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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00567-00

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00567-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniéganse las solicitudes de desvinculación propuestas por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva y el Consejo Superior de la Judicatura. SEGUNDO: Ampáranse los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor Edison Ferney Tovar Peña y, en consecuencia, ordénase al Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Bogotá que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, si aún no lo hubiere hecho, se pronuncie en torno a la solicitud de insolvencia, sin que ello implique necesariamente la aceptación de lo requerido y notifique lo decidido debidamente al actor. TERCERO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Edison Ferney Tovar Peña en lo concerniente al proceso de cobro coactivo. CUARTO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00567-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

6 de marzo de 2025

Demandante: Edison Ferney Tovar Peña
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura -
Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00567-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00567-00
Demandante: EDISON FERNEY TOVAR PEÑA
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE NEIVA Y OTROS

Temas: Tutela contra acto administrativo - Requisito de
subsidiariedad. Mora judicial respecto de peticiones
relacionadas con actuaciones judiciales.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Edison Ferney Tovar Peña, en nombre propio, presentó acción de
tutela1 contra el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de
Administración Judicial de Neiva, el Juzgado Primero Penal Municipal con
Función de Control de Garantías, Conocimiento y Adolescencia de La Plata
(Huila) y el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Bogotá, al
considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso.

Lo anterior, por cuanto la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Neiva no le notificó en debida forma las decisiones proferidas dentro del
procedimiento de cobro coactivo promovido en su contra2 y en el cual se
expidió la Resolución DESAJNEGCC24-2521 de 7 de mayo de 2024, por
medio de la cual se decretó el embargo de las sumas de dinero y demás
productos bancarios que tiene el señor Tovar Peña, trámite con radicado
41001-12-90-000-2018-01055-00.

1
Mediante escrito radicado el 4 de febrero de 2025.
2
Esto, con ocasión de la multa que le fue impuesta por el Juzgado Primero Penal Municipal
con Función de Control de Garantías, Conocimiento y Adolescencia de La Plata (Huila) por el
delito de inasistencia alimentaria.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Edison Ferney Tovar Peña
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura -
Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00567-00

Además, el accionante controvirtió la presunta omisión en la que incurrió el
Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Bogotá, tras no
pronunciarse en torno a la solicitud de insolvencia que radicó ante dicho
despacho el 30 de junio de 2016 dentro del proceso con radicado 41396-60-
00594-2012-00243-00.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el actor solicitó:

1. Se Ordene a la Dirección Seccional Neiva del Consejo Superior de la
Judicatura, proporcione a su señoría cuales fueron todas las actuaciones
administrativas y jurídicas tendiente a la notificación personal y las propias para
establecer que existió una ausencia de una dirección de ubicación mía.

2. Se Ordene al Juzgado Sexto De Ejecución de Penas y Medidas de Bogotá, a
pronunciarse respeto a la solicitud de Insolvencia de fecha 30 de junio de 2016,
en que termino quedó y aclaré si dentro del expediente versa los memoriales
aportados a su despacho.

3. Se ordene a la Dirección Seccional Neiva del Consejo Superior de la
Judicatura a dejar sin efectos Mandamiento de Pago derivado de la
RESOLUCION No. DESAJNEGCC24-2521 del 7 de mayo del 2024.

4. Se ordene a la Dirección Seccional Neiva del Consejo Superior de la
Judicatura a librar oficios a las entidades bancarias para levantar embargo de
mis cuentas.

5. Se ordene a la Dirección Seccional Neiva del Consejo Superior de la
Judicatura a realizar la devolución de los dineros retenidos de mis cuentas
bancarias.3

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

El señor Tovar Peña relató que el 26 de febrero de 2015 el Juzgado Primero
Penal Municipal con Función de Control de Garantías, Conocimiento y
Adolescencia de La Plata (Huila) le impuso pena privativa de la libertad por 34
meses4, la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas
por el mismo lapso, así como la multa equivalente a 21 smlmv5, tras
encontrarse responsable del delito de inasistencia alimentaria.6

Indicó que el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Bogotá
conoció del trámite de su condena, razón por la cual el 30 de junio de 2016
elevó ante dicha autoridad judicial solicitud de insolvencia, fecha en la cual
también le informó su nuevo lugar de domicilio, así como su número de
celular, sin recibir alguna respuesta al respecto.

