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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00526-01

Fecha
7 de mayo de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00526-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia de primera instancia del 7 de marzo de 2025 proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción de tutela al no acreditar el requisito de relevancia constitucional, para en su lugar, Segundo: Negar las pretensiones, por no configurarse los defectos alegados, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00526-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

7 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00526-01
Accionante: Lina María Correa Osorio y otros1
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

Tema: Tutela contra providencia judicial

Decisión: Revocar la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la tutela por falta de relevancia constitucional y
en su lugar, negar las pretensiones por no configurarse los
defectos alegados.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante a través de apoderado contra la
providencia del 7 de marzo de 2025 proferida por la Sección Tercera, Subsección
A del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción
presentada por Lina María Correa Osorio, en nombre propio y en representación
de su esposo Wber Emilio Toro Muñoz; María Aracelly Muñoz de Toro, Darly
Amparo Toro Muñoz, Alba Leydi Toro Muñoz, Niller Ladi Toro Muñoz y Diego
Yesid Toro Muñoz por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional y
asimismo, declaró improcedente la acción en relación con Héctor Favio Toro
Muñoz, Oscar Egidio Toro Muñoz, Eyder Aspren Toro Muñoz, Elkin Liselder Toro
Muñoz, y Lucy Aidee Toro Muñoz por carecer de legitimación en la causa por
activa.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos2

2. El 11 de marzo de 2012, el señor Wber Emilio Toro Muñoz sufrió un accidente
de tránsito en su motocicleta, sin llevar los elementos de protección personal,
cuando se desplazaba entre los municipios de Balboa y Santuario (Risaralda) a
la altura del corregimiento “Patio Bonito”, vereda Momblan, al colisionar con un
vehículo tipo ambulancia perteneciente a la E.S.E. Hospital San José de la Celia

1 Lina María Correa Osorio, actúa en nombre propio y en representación de su esposo Wber Emilio Toro

Muñoz, María Aracelly Muñoz de Toro, Darly Amparo Toro Muñoz, Alba Leydi Toro Muñoz, Niller Ladi Toro
Muñoz y Diego Yesid Toro Muñoz
2 Índice 2 del aplicativo SAMAI.

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Accionante: Lina María Correa Osorio y otros

– Risaralda, conducido por el señor Ornar Antonio Franco Álvarez, bombero
voluntario y concejal del municipio, quien transportaba a la paciente Inés Elvira
López, que estaba acompañada por su hija, Lilia del Socorro Quiceno López,
quien junto con el señor Franco Álvarez, fueron los únicos testigos de los hechos.

3. La parte actora alegó que, como consecuencia del accidente, el señor Toro
Muñoz sufrió lesiones graves y permanentes, además de secuelas físicas y
psicológicas que afectaron significativamente su calidad de vida y la de su familia.

4. Asimismo, atribuyó la responsabilidad del suceso al conductor de la
ambulancia, argumentando que no se proporcionó una atención oportuna al
afectado. En particular, señaló que el señor Franco Álvarez, quien conducía el
vehículo de emergencia, lo hacía sin el acompañamiento de un paramédico, cuya
presencia pudo haber evitado las secuelas sufridas por la víctima.

5. Por los sucesos descritos, en el año 2014, presentaron una acción a través del
medio de control de reparación directa3, pretendiendo la declaratoria de
responsabilidad de la ESE referida y el reconocimiento de los perjuicios causados
al señor Toro Muñoz y sus familiares, la cual fue negada por la autoridad judicial
mediante providencia del 1 de noviembre de 2019. La decisión fue apelada y
confirmada4 por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado
mediante sentencia del 17 de junio de 2024, con radicado 66001-23-33-000-
2014-00183-01 (65563).

2.2. Fundamento jurídico

6. La parte accionante argumentó que se vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso, el acceso a la administración de justicia y a la igualdad, con
ocasión de la presunta existencia de las siguientes causales de procedibilidad de
la tutela contra providencia judicial:

7. Afirmó que presuntamente se configuró un defecto fáctico, porque el ad quem
realizó una indebida valoración probatoria con relación a los testimonios que a su
juicio acreditaron el daño y la relación causal entre este y la falla probada del
servicio imputable a la institución demandada.

