Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00583-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00583-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-00583-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
25 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C, 25 de marzo de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00583-00
Demandante: Nelly Rocío Navarro Morales
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Defecto fáctico | Defecto
sustantivo| Desconocimiento de precedente – Niega
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia de segunda instancia que revocó
la decisión apelada y, en su lugar, negó las pretensiones de una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada Nelly Rocío Navarro
Morales contra el Tribunal Administrativo de Sucre.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 5 de febrero de 2025, Nelly Rocío Navarro Morales, por medio de
apoderado judicial, presentó una acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Sucre, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración
de justicia, con ocasión de la Sentencia de 18 de julio de 2024, proferida
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 70001-33-
33-002-2023-00089-01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, de
acceso a la administración de justicia, así como los principios constitucionales
de seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima de la señora NELLY ROCÍO
NAVARRO MORALES. En consecuencia,
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00583-00
Demandante: Nelly Rocío Navarro Morales
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega amparo
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2. REVOCAR Y/O DEJAR SIN EFECTO la sentencia de 18 de julio de 2024
´proferido por el Tribunal Administrativo de Sucre al interior del proceso que
resolvió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 2023-00089-01 interpuesto contra las Fuerzas Militares – Armada
Nacional,
3. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Sucre que dicte una nueva sentencia
en la que se tenga en cuenta las consideraciones expuestas en esta acción de
tutela.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) Por medio de la Resolución No. 5486 de 9 de diciembre de 2021,
Nelly Rocío Navarro Morales ingresó al escalafón de oficiales de las fuerzas
militares como teniente de corbeta.
5. 2) El 7 de septiembre de 2022, el Segundo Comandante de la Base de
Entrenamiento de Infantería de Marina de Coveñas (Sucre), coronel
Alejandro Emilio Albarracín Dáguer consultó a la jefe de la Oficina Jurídica
de la Fuerza Naval del Caribe “OFJURFNC”, teniente de navío Edith Johana
Torres Melo, mediante Oficio No. 20220026532801713, sobre el cumplimiento
de plazos y tareas por parte de la señora Navarro Morales a esa
dependencia, con el fin de emitir su concepto de año de prueba.
6. 3) El 9 de septiembre de 2022, la teniente de navío Edith Johana Torres
Melo, mediante Oficio No. 20220001692830093, emitió un concepto positivo
de la accionante.
7. 4) El 26 de septiembre de 2022, el coronel Alejandro Emilio Albarracín
Dáguer le pidió a Nelly Rocío Navarro Morales que se presentara en su
oficina para notificarla de los Oficios No.20220026533020673/MDN-COGFM-
COARC-SECAR-JEMAF-CIMARCBEINM-29.60 de 25 de septiembre de 2022 y
No. 2022002633020673/MDM-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-CIMARC-
BEINM-29.60 de 26 de septiembre de 2022, en los que constaban unas
amonestaciones por no cumplir con las órdenes emitidas por sus superiores
frente a las salidas, permisos y franquicias, así como por no respetar los límites
de la guarnición y salir sin permiso de la unidad.
8. 5) El Segundo Comandante de la Base de Entrenamiento de Infantería
de Marina de Coveñas (Sucre), Alejandro Emilio Albarracín Dáguer,
mediante el Oficio No. 003/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAFCIMAR-
CBEINM 29.60 de 11 de octubre de 2022, emitió concepto de desempeño
por el año de prueba de la señora Navarro Morales a la Junta Clasificadora
de la Armada Nacional, en el que indicó que no recomendaba su
permanencia en el servicio activo.
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega amparo
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9. 6) A través del Oficio No.000833/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-
JEDHU-DIGEH JUCLA-29.60 de 18 de octubre de 2022, el jefe de la Junta
Clasificadora – Vocal 1 de la Armada Nacional le solicitó a la directora del
área de gestión jurídica un concepto jurídico con el fin de tomar la decisión
pertinente de acuerdo con los factores evaluados a Nelly Rocío Navarro
Morales durante el año de prueba.
10. 7) El 17 de noviembre de 2022, mediante Oficio No. 000873, el jefe de
la Junta Clasificadora – Vocal 1 de la Armada Nacional, capitán de fragata
Julio César Esteban Martínez, le indicó a la señora Navarro Morales que no
aprobó el período de prueba en su primer año en el escalafón al no cumplir
con los factores de eficiencia, adaptabilidad y condiciones para el servicio.