3
Trascripción literal del original con posibles errores.
4
Condena que cumplió en su domicilio.
5
Salario mínimo legal mensual vigente.
6
Proceso con radicado 41396-60-00594-2012-00243-00.

2

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Hizo referencia a que se enteró7 que el dinero depositado en su cuenta
bancaria fue embargado, con ocasión del proceso de cobro coactivo
adelantado por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva en
su contra, con el propósito de recaudar el monto adeudado por la multa que le
fue impuesta en el proceso penal.

Afirmó que el 11 de diciembre de 2024 solicitó ante la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Neiva la copia del expediente del aludido
procedimiento administrativo con radicado 41001-12-90-000-2018-01055-00,
que se le informara el medio por el cual se surtieron las notificaciones en
dicho trámite y que se le entregara el acto administrativo mediante el cual se
ordenó el bloqueo de su cuenta bancaria.

Refirió que mediante oficio de 22 de enero de 2025 el abogado ejecutor de la
entidad en mención le envió los documentos requeridos y la copia de la
Resolución DESAJNEGCC24-2521 de 7 de mayo de 2024, en la cual se
dispuso el embargo de las sumas de dinero y productos bancarios que tuviera
por el valor de $12.936.000,00.

1.4. Sustento de la vulneración

A juicio del accionante, la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Neiva vulneró su derecho fundamental al debido proceso, por cuanto no le
notificó en debida forma las decisiones proferidas dentro del procedimiento de
cobro coactivo promovido en su contra y que originaron la expedición de la
Resolución DESAJNEGCC24-2521 de 7 de mayo de 2024.

Lo anterior, debido a que se tuvo en cuenta la dirección de su domicilio que
estaba contenida en la sentencia de 26 de febrero de 2015 proferida por el
Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías,
Conocimiento y Adolescencia de La Plata (Huila), pese a que estaba
desactualizada y, por ello, los memoriales enviados por la empresa 4-72
fueron devueltos.

Cuestionó el hecho de que se publicara un aviso para efectos de notificarlo,
dado que tiene el mismo número de celular por más de 15 años y no recibió
alguna llamada telefónica en la cual se le informara lo decidido en el referido
trámite, actuación que se realizó unos días antes de vencerse la acción de
cobro para «suspender el término de prescripción».

A su vez, señaló que se encuentra perjudicado con el embargo de su dinero y
tuvo que endeudarse para cumplir las obligaciones escolares y familiares que
tiene a su cargo, toda vez que dicha medida fue imprevisible porque asumió
que el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Bogotá aceptó la
solicitud de insolvencia que radicó el 30 de junio de 2016, por lo que incurrió
en una omisión tras no pronunciarse sobre su petición.

7
El actor no precisó la fecha en la que ocurrió este hecho.

3

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1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones

Mediante auto de 7 de febrero de 2025, se admitió la solicitud de tutela y se
ordenó notificar esta decisión al actor y como demandados al presidente del
Consejo Superior de la Judicatura, al director ejecutivo de Administración
Judicial, al director seccional de Administración Judicial de Neiva, al juez
Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías, Conocimiento
y Adolescencia de La Plata (Huila), así como al juez Sexto de Ejecución de
Penas y Medidas de Bogotá.

Remitidas las respectivas comunicaciones8, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Bogotá

El titular del despacho hizo alusión a que asumió el conocimiento de las
diligencias seguidas en contra del señor Tovar Peña mediante auto de 25 de
mayo de 2015, dado que cambió de residencia a la ciudad de Bogotá y, luego,
con proveído de 7 de marzo de 2018 decretó su libertad por pena cumplida,
motivo por el cual expidió el oficio liberatorio y decretó la rehabilitación de la
pena accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas.

Resaltó que la anterior extinción fue oportunamente materializada por el
Centro de Servicios Administrativos para los juzgados de esta especialidad en
comunicaciones del 19 de septiembre de 2018, misma fecha en la que se
remitió el expediente ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de
Control de Garantías, Conocimiento y Adolescencia de La Plata (Huila) para
su respectivo archivo definitivo.

