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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00586-00

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00586-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por la actora contra la autoridad accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 18 Como se advirtió antes, este acuerdo, en su artículo 12, derogó expresamente el Acuerdo PCSJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, que en los parágrafos transitorios 1°, 2° y 3° de su artículo 2° previó por primera vez la categoría de tarjeta profesional provisional. 17 Núm. único de radicación: 110010315000202500586-00 Actora: Juliana del Pilar Sterling Núñez

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00586-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

6 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202500586-00
Actora: Juliana del Pilar Sterling Núñez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura –Registro Nacional de Abogados

Tema: Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad, ii) mínimo vital, iii) igualdad, iv)
dignidad humana y v) debido proceso

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Juliana del Pilar Sterling Núñez contra la
Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y
iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1.La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Nación – Rama Judicial
– Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, porque, a su juicio, con ocasión a que “[…] no puedo acceder a

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Núm. único de radicación: 110010315000202500586-00
Actora: Juliana del Pilar Sterling Núñez

una licencia temporal ni obtener mi tarjeta profesional de manera inmediata […]”, vulneró
sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, al debido proceso, a la igualdad y
a la dignidad humana.

Presupuestos fácticos

2.Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela en síntesis son
los siguientes:

3.Señaló que, el “[…] 4 de diciembre de 2024 obtuve oficialmente mi título profesional
como abogada, otorgado por la Universidad Libre de Colombia, Seccional Bogotá […]”.

4.Expresó que, “[…] obtenido mi título, inicié la búsqueda de oportunidades laborales,
encontrando una oferta que acepté. Desde el 20 de enero de 2025, estoy vinculada
laboralmente como Legal Counsel en la empresa Bancar Tecnología CO S.A., Compañía
de Financiamiento […]”.

5.Adujo que, “[…] Debido a mi reciente graduación, no puedo acceder a una licencia
temporal de abogado conforme a los artículos 31 y 32 del Decreto 196 de 1971, ya que
estas disposiciones aplican únicamente para estudiantes de derecho […]”.

6.Manifestó que no ha podido “[…] tramitar mi tarjeta profesional de abogada, ya que la
obtención de esta exige la presentación del examen de estado para abogados, el cual
solo podrá realizarse en el mes de mayo de 2025 […]”.

7.Agregó que, “[…] Esta situación me coloca en un limbo jurídico, pues no puedo acceder
a una licencia temporal ni obtener mi tarjeta profesional de manera inmediata […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

8.La actora solicitó en su escrito de tutela1:

1 Transcripción literal del texto.

3

Núm. único de radicación: 110010315000202500586-00
Actora: Juliana del Pilar Sterling Núñez

“[…] Con fundamento en lo expuesto, solicito respetuosamente al despacho que:

1. Amparar mis derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital, igualdad, dignidad
humana y debido proceso administrativo, vulnerados por el Consejo Superior de la
Judicatura (Unidad Registro Nacional de Abogados).

2. Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura que adopte las medidas necesarias para
que se me permita tramitar de manera anticipada y excepcional el examen de estado
para abogados, o, en su defecto, se autorice la expedición provisional de mi tarjeta
profesional.

3. Adoptar cualquier medida transitoria que el despacho considere necesaria para evitar la
afectación de mis derechos fundamentales mientras se resuelve de fondo mi situación.

4. Notificar esta decisión al Consejo Superior de la Judicatura (Unidad Registro Nacional
de Abogados), en los términos establecidos por el Decreto 2591 de 1991 […]”.

Actuación

9.El Despacho sustanciador, mediante auto de 10 de febrero de 2025: i) admitió la acción
de tutela; y ii) ordenó notificar al Presidente del Consejo Superior de la Judicatura y al
Director de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia,
concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada

10.La Unidad Registro Nacional de Abogado -URNA- señaló lo siguiente:

“[…] Sobre el particular, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
considera que, la solicitud de amparo deviene a todas luces improcedente debido a que, no cumple
con el requisito de subsidiariedad.