11. 8) El 22 de noviembre de 2022, la señora Navarro Morales le solicitó a
la Junta Clasificadora de la Armada Nacional que reconsiderara la
evaluación realizada sobre el período de prueba.
12. 9) La Junta Clasificadora de la Armada Nacional, por medio de Acta
No. 42/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DIGEH JUCLA-2.25 de 23
de noviembre de 2022, determinó, por unanimidad, mantener la no
superación del periodo de prueba de la señora Navarro Morales, por haber
presentado deficiencias y falta de adaptación y de condiciones para el
desempeño en el cargo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35 del
Decreto Ley 1790 de 20002.
13. 10) Mediante Acta No. 17 de 25 de noviembre de 2022, la Junta
Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares
recomendó, luego de estudiar el caso, retirar del servicio activo a la señora
Navarro Morales, por no superar el periodo de prueba.
14. 11) El 9 de diciembre de 2022, mediante Acta 039/MDN-COGFM-
COARC SECAR-JEMPE-JEDHU-DIGEH-JUCLA-2.25, el área de gestión jurídica
emitió un concepto no favorable.
15. 12) El 13 de enero de 2023, mediante la Resolución No. 43, el ministro
de Defensa retiró a Nelly Rocío Navarro Morales del servicio activo de la
Armada Nacional (se trascribe) “en forma temporal con pase a la reserva
Por no superar el periodo de prueba”.
16. 13) El 12 de mayo de 2023, Nelly Rocío Navarro Morales presentó, por
medio de apoderado judicial, una demanda, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional, con el fin de que se
2Decisión que fue comunicada a través de Oficio No. 000920/ MDN-COGFM-COARC SECAR-JEMAF-CIMAR-
CBEINM-SCBEINM-ASJUR 1.10 de 24 de noviembre de 2022.
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Decisión: Niega amparo
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anulara la Resolución No. 43 de 13 de enero de 2023 y, como
restablecimiento del derecho, se le ordenara a la demandada reintegrarla
en el mismo cargo que desempeñaba al momento de su retiro o uno
superior, se le reconociera y pagara los salarios y prestaciones sociales
dejados de percibir a partir de la fecha de su retiro y se indexaran las sumas
reconocidas.
17. 14) El Juzgado 2 Administrativo de Sincelejo, mediante Sentencia de
15 de diciembre de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda, al
manifestar que el acto administrativo demandado estaba viciado de falsa
motivación porque se fundamentó únicamente en las amonestaciones que
recibió la señora Navarro Morales y no en los múltiples soportes que daban
cuenta de su desempeño al interior de la institución.
18. 15) La parte demandada, inconforme con esa decisión, presentó
recurso de apelación a fin de que se revocara y se negaran las pretensiones
de la demanda, tras establecer que no se tuvo en cuenta el material
probatorio allegado al expediente con el cual se respaldaba la legalidad
del acto administrativo de retiro.
19. 16) El Tribunal Administrativo de Sucre, por medio de Sentencia de 18
de julio de 2024, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda. Para fundamentar su decisión,
estableció que el acto de retiro del servicio se encontraba debidamente
fundamentado, no solo en la normativa superior que determinaba y
autorizaba la causal de retiro del servicio por no superar el período de
prueba, sino además en razones objetivas respecto del contenido misional
de las fuerzas militares, el comportamiento y las responsabilidades exigibles
a quien aspiraba ingresar o pertenecía a la Armada Nacional.
20. Como fundamento de la vulneración, la parte actora argumentó que
la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos fáctico y sustantivo,
así como en un desconocimiento del precedente, al momento de revocar
la decisión de primer grado.
21. Sobre el defecto fáctico, sostuvo que se había valorado
erróneamente el folio de hoja de vida que reposaba en el expediente y el
cual daba cuenta de su buen desempeño durante el período de prueba,
específicamente porque contenía felicitaciones, anotaciones positivas y
reconocimientos que le habían hecho para exaltar su compromiso con la
institución.
22. Agregó que tampoco se tuvo en consideración el concepto emitido
por la teniente de navío, Edith Johana Torres Melo, sobre el cumplimiento de
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los plazos y tareas que le fueron impuestas y sí se valoró el concepto emitido
por Alejandro Emilio Albarracín Dáguer, Segundo Comandante de la Base
de Entrenamiento de Infantería de Marina de Coveñas (Sucre), mediante
Oficio No. 003/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAFCIMAR-CBEINM 29.60 de
11 de octubre de 2022.
