Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00561-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00561-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00561-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
28 de febrero de 2025
Radicado: 11001 03 15 000 2025 00561 00
Demandante: Carlos Alberto Hernández Pava
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00561 00
Demandante: Carlos Alberto Hernández Pava
Demandado(s): Consejo Superior de la Judicatura y otros
Temas: Demanda dirigida a que se ordene un traslado de un empleado
judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
1. Decide la Sala la acción de tutela de la referencia.
I. Antecedentes
1.1. La demanda
2. En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, el señor Carlos Alberto Hernández Pava, en nombre propio, promovió
demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al acceso a cargos
públicos, al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, de petición, sumado a la
protección especial por ser padre cabeza de familia, los cuales considera conculcados
por el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura del
Cesar, el Juez Primero Promiscuo Municipal de Chiriguaná y por la jueza Yudi Matilde
Santiz Palencia.
1.1. Los hechos
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3. El Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico expidió el Acuerdo
CSJATA17-647 del 6 de octubre de 2017,1 en el que se convocó a concurso de méritos
para proveer empleos judiciales, en el que Carlos Alberto Hernández Pava integró la
lista de elegibles para el cargo de secretario municipal, grado nominado. En
consecuencia, el actor fue posesionado en propiedad como tal en el Juzgado
Promiscuo Municipal de Palmar de Varela, Atlántico, el 17 de julio de 2023.
4. Durante el 2024, en la página web de la Rama Judicial se publicó la vacante del
cargo de secretario en el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Chiriguaná, Cesar,
ocupado provisionalmente por Jhonny Beltrán Luquetta, por lo que el 6 de septiembre
de 2024, el actor solicitó el correspondiente concepto a la Unidad de Administración
de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, argumentando que el
traslado lo solicita por razones familiares, ya que su familia reside en Chiriguaná y él
es oriundo de ese municipio.
5. El 1.° de noviembre de 2024, la mencionada entidad profirió la Comunicación
CJO24-7472, por medio de la cual emitió concepto favorable a la solicitud de traslado,
en la que se indicó que la decisión debía adoptarse en 15 días, con razones objetivas
para una posible negativa, de conformidad con lo establecido en las sentencias C-295
de 2002 y T-488 de 2004.
6. El 18 de diciembre de 2024, la jueza primera de Chiriguaná notificó a Carlos
Alberto Hernández de la Resolución 090 del 9 de diciembre de esa anualidad,
mediante la cual le negaba su solicitud de traslado, basándose en el cotejo objetivo de
las hojas de vida de él y del actual secretario en provisionalidad.
7. El 19 de diciembre de 2024, el accionante presentó un recurso de reposición y
apelación contra la resolución que negó su traslado, empero, al momento de la
interposición de la presente acción no se habían resuelto.
8. El 14 de enero de 2025, el señor Carlos Alberto informó al Consejo Seccional
de la Judicatura del Atlántico sobre las conductas de la jueza, pero recibió una
respuesta indicando falta de competencia, pese a que dicha corporación tiene
funciones de vigilancia judicial y debe poner en conocimiento conductas que puedan
constituir faltas disciplinarias o delitos.
1 «Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la
conformación del Registro Seccional de Elegibles para la provisión de los cargos de empleados de
carrera de Tribunales, Juzgados, Centros de Servicios Oficinas de Servicios y de Apoyo».
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1.2. Fundamentos de la acción de tutela, defectos invocados
9. Carlos Alberto Hernández Pava sostuvo que su solicitud de traslado no puede
ser objeto de un estudio comparativo de hojas de vida, ya que es el único candidato y,
según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, solo en casos de postulaciones
simultáneas se debe elegir entre los candidatos. Además, que en su caso se emitió
concepto favorable de traslado por parte de la entidad competente, por lo que el
nominador no tiene facultad para desconocerlo.
10. Por su parte, alegó que la jueza de Chiriguaná ha actuado en contra del
ordenamiento legal y constitucional, vulnerando sus derechos y los de su familia,
precisando que en la Rama Judicial es común que los nominadores actúen
arbitrariamente para mantener cargos en provisionalidad.
11. Entre tanto, señaló que el recurso de reposición interpuesto contra el acto
administrativo que le negó su solicitud de traslado no ha sido resuelto dentro del plazo
legal de 15 días hábiles, lo que justifica la procedibilidad subsidiaria de la acción de
tutela.
1.2. Actuación procesal
12. El 7 de febrero de 2025, se admitió la presente acción de tutela y se ordenó
notificar como demandados al Consejo Superior de la Judicatura, a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, al Consejo Seccional de la Judicatura de Cesar y
al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Chiriguaná, Cesar. De igual modo, se
vinculó como tercero con interés en las resultas del proceso al señor Jhonny Beltrán
Luquetta, quien actualmente ocupa el cargo de secretario en provisionalidad al cual
aspira el accionante.
