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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00564-00

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00564-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero: NEGAR la acción de tutela instaurada por la señora Laura Marcela Urrego Aguilera, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia. Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00564-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

27 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00564-00
Accionante: Laura Marcela Urrego Aguilera
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B

Temas: Acción de tutela contra providencia que declaró bien negada información
solicitada en petición. NEGAR

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Laura Marcela Urrego
Aguilera, en nombre propio, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B.

ANTECEDENTES

La accionante solicita que se amparen sus derechos fundamentales al acceso a la
información, al debido proceso, a la libertad de información y de petición, los cuales
considera vulnerados con la providencia de 31 de octubre de 2024, proferida en el
recurso de insistencia con radicado 25000-23-41-000-2024-01838-00.

HECHOS

Manifiesta que el 16 de agosto de 2024 le solicitó a la Unidad Nacional de
Protección- UNP que le informara «los nombres de cada uno de los integrantes del
esquema de seguridad que acompañaban el 18 de febrero de 2021 entre las 10:00
a.m. y las 4:00 p.m. al exconcejal –y hoy senador de la República– Álex Xavier
Flórez Hérnandez (sic)».

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Que interpuso acción de tutela en contra de la UNP, en vista de que el 2 de
septiembre de 2024 vencieron los términos y ésta, el 30 de igual mes y año
respondió que la información pedida es de carácter reservado, conforme a los
artículos 15 de la Constitución Política y 27 de la Ley 1755 de 2015 y la Ley 594 de
2000.

Que el 10 de octubre de 2024 promovió recurso de insistencia, que por reparto le
correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien el 31 del mismo
mes y año declaró bien negada la información solicitada.

Alegó que la decisión antes citada le transgrede sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la información porque el Tribunal «incumple con lo
establecido por la Constitución, ya que, aunque menciona la norma que justifica la
reserva de la información, no aporta los argumentos ni las pruebas suficientes que
respalden de manera adecuada la decisión tomada».

Señaló que el Tribunal incurrió en una irregularidad procesal y en los defectos
procedimental absoluto, decisión sin motivación, material o sustancial por el hecho
de no haber realizado el análisis que dispone el artículo 28 de la Ley 1712 de 2014
que consiste: 1) aportar las razones y pruebas que evidencien que la información
debe permanecer reservada o confidencial; 2) el sujeto obligado debe demostrar
que la información guarda relación con el objetivo legítimo establecido en la ley y en
la Constitución y 3) debe establecer si se trata de una excepción contemplada en
los artículos 18 y 19.

Que también se configuran los defectos de desconocimiento del precedente
constitucional en lo atinente a la libertad de expresión y al acceso a la información;
en su criterio la decisión no satisface los requisitos establecidos por la norma y la
jurisprudencia para denegar el suministro de la información. Además, citó las
sentencias C 274 de 2013, C 951 de 2014, T 902 de 2014 y T 330 de 2021 y, la
violación directa de la Constitución por «inaplicar las garantías constitucionales
sobre la libertad de expresión, encarnada en el acceso a la información por parte de
un periodista».

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PRETENSIONES

Solicita que se amparen los derechos invocados, dejando sin efectos la providencia
del 31 de octubre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B y, en consecuencia, se ordene a la Unidad Nacional
de Protección que proporcione la información requerida.

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela fue recibida por reparto en el despacho del consejero ponente,
donde el 10 de febrero de 2025 se dispuso su admisión, se ordenó la notificación
de la autoridad judicial accionada y se vinculó a la Unidad Nacional de Protección,
como tercero interesado.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
rindió informe donde solicitó que se niegue el amparo alegado, con fundamento en
que la sentencia del 31 de octubre de 2024 se profirió bajo un análisis juicioso y
riguroso sobre las normas que regulan la información de carácter reservado.

Asimismo, recordó que la información que solicitó la accionante versaba sobre el
programa de prevención y protección, por lo que acceder a lo pedido implicaba
poner en riesgo la seguridad del señor Álex Xavier Flórez Hernández y de los
miembros del esquema de seguridad.

Adicionalmente, indicó que si bien la accionante es periodista no es beneficiaria de
las medidas propias del programa antes citado, por lo que no existe un interés
legítimo que ampare su petición.