23. En lo que corresponde al defecto sustantivo, manifestó que el Tribunal
Administrativo de Sucre ignoró que las amonestaciones de 25 y 26 de
septiembre de 2022 realizadas en su contra fueron emitidas por el coronel
Alejandro Emilio Albarracín Dáguer, cuando debieron ser hechas por el
brigadier general Jorge Federico Torres Mora (evaluador), Comandante de
la Base de Entrenamiento de Infantería de Marina de Coveñas (Sucre), quien
en su criterio era la única persona facultada para amonestarla.
24. Por último, señaló que se había configurado un desconocimiento del
precedente porque la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta
diversas sentencias de la Corte Constitucional3 y del Consejo de Estado4 en
las que, según ella, se determinó que para retirar una persona del servicio
activo de las fuerzas militares era necesario valorar la hoja de vida, las
evaluaciones de desempeño y todos los documentos que acreditaran las
actividades desarrolladas para así evitar una actuación arbitraria.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados5
25. El Ministerio de Defensa Nacional solicitó que se declarara
improcedente y, en su defecto, se negara el amparo solicitado porque, si
bien la parte actora tenía anotaciones positivas en su expediente, la
evaluación de su desempeño no podía basarse únicamente en
felicitaciones, de modo que el tribunal realizó un análisis integral del material
probatorio con base en el cual pudo corroborar la legalidad del acto de
retiro a partir de la eficiencia, la capacidad de adaptación y el desempeño
general de la actora. Por ello, señaló que no hubo ninguna vulneración de
derechos fundamentales que justificara la intervención del juez de tutela.
26. El Juzgado 2 Administrativo de Sincelejo remitió un enlace para
acceder al expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del
3 Entre las sentencias de la Corte Constitucional que señaló como desconocidas se encuentran las siguientes: C-
525 de 1995, T-1010 de 2000, T-995 de 2007, T-432 de 2008 y T-111 de 2009.
4 Entre las providencias del Consejo de Estado que según la parte actora fueron desconocidas, se encuentran las
siguientes: Sentencia de 18 de mayo de 2006, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda de la Sala de
lo Contencioso Administrativo dentro del proceso No. 25000-23-25-000-2001-00140-01 y la Sentencia de 10 de
febrero de 2011, proferida por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo dentro del proceso
No. 11001-03-15-000-2010-01239-00.
5 Mediante Auto de 7 de febrero de 2025, el despacho ponente resolvió (1) admitir la acción de tutela de la
referencia, (2) tener como demandado al Tribunal Administrativo de Sucre y (3) vincular a la Nación - Ministerio de
Defensa – Armada Nacional y al Juzgado 2 Administrativo de Sincelejo, como terceros con interés en el asunto.
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derecho solicitado, pero no se pronunció sobre las pretensiones de la acción
de tutela.
27. El Tribunal Administrativo de Sucre y la Armada Nacional, a pesar de
haber sido notificados en debida forma6, guardaron silencio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2. Fijación
de la controversia. 2.3. Verificación de defectos y/o afectación a derechos fundamentales.
2.4. Conclusión.
2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
28. Esta acción de tutela es procedente porque: no existe recurso judicial
idóneo y eficaz que permitiera a la parte actora alegar los reparos
planteados vía tutela y procurar la defensa de los derechos presuntamente
vulnerados. Hubo un plazo razonable entre la fecha de notificación de la
providencia enjuiciada (9/8/2024) y la de interposición de la presente
acción de tutela (5/2/2025). No se enjuició un fallo de tutela, pues la
controversia se relacionó con la sentencia de segunda instancia proferida
en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Se identificaron
de manera clara, detallada y comprensible los hechos y la presunta
vulneración derivada de ellos.
29. La controversia tiene relevancia constitucional por tratarse de la
presunta afectación de los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia, con ocasión de una
providencia, dictada en segunda instancia, que, según la parte actora, no
valoró debidamente el material probatorio arrimado al proceso y
desconoció el precedente de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado. Asimismo, no se advierte que se trate de una reiteración de los
argumentos planteados en el proceso ordinario, ya que reparos concretos
van contra la sentencia de segunda instancia que revocó la de primera
instancia. Además, la controversia no versa sobre un aspecto de simple
legalidad ni denota un interés eminentemente económico por parte de la
parte actora.
