Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00529-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00529-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00529-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
27 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-00529-00
Accionante: RAFAEL JARAMILLO LONDOÑO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN B
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se declara
improcedente por no cumplir con el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Rafael Jaramillo
Londoño contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Rafael Jaramillo Londoño solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana y al acceso a la
administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 8 de
julio de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado dentro del medio de control de reparación directa identificado con el
número de radicación 13001-23-33-000-2017-00949-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:
2.1. Manifestó que el 26 de mayo de 2014 el Personero Municipal del Municipio El
Carmen de Bolívar presentó una denuncia “[…] contra personas indeterminadas, por
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00529-00
Accionante: Rafael Jaramillo Londoño
la distribución de fotos y videos pornográficos que involucraban menores de edad
[…]” en el gimnasio MIAMI GYM de su propiedad.
2.2. Señalóque la Fiscalía Seccional 43 de El Carmen de Bolívar realizó un
allanamiento al local mencionado supra.
2.3. Mencionóque el 27 de noviembre de 2015, la Fiscalía Seccional 43 de El
Carmen de Bolívar ordenó el archivo de la investigación “[…] pues <<no se pudo
establecer que los señores Pedro Sait Paulo Conde y Rafael Jaramillo Londoño
fueran personas encargadas o responsables de la distribución y comercialización de
imágenes fotográficas y videos con contenido pornográfico que incluía menores de
edad>> […]”.
2.4. Destacó que por lo anterior presentó la demanda de reparación directa núm.
13001-23-33-000-2017-00949-00/01 contra la Nación - Fiscalía General de la
Nación, para que se repararan los daños padecidos con “[…] la privación injusta
de la investigación penal realizada por la FISCALIA [sic] 43 SECCIONAL,
UNIDAD SECCIONAL DEL CARMEN DE BOLIVAR, [sic] por el presunto delito de
PORNOGRAFIA [sic] CON MENORES, que fue archivada el 27 de noviembre de
2025, por falta de antijuridicidad material […]”.
2.5. Precisóque, mediante sentencia de 5 de junio de 2020, el Tribunal
Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la demanda.
2.6. Indicó que apeló la decisión de primera instancia y que, mediante sentencia de
8 de julio de 2024, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
confirmó la decisión recurrida y lo condenó en costas.
2.7. Adujo que la providencia cuestionada vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la dignidad humana y al acceso a la administración de justicia,
por incurrir en un defecto fáctico y en una violación directa de la Constitución.
2.8. Como fundamento del defecto fáctico indicó lo siguiente:
“[…] Los Tribunales Contenciosos Administrativos, con carencia de apoyo
probatorio en relación al hecho punible, por el cual se me realizó el
allanamiento y registro de mis propiedades, donde se incautaron y retuvieron
por un tiempo prolongado mis equipos tecnológicos: computadores, discos
duros, teléfonos celulares, micro SD, memorias USB, CD y DVD; de mi
propiedad, que eran utilizados para el desarrollo de mi trabajo.
Asimismo, los Tribunales Administrativos deciden aplicar una valoración
irrazonable a las múltiples pruebas que reposan dentro del expediente, y que
demuestran que se me cometió un daño por parte de la FISCALIA [sic]
GENERAL DE LA NACION, [sic] por retener los equipos tecnológicos por un
periodo prolongado, los cuales eran fuente de mi trabajo, ocasionándome así
un detrimento patrimonial y amenazas a mi vida.
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Accionante: Rafael Jaramillo Londoño
Contrario a lo manifestado por el CONSEJO DE ESTADO en la sentencia de
fecha 8 de julio de 2024, si [sic] existen pruebas suficientes que demuestren
el daño que me fue ocasionado por la FISCALIA [sic] GENERAL DE LA
NACION, [sic] al retener mis elementos de trabajo, lo que me llevó a perder el
trabajo y cerrar el local comercial por la baja afluencia de personas y
posteriormente mal venderlo por las amenazas que fui víctima y que fueron
puesta en conocimiento de la FISCALIA. [sic]
Los equipos tecnológicos que me fueron incautados por casi seis (6) meses,
al momento de hacer la entrega de los mismos, fueron recibidos en mal
estado, lo que agrandó más el daño ocasionado.
El CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO – SECCION [sic] TERCERA – SUBSECCION [sic] B,
yerro [sic] al darle una valoración equivocada a las pruebas aportadas en el
proceso de reparación directa. […]”.
2.9. Sobre la violación directa de la Constitución precisó que se transgredieron sus
derechos fundamentales “[…] al desconocer el precedente jurisprudencial y las
pruebas aportadas dentro del proceso de reparación directa, además por incurrir
en un defecto fáctico por carecer de sustento probatorio suficiente para proceder
a aplicar el supuesto legal en el que se sustentó la decisión. […]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Tutelar el derecho fundamental al debido proceso, dignidad humana y
acceso de la administración de justicia conforme a la garantías que se
invocan vulneradas, desconocimiento del precedente, tutela jurisdiccional
efectiva) que fuere conculcado por el CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCION [sic] TERCERA –
SUBSECCION [sic] B, con ocasión de la expedición de la Sentencia del 8 de
julio de 2024; acotando que de encontrarse que son otros los derechos
fundamentales a amparar, o por unas razones diferentes a las expuestas, se
proceda de conformidad según las posibilidades de fallar iura novit curia y
extra y ultra petita que rigen en sede de tutela.
2. Consecuencia de lo anterior, dejar sin efecto la providencia del 8 de julio de
2024, emanado del CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO – SECCION [sic] TERCERA – SUBSECCION [sic] B en
contra de la FISCALIA [sic] GENERAL DE LA NACION [sic]
3. Ordenar al CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO – SECCION [sic] TERCERA – SUBSECCION [sic] B, que
emita un nuevo fallo debidamente motivado que en derecho corresponda
[…]”. [Negrilla y mayúscula original del texto]
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00529-00
Accionante: Rafael Jaramillo Londoño
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 5 de febrero de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vinculó en calidad
de terceros con interés directo en el resultado del proceso a la Nación – Fiscalía
General de la Nación y al Tribunal Administrativo de Bolívar.
5. El 25 de febrero de 2025 el Consejero de Estado doctor Oswaldo Giraldo López
manifestó impedimento en el proceso de la referencia y mediante auto de 27 de
febrero de 2025, la Sección lo declaró infundado.
V. INTERVENCIONES
6. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las
vinculadas, se allegaron los siguientes informes:
6.1. ElTribunal Administrativo de Bolívar solicitó, a través del magistrado
ponente de la decisión de 5 de junio de 2020, su desvinculación en razón a que
“[…] el accionante busca cuestionar la providencia judicial emitida por el
CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO –
SECCION [sic] TERCERA – SUBSECCION [sic] B […] y no se observa pretensión
dirigida directamente a esta corporación. […]”.
6.2. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través
del magistrado ponente de la decisión controvertida, señaló lo siguiente: “[…] me
permito manifestar que no participaré en la acción de tutela de la referencia como
parte ni como tercero y acataré estrictamente las disposiciones que se adopten en
ella. […]”.
6.3. La Fiscalía General de la Nación solicitó, a través de la Profesional
Especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos, su desvinculación por carecer
de legitimación en la causa por pasiva.
6.4. También solicitó declarar improcedente la acción de tutela por no cumplir los
requisitos generales de procedencia de subsidiariedad y relevancia constitucional.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
7. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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Accionante: Rafael Jaramillo Londoño
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20245.
VI.2. Cuestión previa
8. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de
desvinculación procesal presentadas por la Fiscalía General de la Nación y el
Tribunal Administrativo de Bolívar.
9. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20066, señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso. […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de
las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar
los principios de legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].
10. Teniendo en cuenta que la Fiscalía General de la Nación fue parte demandada
dentro del medio de control de reparación directa objeto de la presente acción de
tutela, la Sala considera que le asiste el interés jurídico para ser vinculada a esta
acción constitucional. En cuanto al Tribunal Administrativo de Bolívar se observa
que fue la autoridad judicial que conoció el proceso en primera instancia.