El camino al que debió recurrir la accionante es el de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo con el fin de exponer los argumentos de orden legal y constitucional con base en
los cuales estima que, el acto administrativo por medio del cual se reglamenta la presentación del
examen de manera presencial en la modalidad electrónica en sitio, está viciado de nulidad; ello,
por cuanto, no es de recibo que, so pretexto de la violación de derechos fundamentales, pretenda
trasladar una discusión propia de la dicha jurisdicción al escenario constitucional […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, la autoridad llamada a solucionar el problema planteado es el juez de lo
contencioso administrativo, quien, previa interposición de la demanda –si lo estima pertinente-
podrá decretar la nulidad del acto que reglamentó la presentación del examen de manera
presencial en la modalidad electrónica en sitio, de conformidad con las previsiones establecidas
en la Ley 1437 de 2011 […]”.

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Actora: Juliana del Pilar Sterling Núñez

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

11.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los
artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19912, por el cual se reglamenta
la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia
con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 2021 3 y con el artículo 13 del
Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20194, que asigna a esta sección el conocimiento de
las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

12.La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado
a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales,
cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los
particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de
defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un
perjuicio irremediable.

Problema jurídico

13.En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer si se deben proteger los
derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, al debido proceso, a la igualdad y a la
dignidad humana invocados por la actora, los cuales considera vulnerados por la Nación –
Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia, al no haber adoptado las medidas necesarias para
que se le permitiera tramitar de manera anticipada y excepcional el examen de estado para
abogados, ni mucho menos, la autorización de la expedición provisional de la tarjeta
profesional.

2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Núm. único de radicación: 110010315000202500586-00
Actora: Juliana del Pilar Sterling Núñez

14.Para resolver el anterior problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i)
procedencia de la acción de tutela frente a actos administrativos; ii) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; iii) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital; iv) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; v) marco normativo
y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo; vi) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad humana, vii) análisis del
caso concreto y finalmente las viii) conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela frente a actos administrativos

15.Sobre el particular, resulta importante poner de presente que, de conformidad con lo
establecido por el artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991, relativo a la subsidiariedad de la
acción de tutela, esta no procede, por regla general, para controvertir actos administrativos
ya sean de carácter particular y concreto (numeral 1.°) o de carácter general, impersonal y
abstracto (numeral 5.°), toda vez que el legislador previó como mecanismo de defensa
judicial para desvirtuar su legalidad, el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho y el medio de control de nulidad, o la nulidad por inconstitucionalidad o la acción
de inconstitucionalidad5 si lo que se indica es que el acto administrativo general quebrantó
la Constitución Política.

16.En ese sentido, la jurisprudencia6 de la Corte Constitucional ha sido reiterativa en
expresar que:

“[…] cuando se trata de objetar o controvertir actos administrativos, en principio se debe acudir
a la jurisdicción contencioso administrativa y no a la acción de tutela, salvo que el juez
determine que tales mecanismos no proporcionan una eficaz y pronta protección a los
derechos que se pretenden salvaguardar o se esté ante la posibilidad que se configure un
perjuicio irremediable, pero en todo caso las acciones judiciales contencioso administrativas
no pueden haber caducado al momento de interponerse la acción de tutela. […]”.
[…]

“[…] Atendiendo a las características de la acción de tutela, la Corte ha explicado que ésta
procederá contra actos de contenido general, impersonal y abstracto, sólo excepcionalmente
y como mecanismo transitorio de protección de los derechos fundamentales, siempre y
cuando se trate de conjurar la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable y, además, sea
posible establecer que el contenido del acto de carácter general, impersonal y abstracto afecta
clara y directamente un derecho fundamental de una persona determinada o
determinable. Solo en estos casos el juez puede hacer uso de la facultad excepcional

5 Ver: Corte Constitucional. Sentencia T-097 de 20 de febrero de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
6 Corte Constitucional. Sentencia C-132 de 28 de noviembre de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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Actora: Juliana del Pilar Sterling Núñez

consistente en ordenar la inaplicación del acto para el caso concreto, con un carácter
eminentemente transitorio mientras se produce la decisión de fondo por parte del juez
competente […]”.