8. En primer lugar, con respecto al testimonio del señor Omar Antonio Franco
Álvarez, señaló que ha debido tenerse en cuenta que, al ser el conductor de la
ambulancia involucrada en el accidente, su credibilidad e imparcialidad pudo

3 Seguida bajo el radicado 66001-23-33-000-2014-00183-00 ante el Tribunal Administrativo de Risaralda.
4
El Tribunal consideró que aunque se acreditó la ocurrencia del accidente, el lugar, la hora y los vehículos
involucrados, no existían pruebas concluyentes sobre las circunstancias exactas del siniestro pues no se
contó con un croquis oficial, los testimonios presenciales eran contradictorios e insuficientes, y las fotografías
aportadas no permitieron determinar si hubo alteraciones en la escena; por lo que en consecuencia, no era
posible establecer la causa precisa del accidente ni determinar si la responsabilidad recaía en la
administración o en el particular afectado. Indicó que tampoco se probó una infracción a las normas de
tránsito ni se identificó cuál de los riesgos creados fue la causa adecuada del daño, por lo que, en aplicación
del artículo 167 del CGP, confirmó la sentencia apelada, toda vez que la carga de la prueba recaía
sobre las partes, y en ausencia de elementos probatorios suficientes, no era posible atribuir
responsabilidad al Estado.

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Acción de Tutela
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Accionante: Lina María Correa Osorio y otros

verse afectada por el interés directo que tenía en el resultado del proceso, de
conformidad con el artículo 211 del Código General del Proceso y la circunstancia
de existir un proceso penal en su contra por los mismos hechos.

9. En ese entendido, sostuvo que, pese a que dicho testimonio fue objeto de
tacha, la Sección Tercera del Consejo de Estado no se pronunció sobre esta, ni
sobre el hecho de que este fuera un testigo “sospechoso”.

10. Aunado a lo anterior, reprochó que se desestimó la declaración5 de la señora
Lilia del Socorro Quiceno López, quien iba en la ambulancia y tuvo una versión
diametralmente opuesta a la presentada por el señor Franco Álvarez, quien
conducía dicho vehículo.

11. En ese entendido, alegó que no se valoró en conjunto la declaración de la
testigo con las fotografías y demás documentos anexados al expediente, en los
términos previstos por la jurisprudencia, que demostraban la veracidad de lo
afirmado por la señora Quiceno López.

12. Además, indicó que existió un defecto por decisión sin motivación, pero en
esencia reiteró el mismo planteamiento alegado en el presunto defecto fáctico,
esto es, la indebida valoración de los testimonios de los únicos testigos del hecho,
el señor Franco Álvarez y la señora Quiceno López.

2.3. Pretensiones

13. La parte accionante solicitó:

«[…] PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, el
acceso a la administración de justicia y la igualdad vulnerados a los
accionantes.

SEGUNDO: Se ordene dejar sin efecto la sentencia proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C del 17 de junio del 2024, notificada
el 31 de julio de la misma anualidad.

TERCERO: Se ordene proferir una nueva decisión en la que se garanticen los
postulados convencionales, constitucionales y legales en la materia y, por
consiguiente, en la que se revoque la sentencia de primera instancia para en
su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda. […]». (Sic en toda la cita)

2.4. Intervenciones

14. La acción de tutela fue admitida por la Sección Tercera, Subsección A del
Consejo de Estado mediante auto del 6 de febrero de 20256, en el que ordenó
notificar a la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado en su calidad
de accionada y vinculó al Tribunal Administrativo de Risaralda, a la E.S.E.
Hospital San José de la Celia, Risaralda, a la Previsora S.A. Compañía de
Seguros, a los señores Hecto Favio Toro Muñoz y María Aracelly Muñoz de Toro
y a los demás intervinientes dentro del proceso de reparación directa con

5
Índice 9 del aplicativo SAMAI, 2014-00183-00 C. Pruebas 2, pág. 90-91. Declaración extraproceso núm.
382 presentada ante la Notaría Única del Círculo de la Celia, Risaralda.
6 Índice 4 del aplicativo SAMAI.

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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00526-01
Accionante: Lina María Correa Osorio y otros

radicado núm. 66001-23-33-000-2014-00183-00/01 como terceros con
interesados el resultado del proceso.

15. Asimismo, notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para
lo de su competencia, y reconoció personería a la abogada Claudia Viviana
Muñetón Londoño.

2.4.1. La Sección Tercera Subsección C7 a través del magistrado William
Barrera Muñoz, solicitó denegar el amparo argumentando que la providencia del
17 de junio de 2024 no incurrió en los defectos alegados ni en ninguna trasgresión
ius fundamental.