Indicó que, «tal y como lo concluyó esta judicatura frente al postulado
formulado por el actor el pasado 30 de junio de 2016 referente al eventual
reconocimiento de la insolvencia económica, la constitución y aplicación de
dicha figura jurídica resulta improcedente», por cuanto esto es viable solo
cuando se hace una excepción al deber de sufragar alguna caución prendaria
(mediante póliza o depósito judicial) en los eventos en que a un condenado se
le otorga algún beneficio excarcelatorio, mas no en lo referente a la pena de
multa.

Por lo anterior, solicitó que se resuelvan desfavorablemente las pretensiones
formuladas por el accionante y que se declare la improcedencia de la acción
constitucional, bajo la óptica de la evidente inexistencia de la presunta omisión
en la que incurrió.

1.5.2. Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva

Se pronunció por intermedio del abogado ejecutor del Área de Asistencia
Legal y Cobro Coactivo de esta seccional, quien informó que se libró el oficio
persuasivo DESAJNEO19-3874 de 23 de abril de 2019 en contra del actor,

8
Mediante oficios enviados el 12 de febrero de 2025 visibles en el índice 8 de SAMAI.

4

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documento que fue remitido por la empresa ADPOSTAL- 472 a la dirección
«DIAGONAL 83 BIS No 81 A - 29 barrio la española – Bogotá Cundinamarca,
dato de ubicación consignado en la sentencia objeto de ejecución,
particularmente en el ítem “identidad e individualización del procesado”.»

Explicó que en el expediente del proceso de cobro coactivo con radicado
41001-12-90-000-2018-01055-00 se encuentra el certificado nacional de
franquicia, en el cual consta el trámite dado a la correspondencia y el
resultado obtenido consistente a que fue devuelta porque la dirección no
existía.

Puntualizó que en la Resolución 19-3553 de 9 de diciembre de 2019 se libró
mandamiento de pago en contra del actor, el cual quedó debidamente
notificado con el aviso publicado en la página web de la Rama Judicial el 19
de febrero de 2020 y, posteriormente, mediante la Resolución
DESAJNEGCC24-2521 de 7 de mayo de 2024 se dictó medida cautelar de
embargo de las sumas de dinero y productos bancarios del accionante.

Además, esta entidad resaltó el carácter residual y subsidiario que tiene la
acción de tutela, a partir de lo cual consideró que este mecanismo
constitucional no podía ser utilizado como un medio judicial alternativo a
aquellos establecidos por la ley para debatir este tipo de controversias (sin
precisar a cuáles hacía referencia).

A reglón seguido, destacó que en el presente caso no se advertía la existencia
de un perjuicio irremediable, pues el actor no acreditó la falta de capacidad
económica que, de contera, afecte sus derechos fundamentales al mínimo
vital y móvil, especialmente si se tenía en cuenta que los embargos no
constituyen una situación suficiente para ello.

Por último, solicitó la desvinculación de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Neiva del presente trámite, al considerar que la
actuación que surtió mediante la oficina de cobro coactivo se encuentra
ajustada a derecho, así que no desconoció la garantía iusfundamental
invocada por el actor.

1.5.3. Consejo Superior de la Judicatura

En el informe rendido por la magistrada auxiliar de la Oficina del Despacho de
la Presidencia se indicó que dicha corporación carece de legitimación en la
causa por pasiva, por lo que debía ser desvinculada del asunto de la
referencia. Esto, debido a que esa entidad no tiene la aptitud legal para
adelantar un proceso persuasivo y, por lo tanto, no es la llamada a responder
por la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso del
actor.

1.5.4. Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de
Garantías, Conocimiento y Adolescencia de La Plata (Huila)

Se opuso a los hechos y pretensiones de la acción de tutela de la referencia,

5

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en atención a que durante el trámite del juicio oral el señor Tovar Peña estuvo
asistido por un defensor, de modo que se le garantizaron sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la defensa.

Además, recalcó que dicho juzgado no tiene alguna competencia dentro del
proceso de cobro coactivo adelantado en contra del accionante, así como
tampoco tiene la facultad de decretar y practicar embargos sobre los bienes
del señor Tovar Peña.