17.La jurisprudencia ha reconocido que, en algunas circunstancias especiales, procede la
acción de tutela contra actos administrativos, siempre que, i) se esté ante la presencia de
la vulneración de derechos fundamentales y, ii) exista peligro de la ocurrencia de un
perjuicio irremediable; con lo que el amparo procedería como mecanismo transitorio. En
ese sentido, en sentencia T-514 de 20037, la Corte Constitucional determinó:

“[…] la Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es improcedente
como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que
resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos
administrativos, como quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos como
judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo
transitorio contra las actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la
configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez
de tutela podrá suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591
de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991)
mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
[…]”. (Resaltado por la Sala).

18.En ese orden de ideas, en principio la acción de tutela resulta improcedente para
controvertir la legalidad de actos administrativos, a menos que esté en juego la vulneración
de derechos fundamentales y se busque evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
caso en el cual, procedería el amparo de manera transitoria. Sin embargo, cuando se está
frente a una vía de hecho administrativa y un perjuicio irremediable, el juez de tutela podría
conceder la protección definitiva mediante la acción constitucional.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

19.Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que:

“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, y oportunidades sin
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,
opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea
real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado
protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o
maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

7 Corte Constitucional, Sentencia T-514 de 19 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

7

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Actora: Juliana del Pilar Sterling Núñez

20.Atendiendo a que la Corte Constitucional8 ha entendido que el derecho a la igualdad:

“[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre armónicos, entre los
que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley, relacionada con el carácter
general y abstracto de las disposiciones normativas dictadas por el Congreso de la
República y su aplicación uniforme a todas las personas; (ii) la prohibición de discriminación,
que excluye la legitimidad constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre
una distinción basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de distinciones
irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la adopción de medidas
afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad ante circunstancias fácticas
desiguales. […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital

21. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que:

“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los
convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que,
siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos […]”.

22. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al derecho innominado al mínimo
vital, ha dicho9:

“[…] El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de los
ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de sus
necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el acceso a los
servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud, prerrogativas cuya
titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la dignidad humana, valor
fundante del ordenamiento jurídico constitucional".

99. En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el efectivo goce
y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto salvaguarda de las
condiciones básicas de subsistencia del individuo. El reconocimiento del derecho al
mínimo vital encuentra su fundamento en el concepto de dignidad humana, pues es claro
que la carencia de las condiciones materiales mínimas necesarias para garantizar la
subsistencia del individuo, comporta la negación de la dignidad que le es
inherente. Igualmente, este derecho se proyecta en otros derechos fundamentales como
la vida (Art. 11 C.P.), la salud (Art. 49 C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad social
(Art. 48 C.P.). De esta forma, la protección al mínimo vital se configura una de las garantías
de mayor relevancia en el Estado Social de Derecho […]”.

8 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

9 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 16 de noviembre de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.

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Actora: Juliana del Pilar Sterling Núñez

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso

23. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante
juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada
juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

24. Atendiendo a que, la Corte Constitucional10 ha definido el derecho al debido proceso,
como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las
cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o
administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación
correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del citado derecho, las
autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico
definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la
efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus
derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como
propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a través del logro
de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al trabajo

25. Visto el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que:

“[…] El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de
la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas […]”.

26. Ahora bien, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental al trabajo ha dicho lo
siguiente11:

10 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
11 Corte Constitucional, sentencia T-611 de 8 de junio de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Actora: Juliana del Pilar Sterling Núñez

“[…] En repetidas ocasiones la Corte ha sostenido que el derecho al trabajo es un derecho
fundamental consagrado como principio rector del Estado social de derecho y como objetivo
primordial de la organización política. Al ser fundamental el derecho al trabajo debe ser
reconocido como un atributo inalienable de la personalidad jurídica; un derecho inherente al
ser humano que lo dignifica en la medida en que a través de él la persona y la sociedad en
la que ella se desenvuelve logran su perfeccionamiento. Sin el ejercicio de ese derecho el
individuo no podría existir dignamente, pues es con el trabajo que se proporciona los medios
indispensables para su congrua subsistencia y además desarrolla su potencial creativo y de
servicio a la comunidad. El derecho al trabajo es la actividad que lo pone en contacto
productivo con su entorno.

