máximo órgano de la
jurisdicción competente. En consecuencia, su procedencia no puede fundamentarse
en una mera discrepancia con el fallo judicial, sino que exige la demostración clara
y suficiente de que la providencia impugnada ha generado una afectación
desproporcionada a un derecho fundamental, derivada de una actuación arbitraria,
irrazonable o contraria a los principios constitucionales.
36. Sobre este punto, la Corte Constitucional ha enfatizado la necesidad de
restringir la procedencia de la tutela contra providencias judiciales proferidas por
9 El cual fue resuelto por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
10 T–248 de 2018.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00526-00
Accionante: Lina María Correa Osorio Y Otros
Accionado: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
altas cortes, resaltando su importancia en el sistema jurídico. En este sentido, ha
señalado lo siguiente11:
“Así, por ejemplo, en las sentencias SU-072 de 2018, SU-424 de 2021 y SU-
149 de 2021 la Corte hizo énfasis sobre la procedencia más restrictiva de la
tutela contra providencias de las altas cortes, en tanto sus decisiones, como
órganos de cierre de las distintas jurisdicciones, no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía
y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad”.
37. En el presente caso, el instrumento de defensa constitucional fue formulado
contra una providencia proferida por una Alta Corte, lo que exige un análisis de
procedencia más estricto y una carga “argumentativa cualificada” por parte del
peticionario. Dado su carácter excepcional, la solicitud de amparo en este contexto
solo resulta procedente cuando se demuestra de manera clara y contundente la
existencia de una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
de una actuación arbitraria, irrazonable o contraria al ordenamiento constitucional.
38. Del escrito de tutela no se desprende que la decisión censurada haya sido el
resultado de un ejercicio judicial caprichoso o infundado, ni que haya generado una
vulneración de derechos fundamentales que justifique la intervención del juez
constitucional. Por el contrario, lo que realmente busca el solicitante es reabrir un
debate probatorio que ya fue examinado y resuelto dentro del proceso de reparación
directa.
39. Según el escrito de tutela, el testimonio de Omar Antonio Franco Álvarez,
conductor de la ambulancia fue incorrectamente valorado por la autoridad judicial
accionada, ya que no se consideró una tacha respecto a la imparcialidad de su
declaración, al tiempo que se ignoraron las reglas para valorar testigos sospechosos
y su testimonio contradijo otras versiones. Además, se criticó que la narración de
los hechos efectuada por dicha persona fuera analizada de manera aislada, sin
considerar otros elementos clave, lo que dificultó esclarecer el caso.
40. Contrario a lo manifestado en la demanda de tutela, la Sala advierte que la
autoridad judicial accionada efectuó una valoración integral de las pruebas
practicadas, en particular de la declaración del conductor de uno de los vehículos
involucrados en el accidente la cual fue confrontada con la versión de otra testigo
11 SU 215 de 2022.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00526-00
Accionante: Lina María Correa Osorio Y Otros
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
diametralmente opuesta y con los documentos recaudados en el trámite procesal.
El estudio de tales elementos de convicción dio lugar a que la autoridad judicial
concluyera, con fundamento en el principio general de la carga de la prueba, que la
parte accionante no logró imputar el daño a una conducta constitutiva de falla en el
servicio o de riesgo excepcional:
“En las dos declaraciones rendidas existe uniformidad en los siguientes
aspectos: (i) la ocurrencia del accidente de tránsito en la vía entre La Celia y
Balboa, Risaralda, en el que chocaron una ambulancia oficial y una moto; (ii)
que hubo un lesionado que quedó en la parte lateral de la vía y (iii) que
llegaron unos policías y bomberos a practicar un procedimiento luego del
accidente. En estos aspectos los dos declarantes mantuvieron la misma línea
de relato y coinciden con la prueba documental aportada (informe de policía
y anexos del informe).