16. Indicó que, con relación al supuesto defecto fáctico, no desconoció la posible
falta de imparcialidad del testimonio del conductor involucrado en los hechos,
pero determinó que el deber del juez no era descartarlo de inmediato, sino
analizarlo en conjunto con el resto del material probatorio, conforme a las reglas
de apreciación del artículo 176 del Código General del Proceso (CGP), de
acuerdo con las reglas de la sana crítica.

17. Afirmó que la sentencia señaló con respecto al testimonio de la señora
Quiceno López que, aunque la declarante describió con precisión la conducta del
conductor y aportó detalles sobre el carril por donde transitaba la motocicleta y la
forma en que era manejada, en el expediente no existían pruebas que
corroboraran su percepción de los hechos. En este sentido, adujo que esa
Sala enfatizó que el proceso de percepción de la testigo debía ser analizado con
especial cuidado al momento de valorar su declaración, evitando asumir como
ciertos elementos que no contaban con sustento probatorio.

18. Finalmente, frente al reproche respecto a que hubo una ausencia de
motivación respecto de la prueba testimonial en la decisión, indicó que la Sala
expuso razonadamente el mérito que les asignó a estas.

2.4.2. La E.S.E. Hospital San José de la Celia, Risaralda, a través de su
director solicitó declarar improcedente la acción pues argumentó que no cumple
con los requisitos de subsidiariedad, inmediatez y relevancia constitucional.

19. Asimismo, solicitó negar las pretensiones de los accionantes, por cuanto no
se configuró vulneración al debido proceso ni al acceso a la administración de
justicia por lo que pidió que se mantuviera en firme la decisión adoptada por el
Consejo de Estado, dado que se ajustó a derecho y respetó las garantías
procesales, pues analizó los elementos probatorios con base en los principios de
sana crítica, sin que se evidencie la existencia de un defecto fáctico.

2.4.3. No se realizaron más intervenciones.

7 Índice 13 del aplicativo SAMAI.

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Accionante: Lina María Correa Osorio y otros

2.5. Sentencia Impugnada8

20. El Consejo de Estado, Tercera, Subsección A, mediante sentencia del 7 de
marzo de 2025, declaró improcedente9 la solicitud de tutela por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional toda vez que el actor pretendía revivir un
asunto ya resuelto en el debate ordinario de reparación directa.

21. Asimismo, decidió declararla improcedente por carecer de legitimación en la
causa activa con respecto a otros de los accionantes10.

2.6. Impugnación11

22. El actor sostuvo que la valoración probatoria que fundamentó la sentencia de
segunda instancia no fue objeto de un análisis por parte del a quo y que no es
cierto que los argumentos expuestos en la tutela ya fueron debatidos en el
proceso ordinario.

23. Reiteró lo afirmado en su escrito de tutela respecto a que, a su juicio, no se
tuvo en cuenta la tacha del testigo clave ni las reglas sobre testigos sospechosos,
además de que existió una falta de motivación clara en la determinación del valor
probatorio de las declaraciones.

24. También señaló que la primera instancia omitió examinar la insuficiencia del
análisis de las pruebas, incluyendo la sentencia penal y otros elementos
relevantes. En su criterio, la tutela no buscó reabrir el debate, sino corregir la
omisión del estudio integral de los medios de prueba, pues adujo que ello afectó
su derecho al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia,
por lo que insistió en que la acción tiene relevancia constitucional.

25. Adicionalmente, alegó que los accionantes que fueron deslegitimados en la
causa por activa sí contaban con esta, toda vez que allegó los poderes solicitados
por el a quo.
III. CONSIDERACIONES

3. Competencia

26. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la
referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás
normas concordantes.

8 La Sección Tercera, Subsección A, concluyó que la providencia reprochada valoró integralmente las
pruebas, confrontando testimonios y documentos, pero la falta de certeza sobre las circunstancias del
accidente impidió imputar el daño por falla en el servicio o riesgo excepcional a la entidad demandada.
9 En relación con Lina María Correa Osorio, en nombre propio y en representación de su esposo Wber Emilio

Toro Muñoz, María Aracelly Muñoz de Toro, Darly Amparo Toro Muñoz, Alba Leydi Toro Muñoz, Niller Ladi
Toro Muñoz y Diego Yesid Toro Muñoz.
10
En relación con Héctor Favio Toro Muñoz, Oscar Egidio Toro Muñoz, Eyder Aspren Toro Muñoz, Elkin
Liselder Toro Muñoz, y Lucy Aidee Toro Muñoz
11 Índice 20 del aplicativo SAMAI.