2.2. Fijación de la controversia
30. Corresponde a la Sala determinar si la Sentencia de 18 de julio de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, incurrió en un defecto
fáctico por indebida valoración probatoria, en un defecto sustantivo por la
6 Índice 8 de SAMAI.
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aparente falta de competencia de quien amonestó a la accionante el 25 y
26 de septiembre de 2022 y/o en un desconocimiento del precedente
establecido en las Sentencias C-525 de 1995, T-1010 de 2000, T-995 de 2007,
T-432 de 2008 y T-111 de 2009 de la Corte Constitucional y las Sentencias de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de 18 de
mayo de 2006, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda dentro
del proceso No. 25000-23-25-000-2001-00140-01, y la de 10 de febrero de
2011, proferida por la Sección Cuarta dentro del proceso No. 11001-03-15-
000-2010-01239-00.
2.3. Verificación de defectos y/o afectación a derechos fundamentales
31. La Sala negará el amparo solicitado, al advertir que no se configuró
un defecto fáctico ni un desconocimiento del precedente, de conformidad
con las razones que pasan a explicarse:
32. 1) En lo atinente al defecto fáctico, es preciso señalar que la parte
actora manifestó que el Tribunal Administrativo de Sucre valoró de manera
indebida la hoja de vida de Nelly Rocío Navarro Morales, donde había
constancia de las felicitaciones y reconocimientos que recibió durante el
periodo de prueba, así como de su desempeño general en el cargo que
ostentaba.
33. Al respecto, la Sala evidencia que, contrario a lo sostenido por la parte
actora, la autoridad judicial accionada sí realizó un estudio integral y
sistemático de las pruebas allegadas al proceso y, particularmente, de la
hoja de vida, con base en los cuales determinó que el acto de retiro fue
expedido de conformidad con el ordenamiento jurídico.
34. Frente a la valoración de las diferentes pruebas, se resalta el siguiente
análisis (se trascribe):
“En este punto, demarca la Sala que la decisión consistente en el retiro de la
Teniente de Corbeta – Nelly Rocío Navarro Morales, por parte del Ministerio de
Defensa - Armada Nacional, se sustentó entre otros en: i) El concepto de
desempeño de año de prueba, emitido por el Segundo Comandante Base de
Entrenamiento de Infantería de Marina con Traspaso de Funciones y
Atribuciones de Mando y Administrativas del Comando de la Base de
Entrenamiento de Infantería de Marina; ii) seguidamente por el concepto
jurídico emitido por la Directora de Gestión Jurídica; iii) el concepto no favorable
del período año de prueba expedido por la Junta Clasificadora de la Armada
Nacional, mediante Acta No.039/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-
DIGEH-JUCLA-2.25 de 9 de noviembre de 2022, en la que además, se tuvo en
cuenta la verificación de los registros que están en el folio de vida de la actora;
iv) la decisión de no haberse superado el período de prueba por parte de la
misma Junta Clasificadora de la Armada Nacional, mediante Acta No.42/MDN-
COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DIGEH-JUCLA-2.25 de 23 de noviembre
de 2022, y finalmente v) por la recomendación efectuada por la Junta Asesora
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del Ministerio de Defensa Nacional para las Fuerzas Militares, la cual se reunió en
Sesión extraordinaria del 25 de noviembre de 2022.
De los distintos conceptos y/o recomendaciones se tuvo en cuenta entre otros,
la valoración de la eficiencia, adaptación de la actora y las condiciones para
el servicio, asimismo, las anotaciones tanto positivas como negativas y su
respectiva justificación, contenidas en el Oficio No.000833/MDN-COGFM-
COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DIGEH-JUCLA29.60 de 18 de octubre de 2022.
En ésta última se destacan como indicadores: Condiciones personales, ética
militar, condiciones profesionales, ejercicio del mando, competencia
administrativa, desempeño en el cargo, cultura física.”
