RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-00554-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00554-00

Fecha
1 de abril de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00554-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. AMPARAR el derecho fundamental de petición de la señora Flor Marina Ruíz Bedoya, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. En consecuencia, ORDENAR a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, de respuesta congruente y fondo a la petición elevada el 27 de noviembre de 2024, por la señora Flor Marina Ruíz Bedoya, respecto al certificado de antecedentes disciplinarios. TERCERO. ADVERTIR a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que el incumplimiento de lo dispuesto en este fallo dará lugar a las sanciones establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. QUINTO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00554-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

1 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., primero (1) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia : Acción de tutela
Radicado : 11001-03-15-000-2025-00554-001
Accionante : Flor Marina Ruiz Bedoya
Demandado : Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Derechos : Petición y habeas data
Tema : Derecho de petición
Decisión : Ampara el derecho de petición

La Sala procede a dictar sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela
presentada por Flor Marina Ruiz Bedoya en contra de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico

De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por la parte
actora y luego resolverá lo pertinente en torno a las pretensiones de este
mecanismo constitucional.

1.2. La demanda de tutela

Flor Marina Ruiz Bedoya actuando en nombre propio, interpuso el presente recurso
de amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales de
petición y habeas data, los cuales estima vulnerados por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial. Por consiguiente, solicitó que, se ordene a la accionada corregir

1
Expediente digital disponible en SAMAI.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00554-00
Accionante: Flor Marina Ruiz Bedoya
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

el certificado de sanciones pendientes a su cargo y el de antecedentes
disciplinarios.

1.3. Hechos2

Que, el 9 de febrero de 2023 canceló en el Banco Agrario de Sincelejo (Sucre), el
valor de una sanción disciplinaria de multa que le fue impuesta,3 pero que, una vez
consultados los certificados de antecedentes disciplinarios y de sanciones encontró
que aún aparecía vigente y pendiente de pago.

Que, el 27 de noviembre de 2024, solicitó a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial la actualización del sistema, al no tener sanciones a su cargo.

Que, el 19 de diciembre de 2024, a través del oficio S.J. 57957 ZRS, la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial le solicitó anexar la certificación de pago, expedida
por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Unidad de Presupuesto,
Grupo de Fondos Especiales, por ser los encargados de verificar los pagos
realizados por concepto de las sanciones impuestas de multas a través de fallos
sancionatorios.

Que, la anterior respuesta la remitió a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, Unidad de Presupuesto, Grupo de Fondos Especiales, para que
procedieran a certificar el pago y remitieran la certificación a la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial.

Que, para la fecha de interposición de la acción de tutela, aún no ha obtenido
solución a su caso, pues no se ha procedido a la modificación de la anotación en
los certificados de antecedentes disciplinarios y de sanciones vigentes.

La accionante alega que la respuesta emitida por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial no satisface de fondo su requerimiento, por cuanto la sanción de
multa se extingue una vez cancelada y porque las sanciones no pueden ser

2
Aplicativo SAMAI, índice 0002.
3
Dentro del proceso disciplinario con radicado 70001-11-02-000-2012-00092-01.
2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00554-00
Accionante: Flor Marina Ruiz Bedoya
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

indeterminadas y/o sin límite de tiempo; y además, que en su caso se debe
considerar el pago sin cobro coactivo, en tanto es la única sanción que ha tenido
en 29 años de ejercicio profesional.

II. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto del 5 de febrero de 2025,4 se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar del proveído a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y se requirió a la
señora Flor Marina Ruiz Bedoya para que aportara las pruebas documentales
mencionadas en el escrito de tutela.

2.1. Contestación de la acción

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial5 solicitó negar las pretensiones de
la demanda. Explicó que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley
1952 de 2019, como en el Acuerdo 075 del 21 de mayo de 2024, se expiden dos
tipos de certificados de consulta para los abogados, el primero, denominado
certificado de sanciones vigentes, y el segundo, certificado de antecedentes
disciplinarios, con el fin de diferenciar las sanciones vigentes de los antecedentes
disciplinarios.