El reconocimiento del carácter de fundamentalidad del derecho al trabajo se refleja en la
especial consagración que la Carta Política hace tanto en el sentido de protección subjetiva
con la enumeración de principios mínimos que limitan el ejercicio legislativo (artículo 53) y
con el reconocimiento expreso de la responsabilidad del Estado en la promoción de políticas
de pleno empleo (artículo 334) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad humana

27.Visto el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que:

“[…] Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de
las personas que la integran y en la prevalencia del interés general […]”. (Resaltado por la
Sala).

28. Atendiendo a que la Corte Constitucional12 ha establecido que el derecho a la dignidad
humana “[…] debe entenderse bajo dos (2) dimensiones: a partir de su objeto concreto de
protección y con base en su funcionalidad normativa. En relación con el primero, este
Tribunal ha identificado tres (3) lineamientos claros y diferenciables: i) la dignidad humana
como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus
características; ii) la dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales
concretas de existencia; y iii) la dignidad humana como intangibilidad de los bienes no
patrimoniales, de la integridad física y moral o, en otras palabras, la garantía de que los
ciudadanos puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de trato degrandante o
humillante. De otro lado, al tener como punto de vista la funcionalidad de la norma, este
Tribunal ha identificado tres (3) expresiones del derecho a la dignidad: i) Es un valor
fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado; ii) constituye un principio
constitucional; y iii) también tiene la naturaleza de derecho fundamental autónomo […]”.

12 Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 24 de enero de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Análisis del caso concreto

29.La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Nación – Rama Judicial
– Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, porque, a su juicio, con ocasión a que “[…] no puedo acceder a
una licencia temporal ni obtener mi tarjeta profesional de manera inmediata […]”, vulneró
sus derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital, al debido proceso, a la igualdad y a
la dignidad humana.

30.Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa
de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

31.La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del Código
General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda,
en relación con los problemas jurídicos planteados en el escrito de tutela.

Acervo y análisis probatorios

32.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:

32.1. Anexos que allegó la actora con el escrito de tutela.
32.2. Informe rendido por la autoridad accionada.

Solución del caso concreto

33.Con el fin de abordar el análisis planteado como problema jurídico, corresponde a la
Sala determinar, si se deben proteger los derechos fundamentales al trabajo, al mínimo
vital, al debido proceso, a la igualdad y a la dignidad humana invocados por la actora, los
cuales considera vulnerados por la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, al no
haber adoptado las medidas necesarias para que se le permitiera tramitar de manera

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Núm. único de radicación: 110010315000202500586-00
Actora: Juliana del Pilar Sterling Núñez

anticipada y excepcional el examen de estado para abogados, ni mucho menos, la
autorización de la expedición provisional de la tarjeta profesional.

34.La actora en su escrito de tutela señaló lo siguiente:

“[…] Debido a mi reciente graduación, no puedo acceder a una licencia temporal de
abogado conforme a los artículos 31 y 32 del Decreto 196 de 1971, ya que estas
disposiciones aplican únicamente para estudiantes de derecho.

Sin embargo, tampoco puedo tramitar mi tarjeta profesional de abogada, ya que la
obtención de esta exige la presentación del examen de estado para abogados, el cual solo
podrá realizarse en el mes de mayo de 2025.

6. Esta situación me coloca en un limbo jurídico, pues no puedo acceder a una licencia
temporal ni obtener mi tarjeta profesional de manera inmediata. Tal circunstancia afecta
gravemente mi derecho al trabajo, ya que se me han asignado conciliaciones para los meses
de febrero y marzo de 2025, las cuales no podré realizar sin la habilitación correspondiente.

7. La imposibilidad de cumplir con esta obligación laboral me llevará inevitablemente a perder
mi empleo, afectando de manera directa mi derecho al trabajo, mi estabilidad laboral y mi
mínimo vital.

8. Considero que esta situación vulnera mis derechos fundamentales, toda vez que la
reglamentación actual no contempla excepciones para casos como el mío, en los que la
ausencia de una habilitación profesional inmediata pone en riesgo el ejercicio del derecho al
trabajo y mi subsistencia económica […]”.