11. Por lo anterior, se denegarán las solicitudes de desvinculación elevadas, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
VI.3. Problemas jurídicos
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
5
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
6
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
6
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Accionante: Rafael Jaramillo Londoño
12. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:
b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
13. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo
posteriormente a (ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos
alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias
adjetivas.
VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
14. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
15. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
16. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la
sentencia SU-627 de 2015.
17. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00529-00
Accionante: Rafael Jaramillo Londoño
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.
18. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en
dichos parámetros.
19. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
20. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.
VI.5. El caso concreto
21. El señor Rafael Jaramillo Londoño solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana y al acceso a la
administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 8 de
julio de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado dentro del medio de control de reparación directa identificado con el
número de radicación 13001-23-33-000-2017-00949-00/01.
9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una
situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
10
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00529-00
Accionante: Rafael Jaramillo Londoño
22. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
en especial el de relevancia constitucional.
VI.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
23. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental11 y no cuando
guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico
que deberán ser definidos por otras jurisdicciones12.
24. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales13, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces14.
25. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación15, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada
por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se
convierta en una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia
constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es
menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su
pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo
constitucional […]”. [Negrilla fuera del texto].
11
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr.
Jaime Córdoba Triviño.
12
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
13
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
14
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
15
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00529-00
Accionante: Rafael Jaramillo Londoño
26. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202216 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los
deberes del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción
de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer
algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela
formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el
reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación
directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional
del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está
dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la
discusión definida ante los jueces ordinarios.
[…]
16
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00529-00
Accionante: Rafael Jaramillo Londoño
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y
explicativa rígida pues no se demuestra una grave violación de los
derechos fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera
del texto].
27. Valgadestacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de
202317.
28. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la
mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial
que no involucre derechos fundamentales18.
29. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales indicados supra por haber
incurrido, presuntamente, en un defecto fáctico y en una violación directa de la
Constitución.
30. Como fundamento del defecto fáctico indicó lo siguiente:
“[…] Los Tribunales Contenciosos Administrativos, con carencia de apoyo
probatorio en relación al hecho punible, por el cual se me realizó el
allanamiento y registro de mis propiedades, donde se incautaron y retuvieron
por un tiempo prolongado mis equipos tecnológicos: computadores, discos
duros, teléfonos celulares, micro SD, memorias USB, CD y DVD; de mi
propiedad, que eran utilizados para el desarrollo de mi trabajo.
Asimismo, los Tribunales Administrativos deciden aplicar una valoración
irrazonable a las múltiples pruebas que reposan dentro del expediente, y que
demuestran que se me cometió un daño por parte de la FISCALIA [sic]
GENERAL DE LA NACION, [sic] por retener los equipos tecnológicos por un
periodo prolongado, los cuales eran fuente de mi trabajo, ocasionándome así
un detrimento patrimonial y amenazas a mi vida.
Contrario a lo manifestado por el CONSEJO DE ESTADO en la sentencia de
fecha 8 de julio de 2024, si [sic] existen pruebas suficientes que demuestren
17
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00529-00
Accionante: Rafael Jaramillo Londoño
el daño que me fue ocasionado por la FISCALIA [sic] GENERAL DE LA
NACION, [sic] al retener mis elementos de trabajo, lo que me llevó a perder el
trabajo y cerrar el local comercial por la baja afluencia de personas y
posteriormente mal venderlo por las amenazas que fui víctima y que fueron
puesta en conocimiento de la FISCALIA. [sic]
Los equipos tecnológicos que me fueron incautados por casi seis (6) meses,
al momento de hacer la entrega de los mismos, fueron recibidos en mal
estado, lo que agrandó más el daño ocasionado.
El CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO – SECCION [sic] TERCERA – SUBSECCION [sic] B,
yerro [sic] al darle una valoración equivocada a las pruebas aportadas en el
proceso de reparación directa. […]”.