POSICIÓN DE LA VINCULADA

La Unidad Nacional de Protección- UNP solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, pues lo que pretende la accionante es que se

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deje sin efectos la sentencia del 31 de octubre de 2024, situación que le incumbe
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

A la Sala le corresponde decidir sobre la presunta vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante, para lo cual abordará los siguientes temas: i)
generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales y III) caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumplan la totalidad de los requisitos
generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia
C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia
SU034/18, estas se enlistaron así:

«(…) (i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada
relevancia constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se
inmiscuya en controversias cuya resolución corresponde a los jueces
ordinarios, imponiéndole entonces la carga de exponer los motivos por
los cuales la cuestión trasciende a la esfera constitucional, por estar
comprometidos derechos fundamentales.

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial,
tanto ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a
menos que se pretenda conjurar la consumación de un perjuicio
irremediable a sus derechos fundamentales; exigencia enfocada a evitar
que la tutela sea utilizada para sustituir el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término
razonable y proporcionado a partir del evento que generó la vulneración
alegada, es decir, que se cumpla con el requisito de inmediatez; con el
fin de que no se sacrifiquen los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica que sustentan la certidumbre sobre las decisiones de las
autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye
la violación. Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la
irregularidad constituye una grave lesión de derechos fundamentales, la
protección de los mismos se genera independientemente del efecto sobre
la decisión y, por lo tanto, hay lugar a la anulación del juicio (v. gr. prueba
ilícita susceptible de imputarse como crimen de lesa humanidad).

(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos
generadores de la vulneración y los derechos afectados, y que hubiere
alegado tal circunstancia al interior del proceso en donde se dictó la
sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin
de que no se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la
protección de los derechos fundamentales; máxime si tales fallos están
sometidos a un riguroso proceso de selección ante la Corte, que torna
definitivas las providencias excluidas de revisión».

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:

«(…) a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

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“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima
de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución».

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.

Caso concreto

En síntesis, la señora Laura Marcela Urrego Aguilera solicita la protección de sus
derechos fundamentales de acceso a la información, a la libertad de información, al
debido proceso y de petición, los cuales considera vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B con ocasión de la
sentencia de 31 de octubre de 2024 en el recurso de insistencia con radicado 25000-
23-41-000-2024-01838-00.

Argumentó la accionante que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos:
procedimental absoluto, material o sustancial, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución con
fundamento en que el Tribunal omitió 1) realizar el análisis que establece el artículo
28 de la Ley 1712 de 2014 y 2) aplicar las sentencias C 274 de 2013, C 951 de
2014, T 902 de 2014 y T 330 de 2021.

Encuentra la Sala que la acción de tutela contra la providencia del 31 de octubre de

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2024 cumple los requisitos de procedencia, pues a) la relevancia constitucional está
dada, en la medida en que se debe examinar la presunta vulneración de los
derechos fundamentales por los defectos de desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución, procedimental absoluto, decisión sin motivación
y material o sustancial, la demandante argumentó suficientemente la solicitud; b) la
accionante no cuenta con otro medio de defensa para discutir lo aquí expuesto; c)
se cumple con el requisito de inmediatez, pues la acción se presentó dentro de los
seis meses siguientes a la notificación de la providencia o su ejecutoria y d) la tutela
no se dirige contra un fallo de la misma naturaleza.

La accionante invoca como irregularidad procesal, la presunta omisión del artículo
28 de la Ley 1712 de 2014 por parte de la Unidad Nacional de Protección y del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, pues en
su entender no se probó «la existencia de un daño presente, probable y específico
que supere el interés público de conocer la información solicitada, por lo que de
haberse argumentado esto la decisión sería diferente».

En la decisión cuestionada el Tribunal indicó que la petición elevada por la
accionante a la UNP el 16 de agosto de 2024 buscaba conocer «los nombres de
cada uno de los integrantes del esquema de seguridad que acompañaban el 18 de
febrero de 2021 entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m» de un congresista.

Expuso que la UNP fundó la negativa del acceso a la información pedida en el
artículo 27 de la Ley 1755 de 2015 y se limitó a «indicar la anterior referencia
normativa como sustento de la reserva sin otorgar mayor motivación a la misma,
también puso de presente lo reglado en los artículos 418 y 269F de la Ley 599 del
2000 –Código Penal–, de igual forma sin sustentar la pertinencia de la norma frente
a la reserva esgrimida».

Indicó que la falta de motivación de la reserva en la que incurrió la Unidad Nacional
de Protección «no puede convertirse automáticamente en razón para acceder a la
entrega de la información respectiva, ni impide que se examine si la negativa de la
entidad pública es razonable y proporcionada».

Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal citó el numeral 13 del artículo 2.4.1.2.2

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del Decreto 1066 de 2015 que dispone:

«(…) 13. Reserva Legal: La información relativa a solicitantes y protegidos del
Programa de Prevención y Protección es reservada. Los beneficiarios de las
medidas también están obligados a guardar dicha reserva. (…)».

Asimismo, trajo a colación las sentencias T 234 del 21 de marzo de 2012 y T 111
del 28 de abril de 2021 y expresó que la información requerida por la señora Urrego
se subsume dentro de la reserva consagrada en el numeral 13 sobre la información
relativa a solicitantes y protegidos del programa de prevención y protección, por lo
que de ser develada se pondría en riesgo la seguridad del servidor público que
actualmente es senador de la República.

Además, afirmó que la reserva antes aludida «debe entenderse que cobija, de
manera extensiva, a los miembros del esquema de seguridad del beneficiario,
máxime cuando estos son los actores relevantes de cara a garantizar la seguridad
de los solicitantes y protegidos del Programa de Prevención y Protección». Citó la
Sentencia SU 546 de 2023 que trata sobre los criterios particulares del esquema de
seguridad.

Por otra parte, adujo que «a pesar de la condición de periodista que acredita la
señora Urrego Aguilera, la solicitante del asunto no es beneficiario de la (sic)
medidas propias del Programa de Prevención y Protección, por lo que no existe un
interés legítimo que ampare su solicitud».

Finalmente, concluyó que la información solicitada goza de reserva legal, por lo que
fue bien negada la misma.

Conforme a lo anterior, no encuentra la Sala que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección primera, Subsección B haya incurrido en los defectos:
violación directa de la Constitución, procedimental absoluto, decisión sin motivación
y material o sustancial por supuestamente no aplicar el artículo 28 de la Ley 1712
de 20143, tal y como se expone a continuación:

3 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública

Nacional y se dictan otras disposiciones”.

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Por un lado, la norma antes citada establece que el «sujeto obligado» debe
argumentar por qué la información debe permanecer en reserva o en
confidencialidad; determinar si se trata de una excepción contenida en los artículos
18 y 19 ibidem y señalar si la revelación de ésta causaría un daño presente,
probable y específico que excede el interés público que representa el acceso a la
información.

Al respecto, advierte la Sala que la norma le asigna este deber de la carga de la
prueba a la entidad que debe contestar la petición y no a la autoridad judicial que
resuelve el recurso de insistencia, de ahí que, no le asiste razón a la accionante
cuando argumenta que el Tribunal omitió dicho análisis, pues este le compete a la
Unidad Nacional de Protección- UNP.

Ahora, si bien el propósito del recurso de insistencia es que «la autoridad judicial
realice una valoración sobre la validez de los argumentos expuestos por el sujeto
obligado para negar el acceso a la información solicitada»4 y, en el asunto, la Unidad
no demostró la pertinencia de la misma frente a la reserva, lo cierto es que, dicha
falencia no habilita por si sola el acceso a la información, tal y como lo sostuvo el
Tribunal en la sentencia.

De igual forma, se evidencia que este error no es sustancial y no le transgrede a la
accionante los derechos fundamentales invocados, toda vez que, la información
requerida sobre los nombres del esquema de seguridad del senador está sujeta a
reserva, conforme al numeral 13 del artículo 2.4.1.2.2 del Decreto 1066 de 2015, es
decir que, así la Unidad hubiera atendido los deberes que dispone el artículo 28 de
la Ley 1712 de 2014, la decisión sería la misma.

En cuanto al defecto de desconocimiento del precedente por no aplicar las
sentencias C 274 de 2013, C 951 de 2014, T 902 de 2014 y T 330 de 2021;
encuentra la Sala que el actor solo las relaciona, pero no explica de manera alguna,
la forma como la decisión enjuiciada las desconoce, a fin de que pueda realizarse
un análisis al respecto y tampoco este juez constitucional observa de bulto dicho
desconocimiento en relación con las sentencias de constitucionalidad señaladas. Y
las sentencias T 902 de 2014 y T 330 de 2021 resolvieron asuntos con supuestos

4 Corte Constitucional. Sentencia T 273 de 2023.

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de hecho totalmente diferentes, por lo que mal puede considerarse antecedentes
aplicables a este caso.

En consecuencia, se negará el amparo invocado por no configurarse los defectos
señalados ni cualquier otro.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero: NEGAR la acción de tutela instaurada por la señora Laura Marcela Urrego
Aguilera, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia.

Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
HAPC

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