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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00588-00

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00588-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar la solicitud de desvinculación invocada por la Fiduprevisora S.A., de conformidad a lo expuesto. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-00588-00 Demandante: Cecilia Beatriz Cervantes Bolaños 2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Cecilia Beatriz Cervantes Bolaños, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, acorde con lo expuesto en la parte considerativa. 3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha. (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA Presidente (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRIGUEZ MONTAÑO Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-00588-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

6 de marzo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00588-00
Demandante: Cecilia Beatriz Cervantes Bolaños

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00588-00
Demandante: CECILIA BEATRIZ CERVANTES BOLAÑOS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Pensión de jubilación por
aportes a docente. Falta de cumplimiento de requisitos
generales de procedibilidad.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada, mediante apoderado judicial, por la
señora Cecilia Beatriz Cervantes Bolaños contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y el Juzgado Dieciocho
Administrativo de Bogotá, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del
Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 5 de febrero de 2025, la parte actora interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y el Juzgado
Dieciocho Administrativo de Bogotá, por estimar vulnerados los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad
social, a la primacía de la realidad sobre las formalidades, al enriquecimiento sin
causa y al principio de confianza legitima. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:

«PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para la prosperidad
de la acción, respetuosamente solicito SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia emitida
por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCION SEGUNDA-
SUBSECCION "C" de fecha 31 de julio de 2024, mediante la cual se confirmó la
sentencia emitida por el Juzgado Dieciocho (18) ADMINISTRATRIVO DE ORALIDAD
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ el 07 de diciembre de 2023 y en consecuencia
negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente al Honorable
Consejo de Estado se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “C” a proferir sentencia de
fondo ordenando al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO a RECONOCER LA PENSIÓN DE JUBILACION POR APORTES de la
docente CECILIA BEATRIZ CERVANTES BOLAÑO, identificada con la Cédula de
Ciudadanía N°. 39.031.618, con la inclusión de todos los factores salariales
devengados durante el anterior al cumplimiento del status pensional, debidamente

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Demandante: Cecilia Beatriz Cervantes Bolaños

indexados de conformidad con lo estipulado en la Ley 71 de 1988, Ley 33 de 1985 y
Ley 91 de 1989.

TERCERO: Así mismo ordenar el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad
social de los factores salariales que se tengan en cuenta para liquidar el IBL, sobre las
cuales no se efectuaron los respectivos aportes al sistema de seguridad social.

CUARTO: Solicito cordialmente a su distinguida Sala oficiar al Juzgado Dieciocho (18)
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda para que
allegue en su integralidad 11001333501820220022500, como quiera que el expediente
ya ha sido devuelto del Tribunal al despacho de origen.»

2. Hechos

De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:

La señora Cecilia Beatriz Cervantes Bolaños nació el 12 de junio de 1961 y laboró
como docente al servicio de la Secretaría de Educación Distrital – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio- a partir del 5 de febrero de 2002.

El 15 de junio de 2021, la señora Cervantes Bolaños solicitó al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG el reconocimiento de una pensión
de jubilación, para el efecto, pidió que le tuvieran en cuenta los tiempos laborados
en interinidad al servicio de la Secretaría Distrital – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, antes del 26 de junio de 2003.

Mediante Resolución nro. 4866 de 15 de julio de 2021, el FOMAG negó la anterior
petición, con el argumento de que la actora no hace parte del régimen exceptuado
del magisterio y, por consiguiente, remite su estudio a las leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, estableciendo que no cumple los requisitos de las mencionadas normas.

Contra la anterior decisión interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto en
Resolución nro. 4245 de 29 de abril de 2022, en la cual se confirmó el acto
administrativo que negó el reconocimiento de la pensión de jubilación.

Por lo anterior, la señora Cervantes Bolaños promovió medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra Nación – Ministerio de Educación – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de que se declarara la
nulidad de los anteriores actos administrativos y, como consecuencia, se le
ordenara el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, acorde con lo
previsto en las Leyes 812 de 2003, 91 de 1989 y 33 de 1985.

El Juzgado Dieciocho Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 7 de
diciembre de 2023, declaró probada la excepción de cobro de lo no debido
propuesta por la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que, aunque la accionante ingresó al servicio docente oficial antes de la
entrada en vigencia la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), no tiene derecho a
acceder a la pensión de jubilación por aportes estatuida en la Ley 71 de 1988, pues
no era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993.