Informó que, en petición del 14 de junio de 2023, la accionante ya había solicitado
la actualización del certificado de antecedentes disciplinarios y que, sobre el
particular, en respuesta del 20 de junio siguiente, se le indicó que, dicha
certificación debía contener las sanciones de providencias ejecutoriadas dentro de
los 5 años anteriores a su imposición, por lo que, en el caso no era procedente
eliminar la anotación; y, en lo referente a la petición del 27 de noviembre de 2024,
que, a través del Oficio S. J. 57957 ZRS del 19 de diciembre de 2024, la entidad
brindó contestación informando a la peticionaria el procedimiento a seguir para
proceder con la eliminación en el certificado de sanciones vigentes.

4
Aplicativo SAMAI, índice 00004.
5
Aplicativo SAMAI, índice 00010.
3

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00554-00
Accionante: Flor Marina Ruiz Bedoya
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Señaló que, en el caso de la accionante, se verificó que efectuó el pago de la
sanción de multa, por lo que, en el certificado de sanciones vigentes ya no registra
ninguna anotación; pero que, en lo que tiene que ver con el de antecedentes
disciplinarios no procede su eliminación, toda vez que el registro es indispensable
por el término de 5 años, dado lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 50 de la Ley
1952 de 2019, como en el literal C del numeral 5 del artículo 45 de la Ley 1123 de
2007, de manera que, para el caso, la anotación de la accionante debía permanecer
hasta el 11 de marzo de 2026, atendiendo la fecha de registro de la sanción en la
Oficina de Registro Nacional de Abogados.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud
de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y
333 de 2021.

3.2. Problema jurídico

Se contrae a determinar si la Comisión Nacional de Disciplina Judicial vulneró los
derechos fundamentales de petición y habeas data de la señora Flor Marina Ruiz
Bedoya, al no resolver de fondo la petición del 27 de noviembre de 2024, en la que
solicitó “hacer la anotación correspondiente en el certificado de abogados de
sanciones y antecedentes”.

3.3. Sobre la acción de tutela

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por
los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como
mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales,
permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de

4

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00554-00
Accionante: Flor Marina Ruiz Bedoya
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.4. Sobre el derecho de petición

Consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política en los siguientes términos:

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por
motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador
podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales”.

Por su parte, la Corte Constitucional, respecto del derecho de petición, ha
sostenido:

“Frente a las características esenciales del derecho de petición, ha sido abundante y
reiterativa la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al considerar que el núcleo
esencial de este derecho reside en la resolución pronta y oportuna de la solicitud.

En este sentido, esta Corporación ha manifestado:

(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos
constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la
libertad de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe ser resuelta de fondo,
de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta
debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible ;
(v) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre
en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades
estatales, y en algunos casos a los particulares ; (vii) el silencio administrativo negativo,
entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial,
no satisface el derecho fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el
contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado
el derecho de petición; (viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía
gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la
exonera del deber de responder; y (x) ante la presentación de una petición, la entidad
pública debe notificar su respuesta al interesado.

De los anteriores componentes jurisprudenciales cabe destacar que el derecho de
petición exige, por parte de las autoridades competentes, una decisión de fondo a lo
requerido por el ciudadano, lo cual implica la prohibición de respuestas evasivas o
abstractas, sin querer decir con ello que la respuesta deba ser favorable. La respuesta
de fondo implica un estudio sustentado del requerimiento del peticionario, acorde con
las competencias de la autoridad frente a la que ha sido presentada la petición” 6.

Asimismo, la aludida corporación ha expresado que “una respuesta es suficiente

6
Sentencia T-1130 del 13 de noviembre de 2008, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
5

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00554-00
Accionante: Flor Marina Ruiz Bedoya
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del
solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa a las pretensiones del
peticionario; es efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea; y es
congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que
la solución verse sobre lo pedido y no sobre un tema semejante, sin que se excluya
la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada
con la petición propuesta”7.

De acuerdo con el anterior derrotero jurisprudencial, el derecho de petición es
vulnerado cuando la autoridad (i) no resuelve de fondo lo pedido o (ii) no emite una
pronta respuesta, conforme a los términos que directamente fija el legislador, y (iii)
no cumple con su deber de notificar la respuesta.