1.5.5. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, pese a que fue
debidamente notificada de la existencia del presente trámite9, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como
en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestión previa

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva y el Consejo
Superior de la Judicatura solicitaron su desvinculación por carecer de
legitimación en la causa por pasiva. No obstante, tales peticiones serán
denegadas por cuanto su vinculación obedeció a que fueron identificadas
dentro de las demandadas en la acción constitucional de la referencia, así que
más allá de la responsabilidad o no que les asista era necesario que pudieran
ejercer su derecho de defensa.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala analizar si el Consejo Superior de la Judicatura -
Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva, el Juzgado Primero
Penal Municipal con Función de Control de Garantías, Conocimiento y
Adolescencia de La Plata (Huila) y el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y
Medidas de Bogotá vulneraron el derecho fundamental al debido proceso del
señor Tovar Peña.

Lo anterior, con ocasión i) del proceso de cobro coactivo con radicado 41001-
12-90-000-2018-01055-00 y ii) la presunta falta de pronunciamiento en torno a
la solicitud de insolvencia elevada por el actor dentro del proceso penal con
radicado 41396-60-00594-2012-00243-00.

Para resolver este problema, se observarán los siguientes aspectos: i)
generalidades de la acción de tutela y ii) análisis del caso concreto.

9
Mediante oficio 14199 enviado el 12 de febrero de 2025.

6

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2.4. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política prevé el precepto constitucional
según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar
ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales
siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las
autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos que indica el
Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente,
ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta
acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de
improcedencia contenidas en el artículo 6º ibidem., entre otros motivos, la
relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa judicial para
garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o vulnerado.

2.5. Caso concreto

El problema jurídico planteado en la tutela sugiere, de un lado, una petición de
amparo por cuenta del procedimiento de cobro coactivo promovido en contra
del señor Tovar Peña y, del otro, la controversia originada con la falta de
pronunciamiento respecto a la solicitud de insolvencia presentada por el actor
ante el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Bogotá, lo cual se
resolverá de manera independiente.

2.5.1. Controversia relacionada con el proceso de cobro coactivo

Según se tiene, lo señalado por el accionante se dirige a controvertir la
indebida notificación de las decisiones proferidas dentro del proceso de cobro
coactivo adelantado en contra del actor, con el propósito de recaudar el pago
de la multa equivalente a 21 smlmv10 que le fue impuesta por el Juzgado
Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías, Conocimiento
y Adolescencia de La Plata (Huila) en la sentencia de 26 de febrero de 2015,
por incurrir en el delito de inasistencia alimentaria.

Entonces, el accionante puso de presente que se enteró que el dinero
depositado en su cuenta bancaria fue embargado, con ocasión a que en
dicho trámite se expidió la Resolución DESAJNEGCC24-2521 de 7 de mayo
de 2024, por medio de la cual la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Neiva decretó el embargo de las sumas de dinero y demás
productos bancarios que tuviera por el valor de $12.936.000,00.

En el informe rendido por la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Neiva se hizo referencia a que se libró el oficio persuasivo DESAJNEO19-
3874 de 23 de abril de 2019 en contra del actor, documento que fue remitido
por la empresa ADPOSTAL - 472 a la dirección «DIAGONAL 83 BIS No 81 A -
29 barrio la española – Bogotá Cundinamarca, dato de ubicación consignado
en la sentencia objeto de ejecución, particularmente en el ítem “identidad e

10
Salario mínimo legal mensual vigente.

7

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individualización del procesado”.»

A su vez, la entidad accionada trajo a colación que en la Resolución 19-3553
de 9 de diciembre de 2019 se libró mandamiento de pago en contra del señor
Tovar Peña, acto que, en su sentir, quedó notificado con el aviso publicado en
la página web de la Rama Judicial el 19 de febrero de 2020.

Ahora bien, cabe señalar que el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución
contempla el requisito de subsidiariedad como presupuesto de procedencia de
la tutela y determina que «[e]sta acción solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable», precepto
reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.11

La jurisprudencia estableció que en razón del principio de subsidiariedad de la
tutela, los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser
resueltos, en principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y
administrativas, de manera que únicamente ante la inexistencia de dichas
alternativas o cuando estas no resultan idóneas para evitar la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a esta acción constitucional.

De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la
obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del
ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de
los cuales debe hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de
agotamiento de los recursos legales deviene en la improcedencia de este
mecanismo.