35.Ahora bien, la Sala debe indicar que la actora en su escrito de tutela no indicó los actos
administrativos que considera vulneraron sus derechos fundamentales indicados supra,
sin embargo, la autoridad accionada en su respectivo informe de tutela hizo mención de
los actos administrativos objeto de la presente controversia jurídica en los siguientes
términos:

“[…] El Acuerdo N.° 002 de 19963, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, facultó
a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia para efectuar la
inscripción y expedición de la tarjeta profesional de abogado, previo cumplimiento de los
preceptos legales y reglamentarios sobre la materia […]”.

[…]

“[…] 4. Para implementar la Ley 1905 de 2018 y garantizar los derechos de las personas
sujetas a esta, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA22-11985 de
20225, el cual estableció que, los destinarios de esta ley “podrán solicitar, sin la acreditación
del
certificado de aprobación del examen, su inscripción en el Registro Nacional de Abogados y
la expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado que tendrá vigencia provisional hasta la
publicación
de los resultados de la primera prueba”; adicionalmente, el parágrafo transitorio 2 del artículo
segundo, señaló que “[l]as Tarjetas Profesionales de Abogados que se expidan bajo las
condiciones del parágrafo anterior, contendrán la denominación “Provisional”. Así mismo, el

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parágrafo transitorio 3 del citado artículo precisó que, las personas que obtengan la tarjeta
profesional de abogado con anotación de vigencia provisional deberán presentar el examen
de Estado y acreditar su aprobación con el fin de que les sea expedida la tarjeta profesional
de abogado con vigencia definitiva.

5. El 22 de diciembre de 2023, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo
PCSJA23-12127, por el cual se dio apertura a la etapa de inscripciones para la presentación
del examen de Estado de la Ley 1905 de 2018, cuya convocatoria se llevó a cabo desde el
26 de diciembre de 2023 hasta el 23 de enero de 2024.

6. Mediante Resolución URNAR24-18 del 16 de febrero de 2024, la Unidad del Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior Judicatura publicó la
lista de admitidos e inadmitidos a presentar el examen de Estado 2024-I, que se llevó a cabo
el 26 de mayo de 2024.

7. El Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA24-12162 del 9 de abril de
20247, mediante el cual, derogó el Acuerdo PCSJA22-11985 de 2022 y, además, estableció
que, (i) para poder ejercer la profesión de abogado se requiere estar inscrito en el Registro
Nacional de Abogados y, (ii) para ejercer la representación de terceros, se debe solicitar la
expedición de la tarjeta profesional de abogado […]”.

[…]

“[…] 9. El 30 de mayo de 2024, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo
PCSJA24-12188, “por el cual se da apertura a la etapa de inscripciones para la presentación
del
examen de Estado señalado en la Ley 1905 de 2018 – Aplicación 2024-II”, cuya convocatoria
se
llevó a cabo desde el 6 de junio hasta el 4 de julio de 2024.

10. Mediante Resolución N.° URNAR24-123 del 30 de julio de 20249, la Unidad del Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior Judicatura publicó la
lista de admitidos e inadmitidos a presentar el examen de Estado 2024-II.

11. El 30 de agosto de 2024, a través de las resoluciones URNAR24-156 y URNAR24-157,
se publicaron los resultados definitivos de la prueba de Estado 2024-I, realizada el 26 de
mayo de 2024.

12. En la misma fecha, esta Unidad expidió la Resolución N.° URNAR24-158, mediante la
cual se da cumplimiento a la condición prevista en el artículo 11 del Acuerdo PCSJA24-
12162 de 2024, consistente en la suspensión de la vigencia de las tarjetas profesionales que
contenían la anotación provisional […]”.

[…]

“[…] 15. En la misma fecha, se expidió el Acuerdo PCSJA24-12223, “por el cual se da
apertura a la etapa de inscripciones para la presentación del examen de Estado señalado
en la Ley 1905 de 2018 – Aplicación 2025-I”, cuya convocatoria se llevó a cabo desde el 25
de noviembre de 2024 al 8 de enero de 2025.

16. Por medio de la Resolución N.° URNAR24-228 de 27 de diciembre de 2024, se
publicaron los resultados obtenidos por los egresados y abogados habilitados para presentar
el examen de Estado (Aplicación 2024- II).