31. Sobre la violación directa de la Constitución precisó que se transgredieron sus
derechos fundamentales “[…] al desconocer el precedente jurisprudencial y las
pruebas aportadas dentro del proceso de reparación directa, además por incurrir
en un defecto fáctico por carecer de sustento probatorio suficiente para proceder
a aplicar el supuesto legal en el que se sustentó la decisión. […]”.
32. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional; ii) no se superó la carga mínima argumentativa; y iii) la parte
accionante pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia con lo
que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el órgano de cierre de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
33. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.
34. Se resalta que cuando se alega la configuración de un defecto fáctico es deber
de la parte accionante, a efectos de superar la carga mínima argumentativa,
cumplir con los siguientes requerimientos, y no solo con identificar las pruebas
que fueron dejadas de valorar o indebidamente valoradas por la autoridad judicial:
i) explicar e identificar las reglas de la lógica, de la experiencia y de la sana crítica
que fueron omitidas por el juez; ii) exponer por qué la omisión de la autoridad
judicial fue determinante en decisión adoptada, y iii) indicar las razones por las
que la omisión de la autoridad judicial constituye una actuación grosera, arbitraria
e irrazonable19.
19
Al respecto, ver sentencia de 28 de febrero de 2020, proferida por esta Sala de Decisión dentro de la acción de tutela
promovida por la sociedad SOLLA S.A. en contra de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con radicado número
11001-03-15-000-2020-00342-00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00529-00
Accionante: Rafael Jaramillo Londoño
35. En este punto, resulta necesario resaltar que la simple enunciación de una
inconformidad respecto de la decisión adoptada mediante providencia judicial no
conduce a que el juez de tutela pueda abordar el fondo del asunto, ya que esta
autoridad no actúa como instancia adicional o de revisión del proceso y, es por
esto, que la intervención del juez constitucional se encuentra limitada por los
argumentos que el extremo accionante haya expuesto o planteado en el
mecanismo de amparo.
36. Esta falencia argumentativa no puede ser subsanada por el juez de tutela, dado
que la presente acción constitucional se dirige contra una providencia judicial que
ha hecho tránsito a cosa juzgada; por lo cual es exigible el cumplimiento de una
carga mínima argumentativa que habilite un examen de fondo del caso. En
armonía con lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022
señaló lo siguiente:
[…] [D]ado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, “el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene
‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”20. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis
únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, además de
verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de
procedencia […]. [Negrilla fuera del texto].
37. Además, se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional
fue analizada por la autoridad judicial accionada en la providencia cuestionada:
“[…] 9.- La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, toda vez que no encuentra probado que la
investigación penal en la cual se ordenó el allanamiento del gimnasio y de la
vivienda del demandante Rafael Jaramillo Londoño le haya causado un daño
antijurídico; esto es, una afectación especial, particular o grave que deba ser
indemnizada por el Estado de conformidad con el artículo 90 de la
Constitución Política.
10.- La jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que, por regla
general, la vinculación de una persona a una actuación penal, sin que exista
privación de la libertad, no causa un daño antijurídico que deba ser reparado
en los términos del artículo 90 de la C.P. Lo anterior, en la medida en que el
sometimiento a una investigación penal no es una carga excesiva,
desproporcionada o que sobrepase las que todos los ciudadanos están
obligados a soportar por el simple hecho de vivir en sociedad y en
consideración de que estas investigaciones se adelantan en interés de la
comunidad. Y también ha indicado que cuando ellas generen un perjuicio
particular y grave es posible considerar que se causó un daño antijurídico
cuyas consecuencias deban ser indemnizadas.
11.- En este sentido, la jurisprudencia ha señalado:
20
Sentencia SU-074 de 2022.
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Accionante: Rafael Jaramillo Londoño
[…]
12.- En este caso no se acreditó que la investigación penal adelantada por la
Fiscalía hubiese trascendido públicamente y que, como consecuencia de lo
anterior, el demandante hubiese sufrido los perjuicios que reclama en su
demanda. En efecto:
12.1.- La Fiscalía no ordenó la vinculación del demandante a la investigación
penal; el ente investigador, luego de realizar el allanamiento del gimnasio de
su propiedad y de su vivienda, dispuso la devolución de los objetos
incautados y el archivo de la investigación.