La actora interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, el cual fue
resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
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Demandante: Cecilia Beatriz Cervantes Bolaños

Subsección C, en sentencia del 31 de julio de 2024, en la que confirmó el fallo de
primera instancia, con el argumento que la demandante no tenía derecho al
reconocimiento de la pensión de jubilación en los términos de la Ley 71 de 1988,
porque los requisitos para acceder a la pensión por aportes, implican ser
beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Que, tal condición no
se cumplió, porque en la fecha en que entró en vigencia la Ley 100 (1° de abril de
1994), no tenía más de 35 años de edad ni había cotizado 750 semanas.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la actora, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo
por indebida aplicación de la Ley 91 de 1989, al negar el reconocimiento de la
pensión de jubilación, por lo tanto, consideró que se le vulneraron sus derechos a
la igualdad, favorabilidad y al mínimo vital.

Indicó que, al pertenecer a un régimen prestacional especial como lo es el de los
docentes y estar vinculado al FOMAG con anterioridad a la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003, es beneficiaria del régimen de transición pensional del
Magisterio oficial colombiano establecido en el artículo 81 de esa norma, que le
permite pensionarse acorde con lo establecido en las Leyes 71 de 1988, 33 de 1985
y 91 de 1989, teniendo en cuenta que con los tiempos certificados por los fondos
de pensiones Colfondos, Protección y la Secretaria de Educación de Bogotá excede
el tiempo necesario para adquirir el derecho a pensión, esto es 20 años de servicio.

Aseguró que, se desconoció el principio de irretroactividad de la ley, pues al
momento de consolidar su derecho pensional se debe dar aplicación a la
normatividad que se encontraba vigente en el momento y solo se podrá cambiar
dicha disposición si la nueva es más favorable, o si se está vulnerando el derecho
a la igualdad.

Afirmó que, las providencias desconocieron el precedente judicial desarrollado
por el Consejo de Estado, porque, la situación de los docentes al servicio del
Magisterio Oficial Colombiano quedó definida en la sentencia de unificación SUJ-
014-CE-S2-2019 de 25 de abril de 2019, que determinó la aplicación de la Ley 33
de 1985 para la liquidación de pensiones de jubilación reconocidas por el FOMAG
a los docentes vinculados con el escalafón del Decreto 2277 de 1979.

Señaló que, si bien, en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, el
Consejo de Estado fijó algunas reglas para el reconocimiento de las pensiones de
jubilación, dicho precedente excluye a los docentes vinculados con anterioridad a
la entrada en vigencia de la ley 812 de 2003 (26 de junio de 2003) y que además
es clara en indicar que estos fundamentos son para aquellos que se encuentran en
régimen de transición de conformidad con el articulo 36 de la Ley 100 de 1993, por
lo que deja sin piso la sentencia del 4 de agosto de 2010, pero precisamente para
aquellos que están inmersos en el régimen de transición, mas no para los docentes
oficiales.

4. Trámite previo

El 10 de febrero de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela,
ordenó notificar a la demandante, a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y al Juez Dieciocho Administrativo
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de Bogotá, en calidad de demandados y, a la Nación – Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como terceros
interesados.

5. Oposiciones

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C, pidió que se negaran las pretensiones de la acción de tutela, porque estaban
orientadas a constituir una tercera instancia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, para que se estudie nuevamente el reconocimiento
pensional.

Precisó que las providencias cuestionadas no vulneraron los derechos deprecados
por la actora ni incurrió en los defectos endilgados, por el contrario, se trata de una
decisión adoptada con fundamento en las normas que rigen el caso, la valoración
de las pruebas aportadas y el precedente jurisprudencial desarrollado por la
Sección Segunda del Consejo de Estado sobre la materia1.

Que, en la providencia se destacó que, «a la docente no le asiste el derecho al
reconocimiento de la pensión según la Ley 71 de 1988, pues los requisitos para acceder
a la pensión por aportes, implican ser beneficiaria de la transición de la Ley 100 de
1993. Condición que no fue satisfecha, ya que no acreditó más de 35 años de edad a la
entrada de vigencia ibidem, a nivel nacional (1° de abril de 1994), pues tenía 32 años de
edad y tampoco había cotizado 750 semanas a la fecha».

Indicó que, para el reconocimiento pensional reclamado, no es suficiente con haber
tenido vinculaciones previas a la Ley 812 de 2003, ya que se trata de una pensión
que no contempla las mismas prerrogativas que el régimen establecido por la Ley
33 de 1985. En este sentido, explicó que la pensión por aportes que solicita la actora
es distinta a la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985, a pesar de que
el requisito del tiempo de servicio sea similar.