1.3. Contestación de la demanda
13. El Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, por una parte, solicitó su
desvinculación del presente asunto, ya que no le asiste legitimación en la causa por
pasiva, pues no fue la entidad llamada a garantizar los derechos fundamentales
invocados por el accionante. Por otro lado, expuso que la administración de la carrera
judicial y la provisión de cargos vacantes son competencia de los Consejos Superior y
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Seccionales de la Judicatura, mientras que la decisión sobre los traslados corresponde
exclusivamente a los jueces nominadores.
14. Entre tanto, explicó que, en relación con el traslado solicitado por el
demandante, aunque su solicitud se tramitó conforme a la normativa y recibió
conceptos favorables de la Unidad de Carrera Judicial, el Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Chiriguaná no la aceptó. Además, aclaró que el Consejo Seccional no
tiene la facultad de ordenar a un juez aceptar un traslado, sino únicamente de remitir
los conceptos respectivos al nominador. Por último, en cuanto a la vigilancia judicial
administrativa solicitada por el actor, precisó que esta se limita a supervisar el
desempeño de los jueces en asuntos jurisdiccionales y no en decisiones
administrativas como traslados o nombramientos.
15. La directora de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura, al contestar la demanda, sostuvo que dicho
órgano no tiene legitimación por pasiva en el proceso, pues las decisiones sobre
nombramientos y traslados corresponden exclusivamente a la autoridad nominadora,
en este caso, la jueza primera promiscua municipal de Chiriguaná (Cesar).
16. Además, argumentó que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental del
accionante, ya que la aludida Unidad solo emite conceptos previos no vinculantes, sin
capacidad de decisión sobre los traslados.
17. La jueza primera promiscua municipal de Chiriguaná, Yudi Matilde Santiz
Palencia, pidió denegar el amparo deprecado, indicando que no se le ha vulnerado los
derechos fundamentales en relación con su solicitud de traslado, toda vez que, si bien
la Unidad de Administración de Carrera Judicial emitió un concepto favorable el 20 de
noviembre de 2024, el 9 de diciembre siguiente se expidió la Resolución 030 negando
el traslado por razones objetivas, priorizando el interés general y la eficiencia en la
administración de justicia, argumentando que el señor Hernández Pava tiene
experiencia principalmente en derecho laboral, mientras que el juzgado enfrenta una
alta carga de procesos civiles, lo que haría inadecuado su traslado.
18. Además, señaló que el juzgado, actualmente, opera desde casa debido a la
remodelación del Palacio de Justicia, lo que dificultaría un empalme efectivo.
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19. Por otro lado, destacó que el accionante interpuso un recurso de reposición y,
en subsidio, apelación contra la resolución, por lo que la tutela es improcedente al no
haberse agotado los recursos legales disponibles; sumado a que ha presentado
escritos reiterativos que pueden interpretarse como amenazas, afectando la
autonomía judicial.
20. Finalmente, subrayó que el señor Carlos Alberto no cumple con el requisito
mínimo de tres años de servicio en su cargo actual para acceder al traslado.
21. El señor Jhonny Beltrán Luquetta, en su condición de secretario del juzgado
primero promiscuo municipal de Chiriguaná, Cesar, en provisionalidad, solicitó declarar
improcedente la tutela, negar el amparo y dejar sin efecto el concepto favorable de
traslado, sosteniendo que no se han vulnerado los derechos fundamentales de Carlos
Alberto Hernández Pava porque su solicitud de traslado no es procedente. Al respecto,
explicó que el actor sigue ocupando un cargo con la misma categoría y salario, y que
todas sus peticiones han sido respondidas conforme a la ley y que aún tiene un recurso
en trámite.
22. Además, señaló que el traslado deprecado no cumple con los requisitos
legales, ya que Hernández Pava no ha cumplido el tiempo mínimo de servicio exigido
en su cargo actual, por lo que no se garantiza la reciprocidad del traslado.
23. Por último, advirtió que el cambio afectaría la prestación del servicio y los
derechos del secretario que actualmente ocupa el cargo.
II. Consideraciones
2.1 Competencia
24. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de
2015, modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, en concordancia con los
artículos 86 Constitucional y 25 del Acuerdo 080 de 2019, esta Sala es competente
para conocer de la presente acción de tutela.
2.2. Cuestión previa
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25. Antes de resolver la presente acción de tutela, la Sala estima que el Consejo
Superior de la Judicatura —Unidad de Administración de la Carrera Judicial— y el
Consejo Seccional de la Judicatura de Cesar no les asiste legitimación en la causa por
pasiva en el caso de autos, toda vez que las pretensiones de la demanda están
encaminadas a que el Juzgado Primero Promiscuo de Chiriguaná, Cesar, acepte el
traslado del señor Carlos Alberto Hernández Pava al cargo de secretario de dicha
dependencia, solicitud que solo puede ser resuelta por su titular, quien tiene la calidad
de nominadora. Por lo tanto, se desvincularán del presente trámite.
2.3. Problema jurídico
26. Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple
con los requisitos de procedencia. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar,
si se configuró la violación de los derechos fundamentales del señor Carlos Alberto
Hernández Pava al acceso a cargos públicos, al debido proceso, a la igualdad, al
trabajo, de petición, sumado a la protección especial por ser padre cabeza de familia,
con la negativa, por parte del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Aguachica,
Cesar, de aceptar su traslado en el cargo de secretario.
