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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00555-01

Fecha
20 de junio de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martinez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00555-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Confírmase la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00555-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez

20 de junio de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Veinte (20) de junio de dos mil veinticinco (2025).

Consejero Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00555-01
Demandante: JOSÉ RICAEL PALACIOS CABRERA Y OTRO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: INDEBIDA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA. SE
DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA
POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE
SUBSIDIARIEDAD.

Síntesis del caso: el demandante cuestionó la falta de cumplimiento de la sentencia que
ordenaba la publicación de la parte resolutiva en dos diarios de amplia circulación a nivel
nacional. La Sala confirmará la sentencia que declaró improcedente la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad porque el actor no agotó los mecanismos
ordinarios de defensa judicial que tenía a su alcance.

La Sala decide la impugnación interpuesta por los demandantes en contra de la
sentencia de 4 de marzo de 20251 proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en la que se resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela
presentada por José Ricael Palacios Cabrera y Hocraciano Lemos
Cabrera, en contra del Tribunal Administrativo del Chocó, el Juzgado
Primero Administrativo de Quibdó y la Defensoría del Pueblo, por las
razones expuestas en esta providencia.”. (mayúsculas y negrillas del
original – archivo disponible en medio magnético en el índice 0002 del
aplicativo SAMAI).

II. ANTECEDENTES

Los señores José Ricael Palacios Cabrera y Hocraciano Lemos Cabrera
promovieron proceso de acción de tutela2 en contra del Juzgado Primero

1
Se pone de presente que el proceso fue repartido al despacho únicamente hasta el 5 de junio de
2025.
2
Mediante escrito presentado el 3 de febrero de 2025.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00555-01
Demandante: José Ricael Palacios Cabrera y otro
Acción de tutela – Impugnación de fallo

Administrativo de Quibdó, el Tribunal Administrativo del Chocó y la Defensoría del
Pueblo por considerar que dichas autoridades judiciales vulneraron sus derechos
fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia, previstos
en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política, con ocasión del incumplimiento
de lo dispuesto en el numeral noveno de la parte resolutiva de la sentencia proferida
por el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó del 3 de marzo de 2016,
confirmada por la sentencia del 27 de mayo de 2022 dictada por el Tribunal
Administrativo del Chocó.

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento de la acción de tutela los demandantes señalaron, en síntesis, lo
siguiente:

1) Los señores Cristóbal Mena Córdoba y otros presentaron acción de grupo en
contra del municipio de Río Quito, la Corporación Autónoma Regional para el
Desarrollo Sostenible del Chocó (CODECHOCO), el Instituto Colombiano de
Geología y Minería (INGEOMINAS), hoy Agencia Nacional de Minería y el Ministerio
de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial, con el propósito de que se ordenara
a estas entidades devolver a su estado anterior la cuenca del río Quito y se les
indemnizara por las consecuencias de la contaminación causada a dicho afluente.

2) El Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, en sentencia del 3 de marzo de
2016, accedió a las pretensiones de la acción de grupo y, en su numeral noveno,
ordenó la publicación de la parte resolutiva de la sentencia en dos (2) diarios de
amplia circulación nacional.

3) La Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible presentaron y sustentaron sus recursos de apelación en el que alegaron
su falta de legitimación en la causa por pasiva, el hecho de un tercero, la inexistencia
de omisión atribuible a dichas entidades, la inexistencia de prueba del daño y la
concurrencia de la culpa.

4) En sentencia de 27 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo del Chocó
confirmó en su totalidad la sentencia de primera instancia pues, encontró

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00555-01
Demandante: José Ricael Palacios Cabrera y otro
Acción de tutela – Impugnación de fallo

demostrado el daño antijurídico caus24ado a los habitantes de la cuenca del río
Quito, con ocasión de la explotación minera ilegal e irracional que en dicha zona del
país se ha venido desarrollando.

5) Dicha decisión fue publicada en el diario El Espectador los días 24 y 25 de
diciembre de 2022 en cumplimiento del numeral noveno de la sentencia de primera
instancia.

6) Alegaron que se enteraron de dicho proceso solo hasta el 28 de diciembre de
2024, fecha en la cual las partes del proceso solicitaron la actualización de algunos
poderes.