El titular del Juzgado Dieciocho Administrativo de Bogotá solicitó que se
negaran las pretensiones de la acción de tutela, porque la sentencia que profirió en
primera instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
cuestionado, tiene el debido sustento legal, la debida valoración probatoria, se
respetaron los derechos a la contradicción y el debido proceso de la demandante,
por lo tanto, no se configuran las causales de procedibilidad de la acción de tutela
contra decisiones judiciales.

Que, para proferir la decisión, realizó una valoración de las pruebas aportadas, de
manera específica de los tiempos de servicios prestados por la accionante y
concluyó que, no cumplía con los requisitos para beneficiarse del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, en consecuencia, consideró que, no podía ser
beneficiaria de las disposiciones de la Ley 71 de 1988, que regula la pensión por
aportes.

6. Intervención de los terceros con interés

1
CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda – Subsección B. Sentencia del 25 de
marzo de 2021, exp. nro. 76001-23-33-000-2013-00362-01.
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Demandante: Cecilia Beatriz Cervantes Bolaños

La Fiduprevisora S.A. solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa
por pasiva, toda vez que la acción de tutela se promovió contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. Que, además, no se advierte que, en su calidad
de vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) se encuentre vulnerando los derechos fundamentales
deprecados por la actora.

Señaló que la entidad fiduciaria no tiene dentro de sus competencias el
reconocimiento, modificación, corrección adición u otros de prestaciones, ni puede
realizar pago alguno mientras no exista el acto administrativo que así lo determine,
teniendo en cuenta que se trata del respaldo contable de la erogación de los dineros
del erario.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional2, para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el

2
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa
oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
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amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales3 y específicas4 de
procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C vulneró los derechos fundamentales invocados,
al negar el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes a favor de la
señora Cecilia Beatriz Cervantes Bolaños, conforme lo prevé la Ley 71 de 1988.

La actora considera que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente judicial, al negar el
reconocimiento de la pensión de jubilación, con el argumento de que para aplicar
la Ley 71 de 1988, debía acreditar los requisitos del régimen de transición de la Ley
100 de 1993, cuando su vinculación a la docencia fue con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003, con lo cual se desvirtúa el argumento del FOMAG
para no acceder al reconocimiento de la prestación.

De acuerdo con lo anterior, la Sala analizará sí la presente solicitud de amparo
cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. En caso de ser afirmativa la respuesta, se analizará si el
Tribunal incurrió en los defectos sustantivo y en desconocimiento del precedente
jurisprudencial.

Falta de legitimación en la causa por pasiva

En relación con la solicitud de declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva
planteada por Fiduprevisora S.A., se aclara que dicha entidad estaba vinculada al
presente trámite constitucional en calidad de tercero con interés, dado que actúa
como vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG). Este fondo fue parte demandada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el cual se emitió la sentencia cuestionada, lo que
justifica su vinculación. Por lo tanto, se negarán la solicitud.

Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía
e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que
le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

3
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i)
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de
una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
4
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno
de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido;
(vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho
fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
6
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En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces
de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20145, para que
un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes
elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 6.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(se destaca)

Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto, se emplea el presente mecanismo como una instancia
adicional al proceso ordinario, tal como se pasa a explicar.

5
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000
2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
Ibidem.
7
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00588-00
Demandante: Cecilia Beatriz Cervantes Bolaños

En primer lugar, se encuentra que la parte actora alega que se configuró defecto
sustantivo por indebida interpretación de las disposiciones de la Ley 71 de 1988,
que regula la pensión por aportes que reclama la actora, pues su aplicación no está
condicionada al cumplimiento de los requisitos para acceder al régimen de
transición que prevé el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Aunado a ello, afirmó que
se desconoció el precedente jurisprudencial desarrollado por el Consejo de Estado,
en el cual se determinó la aplicación de la Ley 33 de 1985 para la liquidación de
pensiones de jubilación reconocidas por el FOMAG a los docentes vinculados con
el escalafón del Decreto 2277 de 1979.

Sobre el particular, la Sala advierte que esos argumentos fueron expuestos en el
recurso de apelación y resueltos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda Subsección C y, ahora, son alegados como fundamento de la
presente acción de tutela.