35. Luego de ese estudio, arribó a las siguientes conclusiones (se
trascribe):
“Con todo lo anterior, se podría afirmar en primera medida, que el acto
acusado fue expedido en atención a los conceptos y/o recomendaciones
congruentes y emitidas por las distintas dependencias y/o funcionarios de la
Armada Nacional, es decir, no fue una decisión arbitraria, por el contrario
correspondió a las anotaciones-, se reitera, tanto positivas como negativas del
folio de vida de la actora, ajustada entonces a la realidad fáctica del servicio
de la actora.
Corolario a lo anterior, si bien la Ley 1104 de 2006, aplicable al asunto no prevé
la emisión de un concepto desfavorable para retirar del servicio activo a la
actora en período de prueba, también lo es que dicha normativa en su artículo
7, contempla que los Suboficiales de las Fuerzas Militares ingresan al escalafón
en período de prueba por un (1) año durante el cual, están sujetos ser evaluados
con el objeto de apreciar su eficiencia, adaptación y condiciones para el
servicio, ítems evaluativos que se tuvieron en cuenta en el concepto
desempeño año de prueba, suscrito por el Segundo Comandante Base de
Entrenamiento de Infantería de Marina con Traspaso de Funciones y
Atribuciones de Mando y Administrativas del Comando de la Base de
Entrenamiento de Infantería de Marina, mediante Oficio No.003/MDN-COGFM-
COARC-SECARJEMAFCIMAR-CBEINM-29.60 de 11 de octubre de 2022; los que a
juicio de Sala justifican la existencia de motivos claros, concretos y
comprobables que justifican al retiro del servicio por no superar el período de
prueba como miembro de la Institución Militar, lo cual, reitera la Sala, desvirtúa
la falsa motivación endilgada como causal de nulidad.”
36. Con base en lo anterior, se colige que el análisis probatorio realizado
por el Tribunal Administrativo de Sucre fue razonable y, en consecuencia, no
se estima que haya incurrido en un error manifiesto o que en él se hayan
omitido pruebas que, de haber sido valoradas, habrían incidido en la
decisión. Esto, en vista de que con los elementos de prueba aportados al
proceso se corroboró que el retiro de la parte actora se dio con base en la
normativa pertinente y en consideración al desempeño que tuvo durante el
periodo de prueba, para lo cual se valoró la hoja de vida, pero ese no fue
el único sustento de la decisión de retiro, tal como lo pretende la parte
actora.
37. Lo que observa la Sala es que la parte actora no está conforme con
la valoración de las pruebas que hizo la autoridad judicial accionada, por
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lo que es preciso recordar que el juez, en ejercicio de la autonomía que le
reconoce el ordenamiento jurídico, está facultado para estudiar los medios
de prueba en la medida que le resulten pertinentes, útiles y conducentes
para la formación de su convencimiento sobre la forma en que debe fallar.
Esto, en todo caso, no significa que la apreciación de las pruebas obrantes
en un expediente y las decisiones que adopta el juez con base en ella sean
arbitrarias o desconozcan derechos fundamentales.
38. Adicionalmente, frente al reparo relacionado con el presunto defecto
sustantivo, debido a la falta de competencia del coronel Alejandro Emilio
Albarracín Dáguer, quien amonestó a la señora Navarro Morales los días 25
y 26 de septiembre de 20227, ya que, a juicio, debió haberlo hecho el
brigadier general Jorge Federico Torres Mora, Comandante de la Base de
Entrenamiento de Infantería de Marina de Coveñas (Sucre), la Sala observó
que aunque en la sentencia enjuiciada no hubo pronunciamiento sobre
dicho reparo, lo cierto es que el fundamento de la decisión no obedeció a
esas amonestaciones, sino a otros antecedentes administrativos8, con base
en los cuales, el tribunal demandado concluyó que el acto enjuiciado no
incurrió en falsa motivación.