17. El 7 de febrero de 2025, esta Unidad expidió la Resolución N.° URNAR25-10, mediante
la cual certificó las personas que aprobaron el examen de Estado de que trata la Ley 1905
de 2018 (Aplicación 2024- II) […]”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202500586-00
Actora: Juliana del Pilar Sterling Núñez

36.En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta lo expuesto por la autoridad accionada en
su respectivo informe de tutela, la Sala examinará lo referente a la utilización de los medios
de defensa judicial y la existencia de un perjuicio irremediable, con el fin de establecer,
como ya se advirtió, si en efecto procede la acción de tutela como mecanismo transitorio
para controvertir la legalidad de los actos administrativos indicados por la Unidad Registro
Nacional de Abogado -URNA-, con los cuales, en sentir de la actora, vulneraron sus
derechos fundamentales indicados supra.

37.En primer lugar, la Sala debe precisar que el ordenamiento jurídico colombiano
establece otros mecanismos de defensa judicial para controvertir la legalidad de los actos
administrativos y a través de ellos se puede proteger de forma oportuna e inmediata los
derechos fundamentales que la actora considera le han sido vulnerados.

38.En segundo lugar, para demandar los actos administrativos indicados supra, el
legislador estableció en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo los respectivos medios de control, entre ellos, el medio de control de nulidad
y el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

39.En efecto, en el inciso segundo del artículo 137 ibidem, se establecieron las causales
de nulidad de los actos administrativos, las cuales refieren que procede cuando estos
hayan sido expedidos “[…] con infracción de las normas en que deberían fundarse, sin
competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y
defensa, mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien
los profirió […]”.

40.De acuerdo con esa normativa, la Sala considera que las pretensiones de la actora
deben analizarse por su juez natural ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
comoquiera que es el encargado de realizar el examen de legalidad de dichos actos
expedidos, en este caso, por la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.

41.Además, se precisa que, esta Sala ha reiterado en oportunidades anteriores13 que con
la expedición la Ley 1437 de 2011, ya no es aceptable el argumento según el cual los

13 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1° de marzo de 2018, C.P. María Elizabeth García González, acción

de tutela con núm. único de radicación: 52001-23-33-000-2017-00626-01, Actor: Pio León Caicedo Bustos, demandado:
Procuraduría General de la Nación.

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Núm. único de radicación: 110010315000202500586-00
Actora: Juliana del Pilar Sterling Núñez

medios de control ordinarios no son eficaces ni oportunos para la protección de los
derechos presuntamente conculcados en casos como el estudiado.

42.Igualmente, consideró que la mencionada normativa además de darle celeridad a los
procesos al establecer la oralidad en los mismos, contiene diferentes herramientas
jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las medidas cautelares incluso de
urgencia14, como la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos o
del procedimiento hasta tanto se defina la declaración o no de su nulidad; ordenar la
adopción de una decisión administrativa; impartir órdenes o imponerle obligaciones de
hacer o no hacer a cualquiera de las partes, las cuales demuestran la efectividad del
procedimiento ordinario cuando se advierte una situación apremiante que necesite ser
remediada incluso antes de que se profiera una decisión definitiva.

43.La Sala advierte que como lo señaló la autoridad accionada, la acción de tutela no es
la vía para controvertir la validez, ni la legalidad de los actos administrativos cuestionados.

44.Sobre este punto la Sala debe precisar que esta Sección15 ha señalado que aun cuando
la actora considere que se le causa un perjuicio irremediable, con las medidas cautelares
ante el juez de lo contencioso administrativo se puede también obtener una protección
judicial oportuna.

45.Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la acción de
tutela ha dicho la Corte Constitucional16:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste debe reunir
las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un
considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren,
tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que
suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material),
pero que sea susceptible de determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes
para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables,
esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación
de un daño antijurídico irreparable.” […]”.