2. Los fundamentos de la vulneración

Los actores afirmaron que no se dio cumplimiento a cabalidad de lo dispuesto en el
numeral noveno de la sentencia de primera instancia dictada dentro de la acción de
grupo, pues, debía publicarse la parte resolutiva de la sentencia en dos (2) diarios
de amplia circulación nacional, razón por la cual, se debía publicar en el periódico
“El Tiempo” para que las personas que, como ellos, también se encontraran
afectadas por los mismos hechos pudieran hacer parte del grupo y solicitar la
adhesión y hacerse parte del grupo.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, la parte demandante solicitó el amparo de las
siguientes súplicas:

“1. Ordenar a quien corresponda la publicación del extracto de la
Sentencia en los periódicos locales como se ordenó en el numeral
NOVENO de la parte resolutiva de la Sentencia No. 024 del 03 de marzo
de 2016, confirmada por el Tribunal Administrativo del Choco, mediante
Sentencia N° 064 del 27 de mayo de 2022.

2. Ordenar a la Defensoría del Pueblo- Fondo para los derechos e interés
colectivos, para que dentro del término de los 20 días, habilite los medios
digítales para efecto de presentar las solicitudes de adhesión, en
cumplimiento de las funciones administrativas en relación a la
conformación del grupo de adherentes como lo consagra la Sentencia No.
024 del 03 de marzo de 2016, confirmada por el Tribunal Administrativo
del Choco, mediante Sentencia N° 064 del 27 de mayo de 2022, numeral
NOVENO de la parte resolutiva donde se le ordenó cumplir con las

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funciones administrativas de conformar el grupo de adherentes y el pago
de las indemnizaciones.”. (archivo disponible en medio magnético en el
índice 0002 del aplicativo SAMAI – mayúsculas del original).

4. Actuación en primer grado

Mediante auto de 5 de febrero de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado admitió el proceso de acción de tutela, notificó al Tribunal
Administrativo del Chocó, al Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, a la
Defensoría del Pueblo, al Fondo para la Defensa de Derechos e Intereses
Colectivos y vinculó al municipio de Río Quito; la Corporación Autónoma Regional
para el Desarrollo Sostenible del Chocó (CODECHOCO); la Agencia Nacional de
Minería (ANM); el Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial; los
accionantes; las personas que adhirieron e integraron el grupo demandante; y los
terceros vinculados, dentro del proceso identificado con radicación no. 27001-33-
33-001-2009-00224-00/01, con el fin de que presentaran un informe sobre los
hechos que dieron lugar a la presente acción.

5. Sentencia de primera instancia

El 4 de marzo de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado profirió sentencia mediante la cual declaró improcedente el amparo
solicitado por el actor por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

A juicio del a quo, los actores pretenden ordenar el cumplimiento de una sentencia
que se encuentra debidamente ejecutoriada, además de revivir términos para la
reclamación que debió presentarse ante el juez de la acción de grupo, con el fin de
obtener la indemnización de las personas que no fueron parte del proceso, no
obstante, estos cuentan con otros medios de defensa judicial, pues, no existe
prueba de que hubiesen acudido ante el juez competente para solicitar la
adherencia a la sentencia y, por ende, obtener la indemnización.

De igual forma, precisó que, respecto del cumplimiento de decisiones judiciales a
través de acciones de tutela, la Corte Constitucional en sentencia T-261 de 2018 ha
indicado que las pretensiones relacionadas con el cumplimiento de órdenes
judiciales tendrán que declararse improcedentes porque para ello es procedente el
proceso ejecutivo.

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Demandante: José Ricael Palacios Cabrera y otro
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6. Impugnación

El 2 de mayo de 2025, el señor Lemos Cabrera solicitó la nulidad, rectificación o
aclaración de la publicación contenida en el índice 47 del expediente digital de tutela
en SAMAI de la primera instancia, por cuanto estimó que era una actuación
irregular, además, el 5 de mayo de 2025 los actores presentaron recursos de
impugnación los cuales fueron concedidos en auto de 6 de mayo de 2025 3.

Los actores alegaron que la sentencia de primera instancia carece de las
condiciones necesarias pues “a) No se ajusta a los hechos antecedentes que
motivaron la Tutela ni al derecho impetrado, por error de hecho y de derecho, en el
examen y consideración de la petición; b) se niega a cumplir el mandato legal de
garantizar al agraviado el pleno goce del derecho, como lo establece la ley; c) se
fundamenta en consideraciones inexactas cuando son totalmente errónea; d)
incurre el fallador en error esencial de derecho, especialmente respecto en el
ejercicio de la acción de tutela, inane a las pretensiones del acto, por errónea
interpretación de sus principios.”.