2.4. Procedencia de la acción de tutela
27. La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se
caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de este
mecanismo de amparo, ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones
ordinarias que se encaminan, igualmente, a la defensa de los derechos que no se
pueden pasar por alto
28. Por ello, el artículo 6.º, numeral 1.º, del Decreto 2591 de 1991 establece como
causal de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable».
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29. La jurisprudencia de la Corte Constitucional2 reitera que el juez de tutela debe
analizar los asuntos que llegan a su conocimiento con observación estricta del carácter
subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que solo tiene lugar cuando dentro
de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger
objetivamente el derecho que se alegue conculcado.
30. También es viable el amparo cuando a pesar de disponer de otro medio de
defensa judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de
tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá
probar. De no atender a estos parámetros se desconocería el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del
sistema jurídico.
2.5. Análisis de la Sala sobre el caso concreto
31. Como se indicó en el acápite de antecedentes, en el presente asunto, el señor
Carlos Alberto Hernández Pava deprecó el amparo de sus derechos fundamentales al
acceso a cargos públicos, al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, de petición,
sumado a la protección especial por ser padre cabeza de familia, y, en consecuencia,
se le ordene al Juzgado Primero Promiscuo de Chiriguaná, Cesar, que, en el término
de 48 horas, proferir y notificarlo de la resolución de nombramiento en el cargo de
secretario municipal, grado nominado.
32. Pues bien, en el caso bajo examen, la Sala advierte que la demanda de tutela
no supera el requisito de subsidiariedad para ordenar el traslado del actor, toda vez
que no se ha agotado el trámite administrativo, pues el despacho judicial accionado
aún no ha resuelto el recurso de reposición, en subsidio del de apelación, que el señor
Hernández Pava interpuso contra la Resolución 030 del 9 de diciembre de 2024, «[p]or
medio del cual se estudia el traslado solicitado por el señor […]».
33. Sobre este punto, es clave advertir que es la Administración la primera que está
llamada a salvaguardar las prerrogativas constitucionales de las personas, por lo que
el juez de tutela no puede subrogar dicha facultad.
2 Corte Constitucional, sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-
972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de
2012, entre otras muchas.
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34. A pesar de lo anterior, esta Subsección amparará el derecho fundamental de
petición del accionante, pues, tal como se adujo en precedencia, desde el 19 de
diciembre de 20243 interpuso el recurso de reposición, en subsidio del de apelación,
contra el acto administrativo que le negó su traslado como secretario del Juzgado
Primero Promiscuo de Chiriguaná, Cesar, y, a la fecha, han transcurrido 47 días sin
que se haya resuelto la aludida reposición, para lo cual es prudente aclarar que contra
la Resolución 030 del 9 de diciembre de 2024 no cabe la apelación.
35. Adicionalmente, conviene indicar quede conformidad con los artículos 79 y 80
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los
recursos interpuestos contra actos administrativos deberán resolverse de plano, salvo
que se necesite de una etapa probatoria previa, la cual no podrá exceder de 30 días.
Sin embargo, esta última circunstancia no se advierte en el caso bajo estudio.
36. Por tal razón, se le ordenará a la jueza primera promiscua de Chiriguaná, Cesar,
que, en el término de 48 hora siguientes a la notificación de esta providencia, dé trámite
y resolución del varias veces citado recurso de reposición. Además, comoquiera que
sobre el asunto objeto de estudió la Corte Constitucional acaba de emitir un fallo de
unificación con efectos inter pares, se ordenará a la referida jueza resolver los
recursos teniendo en cuenta los estándares establecidos en la sentencia SU-452
de 2024, la cual debe ser acatada por todos los operadores judiciales.
37. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Desvincular del presente trámite al Consejo Superior de la Judicatura —
Unidad de Administración de la Carrera Judicial— y al Consejo Seccional de la
Judicatura de Cesar, ya que no tienen legitimación en la causa por pasiva.
Segundo. Declarar improcedente, de manera parcial, la acción de tutela incoada por
el señor Carlos Alberto Hernández Pava, en cuanto a la pretensión encaminada a que
se ordene su traslado y, posterior nombramiento, como secretario del Juzgado Primero
3 Página 529 del archivo de la demanda.
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Demandante: Carlos Alberto Hernández Pava
Promiscuo del Circuito de Chiriguaná, Cesar, conforme a los argumentos expuestos
en este proveído.
Tercero. Amparar el derecho fundamental de petición del accionante y, en
consecuencia, ordenar al Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Chiriguaná,
Cesar, que, en el término de 48 horas siguientes a la notificación de este proveído,
resuelva el recurso de reposición que el señor Hernández Pava interpuso contra la
Resolución 030 del 9 de diciembre de 2024. En la resolución de dicha impugnación se
deberán aplicar los estándares jurisprudenciales y los efectos inter pares establecidos
por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-452 de 2024.
Cuarto. En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado Electrónicamente
DLAR
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
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