12.2.- No se demostró que la existencia de la investigación penal, y en
particular la realización de diligencia de allanamiento al gimnasio y a la
residencia del demandante, hayan trascendido socialmente, ni que a raíz de
estos hechos el demandante haya padecido afectaciones indemnizables. Si
bien en la demanda se afirma que, a raíz de la investigación penal, la víctima
directa recibió amenazas y fue estigmatizado como corruptor de menores por
la comunidad del municipio donde residía, lo que lo obligó a vender el
gimnasio, estos hechos no se acreditaron. Para su demostración, el
demandante se limitó a allegar al sub judice la denuncia penal que interpuso
ante la Fiscalía contra personas indeterminadas en las que manifestó haber
recibido amenazas con ocasión de la investigación penal. Sin embargo, con la
denuncia el demandante no adjuntó prueba de esas amenazas. Y tampoco
allegó a este proceso ningún medio de prueba que acreditara su existencia, ni
las decisiones que tomó la Fiscalía con ocasión de ella.
12.3.- El demandante tampoco demostró que el allanamiento realizado por la
Fiscalía se hubiese cumplido irregularmente; no hay ninguna constancia de
que en su práctica se hubiese solicitado tomar las medidas correspondientes
que impidieran al demandante continuar con el trabajo que, de acuerdo con lo
afirmado en la demanda, realizaba con una empresa radicada en el exterior.
La irregularidad en la práctica de la diligencia podría haber causado perjuicios
distintos de los que puede generar la simple investigación, pero ellos no
fueron demostrados.
12.4.- Adicionalmente, el demandante no acreditó el ejercicio de una actividad
comercial en el exterior ni demostró que la incautación de los computadores
realizada por la Fiscalía le impidió continuar trabajando como gerente de
ventas de la empresa Express Vanlines domiciliada en Estados Unidos. Para
demostrar este perjuicio, el demandante allegó los siguientes documentos: (i)
una copia de la licencia de funcionamiento de la empresa Express Vanlines,
expedida por una autoridad oficial en Las Vegas21; (ii) una impresión de la
página web del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (US
Department of Transportation)22; y (iii) un correo electrónico remitido por el
señor Jason Morgan en el que señala que el demandante fue empleado por la
empresa Express Vanlines entre 2008 y 2014 como gerente de ventas y que
por su labor recibía entre mil quinientos (US$1.500) y tres mil quinientos
(US$3.500) dólares americanos por semana. En este correo también se
señala que en junio de 2014 el demandante perdió el acceso a sus
computadores y, con estos, a toda la información relacionada con las labores
21
Fl. 276, C-2.
22
Fl. 277-282, C-2.
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Accionante: Rafael Jaramillo Londoño
de la empresa, por lo que no pudo seguir trabajando23. En relación con estos
medios de convicción, la Sala destaca que:
[…]
12.5.- La parte actora tampoco acreditó que la Fiscalía devolvió en mal estado
los equipos tecnológicos incautados durante la investigación. Por el contrario,
en el acta de entrega de dichos equipos tecnológicos, que fue suscrita por el
demandante Rafael Jaramillo Londoño, se lee: <<es de anotar que los
elementos se entregan conforme como fueron recibidos>>24.
12.6.- En relación con la venta del gimnasio ocurre lo mismo: el demandante
no acreditó que tuvo que vender el gimnasio con ocasión de la investigación
penal. Para probar este perjuicio, la parte actora se limitó a allegar el contrato
de compraventa mediante el cual vendió el gimnasio por un valor de cinco
millones de pesos ($5.000.000)25 en enero de 2016, y las facturas de los
aparatos que operaban en el gimnasio, los cuales compró entre mayo y
noviembre de 2013 por un valor superior a los sesenta millones de pesos
($60.000.000)26. Sin embargo, estos medios de convicción no acreditan que el
actor hubiera vendido el gimnasio como consecuencia de las amenazas que
recibió debido a la investigación penal que cursaba en su contra y que, por
ellas, tuvo que abandonar el municipio de Carmen de Bolívar. En efecto, en el
plenario no hay pruebas (i) de que el actor recibió amenazas derivadas de la
investigación penal en curso27; (ii) de que se vio obligado a abandonar el
municipio de Carmen de Bolívar con ocasión de dichas amenazas; ni (iii) de
que tenía –necesariamente– que malvender su gimnasio para poder mudarse.