14 Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la

otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su
adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión
será susceptible de los recursos a que haya lugar. La media así adoptada deberá comunicarse y cumplirse
inmediatamente, previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete
15 Consejo de Estado, Sección Primera, (Expediente núm. 2015-01490-01, sentencia de 29 de octubre de 2015).
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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Núm. único de radicación: 110010315000202500586-00
Actora: Juliana del Pilar Sterling Núñez

46.Para la Sala al revisar el expediente no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio. En
efecto, del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que la actora se
encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas
urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.

47.En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, en el caso sub examine, existen otros
mecanismos de control judicial, previo al cumplimiento de los requisitos legales, para
controvertir la legalidad de los actos administrativos expedidos, antes de acudir a la acción
de tutela.

48.Por último, respecto a la pretensión de la actora de que se le autorice “[…] la expedición
provisional de mi tarjeta profesional […]”, la Sala considera que dicha pretensión no está
llamada a prosperar, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional mediante sentencia
SU-128 de 18 de abril de 202417, consideró lo siguiente:

“[…] En virtud de estas consideraciones, para el caso particular de quienes en principio eran
destinatarios de la Ley 1905, pero al solicitar su tarjeta profesional no pudieron satisfacer el
requisito de aprobación del examen ante la inexistencia de dicha prueba, el interés derivado de
la exigencia de tal requisito necesariamente debe ceder ante la grave afectación del derecho
fundamental a escoger libremente y ejercer profesión, el principio de confianza legítima y el
acceso de la ciudadanía a la administración de justicia. Esta pugna de intereses no se presenta,
en cambio, frente a aquellos destinatarios de la Ley 1905 de 2018 que presentaron su solicitud
de tarjeta profesional a partir del 26 de diciembre de 2023, esto es, cuando ya el C. S. de la J.
había activado la posibilidad de cumplimiento del requisito. Para este grupo de personas, la
norma que dispone el requisito de aprobación de la prueba tiene eficacia jurídica o aplicabilidad
en tanto es susceptible de producir efectos jurídicos y, en esa medida, dicho requisito les es
exigible.

En conclusión, la creación y expedición de una tarjeta profesional que habilitó para algunos
abogados el ejercicio de la profesión de manera provisional y no definitiva, por no haber
presentado un examen que aún no había sido implementado, es contraria a la Constitución en
tanto implica: (i) una extralimitación de las competencias del C. S. de la J. en un asunto que tiene
reserva de ley y (ii) una restricción injustificada a la libertad de ejercer la profesión, por lo demás
con graves implicaciones para la seguridad jurídica, el principio de confianza legítima y el acceso
de la ciudadanía a la administración de justicia.

En esta medida, y como se mostró antes, no es de recibo el argumento planteado por el C. S. de
la J. en los tres procesos de tutela objeto de revisión, en el sentido de que la expedición de una
tarjeta provisional hizo que se configurara un hecho superado en tanto cesó la vulneración de
los derechos fundamentales invocados por los accionantes y se satisficieron sus pretensiones.
Como acaba de demostrar la Sala, la expedición de estas tarjetas profesionales provisionales
vulneró y continúa vulnerando los derechos fundamentales de los abogados que las recibieron,
así como el principio de confianza legítima y el acceso de la ciudadanía a la administración de
justicia.

17 M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Actora: Juliana del Pilar Sterling Núñez

Las razones planteadas arriba llevarán a la Sala a conceder el amparo invocado por los
accionantes e inaplicar por inconstitucional el artículo 11 transitorio del Acuerdo PCSJA24-12162
del 9 de abril de 2024 del C. S. de la J.18 que prevé la categoría de tarjeta profesional provisional
para los destinatarios de la Ley 1905 de 2018 […]”.

49.En ese orden de ideas, no es posible expedir la tarjeta profesional con vigencia
provisional a favor de la actora.

Conclusiones de la Sala

50.Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva de
esta sentencia, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III.RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por la actora
contra la autoridad accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de
los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo
31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

18 Como se advirtió antes, este acuerdo, en su artículo 12, derogó expresamente el Acuerdo PCSJA22-11985 del 29 de

agosto de 2022, que en los parágrafos transitorios 1°, 2° y 3° de su artículo 2° previó por primera vez la categoría de
tarjeta profesional provisional.

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Actora: Juliana del Pilar Sterling Núñez

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala
en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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