Al respecto, la Sala encuentra que, en la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, la actora solicitó la nulidad de los actos administrativos a través de los
cuales el FOMAG negó el reconocimiento de la pensión por aportes prevista en la
Ley 71 de 1988.

El Juzgado Dieciocho Administrativo de Bogotá negó las pretensiones de la
demanda, porque, Aunque la accionante ingresó al servicio docente oficial antes
del 27 de junio de 2003, no tiene derecho a acceder a la pensión de jubilación por
aportes estatuida en la Ley 71 de 1988, pues no era beneficiaria del régimen de
transición estatuido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

La actora interpuso recurso de apelación contra la referida decisión con fundamento
en que: (i) al haberse vinculado al magisterio antes de la entrada en rigor de la Ley
812 de 2003, es beneficiaria del régimen de transición descrito en el artículo 81 de
esa norma, que permite pensionarse acorde con lo establecido en las Leyes 71 de
1988, 33 de 1985 y 91 de 1989; (ii) los tiempos de cotización a pensión que tiene
certificados por Colfondos, Protección y la Secretaría de Educación de Bogotá
excede el tiempo necesario para adquirir el derecho a pensión, esto es 20 años de
servicio.

Por su parte, en el escrito de tutela, la parte actora manifestó que las autoridades
judiciales demandadas incurrieron en defecto sustantivo por indebida aplicación de
la Ley 71 de 1988, para el reconocimiento de la pensión por aportes. Además, que
se configuró el desconocimiento del precedente jurisprudencial desarrollado por el
Consejo de Estado, concretamente, la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-
2019 de 25 de abril de 2019, que determinó la aplicación de la Ley 33 de 1985 para
la liquidación de pensiones de jubilación reconocidas por el FOMAG a los docentes
vinculados con el escalafón del Decreto 2277 de 1979.

A partir de lo anterior, la Sala advierte que la señora Cervantes Bolaños propone la
misma discusión jurídica que presentó en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, lo cual evidencia que lo que pretende la parte actora es hacer uso de
la presente solicitud de amparo, como una instancia adicional.

En efecto, de lo expuesto hasta aquí se evidencia que la discusión planteada por la
actora ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

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Demandante: Cecilia Beatriz Cervantes Bolaños

Segunda, Subsección C, en la sentencia del 31 de julio de 2024, que, en lo que
interesa, consideró:

«Previo al análisis de la fecha de vinculación, se debe indicar que, esta Corporación
concluye que la Ley 812 de 2003, no prevé que al Docente se le desconozca la aplicación
de normativa anterior por la existencia de interrupción de labores. Por el contrario, las
reglas de la norma garantizan que el Docente vinculado previo a la vigencia de la misma
conserve las prerrogativas que no se encuentran establecidas en el Sistema General de
Pensión.

Precisado lo anterior, se debe tener en cuenta que la libelista se vinculó como Docente,
con anterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003 —5 de febrero de 2002— por lo
tanto, es claro que de conformidad con lo señalado en la Ley 91 de 1989, el régimen
pensional aplicable es el contenido en la Ley 71 de 1988, puesto que tuvo cotizaciones
en el sector privado y público, conforme a lo cual la pensión de jubilación por aportes,
de acuerdo con el recuento normativo y la jurisprudencia citada, se liquida en cuantía del
75% del promedio de los factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos
aportes.

De las documentales aportadas se acreditó que, realizó cotizaciones a fondos privados
entre el interregno de tiempo comprendido entre abril de 1998 a noviembre de 2005,
correspondiente a 192,95 semanas aportadas.

A su vez, se desprende un total de 836 semanas cotizadas, en el sector oficial en calidad
de Docente, por lo que, sumados los periodos de labores acreditados la parte actora
acredita más de 20 años de servicios.

Bajo las anteriores consideraciones, se encuentra cotizaciones superiores a más 20 años
de servicios como lo advirtió el a quo, que en principio reconocería el derecho pensional
pretendido por la señora Cecilia Beatriz Cervantes, aunado al cumplimiento del requisito
de edad, 55 años.

(…)
Bajo este panorama jurisprudencial, esta Sala de decisión ha analizado integralmente la
situación pensional de los Docentes que en virtud de la fecha de su vinculación, previo a
la entrada de vigencia de la Ley 812 de 2003 —27 de junio de 2003— solicitan el
reconocimiento pensional bajo las leyes que regulan la contingencia, anteriores al Sistema
General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, que ha permitido llegar a la conclusión, que,
la regla de transición que reza el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, corresponde a
mantener los privilegios del régimen pensional del sector Docente, es decir, el de la
Ley 33 de 1985 o 3135 de 1968 si fuere el caso. Sin perjuicio de que la actora pueda ser
beneficiaria de la ley 71 de 1988, en el evento de tener derecho a la misma —suma de
tiempos públicos y privados—.