3.5. Sobre el derecho al habeas data

De acuerdo con la Corte Constitucional, el habeas data es un derecho fundamental
autónomo que otorga la facultad al titular de los datos personales de exigir de las
administradoras de estos —ya sean públicas o privadas— el acceso, inclusión,
exclusión, corrección, adición, actualización y certificación de los datos, así como
la limitación en las posibilidades de divulgación, publicación o cesión, de
conformidad con los principios que regulan el proceso de administración de datos
personales, esto es, libertad, necesidad, veracidad, integridad, incorporación,
finalidad, utilidad, circulación restringida, caducidad e individualidad.8

De igual forma, ha indicado que el derecho al habeas data tiene una dimensión
positiva que comprende, a lo menos, (i) el derecho a figurar en los archivos de
información o en las bases de datos de las cuales depende el acceso a un derecho
o servicio básico; (ii) el derecho a que la información sea correcta, completa y
actualizada; y (iii) el derecho a que circule por los conductos regulares de manera
efectiva y oportuna hasta la autoridad administrativa competente para decidir sobre
el acceso al derecho o al servicio.9

7
Ver las sentencias T-669 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-350 de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño y T-
682 de 20 de noviembre de 2017, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado Y T-587-06, M. P. Jaime Araujo Rentería.
8
Corte Constitucional, sentencias T-847 de 2010, C-748 de 2911, T-482 de 2012, T-207A de 2018.
9
Corte Constitucional, sentencia T-317 de 2004.
6

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00554-00
Accionante: Flor Marina Ruiz Bedoya
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

3.6. Caso concreto

La accionante controvierte la vulneración de sus derechos de petición y habeas
data por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al no atender de fondo
a lo requerido en la petición del 27 de noviembre de 2024, en la que solicitó la
modificación de las anotaciones consignadas en sus certificados de sanciones
vigentes y antecedentes disciplinarios. Dicha petición es del siguiente tenor:

“Flor Marina Ruiz Bedoya […] actuando en nombre propio y facultada por el artículo
23 de la CN, por medio de este escrito de manera respetuosa solicito hacer la
anotación correspondiente en el certificado de abogados de sanciones y
antecedentes, toda vez que de acuerdo a certificación que anexo a este escrito no
tengo deudas pendientes por concepto de sanciones a mi cargo. Lo anterior, debido a
que considero que cuando la sanción de multa se cancela se extingue la misma,
adicional a esto porque la sanciones no pueden ser indeterminadas o sin límite en el
tiempo, considero que se me está vulnerando mi derecho al habeas data”.

Ahora bien, la actora señaló que, a través del Oficio S.J. 57957 ZRS del 19 de
diciembre de 2024, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial dio respuesta a la
petición, en la cual, le indicó lo siguiente:

Sobre el particular, alega que si bien, en dicha contestación, la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial le indicó el procedimiento a seguir para modificar la anotación
consignada en el certificado de sanciones vigentes —el cual procedió a realizar—,
la respuesta no satisface de fondo su requerimiento, toda vez que la sanción de

7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00554-00
Accionante: Flor Marina Ruiz Bedoya
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

multa se extingue una vez cancelada y, en todo caso, porque las sanciones no
pueden ser indeterminadas y/o sin límite de tiempo.

A efectos de resolver el asunto, conviene precisar que, por medio del Acuerdo 075
del 21 de mayo de 2024,10 la Comisión Nacional de Disciplina Judicial reguló lo
relacionado con la expedición de los certificados de sanciones vigentes como de
antecedentes disciplinarios, en los siguientes términos:

“[S]e hace necesario que la corporación expida dos clases de certificados, el primero
denominado CERTIFICADO DE SANCIONES VIGENTES y un segundo CERTIFICADO DE
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.

El certificado de sanciones vigentes contendrá, como su nombre lo indica, las
sanciones vigentes al momento de la expedición, en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 238 de la Ley 1952 de 2019, en concordancia con lo dispuesto en el artículo
45 de la Ley 1123 de 2007.

El certificado de antecedentes disciplinarios contendrá el listado de anotaciones de las
sanciones de los últimos cinco (5) años, a la comisión de la falta que se investiga, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 1952 de 2019, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007.

[…]

En mérito de lo expuesto,

ACUERDAN

ARTÍCULO 1. A partir de la vigencia del presente acuerdo, la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial expedirá, en cumplimiento de lo señalado en el ordenamiento
vigente, dos tipos de certificados; el primero denominado CERTIFICADO DE SANCIONES
VIGENTES, y [el] CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.

ARTÍCULO 2. La Oficina de Sistema dispondrá lo necesario para la expedición de estos
a través de la página web de la Rama Judicial, en conjunto con el CENDOJ y la Unidad
de informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial garantizará la
disponibilidad permanente de la información electrónica que permita a los interesados
la consulta y expedición de tales certificados. Igualmente, determinarán los
mecanismos de seguridad que permitan que los mismos gocen de validez y legitimidad.