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Accionante: Lina María Correa Osorio y otros

3.1. Cuestión previa

27. El 10 de abril de 202512, encontrándose la presente acción para fallo de
segunda instancia, la Sección Tercera Subsección C, presentó un oficio suscrito
por el magistrado William Barrera Muñoz. En este, afirmó que la impugnación no
demostró una vulneración grave a derechos fundamentales y se basó en la
inconformidad de la parte actora con la valoración probatoria del juez natural, lo
que excede el alcance del amparo constitucional.
28. Señaló que la complejidad probatoria del caso dificultó establecer con certeza
las causas del accidente, pero corresponde al juez ordinario y no al juez de tutela,
determinar la interpretación más razonable de los hechos con base en los
elementos probatorios.
29. Además, indicó que en la impugnación se planteó un nuevo cuestionamiento
sobre la valoración de la sentencia penal dentro del proceso de reparación
directa, lo que constituye una modificación no contemplada en el escrito inicial de
tutela que no debe ser considerado, pues desconocería el debido proceso y la
congruencia de la acción de tutela.
30. No obstante, afirmó que valoró la sentencia penal contra el señor Omar
Antonio Franco Álvarez como prueba documental admisible, pero concluyó que
no tenía fuerza probatoria suficiente para acreditar los hechos en el proceso
contencioso administrativo. En ese sentido, estableció que las conclusiones del
proceso penal no vinculaban la determinación en el marco de la reparación
directa, por lo que aplicó la normativa referente a la carga probatoria sin lograr
acreditar falla en el servicio o riesgo excepcional.

31. Aunado a lo expuesto, manifestó que la sentencia analizó la declaración de
Lilia del Socorro Quiceno en su totalidad, especialmente en lo relativo a los
momentos previos e inmediatos al accidente. Reiteró que, aunque la testigo
detalló la conducta del conductor y la trayectoria de la motocicleta, no existían
pruebas que respaldaran lo que afirmó haber observado. Por ello, la Sala
consideró que su percepción debía evaluarse con cautela, ya que su ubicación
en la ambulancia, en la cabina trasera, pudo limitar la claridad de su visión.

32. En consecuencia, la Sala concluyó que su testimonio no ofrecía el grado de
certeza necesario para determinar con precisión las circunstancias del accidente.
Así las cosas, la falta de pruebas adicionales que corroboraran su versión afectó
la verosimilitud de su relato, lo que impidió que se le otorgara mayor credibilidad
dentro del análisis probatorio realizado.

33. Por las razones expuestas solicitó que se confirmara el fallo de primera
instancia.

3.2. Problema jurídico

34. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico a resolver se
circunscribe a establecer si la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de
Estado al proferir la providencia del17 de junio de 2024 dentro del proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa con radicado
66001-23-33-000-2014-00183-01 (65563) incurrió en los defectos: fáctico y por
decisión sin motivación y con ellos, en la vulneración de los derechos al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad de la señora Lina

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María Correa y otros13

3.3. Procedencia de la acción de tutela

35. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015 fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

36. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.

37. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en
esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica,
la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

38. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y
por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como
son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.

3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
13
Lina María Correa Osorio, actúa en nombre propio y en representación de su esposo Wber Emilio Toro
Muñoz, María Aracelly Muñoz de Toro, Darly Amparo Toro Muñoz, Alba Leydi Toro Muñoz, Niller Ladi Toro
Muñoz y Diego Yesid Toro Muñoz.

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jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados están plenamente identificados.

3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde la ejecutoria de la providencia cuestionada.

3.3.1.4. Contrario a lo afirmado en la sentencia impugnada, el asunto a resolver
cumple con el requisito de relevancia constitucional, en la medida que se centra
en establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia de
una posible afectación al debido proceso y al acceso efectivo a la administración
de justicia con ocasión de la presunta existencia de un defecto fáctico y por
decisión sin motivación de la providencia reprochada, originados en la supuesta
falta de análisis sobre la tacha de un testigo y las reglas sobre testigos
sospechosos, lo que comprometería el principio esencial de imparcialidad en la
decisión judicial.