Sin embargo, en cuanto a las circunstancias de modo en las que ocurrió el
accidente, es decir, en las causas de la colisión, existen dos versiones. Los
declarantes estaban en el mismo lugar, es decir, dentro de la ambulancia y a
la misma hora; sin embargo, son disímiles en aspectos esenciales: (i) Lilia del
Socorro Quiceno afirmó que quien invadió el carril contrario fue Omar Antonio
Franco Álvarez –conductor de la ambulancia– y esta maniobra causó el
accidente; este último, en su relato, fue enfático en que conducía en su carril
y el motociclista venía en la mitad de la carretera, esto es, en medio de los
dos carriles, circunstancia que incidió en que no chocaran de frente, sino con
la puerta lateral izquierda de la ambulancia. (ii) La declarante Lilia del Socorro
Quiceno afirmó que el conductor de la ambulancia usaba su celular mientras
conducía; el conductor, por su parte, afirmó que quien usaba su celular era el
conductor de la motocicleta –con el que chocó– lo que le impidió reaccionar
de forma segura. (iii) Lilia del Socorro Quiceno relató que Omar Franco
Álvarez conducía con alta velocidad; este último, sin embargo, afirmó que
conducía en una velocidad normal y que el motociclista también iba con una
velocidad dentro de los límites permitidos. Lo determinante, según este último
testigo, fue el hecho de que el motociclista venía en la mitad de la vía, tomó
una semicurva y se encontró con la parte lateral de la ambulancia.
Aun cuando el conductor de la ambulancia oficial es un testigo cuya
imparcialidad pudo verse afectada, su relato fue claro, completo y responsivo.
No evadió las preguntas y fue preciso en los puntos en los que se le solicitó
dar claridad. No se observan lagunas en su relato ni el ánimo de alterar el
curso de los acontecimientos por el interés que pueda tener en el resultado
del proceso. Sin embargo, esto no es suficiente para concluir que su
declaración ofrece mayor credibilidad que la testigo Lilia del Socorro Quiceno
y, así, otorgarle eficacia probatoria.
Lilia del Socorro Quiceno, por su parte, también relató aspectos claves de los
acontecimientos y detalló con precisión la conducta que observó en el
conductor de la ambulancia y en el motociclista momentos previos al
accidente. No obstante, la Sala tampoco puede optar por el dicho de esta
declarante como el de mayor credibilidad para concluir –con certeza– las
circunstancias de modo en que sucedió el accidente de tránsito, pues en el
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00526-00
Accionante: Lina María Correa Osorio Y Otros
Accionado: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
expediente no existen pruebas que respalden su percepción de los hechos.
Esto último, es decir, lo que pudo percibir o no, es un asunto que no puede
perder de vista la Sala, pues el lugar en el que estaba ubicada en la
ambulancia –en la cabina de atrás– pudo incidir en qué aspectos observó con
claridad la testigo y qué no logró percibir desde lugar de ubicación, pues los
detalles que dio en su declaración los dio como si su percepción hubiera sido
completa, circunstancia que puede afectar lo verosímil de su relato.
Las dos declaraciones de los testigos son disímiles respecto de las
circunstancias de modo en que ocurrió el accidente y sus posibles causas.
Esta divergencia es un aspecto fundamental en los hechos que se estudian,
no solo les resta credibilidad, sino que evidencia una inconsistencia que la
Sala no puede pasar por alto, máxime si ambos testigos estaban en el lugar
de los hechos y son los únicos testigos presenciales. De ahí que estas
declaraciones no permiten concluir cómo y por qué ocurrió el accidente y,
sobre todo, la causa adecuada del mismo y de las lesiones del demandante.
18. Conforme a las pruebas del proceso, el 11 de marzo de 2012,
aproximadamente a las 5:10 p. m., ocurrió un accidente en la vía principal
entre La Celia y Balboa, corregimiento “Patio Bonito”, en el que chocaron una
ambulancia de servicio oficial marca Toyota –conducida por Omar Franco
Álvarez– y una moto marca Suzuki –conducida por Wber Emilio Toro Muñoz–
quien sufrió un trauma craneoencefálico severo, otras lesiones y quedó
inconsciente a un lado de la vía.
Dos agentes de la policía llegaron al lugar de los hechos luego del accidente,
practicaron un procedimiento –retención de papeles, elementos y vehículos–
y tomaron fotos al lugar luego del accidente. Pero no levantaron croquis
porque no tenían competencia ni conocimientos específicos para hacerlo. Ese
día, a las 6:50 p. m., Wber Emilio Toro Muñoz, lesionado, ingresó a la ESE
Hospital San José por trauma craneoencefálico severo y en estado de
inconciencia. A las 9:15 p. m., médicos del Hospital San Jorge de Pereira
practicaron examen clínico de alcoholemia al paciente y arrojó resultado
negativo.