La Corte Constitucional estableció que, por regla general, la acción de tutela
no procede para controvertir la legalidad de los actos administrativos, debido a
que la naturaleza residual de este mecanismo constitucional impone al
ciudadano la carga de acudir previamente a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo en ejercicio del respectivo medio de control, pues es la vía
procesal idónea que el legislador diseñó para la garantía de los derechos12,
salvo en el evento en que se presente para evitar la consumación de un
perjuicio irremediable.

En criterio de la Sala, no se cumple el presupuesto de la subsidiariedad en el
caso que nos ocupa, teniendo en cuenta que la controversia sugerida por el
actor radica en la indebida notificación de las decisiones proferidas en el
proceso de cobro coactivo, irregularidad que el actor puede debatir en dicho

11
«ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en
que se encuentra el solicitante.»
12
Al respecto ver, entre otras, las sentencias T-260 de 2018 y T-381 de 2022.

8

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trámite en ejercicio de la solicitud de nulidad, al tenor de lo previsto en el
artículo 133 del Código General del Proceso13, que a la letra dice:

ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en
parte, solamente en los siguientes casos:

(...) 8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio
de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás
personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o
de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes,
cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o
a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.

Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una
providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de
pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula
la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya
saneado en la forma establecida en este código (...).

Además, algunos de los actos expedidos en el proceso de cobro coactivo son
susceptibles de control de legalidad ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho que estableció el legislador en el artículo 13814 del CPACA,
dentro del cual tiene la posibilidad de solicitar el decreto de medidas
cautelares de urgencia15 para la protección inmediata del derecho
fundamental que, en su sentir, fue transgredido.

Justamente, el actor puede proponer en dicho escenario el cargo relativo a la
presunta vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, con
ocasión de la indebida notificación de las decisiones proferidas en el proceso
de cobro coactivo, máxime si se tiene en cuenta que el Consejo de Estado16
es de la tesis, según la cual, de manera excepcional se pueden demandar
actos expedidos en un proceso de cobro coactivo diferentes a los enlistados
en los artículos 101 del CPACA y 835 del Estatuto Tributario.

Lo anterior, por cuanto en cada caso se debe verificar si el acto administrativo
emitido en un proceso de cobro coactivo crea, modifica o extingue situaciones
jurídicas concretas y particulares, por lo que excepcionalmente y según las
particularidades del asunto, es posible que los administrados puedan
controvertirlos ante el juez natural.

13
Norma aplicable al presente asunto por remisión del artículo 100 del CPACA.
14
«ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que
se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que
se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca
el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño (...)».
15
«ARTÍCULO 234. MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA. Desde la presentación de la
solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar
una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que por
su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será
susceptible de los recursos a que haya lugar».
16
Al respecto, ver providencia de 27 de febrero de 2025 proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, M.P. Wilson Ramos Girón, proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 76001-23-33-000-2023-00713-01 (29195).

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00567-00

Esto quiere decir que el señor Tovar Peña debió agotar los medios de defensa
que tiene a su alcance antes de acudir al juez constitucional, pues con los
escenarios idóneos y eficaces para cuestionar la presunta indebida
notificación de los actos expedidos en el proceso de cobro coactivo, pero no lo
hizo.

Ahora bien, teniendo en cuenta que en el asunto que nos ocupa solo procede
la acción de tutela de manera excepcional y como mecanismo transitorio de
salvaguarda de los derechos fundamentales, se verificó si existía la posible
configuración de un perjuicio irremediable que se pudiera evitar y si el acto
que decretó el embargo afectaba de manera clara y directa la garantía
constitucional al debido proceso del accionante.

Sin embargo, en el caso analizado no se advierte alguna de estas situaciones
que permitan acceder al amparo del derecho fundamental invocado por el
señor Tovar Peña de manera urgente y desconocer la existencia de los
mecanismos previstos para esta clase de controversias, los cuales se insiste
le permitirá obtener una respuesta material y efectiva.

La razón de ello obedece a que de la revisión del escrito de la tutela y las
pruebas obrantes en el plenario no se evidencia alguna situación que amerite
la adopción de una medida transitoria, ni que permita inferir que el tutelante es
un sujeto de especial protección constitucional para abordar el estudio del
asunto desde una óptica diferente.