12.7.- Por último, el demandante tampoco demostró que los ingresos del
gimnasio disminuyeron con ocasión de la investigación penal. Para acreditar
este perjuicio, la parte actora allegó un dictamen según el cual <<los ingresos
dejados de percibir por el interesado por concepto de ventas del
establecimiento de comercio MIAMI GYM ascienden a los ciento treinta y un
millones cuarenta mil pesos ($131.040.000), teniendo en cuenta un promedio
mensual de tres millones seiscientos cuarenta mil pesos ($3.640.000)>>28.
Sin embargo, la Sala considera que las conclusiones del dictamen deben ser
desestimadas porque:
a.- El dictamen pericial tiene serias deficiencias técnicas. Por ejemplo, para
establecer el monto dejado de percibir por el demandante, el perito no se dio
a la tarea de comparar las ganancias que el establecimiento de comercio
generó antes y después de que se adelantara la investigación penal en contra
de su propietario. Lo que hizo fue tomar la declaración de renta del propietario
(que, por lo demás, no está en el plenario) y multiplicarla por el número de
meses durante los cuales la investigación penal estuvo en curso; este cálculo
de ninguna forma acredita que el establecimiento de comercio efectivamente
dejó de percibir ingresos. Además, parte de la premisa –no probada– de que,
23
Fl. 272-275, C-2.
24
Fl. 38, C-1.
25
Fl. 51-53, C-1.
26
Fl. 54-62, C-1.
27
Está probado que el 22 de enero de 2016 el demandante Rafael Jaramillo Londoño denunció que estaba recibiendo
amenazas telefónicas, en las que le decían <<que tenía que abandonar el pueblo porque era un corruptor de menores y
que, si seguía en el pueblo, lo iban a matar a él y a su familia, por lo que decidió abandonar el municipio y malvender todos
sus bienes>> (fl. 41-43C-1). Sin embargo, al ser la denuncia una simple afirmación de la parte, no acredita que
efectivamente hubo amenazas y que estas fueron una consecuencia de la investigación penal.
28
Fl. 287, C-2.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00529-00
Accionante: Rafael Jaramillo Londoño
desde el momento en el que inició la investigación, el establecimiento no
recibió ingreso alguno.
b.- En todo caso, la Sala no encuentra probado que el gimnasio del
demandante Rafael Jaramillo Londoño dejó de percibir ingresos por los
rumores generados por la investigación penal que se adelantó en su contra.
Así las cosas, aun si estuviera acreditado que el establecimiento perdió
dinero, no está demostrado que ello fue una consecuencia directa de las
actuaciones desplegadas por la Fiscalía General de la Nación dentro de la
investigación que adelantó por el delito de pornografía con menores de
dieciocho (18) años en el municipio de Carmen de Bolívar. […]”. [Cursiva
original del texto].
38. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta
sede constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo y no se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o,
se hubiesen desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en
el trámite del proceso contencioso administrativo.
39. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del
fallo cuestionado […]”29. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte
Constitucional, que este “[…] mecanismo de amparo constitucional […]” no puede
ser “[…] utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial […]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes
cuentan con los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el
legislador para combatir las decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o
incompatibles con sus derechos […]”30. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar
dichos recursos persiste una clara arbitrariedad judicial, solo en ese caso se
encuentra habilitada la tutela contra providencias judiciales […]”31.
40. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de amparo al no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Fiscalía
General de la Nación y el Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
29
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
30
Ibid.
31
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00529-00
Accionante: Rafael Jaramillo Londoño
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta Ausente con excusa
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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