39. 2) En lo que corresponde al desconocimiento de precedente en el
que supuestamente incurrió la autoridad judicial accionada, la Sala estima
conveniente manifestar que la parte actora no indicó cuál o cuáles reglas
de las Sentencias C-525 de 1995, T-1010 de 2000, T-995 de 2007, T-432 de 2008
y T-111 de 2009 de la Corte Constitucional y de la Sentencia de 18 de mayo
de 2006, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado en el
proceso No. 25000-23-25-000-2001-00140-01, fueron ignoradas puntualmente
por el Tribunal Administrativo de Sucre, por lo que se recuerda que la simple
alusión a una providencia no es suficiente para identificar una posible
inobservancia a un precedente jurisprudencial. Además, las providencias
7
La primera amonestación (se trascribe) “Qué hizo: Con ocasión a la situación administrativa acaecida (…), se
ordenó a la oficial desplazarse a la Dirección de Asuntos Legales y Administrativo para recibir asesoría, elaborar y
dejar listos los documentos administrativos para la toma de decisiones, por lo que se debía presentar en dicha
dependencia en día 12 de mayo a las 07:00R hora laboral, presentándose sin justificación a las 09:30R. Cómo lo
hizo: Demostró negligencia al momento del cumplimiento de las órdenes impartidas, al no administrar
efectivamente su tiempo para el desarrollo de actividades institucionales de interés prioritario para la unidad,
privilegiando actividades personales, incumpliendo horarios y actividades propias de su cargo, lo anterior de
acuerdo a lo informado en el Oficio No.20220000811598173/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEJUR-DIGEJ-1.5 del 20
de mayo de 2022.
La segunda amonestación (se trascribe) “observando que usted simplemente revisa lo que proyecta su secretaria,
quien no tiene la formación profesional o perfil que le permita se la persona idónea para dar respuesta con una
acción de tutela, incumpliendo de ésta manera las órdenes e instrucciones impartidas por el Segundo Comando
de la Armada Nacional mediante circular No.20200421263734773/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEJUR-DASLEG-
1.10 del 20 de enero de 2021. Cómo lo hizo: Partiendo de que su función como Asesora Jurídica de la BEINM es la
de asesorar y dar respuesta a los requerimientos judiciales de manera oportuna, así mismo es responsable de la
elaboración de todos y cada uno de los documentos que se emiten en la oficina, al no elaborar de manera directa
y personal las respuestas de las acciones constitucionales (Derechos de petición y Acciones de tutela), siendo una
función propia de su cargo como se informa en el Oficio No.20200421263734773/MDN-COGFM-COARCSECAR-
JEJUR-DIGEJ-1.5 del 20 de mayo de 2022, firmada por la señora Capitán de Fragata Xiomara Ivonne Martínez
Correa, Directora de Asuntos Legales y Administrativos.”
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Concretamente, los que se constan en la trascripción que se realizó en el párrafo 34 de esta providencia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00583-00
Demandante: Nelly Rocío Navarro Morales
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega amparo
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que se alegan como desconocidas no guardan similitud fáctica ni jurídica
con la situación de la parte actora9.
40. Por otra parte, en relación con la Sentencia de 10 de febrero de 2011,
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado dentro del proceso
No. 11001-03-15-000-2010-01239-00, donde se estableció que no resultaba
justificado prescindir de un servidor que en sus calificaciones obtuviera
resultados satisfactorios y que en la hoja de vida con proximidad al retiro
presentara anotaciones positivas, lo primero que hay que señalar es que se
trata de una sentencia de tutela, por lo que no fijó criterios unificados que
deban ser estrictamente atendidos por otras autoridades judiciales al
momento de estudiar casos similares
41. En adición, si fuera del caso considerar que el argumento esgrimido
en ese momento por esta Corporación debía aplicarse a casos análogos,
tampoco habría un desconocimiento de la regla en el presente caso
porque, como ya se ha manifestado, el retiro de la señora Navarro Morales
se dio a partir de un examen integral de su desempeño, no solamente con
base en las anotaciones negativas o en los conceptos desfavorables.
42. Así las cosas, para la Sala es claro que no hubo un desconocimiento
de precedente que pueda ser endilgado a la autoridad judicial accionada,
por lo que no vulneró ningún derecho fundamental de la parte actora
cuando decidió revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho.
2.4. Conclusión
43. En consecuencia, la Sala negará el amparo solicitado, tras corroborar
que no se configuró un defecto fáctico ni hubo un desconocimiento del
precedente.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
9 Las sentencias de la Corte Constitucional a las que alude la parte actora versan sobre el alcance de la
discrecionalidad para el retiro de personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, mientras que la sentencia
del Consejo de Estado aborda lo relativo a las distinciones existentes entre la facultad discrecional y el ejercicio de
la potestad disciplinaria para sancionar a servidores públicos.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00583-00
Demandante: Nelly Rocío Navarro Morales
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Niega amparo
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RESUELVE
PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por Nelly Navarro Morales, por las
razones expuestas.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 10.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
10 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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