En el mismo sentido, aducen que fueron enfáticos en precisar que únicamente se
enteraron de la existencia del proceso con ocasión de una actualización de poderes
que se están llevando a cabo, fecha en la cual evidenciaron el error en la publicación
de la sentencia y el incumplimiento de la misma, lo que les generó una vulneración
a sus derechos fundamentales.

A su juicio, resulta incorrecto asegurar que contaban con la posibilidad de acudir al
juzgado y presentar las solicitudes dentro de los veinte (20) días, cuando claramente
manifestaron en los hechos de la demanda de tutela que se enteraron de la
sentencia con posterioridad.

3
El señor Hocraciano Lemos Cabrera interpuso recurso de reposición y, en subsidio, queja en contra
del auto de 6 de mayo de 2025; y, por su parte, el señor Palacios Cabrera interpuso recurso de
reposición y, en subsidio, apelación en contra del auto de 6 de mayo de 2025, con posterioridad
también presentaron nuevos escritos en los que adujeron irregularidades en el trámite de los
recursos, solicitaron la nulidad y formularon una queja en contra de un servidor judicial de Secretaría
General; finalmente, presentaron memoriales en los que solicitaron el desistimiento de los recursos
y que quedara en firme el auto de 6 de mayo de 2025, motivo por el cual en auto de 30 de mayo de
2025 se aceptaron los desistimientos y se ordenó dar cumplimiento al auto de 6 de mayo de 2025.
Ahora bien, como se aprecia en el índice 00001 de la segunda instancia de Samai, el proceso solo
ingresó al despacho hasta el 5 de junio de 2025.

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Demandante: José Ricael Palacios Cabrera y otro
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Precisaron que la parte resolutiva de la sentencia ordenó que los interesados debían
comparecer a la Defensoría del Pueblo para la Protección de los Derechos e
Intereses Colectivos, no obstante, en el aviso del periódico El Espectador se ordena
comparecer ante el juez, situación que resulta violatoria del debido proceso.

Finalmente, reiteraron que el incumplimiento del numeral noveno de la sentencia
del 3 de marzo de 2016, confirmada por el Tribunal Administrativo del Chocó,
mediante sentencia del 27 de mayo de 2022 viola sus derechos fundamentales,
puesto que no fueron debidamente notificados y no tuvieron la oportunidad de
comparecer al proceso, adherirse al grupo y solicitar la indemnización.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones estas que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce
mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera
inmediata y eficaz, los derechos constitucionales fundamentales amenazados o
vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir con
ella términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00555-01
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transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Chocó y al Juzgado Primero Administrativo de Quibdó con el fin
de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales antes mencionados
presuntamente vulnerados con ocasión del supuesto incumplimiento del numeral
noveno de la sentencia de 3 de marzo de 2016 confirmada por la sentencia de 27
de mayo de 2022.

En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia
de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad por las razones que procederán a
exponerse:

2.1 Caracterización del requisito de subsidiariedad

La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante
el juez constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta
jurisdiccional idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales,
como se infiere del texto del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.

En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que
el demandante no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas
hagan uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para conjurar
la situación que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se
restrinja el uso indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como
vía preferente o instancia judicial alterna de protección para desplazar o reemplazar

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Demandante: José Ricael Palacios Cabrera y otro
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a las herramientas judiciales que el legislador estableció para la protección de los
derechos.

En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una
decisión más rápida o para burlar los procedimientos judiciales previamente
estatuidos se desconoce el carácter subsidiario y residual de este mecanismo
constitucional.

Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de
la subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los
eventos en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones
que justifican su procedibilidad, así:

(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme con las especiales circunstancias del
caso estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y, (ii) cuando, pese
a existir un medio de defensa judicial idóneo, este no impide la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede como mecanismo
transitorio.

En suma, la acción de tutela condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la
inexistencia de otro medio de defensa judicial, salvo que este no suponga un
mecanismo idóneo y efectivo para evitar la vulneración o amenaza del derecho
fundamental o que se pretenda un amparo transitorio para evitar la materialización
de un perjuicio irremediable.