39. Por tal razón, se revocará la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción por falta de relevancia constitucional, para en su
lugar, hacer un análisis de los argumentos expuestos por la parte accionante.

3.4. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

40. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional14 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa15, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y
sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la
misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las
omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la
veracidad de los hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva16, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

41. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del
juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser,
de carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se

14 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de

2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
15 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
16 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

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presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su
especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual
y conjunto de los elementos probatorios».

42. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por
el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

3.4.1. Análisis del presunto defecto fáctico en la providencia del 17 de junio
de 2024

43. El accionante sostuvo que se configuró un defecto fáctico porque la valoración
probatoria no consideró adecuadamente la posible falta de imparcialidad del
testimonio de Omar Antonio Franco Álvarez, conductor de la ambulancia
involucrado en el accidente. Argumentó que, debido a su interés directo en el
resultado del proceso y la existencia de un juicio penal en su contra, la autoridad
judicial debió pronunciarse sobre la tacha presentada y analizar su condición de
testigo sospechoso.

44. Asimismo, reprochó que la declaración de Lilia del Socorro Quiceno López,
testigo con una versión opuesta a la del conductor, fue desestimada sin una
fundamentación adecuada. Alegó que su declaración no fue valorada en conjunto
con otras pruebas del expediente, como fotografías y documentos, que
respaldaban su versión de los hechos, lo que afectó la determinación de la
responsabilidad del accidente.

45. La Sala considera que el supuesto defecto fáctico alegado no se configura en
este caso, pues se evidenció que en la providencia sí se hizo un análisis de los
testimonios conforme a las reglas de apreciación probatoria establecidas en el
artículo 176 del Código General del Proceso (CGP). En ese entendido, no se
vislumbró que se haya desconocido la posible falta de imparcialidad del
conductor de la ambulancia involucrado directamente en los hechos, sino que se
evaluó su declaración haciendo la salvedad que se trata de un testigo cuya
imparcialidad o credibilidad puede verse afectada por el interés en el resultado
del proceso, en los términos del artículo 211 del CGP17, por lo cual valoró con
mayor rigurosidad ese dicho y en conjunto con el resto del material probatorio.

46. En cuanto a la declaración de la señora Lilia del Socorro Quiceno López la
autoridad judicial accionada determinó que tampoco se podía dar plena
credibilidad a su dicho respecto de las circunstancias de modo en que sucedió el
accidente de tránsito, en tanto, primero, en el expediente no existen pruebas que
respalden su percepción de los hechos y, segundo, el lugar en el que estaba
ubicada en la ambulancia –en la cabina de atrás– pudo incidir en qué aspectos
observó con claridad la testigo y qué no logró percibir desde lugar de ubicación,
pues los detalles que dio en su declaración los dio como si su percepción hubiera
sido completa, circunstancia que puede afectar lo verosímil de su relato.

17 Pág. 21 de la providencia atacada.

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47. Así las cosas, la valoración de los testimonios se realizó bajo las reglas del
artículo 211 del CGP y de la sana crítica, estableciendo que la prueba testimonial
de la señora Quiceno López no era suficiente para atribuir responsabilidad sin
respaldo en otros elementos probatorios. Esto se ajusta al principio de carga
probatoria del artículo 167 del CGP, que exige pruebas concluyentes para
fundamentar la pretensión, lo que no logró acreditar la parte actora para
demostrar el daño y la relación causal entre este y la falla probada del servicio
imputable a la institución demandada.

48. Finalmente, cabe recordar que la acción de tutela no sustituye el análisis
probatorio del juez natural, y que la jurisprudencia constitucional ha sostenido
que:

«[…] Cuando se alega la valoración defectuosa de los medios de prueba que
sustentan determinada hipótesis fáctica, debe demostrarse que el funcionario
judicial adoptó la decisión, desconociendo de forma evidente y manifiesta la
evidencia probatoria. Es decir, se debe acreditar que la decisión se apartó
radicalmente de los hechos probados, resolviendo de manera arbitraria el
asunto jurídico debatido18»

49. En consecuencia, el defecto fáctico no se configura, pues no se evidencia
que el análisis probatorio efectuado por el juez ordinario haya sido arbitrario o
caprichoso, toda vez que fue realizado conforme a la normativa vigente, y no
vulneró el derecho al debido proceso ni afectó la garantía de acceso a la
administración de justicia de la parte actora.