Por esos hechos, la Fiscalía adelantó investigación penal, ordenó la práctica
de pruebas, entre ellas, entrevistas, inspecciones al lugar de los hechos y
dictámenes de lesiones al Instituto de Medicina Legal12. Finalmente, la Sala
Penal del Tribunal Superior de Risaralda condenó a Omar Franco Álvarez por
las lesiones personales culposas de Wber Emilio Toro Muñoz.
Aun cuando se demostró la ocurrencia del accidente, el lugar y hora de los
acontecimientos, los vehículos involucrados y la víctima de los hechos, en el
expediente no obra prueba de las circunstancias de modo en las que ocurrió
el siniestro. Tampoco se cuenta con hechos indicadores probados que lleven
a concluir –a partir de la prueba indiciaria– las posibles causas del accidente
y la causa adecuada del daño alegado en la demanda: (i) al lugar del siniestro
no llegaron agentes de tránsito a levantar el croquis respectivo; (ii) los únicos
testigos presenciales fueron contradictorios y son insuficientes, por sí mismos,
para lograr la certeza de los acontecimientos; (iii) las fotos que tomaron al
12 Folios 31-294 c. anexo 1.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00526-00
Accionante: Lina María Correa Osorio Y Otros
Accionado: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
lugar no muestran el estado de cosas al momento del accidente, y no hay
manera de concluir de esas imágenes o de otros documentos, si los
elementos del lugar fueron alterados o no.
Las pruebas aportadas no permiten establecer cuál fue la causa que dio lugar
al accidente, ni permiten determinar si la colisión se presentó por la actividad
que ejerció la administración o por la ejercida por el particular lesionado. De
los medios probatorios no se puede determinar cuál de las dos actividades de
conducción fue la causa adecuada del daño. Tampoco está acreditado un
incumplimiento a una norma de tránsito o a una obligación que permita atribuir
el daño al Estado.
El artículo 167 del CGP, aplicable por remisión expresa de los artículos 211 y
306 del CPACA, prevé que las partes deben probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Como no se probó
una infracción a una norma de tránsito y cuál de los dos riesgos creados fue
la causa adecuada de las lesiones del demandante, la Sala confirmará la
sentencia apelada.”
41. De acuerdo con la anterior cita textual de la sentencia, es posible constatar
que la controversia sometida a estudio de la autoridad judicial accionada presentaba
ciertas complejidades en materia probatoria que dificultaban dilucidar, con certeza,
las circunstancias de modo en que incurrió el accidente y sus posibles causas. Ante
tales dificultades, inherentes a la función de administrar justicia, no corresponde al
Juez de Tutela realizar un juicio de corrección sobre las decisiones judiciales. Si se
presentan ante el juez diversas pero razonables interpretaciones de los hechos, le
compete al funcionario, en el ámbito de su especialidad, determinar cuál es más
convincente tras un análisis individual y conjunto de los elementos probatorios. En
esa labor, el juez natural no solo actúa de manera autónoma, sino que sus
actuaciones se presumen de buena fe, al igual que se presume la corrección de sus
conclusiones sobre los hechos13.
42. En esa medida, a juicio de esta Subsección, la acción de tutela no satisface
el requisito de relevancia constitucional, en tanto que se limita a reiterar los mismos
argumentos jurídicos que fueron analizados en las dos instancias previas. Además,
el peticionario no desarrolla una carga argumentativa sólida y rigurosa que justifique
de manera clara la vulneración de los derechos fundamentales invocados. Esto
resulta especialmente relevante dado que la petición de amparo se dirige contra una
sentencia proferida por una alta corte, lo que exige un nivel de argumentación más
elevado para demostrar la existencia de una afectación constitucional grave. Por tal
razón, la tutela deberá ser declarada improcedente.
13 Al respecto, ver la sentencia T-055 de 1997. (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).
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Accionante: Lina María Correa Osorio Y Otros
Accionado: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado en relación con
Héctor Favio Toro Muñoz, Oscar Egidio Toro Muñoz, Eyder Aspren Toro Muñoz,
Elkin Liselder Toro Muñoz, y Lucy Aidee Toro Muñoz por carecer de legitimación en
la causa por activa.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado en relación con
Lina María Correa Osorio, en nombre propio y en representación de su esposo Wber
Emilio Toro Muñoz, María Aracelly Muñoz de Toro, Darly Amparo Toro Muñoz, Alba
Leydi Toro Muñoz, Niller Ladi Toro Muñoz y Diego Yesid Toro Muñoz, por no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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Accionado: Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
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