2.2 Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso
concreto

1) En el presente asunto se advierte que los demandantes señalaron que se
vulneraron sus derechos constitucionales fundamentales, por cuanto no se cumplió
con el numeral noveno de la sentencia de 3 de marzo de 2016 confirmada por la
sentencia de 27 de mayo de 2022, pues, no se publicó la parte resolutiva de la
sentencia en el periódico “El Tiempo”, lo cual les impidió vincularse al proceso,
adherirse al grupo y reclamar la indemnización como parte del grupo afectado.

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2) No obstante, de entrada, la Sala advierte que, revisada la solicitud de tutela objeto
de examen, la misma es improcedente en los términos previstos por el ordinal 1°
del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, en razón a que, a pesar de que se invoca
la vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso y acceso a la
administración de justicia, los actores no agotaron todos los medios de defensa
judicial que tenían a su alcance y tampoco demostraron la existencia de un perjuicio
irremediable que imponga la imperiosa necesidad de que el juez constitucional
intervenga y adopte medidas urgentes, improrrogables y suficientes en aras de
evitar su inminente materialización o mitigarlo.

3) En efecto, de conformidad con los artículos 1334 y 1355 del Código General del
Proceso, para subsanar las irregularidades procesales por la presunta falta de
notificación, la parte demandante, como directamente afectada, puede solicitar la
nulidad de las actuaciones, incluso después de proferido el fallo de segunda
instancia.

4) Así pues, como los demandantes pueden pedir al juez de la acción de grupo su
vinculación al proceso e inclusive también pueden solicitar la nulidad de lo actuado,
para poner de presente su falta de notificación, derivada de las supuestas
irregularidades que atribuyen al incumplimiento de la publicación de la sentencia en
dos diarios de amplia circulación nacional, el amparo resulta improcedente porque
ese es el mecanismo de defensa idóneo y eficaz para ventilar la inconformidad que
ahora exponen, por lo cual resulta imperioso declarar la improcedencia de la acción
de tutela por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

4
“Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los
siguientes casos:
(…).
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban
ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes,
cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra
persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.”.
5
Artículo 135. Requisitos para alegar la nulidad. La parte que alegue una nulidad deberá tener
legitimación para proponerla, expresar la causal invocada y los hechos en que se fundamenta, y
aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer.
(…).
La nulidad por indebida representación o por falta de notificación o emplazamiento solo podrá ser
alegada por la persona afectada.”.

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Demandante: José Ricael Palacios Cabrera y otro
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5) Se recuerda que la acción de tutela se torna improcedente para suplir
mecanismos idóneos de defensa y/o para revivir términos, pues una interpretación
contraria nos llevaría a que esta fuera empleada como un instrumento para
desplazar las competencias ordinarias, lo que de suyo desnaturalizaría esta acción
que es eminentemente protectora de derechos fundamentales.

6) Así las cosas, la Sala estima, tal como lo hizo la Sección Segunda de esta
Corporación, que la presente acción de tutela es improcedente, puesto que la parte
demandante cuenta con otros mecanismos de defensa eficaces para el amparo de
sus derechos fundamentales y no ha demostrado, siquiera, haber intentado acudir
a ellos, por lo que no es dable pretender ejercer la acción de tutela como un medio
alternativo de protección ius fundamental que, lejos de proteger un derecho
vulnerado, propiciaría un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones
que fueron encomendadas a los jueces constitucionales por mandato de la
Constitución.

7) Por otra parte, para la Sala tampoco se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que torne procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio,
pues, a partir del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que la
demandante se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique
adoptar medidas urgentes, impostergables, improrrogables e inmediatas para la
protección de sus derechos fundamentales.

8) Finalmente, en relación con su pretensión dirigida en contra de la Defensoría del
Pueblo para que dicha autoridad habilite los medios digítales para efecto de
presentar las solicitudes de adhesión, la Sala resalta que dicha solicitud corre la
misma suerte, porque para ello primero debe solicitar la nulidad de lo actuado para
poner de presente su falta de notificación y vinculación al proceso y, luego de ello,
solicitar la adhesión al grupo.

9) En consecuencia, la Sala confirmará el fallo de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad, por las razones hasta aquí expuestas.

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Demandante: José Ricael Palacios Cabrera y otro
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En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
FALLA:

1º) Confírmase la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes e intervinientes o por el
medio que resulte más expedito y eficaz.

3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera
instancia y remítasele copia del mismo.

4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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