50. Cabe recordar que el máximo órgano constitucional ha expresado que la
tutela contra providencias judiciales no es un juicio de corrección sino de validez
del fallo cuestionado. Por ende, la intervención del juez constitucional solo se
justifica si se verifica la existencia de «una actuación ostensiblemente arbitraria
e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas del derecho
al debido proceso»19, lo que no sucede en el caso concreto.

3.5. Defecto por decisión sin motivación como causal de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales

51. La jurisprudencia constitucional20 ha señalado que el defecto conocido como
«decisión sin motivación» se configura cuando la providencia atacada carece de
fundamentos fácticos y jurídicos que la soporten, lo cual deriva en una decisión
arbitraria que desconoce derechos fundamentales.

52. En desarrollo de lo anterior, la Corte Constitucional21 ha establecido los
criterios que se deben tener en cuenta para establecer si existió un defecto por
falta de motivación, ya que dicha ausencia no puede estructurarse en cualquier
desacuerdo que exista con la justificación de la providencia atacada. Para ello y
con el fin de respetar el principio de autonomía y razonamiento del juez, su

18 Corte Constitucional, Sentencia T-302 de 2003, reiterada en las Sentencias SU-195 de 2012, SU-566 de

2015 y SU-537 de 2017.
19
Cfr. Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, entre otras.
20 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
21 Corte Constitucional, Sentencia T-233 de 2007.

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configuración procederá cuando la argumentación sea defectuosa, insuficiente o
inexistente y “se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de
argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad
del juez, es decir en una arbitrariedad22”.

53. Finalmente, ha insistido la Corte Constitucional23 que cuando se señale que
una providencia judicial incurrió en falta de motivación debido a la ausencia de
razonamientos que sustenten lo decidido, el juez constitucional debe
salvaguardar el derecho de los accionantes a obtener respuestas razonadas que
además les permitan ejercer su derecho de contradicción, ya que aceptar una
decisión que no sustente las razones fácticas y jurídicas iría en contravía de la
función judicial que ostentan los administradores de justicia, situación que
además conllevaría a una flagrante violación del derecho al debido proceso.

3.5.1. Análisis del presunto defecto por decisión sin motivación en la
providencia del 17 de junio de 2024

54. La parte actora indicó que existió un defecto por decisión sin motivación,
pero en esencia reiteró el mismo planteamiento alegado en el presunto defecto
fáctico, esto es la indebida valoración de los testimonios de los únicos testigos
del hecho, el señor Franco Álvarez y la señora Quiceno López.

55. Así las cosas, la Sala advierte que tampoco se encuentra configurado el
defecto alegado en este caso, pues contrario a lo planteado por la parte actora,
la sentencia cuestionada expuso de manera clara y razonada el sustento de su
decisión conforme a las pruebas con las que contaba, cumpliendo con la
exigencia de motivación de las providencias judiciales.

56. La conclusión de la autoridad judicial estuvo ajustada a derecho, pues explicó
de manera fundamentada, que la ausencia de certeza sobre la responsabilidad
del accidente le impidió atribuir el daño a una falla del servicio, circunstancia que
no puede considerarse per se una vulneración ius fundamental. En este sentido,
el juez de tutela no puede sustituir el criterio del juez natural ni revalorizar
pruebas, pues sale de la órbita de sus competencias.

57. Por lo anterior, el defecto por decisión sin motivación no se configura, dado
que la providencia impugnada cumplió con los requisitos de fundamentación
exigidos por la legislación y la jurisprudencia, garantizando el debido proceso y
el acceso a la administración de justicia de la parte actora.

58. En ese orden de ideas, es preciso revocar la sentencia proferida por la
Sección Tercera Subsección A del Consejo de Estado el 7 de marzo de 2025 que
declaró la improcedencia de la acción de tutela por no agotar el requisito de
relevancia constitucional, para en su lugar negar el amparo solicitado por no
configurarse los defectos alegados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

22 Corte Constitucional, Sentencia T-709 de 2010.
23 Corte Constitucional, Sentencia T-041 de 2018.

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Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar la sentencia de primera instancia del 7 de marzo de 2025
proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, que
declaró la improcedencia de la acción de tutela al no acreditar el requisito de
relevancia constitucional, para en su lugar,

Segundo: Negar las pretensiones, por no configurarse los defectos alegados,
de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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