Esto, por cuanto los documentos aportados tan solo evidencian aspectos que
precisamente están relacionados con el proceso de cobro coactivo promovido
en contra del actor, mas no aquellos que permitan deducir que su derecho al
mínimo vital se encuentra gravemente amenazado, es decir, que no pueda
sufragar sus necesidades básicas relativas a la alimentación, salud, vivienda,
pago de deudas o facturas de servicios públicos.

En otras palabras, el accionante no acreditó la configuración de las causales
excepcionales para que sea posible flexibilizar este presupuesto de
procedibilidad, según el criterio reiterado de la Corte Constitucional 17
consistente en que en estos casos la parte actora debe acreditar la necesidad
de la medida de amparo para evitar la consumación de un daño irremediable,
por lo que está en la obligación de probar que: i) se está ante un perjuicio
grave e inminente y ii) se requieren medidas urgentes e impostergables para
superar el daño.

Así las cosas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela en lo
concerniente a los reparos planteados contra el proceso de cobro coactivo
promovido en contra del actor por no cumplir el requisito de subsidiariedad,
debido a que este no es un mecanismo de protección de los derechos
fundamentales que se pueda emplear para abordar asuntos propios del juez
natural, máxime cuando no existe una causa justificable para ello.

17
Ver, entre otras, las sentencias T-851 de 2014, T-161 de 2017, T-442 de 2017 y T-236 de
2019, las cuales se traen a colación como un criterio auxiliar de interpretación.

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2.5.2. Controversia relacionada con la solicitud de insolvencia

Por otro lado, se encuentra que el actor cuestionó la presunta falta de
pronunciamiento por parte del Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y
Medidas de Bogotá respecto a la solicitud de insolvencia que radicó el 30 de
junio de 2016 en el expediente con radicado 41396-60-00594-2012-00243-
0018, así:

Al respecto, cabe precisar que el escrito presentado por el señor Tovar Peña
se trata de un memorial que está relacionado con el pago de la multa que le
fue impuesta en el proceso penal, así que el cuestionamiento planteado gira
en torno a actos estrictamente judiciales, lo que implica que la discusión
propuesta se analice bajo la óptica de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.

Esto es así, por cuanto el ejercicio del derecho de petición «(…) no es
aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los procesos, ya que estos
se rigen por las normas legales propias de cada uno, sin que sea lo adecuado
impulsarlos mediante la formulación de peticiones en cada uno de los
momentos procesales».19 En relación con este tema, la Corte Constitucional
señaló:

5. Específicamente en relación con el derecho de petición frente a los jueces
las sentencias T- 334 de 1995 y T-07 de 1999 señalaron que:

18
Visible en el siguiente enlace:
https://procesos.ramajudicial.gov.co/jepms/bogotajepms/adju.asp?cp4=413966000594201200
24300&fecha_r=2/26/2025_3:16:50%20PM
19
Sentencia T-178 de 2000.

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a) El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial
o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales,
ya que esta es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal.
Ahora bien, en caso de mora judicial puede existir transgresión del debido
proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de
petición.

b) Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse dos. De un
lado, los actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos administrativos.
Respecto de éstos últimos se aplican las normas que rigen la administración,
esto es, el Código Contencioso Administrativo.

c) Por el contrario, las peticiones en relación con actuaciones judiciales no
pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones
administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten las partes y los
intervinientes dentro de aquél [del proceso] en asuntos relacionados con la litis
tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso (…).20

En cuanto a la mora judicial respecto de peticiones relacionadas con
actuaciones judiciales cabe señalar que la Corte Constitucional señaló que el
fenómeno de la mora judicial puede llegar a desconocer el derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia, en aquellos casos en
los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no en la
complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de
exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en
la omisión sistemática de sus deberes por parte de estos .