ARTÍCULO 3. La Secretaría Judicial de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
garantizará la actualización y mantenimiento de la base de datos en relación con las
sanciones impuestas.

[…]

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que, en la contestación a la acción de tutela,
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial informó lo siguiente:

10
Por el cual se regula la expedición de los certificados de sanciones vigentes y de antecedentes disciplinarios en la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial.
8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00554-00
Accionante: Flor Marina Ruiz Bedoya
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00554-00
Accionante: Flor Marina Ruiz Bedoya
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

En la contestación, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial dio cuenta que, en
petición del 14 de junio de 2023, la señora Flor María Ruiz Bedoya ya había
solicitado la actualización del certificado de antecedentes disciplinarios y que, sobre
el particular, la entidad le dio respuesta el 20 de junio siguiente, informándole que
no era procedente eliminar la anotación, dado lo consignado en el artículo 238 de
la Ley 1952 de 2019; y que, a la petición del 27 de noviembre de 2024, se le brindó
contestación a través del Oficio S. J. 57957 ZRS del 19 de diciembre de 2024,
informando a la peticionaria el procedimiento a seguir para proceder con la
eliminación de la anotación en el certificado de sanciones vigentes, el cual, realizó,
por lo que actualmente, en dicho certificado ya no se registraba ninguna sanción.

Asimismo, aportó al plenario el certificado de sanciones vigentes para abogados
expedido el 11 de febrero de 2025, en el cual, se puede apreciar que no se registran
sanciones vigentes a nombre de la señora Flor María Ruiz Bedoya; y el certificado
de antecedentes disciplinarios expedido en la misma fecha, en el que, se advierte
anotación registrada el 11 de marzo de 2021, proveniente de una sanción
disciplinaria de multa, impuesta en sentencia del 5 de agosto de 2020, dentro del
proceso disciplinario con radicado 70001-11-02-000-2012-00092-01.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00554-00
Accionante: Flor Marina Ruiz Bedoya
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

En torno de lo expuesto, la Sala colige que, si bien en respuesta a la petición del
27 de noviembre de 2024, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial le informó a
la señora Flor María Ruiz Bedoya el procedimiento a seguir para eliminar la
anotación presentada en el certificado de sanciones vigentes, lo cual, ya aconteció,
no lo es menos que, en lo relacionado con la anotación presentada en el certificado
de antecedentes disciplinarios nada dijo, ya que, si bien, sobre el particular se
pronunció en respuesta a una petición anterior, en esta oportunidad nada le indicó
a la accionante.

De manera particular, solicitó: “hacer la anotación correspondiente en el
certificado de abogados de sanciones y antecedentes, […]. Lo anterior, debido a
que considero que cuando la sanción de multa se cancela se extingue la misma,
adicional a esto porque la sanciones no pueden ser indeterminadas o sin límite
en el tiempo, considero que se me está vulnerando mi derecho al habeas data”.

En tal sentido, es dable amparar el derecho fundamental de petición de la
accionante, pues, como se dejó visto, la autoridad accionada no dio contestación a
la peticionaria en lo relacionado con la anotación existente en el certificado de
antecedentes disciplinarios, resolviendo, en lo referente, los puntos de vista o
razones con las cuales la peticionaria reiteró la solicitud de eliminación de la
anotación.

IV. DECISIÓN

Por las razones expuestas, la Sala considera que, en el presente asunto se logró
acreditar la vulneración de derecho fundamental de petición de la señora Flor
Marina Ruiz Bedoya por parte de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y, por
tanto, concederá la solicitud de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución Política,

11

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00554-00
Accionante: Flor Marina Ruiz Bedoya
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

F A L L A:

PRIMERO. AMPARAR el derecho fundamental de petición de la señora Flor Marina
Ruíz Bedoya, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. En consecuencia, ORDENAR a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación
de esta providencia, de respuesta congruente y fondo a la petición elevada el 27 de
noviembre de 2024, por la señora Flor Marina Ruíz Bedoya, respecto al certificado
de antecedentes disciplinarios.

TERCERO. ADVERTIR a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que el
incumplimiento de lo dispuesto en este fallo dará lugar a las sanciones establecidas
en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

QUINTO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR
el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

12

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.