Por lo anterior, la pensión por aportes, es un régimen que no contempla, las mismas
prerrogativas que el régimen de la Ley 33 de 1985, pese a que, un servidor público puede
ser beneficiario de la mencionada Ley 71 de 1988.

La intención del legislador con la prestación pensional que solicita la parte actora, se
reitera, pensión de jubilación por aportes, es salvaguardar la contingencia de vejez,
acumulando tiempos laborados en el sector privado como los prestados a entidad de
naturaleza público, aunque ello, no implica que la Ley 812 de 2003, previera conservar las
prerrogativas para la docente, como lo reza para las pensiones fruto de solo cotizaciones
en el sector público.

En el sub-lite, se debe indicarse que los requisitos para acceder a la Ley 71 de 1988, por
transición de la Ley 100 de 1993, no son satisfechos por la actora ya que no acredita
más de 35 años de edad a la entrada de vigencia ibidem, a nivel nacional (1° de abril de
1994), pues tenía 32 años de edad y tampoco había cotizado 750 semanas a la fecha.

Por último, debe advertirse que, el reconocimiento de la pensión por aportes a un Docente
debe ser efectiva al retiro del mismo, ya que la prestación resulta incompatible con el
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salario docente, es decir, para su goce se debe acreditar el cese de la vinculación legal y
reglamentaria con el Magisterio.

Entorno que permite concluir, sin mayores elucubraciones, que la señora Cecilia Beatriz
Cervantes Bolaño no le asiste el derecho al pago de una pensión de jubilación por aportes
y, así se procederá a CONFIRMAR la sentencia de primera instancia por medio de la cual
se NEGARON las pretensiones de la demanda.»
(Negrillas originales del texto)

Siendo así, como se expuso, aunque la parte actora alega que la providencia objeto
de tutela vulneró los derechos fundamentales invocados porque presuntamente
incurrió en los defectos sustantivo y en desconocimiento del precedente judicial al
negar el reconocimiento de la pensión por aportes conforme con lo previsto en la
Ley 71 de 1988, pues es beneficiaria del régimen de transición descrito en el artículo
81 de la Ley 812 de 2003, porque su vinculación a la docencia se dio con antelación
a esa fecha, que de esa manera los tiempos que tiene cotizados en fondos privados
y en el FOMAG, acreditan más de 20 años de servicio, por lo que cumple con los
requisitos de la referida pensión, ya fueron resueltos por el juez natural.

Lo anterior, en el entendido que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, de un lado, precisó que, contrario al argumento
de la parte demandante, si bien la actora estuvo vinculada antes de la entrada en
rigor de la Ley 812 de 2003, no resulta viable la aplicación del artículo 81 de la
citada disposición, pues el mismo solo tuvo por objeto mantener los privilegios del
régimen pensional del sector Docente, esto es, reconocimientos bajo las
previsiones de las Leyes 33 de 1985 o 3135 de 1969. Que, ello no conlleva a que
se le niegue a la actora el reconocimiento de la pensión por aportes de acreditarse
los requisitos para su procedencia, esto es, acreditar los presupuestos del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993, pero al analizar las pruebas aportadas, no los
satisface, pues a 1° de abril de 1994, tenía 32 años de edad y los aportes no
sumaban las 750 semanas.

Así, queda demostrado que los cargos por los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial no cumplen el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto la parte actora insiste en exactamente los mismos
aspectos que fueron expuestos ante el juez ordinario, lo que evidencia su
inconformidad con la forma como se hizo el análisis del caso por el juez natural de
cierre en segunda instancia.

Lo anterior es suficiente para que la Sala declare improcedente la acción de tutela
presentada por la actora, porque no cumple el requisito de relevancia constitucional
que habilite el estudio de los cargos por parte del juez constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar la solicitud de desvinculación invocada por la Fiduprevisora S.A., de
conformidad a lo expuesto.

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Demandante: Cecilia Beatriz Cervantes Bolaños

2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Cecilia
Beatriz Cervantes Bolaños, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, acorde con lo expuesto en la parte considerativa.
3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRIGUEZ MONTAÑO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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