De modo que el incumplimiento de los términos judiciales se encuentra
justificado cuando: a) Es producto de la complejidad del asunto y dentro del
proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; b) se
constata que efectivamente existen problemas estructurales en la
administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de
congestión judicial; o, c) se acreditan otras circunstancias imprevisibles o
ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en
la ley.21

Por el contrario, el incumplimiento de términos judiciales no se encuentra
justificado cuando: a) se presente un incumplimiento en los términos
señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario
competente; b) se desborda el concepto de plazo razonable que involucra el
análisis sobre la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado,
la conducta de la autoridad competente y el análisis global del procedimiento;
y, c) exista falta de motivo o justificación razonable en aquel retraso.22

Ahora bien, al intervenir en el presente trámite, el Juzgado Sexto de Ejecución
de Penas y Medidas de Bogotá hizo un recuento de las actuaciones que surtió
cuando asumió el conocimiento del proceso del señor Tovar Peña y puso de
presente que mediante auto de 7 de marzo de 2018 decretó su libertad por
pena cumplida, motivo por el cual expidió el oficio liberatorio y decretó la
rehabilitación de la pena accesoria de inhabilitación de derechos y funciones

20
Sentencia T-377 de 2000.
21
Sentencia T-803 de 2012.
22
Sentencias T-693A de 2011, T-297 de 2006 y T-1154 de 2004.

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públicas.

A su vez, refirió que el 19 de septiembre de 2018 remitió el expediente al
Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías,
Conocimiento y Adolescencia de La Plata (Huila) para su archivo definitivo y,
en lo concerniente a la solicitud de insolvencia presentada por el actor, se
limitó a indicar lo siguiente:

2. De otra parte, tal y como lo concluyó esta judicatura frente al postulado
formulado por el actor el pasado 30 de junio de 2016 referente al eventual
reconocimiento de la insolvencia económica, la constitución y aplicación de
dicha figura jurídica resulta improcedente por cuanto en temas procesales en
sede de ejecución de penas y medidas de seguridad tan solo se invoca y opera
en determinadas situaciones en las que evidentemente se hace una excepción
al deber de sufragar alguna caución prendaria (mediante póliza o depósito
judicial) —pues se prescinde de ella, y como consecuencia de aquello, se
requiere tan solo la constitución de caución juratoria tan solo en los eventos en
que a un condenado se le ha otorgado algún beneficio judicial excarcelatorio, y
no en lo referente a la pena de multa como erradamente lo pretende el
tutelante.

Del texto citado, se advierte que el juzgado accionado no fue claro en señalar
cuándo resolvió el requerimiento presentado por el accionante, así como
tampoco aportó al plenario alguna prueba que acreditara con grado de certeza
que esto fue así, ni mucho menos demostró que la decisión que se profirió al
respecto fue efectivamente puesta en conocimiento del señor Tovar Peña.

Además, al revisar el expediente con radicado 41396-60-00594-2012-00243-
00 se constató que la solicitud de insolvencia elevada por el accionante pasó
al despacho el 5 de julio de 2016, sin que se registrara alguna actuación que
permita concluir que el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de
Bogotá, en efecto, se pronunció sobre el tema, pues el 14 de julio de ese
mismo año tan solo aparece que autorizó el cambio de domicilio del
accionante y que bajó el expediente a Secretaría:

Bajo este contexto, la Sala encuentra que la vulneración de los derechos
fundamentales del actor permanece en el tiempo, por cuanto en el presente
trámite no se demostró fehacientemente que exista un pronunciamiento
respecto a la solicitud de insolvencia, pese a que han transcurrido nueve años
desde que se radicó.

En consecuencia, se ampararán los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia del actor y ordenará al
Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Bogotá que, en el
término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
providencia, si aún no lo hubiere hecho, se pronuncie en torno a la solicitud de
insolvencia, sin que ello implique necesariamente la aceptación de lo
requerido y notifique lo decidido debidamente al señor Tovar Peña.

13

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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Deniéganse las solicitudes de desvinculación propuestas por la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Neiva y el Consejo Superior
de la Judicatura.

SEGUNDO: Ampáranse los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia del señor Edison Ferney Tovar Peña y,
en consecuencia, ordénase al Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y
Medidas de Bogotá que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta providencia, si aún no lo hubiere hecho, se
pronuncie en torno a la solicitud de insolvencia, sin que ello implique
necesariamente la aceptación de lo requerido y notifique lo decidido
debidamente al actor.

TERCERO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el
señor Edison Ferney Tovar Peña en lo concerniente al proceso de cobro
coactivo.

CUARTO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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